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Investigadoras del CONICET analizaron las dinámicas de asistencia territorial en barrios populares bahienses durante los primeros meses de aislamiento sanitario. Las conclusiones fueron publicadas en un libro con otros estudios realizados por especialistas del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur.

“En líneas generales nuestros interlocutores señalan una etapa inicial de caos, desorganización y ausencia por parte de la MBB. Una segunda etapa donde las asociaciones civiles barriales, concejales, ciertos agentes municipales y personas específicas en cada barrio tejieron redes y conformaron circuitos diversos mediante los que direccionaron la gestión de la asistencia. Una tercera etapa en la que ya armado el circuito de asistencia, el Estado municipal asume la coordinación del mismo”, afirma el documento.

Se observó, además, “cómo el reconocimiento por parte de la población respecto de la presencia de las instituciones está fuertemente ligada a la presencia física de las personas que la representan en el territorio, la población reconoce a quienes ponen el cuerpo día a día, más aún en un contexto de crisis como el vivido”.

Los barrios seleccionados fueron Caracol, Latino y Estomba y Villa Harding Green. “Por un lado porque sus condiciones de vida están directamente relacionadas con la necesidad de la asistencia alimentaria en este contexto y son aquellos donde las integrantes del grupo desarrollamos trabajos que nos generaban un conocimiento previo”, dijo a FM De la Calle Florencia Quiroga, integrante del Grupo de Investigaciones Cualitativas y Etnográficas del Sur.

En relación a la entrega de bolsones alimentarios municipales mencionó que observaron, “al inicio, una etapa de caos, de desinformación, de desarticulación. Estaba referenciada con el ASPO, las dependencias municipales fueron cerradas, inclusive las delegaciones que son los lugares donde se distribuyen los bolsones. Generó no saber a dónde ir a buscar ayuda”.

Luego, la Secretaría de Políticas Sociales dispuso un correo electrónico para solicitar bolsones. “En ese entonces fue cuestionada por organizaciones sociales porque generaba barreras al acceso al recurso. Incluso teniendo el medio para comunicarse, después no se sabía qué pasaba o a dónde ir a recibirla. (Las personas entrevistadas) destacan que eso no sirvió, no era acorde a las necesidades de cada persona en los barrios”.

¿Cómo se resolvía la situación por parte de referentes o personas que hacían de puente al momento de entregar mercadería cuando no alcanzaba?

De diferentes maneras, no fue algo regular. Hubo barrios que, pese a estar cerrada la delegación, fue parte del personal de servicio social y asumió la responsabilidad. Fue distinto en otros lugares donde encargadas de merenderos, sociedades de fomento, asumieron rol clave en el armado del listado, la recepción y distribución de bolsones con sus vehículos particulares. Hubo dificultades en la frecuencia porque no se alcanzaba a tener la cantidad de bolsones para los hogares anotados y cuando estaba el bolsón no había regularidad en el contenido, había productos que faltaban.

Quiroga explicó que “la ausencia de regularidad en la entrega generó cierta improvisación en contextos de incertidumbre que profundizó las condiciones de vulnerabilidad”.

“Ante una oferta estatal irregular tuvieron un rol clave las organizaciones sociales, el protagonismo que asumieron mujeres, en esta distribución vemos docentes, porteras, encargadas de comedores, meredenderos, trabajadoras sociales, que estuvieron haciéndose cargo de la logística y asumiendo el riesgo para ellas y para su familia”.

En ese contexto surgían diferentes estrategias y se apeló a la creatividad: “Implicaba fragmentar un jabón, compartir la lavandina, prácticas para mitigar el faltante, redes de reciprocidad entre vecinos y parientes, truque, venta de bienes de las casas con el fin de obtener alimentos, armado de grupos de WhatsApp para transmitir información de quién, dónde o cómo se distribuían los bolsones”.

“Parte de la tarea de investigación fue interpretar, se trata de un intercambio, de recibir una asistencia a cambio de un agradecimiento, de una amistad. Intervino la afectividad, esto se destaca, esta idea de cómo voy a dejar solo al barrio, a la familia, cómo no voy a hacerme cargo”.

A partir de las conclusiones del estudio, ¿qué no deberían repetir quienes diseñan las políticas públicas?

Hay una cuestión que atraviesa el trabajo que tiene que ver con el conjunto de organizaciones comunitarias que están desde antes de la pandemia y algunos que surgieron ahora que tienen fuerte presencia en los barrios, conocimiento de las familias. Se vieron un poco desplazados en la toma de decisión sobre como implementar esto, me parece que es necesario tener en cuenta todo este conocimiento de las organizaciones.

“Damos por concluido el debate, el tribunal comienza su etapa de deliberación”, afirmó esta mañana Roberto Amábile, presidente del Tribunal Oral subrogante que juzga a cuatro ex integrantes de la Triple A bahiense.

La lectura del veredicto será el lunes 2 de agosto a las 9, con modalidad presencial, en Colón 80. Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero son los imputados por integrar la asociación ilícita a la que se le atribuyen más de dos decenas de secuestros, torturas y asesinatos.

Este jueves tuvieron oportunidad de decir sus palabras finales, “última expresión posible de autodefensa”. Todos se remitieron a lo dicho por el abogado Gustavo Rodríguez durante el alegato de la defensa oficial.

“Agradezco a las partes por la colaboración prestada para el desarrollo del juicio a pesar de los avatares de público conocimiento, hemos empezado de manera presencia, tuvimos que suspenderlo y retomar de este modo”, dijo Amábile sobre el final de la videoconferencia.

En su alegato, el fiscal Pablo Fermento reclamó condena de prisión perpetua para Aceituno por haber integrado la asociación ilícita y como coautor del homicidio de David “Watu” Cilleruelo. El resto está acusado solamente por el primero de los delitos, por lo cual, requirió 10 años de cárcel.

Fermento pidió al tribunal que todos los actos sean considerados crímenes de lesa humanidad constitutivos de genocidio, que se revoque la prisión domiciliaria de Aceituno y se ordene la detención de los otros tres represores.

En cuanto a la reparación simbólica, planteó que se declaren insalvablemente nulas un conjunto de resoluciones del ex interventor de la UNS, Remus Tetu, y del ex secretario general técnico, Julio César Lemos, y se encomiende a las autoridades actuales que notifiquen a los destinatarios de las cesantías y expulsiones ocurridas en 1975.

Además, acompañó la propuesta de la Comisión por el Reconocimiento Académico post mortem de Cilleruelo y solicitó que las universidades del Sur y del Comahue y las delegaciones de Bahía Blanca y General Pico de la UTN coloquen en espacios de circulación pública referencias históricas sobre la puesta a disposición de sus instalaciones y recursos al servicio del funcionamiento de grupos paraestatales armados y la publicación de la sentencia definitiva de la causa.

Adhirieron desde la querella Mónica Fernández Avello, en representación de la agrupación H.I.J.O.S., y Francisco Fuster por la UNS.

Por su parte, Leandro Aparicio, abogado de la familia de Luis Jesús García, pidió una nueva investigación respecto a “otras personas y otras responsabilidades” y que la sentencia destaque que “que la práctica de amenazar, asesinar y desaparecer adversarios políticos no comenzó el 24 de marzo del 76 sino que se pergeñó e instrumentó a través de distintos documentos durante el gobierno de Juan Domingo Perón y su sucesora María Estela Martínez”. Además, solicitó que el Ministerio de Educación incorpore como efemérides la fecha del 21 de noviembre como recordatorio de las víctimas de la violencia paraestatal, en referencia al atentado sufrido por el ex senador Hipólito Solari Yrigoyen ese día de 1973.

La defensa oficial propuso la absolución de los cuatro imputados y la inmediata libertad de Aceituno, dado que el resto se encuentra excarcelado. Respecto a la acusación por el homicidio de Cilleruelo, requirió subsidiariamente se condene a Aceituno como «cómplice secundario» a la pena máxima de 3 años de prisión en orden al delito de amenazas calificadas por uso de armas y se tenga por purgada la pena con la prisión preventiva que cursa desde 2015.

La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) envió a la Fiscalía un informe sobre los datos obtenidos de los celulares de Mario Gabriel Sosa, Siomara Anyelén Flores, Jana Curuhinca y Alberto González. Habían sido entregados a Gendarmería el 19 de febrero.

En el marco de la causa por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, la justicia aún busca dispositivos utilizados por los agentes involucrados. De hecho, otros tres aparatos fueron secuestrados por orden de la Cámara Federal, en un allanamiento a la vivienda que comparten Flores y Curuhinca en Pradere.

“El diablo en persona”

Según la pericia de la DATIP, del equipo Samsung SM-701M aportado por Sosa se extrajo una tarjeta SIM Claro con una agenda de 99 contactos entre los que se prestó particular atención al de Flores -“Amor”-, al del comisario Luis Alberto Godoy, jefe de turno de la Estación de Policía Comunal Villarino 1° y a otro identificado como “Berrios”.

Roberto Carlos Berrios fue uno de los primeros agentes señalados en el marco de la búsqueda de Facundo por sus antecedentes de hostigamiento contra les pibes del Semillero Cultural.

El subteniente fue trasladado el 8 de julio de 2020 desde la Estación Policial 2° de Mayor Buratovich -donde se desempeñaba desde octubre de 2011- a la Policía de Seguridad Departamental de Bahía Blanca y, una semana después, a la Comisaría 7° bahiense.

Consta en su legajo que está casado con Paola Fabiana Aguilera, oficial de la Unidad de la Policía de Prevención Local (UPPL) de Bahía Blanca, sede de la cual se secuestraron los libros de guardia y el Toyota Etios donde se encontraron restos de una piedra turmalina similar a la del collar de Facundo.

