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La deuda salarial acumulada por INCUDI continúa en incremento. En la actualidad alcanza unos $4.000.000 en concepto de cargas sociales. La AFIP postergó la fecha del pago como paliativo. Sin embargo, no vislumbran medidas para solucionar el problema.

Viviana Gómez, gerenta administrativa de dicha institución sostuvo en FM De la Calle que “los aranceles nacionales de las obras sociales no se actualizan por inflación en cambio los salarios sí. Entonces tenemos cada vez un desfasaje mayor entre lo que INCUDI puede recaudar por obras sociales y lo que hay que pagar a los empleados”.

Eso se refleja en la deuda que tienen con la AFIP por falta de los aportes de obras sociales y por cargas sociales (jubilación). “Somos una asociación civil sin fines de lucro que está exenta de algunos impuestos pero no de las cargas sociales”.

La funcionaria detalló cómo se conforma el ciclo económico negativo. En los “centros de día, los concurrentes están de 8 a 17 horas y tenemos centros de internación donde viven los 365 días del año. Todos nuestros centros están reconocidos por todas las obras sociales. La obra social que mayor cantidad de concurrentes tiene con nosotros es PAMI que es el 50%. El 30 % es IOMA y luego se reparte entre las otras obras sociales. Todas corresponden a un decreto a nivel nacional que determina el valor del arancel y actualiza su valor dos veces al año. Los aranceles de IOMA son mucho más bajos, ni siquiera son cercanos a los nacionales están entre 40 y 60 % por debajo a los demás. Y esto genera nuestra desfinanciación”.

El concejal del PJ Cumplir Gustavo Mandará opinó en FM De la Calle acerca de la propuesta del intendente Héctor Gay para que el abogado Carlos Salgado reemplace a Ricardo Germani como juez de Faltas. El candidato es actualmente secretario de bloque del Frente Renovador.

“¿A Monardez no la votamos y ahora que hay un juez amigo sí lo votamos? Es la peor manera de designar un juez sea del fuero que sea”, comentó el edil. Recordemos que la ex secretaria de Políticas Sociales fue propuesta para ser titular del Juzgado de Faltas Nº2 aunque aún no logró el apoyo suficiente para su designación.

“Me parece que Salgado podría estar un poco más preparado para el cargo que Monardez. Igualmente me gustaría que esto surgiera de otras consideraciones porque sé que hay otras personas que están muchísimo más preparadas. Si bien no existe la especialización, hay algunos abogados que se han preparado, hay gente que trabaja con mucho ahínco en el Tribunal de Faltas que podría ser considerada”, advirtió Mandará.

El concejal argumentó que “no es un tema menor en el desarrollo de una ciudad. Desnuda una vez más la hipocresía de Cambiemos. Proponen a una secretaria saliente en circunstancias poco claras, lo que hacen no es buscar alguien mejor. Y va más allá de que es un trabajo, porque cuando surgió lo de Monardez dijeron ‘che piénsenlo, está sin laburo’. Yo conozco mucha gente sin trabajo y no por eso los pongo de juez de Faltas”.

Carlos Salgado es representante legal de la UTA y fue el defensor de su secretario general y ex concejal, Ricardo Pera, cuando en 2015 ocurrió el incidente en el que agredió a sus pares Sergio Massarella, Gustavo Mandará y Manuel Mendoza.

“Mejoró mucho el tema con la presencia de Salgado, parecía como que lo atemperaba. A partir de que estuvo como secretario retorno la calma. Pera me pidió disculpas de manera personal, no pública, pero me consta que Salgado tuvo una intervención. ¿Eso alcanza para ser juez de Faltas? Me parece que no”.

Trabajadores de Fabra Fons denunciaron que los dueños de la firma, Luis e Isabel Fabra y su esposo Vicente Sanchís, no pagan sus salarios hace cuatro meses y que pretenden cerrar la fábrica de colchones.

“Seguimos con la protesta en la vereda. Con Walter (Uranga) vamos a hacer unos volantes para repartir  y unos afiches con la cara de estos tres señores”, comentó el delegado Hector Giacobini.

“Se está poniendo cada vez más pesado, estamos haciendo cosas que a ellos no les gustan. Ante el mínimo problema el señor Fabra, que falleció hace quince años, te lo solucionaba. Isabel y Luis, sus hijos, son dos sinvergüenzas”.

