Noticias relacionadas con lo que sucede en Bahia Blanca y la zona

Roberto Daniel Carmona, prófugo en la causa por la estafa habitacional de DyF, fue detenido el viernes. El condenado a nueve años de prisión se hacía llamar “Ronnie Standford” y actuaba y dirigía una obra de teatro infantil.

“Fue identificado por un ex empleado al que le debía un dinero, hay una suerte de venganza. Fue a la policía y le aportó los datos. El contexto de las detenciones de Díaz Flaqué -capturado en un operativo de tránsito- y de Carmona son ajenas a la causa. Son situaciones muy específicas”, comentó el abogado Maximiliano Gorg.

La investigación judicial por la que fueron condenados reveló que el modus operandi consistía en presentar un fideicomiso, vender los terrenos y contratar a constructoras. Sin embargo, los clientes jamás recibían la propiedad y a los contratistas les entregaban cheques sin fondos de compañías quebradas.

“Se va aquedar en una prisión de la provincia, en definitiva no hay necesidad que venga hasta aquí, cualquier unidad penal sirve para el cumplimiento de esa pena de nueve años”.

El titular del fideicomiso DyF, Sergio Favretto, fue detenido en Brasil semanas atrás y aun debe ser juzgado en nuestra ciudad. Gorg señaló que “se mandó a través de Cancillería el exhorto pidiendo la extradición, traducida al portugués, para que autoricen el traslado a Bahía”.

Desde el punto de vista patrimonial de las familias estafadas, el abogado comentó que “no hay cambio alguno con respecto a lo que ha sucedido. Hay algunos que han tomado o intervenido la administración de los fideicomisos, buscándole una alternativa en ese sentido, pero más del 90% no va a poder recuperar nada”.

Una válvula de operación manual cerrada en la cañería de salida del recipiente V-907 impidió liberar la sobrepresión y provocó la explosión en el Cracker 2 de Dow el 28 de junio.

Así lo plantea el informe final presentado por la multinacional al Comité Técnico Ejecutivo. Dicha válvula “debió ser la primera en abrirse” al poner en marcha la planta luego del corte nacional de energía del domingo 16.

El documento firmado por el apoderado Víctor Seguí, describe que “la presión del equipo V-907 aumentó como consecuencia del ingreso de la corriente de condensado proveniente del horno H-123 (90bar) que es la situación operativa normal de diseño, puesto que la válvula de alivio de presión que asegura el equipo no estaba alineada correctamente”.

“No se siguió con la metodología del sistema operativo de manejo del equipo para su puesta en marcha. Ello generó un sonido explosivo en el momento en que se liberó el vapor de agua allí contenido. El incidente no generó la liberación controlada ni descontrolada de ningún producto químico, tóxico o inflamable”, concluye.

Dow explota, CTE explica

Dos días después de la explosión, Dow habló de su “compromiso con la transparencia”, rezongó por las fakes news sobre el episodio y prometió “continuar informando” sobre sus causas. Desde entonces, ningún representante de la empresa dio la cara.

Ante el mutismo de la multinacional y tras varios días de silencio forzado por parte de las autoridades municipales, el titular del CTE César Pérez fue el vocero del informe final: “Confirma una de las posibles hipótesis que teníamos, que habíamos evaluado con la información que teníamos”.

“Esto se maneja así, la empresa hace su análisis y nosotros recibimos la información. Evaluamos, en función de eso, si técnicamente es viable o es una causa justificada de la explosión”, dijo y explicó: “Podemos resumirlo como una falla operativa, un error humano en llevar adelante el procedimiento de alineación del equipo para la puesta en marcha del mismo”.

Toda la documentación fue remitida al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible y a la Fiscalía. El primero deberá resolver si cabe alguna sanción, en tanto desde el ámbito judicial resta determinar si la explosión implicó la comisión de un delito, es decir, si hubo o no afectación a personas o bienes de terceros.

Pérez estimó que, “en función de los daños, la empresa puede estar dos meses más sin producir, dependiendo del tiempo que demore la construcción de un recipiente similar, más la adecuación de las cañerías menores anexas a este equipo”.

El informe relata que luego del corte de energía y la parada de planta siguieron varios días de “preparación para iniciar las maniobras de puesta en marcha”, incluyendo reparación de equipos.

