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Un decreto publicado en el Boletín Oficial estableció los alcances y requisitos para que las mujeres  puedan sumar de uno a tres años de servicios por cada hijo o hija.

“Se contabilizan años de aporte por tareas de cuidado para mujeres que tengan la edad requerida para jubilarse pero no tengan los aportes. Se les van a reconocer años en función de la cantidad de hijes que hayan tenido a lo largo de su vida”, explicó la economista y columnista de FM De la Calle, María Julia Eliosoff.

Agregó que “las mujeres tienen mayores dificultades para acceder al mercado laboral porque, dada la división sexual del trabajo, dedicamos mucho más tiempo de la vida a cuidar y a las tareas domésticas no remuneradas”.

Eliosoff señaló que esta medida “tiene que ver con lo que se conoce como la jubilación de amas de casa, que es el Plan de Inclusión Previsional, un programa del 2005 que se ha ido renovando hasta la actualidad”.

“En 2005 no fue una medida pensada en términos de igualdad de género, sino de inclusión, una moratoria, un plan de pagos, para las beneficiarias que dicen me voy a jubilar pero debo plata. No es un regalo, después se pagan los aportes que faltan. Era para cualquier persona que le falten años de aporte, en su momento más del 85% eran mujeres y de ahí fue que este plan toma el nombre de jubilaciones de amas de casa. Actualmente está más o menos en el 73%”.

El nuevo anuncio implica un reconocimiento al que accederán cerca de 155 mil mujeres y que también “reconoce los plazos de licencias por maternidad y excedencia de maternidad. Esos períodos no computaban como meses de aporte porque durante esos meses que se pide la licencia el empleador no es el que paga el salario sino ANSES, entonces esos meses no contribuimos a la futura jubilaciones”.

Si bien es una medida celebrable, la economista destacó algunas observaciones que todavía quedan pendientes:

“El sistema previsional arrastra todas las desigualdades del mercado laboral, es decir, todos los problemas que describimos vinculados al empleo y mujeres y personas LGBTIQ luego se replican en el sistema previsional”.

Agregó que, por ejemplo, “existen las brechas salariales que están alrededor del 30% para empleos formales y 45% en empleos informales. Como lo que se cobra por jubilaciones es una proporción de los aportes, si en general ganamos menos, obviamente en las jubilaciones percibimos un monto menor”.

“Otra de las grandes problemáticas es que las mujeres están más representadas en los empleos informales. Este tipo de medida solamente llega a personas que en algún momento de su trayectoria laboral hayan podido hacer algún aporte. Las personas que hayan trabajado de manera asalariada y no tuvieron aportes no pueden acceder”, enfatizó.

Eliosoff afirmó que la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) es “un parche que apareció durante el macrismo. Es básicamente un ingreso equivalente al 80% del Salario Mínimo Vital y Móvil. Son $19.526 y es un 7% más bajo que la línea de pobreza para una persona. Los adultos mayores tienen gastos específicos, en general, de altos valores como la medicación y ni hablar si tienen que pagar alquiler”.

“A la PUAM acceden personas de más de 65. En las mujeres tienen que pasar 5 años más que la edad jubilatoria, es una edad puesta arbitrariamente no hay fundamentación y comparada con la canasta básica total o para un hogar de 3 habitantes, que es de 51 mil pesos, la PUAM no llega a ser el 38% de ese valor”.

En conclusión: “Para empezar a pensar en la seguridad social para adultos mayores que garantice la cobertura para todos y todas y no tener miedo a llegar a viejes, esta nueva medida es un gran avance pero sigue llegando a ‘privilegiades’ que son las personas que en algún momento de su vida han podido tener un empleo registrado”.

El director de Región Sanitaria I, Maximiliano Núñez Fariña, aseguró que en Bahía Blanca hay 163.957 personas vacunadas con primera dosis y destacó que “estamos a 30 mil para llegar al número deseado de toda la gente que está inscripta en el Vacunate PBA”. “Hay 194 mil inscriptos, creo que con 50 mil más estaríamos dentro del porcentaje que queremos”, agregó en referencia a la futura inmunidad de rebaño local.

En relación al porcentaje de personas inmunizadas señaló que “a nivel provincial el 96% de adultos mayores están vacunados, el 89% de los mayores de 18 con comorbilidades y el 63% de 18 a 35 sin comorbilidades están siendo vacunados. Esto va a ir aumentando, esta semana hay mucha convocatoria a menores de 35 años y empieza a haber gente más joven vacunada”.

En diálogo con FM De la Calle, se refirió a la reunión que mantuvieron la semana pasada autoridades de las regiones sanitarias y del Ministerio de Salud. “Se habló de cómo se fue llevando la pandemia, cómo fue la evolución de las distintas etapas, entre aislamiento y campaña de vacunación”.

Segundas dosis

“De la Sputnik hoy arriban más de 3500 dosis para cubrir turnos pendientes, entre mañana y pasado tendremos turnos. A medida que vayan pasando las semanas se vacunará con AstraZeneca y Sinopharm con segundas dosis porque se utiliza el mismo componente”, dijo Fariña.

Postas itinerantes

Respecto a las postas itinerantes para vacunación libre mencionó que “ha demostrado que Bahía Blanca quiere dejar esta pandemia, 960 personas se acercaron este fin de semana. Lo importante es poder facilitarle a la gente que por alguna razón personal o privada no han podido inscribirse. Es un mecanismo que está dando un buen resultado”.

En cuanto a los motivos por los cuales las personas acuden a dichas postas sin inscribirse en la campaña, el funcionario comentó que “mucha gente mayor de 35 no habían sido convocada, muchos que no se inscribieron porque no tienen internet o conocimiento o no tienen un teléfono para bajar la app. La parte laboral lleva a que no pueda acceder al turno. Por eso la metodología es que aquellas personas que perdieron el turno se acerquen”.

Controles a quienes vienen del extranjero

Este fin de semana se realizaron controles en domicilios de la región donde residen personas que ingresaron del exterior y deben realizar aislamiento. “Nos encontramos con un mayor cumplimiento, todo depende de los vuelos que van llegando, a medida que van ingresando a la región con Migraciones salimos a corroborar que esa gente cumpla. Se dieron casos de Delta de gente que llega de viaje y queda aislada”, dijo.

Lucas Dopazo es músico y docente, vive en Pringles y padece fibrosis quística. Denuncia que IOMA y Stone Fly Salud tienen retrasos en la entrega de la medicación que necesita para mejorar su calidad de vida.

“Es una enfermedad congénita que afecta a los pulmones y al páncreas. Estoy en lista de espera para trasplante porque a lo largo de los años perdemos capacidad pulmonar, llegue a un 23% de capacidad. Surgió esta nueva medicación que tiene un efecto muy importante y pude recuperar la capacidad pulmonar al 35%, subí de peso, no tengo secreciones bronquiales que generan todo el desgaste posterior”, dijo Dopazo a FM De la Calle.

Agregó que dicho medicamento le “permite seguir en lista de espera más tranquilo y mejorar mi calidad de vida. Antes no podía ni caminar, ahora puedo trabajar, andar en bici, puedo hacer lo que cualquier persona hace”.

En relación a la obra social “tuve la negativa por escrito, inicié un amparo, tuve sentencia favorable, la jueza ordenó que me den la medicación, empecé a tomarla, y hace 2 meses que estoy reclamando y no tengo respuesta concreta. La semana anterior la jueza intimó a IOMA a que cumpla y como no tuvimos respuesta seguimos avanzando desde lo judicial”.

“La interrupción del tratamiento puede generar que yo retroceda, no tengo mucho resto para estar bien de salud. Eso implica internaciones, antibióticos, es lo que lo que nos viene sucediendo a los pacientes en esta situación”, enfatizó.