Hay dos inversionistas interesados en comprar la fábrica: uno pretende comprar las maquinarias, trasladarlas a otro galpón y emplear a 12 de los 24 trabajadores; el otro solo apunta a comprar el edificio de Sarmiento 1341 para construir un “edificio inteligente”.

“A la mañana vino Sanchís y dijo que estaba todo firmado con el inversor, que pagaban lo que se debe y las indemnizaciones, o sea que nos quedamos todos afuera. No vamos a hacer nada sin el abogado. El viernes tenemos audiencia con el Ministerio de Trabajo, 18 pertenecemos al Sindicato de Plásticos y 6 personas son de Empleados de Comercio, tampoco el sindicato se hizo presente”.

Giacobini, por último, comentó que “ese grupo inversor quiere la fábrica sin maquinaria y sin personal y el problema que tienen los Fabra es que está el personal adentro y no lo pueden sacar”.

El Colegio de Farmacéuticos anunció que pacientes con epilepsia refractaria podrán acceder al cannabis medicinal en las farmacias de la ciudad. La entidad firmó el convenio con una droguería y facilitará la importación de medicamento.

Silvia Godoy, titular del Colegio de Farmacéuticos, dijo a FM De la Calle que “a partir de reclamos de pacientes pudimos brindar una herramienta que permite solicitar el aceite de cannabis con uso medicinal”.

“Lo que hace la farmacia es trabajar en conjunto con el  Colegio de Farmacéuticos provincial y la Confederación Farmacéutica y con la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica). Lo que hacemos es recibir el apoderamiento de la persona (con su consentimiento y el de su médico) y nosotros nos encargamos de hacer los trámites necesarios”.

Debido a las complicaciones que conlleva ir hasta Buenos Aires, y retirarlo de la Aduana o tener que contratar a un comisionista cuyo costo es muy elevado, Godoy propuso “una red de farmacias” para que las y lo pacientes puedan elegir.

“Intentamos generar soluciones, no inconvenientes. Nosotros nos encargamos de todo lo que sería el trámite -debe esperar el tiempo de la autorización y el de la importación- y para que pueda obtener su medicamento en su casa. El primer caso entregado en Bahía Blanca fue a un papá con una niña con epilepsia refractaria en Droguería del Sud”.

Según Godoy, la farmacia lo que hace es facilitar la medicina: “El ANMAT autoriza el uso de cannabis medicinal solo para epilepsia refractaria. Le pedimos al ANMAT que lo distribuya por la cadena legal, donde se le puede hacer trazabilidad, donde sabemos qué concentración tiene”.

“De varias muestras que han llegado fueron estudiadas once y diez no dieron como debería. Se utiliza la semilla en lugar de utilizar la flor, que es lo que tiene el principio activo. O una cepa que no corresponde o mezclan. Y nosotros no sabemos qué es lo que tiene adentro, es un gotero que muchas veces está bien y otras no”.

Además, “la droguería no lo importa sino que solamente lo distribuye. Es un medicamento que se produce en Estados Unidos, el frasco (que no dura un mes) ronda los 400 dólares. No hay nada que certifique la calidad del producto”.

Farmacity: La problemática que acecha a las farmacias argentinas

Consultada por el reclamo de las farmacias contra el desembarco de Farmacity en la provincia, Godoy afirmó que el tema “no está en agenda de la Corte Suprema de Justicia. No lo vemos como una cuestión comercial sino como una red sanitaria: es como desmantelar ferrocarriles, a diferencia que en ese caso hay otros medios de transporte”.

“Solo quedaría Farmacity en los principales lugares.La cantidad de farmacias que se han cerrado en Capital Federal por su llegada es muy numerosa y rompe una red sanitaria que es muy necesaria. Debe haber una farmacia en cada barrio. El problema es que tres o cuatro tengan el 80% del mercado”.

La Unión de Jerárquicos Petroquímicos solicitó a la Subsecretaría de Gestión Ambiental su incorporación al Comité de Control y Monitoreo.

Destacan la “gran experiencia y responsabilidad en la operación productiva, el mantenimiento de activos y la sujeción a normas relacionadas con la seguridad y el cuidado del medio ambiente” de sus afiliados.

La nota, firmada por Alejandro Barrera y Carlos Gauna -secretarios general y adjunto, respectivamente- ingresó el miércoles pasado.

Como muestra del aporte técnico que pueden realizar, el gremio difundió en sus redes sociales un video que explica el “funcionamiento de un circuito de generación de vapor, que contiene un circuito secundario de recuperación de condensado”, similar al involucrado en la explosión del 28 de junio en la planta de Dow.