La madrugada del viernes 28 de junio escuchamos la explosión. Dice Dow: “Durante las maniobras de preparación para la puesta en marcha de la planta Cracker BB2, se produjo un evento de seguridad de proceso que motivó la rotura del aparato sometido a presión identificado como V-907 (en adelante, el ‘Equipo’), destinado a la contención de condensado y vapor”.

Según la versión oficial, la explosión “no produjo heridos ni afectación al ambiente, en tanto el equipo no era destinado al uso, transporte ni almacenamiento de sustancia química alguna que pudiera causar impactos negativos”.

El proceso de mantenimiento del equipo estallado y sus tres válvulas de seguridad había estado a cargo de SAIPP S.R.L. y contaba con habilitación del OPDS.

En cuanto al origen de la sobrepresión, Dow sostiene que “constató la condición de cerrada de una válvula de operación manual que debió ser la primera en abrirse de acuerdo a lo que indica el procedimiento crítico de puesta en servicio, en la cañería de salida superior del recipiente V-907, circunstancia que impidió el funcionamiento del dispositivo de alivio de presión”.

“Ello provocó la presurización del equipo por encima de su valor de diseño y posterior rotura. La explosión ocurrió a las 00:20 debido a una sobre presión mecánica. Se estima que la presión alcanzó entre 5 y 10 MAWP (6.91 BAR)”.

El análisis de precios del IPC Online arrojó un aumento de 2,18% respecto a junio. La inflación en Bahía Blanca acumula un incremento del 21,83% e 2019. Si se toman los últimos 12 meses la cifra llega al 48,63%.

El economista Juan Larrosa detalló los rubros que más se encarecieron: “Alimentos y Bebidas no superó el 3%. Que se quede tranquilo es bueno porque ahí está la canasta de alimentos. Elementos del Hogar es el que más subió, sospechamos que tiene que ver con los planes de Ahora 12, muchos subieron los precios porque van a vender en cuotas. Ya tenemos dos meses seguidos por arriba del 4%. Se une Atención médica y gastos de salud, por la suba de las prepagas. Transporte y Comunicaciones tiene que ver con naftas y el aumento del colectivo”.

“El mes pasado nos cerró 2.09%. O sea que los últimos dos meses vienen pasando el 2%, comparado con principio de año viene más tranquilo. Es una tendencia que hay que ver en agosto si INDEC corrobora que viene bajando”, comentó.

Las mayores alzas puntuales se registraron en precios de Cerveza en botella, Agua sin gas, Lámpara bajo consumo, Vino fino y Mermelada, todas con subas superiores a 50%.

Las mayores bajas puntuales se encontraron en precios de Fideos secos tipo tallarín, Vacío, Yogur bebible, Harina de trigo leudante y Galletitas dulces envasadas sin relleno, todas ellas mayores a -25%.

Se destacan aumentos en Gas natural por red, Afiliación a sistema de salud, Colectivo urbano, Gasoil, Nafta de 93 a 97 octanos, Nafta de más de 97 octanos y Servicio de televisión por cable. A su vez, destaca baja en el precio de Servicio de Internet domiciliaria.

En el marco del 53º aniversario de La Noche de los Bastones Largos dialogamos con la dra. en Biología María Eugenia Fermento sobre la situación de las y los científicos precarizados.

“Estamos siempre organizados tratando de defender nuestros derechos. Los investigadores no tienen convenio colectivo de trabajo, tampoco aporte, luego de ocho años quedan en la calle. Tenemos compañeros que han quedado afuera, muchos de ellos tuvieron que emigrar. Muchas de las investigaciones que se realizan, que también benefician a la sociedad, quedan truncas debido a esta situación”, describió.

Fermento integra el laboratorio de biología del cáncer del INIBIB: “Mis investigaciones son acerca del cáncer de mama. Necesitamos un marcador molecular y tenemos que ver de dónde sacar la plata. Esto se compra afuera, hay que esperar a que lleguen los productos, los subsidios y tenemos que empezar a optimizar los tiempos y recursos. Es una situación desesperante porque uno ve día a día como se deteriora la ciencia e investigación. Todo lo que estamos haciendo acá se va a tener que llevar a cabo en otros lugares y se pierden muchas líneas que son importante para la ciencia”.

“Hay un circuito de investigaciones que está catalogado muy bien. Hay que aprovecharlo, hacer que el instituto sea una herramienta para trabajadores e instituciones. Sería importante que la ciencia sea popular y busque el beneficio de la población y no el de algunas empresas. Tendríamos que ser más abiertos y ver cómo nos perjudica este ajuste”, dijo.