Cristina Castro declaró en septiembre que durante un rastrillaje vio llegar un patrullero desde Médanos, del cual bajaron el comisario Marcos Navarrete y Berrios. “Cuando lo vi le dije a Luciano (Peretto) ‘a mi flaco me lo mataron, me lo mataron acá. Esa persona que viene ahí es el diablo mismo en persona. Es el mismo oficial que ha hostigado y maltratado tantos años a los chicos del Semillero Cultural al que asistía Facundo acá en Pedro Luro’. Se reía y tuvo el descaro de ir a saludarme y darme la mano”.

Recordó que en Luro no tenían dónde denunciar a la Bonaerense “cuando llamaban las mamás que los peques estaban en la comisaría porque Berrios los cagaba a patadas, junto a otro oficial que había en Pedro Luro. Los golpeaba y les decía negros chorros, drogones. Se los subía arriba del patrullero y se los llevaba a la comisaría”. Castro mencionó que el subteniente “fue a la primera persona que apartaron y la llevaron a Bahía Blanca” y que, años atrás, había estado involucrado en otro “incidente feo” con Facundo. A su hijo le tocaron la rueda de atrás de la moto, cayó y lo trasladaron al hospital. La moto quedó intacta y fue levantada por la policía. Cuando la fueron a retirar del corralón “estaba destruida. Toda golpeada y rota por todos lados”.

Respecto al comisario de Médanos, Luis Alberto Godoy, cabe destacar que fue quien tomó testimonios relevantes durante la primera etapa de la causa junto al sargento Dmitrij Janovskis, quien el 8 de mayo de 2020 fue destinado a Origone con Alberto González. Los tres están sospechados de haber manipulado el libro de inspección y visita del Puesto de Vigilancia donde se encontraron el amuleto y otros objetos de Facundo.

¿Dónde están las fotos?

Jana Curuhinca entregó un celular Samsung SM-A605GN del cual no se pudo extraer información porque la pantalla no funcionaba y otro marca XIAOMI Redmi M2003J15SS en el cual, si bien presentó dificultades, se pudo constatar la existencia de imágenes fechadas a partir de agosto de 2020.

“No se encontró ninguna de las cuatro fotos originales que Jana Curuhinca le habría sacado a Facundo José Astudillo Castro el 30/04/2020. En consecuencia, las fotos originales de Facundo y de su DNI, presuntamente tomadas por Curuhinca (y los metadatos que indiquen fecha, hora y eventualmente lugar) aún no han sido halladas”, destacaron los peritos.

Una luz en el camino

Alberto González entregó un celular SAMSUNG SM-G532M con una tarjeta SIM Movistar. El análisis de su contenido permitió identificar otro número de abonado a partir de un testimonio recogido durante el operativo de secuestro de la libreta con anotaciones sobre Facundo y sobre la testigo H.

En otros chats, el policía de Origone coordina un encuentro en su casa del barrio Patagonia Norte con el editor de La Brújula, Germán Sasso, quien le realiza consultas referidas a la zona en la cual detuvo a Facundo. “Muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros. La verdad, fuiste una luz en el camino oscuro que tuvimos”, agradece el Bonaerense a quien “nos pone más inocente”.

Con Sosa coordinan para firmar la designación del abogado del Municipio de Villarino, Sebastián Martínez, como defensor de los cuatro sospechados y la asistencia de un psicólogo a cuenta del gobierno provincial que acerca Federico Montero, delegado del ministro Sergio Berni.

González le cuenta al responsable de La Brújula que había sido citado junto a todos los jefes de dependencia a Médanos donde “Navarrete nos empieza a cagar a pedos”. “Se la agarra conmigo, me dice que yo tenía que saber (…) que él había pasado por ahí, que yo lo tenía que haber visto. Un estúpido Navarrete porque te imaginás no me voy a poner en la ruta a ver quién pasa y quién no pasa”.

Según el policía, relacionó el día con la descripción de Facundo y llamó a su ayudante para que le acerque su libreta. “Yo más que nada para taparle la jeta a Navarrete y le dije ‘ves que me cagás a pedos a mí al pedo si yo tengo acá todo anotado, yo lo paré y tengo todo, es más yo le aviso a Reynoso por teléfono que el pibe iba para Bahía’. Y, claro, ahí se destapa toda la olla, te imaginás, Reynoso quedó como un estúpido (…)”.

A partir de allí, afirma González, lo mandan a declarar a la Ayudantía Fiscal a cargo de Dimas García. “Como que se sacaron un poco el peso ellos de encima, porque hasta ese momento no tenían nada, ninguno. O sea, al ser yo el último que lo para y aportar todos los datos que yo aporto, es como que zafan todos del cuello porque si no estaban todos hasta las manos, tanto Navarrete como Grilloni que era el jefe de Luro. Los cagaban a pedos de la departamental, había un quilombo bárbaro”.

“Después de eso es que me llamaron de Fiscalía y el Fiscal me dijo que con todos los datos que yo tenía, con la libreta, la foto y toda la historia, ‘usted con esto salvó a toda la policía de Villarino’. ‘Lo único que hubiera faltado’, me dijo, ‘era la patente del vehículo que sería la frutilla del postre, pero con esto ya está’”.

Esta última referencia llamó la atención de los peritos informáticos y sumó contradicciones a la coartada de González. En la fotocopia de la hoja de la libreta aportada a la justicia el 2 de julio de 2020 sí está anotada la patente del vehículo en el que la testigo H diría luego haber trasladado a Facundo. En la misma libreta puede leerse arriba del número de chapa “HR-V GRIS”. Sin embargo, el 22 de julio González le dice a Janovskis que él nunca afirmó que Facundo se había ido “en una Honda” sino que “siempre sostuve lo mismo (…) para mí era una Oroch”.

“¿De dónde la vamos a conocer?”

Finalmente, el 14 de julio, con la causa ya en manos de la justicia federal, González chatea con el comisario Reynoso, con quien mantuvo reiteradas comunicaciones el día de la detención y desaparición de Facundo.

En este caso se refieren a la “aparición” de la testigo H, la productora rural cuyo testimonio aportaron los sospechosos Sosa y Flores. La declaración la tomó la Policía Federal y la incorporó al expediente el fiscal Santiago Martínez sin notificar a la querella. La Federal, al igual que la Bonaerense, terminaría apartada de la investigación por reiteradas irregularidades. El fiscal, denunciado y autoexcluido por “violencia moral”.

González afirma que con la testigo “prácticamente, zafamos (…) porque la mina no nos conoce, no tiene ninguna clase de relación con nosotros”. Reynoso responde: “Los de Burato por ahí la conocen, si es que alguna vez la pararon, alguno la puede conocer de ahí, pero nada más. ¿Vos de dónde la vas a conocer? Sos de la otra punta, yo estoy de este lado ¿De dónde la vamos a conocer? Pero bueno, gracias a Dios apareció”.

“Está bueno que (la declaración) no la tomamos nosotros, para que después no digan que la salimos a buscar. Aparentemente llegó una información, se comunicó al Juzgado Federal y una comisión de la Policía Federal, mientras se hacían los rastrillajes”, dice González y se ubica “fuera de sospecha”.

El silencio del jefe

Entre la información obtenida en el celular XIAOMI Redmi M1908C3JG y la tarjeta SIM Claro entregada por Siomara Flores, los técnicos destacaron las referencias a la desinstalación de la aplicación WhatsApp, al intercambio de notas sobre la búsqueda de Facundo con sus hermanas y otros policías y a la preocupación por la salud mental de su hermana Jana.

Son reiterados los mensajes que intercambia con Sasso, a quien, por ejemplo, menciona que los policías que fueron a constatar el domicilio de Facundo luego de su primera detención por infringir el art. 205 habrían sido los oficiales Nadia Soledad Maraz y Marcelo Condori, nombres que no constan en el acta firmada por la oficial inspector Tamara Becerra.

Por otro lado, comenta que el policía que habría parado días antes de la desaparición de Facundo “a la productora rural por un tema de tránsito” fue “Marcelo González” y que desinstaló su WhatsApp el 9 de mayo de 2020 ante supuestas amenazas de dos “malandras” vinculados a robos en la zona.

En un grupo compartido con sus hermanas Jana y Y. comentan notas sobre la desaparición de Facundo al igual que lo hace con su pareja -“Mi hermosito”- Mario Gabriel Sosa.

Al comisario inspector Marcos Navarrete -padre de su hijo y jefe de la Policía de Seguridad Comunal de Villarino- le pregunta si recuerda cuándo había desinstalado su WhatsApp y le pide ayuda para que le saquen el arma a su hermana por la mala situación anímica que atraviesa. Lo mismo hace con el ahora ex jefe de la Estación de Policía Comunal de Villarino 2°, Fernando Gabriel Grilloni, a quien además le pregunta si su hermana podía entregar a la Policía Federal un celular roto que utilizaba “antes que pase esto del chico” para que recuperen los datos y “que sepan que no hicimos nada”. El jefe nunca le responde.

El grupo Abrazo a la Plaza del Sol manifestó que la decisión municipal de pintar murales en la pileta y una de las paredes de la cochera de dicho espacio se hizo “sin realizar ninguna consulta, ni a nuestro grupo, ni a la ciudadanía. Y fue también sin ningún tipo de licitación o concurso. Designaron una artista ‘a dedo'”.

“Luchamos para que no se destruya la plaza, el Municipio se comprometió a hacer algunas reformas. Entre ellas se tapó la pileta, se puso un piso de cemento. Nos había dicho Arrigo Reale que iba a venir una mujer a hacer unos murales, les dije que sería interesante que venga a hablar con nosotros para ver de qué temas. No solo no vino sino que nos encontramos con que esa pileta estaba toda pintada incluso con un discurso con palabras que no tenían nada que ver con el espíritu la plaza”, dijo Mónica Oliver.

Opinó que “es una falta de ética y de democracia. No tengo nada en contra de la chica, se la lleva de manera unipersonal a dedo a hacer un trabajo sin previa consulta con nadie, parece como un paracaidista que cae a la plaza que está llena de gente, de memoria, que tiene 3 nombres, una queda sorprendida de este tipo de intervención, es silenciar a la gente para hacer lo que uno quiere”.