El presidente del Colegio de Ingenieros, Alejandro Di Chiara, dijo a FM De la Calle que la empresa Dow contrata ingenieros no matriculados tal como exige la ley. “Le estamos pidiendo a Dow que nos haga un informe sobre sus ingenieros matriculados porque no tenemos registro de esta situación”.
Destacó que “tenemos posibilidad de iniciar acciones porque está haciendo un ejercicio ilegal de la profesión”.
“Esto es una tarea que realizamos cotidianamente en defensa de la profesión y es lo que nos corresponde porque hay una ley que así lo exige. Hay empresas que tienen una respuesta distinta o, por lo menos, tenemos respuestas. Esto sucede en el ámbito privado y en muchas oportunidades en el ámbito público. Se contratan ingenieros y no se exige que estén debidamente matriculados”, comentó el Di Chiara.

¿Por qué las empresas no verifican la matrícula de los profesionales que contratan? “No lo sabemos, no llegamos a entender. Podríamos entender que haya profesionales que hayan sido contratados para cualquier tarea que no sea ingeniería, entonces ahí podría no llegar a tener la matrícula habilitante pero no está desarrollando tareas de ingeniería. Ahora, si yo busco un ingeniero es porque quiero que desarrolle tareas de ingeniería”.

Consultado respecto de la explosión en Dow, Di Chiara dijo: “Prefiero no opinar de la explosión porque no tenemos una serie de notificaciones que pedimos, tanto al CTE como otros, las conclusiones que siempre nos mandan. Prefiero no adelantar una opinión personal en un tema que es institucional”.

La Asociación Judicial Bonaerense advirtió que de 2016 a junio de este año tuvieron un 19,1% de perdida del poder adquisitivo en los salarios de sus afiliadas y afiliados .

Flavio Meles, titular de la seccional Bahía Blanca, señaló a FM De la Calle que “no existe paritaria, el aumento del 13% no fue producto de una negociación salarial. Fue producto de una voluntad de la gobernadora que especula con las elecciones próximas. Si no hay una mesa de negociación salarial, brindar este 13% es un manotazo de ahogado de la gobernadora”.

“La inflación de junio ya supera el aumento de este año, queremos garantizar una pauta salarial que nos garantice que nuestros salarios van a ir a la par de la inflación hasta fin de año”.

Respecto a la propuesta del Mapa Judicial que presentó el gobierno provincial para suprimir o abrir juzgados en distintas ciudades, Meles comentó que “es el Mapa Judicial del ajuste, pretende optimizar recursos escasos y redistribuirlos de forma conveniente en función de lo que es desastre laboral en algunos fueros”.

“No podemos decir que hay que optimizar los recursos escasos. Los fueros Civil, Familiar y Laboral están viviendo un colapso y lo sufren nuestros compañeros, son quienes ponen el lomo ante la escasez de recursos. No sobran recursos, faltan. Esto tiene que ver con una cuestión presupuestaria”, opinó.

Tras la explosión de un sector de la planta de Dow se reconstituyó la Asamblea por el ambiente, la salud y la vida. Desde allí partió la convocatoria a manifestarse frente al Dow Center en el marco del su inauguración junto a la selección nacional de básquetbol.

La docente Jessica Visotsky dijo a FM De la Calle que las reuniones de los últimos días tuvieron “una convocatoria que superó las expectativas” y recordó el espacio es fruto de un proceso que acumula experiencias previas.

“La lucha por el dragado, la lucha por los escapes de cloro y amoniaco. Es un espacio diverso porque hay quienes han participado de las instancias previas y gente joven que no ha participado previamente y es la primera vez que lo hacen. Esto va a tener una gran complejidad, pero también una gran riqueza”, afirmó.

Las denuncias vecinales se fueron confirmando: “Las investigaciones siempre venían desde abajo. Desde lo que fue el censo de salud, desde las distintas expresiones artísticas, documentales, siempre fueron hechas por el pueblo. No había investigaciones oficiales y serias que dieran cuenta de lo que estaba pasando. La gente veía que sus casas se desarmaban, que se enfermaba de cáncer en una misma manzana. Hoy se cuenta con investigaciones de la UBA, una muy contundente, que avalan lo que la gente sospechaba. Iban a pescar y pescaban peces deformados”.