Con respecto a la lucha que llevan los jovenxs científicxs precarizadxs, Fermentó afirmó que “uno de logros que tuvimos es que sean aplicadas las licencias por maternidad, es una de las conquistas que se están pidiendo hacen mucho tiempo. Sobre todo, a las becarias que quedan embarazadas y se les termina la beca. Ahora lo que se pide es que tengan aportes jubilatorios y los investigadores queremos que se aplique el convenio colectivo de trabajo que no tenemos”.

Mañana a las 17 en la Plaza Rivadavia se realizará un acto para conmemorar el segundo aniversario de la desaparición forzada de Santiago Maldonado durante un operativo de Gendarmería Nacional en territorio mapuche. Su cuerpo fue “hallado” 78 días después en el Río Chubut.

Esta tarde habrá una vigilia en el Centro Cultural La Panadería, desde las 19 en Lamadrid 544.

“Hay que apoyar el reclamo de los familiares para la reapertura de la causa, con la misma consigna para que no se caiga y que se pida la investigación de los responsables”, comentó Dante Patrignani desde la Comisión de Derechos Humanos de la CTA Bahía Blanca- Cnel. Dorrego.

El dirigente destacó que en la causa “no se peritaron los billetes que se encontraron junto con el documento, no se peritó lo que dice la propia autopsia que dice que el cuerpo había sido congelado, no peritaron los teléfonos de los gendarmes. Mañana también apuntamos a hacer una denuncia de toda la política de la ministra Bullrich: como es el asesinato de Rafael Nahuel o el allanamiento de la semana pasada a otra comunidad mapuche”.

En diálogo con FM De la Calle Federico Tucat se refirió a la explosión en la planta de Dow ocurrida el 28 de junio y a las causas judiciales que investigan la contaminación del estuario.

El 4 de julio el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad convocar a la subsecretaria de Gestión Ambiental, Sandra Pérez, al coordinador del Proceso APELL, Daniel Ayala y al titular del CTE, César Pérez. Por otra parte, avaló el llamado a una reunión extraordinaria de la Comisión Asesora Ambiental ante la inactividad a la cual la sometió el oficialismo durante el último año.

“No tenemos información acerca de las causas de la explosión”, manifestó Tucat y agregó que la reunión con los funcionarios mencionados se realizará “a la brevedad”. “Particularmente después de lo que se manifestó como necesario, la actualización del Proceso de Respuesta a la Emergencia Tecnológica también nos parecía interesante era aprovecharla para modificar la ordenanza a los cánones locales e internacionales que establece el Proceso APELL”.

En cuanto a la paralización de la Comisión Asesora Ambiental -que debe reunirse una vez al mes-  sostuvo que, “independientemente de eso, cuando la temática lo requiere se genera mayor volumen de convocatoria. El año pasado hubo temas importantes que requirieron reuniones asiduas: las antenas de celulares y la pista de speedway. El presidente de la comisión a mantenido diálogo con las personas que la integran”.

Conocida la pericia judicial de la Universidad de Buenos Aires que alertaba sobre el peligro de la contaminación de la ría, el Concejo aprobó -el 13 de septiembre de 2018, también por unanimidad-convocar a las autoridades del CTE y a quienes confeccionan el Plan Integral de Monitoreo para que informen -una vez más- sobre las conclusiones del monitoreo realizado sobre cuerpos receptores y control de los contaminantes del agua.

Las autoras de la iniciativa, Paola Ariente y Gisela Ghigliani, pretendían que la Comisión de Medio Ambiente y la Comisión Asesora Ambiental escuchen las conclusiones del Instituto de Oceanografía (IADO-Conicet) “a fin de evaluar el real impacto que la actividad industrial y las actividades antrópicas del desarrollo humano tienen en el estuario”.

Nunca sucedió. “A veces quienes movilizan determinadas convocatorias, debido a la coyuntura o a algún otro tema se va llevando su interés y no se terminan de convocar. El mismo requerimiento, las urgencias o la agenda la van estableciendo los propios bloques”, dijo.

Finalmente fue la Cámara de Apelaciones la que dispuso la formulación de “un plan concreto” para “diagramar inversiones futuras y asegurar el desarrollo integrado y sustentable de la Ría de Bahía Blanca, que establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente”.