Por último, Dopazo afirmó que “el problema es que IOMA no paga, el importador para traerla necesita cobrar antes, IOMA dice que el pago es posterior. Se nota que hay una cadena de pagos con el proveedor. Supuestamente IOMA pagó y va a tardar 30 días y recién inició el proceso de importación. No es oficial, a mi nadie me llamó, es una locura esperar esto”.

El presidente del Tribunal Oral, Roberto Amábile, estableció las normas para la audiencia del 2 de agosto, en la cual se conocerá el veredicto contra cuatro ex integrantes de la Alianza Anticomunista Argentina. Uno de ellos participará virtualmente.

El encuentro comenzará a las 11 en el aula magna del Rectorado de la UNS de Colón 80, “con aforo reducido en virtud de los protocolos vigentes fijados por la propia Universidad, la Municipalidad de Bahía Blanca y la Corte Suprema”.

Deberán concurrir de forma presencial el fiscal, la defensa oficial, representantes de las querellas y los acusados Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. El represor Raúl Roberto Aceituno seguirá la audiencia desde su domicilio porque “padece cáncer de colon en estadio IV”.

“En relación al ingreso de público a la sala, teniendo en cuenta lo limitado del espacio, se dará prioridad a familiares y víctimas del juicio, quienes deberán solicitarlo a la casilla de correo electrónico [email protected] aportando sus datos personales y de
contacto (celular) y, por esa misma vía, se les confirmará la autorización dependiendo del espacio disponible”. La fecha límite para hacerlo será el lunes 26 de julio.

La resolución destaca que “con el propósito de respetar el distanciamiento social como así también efectuar un seguimiento epidemiológico en caso de ser necesario, no podrán ingresar a la sala de audiencia aquellas personas que no cuenten con la autorización previa de este Tribunal”.

La audiencia será transmitida a través del canal de YouTube de la Dirección de Medio Audiovisuales de la Universidad Nacional del Sur.

Organizaciones integrantes del Consejo Local de Hábitat denunciaron que desde noviembre las autoridades municipales no se convocan a las reuniones del organismo. “Existen recursos estatales adjudicados en diversos puntos del país, pero en Bahía Blanca no se ejecutan por falta de voluntad política y una notoria carencia de gestión municipal”, afirmaron la Mesa del Hábitat, Vamos, Frente Grande G83, Progresistas, PTP, Nuevos Vientos y Cardumen.

Juan Sarai, integrante de Ser Comunidad, dijo a FM De la Calle: “Hemos tenido varias conversaciones con Martín Castro, secretario de Planificación y Urbanización, que es quien tendría que convocar. Tenemos como respuesta que está reestructurando la oficina y por eso no ha podido convocarlo”.

Entre las problemáticas de los barrios destacó “falta de tierras y acceso al crédito para mejoramiento habitacional, infraestructura, calles y pavimentación. Hay un fondo que derivaba de la Ley 14.449 para utilizar en programas y espacios que deberían consensuarse en el Consejo Local de Hábitat para la aplicación y el Municipio lo está utilizando como les conviene a ellos”.

“Desde hace muchos años no se generan en Bahía Blanca políticas de acceso al hábitat popular, se reiteran los asentamientos, se densifican los barrios con necesidades de infraestructura y no se producen intervenciones ni nuevos loteos”, afirma el comunicado de las organizaciones.

Sarai enfatizó que “nunca logramos que nos den un informe completo de en qué se está utilizando, sabemos que se está usando para hábitat popular, para el gas y cloacas del 9 de noviembre salió de ese fondo, estaría bueno que se pueda consensuar en el espacio del Consejo”.

Por último, argumentó que “Tierras Argentinas o Costa Blanca, son barrios que tienen 3 o 4 años que no tienen casi ningún servicio puesto de manera correcta, las instalaciones son precarias y por eso se dan los incendios. Habría que intentar hacer obras en estos barrios además de los que ya tienen muchos años organizándose”.

Con mentiras y descalificaciones respondió el ministro de Seguridad, Sergio Berni, a la consulta sobre el estado de la causa por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro. “Hablemos claro, la justicia determinó lo que pasó, después hay una contraparte que no quiere aceptarlo y recusa permanentemente”, afirmó el jefe de la Bonaerense.

“Tremendo mansplaining recibí”, dijo la periodista Catalina De Elía luego de la entrevista en el programa “Fuego amigo” en referencia a las intervenciones machistas del funcionario que la trató de mal informada y le intentó explicar el funcionamiento de la justicia.

Berni agregó que “quienes acusan son los fiscales, un juez determina si lo que acusan tiene coherencia y verosimilitud para avanzar en la investigación. La jueza ha dicho, en todas y cada una de las oportunidades que los fiscales pidieron ridiculeces, señores esto no existe”.

La Cámara Federal bahiense efectivamente rechazó las quejas contra la jueza Gabriela Marrón presentadas por la Fiscalía. Por eso, Horacio Azzolín, Iara Silvestre y Andrés Heim, esperan una definición por parte de la Cámara de Casación.

En cuanto a las medidas probatorias que Marrón rechazó sistemáticamente, la Alzada tuvo otra postura. En febrero habilitó el secuestro de celulares de varios policías y un nuevo allanamiento en Origone en base a indicios que la jueza no quiso ver: el hallazgo de un cabello que pertenecería a Facundo en el patrullero que el 30 de abril conducía Alberto González, en ese momento a cargo del puesto policial de Origone; el amuleto de Facundo encontrado en un viejo calabozo del mismo lugar y la declaración de una testigo de identidad reservada que dijo haber escuchado a funcionarios municipales comentar que en la comisaría de Origone se hallaron prendas de Facundo y que se ordenó que se las haga desaparecer.

“Todas las veces que se recursó (sic) a la Cámara e inclusive intentaron sacarla, la Cámara dijo que lo que está haciendo hasta acá es correctísimo. Y para la semana que viene le voy a traer un regalo”, dijo Berni. Según sus palabras, se trataría de “una información bastante interesante”. La periodista destacó la necesidad de “que la mamá de Facundo sepa qué pasó con su hijo” porque “la justicia todavía no lo dijo”.

Por otro lado, el ministro afirmó que “la justicia federal tomó la causa no de manera inmediata sino pasado un tiempo, la estaba llevando adelante la Policía de la provincia de Buenos Aires” y agregó que el día que aparataron a la fuerza a su cargo “lo estábamos buscando en el lugar donde se encontró el cuerpo”.

Cabe aclarar que la Bonaerense fue separada en el momento en que se evidenciaron las sospechas sobre algunos de sus integrantes y se comenzó a investigar los hechos como una posible desaparición forzada.

Previamente, la policía de Berni intentó sostener que Facundo había llegado a Bahía Blanca, que se lo había visto vendiendo bolsitas de residuos o que tenía vínculos con el narcotráfico. De hecho, recurrió a uno de los suyos: Jorge Agustín Galarza se presentó ante Fiscalía como un vecino de Cerri que había estado en contacto con el joven, quien le habría dicho que iba camino a Ing. White y luego a Devoto.

Por otra parte, fueron Mario Gabriel Sosa y Siomara Flores -dos de los policías sospechados- quienes llevaron a la testigo H a la Policía Federal y al fiscal Santiago Martínez. La mujer declaró que levantó a Facundo en la ruta y lo acercó hacia nuestra ciudad en un testimonio que se contradice en varios puntos con el del oficial González. 

Tampoco se privaron los hombres de Berni de intimidar y perseguir a amigos y familiares de Facundo para que se hicieran cargo de “algo” que justificara su desaparición como denunció, Marcelo González, ex cuñado del joven de Pedro Luro.