“A diferencia de hace 5 años, hoy se cuenta con investigaciones y con causas judiciales. A las transnacionales se les ha hecho juicio con tribunales populares como en Colombia o Mexico”, aunque Visotsky admitió que ya no basta con lo simbólico. Es hora de empezar a concretar: “Están empezando a haber casos que fallan a favor del pueblo, por ejemplo, el juicio a Petrobras. Se puede ir por el lado de la justicia si hay un proceso popular que lo acompaña”.

Somos la “Asamblea por el ambiente, la salud y la vida”, conformada a raíz de la explosión en la Planta de Etileno de la Empresa Dow Chemical, vivida el pasado 28 de junio. Explosión de la que aún ignoramos el origen y las dimensiones que tuvo.

El martes 23 de julio la misma empresa Dow Chemical, responsable de dicha explosión, casi como una tomada de pelo, inaugurará en la ciudad un Centro Deportivo, denominado DOW CENTER, con la presencia de la Selección Argentina de Básquetbol e invitando a 300 niñxs y jovenxs de la ciudad, con la presencia de funcionarios y abierto al público, en una jornada que denominan “Open Day”.

Nosotros convocamos como asamblea a repudiar esta inauguración, a repudiar las políticas de Responsabilidad Social Empresaria por las que a través de, millones de pesos que “invierten” en esos lugares (insignificantes para ellos) encubren la cadena de despojo, de explotación, contaminación y muerte que generan estas empresas.

Hoy contamos también con una investigación de la Universidad de Buenos Aires en la que consta que, entre otras empresas emplazadas en el polo, PBB Polisur-Dow está contaminando seriamente la ría local con cadmio, plomo, cobre, cromo poniendo en riesgo la vida de peces y la vida humana de una población que ha vivido históricamente de la producción pesquera.

No nos olvidamos de los escapes de cloro y amoniaco que se dieron el 20 de agosto del año 2000 en Solvay Indupa, otra empresa que junto a Dow opera en la producción de químicos derivados del petróleo en el Polo local, y Profertil.

No nos olvidamos de Juan Cruz Manfredini, quien murió con el 95% de su cuerpo quemado en una explosión (en una casa no habilitada), trabajando para una empresa tercerizada al servicio de actividades para varias de las empresas del Polo.

Así como tampoco nos olvidamos que en Solvay Indupa, en la otra fabricante de plásticos del polo, Fabíán Ernesto Monterroso (jugador de básquet justamente), falleció cayendo a un piletón de soda cáustica en el año 2012 porque las barandas del mismo estaban oxidadas y podridas.

Ni de Adrián Valente, que en 2011 murió en una explosión en Petrobras, fábrica cuyas cañerías estaban podridas y sus permisos y habilitaciones vencidos (Petrobras fue clausurada incluso en el 2013 en el marco de una denuncia por contaminación).

Fuera de nuestro país, no nos olvidamos que la Dow, empresa que hoy inaugura un Centro Deportivo, mientras pone en riesgo nuestra salud y nuestra vida, es responsable del mayor desastre industrial y ambiental de la historia.

En una ciudad llamada Bophal, en la India en 1984, en una fábrica de pesticidas, por un escape de gases tóxicos fallecieron entre 6.000 y 8.000 personas en la primera semana tras el escape tóxico. Otras 12.000 fallecieron posteriormente como consecuencia directa de este desastre que afectó a más de 600.000 personas, 150.000 de las cuales siguen sufriendo graves secuelas y han pasado 35 años sin remedación.

Es también la empresa que fabricó un químico llamado “agente naranja”, principal componente del Napalm, utilizado por primera vez en Vietnam en una guerra.

DOW no es vida, es riesgo para todxs nosotros, es muerte.

No queremos sus migajas.

Convocamos a la población de Bahía Blanca y de Ingeniero White el martes 23 a las 18 frente al Dow Center en Sarmiento 4700.

El intendente Héctor Gay propuso al abogado Carlos Salgado para reemplazar a Ricardo Germani al frente de uno de los juzgados de Faltas de la ciudad.

Salgado es secretario del concejal Roberto Ércoli, único integrante del “opositor” Frente Renovador que permitió a Cambiemos aprobar presupuestos, rendiciones de cuentas y tarifazos varios.

Además, integró la Secretaría Legal y Técnica del intendente Gustavo Bevilaqcua, es especialista en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías, docente y representante legal de varios gremios. Entre ellos, la UTA de Ricardo Pera.