Tucat opinó al respecto que “lo que la justicia falla hay que acatarlo. Es un tema de larga data y Bahía merece un análisis serio y en el corto plazo porque hablamos de la salud de las personas. Sería interesante en los plenarios de la Comisión Asesora Ambiental tratar esto y que los especialistas vengan a plantear las diversas y posibles soluciones. Inclusive que las propias empresas puedan asistir y manifestar su visión y las posibles soluciones”.

“Decir que (Ércoli) puede prestar el voto es subestimar la capacidad de un concejal que ha ejercido su cargo de una manera responsable”, señaló el oficialista Federico Tucat al ser consultado respecto al tratamiento de las designaciones de la ex secretaria de Políticas Sociales, Soledad Monárdez, y de Carlos Salgado, secretario del edil Roberto Ércoli, como titulares de los Juzgados de Faltas.

“El intendente ha considerado en el uso de sus facultades a las dos personas, el expediente está en trámite. Si bien comprendemos que es un expediente que requiere análisis, entendemos que hay que darle cierta celeridad porque virtualmente la ciudad se podría quedar sin juez de Faltas”, dijo el legislador de Cambiemos.

Tucat comentó que “las consideraciones son criterios políticos y de expertise profesional de las personas, tienen curriculums interesantes ambos para juez de Faltas, particularmente para el área de mediación la doctora Monardez y el doctor Salgado también tiene mucha trayectoria”.

“No vi cuestionamientos cuando se designaban personas que habían manifestado pertenencia partidaria respecto a otros partidos. Sin ir más lejos hubo un pedido de jury de enjuiciamiento de uno de los jueces de Faltas que en su momento no prosperó y en ese momento ninguno de los bloques que hoy manifiestan cuestiones éticas manifestaron cuestiones éticas sobre su continuidad. Si vamos a hablar de ética me parece que deberíamos empezar por ese punto. Si no parece que hay una vara diferente”, dijo.

En 2011 organismos de derechos humanos denunciaron que Ricardo Germani fue agente secreto del Destacamento de Inteligencia 181 durante el terrorismo de Estado. Peronistas, macristas y radicales patearon la definición sobre la realización o no del juicio político a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, la cual finalmente permitió que el espía hoy se jubile del cargo.

Integración Ciudadana-8 de Septiembre pedía la nulidad del decreto de nombramiento a partir de declaraciones del ex intendente Rodolfo Lopes, quien manifestó haber sido “engañado” por Germani.

El concejal de Unidad Ciudadana Carlos Quiroga dijo a FM De la Calle que el oficialismo manejó las propuestas para cubrir las vacantes de los juzgados de Faltas “con cero cintura política”. “Lo van a sacar con el doble voto del presidente pero deberán hacerse cargo de sus negocios”, afirmó.

El intendente Héctor Gay propuso a la ex secretaria de Políticas Sociales, Soledad Monardez, y al secretario del bloque del Frente Renovador, Carlos Salgado, para reemplazar a Gabriel Nardi y a Ricardo Germani.

“Empezaron con Monardez que se estaba yendo en condiciones difusas, después de subejecutar presupuesto, había una denuncia por la desaparición de materiales. En el caso de Salgado es lo que se esperaba. Sabíamos, cuando Ércoli acompaña y permite que el oficialismo saque el presupuesto, que eso iba a tener un correlato luego y lo estamos viendo acá”, comentó.

Respecto a Monardez comentó que “estamos esperando que agreguen al expediente los cursos que dice que ha hecho, estamos pidiendo que se incorporen los analíticos de la carrera para ver, por ejemplo, el desempeño en derecho penal”.

Acerca de Salgado dijo que “tampoco sabemos si sus antecedentes académicos y de formación son suficientes para un cargo semejante como es el de juez de Faltas”.

“No han dado mucho lugar a discusión. Con Feliú lo planteamos en la reunión de labor parlamentaria pero está decidido, este es el nombre. Lo que promovieron fue intentar obtener unanimidad de respaldo pero no hicieron nada para lograrlo. Lo van a sacar con el doble voto del presidente pero deberán hacerse cargo de sus negocios”.

Quiroga destacó que “lo que se escucha decir es que van los dos pliegos juntos, esa sería  la garantía que esta exigiendo Ércoli, él acompaña a Monardez pero simultáneamente con Salgado para tener certeza que efectivamente le cumplen”.

Un mes y un día después de la explosión del 28 de junio en la planta de Dow, el Comité Técnico Ejecutivo cuenta con el informe final de la empresa sobre las causas del episodio aunque la Municipalidad aun no autorizó su difusión.