“La joven fue y tapó todas las palabras que había escrito, que para mí son de claro corte neoliberal: la fe, mis padres, dónde está el norte, cuando tenemos un sur que clama. Es una disputa ideológica profunda”, enfatizó Oliver.

Por otro lado, desde la agrupación solicitaron que Concejo Deliberante declare a la plaza Patrimonio Urbanístico y Cultural, solicitud que “se ha perdido en los laberintos municipales”, según informó Oliver.

“Todavía no hemos vencido, hay muchos intereses”, dijo respecto al rechazo al proyecto de cocheras subterráneas. “Hay una licitación para el mercado municipal y está incluida algún tipo de reforma sobre la plaza, hay planes para meter mano. No hay ningún interés en declararlo de interés, todavía siguen vigentes los intereses espurios como por ejemplo la calle Portugal, donde un grupo se quiere quedar con ella para poner sus emprendimientos gastronómicos”, dijo Oliver.

Por último, en referencia a la consulta comunal para modificar el nombre del Parque Campaña del Desierto y la viralización de la propuesta de reemplazarlo por el de Julio A. Roca, opinó que “fue una estrategia de la derecha, ellos sabían que se abría este concurso y empezaron a decir Roca. Es inviable y no creo que la gente de Bahía mayoritariamente quiera ponerle Roca, es justamente lo que queremos dejar atrás”.

“Se debería consultar a los pueblos originarios y me parece que habría que tener un nombre mixto. Estos simulacros democráticos me agotan, hay que dejarnos de paparuchadas”, finalizó.

En los últimos días, la Secretaría de Salud informó en sus partes diarios una disminución en la ocupación de camas de terapia intensiva, la cual hoy se ubica en el 67%. Sin embargo, desde el Hospital Municipal señalan que la demanda es alta y que hay camas que no se pueden utilizar por falta de sedantes para pacientes graves.

“Estamos con una ocupación de camas de terapia del 100% del área Covid, 9 de 9 camas, 8 de 8 en el área no Covid, de las cuales 7 son pacientes recuperados”, detalló a FM De la Calle Gustavo Piñero, director de Atención Hospitalaria del Hospital Municipal.

Destacó que “es cierto que el porcentaje de ocupación de camas haya descendido si uno lo toma como global. Pero a la hora de derivar pacientes a esas camas no se puede acceder por los sedantes y relajantes musculares, que son para que esos pacientes puedan ser dormidos y puestos a respirador”.

El médico afirmó que la cama aparece como vacía pero no está disponible: “Uno quiere derivar pacientes con obra social y tienen la mejor voluntad de tener la cama, tienen personal, pero no pueden acceder a las drogas, nos preocupa a todos como sistema sanitario. Necesitamos que esas camas cuenten con medicación y que podamos resolver la situación y lo que pueda venir ante nuevas variantes”.

“Inicialmente se podía pensar que era faltante de insumo básico con el que se producían estas drogas. Luego los precios exorbitantes, que no tienen explicación lógica, la falta de oferentes en las licitaciones o de compra y la necesidad de cubrirse ciertos proveedores de las formas de pago, hay que pagar de contado. Sumado a que en el caso de hospitales privados no se han actualizado costos, es un cóctel difícil”, sostuvo Piñero en referencia a los motivos del faltante.

Como consecuencia, dijo que tuvieron que “cambiar protocolos de sedación y analgesia. Hubo que hacer una reingeniería, utilizar drogas que no se utilizaban habitualmente y otras que habían sido abandonadas porque salieron nuevas o mejores y que se tuvieron que usar de nuevo, porque con las drogas básicas no se daba a basto”.

“Los pacientes que necesitan ventilación mecánica, necesitan la sedación y relajación para la intubación y después para mantener con injuria pulmonar, con lo cual tiene que estar totalmente entregado al manejo del respirador. A medida que mejora se baja la sedación pero un paciente con Covid grave necesita altísimas dosis de estas drogas”, subrayó.

En relación a la preparación del sistema ante nuevas cepas mencionó que “la situación es sumamente compleja porque el personal está muy agotado. No hemos visto una baja en la guardia, clínica médica está siendo un rol fundamental porque está funcionando como un servicio de camas de intermedia, está completa con 28 pacientes y la guardia, que habitualmente tiene 13 camas, está con 23 pacientes y 8 son Covid”.

“Está muy difícil cubrir médicos de guardia de distintos lugares, prácticamente no se presenta personal para cubrir nuevos puestos, es complejo y va a llevar mucho más tiempo que la recuperación de la pandemia, nos hace repensar el sistema de salud”, dijo.

Piñero destacó las dificultades para “formar un intensivista o emergentólogo, si planteamos un sistema de salud donde se no considere insalubre el trabajo, los incentivos no aparecen, no hay jubilación anticipada, es un panorama complejo”.

Foto: Las vueltas del Covid, HMLL.

El Municipio habilitó una consulta en redes sociales para elegir un nuevo nombre para el Parque Campaña al Desierto. En las primeras horas se viralizó la alternativa de “Julio Argentino Roca”, impulsor del genocidio indígena.

Desde la organización mapuche Kumelen Newen Mapu y el Colectivo de Estudios e Investigaciones Sociales (CEISO) repudiaron dicha propuesta. Según requisitos, “no está permitido ninguna denominación que haga referencia a expresiones xenófobas, racistas, machistas o discriminatorias. Ni denominaciones contrarias a los valores democráticos, a la paz y los derechos humanos. O que signifiquen una reivindicación de hechos violentos o una ofensa a cualquier persona o grupo de personas”.

“Quedé consternada cuando me hicieron llegar la noticia. Los nombres de los lugares públicos, en mayor o menor medida, pasan a ser una referencia e identificación que con el tiempo se va a consustanciando en la vida cotidiana. La información es indispensable para que se permita identificar debidamente el hecho o la persona que se hace referencia, ya el nombre que tiene es perverso pero que se llame Roca sería terrible”, dijo a FM De la Calle, Fabiana Méndez, integrante de Kumelen.

Noelia Quiñelaf agregó que “compartimos la necesidad de cambiarle el nombre porque Campaña al Desierto es terrible pero Roca sigue reivindicando ese proceso de genocidio. La propuesta aclara que no se puede elegir nombres de personas que se hayan desempeñado sobre gobiernos de facto o expresiones racistas. Es seguir negando la historia y la mirada y vivencia de los pueblos originarios, negando el genocidio, el saqueo de las extensiones de tierra tomadas para la propiedad privada”.

Recordó que el debate se da en el marco de las declaraciones del presidente respecto a “que los argentinos venimos de los barcos en los días que se produjo la caminata de mujeres originarias contra el terricidio”.

Méndez contó que informaron a otras organizaciones como la Mesa de Educación Intercultural de la Provincia de Buenos Aires. “Nos vamos a asesorar y probablemente presentemos un escrito porque si no seguimos teniendo esta visión histórica sesgada”.

“La idea de desierto sin población humana no es una posibilidad”

Natalia Boffa, coordinadora del Colectivo de Estudios e Investigaciones Sociales, dijo que lo sucedido “nos hizo pensar que la política de la etapa del genocidio está totalmente naturalizada, como que no es un hecho de violencia o racista. Se puede pensar que hay un desconocimiento pero tiene dos caras, la ignorancia y el desconocimiento como no reconocimiento de otras historias de pueblos violentados en ese proceso genocida”.

“En el barrio Patagonia la escuela primaria se llama Campaña del Desierto también y está rodeada de calles con nombres mapuches, de lonkos, hay una contradicción. Además de eso, en la ciudad han ocurrido atentados del tipo racistas o panfletarios. La idea del repudio es hacer visible los comentarios que empezaron a surgir en la encuesta”, dijo.

Boffa mencionó que “esto refleja cierta legitimación de la violencia estatal, el proceso genocida ‘fue un proceso necesario’, ‘sin ese proceso no existiría Bahía Blanca’ , lo nombran a Roca como el gran estratega de la formación del país. Nace Bahía Blanca, según esos comentarios, a partir de esa acción de violencia, eso desconoce la historia de los siglos de poblaciones que han vivido en esta región cuyo testimonio más concreto son las huellas de Pehuen Co. Algo existiría, no sé si Bahía Blanca tal cual hoy, pero la idea de desierto sin población humana no es una posibilidad”.

La historiadora destacó que “una vez que empieza la etapa colonial empieza la política de acuerdos y tratados, era un corredor comercial, generaron un proceso de frontera que se extendió sobre la época independentista y republicana, era un espacio en sí mismo. Los malones tienen su propio sentido, los acuerdos eran incumplidos y el malón era una especie de acción compensatoria. Se desconoce totalmente toda esa complejidad la historia de esta región”.

“Por otro lado se instala como que la idea de que la historia oficial es la historia verdadera, que no hay que borrar. Es parte de la historia, pero en lugar de homenajear a Roca habría que construir un lugar donde se visibilice esta violencia y se revalorice la participación cultural que tiene este territorio”, finalizó Boffa.

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal confirmó la condena al secretario general de la UTA, Ricardo Pera, por las lesiones leves y amenazas proferidas a Sergio Massarella y Gustavo Mandará.  Los hechos ocurrieron en 2015, durante un cuarto intermedio de la Asamblea de Mayores Contribuyentes del Concejo Deliberante.

El fallo rechaza las quejas de la defensa, a cargo de Sebastián Martínez, las cuales apuntaron a la prescripción de la causa, el estado de salud del imputado y la valoración de los testimonios.

La resolución de la Sala II -compuesta por Guillermo Emir Rodríguez, Alfredo Hernán Mones Ruiz y Guillermo Federico Petersen- confirma la pena a un año y diez meses de prisión dictada por el juez en lo Correccional Nº 1, Gabriel Giuliani.