Germani llegó al cargo tras ocultar su participación como “agente secreto” del Destacamento de Inteligencia 181 durante el terrorismo de Estado y se jubilará próximamente. Una vez conocidos los listados de espías del Batallón 601 su cargo fue cuestionado por la APDH aunque su continuidad fue ratificada por la justicia y el Concejo Deliberante.

El voto del dirigente lucifuercista, Roberto Ércoli, sirvió para no dejar en soledad al oficialismo ni obligar el doble voto de Nicolás Vitalini en varias ocasiones. Por ejemplo, en mayo de 2018 al aprobarse la rendición de cuentas municipales del año anterior, criticada por la oposición por la política de subejecuciones presupuestarias sistemáticas en áreas que debían prestar asistencia a una población cada vez más golpeada por el modelo económico de macristas, lilitos y radicales.

Con el destrato del PRO y la cúpula de la UCR bahiense hacia la concejala Gabriela Schieda, el cual derivó en su ruptura con el bloque mayoritario, la mano de Ércoli se hizo indispensable para definir las votaciones del oficialismo.

Así, a fines de 2018 el Frente Renovador aportó su voto para la aprobación de las ordenanzas fiscal e impositiva que trajeron un tarifazo cercano al 40% de las tasas de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública y de los derechos de construcción, comercio y patentes vehiculares y de un 30% para el cementerio.

“Voy a hablar para que me puteen. No podemos acompañar pero tenemos necesidad de aprobar ley de leyes”, dijo en la sesión del 4 de enero al habilitar el doble voto de Vitalini para aprobar el Presupuesto 2019. Minutos después salió en defensa de los empresarios del transporte para permitir el tarifazo del boleto del 33% para el primer semestre y la cláusula de actualización automática que hoy comienza a regir con casi otro 20% de incremento.

Finalmente, ante las renovadas críticas por la subejecución de partidas, el 23 de mayo Ércoli lo hizo de nuevo al tratarse la Rendición de Cuentas de la gestión Gay en 2018.

Desde el verano, los rumores señalaban que el oficialismo buscaba intensamente resolver el futuro de los hombres del “compañero” que dejará la banca a fin de año.

Monardez espera

Desde su salida de la Secretaría de Políticas Sociales, la abogada Soledad Monardez espera el acuerdo del Concejo para hacerse cargo del segundo juzgado de Faltas local, vacante por el paso de Gabriel Nardi a la justicia provincial.

“¿Monardez es mejor que quién? ¿En comparación con quién? En otros casos ha habido una especie de concurso de antecedentes. (La concejala Gabriela) Schieda dijo que Gay evaluaba la posibilidad de mandar una terna, ¿qué fue lo que cambió de la terna a la oferta única? Si en algún momento estuvo la posibilidad, ¿por qué no se hizo?”, se preguntó semanas atrás el concejal Gustavo Mandará en FM De la Calle.

El oficialismo apura el tratamiento del expediente del fideicomiso para construir cocheras subterráneas en la ex Plaza del Sol. Sin embargo, desde la oposición advierten que en el expediente falta información sobre la concesión de la explotación del estacionamiento por 50 años.

“Entiendo que hay cierto apremio porque el momento de sacar estos árboles es ahora en invierno pero no hay elementos suficientes como para poder tomar una decisión de esta naturaleza”, comentó a FM De la Calle, la concejala del PJ Cumplir Paola Ariente.

Opinó que “como iniciativa de promoción público privada el mecanismo no es malo, habría que mejorar la ordenanza un poco, hay que repensar que los mecanismos de concesión tendrían que ser mejor revisados”.

“Pediré que la gente del fideicomiso venga a explicarnos, que nos anexen los informes económicos. Tampoco queda claro si lo que nosotros declaramos de interés municipal implica aceptar los 50 años. Si es así ya te diría que no lo aprobaremos porque con la documentación que tenemos nos faltaría la ponderación económica”.

La titular de la Comisión de Obras Públicas manifestó que “es necesario hacer este cambio, Bahía necesita una refuncionalización de la zona y esto la pondría en valor”.

En cuanto al impacto que tendría en el tránsito la incorporación de 150 cocheras en un sector que tiende a la semipeatonalización, Ariente aseguró que “siempre decimos que el tránsito es de norte a sur y de sur a norte y los ejes para venir de un lado a otro pasan por Alsina-O’Higgins y todo ese sector se desviaría y congestionaría otro. Volvemos a lo mismo, son elementos que a priori en los informes de cada área faltan”.

La misma falencia se evidenció al intentar conocer detalles sobre el estado de salud de los árboles patrimoniales y su preservación.