Desde el área de Prensa se informó a FM De la Calle que el acceso al documento está supeditado a una reunión que mantendrán el titular del CTE, César Pérez, y el secretario de Gobierno Fernando Compagnoni. Se confirmó que la explosión no mereció siquiera una infracción por parte del órgano de control.

La empresa despidió al jefe de Operaciones, Eduardo Carranza, y lo reemplazó por Leandro Furland quien se desempeñaba como superior del primero en la dirección de la planta. El cargo del degradado Furland fue ocupado por José Impolino.

Hernán Zerneri, de la Asociación Ambientalista Unión 20 de Agosto, dijo que en una reunión extraordinaria del Comité de Control y Monitoreo las autoridades de Dow afirmaron que la explosión ocurrió “por un error humano”.

Agregó que Dow tendría que haber sido infraccionada: “Tengo entendido que el monitoreo de ruido detectó niveles por encima de lo permitido. En el caso de emisiones de humo por antorcha cuando son los cortes de energía también se la infracciona, la vara tiene que ser igual en todos los sentidos”.

“La reunión se disparó hacia las fake news y la credibilidad a las empresas. Hubo una enérgica respuesta de nuestra organización, de la cooperadora del Hospital Menor y algunos integrantes que no considerábamos oportuno que se intente adjudicar esta responsabilidad a la comunidad”.

“Siempre hay gente malintencionada pero acá amerita que se revise el PRET, los mecanismos de comunicación. Es un plan que tiene formas de comunicación de hace 20 años. Que la empresa se haga cargo de lo que hizo, que el Estado se haga cargo de lo que tiene que hacer”.

Al ser consultado si el CCyM tuvo acceso al informe de la empresa señaló que “no es un organismo municipal, está creado por ley con muchas instituciones, no es un organismo que pertenezca al organigrama municipal. Lo que se intenta es que el municipio otorgue dentro de la página un espacio a este organismo. La obligación de comunicación es por parte del Estado, debería tener su propia pagina web, un presupuesto, todo esto no está”.

A un año del incendio del histórico edificio de Estomba 52 se realizó esta mañana un abrazo al Banco Nación para visibilizar la demora en la reconstrucción de la cúpula.

Fernando García, titular de La Bancaria, comentó a FM De la Calle que “se ha hecho la limpieza del edificio, losas de compresión para que no haya filtraciones, pero al no comenzar la obra el banco está a la intemperie. La lluvia, el viento, las palomas y roedores hacen lo suyo. El edificio es patrimonio histórico de la ciudad”.

“El 8 de abril estuvimos con el presidente del banco y estaba bastante desinformado de cómo iban las obras y del estado del edificio. Es cada vez peor el estado después del incendio. Hubo que hacer una gran limpieza, le mostramos en fotos cómo estaba y se sorprendió. Si se sorprende es porque no está en conocimiento de lo que está pasando”, afirmó.

Hoy comenzaron algunos trabajos para reconstruir la cúpula central. García destacó que “es la obra principal pero pedimos que haya una continuidad. Las cúpulas que rodean el edificio deben hacerse porque ahí se filtra agua, más allá de los trabajos que hicieron de impermeabilización. Hay un plazo de 90 días”.

En cuanto a la atención de la entidad bancaria, el dirigente comentó que “el local de Brandsen 36 es un poco pequeño para el movimiento que tiene el Banco Nación, hay que volver a nuestra sucursal principal. Hay gente en Donado 123. Queremos reunir a todos en Las Heras y Dorrego”.

Chistian Castillo, candidato a gobernador provincial por el FIT Unidad, se refirió en FM De la Calle a los temas de campaña.

Ante la “multiplicación de los cierres de empresas hay que plantear una ley de prohibición de despidos, que vetó Macri. En la provincia (de Buenos Aires) planteó un plan de obras “que tenga eje en la construcción de un millón y medio de viviendas populares y como planteo de fondo el reparto de horas de la jornada laboral entre ocupados y desocupados sin afectar el salario”.

Apuntaló “la jeraquización de la salud y educación pública” y propuso “la  vuelta atrás en la privatización de las empresas de servicios públicos. Son derechos para toda la población, desde el FIT planteamos que tienen que estar en manos de empresas publicas, gestionadas por trabajadores y participación de usuarios y técnicos especializados”.