En mayo, el fiscal Juan Pablo Schmidt solicitó la elevación a juicio oral de otra causa que tiene al ex concejal del Frente Renovador como protagonista, en ese caso imputado por amenazar y provocar lesiones leves a su ex pareja. La defensa se opuso y ahora debe definir la jueza de Garantías Claudia Olivera.

En cuanto a la prescripción de los delitos ocurridos en el HCD, el fallo remite a la ley 25.188, la cual establece que “también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubieren participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público”. En el caso de Pera, destitución y reposición en el cargo de por medio, terminó su mandato el día 10 de diciembre de 2017.

Respecto a la supuesta inimputabilidad del ex concejal al momento del juicio, la Cámara afirma que “la incomparecencia del procesado a la Asesoría Pericial denota una falta de colaboración para que se pueda llevar a cabo la pericia, y al no existir otras constancias probatorias que constaten la mentada incapacidad procesal, debe inferirse a ese momento la capacidad procesal de Pera para asistir e intervenir activamente en el debate”.

El tribunal destacó la fundamentación de la sentencia de Giuliani respecto al análisis de las pericias médicas y las declaraciones de las víctimas y de Pablo Rosenfelt, José Antonio Vidal y María Florencia De Caso Dupont. “No se puede poner en tela de juicio la credibilidad de tales testimonios por las circunstancias de compartir un mismo espacio político, aun dando por cierto que tengan una relación cercana a la amistad y/o dependencia”, aseguró Mones Ruiz.

En referencia a las amenazas recibidas por Massarella, el juez manifestó que “resulta grave objetivamente, ya que en el contexto histórico en que se produjo tuvo la entidad necesaria para atemorizar a la víctima; máxime si tenemos presente la conducta de Pera -que sin discusión previa, en forma intempestiva, profiere el giro lingüístico amenazante: ‘a vos te voy a matar, sos un hijo de puta, cagón'”.

“Le pregunté qué pasaba, quedamos más próximos. Me pegó un cabezazo en el ojo izquierdo y cuando me doy vuelta veo a Mandará y cuando me acerco veo que le estaba pateando. A Pera lo saca Morini. (…) A mí me intimidaron, sentí miedo por la forma, la virulencia con que me dijeron las cosas. Fue el primer día que sentí miedo ya que estaba ante una persona que era capaz de hacer cualquier cosa. Yo soy una persona tranquila, sí con debates o diferencias políticas. La situación alteró mi vida, tuve y tengo miedo, porque vi una persona capaz de cualquier cosa. Pedí que mis hijos tuvieran presencia policial en su casa. ‘Qué casualidad que a meses de ocurrido este hecho me prenden fuego una casa que tenía en Monte Hermoso'”, declaró Massarella en el juicio.

Por último, los camaristas reafirmaron los agravantes por la condición de funcionario público de Pera y por haber cometido los delitos en el Concejo Deliberante. El dirigente de la UTA no solo vulneró “la integridad física de las personas y la libertad”, también lesionó “la confianza pública, lo cual de alguna manera evidencia el efecto nocivo que provocan en la sociedad tales circunstancias, en relación a la legitimidad de las instituciones públicas, lo que implica, en el caso, un mayor grado de culpabilidad”.

La Asociación Viviendo con Extrofia (VIVEX), red que acompaña a pacientes y familias que viven con extrofia de vejiga y cloaca, lanzó su primera campaña de socios.

Se trata de una patología congénita con una incidencia de 1 en 80.000 nacidos vivos, que produce un defecto en el desarrollo de la vejiga, los genitales y la pelvis ósea, de línea media, desde el ombligo hacia abajo. Por su parte, la extrofia cloacal es de vejiga pero suma ano imperforado. En ambas versiones demanda muchos ingresos al quirófano.

En Bahía Blanca se registra el caso de una niña de 7 años. “Necesitamos difundir la patología, llegar a médicos, pediatras, ecografístas, ginecólogos, para que cuando se topen con uno no digan ‘no lo vi nunca, quedáte tranquilo y cuando nace vemos’, que entiendan que esa familia necesita una organización y estar bien para la llegada de este bebé que implica mucho estrés”, dijo Marianela Salvatore, madre de Olivia y representante local de Vivex.

La asociación organizó en marzo el primer webinar internacional que reunió a profesionales, familiares, y pacientes. En aquella ocasión, Salvatore destacó en diálogo con FM De la Calle: “Tuve suerte que me detectaron la extrofia de Olivia por medio de una ecografía de control al quinto mes de embarazo, la gran mayoría de los casos no se puede detectar porque siempre se mira el sexo del bebé y no otras cosas como la vejiga. La mayoría de los papás se encuentra con esta sorpresa cuando nace y es muy complicado porque no estás preparado y no sabés para dónde salir”.

-Vivex es una experiencia reciente. ¿Cuándo nació Oli qué implicó esa búsqueda? ¿Hubo médicos que supieran explicarles lo que estaba pasando? 

Si bien pudimos registrarnos este año en Vivex, estamos juntos hace casi 8 o 9, éramos un grupo de Facebook cerrado. En la parte médica, la chica que me hizo la ecografía fue la primera que me lo diagnosticó a pesar de que el ginecólogo me dijo que era muy osada con un diagnóstico tan raro.

Llegue a casa y googlé esa palabra que jamás había escuchado, vi fotos terribles. Me contacté con la pediatra de mis hijos, tampoco conocía la patología salvo por bibliografía. Me contactaron con la nefróloga Laura Alconcher, me pudo explicar de qué se trataba y me derivó con Lisando Piaggio que es urólogo bahiense y médico de Olivia hace 8 años. Se formó en Estados Unidos y había visto casos de extrofia, Oli es su primer caso.

Tuvimos oportunidad de viajar a Buenos Aires a conocer otros urólogos pero, por la simple razón de que en casa tenemos dos nenes más y viajar implicaba vivir allá, decidimos quedarnos. Fue de las mejores decisiones porque ha acompañado a Olivia con una altura increíble, de manera profesional y humana. Esta patología necesita eso porque los nenes se exponen en los primeros años de vida a continuas cirugías y tienen que crear un lazo con su médico para que no sea todo tan agresivo. Oli pasó por 16 quirófanos y 9 cirugías.

-Imagino que fueron situaciones muy diferentes entre que nació y fue tomando conciencia de lo que le sucedía.

Cuando era chiquita la llevábamos, la operábamos y salía triunfante. A medida que fue creciendo, cada vez costó más porque ya entendía lo que pasaba y ahí es cuando necesita un psicólogo, ella tiene una ludo terapeuta que la ayuda mucho. Hay que tener en cuenta que los nenes deciden y entienden todo y necesitan que les expliquen y los tengan en cuenta porque exponen su cuerpo, saben que van a pasar dolor y a veces no podés solo como familia, necesitás mucho apoyo.

-¿Cómo es el vínculo que logró con el médico?

El prequirúrgico que le hace es sentarse con ella una hora, dibujarle todo lo que va a pasar dentro de su panza y cómo va a salir. Eso vale oro para una mamá, como la ayuda de su psicóloga y su ludo terapeuta, la extrofia necesita ese compromiso por parte de todos.

-¿Cómo es la experiencia de Oli en el ámbito educativo?

Hemos tenido mucha suerte. Oli fue al Jardín 914 y siempre estuvieron predispuestos a acompañarlos. Pasó su salita de cuatro entre quirófano y quirófano y tuvimos una maestra que fue un amor, la acompañó con banderas, videollamadas, los nenes con mensajitos hermosos.

El primer grado fue pandémico así que no pudo ir pero seguimos en la escuela pública donde su maestra pone mucho para hacerla sentir bien, hay baño apto para que ella pueda llevar su bolsito para hacerse cateterismo intermitente.

Ella lo toma con normalidad, generamos que se pueda manejar en la vida igual que cualquiera. La dra. Alconcher nos dijo que su problema está dentro del pañal y cuando sea grande dentro del baño, después su vida es normal. Fue un consejo muy bueno que me dio y lo pudimos tomar como familia.

-Ustedes se preocupan por lo que viene pero para ella es la normalidad que va construyendo.

Exactamente, siempre tenemos ese miedo y es acompañarla. Ellos van, ponen el cuerpo, aguantan un poco el dolor y salen victoriosos de cada quirófano. Como papás acompañamos eso, no podés hacerlo ni triste, ni mal ni angustiado, hay que estar a su altura.

-¿Las intervenciones tienen que ver con el crecimiento o son durante toda la vida?

La extrofia, aparte de ser atípica, tiene que no hay un caso igual. Cada nene que nace es una nueva aventura para el urólogo. Si bien se intenta que cuando lleguen a primer grado tengan continencia urinaria y fecal, cada nene tiene su tiempo. Menos de ocho cirugías no son.

-¿Cómo es el paso de la atención de la pediatría al paciente adulto?

No todo urólogo es apto para tratar extrofia. Eso es importante saberlo porque hubo casos donde se tomaron malas decisiones que tuvieron que caer en manos de cirujanos especializados que cuestan tres veces más solucionar. Eso pasa mucho cuando no hay un diagnóstico prenatal, el nene nace y los médicos se asustan y derivan para cualquier lado.

El tema es que a partir de los 16 años, ya adolescentes, el urólogo pediatra los pasa a uno de adultos que encuentra a un nene que tuvo 20 cirugías es su panza y la verdad es que los chicos tienen toda la atención en la primera etapa de la vida y cuando llegan a la adultez se quedan huérfanos de médico. No hay urólogos, no hay nefrólogos, no hay ginecólogos que sepan y atiendan a las chicas que quieren ser mamás. Pasa en Bahía, en Buenos Aires y en Estados Unidos.

-¿Cómo es la cobertura por parte de las obras sociales?

Generalmente cuesta. La extrofia recién el año pasado entró entre las enfermedades poco frecuentes, no había un código. Con las prepagas o las sindicales tenés que pelear mucho para que entiendan que son tratamientos prolongados, que necesitás sondas carísimas, prótesis, las cosas que te pide el médico.