 

 

Según informó el municipio, luego de ser homologada por SUBE, se aplicará desde hoy la actualización en la tarifa del boleto del transporte público de pasajeros, de acuerdo a la Ordenanza 19574.

En el transcurso de la jornada las distintas unidades de servicio actualizarán el sistema con los nuevos valores.

La tarifa plana, abonada por el 25 % de los usuarios, es de $ 29.85, y la tarifa promedio de $ 17.60 de acuerdo al esquema tarifario y a los beneficios actuales.

Los pasajeros frecuentes que utilicen más de 80 viajes abonan $16.42, los que usen 60 pagan $22.39, los de 40 viajes $25.37 y los de 20 pasajes $ 26.87.

Tarifas Planas:

1° sección $ 29,85.

2° sección $ 33,55.

3° sección $ 35,30

Categoría A (Más de 80 pasajes):

1° sección $ 16,42.

2° sección $ 18,45.

3° sección $ 19,42.

Categoría B (Más de 60 pasajes):

1° sección $ 22,39.

2° sección $ 25,16.

3° sección $ 26,48.

Categoría C (Más de 40 pasajes):

1° sección $ 25,37.

2° sección $ 28,52.

3° sección $ 30,01.

20 Pasajes:

1° sección $ 26,87.

2° sección $ 30,20.

3° sección $ 31,77.

Secundarios y escolares:

1° sección $ 14,93.

2° sección $ 16,78.

3° sección $ 17,65.

Universitarios y terciarios:

1° sección $ 16,42.

2° sección $ 18,45.

3° sección $ 19,42.

Tarifa nacional:

1° sección $ 13,43.

2° sección $ 15,10.

3° sección $ 15,89.

Personas con discapacidad:

Sin costo.

La Tarifa Nacional comprende los siguientes usuarios:

-Jubilados y pensionados.

-Excombatientes de la Guerra de Malvinas.

-Personal de trabajo doméstico.

Beneficiarios de:

-Asignación Universal por Hijo.

-Asignación por embarazo.

-Becas Prog.R.Es.Ar.

-Hacemos Futuro.

-Monotributo social.

-Pensiones no contributivas.

Vanesa Troncozo, integrante del Consejo Local de Niñez y Adolescencia, manifestó a FM De la Calle el desacuerdo del organismo con la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores por parte de la ministra Patricia Bullrich.

“Creemos que hay que reorganizar recursos para poder brindar lo necesario a nuestros hijos. Si el propósito es llegar con la educación a estos adolescentes, bienvenidos sean todos los esfuerzos dentro de lo que la ley de promoción y protección de los derechos de la niñez enmarca”.

Troncozo agregó “si el interés principal es brindar una educación de calidad y que se reinserten en el sistema educativo, entonces que expliquen por qué quisieron eliminar los equipos de orientación escolar que son justamente los que se encargan de que no dejen la escuela”.

Como también escasean recursos en sistemas educativos no formales como el programa Envión, clubes barriales, organizaciones sociales o “incluso las iglesias que cumplen funciones educativas y de valores muy importantes dentro de los barrios, a contrario de los dichos de Bullrich”.

En un comunicado, el Consejo Local de Niñez y Adolescencia afirmó: “Vemos con preocupación esta clase de iniciativas que tienden a la militarización de la niñez. Las fuerzas de seguridad, son para la seguridad”.

Troncozo sostuvo que es muy difícil estimar el abandono escolar y agregó que ven “con preocupación la falta de infraestructura edilicia para los programas provinciales como Envión, que es uno de los pocos dispositivos que tenemos para acercarnos a esa edad (de 12 a 21 años)”.

El Consejo Superior Universitario creó un “Protocolo de Actuación en Situaciones de Discriminación y/o Violencia de Género” que se produzcan en el ámbito de la UNS y en otros espacios donde sus miembros realicen tareas educativas, científicas, de extensión, deportivas o culturales, entre otras.

Alcanza a “cualquier hecho que implique violencia de género hacia las mujeres y hacia personas del Colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales, Transgénero, Intergénero y Queer (LGBTTTIQ) que rige para toda relación laboral y/o educativa en el ámbito de la UNS”, y contempla formas de violencia física, sexual, psicológica, simbólica y económica.

La nueva norma alcanza a autoridades, docentes y no docentes, estudiantes de la UNS y a otras personas que tomen o presten servicios, permanentes o temporales en dependencias de la casa de altos estudios.