El Gobierno decretó que el Estado tome el control de la Hidrovía Paraguay-Paraná por los próximos 12 meses mediante la Administración General de Puertos. La economista Agostina Costantino destacó que “se pueden hacer importantes paralelos con nuestra ciudad, para entender qué implica esta especie de estatización”.

“La hidrovía del rio Paraná, es una vía navegable de 3500 km por donde pasa el 80% de comercio argentino, hasta hoy era administrada por una empresa belga junto a un socio local. El gran caudal de exportaciones hace que una parte considerable, por la falta de acceso al control, se perdiera a través del contrabando y de evasión fiscal”, explicó la columnista de FM De la Calle.

Costantino señaló que “por allí no solo salen riquezas de nuestro país, sino buena parte de al exportaciones de Paraguay . Para tener una imagen, otro caso de hidrovía es el del rio Mississippi”.

En relación a nuestra ciudad mencionó que “el puerto de Bahía no forma parte de una hidrovía, las exportaciones llegan por ruta o por tren, pero la analogía es pensar si hubiera una empresa que le cobrara peaje a los trenes de Vaca Muerta o a los camiones que traen productos de importación sin que el Estado tuviera control de qué es lo que cargan los trenes o camiones, que la operatoria sea entre privados, cuánto se está exportando, a qué valores. El Estado no tiene ningún tipo de control y registro de lo que sale por el Paraná”.

“Lo que existe son declaraciones juradas que se hacen desde los buques a la empresa y la empresa lo informa al Estado. Por eso las sospechas de contrabando y evasión. Si bien es importante la estatización por un año, más lo va a ser cuál es el modelo de gestión que va a tener después”, enfatizó la economista.

Costantino compartió los análisis realizados por el Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía de Rosario y subrayó que hay dos diferencias importantes entre la hidrovía argentina con las de otras partes del mundo.

“La primera es que la compañía que explota el servicio de dragado y balizamiento le cobra directamente a los buques y puertos privados y, en segundo lugar, que el peaje cobrado en Argentina es hasta 10 veces mayor que el que se cobra en otros ríos”.

Destacó que “en el resto del mundo lo más común es que una parte de los impuestos vinculados o no al uso de los ríos sean la fuente de financiamiento para el pago a la empresa prestado, sea estatal o privado. El Estado le paga a la empresa de dragado y el Estado se financia de los impuestos y, a su vez, le cobra a los buques como intermediario entre buques y la empresa de dragado y balizamiento”.

Sin embargo, “esto no pasa en la hidrovía, nadie regulaba cuánto se cobraba y cuánto pasaba por ahí. A partir de ese cobro entre la empresa de dragado y los buques la trazabilidad de lo que ocurre y lo que no ocurre en el río se pierde”.

El grupo de economistas sugiere que “el servicio debería estar prestado por una empresa con participación estatal pero que el Estado sea el que pague el peaje y luego le cobren a buques y puertos”.

Tensiones en el debate:

1- “Que la tarifa la cobre la empresa prestadora a buques y puertos, disuelve todo tipo de trazabilidad control o planificación por parte de todo ente estatal que se lo proponga. No hay forma de controlar”.

2- “Que la tarea de dragado y balizamiento la despliegue una compañía con capital extranjero predominante, tiene implicancias en el giro de divisas a su casa matriz. En este contexto de restricción externa tan acuciante como el que vivimos no es menor que las divisas se vayan al exterior”.

3- “Se están por vencer las concesiones dadas en los 90 a estos servicios, es posible pensar alternativas frente a esta situación”.

4- La discusión de la soberanía, no debería limitarse a la draga y a los puerto privados sino que debería ampliarse a una discusión general sobre los estilos de desarrollo, más allá de quién cobre el peaje. ¿Qué estamos exportando? ¿Cualquier cosa vale?”.

5- “No porque esté gestionada por un privado la hidrovía generaba costo 0 al Estado. Del total de los ingresos obtenidos entre 1995 y 2001 por Hidrovía S.A. el 54% provino de subsidios estatales y, después de 2001, también se fueron renegociando los subsidios y contratos. Siempre el Estado tuvo que poner plata para estas empresas. No es que la gestión privada libera al estado de gastos”..

Las 19 bibliotecas populares de la ciudad coincidieron en demandar el permiso para retomar sus actividades, suspendidas desde el inicio de la pandemia por disposición provincial.

“De un tiempo a esta parte todo se ha reactivado, volviendo a una nueva normalidad, hemos quedado desplazadas porque no tenemos autorización para abrir”, dijo a FM De la Calle María José Prado, integrante de la Biblioteca Popular Simón Rodríguez de Los Almendros.

Explicó le presentaron “una nota a Romina Ayala, la directora de Educación, explicando por qué son necesarias las bibliotecas y la respuesta vino por parte de la jefa de despacho del Instituto Cultural, Marisa Aguirre, diciendo que no, que depende de provincia y que hasta fase 4 no podemos abrir”.

El Municipio se comprometió en las últimas horas a acompañar el pedido ante las autoridades provinciales y a recibir a representantes de las instituciones el próximo martes.

Prado se refirió a la importancia de estos espacios culturales “la actividad de biblioteca es mucho más que la recepción y devolución de libros. Las bibliotecas se forman y arman en función de la impronta del grupo de vecinos, cada una responde a la demanda. Podés encontrar apoyo escolar gratuito, ajedrez, idiomas, es un espacio de encuentro, de pertenencia, para chicos y adultos mayores que han quedado por fuera de todo este tiempo”.

En la nota que presentaron adjuntaron un protocolo por cada biblioteca. “Recibimos un subsidio específico para readecuar espacios y abastecernos de artículos de limpieza, nos falta la autorización. Podemos ir a un bar, ir al cine pero no ir a la biblioteca, no está permitida la circulación de gente dentro de la biblio”.

La bibliotecaria agregó que “hay chicos que van a usar internet y se quedan en la vereda porque no se les puede permitir el ingreso”.

“La visibilización arrancó el fin de semana, el disparador fueron los festejos en el Teatro Municipal (por el triunfo de selección de fútbol). De las 19 bibliotecas la gran mayoría estamos de acuerdo en presentar este reclamo de manera colectiva”, finalizó.

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata dictaminó que el Estado bonaerense lleve a cabo las medidas necesarias para vacunar a personas de riesgo que están privadas de su libertad. La medida solicitada por la Comisión Provincial por la Memoria había sido rechazada en primera instancia.

“El pedido de esta medida cautelar para vacunar a las personas de la provincia es limitada en función del plan de vacunación originario: mayores de 60, personas embarazadas, con alguna comorbilidad y mujeres con hijos menores en las unidades. Es un universo bastantea acotado”, dijo a FM De la Calle el defensor oficial Jorge Sayago.

Agregó que “la presentación de la CPM apunta a un número de 1500 personas dentro de una población de 50 mil. Son las personas con mayores riesgos”.

En sus fundamentos, la Cámara platense también advirtió la notoria distancia entre los alcances del plan de vacunación en los lugares de encierro. Remarcó que la vacuna contra la Covid-19 ya es de libre acceso para las personas que integran los grupos de riesgos, por lo cual, inocular a las personas detenidas alcanzadas por esta disposición de la autoridad sanitaria no implica una alteración o modificación del programa provincial de vacunación.

En en el ámbito local, Sayago destacó: “Tuvimos un caso hace un mes, sabemos que reciben los turnos y no son sacados (del penal), los jueces ordenan sin mucho convencimiento. Ha habido una denuncia donde se ha citado al Servicio Penitenciario y a Región Sanitaria. El Servicio Penitenciario dice que están esperando un servicio intramuros, Región Sanitaria dice que lo va a implementar y pasan los días y esto no aparece”.