Es muy importante conseguir el certificado de discapacidad. Es ni más ni menos que una palabra que no te frena ni te limita. Es una herramienta súper útil para generar igualdad de condiciones, si tuviéramos que pagar las sondas de Olivia sería imposible, pero teniendo el certificado la obra social te las tiene que garantizar.

Ahora, al ser una asociación, empezamos a vincularnos, conseguimos una abogada en discapacidad para asesorarnos, tenemos mucha relación con el urólogo Javier Ruiz del Garrahan y nos dice que han dejado de hacer cirugías porque saben que los padres no pueden afrontar lo que viene después, lo que necesitás para la vida de ese nene. No es justo. 

-¿Cómo fue el caso de Celeste, la niña de Mendoza que nació en una familia sin recursos?

Éramos un grupo de Facebook, llegó el caso por la Asociación Española Asexvede y fue el por qué nació Vivex. Llegó la noticia y Male Otamendi, la fundadora, con el vicepresidente, Fernando Rodele, se pagaron un avión y fueron a Mendoza.

Llegaron al intendente, quien se comprometió a darles una casa y cumplió -cosa que nos sorprendió-, hablaron con los médicos del hospital y los comprometieron con un tratamiento. La casa de Celeste está en cercanías del hospital. Es una nena hermosa que necesita estar bien, tener una vejiga ampliada, ir a la escuela sin tener cuidados que no son necesarios cuando se opera.

 -¿Hay muchos casos en el país?

Estamos tratando de hacer el primer registro, no hay estadística en ningún hospital. Hacemos un trabajo hormiga, a cada padre que conocemos le pedimos que se registren, llevamos 130. Este año fue con mucha incidencia, hubo 6 bebés después de años que no haya nacido ninguno. Nadie sabe por qué, ni cómo ni nada.

-¿Cómo siguen los tratamientos durante la pandemia?

Se complica más todavía porque las cirugías están frenadas, se reprograman, muchas veces los urólogos operan igual porque es necesario. Si bien no son urgencias de vida o muerte, el nene tiene pérdida de orina hace 3 años y ya tiene 12 y no quiere usar pañal, en ese contexto es una urgencia para ese nene. Se complica con las familias que viven lejos y se atienden en hospitales de Buenos Aires y no pueden ingresar y hay nenes que no tuvieron controles.

Luego de un corte que duró casi todo el martes por la rotura de dos caños principales, vecinos y vecinas de los barrios Spurr, Villa Esperanza, Ferro, Evita, Thompson, 1810 y Villa Rosario denuncian la mala calidad del agua de red.

“Sale sucia y no se puede consumir”, enfatizó Emilio San Martín, referente del comedor La popular Bahía, el cual asiste a 80 familias. “Con ese agua no le puedo hacer la leche a los chicos ni la comida a las familias”.

Agregó que “cuando quisieron solucionar el problema en Esmeralda surgió otro caño maestro roto en Villa Esperanza, terminamos teniendo agua a las 11 de la noche. La calidad del servicio siempre fue pésima, el agua con mucho olor a lavandina, olor a tierra, sale muy turbia”.

En relación a las necesidades del barrio señaló que “hay muchas” pero que “ha bajado el nivel de gente que viene a buscar comida, de 300 familias hoy asistimos a 80. Me pone contento de que empiece a haber más trabajo. Hacemos almuerzo y merienda. Es el único comedor en el que trabajamos varones, somos 8. Trabajamos desde el inicio de la pandemia, asistimos a las familias con problemas de salud, medicamentos, silla de ruedas, muletas”.

“Trabajamos con las familias aisladas, les llevamos el bolsón de alimento hasta la puerta de la casa. No paramos nunca. Yo me encuentro aislado, por que me dio positivo de Covid, nos toca a todos”.

Desde el comedor están organizando el Día de la Niñez en la plaza “Diego Armando Maradona” que pasó de ser un basural a un espacio público construido por la comunidad. Allí entregarán juguetes, bolsas de golosinas y la merienda.

Para ello, están recolectando juguetes nuevos y usados, harina, zucoa, leche. Las donaciones se pueden acercar a a Pasaje Podestá 2344 (entre 1810 y Libertad) o comunicarse al 2914182775.

También realizarán una colecta casa por casa en los barrios Palihue, Patagonia y Barrio Prensa.

La Comisión Provincia por la Memoria denunció que la muerte de Braian Miguel Ianiro Olivera, un interno de la Unidad Penal de Villa Floresta de 24 años, murió en “un estado de total abandono” por parte de las autoridades penitenciarias y judiciales.

Para el organismo la situación del joven implicó torturas y malos tratos. La causa tramita en la UFIJ 2, a cargo del fiscal Diego Conti bajo la carátula “averiguación de causal de muerte”. Según consta en el expediente, el hombre padecía “tuberculosis aguda”.

Roberto Cipriano García, secretario de la CPM, dijo a FM De la Calle que realizaron una inspección en el penal y encontraron a “Brian en un estado de total abandono, desatención, un estado de caquexia, es decir, la piel pegada a los huesos”.

“Inmediatamente planteamos que fuera trasladado al hospital, nos dijeron que no lo habían trasladado por falta de camas. Apareció la cama posteriormente y al día siguiente falleció. Tampoco tenían precisión del cuadro, nos dijeron que no sabían qué tenía, otros detenidos comentaron que estaba en Sanidad tirado en un colchón, sin suero, sin nada”.

“No puede ser que esa persona con ese cuadro estuviera así, tirada en una sala de internación que no reúne ningún principio básico para internación, debería haber estado internada y con un tratamiento. No está acreditado que podía haber sido tuberculosis”, agregó.

El secretario del organismo señaló que “lamentablemente no nos llama la atención porque, como venimos denunciando desde hace muchos años, hay un problema con la atención penitenciaria. Salud penitenciaria depende del Ministerio de Justicia y no del Ministerio de Salud para que persona privadas de su libertad sean tratadas como cualquier vecino, vecina. No se coordina con los programas del Ministerio de Salud ni programas extramuros. Tienen serios problemas con la entrega de medicación, hay escases de profesionales”.

García recordó el caso de Cárdenas Otegui. “Lo encontramos en un estado similar de caquexia, de piel y hueso, también con nula atención. Pasaron 16 años y volvemos a encontrar una persona en estas condiciones en un lugar tan deteriorado como aquel, las cosas han empeorado, son personas que se mueren con enfermedades tratables”.

“El problema es que no hay consecuencias por prácticas que son contrarias a la práctica profesional y la legislación vigente -aseguró Cipriano García-. La persona privada de la libertad está privada de eso, no del resto de los derechos , así como el Estado es garante de la salud. Hay una doble obligación estatal de garantizar la salud. La justicia tiene que investigar y hacer cumplir porque no pueden ir por su cuenta al médico y hacerse estudios sino que dependen” del Servicio Penitenciario.

Personal de clínicas privadas realizará una medida de fuerza jueves y viernes en reclamo de mejoras salariales. Se trata de un cese de actividades convocado por la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina.

“Estamos reclamando paritarias anuales, un 45% de aumento que va escalonado, julio, septiembre, noviembre y diciembre, con una revisión en febrero. No hemos tenido una contestación favorable, es complicada en el contexto de pandemia”, comentó a FM De la Calle Juan Forchino, miembro de comisión directiva de ATSA.

El trabajador del Hospital Italiano destacó que “no hubo ni siquiera negociación, no hubo respuesta favorable. La contestación es que no hay plata como para bancar los aumentos salariales. Seguimos quedando abajo por los salarios, perdemos poder adquisitivo día a día, es imposible palear la situación. Estamos a la espera de una negociación de último momento”.

Señaló que “el agotamiento es generalizado, los empleados de sanidad están muy cansados, estresados”.

Por otra parte, informó que durante la protesta se garantizarán “la atención de emergencia que lleguen a los hospitales, servicios de emergencia privados, pediátricos y clínicas.

Por último, en relación a la pandemia, enfatizó que “si bien los hospitales se han armado de diferente manera para palear la situación en algunos momentos llega a colapsar el servicio sanitario”.

Con motivo del décimo aniversario del inicio del primer juicio de lesa humanidad en Bahía Blanca -el cual condenó a 18 represores cuyos crímenes fueron enmarcados “en el genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar”- FM De la Calle comparte las siguientes reflexiones de sobrevivientes y militantes por los derechos humanos.

Adriana Metz, su madre Graciela Romero y su padre Raúl Eugenio fueron detenidos y continúan desaparecidos al igual que su hermano Raúl, nacido en cautiverio en La Escuelita y apropiado por los terroristas de Estado

Las Madres Marcela García y Celia Korsunsky junto a Adriana.

Junio del 2011 un rato antes de la primera audiencia me enteraba de que tenía que declarar. En la calle me crucé con Hugo Cañón y me dijo que Bahía empieza a ser algo más justa. Cuánta razón tenía. Fue la primera condena por la apropiación de un bebé, mi hermano, sin que él haya recuperado su identidad. Se pudo comprobar que nació y alguien se lo llevó. 44 años después, lo seguimos buscando. La justicia citó a un civil, Massot, y a un cura, Vara. No solo lo decían familiares, las Madres, las Abuelas, los Hijos, quedó demostrado en la justicia que fueron desaparecidos por razones políticas. Falta mucho pero se hizo bastante, vamos a seguir, no queda otra.

Marita Aure, integrante de la Comisión de Apoyo a los Juicios

El inicio de los juicios fue un momento muy especial cargado de grandes expectativas, de mucho trabajo previo en lo inmediato de los organismos de derechos humanos en pos de su consecución y con mucho acompañamiento de la sociedad en general.