Incluye medidas de protección y acompañamiento de las víctimas, instancias de descargo del o los acusados y acusadas para que puedan ejercer su derecho de defensa, y facultades para realizar campañas de educación y prevención.

El flamante protocolo está basado en principios rectores como la celeridad, el respeto y la privacidad, la no revictimización, el consentimiento informado y el asesoramiento, la contención y la confidencialidad.

Prensa UNS.

Analía Bernardi, trabajadora del Museo Ferrowhite, fue una de las pocas participantes en la primera reunión convocada por las autoridades del Proceso Apell en el barrio Saladero luego de la explosión en la planta de Dow.

“Me enteré de casualidad de esa reunión a través de una vecina”. El encuentro estaba pautado de antemano, sin embargo, el hecho del 28 de junio fue ineludible por la incertidumbre que generó en la comunidad.

“A pesar de que a veces se arman estas construcciones para brindar seguridad, son insuficientes. Las respuestas son bastante pobres, sobre todo para una comunidad que convive con pequeños y grandes incidentes y que ninguno de ellos va a llegar al Nivel 2 donde se activa ese supuesto protocolo”, comentó Bernardi a FM De la Calle.

Comentó que “al museo nos han traído un kit de confinamiento, algunos elementos de botiquín de primeros auxilios mínimos, pero nunca tuvimos una capacitación, teniendo en cuenta que además de la comunidad están los chicos del taller Prende de los sábados. Nos hablaron de generar una sala de confinamiento, a eso se agrega una serie de cintas a las ventanas y puertas y luego encerrarse ahí y escuchar Radio Nacional”.

Respecto a los procedimientos a seguir en caso de una emergencia, dijo: “Las salidas de evacuación son muy pocas, no sabemos a cuál hay que ir, nos explicaban que eso depende del viento y de condiciones climáticas. Una gran demanda fue que tendría que haber una respuesta inmediata, aunque más no sea para decir que no había información pero que sí estaban investigando”.

“Hay una cierta naturalización de la gente que vive o trabaja acá, conviven con ruidos y pequeños riesgos que suceden todos los días. Es un poco paradójico que para poder seguir viviendo acá hay que generar los mecanismos de acostumbramiento”.

El concejal Carlos Quiroga dijo a FM De la Calle que el bloque de Unidad Ciudadana aun no tiene una definición sobre el proyecto privado que pretende construir cocheras subterráneas y una nueva plaza en la ex Plaza del Sol a cambio de la concesión del estacionamiento.

Entre los temas que les generan dudas se encuentra la conveniencia de aplicar la ordenanza de Iniciativa Privada, la pérdida de árboles patrimoniales y el estímulo a la circulación vehicular en el sector. “Acá alguien va a sacar un provecho y eso hay que tenerlo en cuenta”, dijo.

El edil aclaró que “está muy bueno poner la plaza en condiciones de accesibilidad” pero se preguntó por qué la Municipalidad no licita la obra directamente si es un proyecto del BID y la comuna.

“La Iniciativa Privada tiene una serie de beneficios importantes que aplica cuando el privado propone algo que el municipio no tiene pensado hacer y esto hace veinte años que está previsto”.

Quiroga mencionó que “hay una cuestión contradictoria, si hay políticas de moda de desalentar el uso del auto, ¿van a poner una playa de estacionamiento en pleno centro en donde está previsto que sea peatonal?”.

“Después está el otro costo o la deseconomía que representa la pérdida de árboles de treinta o cuarenta años. Apenas el 10% de los árboles van a persistir y al resto los van a trasladar, pero no hay garantía de que esos árboles puedan sobrevivir. No es un tema menor porque la política de esta administración es cero prioridad para el árbol. Bahía es una especie de isla de calor y vamos a sacar árboles para poner autos… suena un poco raro”.

El concejal adelantó que de confirmarse la realización del proyecto, desde su bloque pedirán que se aplique una plusvalía: “La ley habla de un 10 a un 30%. Nos parece que 20% sobre cocheras a 20 mil dólares cada una es razonable porque van a hacer la obra pero el techo de la cochera es el espacio público, es la plaza, el terreno que nos pertenece a todos”.

Más de 50 docentes de las escuelas medias y de la Universidad Nacional del Sur manifestaron su oposición a la “visión mercantilista” de la flamante Licenciatura en Deportes.