Consultado sobre la posibilidad de que esta fuerza política obtenga una banca en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca y acerca de qué herramientas proponen para incluir esta agenda en el año legislativo, Castillo aseguró que  se propone “siempre articular con movilizaciones. Me tocó estar dos años en la Cámara de Diputados en la provincia y uno de los proyecto que logré que se apruebe fue el boleto educativo gratuito. Articulamos con la Federación Universitaria, con sindicatos de docentes y de no docentes. Después en el senado lo hicieron más light excluyendo a docentes y no docentes. Actualmente la gobernadora hace propaganda y en Bahía no hay boleto. Es una ley que se votó antes que llegara ella”.

Ante los momentos de crisis económica afloran las estrategias populares. Más de cien personas forman parte del Club del Trueque que se instaló en Centro de Jubilados del barrio Loma Paraguaya.

Jose Antonio Pastorutti, uno de los productores de verduras que comenzó con la iniciativa, dijo a FM De la Calle que “hace mas o menos una año éramos un grupo de productores de feria en feria que nos costaba vender la producción. Un día dijimos: empecemos a intercambiar entre nosotros. Así empezamos en el patio de una casa. Ahora somos más de cien”.

Se trata de productores de “panificados, artesanías, alguno que tiene una huerta”.

“Para la mayoría, participar de los clubes de trueque es la única actividad. Uno intenta vender los productos en el mercado formal y cuesta muchísimo”, explicó.

Comenzaron “medio desorganizados” pero en función del crecimiento progresivo fueron estableciendo “normas para la resolución de conflictos. En la ferias tradicionales vimos que empezaban a haber decomisos que el Municipio estaba intentando regular. Nos acercamos y nos dieron un curso de manipulación de alimentos para productores que participaban, para tener resguardo”.

La práctica nos lleva a un pasado muy reciente. “Hay gente que ya sabia de esto en el 2001, pero hay otra que no”. Como entonces “la gente se acerca porque no encuentra otra oportunidad, la situación es conflictiva, no encuentra otra salida laboral o económica”.

Respecto del estatuso social de quienes integran la iniciativa, el productor explicó que “si bien hay personas que tiene planes sociales, hay otra personas que ni siquiera tienen acceso a la tarjeta social que da el Municipio. Hay gente que incluso viene de la zona del Hospital Penna, de Villa Nocito, Villa Rosario”.

Se trata de “un espacio de encuentro” ya que “el intercambio beneficia en lo individual” pero “también genera otras cosas”. Por ejemplo “esa red de contención social que está destruida” porque “en estas crisis aflora el sálvese quien pueda y el beneficio individual”,

Todos los miércoles y viernes 17 hs en Coronel Vidal 754, la sede del Centro de Jubilados de Loma Paraguaya.

Desde la Cannabis Medicinal advierten que la medida anunciada por el Colegio de Farmacéuticos para que familiares de pacientes con epilepsia refractaria puedan realizar el trámite en la farmacia para acceder al aceite de cannabis “es más de lo mismo, lo que ya tenemos”

Karina Romanelli, presidenta de la asociación primero mencionada, destacó en FM De la Calle que “lo que están ofreciendo es que las farmacias van a hacer el tramite que antes hacían los pacientes. Puede hacerse personalmente, luego eso se manda y hay que esperar que llegue el aceite por importación que la droguería lo traiga a Bahía”.

“Después es lo mismo que está en la ley. Es para gente con epilepsia refractaria. Para el resto de las patologías no esta habilitada esta importación”, explicó.

“Se supone que la obra social debería cubrirlo si lo tienen recetado.” El costo de cada frasco recetado “es de 400 dolares que es de 17 mil pesos”. Dependiendo de la dosis “puede durar un mes aproximadamente. El aceite que está autorizado es el aceite de Charlotte que se exporta desde Canadá”.

Romanelli destacó que “hay gente que está haciendo autocultivo para producirse su propio aceite. No nos olvidemos que hay mucha gente que lo utiliza para otras patologías. Los pacientes están accediendo a una sustancia poco segura en el mercado y estamos ante un problema de salud pública grave. Necesitamos el compromiso del Estado para comenzar la regulación de una medicina segura, nacional y accesible”.

“Esta medida soluciona alcanzar el aceite de Charlotte a la gente que contempla la ley. El resto de gente que la utiliza no esta amparada por esta medida”, finalizó.