Pasaron seis años del comienzo de los juicios a nivel nacional hasta que se logró su realización en la ciudad por las reticencias y trabas del Poder Judicial local que se rehusaba a ser parte del juzgamiento. Todos los integrantes del Tribunal Oral Federal han sido de otras jurisdicciones, con la excepción de un representante local en la actual conformación.

En estos diez años se han llevado a cabo varios juicios a Ejército, Armada y actualmente a la Triple A. Aún quedan otros por hacer. Mucho se ha caminado, develado, aportado a la verdad histórica. Se han logrado condenas ejemplares y otras que no lo han sido. Siempre se pidió Justicia por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. Siempre hemos dicho que la justicia tardía tiene poco de Justicia. Con los juicios estamos algo más cerca. De todos modos, ¡seguimos exigiendo su cumplimiento!

Walter Larrea, abogado querellante por la APDH y la Comisión de Desaparecidos de Río Negro y Carmen de Patagones

Hace diez años comenzó un proceso demorado por distintas normas que trabaron el proceso de verdad jurídica. El juicio estaba previsto para meses antes pero hubo que recusar a los magistrados porque en los días previos a la audiencia se conoció la noticia de que los jueces de l tribunal oral se habían reunido con los procesados a tomar café en un club de la ciudad. Eso demoró hasta el mes de junio.

Pasaron cientos de testimonios cruentos, la satisfacción de saber que se inició un camino que había llevado muchos años de impunidad, merced a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final pero que finalmente la democracia argentina comenzaba a saldar una deuda con desaparecidos, familiares y con la sociedad toda.

Emociona cumplir 10 años y el deseo que la justicia avance en la culminación de todos los procesos porque el tiempo atenta contra la posibilidad de brindar justicia. El juicio tuvo una importancia trascendental, pero los procesos de memoria, verdad y justicia no deben anclarse únicamente en procesos judiciales, sino en políticas públicas de no repetición y memoria. Y para que sobrevivientes, familiares y la sociedad toda podamos tener la posibilidad de procesar aquel tiempo y postular que ni en la Argentina ni el mundo, el terror como práctica estatal, la dictadura como método de gobierno, la desaparición forzada, tortura y muerte no puede ser jamás una acción política.

Fortunato Mallimaci, sociólogo e investigador del CONICET. Estudió en la UNS hasta que su exilio en 1975

Me parece importantísimo hacer memoria, verdad y justicia y recordar muy fuerte al fiscal Hugo Cañón, que hizo de su vida un esfuerzo para que estos juicios lleguen a Bahía Blanca; a los organismos de derechos humanos que se movilizaban cuando pocas personas se movilizaban; y a la UNS, que prestó sus dependencias. A partir de ahí comenzó un proceso de condenar a los responsables del terrorismo, de la Triple A, los crímenes que se cometieron del 74 al 83. Hacer memoria, verdad y justicia ayuda para que ese Nunca Más siga presente en Bahía Blanca.

Por último, recordar a las víctimas que sufrieron el terrorismo de Estado en Bahía y que transformaron su sufrimiento en testimonio y permitieron condenar a los responsables. Gran homenaje a ellas y ellos porque nos permiten mirar lejos, tener esperanza y mostrar que ese sufrimiento se ha transformado en condena.

Ángeles Prádanos, hija de Juan Carlos, profesor universitario y técnico del INTA Ascasubi

Gracias por mantener viva la memoria a través de los juicios que se dictan en todo el país, les agradezco a todos los que participan y han participado, quienes están en la justicia, ex militantes, sobrevivientes, los medios y la sociedad que acompaña. No ha sido fácil que haya juicios, es algo que jamás me imaginé. Lamento que muchos ya por impunidad biológica no estén y tantos casos que les han dado domiciliaria. Es una enseñanza para la sociedad y las generaciones futuras, Argentina es un ejemplo. Espero que la justicia llegue a todas las víctimas.

Enrique Gandolfo, secretario general de la CTA

Destacar las emociones que recorrían las calles y el edifico de la UNS, en todas las personas que nos habíamos congregado para celebrar el inicio de aquellos juicios. Habían pasado 35 años de los reclamos por, en primer lugar, la aparición con vida y, luego, por el juicio y castigo a los culpables de los crímenes cometidos.

La cantidad de personas en aquella manifestación y acto estaba atravesado por esa idea de haber alcanzado algo por lo que tanto se había luchado. Y ahí estaban también las memorias presentes de tantos y tantas compañeras que habían dado la lucha desde el comienzo acompañando a los organismos de derechos humanos.

También, es parte de la verdad histórica, era necesario una decisión política que era anular las leyes de la impunidad. En esta ciudad, que en tantos lugares se habla del conservadurismo, también la lucha debería reflejarse, para llegar a ese día hubo un cúmulo de lucha obrera y popular presente. Recordé a Miguel Loyola y a Enrique Heinrich.

Fue el inicio de este proceso de juicios que hoy tiene otro eslabón en crímenes que se cometieron antes, como son los de la Triple A, para los que algunos tienen desmemoria y es necesario refrescar todos los días. Fueron 24 asesinatos entre el ’74 y ’75 y buena parte de las víctimas era militantes del movimiento social, obrero y estudiantil. Llama la atención que el presidente y vice del PJ se olviden que también en esa época se cometieron crímenes y que había responsables y que están identificados en el juicio.

Hay una continuidad en la lucha por la memoria y en no dejar en el olvido a estos crímenes que intentaron acallar las voces que no se resignaban a un presente de explotación, sometimiento y saqueo y llevaron adelante una lucha. Recordamos a los y las compañeras, no por las determinaciones que llevaron a su asesinatos sino por sus actos de vida en la militancia y de creer en los sueños que tenían.

Julia García, sobreviviente del terrorismo de Estado y hermana del “Negrito” Luis Jesús García, asesinado por la la Triple A

Recordar todas las luchas y esfuerzos que se pusieron para llegar a ese punto. Recordar todo lo que fue, habían pasado 35 años del golpe, la lucha del pueblo argentino fue incansable, comenzó con los familiares de las víctimas y la búsqueda de desaparecidos. Un camino que no solamente significó el dolor por las desapariciones, torturas y muertes sino una lucha en contra del propio Estado, de diferentes gobiernos.

Rescatar el Juicio a las Juntas, el informe de la CONADEP, pero no se debe olvidar la ley de Obediencia Debida y la de Punto Final, el indulto de Menem. En Bahía en particular, a pesar de estar vigente estas leyes, se pudo avanzar con los Juicios por la Verdad y tuvimos la suerte de que hubiera miembros del Poder Judicial comprometidos como Hugo Cañón y Abel Córdoba. Este juicio y todos los posteriores son una clara muestra de la organización, de la búsqueda de la verdad y de la información. No me quiero olvidar de ustedes por su presencia y compromiso en la difusión, la otra voz de lo que significó la complicidad de La Nueva Provincia en el genocidio.

Telma Alonso, ex consejera universitaria, militante por los derechos humanos e impulsora del juicio académico a Gloria Girotti

Nos parecía que no llegaba nunca la iniciación del primer juicio por delitos de lesa humanidad pero finalmente llegó. Cuando pienso, no sin una mezcla de alegría y de nostalgia, en ese día histórico me viene a la memoria el recuerdo de gente muy valiosa que nos acompañó, algunos ya no están, como el querido Hugo Cañón o Eduardo Hidalgo, otros siguen en su camino de lucha como Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Marcela, la mamá del Negrito García, José Schulman, el colectivo H.I.J.O.S., los militantes de los distintos campos comprometidos con los derechos humanos. Este hecho fue la demostración más cabal de que es necesario apostar con mucha fuerza al proceso de verdad, memoria y justicia. Se lo debemos a los 30 mil compañeros que están siempre presentes con nosotros y a todas las víctimas de esta nefasta dictadura genocida.

Diez años transcurrieron desde la fría mañana del 28 de junio de 2011 en la cual comenzó el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca. Era el primer tramo de la causa Ejército con 17 represores sentados en el banquillo y una multitud manifestándose frente al rectorado universitario y colmando el Aula Magna de Colón 80.

Quince meses después, llegaría el día de justicia para parte de las víctimas del terrorismo de Estado con condenas a cadena perpetua a 14 imputados, de 17 años y medio de prisión para dos de ellos y 18 para el restante. Sus crímenes fueron enmarcados “en el genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar”.

También se ordenó investigar la posible comisión de delitos por parte del diario La Nueva Provincia a partir de las publicaciones que sustentaban las versiones de enfrentamientos fraguados por el V Cuerpo de Ejército y la complicidad de integrantes de la Iglesia Católica y el Poder Judicial.

Pablo Fermento, fiscal auxiliar a cargo del debate oral de la causa Triple A, por aquel entonces estaba “en la trinchera”, había ingresado al equipo de la Fiscalía cuando Hugo Cañón entregó la posta a Abel Córdoba, y participó de los preparativos del juicio.

-¿Qué significó ese primer juicio?

Era avanzar sobre tierra virgen, no había nada reconocido, así que muchísima ansiedad. Estamos en una jurisdicción de alguna manera tardía en lo que era el desarrollo de los trámites respecto a otras ciudades, en La Plata ya había sentencia desde hacía varios años, en Neuquén también, en Bahía costó un poco más, se trataba de que por primera vez la justicia declarara la existencia de La Escuelita, de los centros clandestinos, de un plan criminal sistemático en la región, muchísimos desafíos. Hubo un prófugo antes de arrancar el juicio, además del antecedente de (Oscar “laucha”) Corres. Muchísimo trabajo, el equipo a full, muy movilizante, algo que te supera por todos lados, técnica, profesional y emocionalmente, fue un juicio fantástico.