“Las personas privadas de la libertad están en peores condiciones que quienes viven afuera. Esto es preocupante. El movimiento natural de una unidad que implica salidas transitorias, eso no ha existido, hay más internos de los que había en al situación previa. Que no los saquen para vacunar agrava en la situación sanitaria y, además, está la situación emocional porque alguien que le dan 2 o 3 turnos obviamente se enoja y eso no favorece la convivencia”.

El defensor oficial afirmó que “en las comisarías la situación es igual con las detenciones que son transitorias, hay un movimiento que hizo que haya comisarías donde estaban todos contagiados, por lo menos los internos, eso hace aun mayor el peligro”.

El economista y columnista de FM De la Calle, Francisco Cantamutto, analizó las perspectivas de negociación de deuda con los acreedores privados, el Club de París y el FMI.

“El presidente y el ministro de Económica participaron del G20 donde se reúnen más o menos los mismos que en el Club de París, que son más o menos los mismos que controlan el directorio del FMI. Estamos discutiendo con los mismos las mismas cosas”, enfatizó.

Cantamutto señaló que “se ajustó más de lo prometido, se viene una catarata de anuncios casi semana a semana, que incluyen revisiones de paritarias, aumento de Salario Mínimo Vital y Móvil, aumento de jubilaciones, de asignaciones. Se inyecta dinero para un clima electoral favorable y esto amplía el déficit que se compensa con el ajuste por de más de la primera mitad del año. Este balance no es un azar sino que es previsible, permite que al enfrentar el aumento del déficit ante las elecciones no descalabren las cuentas públicas”.

Club de París y FMI

“Con el Club de París se logró hacer un arreglo. Es un grupo reducido de Estados acreedores que coordinan las políticas de negociaciones con deudores. No es que se negocia con el Club sino que se ponen de acuerdo los acreedores para decir algo”.

El economista explicó que “se pagaron 430 millones de dólares, una especie de puente hasta marzo del 2022 para que hagan el acuerdo con FMI. Los Estados del Club de París bilateralmente no pueden imponer ningún programa, no seria consistente con la soberanía. El FMI sí lo puede hacer a través de las recomendaciones y condicionalidades de los préstamos. El Club pidió que no se le cancele la deuda de una manera distinta China”.

“Con el FMI tenemos una deuda de 45 mil millones de dólares que es equivalente a todo el paquete que puso a disposición para lidiar con la pandemia a nivel mundial. Es el préstamo firmado por Macri. Habría que pagar una primera cuota en septiembre y otra más adelante, por 3600 millones de capital y estos montos son insostenibles para las arcas públicas, es necesario negociar un nuevo acuerdo”, comentó Cantamutto.

¿Qué se negocia?

“Un acuerdo a tan largo plazo pide ajuste fiscal y reformas, están desde el gobierno tratando de que esas reformas sean lo más livianas posible. Más allá de lo discursivo, las reformas siguen siendo las mismas: reforma laboral, jubilatoria -la previsional es de las que más les interesa-, la apertura de la economía, retirar la presencia del Estado en sectores estratégicos para generar negocios”, comentó Cantamutto.

En relación a la reducción de sobre cargos explicó que “cuando el FMI presta por encima de la cuota se le aplica una tasa del 2%. Se busca que se eliminen, ¿cómo le vas a cobrar una sobretasa si están en crisis? En la discusión por la eliminación de estas tasas parece haber algún éxito en la disminución”.

El otro aspecto que alivia es que “se van a emitir derechos especiales de giro, reservas que tiene el FMI que están compuestas de una canasta de aportes que hacen los países miembros. Al ampliar la emisión a los países miembros les toca una parte, a la Argentina 4.400 millones de dólares que es un poco más que la plata que se le debe al Fondo. Lo que dicen en Argentina es que para los países que tienen espalda esta emisión no les sirve de nada: Alemania, Japón, EE.UU. no los necesitan. ¿Por qué no pueden redistribuirlo entre aquellos que lo necesitan?”.

En conclusión: “El FMI ya aclaró que no va a aceptar un pago a cuentas, o se salda con estos derechos de giro o con reservas. No está haciendo muchas concesiones de nada. El gobierno consiguió tiempo pero no quitas de capital, ni reconocimiento de corresponsabilidad. La discusión de legitimidad y legalidad ha quedado entrampado en la nada. Mientras, los acreedores siguen presionando por las reformas de siempre”.

Una invitación…

Podés seguirlo en vivo por el canal de youtube de la UNS.

Durante los últimos días, la causa que investiga la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro incorporó nuevas medidas de prueba que contradicen la hipótesis de una muerte por accidente en la ría de Bahía Blanca y obligan a profundizar la investigación sobre la participación de los agentes de la Policía bonaerense en el hecho.

A instancias del Ministerio Público Fiscal, la querella familiar y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querella institucional en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se realizó un nuevo reconocimiento al lugar donde fueron hallados los restos óseos. El fiscal Horacio Azzolin y la fiscala federal de La Pampa Iara Silvestre –designada en la causa en reemplazo de Ulpiano Martínez– estuvieron en el lugar y acompañaron el recorrido que realizaron las personas que encontraron los restos óseos y dieron aviso a las autoridades.

Durante ese reconocimiento, uno de los pescadores dio precisiones sobre las características de esa zona de la ría, que visita asiduamente desde hace más de 20 años: “Podés caminar hasta la vera del agua sin enterrarte, sólo te vas a embarrar”, describió. Y agregó que “tendrías que ingresar más de diez metros a la ría para que el agua te llegue a la altura de la rodilla”. Sobre el lugar específico en donde se encontró el cuerpo, el pescador reconoció también que, cuando la marea sube, sólo queda cubierto por unos pocos centímetros de agua.

Estos nuevos elementos en la causa significan, prácticamente, descartar la hipótesis de un accidente que pueda haber sufrido Facundo mientras caminaba por la zona de cangrejal. Hipótesis que sigue construyendo la jueza federal María Gabriela Marrón y cuya única prueba para justificarlo era un informe del Instituto Argentino de Oceonografía (IADO) que, sin ningún tipo de rigor científico, aventura hipótesis sobre un posible recorrido de Facundo para concluir que se trató de una muerte accidental. Un informe que fue rechazado y recusado por el Ministerio Público Fiscal y aún así incorporado por la jueza.

El testigo también recordó que, además de los restos óseos, habían encontrado a pocos metros una zapatilla y otras prendas de vestir. En su momento, les señaló esos elementos al fiscal federal Ulpiano Martínez –a cargo de la instrucción– y el subcomisario de la Policía Federal José Pérez que dirigieron el operativo el día del hallazgo del cuerpo. Sin embargo, los funcionarios incumpliendo con sus obligaciones, no secuestraron esas pruebas. Recién al día siguiente, cuando ya estaba en el lugar el Equipo Argentino de Antropología Forense, la mamá de Facundo, Cristina Castro, vio la zapatilla y se ordenó su secuestro para la causa.

Cabe recordar que, a partir de una presentación de la CPM, ya existe un expediente en la Procuración General de Nación por mal desempeño en las funciones del fiscal Ulpiano Martínez. Con esta declaración se ampliará esa denuncia, se solicitará a las autoridades del Ministerio de Seguridad de Nación la investigación sobre la actuación de Pérez y se presentará una denuncia penal para que se investigue la conducta de ambos funcionarios.