 

La deuda salarial acumulada por INCUDI continúa en incremento. En la actualidad alcanza unos $4.000.000 en concepto de cargas sociales. La AFIP postergó la fecha del pago como paliativo. Sin embargo, no vislumbran medidas para solucionar el problema.

Viviana Gómez, gerenta administrativa de dicha institución sostuvo en FM De la Calle que “los aranceles nacionales de las obras sociales no se actualizan por inflación en cambio los salarios sí. Entonces tenemos cada vez un desfasaje mayor entre lo que INCUDI puede recaudar por obras sociales y lo que hay que pagar a los empleados”.

Eso se refleja en la deuda que tienen con la AFIP por falta de los aportes de obras sociales y por cargas sociales (jubilación). “Somos una asociación civil sin fines de lucro que está exenta de algunos impuestos pero no de las cargas sociales”.

La funcionaria detalló cómo se conforma el ciclo económico negativo. En los “centros de día, los concurrentes están de 8 a 17 horas y tenemos centros de internación donde viven los 365 días del año. Todos nuestros centros están reconocidos por todas las obras sociales. La obra social que mayor cantidad de concurrentes tiene con nosotros es PAMI que es el 50%. El 30 % es IOMA y luego se reparte entre las otras obras sociales. Todas corresponden a un decreto a nivel nacional que determina el valor del arancel y actualiza su valor dos veces al año. Los aranceles de IOMA son mucho más bajos, ni siquiera son cercanos a los nacionales están entre 40 y 60 % por debajo a los demás. Y esto genera nuestra desfinanciación”.

El concejal del PJ Cumplir Gustavo Mandará opinó en FM De la Calle acerca de la propuesta del intendente Héctor Gay para que el abogado Carlos Salgado reemplace a Ricardo Germani como juez de Faltas. El candidato es actualmente secretario de bloque del Frente Renovador.

“¿A Monardez no la votamos y ahora que hay un juez amigo sí lo votamos? Es la peor manera de designar un juez sea del fuero que sea”, comentó el edil. Recordemos que la ex secretaria de Políticas Sociales fue propuesta para ser titular del Juzgado de Faltas Nº2 aunque aún no logró el apoyo suficiente para su designación.

“Me parece que Salgado podría estar un poco más preparado para el cargo que Monardez. Igualmente me gustaría que esto surgiera de otras consideraciones porque sé que hay otras personas que están muchísimo más preparadas. Si bien no existe la especialización, hay algunos abogados que se han preparado, hay gente que trabaja con mucho ahínco en el Tribunal de Faltas que podría ser considerada”, advirtió Mandará.

El concejal argumentó que “no es un tema menor en el desarrollo de una ciudad. Desnuda una vez más la hipocresía de Cambiemos. Proponen a una secretaria saliente en circunstancias poco claras, lo que hacen no es buscar alguien mejor. Y va más allá de que es un trabajo, porque cuando surgió lo de Monardez dijeron ‘che piénsenlo, está sin laburo’. Yo conozco mucha gente sin trabajo y no por eso los pongo de juez de Faltas”.

Carlos Salgado es representante legal de la UTA y fue el defensor de su secretario general y ex concejal, Ricardo Pera, cuando en 2015 ocurrió el incidente en el que agredió a sus pares Sergio Massarella, Gustavo Mandará y Manuel Mendoza.

“Mejoró mucho el tema con la presencia de Salgado, parecía como que lo atemperaba. A partir de que estuvo como secretario retorno la calma. Pera me pidió disculpas de manera personal, no pública, pero me consta que Salgado tuvo una intervención. ¿Eso alcanza para ser juez de Faltas? Me parece que no”.

Trabajadores de Fabra Fons denunciaron que los dueños de la firma, Luis e Isabel Fabra y su esposo Vicente Sanchís, no pagan sus salarios hace cuatro meses y que pretenden cerrar la fábrica de colchones.

“Seguimos con la protesta en la vereda. Con Walter (Uranga) vamos a hacer unos volantes para repartir  y unos afiches con la cara de estos tres señores”, comentó el delegado Hector Giacobini.

“Se está poniendo cada vez más pesado, estamos haciendo cosas que a ellos no les gustan. Ante el mínimo problema el señor Fabra, que falleció hace quince años, te lo solucionaba. Isabel y Luis, sus hijos, son dos sinvergüenzas”.

Hay dos inversionistas interesados en comprar la fábrica: uno pretende comprar las maquinarias, trasladarlas a otro galpón y emplear a 12 de los 24 trabajadores; el otro solo apunta a comprar el edificio de Sarmiento 1341 para construir un “edificio inteligente”.