-A diferencia del que hoy está en curso acumulaba años de aportes e investigaciones judiciales, de la Conadep, de los organismos de derechos humanos…

Exactamente, el primer juicio fue la consolidación de un trabajo de tres décadas, arrancando desde los habeas curpus que se metieron en la fecha en cuanto a registro documental, los primeros esfuerzos de familiares, de compañeros, de la comunidad en la búsqueda de verdad y justicia; los procesos en sede militar; la 11/86 que fue el Juicio a las Juntas versión Bahía Blanca ya con la presencia de Hugo (Cañón); posteriormente los Juicios por la Verdad; y todo ese bagaje fueron los pilares sobre los que se construyó aquella sentencia.

Hubo personas como Hugo, (Luis) Cotter, Mirta Mántaras, en ese momento la secretaria de Fiscalía era Haydée Hernández, Pirucha para los conocidos, que venía de hacer los Juicios por la Verdad, era una interacción generacional super interesante. Estaba Eduardo (Hidalgo), ya se había ido (Ernesto) Malicia. Abrió caminos, en Bahía fue el primero de los ocho que vamos, fue para nosotros los más jóvenes, parte de un proceso que se tenía que dar y se iba a dar, pero para la gente más grande era ver concretado algo que pensaron que tal vez nunca iba a pasar.

-¿Qué decían los testigos luego de declarar por primera vez ante un tribunal? ¿Cómo les impactaba?

Fue totalmente nuevo para todos. Mi mirada en ese momento también era la de alguien que recién iba acercándose a todo eso. Con el tiempo fui comprendiendo más un montón de situaciones, pero para mí también fue la primera vez que vi declaraciones de víctimas de estos delitos en juicio, yo no había seguido los Juicios por la Verdad, cuando empezamos a trabajar sí vi los videos pero verlos ahí por primera vez y escuchar a los chicos de la ENET, que ya no eran chicos pero que de alguna manera lo seguían siendo porque era como volver a su infancia, a su adolescencia, ellos ya habían declarado dos o tres veces, con esa carga y ese compromiso, era fuertísimo. Escucharlo a Eduardo a quien uno veía como representante de la APDH, un militante, contar su historia, te partía al medio. Y para ellos también era el compromiso de declarar en esas condiciones de estar todo por decirse, no porque en los otros juicios esté todo dicho pero, de alguna manera, ya hay reconocimientos sobre los que se continúa. Hay hechos que consideramos notorios y que se establecieron en ese juicio.

-Luego la sentencia no solamente implicó penas importantes para los represores que estaban en juicio sino que abría investigaciones sobre los sectores civiles. ¿Cuánto esperaban y cuánto se pudo trabajar a partir de ese fallo?

Fue el puntapié para investigar a los civiles. Antes del fallo ya habíamos realizado la imputación a los secretarios federales (Hugo Sierra y Gloria Girotti), se había solicitado el allanamiento de La Nueva Provincia sin imputación, que fue rechazado, pero lo que fue la investigación a los directivos de LNP salió de ahí en base a lo que se había exhibido entorno a los enfrentamientos fraguados, cómo se habían presentado en el diario cuando habían sido fusilamientos.

Siguió con investigaciones al juez (Francisco) Bentivegnia. Ya habíamos hecho la imputación a (Guillermo Federico) Madueño, el juez federal, que estuvo prófugo y falleció al poco tiempo de ser capturado y al capellán (Aldo) Vara. Y en 2015 iniciamos este juicio que está terminando a la Triple A bahiense.

-¿De aquella sentencia están confirmadas las condenas salvo en un caso?

Queda pendiente tratar por la Corte el recurso de Walter Tejada, los demás recursos fueron rechazados. Hace unos días nos corrió traslado el tribunal para la ejecución de las penas, deja de ser prisión preventiva y pasa a ser cumplimiento efectivo de condena.

-¿En aquella sentencia se comenzaba a realizar reparaciones simbólicas?

En Armada I, en 2015, se ordenó la publicación de la sentencia en LNP. En Bayón se solicitó la reparación civil, que no nos hicieron lugar, y en Sticker -que fue en 2013- se solicitó la anulación de un Consejo de Guerra, más allá de que no producía un efecto concreto, esos consejos fueron utilizados para blanquear los cautiverios en La Escuelita y la continuación de esos cautiverios en la cárcel nunca se habían anulado esas condenas y consideramos necesario repararlos simbólicamente.

Triple A: cerca de la sentencia

Juan Carlos Curzio, uno de los cuatro imputados en la causa Triple A.

Este martes la Fiscalía replicará el alegato de la defensa de los cuatro imputados por haber integrado la Triple A. “Vamos a contestar algunos planteos sobre el tratamiento de los hechos y la valoración de la prueba, después hubo planteos técnicos que tiene que ver con cuestionar la imprescriptibilidad de la acción, la incostitucionalidad de la asociación ilícita, del pedido de perpetua y otras que trataremos de desarrollar brevemente para no dilatar más el proceso”, explicó.

Agregó que en su alegato “la defensa en lo general trató de establecer un contexto diferente del que existió y planteamos nosotros, que este escenario previo a la dictadura ya formaba parte de la maquinaria del terrorismo. Y sobre el homicidio de Watu (Cilleruelo) intentó deslizar la duda razonable entorno a la intervención de Aceituno: acepta que fue Jorge Argibay quien disparó y la presencia de su hijo Pablo y sostiene que no habría sido Aceituno sino Sañudo el tercer ejecutor. Es uno de los puntos que vamos a tratar mañana”.

Luego tendrá la opción de replicar la querella a cargo de la dra. Mónica Fernández Avello y de hacer su dúpica la defensa oficial.

Cumplida dicha instancia, restarán las palabras finales de los acusados -Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero- y la lectura del veredicto del tribunal.

Días atrás se reglamentó la Ley de Talles sancionada en 2019. Prevé la creación y aplicación en todo el país de un Sistema Único Normalizado de Talles de Indumentaria que hace a la fabricación, confección, importación y comercialización, tanto presencial como digital, de indumentaria.

Anybody es una organización que desde el 2011 trabaja por “activar la conciencia sobre la problemática en torno a la cultura visual y el daño en la propia percepción del cuerpo”. Una de sus integrantes, Lucía Ramos, licenciada en nutrición con una mirada no peso centrista, dialogó con FM De la Calle acerca de los alcances de la ley.

Explicó que la normativa contempla tres puntos fundamentales. El primero es “la elaboración de una tabla de talles, se va a confeccionar a partir de un estudio antropométrico, donde se escanean los cuerpos de personas a lo largo de todo el país y, a partir de allí, se elabora la tabla de talles”.

En segundo lugar, “esta ley contempla algo interesante que es la realización de campañas, información y sensibilización para concientizar sobre la discriminación y estigmatización por cuestiones de talles”. Y, por último, establece “el trato digno y equitativo en los comercios de indumentaria”.

Sin embargo, la norma no obliga a que empresas y marcas tengan todos los talles. “Consideramos que es un paso más y todavía queda mucho trabajo. Esto de alguna manera lo que hacer es unificar talles y va a permitir que en cualquier local y marca los talles tengan un mismo tamaño, ahora un S o M son del mismo tamaño o incluso existe el talle único”.

Ramos enfatizó que “es importante destacar que la segunda causa de discriminación en el país es el aspecto físico, según un estudio del INADI de 2020. No encontrar ropa vulnera un derecho básico de las personas. Es una ventana que abre una problemática que es muchísimo más amplia”.

En 2020 Anybody encuestó, como cada año desde 2013, a más ocho mil personas para conocer las problemáticas en relación a los talles. Entre los resultados se destaca que “el sentimiento más recurrente entre las personas con dificultades para encontrar talles es la tristeza porque el cuerpo no encaja en la ropa deseada (44,7%).  El 46,9% responde que el no encontrar talles les lleva a cuestionar su cuerpo“.

“Casi el 75% de las personas encuestadas planeta que tiene problemas para encontrar ropa, encontrar talles. Esto tiene muchas repercusiones de la autopercepción de la persona”, argumentó la nutricionista.

En relación a lo relevado, la imposibilidad de encontrar ropa y calzado acorde con el cuerpo coincide con talles de cuerpos no hegemónicos. “Más del 80% de las personas encuestadas manifiestan que hubieran querido comprar el talle único, esto pasa con mayor frecuencia en indumentaria femenina, es el extremo de esta problemática. ¿Qué representa ese talle único? Un cuerpo hegemónico, que no es el cuerpo de las personas que nos rodean, que encontramos en el bondi, en la facultad o el supermercado”.

En relación a su visión y formación como profesional de la salud en un modelo no peso centrista afirmó que “hay un camino, cada vez se avanza más en materia de diversidad corporal, es lento, pero que de a poco hay más profesionales que están saliendo de este modelo que centra la salud de una persona en su peso”.

“Existen muchísimos determinantes y la apariencia física no es suficiente para determinar el estado de salud. Con solo ver a una persona no podemos determinar cuál es su salud. Detrás de esto hay discriminación y estigma, con solo ver a alguien no podemos saber cómo son su hábitos, cómo es su alimentación, qué tipo de movimiento realiza ni como es su salud”, explicó.

Finalmente, señaló que para la aplicación del SUNITI resta “terminar con el estudio antropométrico que ya comenzó, falta relevar un 40% de la muestra, elaborar la tabla de talles”.

El Senado transformó en ley el proyecto de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero. “Es una bisagra más dentro del proceso de emancipación del colectivo trans feminista en tanto años de lucha”, dijo a FM De la Calle, Saira Millaqueo, integrante de Ciudadanas Trans

La norma -aprobada por 55 votos a favor y 1 en contra, y 6 abstenciones- establece que “el Estado nacional, comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, debe ocupar en una proporción no inferior al 1% la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes”.

“El cupo viene a materializar el empoderamiento y para ejercer nuestra ciudadanía, con libertad de oportunidades. La ley de Identidad de Género, en lo personal, cambió el rumbo de mi vida. Para mayo que se sancionó la ley yo no tenía DNI y para enero del 2013 yo tenía documento y cambiaban mis objetivos, proyectos y podía reapropiarme de esa identidad que tenía negada”, afirmó Millaqueo.