Por otra parte, recientemente se incorporó a la causa la pericia sobre los trozos de piedra de turmalina hallados en el puesto policial de Teniente Origone y en el baúl del móvil de la Policía Local de Bahía Blanca que según el registro de AVL, el 8 de mayo del año pasado estuvo varias horas en la zona del cangrejal donde semanas después se encontraron los restos óseos de Facundo. El informe pericial determinó que había coincidencias entre los dos trozos analizados, que por otro lado fueron encontrados a partir del señalamiento de uno de los perros rastreadores que intervinieron. Cabe recordar que al momento de la desaparición, Facundo llevaba en su cuello un colgante con una piedra de turmalina.

También se conocieron los primeros resultados de nuevas pericias a los teléfonos celulares incautados a los agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Xiomara Flores, Jana Curruhinca, Alberto González y Mario Sosa; los cuatro efectivos que tuvieron contacto con Facundo el día que fue visto con vida por última vez. Sobre el peritaje sobre estos teléfonos, el informe realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) destaca el particular contacto entre González, el policía que estaba cargo del destacamento de Teniente Origone y detuvo a Facundo en la ruta el 30 de abril, y sus superiores.

También resalta un comentario que hace sobre su declaración ante la Ayudantía Fiscal a cargo de García Dimas, donde tramitó en un principio la causa antes de pasar al fuero federal. “Después de eso es que me llamaron de Fiscalía y el Fiscal me dijo que con todos los datos que yo tenía, con la libreta, la foto y toda la historia, ‘usted con esto salvó a toda la policía de Villarino’. ‘Lo único que hubiera faltado’, me dijo, ‘era la patente del vehículo que sería la frutilla del postre, pero con esto ya está’”, escribió.

Como ocurrió en peritajes a teléfonos anteriores, hubo mucho material que no pudo recuperarse porque había sido eliminado por los policías, las aplicaciones desinstaladas o, incluso, dadas de baja las líneas telefónicas. Todavía restan los peritajes sobre los últimos teléfonos secuestrados en el allanamiento a la casa de Flores y Sosa.

“A pesar de los intentos por entorpecer la investigación, que las querellas venimos denunciando desde hace tiempo, tanto en la actuación del fiscal Ulpiano Martínez y la Jueza Marrón, aún se sigue produciendo pruebas valiosas y que no hacen más que ratificar la hiper intervención policial en torno a los hechos de esta causa, en la desaparición el 30 de abril y en las circunstancias en que se encontró el cuerpo de Facundo”, señalaron desde la CPM.

En se sentido, la Cámara de Casación debe aún resolver el pedido de recusación de la jueza Marrón realizado por los representantes del Ministerio Público Fiscal.

Fuente: Andar.

Fotos: Luciano Peretto y Cristina Castro.

Según una publicación de la revista científica The Lancet, Latinoamérica y el Caribe fueron los más golpeados por la pandemia, el 25% de las infecciones globales ocurrieron en la región. “La pandemia continuará generando un exceso de mortalidad debido a la interrupción de los servicios de salud, la inestabilidad económica y la profundización de las desigualdades existentes”, advirtió el artículo.

El médico y columnista de FM De la Calle, Horacio Romano, analizó el informe y se detuvo en la realidad que atraviesa Cuba y los ataques a su pueblo.

“Los medios replican situaciones sin tener en cuenta lo que significa para Cuba su independencia. El bloqueo hace que no tengan suficientes respiradores, ni suficiente repuestos para las centrales que se han roto, ni la cantidad de combustible. En 2017 se dijo que lo que se venía era complejo, Trump selló la suerte energética de Cuba al no permitir que terceros países asistan con petróleo y derivados para mantener las centrales eléctricas cubanas. A pesar de todo, la prioridad con respecto a la salud fue primero”, afirmó.

Mencionó que la isla “es un de los países más importantes en cuanto a la epidemiologia, tienen registrados 1550 fallecidos para un país con 10 millones de habitantes. Uruguay tiene la misma cantidad de habitantes y tiene 3 veces más de fallecidos”.

Romano lo comparó con lo vivido en la ciudad. Cuba con lo poco que tiene priorizó “la asistencia eléctrica a hospitales, escuelas y hoteles que han funcionado como hospitales. PAMI en Bahía habilita 12 camas luego de 14 meses de pandemia. En Bahía casi no se habilitaron camas para asistencia, sí para dejar pacientes con menor riesgo con una atención de baja complejidad. Todo esto sin contar que en la isla hay 5 desarrollos de vacunas que han aplicado en gran aporte de las zonas de La Habana. Ningún país latinoamericano lo ha podido hacer con muchos más recursos”.

Número de casos y festejos masivos

En nuestra ciudad “los hospitales siguen con muchos pacientes y fallecimientos va a haber también. Estamos como en el peor momento del año pasado. Aunque la letalidad es menor hay un gran porcentaje de gente que fallece”.

“Las aglomeraciones de gente son una exposición al contagio, la alegría popular se entiende pero lo que ha pasado en ese amontonamiento de gente puede prolongar la situación”, opinó en relación a los festejos por el triunfo de Argentina en la Copa América.

Integrantes del colectivo Abrazo a la Plaza del Sol y representantes de diversas ramas de la cultura bahiense realizaron esta mañana una intervención en el Municipio en defensa de los espacios públicos.

El grupo mostró carteles en el hall de Alsina 65 “advirtiendo sobre las políticas de privatización y apropiación de los espacios públicos en la ciudad, como parte de una campaña de protesta y esclarecimiento, avalada con más de 5000 firmas”.

“La entrega de parques, calles y plazas a emprendimientos comerciales privados dejará fuera a gran parte de la ciudadanía que solo podrá disfrutar de lo que es de todos si consume o paga su permanencia en dichos espacios”, agregaron.

Al grito de “lo público es de todos” las y los vecinos que se encontraban en el lugar haciendo trámites participaron de la performance que luego se repitió en las escalinatas de acceso al edificio.

Investigadoras del CONICET analizaron las dinámicas de asistencia territorial en barrios populares bahienses durante los primeros meses de aislamiento sanitario. Las conclusiones fueron publicadas en un libro con otros estudios realizados por especialistas del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur.

“En líneas generales nuestros interlocutores señalan una etapa inicial de caos, desorganización y ausencia por parte de la MBB. Una segunda etapa donde las asociaciones civiles barriales, concejales, ciertos agentes municipales y personas específicas en cada barrio tejieron redes y conformaron circuitos diversos mediante los que direccionaron la gestión de la asistencia. Una tercera etapa en la que ya armado el circuito de asistencia, el Estado municipal asume la coordinación del mismo”, afirma el documento.

Se observó, además, “cómo el reconocimiento por parte de la población respecto de la presencia de las instituciones está fuertemente ligada a la presencia física de las personas que la representan en el territorio, la población reconoce a quienes ponen el cuerpo día a día, más aún en un contexto de crisis como el vivido”.

Los barrios seleccionados fueron Caracol, Latino y Estomba y Villa Harding Green. “Por un lado porque sus condiciones de vida están directamente relacionadas con la necesidad de la asistencia alimentaria en este contexto y son aquellos donde las integrantes del grupo desarrollamos trabajos que nos generaban un conocimiento previo”, dijo a FM De la Calle Florencia Quiroga, integrante del Grupo de Investigaciones Cualitativas y Etnográficas del Sur.

En relación a la entrega de bolsones alimentarios municipales mencionó que observaron, “al inicio, una etapa de caos, de desinformación, de desarticulación. Estaba referenciada con el ASPO, las dependencias municipales fueron cerradas, inclusive las delegaciones que son los lugares donde se distribuyen los bolsones. Generó no saber a dónde ir a buscar ayuda”.