“A la mañana vino Sanchís y dijo que estaba todo firmado con el inversor, que pagaban lo que se debe y las indemnizaciones, o sea que nos quedamos todos afuera. No vamos a hacer nada sin el abogado. El viernes tenemos audiencia con el Ministerio de Trabajo, 18 pertenecemos al Sindicato de Plásticos y 6 personas son de Empleados de Comercio, tampoco el sindicato se hizo presente”.

Giacobini, por último, comentó que “ese grupo inversor quiere la fábrica sin maquinaria y sin personal y el problema que tienen los Fabra es que está el personal adentro y no lo pueden sacar”.

El Colegio de Farmacéuticos anunció que pacientes con epilepsia refractaria podrán acceder al cannabis medicinal en las farmacias de la ciudad. La entidad firmó el convenio con una droguería y facilitará la importación de medicamento.

Silvia Godoy, titular del Colegio de Farmacéuticos, dijo a FM De la Calle que “a partir de reclamos de pacientes pudimos brindar una herramienta que permite solicitar el aceite de cannabis con uso medicinal”.

“Lo que hace la farmacia es trabajar en conjunto con el  Colegio de Farmacéuticos provincial y la Confederación Farmacéutica y con la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica). Lo que hacemos es recibir el apoderamiento de la persona (con su consentimiento y el de su médico) y nosotros nos encargamos de hacer los trámites necesarios”.

Debido a las complicaciones que conlleva ir hasta Buenos Aires, y retirarlo de la Aduana o tener que contratar a un comisionista cuyo costo es muy elevado, Godoy propuso “una red de farmacias” para que las y lo pacientes puedan elegir.

“Intentamos generar soluciones, no inconvenientes. Nosotros nos encargamos de todo lo que sería el trámite -debe esperar el tiempo de la autorización y el de la importación- y para que pueda obtener su medicamento en su casa. El primer caso entregado en Bahía Blanca fue a un papá con una niña con epilepsia refractaria en Droguería del Sud”.

Según Godoy, la farmacia lo que hace es facilitar la medicina: “El ANMAT autoriza el uso de cannabis medicinal solo para epilepsia refractaria. Le pedimos al ANMAT que lo distribuya por la cadena legal, donde se le puede hacer trazabilidad, donde sabemos qué concentración tiene”.

“De varias muestras que han llegado fueron estudiadas once y diez no dieron como debería. Se utiliza la semilla en lugar de utilizar la flor, que es lo que tiene el principio activo. O una cepa que no corresponde o mezclan. Y nosotros no sabemos qué es lo que tiene adentro, es un gotero que muchas veces está bien y otras no”.

Además, “la droguería no lo importa sino que solamente lo distribuye. Es un medicamento que se produce en Estados Unidos, el frasco (que no dura un mes) ronda los 400 dólares. No hay nada que certifique la calidad del producto”.

Farmacity: La problemática que acecha a las farmacias argentinas

Consultada por el reclamo de las farmacias contra el desembarco de Farmacity en la provincia, Godoy afirmó que el tema “no está en agenda de la Corte Suprema de Justicia. No lo vemos como una cuestión comercial sino como una red sanitaria: es como desmantelar ferrocarriles, a diferencia que en ese caso hay otros medios de transporte”.

“Solo quedaría Farmacity en los principales lugares.La cantidad de farmacias que se han cerrado en Capital Federal por su llegada es muy numerosa y rompe una red sanitaria que es muy necesaria. Debe haber una farmacia en cada barrio. El problema es que tres o cuatro tengan el 80% del mercado”.

La Unión de Jerárquicos Petroquímicos solicitó a la Subsecretaría de Gestión Ambiental su incorporación al Comité de Control y Monitoreo.

Destacan la “gran experiencia y responsabilidad en la operación productiva, el mantenimiento de activos y la sujeción a normas relacionadas con la seguridad y el cuidado del medio ambiente” de sus afiliados.

La nota, firmada por Alejandro Barrera y Carlos Gauna -secretarios general y adjunto, respectivamente- ingresó el miércoles pasado.

Como muestra del aporte técnico que pueden realizar, el gremio difundió en sus redes sociales un video que explica el “funcionamiento de un circuito de generación de vapor, que contiene un circuito secundario de recuperación de condensado”, similar al involucrado en la explosión del 28 de junio en la planta de Dow.