La carrera fue aprobada por la Asamblea Universitaria y dependerá del Departamento de Economía. Su década, Andrea Castellano, afirmó que “está pensada para formar un profesional que pueda hacer consultoría para entidades públicas y privadas, vinculadas al diseño de políticas y estrategias deportivas. (…) El egresado podrá hacer evaluaciones técnicas y económicas, y desarrollar planes de negocios y proyectos de inversión, como por ejemplo el que se hizo en el Dow Center”.

“A partir de estos datos, hemos leído las transcripciones del debate del Consejo Superior y la Asamblea Universitaria y vemos esta orientación dirigida al deporte como mercancía y al deporte de alta competencia”, comentó Enrique Gandolfo, docente de educación física de las escuelas medias.

Se preguntó “por qué la universidad, que se sostiene con fondos públicos, tiene que capacitar a profesionales que se dediquen a actividades meramente lucrativas. Un enfoque opuesto de la concepción del deporte que tenemos los profes de las Escuelas Medias, orientado al disfrute del propio cuerpo, sin que quede atado al rendimiento, favoreciendo la solidaridad, el compañerismo, valores opuestos a los que siguen quienes dicen que con el deporte se pueden hacer buenos negocios”.

“No fuimos consultados. En la escuela existe un Departamento de Educación Física que, entre otras cosas, se ocupa de las actividades deportivas en las instituciones escolares. Esto tiene una tradición, sin embargo, en la misma nota donde se habla de la creación de esta licenciatura se habla que se convocaron actores del deporte con presencia internacional y nacional, autoridades de clubes pero no se nos consultó”, argumentó Gandolfo.

Agregó que “viendo el planteo integral, hablar de que no hay recursos pero se crea la carrera deja la puerta abierta a recursos externos, a partir de empresas que hacen negocio con el deporte. El camino va a hacia ese lugar. Nos parece auspicioso que se abra un debate en la comunidad universitaria acerca de cómo se toma el deporte, en una ciudad donde el deporte social, comunitario, escolar tiene una fuerte presencia”.

La Asociación de Trabajadores del Estado realiza un paro por 24 horas en demanda de la reapertura de paritarias y aumento salarial.

“Lamentablemente no hay convocatoria, lo que hay es una manifestación clara de desprecio contra los estatales sobre los problemas salariales y laborales”, dijo a FM De la Calle el secretario general Oscar de Isasi.

El también titular de la CTA bonaerense agregó que “pocos días atrás, Marcelo Villegas, ministro de Trabajo del gobierno de Buenos aires, planteó que se iba a mantener cerrada la paritaria, excusándose que ya se habían cerrado en el 2018”.

El acuerdo consistió en que miles de empleados/as estatales cobren, en diciembre de 2019, un promedio de $19.800. “Es verdad que se cerraron por todo el año pero no hay ningún impedimento para poder reabrir las paritarias, si es que hubiese un mínimo de sensibilidad social. La línea de pobreza está planteada en más de $28.000. La inmensa mayoría de quienes pertenecen a la Ley 10.430 cobran entre $17.000 y $25.000”.

“La angustia que estamos sufriendo nos hace tomar una medida con respecto a lo sucedido el 17, vamos al Ministerio de Trabajo provincial a exigir la reapertura de la paritaria. A esta altura nos sorprendería que cambie el rumbo, pero ha pasado que con la masividad han retrocedido”, dijo de Isasi.

El dirigente reveló qué tan perjudicial fue la gestión de este gobierno para su sector: “El estado provincial, al igual que el nacional, ha tenido dos variables de ajustes. Una de ellas en las políticas sociales, ha disminuido sistemáticamente las partidas de salud, educación, niñez y desarrollo social. Año tras año desde que asumió María Eugenia Vidal”.

“También han implementado una ecuación clásica de neoliberalismo cuando se quiere descargar el ajuste sobre los trabajadores del Estado. Jubilaciones compulsivas, retiros voluntarios, bajas salariales y despidos. Alguno dirá que no hubo despidos, pero en realidad hubo 4000 que fueron reincorporados a través de la lucha. Pero la intención era despedir”.

Según los cálculos de ATE, con Vidal se perdió, al menos, el 27% del salario real.

Con respecto a la perspectiva electoral, el dirigente opinó: “No hay que dejar la calle hasta el fin de año, es un buen mensaje para el que viene: no solo queremos cambio de nombres sino también de políticas. Un gran frente electoral que le ponga un límite electoral a Macri. El Frente de Todos es una buena opción para la derrota de Macri, que sea lo más amplio posible”.