Luego, la Secretaría de Políticas Sociales dispuso un correo electrónico para solicitar bolsones. “En ese entonces fue cuestionada por organizaciones sociales porque generaba barreras al acceso al recurso. Incluso teniendo el medio para comunicarse, después no se sabía qué pasaba o a dónde ir a recibirla. (Las personas entrevistadas) destacan que eso no sirvió, no era acorde a las necesidades de cada persona en los barrios”.

¿Cómo se resolvía la situación por parte de referentes o personas que hacían de puente al momento de entregar mercadería cuando no alcanzaba?

De diferentes maneras, no fue algo regular. Hubo barrios que, pese a estar cerrada la delegación, fue parte del personal de servicio social y asumió la responsabilidad. Fue distinto en otros lugares donde encargadas de merenderos, sociedades de fomento, asumieron rol clave en el armado del listado, la recepción y distribución de bolsones con sus vehículos particulares. Hubo dificultades en la frecuencia porque no se alcanzaba a tener la cantidad de bolsones para los hogares anotados y cuando estaba el bolsón no había regularidad en el contenido, había productos que faltaban.

Quiroga explicó que “la ausencia de regularidad en la entrega generó cierta improvisación en contextos de incertidumbre que profundizó las condiciones de vulnerabilidad”.

“Ante una oferta estatal irregular tuvieron un rol clave las organizaciones sociales, el protagonismo que asumieron mujeres, en esta distribución vemos docentes, porteras, encargadas de comedores, meredenderos, trabajadoras sociales, que estuvieron haciéndose cargo de la logística y asumiendo el riesgo para ellas y para su familia”.

En ese contexto surgían diferentes estrategias y se apeló a la creatividad: “Implicaba fragmentar un jabón, compartir la lavandina, prácticas para mitigar el faltante, redes de reciprocidad entre vecinos y parientes, truque, venta de bienes de las casas con el fin de obtener alimentos, armado de grupos de WhatsApp para transmitir información de quién, dónde o cómo se distribuían los bolsones”.

“Parte de la tarea de investigación fue interpretar, se trata de un intercambio, de recibir una asistencia a cambio de un agradecimiento, de una amistad. Intervino la afectividad, esto se destaca, esta idea de cómo voy a dejar solo al barrio, a la familia, cómo no voy a hacerme cargo”.

A partir de las conclusiones del estudio, ¿qué no deberían repetir quienes diseñan las políticas públicas?

Hay una cuestión que atraviesa el trabajo que tiene que ver con el conjunto de organizaciones comunitarias que están desde antes de la pandemia y algunos que surgieron ahora que tienen fuerte presencia en los barrios, conocimiento de las familias. Se vieron un poco desplazados en la toma de decisión sobre como implementar esto, me parece que es necesario tener en cuenta todo este conocimiento de las organizaciones.

“Damos por concluido el debate, el tribunal comienza su etapa de deliberación”, afirmó esta mañana Roberto Amábile, presidente del Tribunal Oral subrogante que juzga a cuatro ex integrantes de la Triple A bahiense.

La lectura del veredicto será el lunes 2 de agosto a las 9, con modalidad presencial, en Colón 80. Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero son los imputados por integrar la asociación ilícita a la que se le atribuyen más de dos decenas de secuestros, torturas y asesinatos.

Este jueves tuvieron oportunidad de decir sus palabras finales, “última expresión posible de autodefensa”. Todos se remitieron a lo dicho por el abogado Gustavo Rodríguez durante el alegato de la defensa oficial.

“Agradezco a las partes por la colaboración prestada para el desarrollo del juicio a pesar de los avatares de público conocimiento, hemos empezado de manera presencia, tuvimos que suspenderlo y retomar de este modo”, dijo Amábile sobre el final de la videoconferencia.

En su alegato, el fiscal Pablo Fermento reclamó condena de prisión perpetua para Aceituno por haber integrado la asociación ilícita y como coautor del homicidio de David “Watu” Cilleruelo. El resto está acusado solamente por el primero de los delitos, por lo cual, requirió 10 años de cárcel.

Fermento pidió al tribunal que todos los actos sean considerados crímenes de lesa humanidad constitutivos de genocidio, que se revoque la prisión domiciliaria de Aceituno y se ordene la detención de los otros tres represores.

En cuanto a la reparación simbólica, planteó que se declaren insalvablemente nulas un conjunto de resoluciones del ex interventor de la UNS, Remus Tetu, y del ex secretario general técnico, Julio César Lemos, y se encomiende a las autoridades actuales que notifiquen a los destinatarios de las cesantías y expulsiones ocurridas en 1975.

Además, acompañó la propuesta de la Comisión por el Reconocimiento Académico post mortem de Cilleruelo y solicitó que las universidades del Sur y del Comahue y las delegaciones de Bahía Blanca y General Pico de la UTN coloquen en espacios de circulación pública referencias históricas sobre la puesta a disposición de sus instalaciones y recursos al servicio del funcionamiento de grupos paraestatales armados y la publicación de la sentencia definitiva de la causa.

Adhirieron desde la querella Mónica Fernández Avello, en representación de la agrupación H.I.J.O.S., y Francisco Fuster por la UNS.

Por su parte, Leandro Aparicio, abogado de la familia de Luis Jesús García, pidió una nueva investigación respecto a “otras personas y otras responsabilidades” y que la sentencia destaque que “que la práctica de amenazar, asesinar y desaparecer adversarios políticos no comenzó el 24 de marzo del 76 sino que se pergeñó e instrumentó a través de distintos documentos durante el gobierno de Juan Domingo Perón y su sucesora María Estela Martínez”. Además, solicitó que el Ministerio de Educación incorpore como efemérides la fecha del 21 de noviembre como recordatorio de las víctimas de la violencia paraestatal, en referencia al atentado sufrido por el ex senador Hipólito Solari Yrigoyen ese día de 1973.

La defensa oficial propuso la absolución de los cuatro imputados y la inmediata libertad de Aceituno, dado que el resto se encuentra excarcelado. Respecto a la acusación por el homicidio de Cilleruelo, requirió subsidiariamente se condene a Aceituno como «cómplice secundario» a la pena máxima de 3 años de prisión en orden al delito de amenazas calificadas por uso de armas y se tenga por purgada la pena con la prisión preventiva que cursa desde 2015.

La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) envió a la Fiscalía un informe sobre los datos obtenidos de los celulares de Mario Gabriel Sosa, Siomara Anyelén Flores, Jana Curuhinca y Alberto González. Habían sido entregados a Gendarmería el 19 de febrero.

En el marco de la causa por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, la justicia aún busca dispositivos utilizados por los agentes involucrados. De hecho, otros tres aparatos fueron secuestrados por orden de la Cámara Federal, en un allanamiento a la vivienda que comparten Flores y Curuhinca en Pradere.

“El diablo en persona”

Según la pericia de la DATIP, del equipo Samsung SM-701M aportado por Sosa se extrajo una tarjeta SIM Claro con una agenda de 99 contactos entre los que se prestó particular atención al de Flores -“Amor”-, al del comisario Luis Alberto Godoy, jefe de turno de la Estación de Policía Comunal Villarino 1° y a otro identificado como “Berrios”.

Roberto Carlos Berrios fue uno de los primeros agentes señalados en el marco de la búsqueda de Facundo por sus antecedentes de hostigamiento contra les pibes del Semillero Cultural.

El subteniente fue trasladado el 8 de julio de 2020 desde la Estación Policial 2° de Mayor Buratovich -donde se desempeñaba desde octubre de 2011- a la Policía de Seguridad Departamental de Bahía Blanca y, una semana después, a la Comisaría 7° bahiense.

Consta en su legajo que está casado con Paola Fabiana Aguilera, oficial de la Unidad de la Policía de Prevención Local (UPPL) de Bahía Blanca, sede de la cual se secuestraron los libros de guardia y el Toyota Etios donde se encontraron restos de una piedra turmalina similar a la del collar de Facundo.

Cristina Castro declaró en septiembre que durante un rastrillaje vio llegar un patrullero desde Médanos, del cual bajaron el comisario Marcos Navarrete y Berrios. “Cuando lo vi le dije a Luciano (Peretto) ‘a mi flaco me lo mataron, me lo mataron acá. Esa persona que viene ahí es el diablo mismo en persona. Es el mismo oficial que ha hostigado y maltratado tantos años a los chicos del Semillero Cultural al que asistía Facundo acá en Pedro Luro’. Se reía y tuvo el descaro de ir a saludarme y darme la mano”.

Recordó que en Luro no tenían dónde denunciar a la Bonaerense “cuando llamaban las mamás que los peques estaban en la comisaría porque Berrios los cagaba a patadas, junto a otro oficial que había en Pedro Luro. Los golpeaba y les decía negros chorros, drogones. Se los subía arriba del patrullero y se los llevaba a la comisaría”. Castro mencionó que el subteniente “fue a la primera persona que apartaron y la llevaron a Bahía Blanca” y que, años atrás, había estado involucrado en otro “incidente feo” con Facundo. A su hijo le tocaron la rueda de atrás de la moto, cayó y lo trasladaron al hospital. La moto quedó intacta y fue levantada por la policía. Cuando la fueron a retirar del corralón “estaba destruida. Toda golpeada y rota por todos lados”.

Respecto al comisario de Médanos, Luis Alberto Godoy, cabe destacar que fue quien tomó testimonios relevantes durante la primera etapa de la causa junto al sargento Dmitrij Janovskis, quien el 8 de mayo de 2020 fue destinado a Origone con Alberto González. Los tres están sospechados de haber manipulado el libro de inspección y visita del Puesto de Vigilancia donde se encontraron el amuleto y otros objetos de Facundo.

¿Dónde están las fotos?

Jana Curuhinca entregó un celular Samsung SM-A605GN del cual no se pudo extraer información porque la pantalla no funcionaba y otro marca XIAOMI Redmi M2003J15SS en el cual, si bien presentó dificultades, se pudo constatar la existencia de imágenes fechadas a partir de agosto de 2020.

“No se encontró ninguna de las cuatro fotos originales que Jana Curuhinca le habría sacado a Facundo José Astudillo Castro el 30/04/2020. En consecuencia, las fotos originales de Facundo y de su DNI, presuntamente tomadas por Curuhinca (y los metadatos que indiquen fecha, hora y eventualmente lugar) aún no han sido halladas”, destacaron los peritos.

Una luz en el camino

Alberto González entregó un celular SAMSUNG SM-G532M con una tarjeta SIM Movistar. El análisis de su contenido permitió identificar otro número de abonado a partir de un testimonio recogido durante el operativo de secuestro de la libreta con anotaciones sobre Facundo y sobre la testigo H.

En otros chats, el policía de Origone coordina un encuentro en su casa del barrio Patagonia Norte con el editor de La Brújula, Germán Sasso, quien le realiza consultas referidas a la zona en la cual detuvo a Facundo. “Muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros. La verdad, fuiste una luz en el camino oscuro que tuvimos”, agradece el Bonaerense a quien “nos pone más inocente”.

Con Sosa coordinan para firmar la designación del abogado del Municipio de Villarino, Sebastián Martínez, como defensor de los cuatro sospechados y la asistencia de un psicólogo a cuenta del gobierno provincial que acerca Federico Montero, delegado del ministro Sergio Berni.

González le cuenta al responsable de La Brújula que había sido citado junto a todos los jefes de dependencia a Médanos donde “Navarrete nos empieza a cagar a pedos”. “Se la agarra conmigo, me dice que yo tenía que saber (…) que él había pasado por ahí, que yo lo tenía que haber visto. Un estúpido Navarrete porque te imaginás no me voy a poner en la ruta a ver quién pasa y quién no pasa”.

Según el policía, relacionó el día con la descripción de Facundo y llamó a su ayudante para que le acerque su libreta. “Yo más que nada para taparle la jeta a Navarrete y le dije ‘ves que me cagás a pedos a mí al pedo si yo tengo acá todo anotado, yo lo paré y tengo todo, es más yo le aviso a Reynoso por teléfono que el pibe iba para Bahía’. Y, claro, ahí se destapa toda la olla, te imaginás, Reynoso quedó como un estúpido (…)”.

A partir de allí, afirma González, lo mandan a declarar a la Ayudantía Fiscal a cargo de Dimas García. “Como que se sacaron un poco el peso ellos de encima, porque hasta ese momento no tenían nada, ninguno. O sea, al ser yo el último que lo para y aportar todos los datos que yo aporto, es como que zafan todos del cuello porque si no estaban todos hasta las manos, tanto Navarrete como Grilloni que era el jefe de Luro. Los cagaban a pedos de la departamental, había un quilombo bárbaro”.

“Después de eso es que me llamaron de Fiscalía y el Fiscal me dijo que con todos los datos que yo tenía, con la libreta, la foto y toda la historia, ‘usted con esto salvó a toda la policía de Villarino’. ‘Lo único que hubiera faltado’, me dijo, ‘era la patente del vehículo que sería la frutilla del postre, pero con esto ya está’”.

Esta última referencia llamó la atención de los peritos informáticos y sumó contradicciones a la coartada de González. En la fotocopia de la hoja de la libreta aportada a la justicia el 2 de julio de 2020 sí está anotada la patente del vehículo en el que la testigo H diría luego haber trasladado a Facundo. En la misma libreta puede leerse arriba del número de chapa “HR-V GRIS”. Sin embargo, el 22 de julio González le dice a Janovskis que él nunca afirmó que Facundo se había ido “en una Honda” sino que “siempre sostuve lo mismo (…) para mí era una Oroch”.

“¿De dónde la vamos a conocer?”

Finalmente, el 14 de julio, con la causa ya en manos de la justicia federal, González chatea con el comisario Reynoso, con quien mantuvo reiteradas comunicaciones el día de la detención y desaparición de Facundo.

En este caso se refieren a la “aparición” de la testigo H, la productora rural cuyo testimonio aportaron los sospechosos Sosa y Flores. La declaración la tomó la Policía Federal y la incorporó al expediente el fiscal Santiago Martínez sin notificar a la querella. La Federal, al igual que la Bonaerense, terminaría apartada de la investigación por reiteradas irregularidades. El fiscal, denunciado y autoexcluido por “violencia moral”.

González afirma que con la testigo “prácticamente, zafamos (…) porque la mina no nos conoce, no tiene ninguna clase de relación con nosotros”. Reynoso responde: “Los de Burato por ahí la conocen, si es que alguna vez la pararon, alguno la puede conocer de ahí, pero nada más. ¿Vos de dónde la vas a conocer? Sos de la otra punta, yo estoy de este lado ¿De dónde la vamos a conocer? Pero bueno, gracias a Dios apareció”.

“Está bueno que (la declaración) no la tomamos nosotros, para que después no digan que la salimos a buscar. Aparentemente llegó una información, se comunicó al Juzgado Federal y una comisión de la Policía Federal, mientras se hacían los rastrillajes”, dice González y se ubica “fuera de sospecha”.

El silencio del jefe

Entre la información obtenida en el celular XIAOMI Redmi M1908C3JG y la tarjeta SIM Claro entregada por Siomara Flores, los técnicos destacaron las referencias a la desinstalación de la aplicación WhatsApp, al intercambio de notas sobre la búsqueda de Facundo con sus hermanas y otros policías y a la preocupación por la salud mental de su hermana Jana.

Son reiterados los mensajes que intercambia con Sasso, a quien, por ejemplo, menciona que los policías que fueron a constatar el domicilio de Facundo luego de su primera detención por infringir el art. 205 habrían sido los oficiales Nadia Soledad Maraz y Marcelo Condori, nombres que no constan en el acta firmada por la oficial inspector Tamara Becerra.

Por otro lado, comenta que el policía que habría parado días antes de la desaparición de Facundo “a la productora rural por un tema de tránsito” fue “Marcelo González” y que desinstaló su WhatsApp el 9 de mayo de 2020 ante supuestas amenazas de dos “malandras” vinculados a robos en la zona.

En un grupo compartido con sus hermanas Jana y Y. comentan notas sobre la desaparición de Facundo al igual que lo hace con su pareja -“Mi hermosito”- Mario Gabriel Sosa.

Al comisario inspector Marcos Navarrete -padre de su hijo y jefe de la Policía de Seguridad Comunal de Villarino- le pregunta si recuerda cuándo había desinstalado su WhatsApp y le pide ayuda para que le saquen el arma a su hermana por la mala situación anímica que atraviesa. Lo mismo hace con el ahora ex jefe de la Estación de Policía Comunal de Villarino 2°, Fernando Gabriel Grilloni, a quien además le pregunta si su hermana podía entregar a la Policía Federal un celular roto que utilizaba “antes que pase esto del chico” para que recuperen los datos y “que sepan que no hicimos nada”. El jefe nunca le responde.

El grupo Abrazo a la Plaza del Sol manifestó que la decisión municipal de pintar murales en la pileta y una de las paredes de la cochera de dicho espacio se hizo “sin realizar ninguna consulta, ni a nuestro grupo, ni a la ciudadanía. Y fue también sin ningún tipo de licitación o concurso. Designaron una artista ‘a dedo'”.

“Luchamos para que no se destruya la plaza, el Municipio se comprometió a hacer algunas reformas. Entre ellas se tapó la pileta, se puso un piso de cemento. Nos había dicho Arrigo Reale que iba a venir una mujer a hacer unos murales, les dije que sería interesante que venga a hablar con nosotros para ver de qué temas. No solo no vino sino que nos encontramos con que esa pileta estaba toda pintada incluso con un discurso con palabras que no tenían nada que ver con el espíritu la plaza”, dijo Mónica Oliver.

Opinó que “es una falta de ética y de democracia. No tengo nada en contra de la chica, se la lleva de manera unipersonal a dedo a hacer un trabajo sin previa consulta con nadie, parece como un paracaidista que cae a la plaza que está llena de gente, de memoria, que tiene 3 nombres, una queda sorprendida de este tipo de intervención, es silenciar a la gente para hacer lo que uno quiere”.

“La joven fue y tapó todas las palabras que había escrito, que para mí son de claro corte neoliberal: la fe, mis padres, dónde está el norte, cuando tenemos un sur que clama. Es una disputa ideológica profunda”, enfatizó Oliver.

Por otro lado, desde la agrupación solicitaron que Concejo Deliberante declare a la plaza Patrimonio Urbanístico y Cultural, solicitud que “se ha perdido en los laberintos municipales”, según informó Oliver.

“Todavía no hemos vencido, hay muchos intereses”, dijo respecto al rechazo al proyecto de cocheras subterráneas. “Hay una licitación para el mercado municipal y está incluida algún tipo de reforma sobre la plaza, hay planes para meter mano. No hay ningún interés en declararlo de interés, todavía siguen vigentes los intereses espurios como por ejemplo la calle Portugal, donde un grupo se quiere quedar con ella para poner sus emprendimientos gastronómicos”, dijo Oliver.

Por último, en referencia a la consulta comunal para modificar el nombre del Parque Campaña del Desierto y la viralización de la propuesta de reemplazarlo por el de Julio A. Roca, opinó que “fue una estrategia de la derecha, ellos sabían que se abría este concurso y empezaron a decir Roca. Es inviable y no creo que la gente de Bahía mayoritariamente quiera ponerle Roca, es justamente lo que queremos dejar atrás”.

“Se debería consultar a los pueblos originarios y me parece que habría que tener un nombre mixto. Estos simulacros democráticos me agotan, hay que dejarnos de paparuchadas”, finalizó.

En los últimos días, la Secretaría de Salud informó en sus partes diarios una disminución en la ocupación de camas de terapia intensiva, la cual hoy se ubica en el 67%. Sin embargo, desde el Hospital Municipal señalan que la demanda es alta y que hay camas que no se pueden utilizar por falta de sedantes para pacientes graves.

“Estamos con una ocupación de camas de terapia del 100% del área Covid, 9 de 9 camas, 8 de 8 en el área no Covid, de las cuales 7 son pacientes recuperados”, detalló a FM De la Calle Gustavo Piñero, director de Atención Hospitalaria del Hospital Municipal.

Destacó que “es cierto que el porcentaje de ocupación de camas haya descendido si uno lo toma como global. Pero a la hora de derivar pacientes a esas camas no se puede acceder por los sedantes y relajantes musculares, que son para que esos pacientes puedan ser dormidos y puestos a respirador”.

El médico afirmó que la cama aparece como vacía pero no está disponible: “Uno quiere derivar pacientes con obra social y tienen la mejor voluntad de tener la cama, tienen personal, pero no pueden acceder a las drogas, nos preocupa a todos como sistema sanitario. Necesitamos que esas camas cuenten con medicación y que podamos resolver la situación y lo que pueda venir ante nuevas variantes”.

“Inicialmente se podía pensar que era faltante de insumo básico con el que se producían estas drogas. Luego los precios exorbitantes, que no tienen explicación lógica, la falta de oferentes en las licitaciones o de compra y la necesidad de cubrirse ciertos proveedores de las formas de pago, hay que pagar de contado. Sumado a que en el caso de hospitales privados no se han actualizado costos, es un cóctel difícil”, sostuvo Piñero en referencia a los motivos del faltante.

Como consecuencia, dijo que tuvieron que “cambiar protocolos de sedación y analgesia. Hubo que hacer una reingeniería, utilizar drogas que no se utilizaban habitualmente y otras que habían sido abandonadas porque salieron nuevas o mejores y que se tuvieron que usar de nuevo, porque con las drogas básicas no se daba a basto”.

“Los pacientes que necesitan ventilación mecánica, necesitan la sedación y relajación para la intubación y después para mantener con injuria pulmonar, con lo cual tiene que estar totalmente entregado al manejo del respirador. A medida que mejora se baja la sedación pero un paciente con Covid grave necesita altísimas dosis de estas drogas”, subrayó.

En relación a la preparación del sistema ante nuevas cepas mencionó que “la situación es sumamente compleja porque el personal está muy agotado. No hemos visto una baja en la guardia, clínica médica está siendo un rol fundamental porque está funcionando como un servicio de camas de intermedia, está completa con 28 pacientes y la guardia, que habitualmente tiene 13 camas, está con 23 pacientes y 8 son Covid”.

“Está muy difícil cubrir médicos de guardia de distintos lugares, prácticamente no se presenta personal para cubrir nuevos puestos, es complejo y va a llevar mucho más tiempo que la recuperación de la pandemia, nos hace repensar el sistema de salud”, dijo.

Piñero destacó las dificultades para “formar un intensivista o emergentólogo, si planteamos un sistema de salud donde se no considere insalubre el trabajo, los incentivos no aparecen, no hay jubilación anticipada, es un panorama complejo”.

Foto: Las vueltas del Covid, HMLL.