Agregó que “estos sucesos marcan una bisagra porque en meses, a un año a más tardar, cambia ese entorno de vulnerabilidad, de clandestinidad, de completa ilegalidad que vivimos la comunidad travesti trans, cambia para bien, a una realidad que se materializa”.

La militante bahiense destacó que el promedio de vida de 35 años del colectivo tras explica la necesidad de una política pública focalizada. “Si en una sociedad donde el promedio de vida es de 70 años y no nos preocupa que haya una comunidad que se muere antes de los 40 es más que preocupante. Es urgente resguardar esos derechos vulnerados”.

Las condiciones de vida actuales son de “extrema pobreza y vulnerabilidad, violencia institucional, todavía se ve la falta de acceso a una salud integral. Más allá de la ley de Identidad de Género, en los hechos falta materializarla porque no lo interpreta la sociedad, sigue habiendo obstáculos por estos sectores conservadores que no logran captar el cambio de época, no interpretan las necesidades que atravesamos por meros prejuicios, discriminación y preconceptos que se tienen sobre nuestras existencias”.

Millaqueo señaló que la ley contempla el acompañamiento para que las personas que ingresen por el cupo trans “tengan la posibilidad de capacitación y terminalidad educativa”.

Por otro lado, se refirió al artículo 7, cuestionado por un sector de la oposición, el cual establece que no se deben tomar en cuenta los antecedente penales derivados de la ejecución de códigos contravencionales: “Hablamos de una población que hasta el 2012 iba encarcelada con 30, 60 y hasta 90 días de arresto por el hecho de salir vestida como deseaba”.

La flamante ley ordena la creación de “un registro y a partir de ahí evaluar los perfiles laborales, de los cv que llegan, de quiénes van a estar dispuestas para esos cargos. El cupo es selectivo porque hay que cumplir determinados requisitos, nuestro movimiento sabe que muchas van a quedar por fuera del cupo. Seguimos soñando con la reparación histórica, por condiciones que no están contempladas dentro del cupo, por un régimen de cobertura para quienes nunca tuvieron un aporte jubilatorio”.

En relación a las empresas privadas la normativa prevé incentivos fiscales para quienes contraten personal trans. “Los organismos van a tener que hacer un trabajo de sensibilización, tiene que ser profundo, porque es una fuerza productiva que ha sido inviabilizada y tiene que ser tenida en cuenta”, señaló Millaqueo.

La ley lleva el nombre de Lohana Berkins y Diana Sacayán porque “fueron, junto a otras como Pía Baudracco, las que tuvieron la visión política de mirar las raíces del problema de la expectativa de vida de la comunidad y el estar destinadas al trabajo sexual como único destino de vida”.

El vicepresidente del Senado bonaerense, Alfredo Fisher, presentó un proyecto solicitándole al gobernador, Axel Kicillof, que gestione “la restitución y reapertura del servicio ferroviario de transporte de pasajeros encomiendas y cargas livianas que vincula la Estación Constitución con Bahía Blanca por el ramal Pringles”.

“Durante muchos años el servicio ferroviario que pasaba se deterioró y eso ha sido responsabilidad de la falta de atención de nuestros gobiernos, pero por más mal que estuviera siempre lo tuvimos hasta que la ex gobernadora Vidal tomó la decisión de suspenderlo. Se terminó con el servicio de la empresa de Ferrobaires, veníamos mal y eso fue el acabose”, dijo a FM De la Calle el ex intendente de Laprida.

El ramal Pringles a partir de Olavarría conecta las estaciones de Laprida, Pringles, Sierra de la Ventana, Saldungaray, Estomba y Cabildo.

Según el proyecto, la cancelación del servicio de Ferrobaires en toda la provincia generó un impacto real en las economías locales, afectó a 104 pueblos y ciudades y a más de 670 mil usuarios y usuarias.

Fisher afirmó que “ahora, con una concepción distinta de parte del gobierno respecto de lo que significa el transporte de pasajeros vía tren, podemos ir recuperando el servicio”.

El senador se reunió con el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, para pensar alternativas intermedias. “Trenes Argentinos ya había hecho una revisión de la vía, el diagnóstico no fue tan complejo, es una infraestructura reparable, no es un presupuesto inabordable. Sí hay escases de formación y material rodante. Se nos ofrecía una alternativa previa, la circulación entre Bahía- Olavarría de un coche motor que pueda transportar pasajeros que puedan hacer trasbordo en las dos puntas, está lejos de ser el retorno del servicio completo, pero está en un horizonte más cercano”.

El senador provincial enfatizó que “es un servicio esencial para los sectores más complicados en términos económicos. Una familia de Pringles, de Sierra, si no tiene una suma importante de dinero no puede ni pensar un viaje a Buenos Aires, a hacer un trámite, alguna cuestión de salud, ver afectos, no les queda otro remedio que juntar mucha plata para un remis o acudir al estado municipal. Pretendemos que se vayan haciendo los pasos necesarios para que más temprano que tarde recuperemos el servicio”.

Ferrosur Roca comenzó a operar en 1992 en forma intensiva el ramal con cuatro formaciones diarias que luego se fueron incrementando. “El ramal quedó al 100% disponible únicamente para el transporte intensivo de cargas pesadas y a granel entre las cabeceras y Olavarría sin ningún tipo de conexión positiva con las regiones, distritos y municipios locales”.

“Para el transporte de cargas, que se desarrolla con un promedio de velocidad más baja, no requiere de las condicione técnicas que requiere una formación que va más rápido y que transporta pasajeros. Esta empresa, que era gerenciada por Loma Negra, después una empresa brasilera, y ya cerca del vencimiento de la concesión no ha atenido ningún reparo en mantener la vía para que pueda circular un convoy de pasajeros”.

“Teníamos razón desde el comienzo, lo ocultaron, no salen a reconocerlo. El operativo ya se desarrolló ante el desconocimiento de las poblaciones”, dijo a FM De la Calle Domingo “Mingo” Jofré, integrante de las Asamblea Jáchal No se Toca, colectivo que denunció que un cargamento de 100 toneladas de mercurio serían trasladados desde la mina Veladero de San Juan hasta el puerto de Bahía Blanca.

El asambleísta hizo un llamado a comprometerse con las causas ambientales y manifestó su deseo: “Que algún fiscal o algún juez, aunque sea por vergüenza, no por empatía, se presenté en el puerto de Bahía Blanca, pregunte de dónde salió, con autorización de quién, por dónde recorrió, cómo llegó hasta ahí”.

“Con eso hay una cadena de mandos que tendrían que estar presos y se determinaría el cierre de esta mina ilegal que está violando la Ley de Residuos Peligrosos produciéndolos, violando la Ley de Glaciares destruyéndolos, violando la Ley de Medio Ambiente y las leyes naturales porque está destruyendo nuestra cordillera y violando nuestra Ley de Minería que dice que después de tres incidentes la mina debe cerrar definitivamente y esta mina ya se cansó de insultar a nuestro territorio”, afirmó.

Jofré participó de una mesa virtual junto al biólogo e investigador CONICET, Guillermo Folguera, referida a los alcances del mercurio y los riesgos de su traslado.

Según lo informado por el Consorcio de Gestión del Puerto son cinco contenedores de 20 toneladas cada uno que «permanecerán en la terminal hasta ser embarcados con destino al Puerto de Rotterdam en área primaria aduanera, dentro de zona especial para Mercancía Peligrosas según requiere el Código Internacional IMDG».

“La mina Veladero es de oro y plata, por lo menos eso es lo que declara. Se dedican a obtener un lingote que se llama de metal doré, donde van oro, plata y otros elementos que nunca declaran. La faena minera se trata de volar y triturar una montaña y llevar esa roca a un valle de lixiviación, es decir un piletón. Ahí vuelcan esa montaña triturada y la riegan con una solución. Hacen un cóctel que tiene el efecto de extraer de esa roca triturada los minerales diseminados, les interesa el oro, la plata, etcétera, y ahí aparece el mercurio que es un mineral prohibido”, argumentó Jofré.

Explicó que el mercurio “es un subproducto no deseado de la megaminería en nuestro territorio, en Veladero. Es una actividad que produce en su accionar residuos peligrosos altamente tóxicos y prohibidos en el mundo. Ahí ya hay una faena y destrucción, por más que el ministro (Matías) Kulfas venga a decir que en Veladero se está haciendo patria es extractivismo”.

La comunicación oficial da cuenta que el cargamento fue trasladado “con custodia de Gendarmería Nacional. El operativo previo estuvo a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y dentro del Puerto se encuentran bajo custodia permanente de Prefectura Naval Argentina” .

Al respecto, el asambleísta mencionó que “son las mismas instituciones que deberían haber controlado que no se produzcan los derrames que ocurrieron en Veladero en 2015. Un año después nos enteramos de dos más, nos enteramos por mensajes de empleados que entraban en pánico, no por los órganos oficiales. No puedo creer que estén controlando porque nunca controlaron”.

El residuo tóxico se exportará para su tratamiento en Suiza y su posterior disposición final en Alemania. “Si hay negocio debe ser non sancto porque la utilización del mercurio está prohibido, no se puede usar ni comercializar, no se puede usar para nada legal. Hace ruido que 100 toneladas de mercurio vayan cruzando el Atlántico medio a escondidas, van a Suiza, hacen un tratamiento y después van a Alemania”.

Por su parte, el biólogo e investigador del CONICET, Guillermo Folguera sostuvo que todo depende de “la confianza en que los empresarios amigos del poder hagan bien las cosas y tengan suerte en el camino. Está todo sostenido desde ahí. Hay que empezar a discutir qué democracia tenemos, el informe del puerto de Bahía aparece una primera cuestión aparentemente oficial, donde no se menciona quién se hará cargo”.

Destacó que “la falta de información no es un equivoco, es una parte fundamental, si no no pueden hacer lo que hacen. En los derrames del 2015, 2017, fue informado de manera informal, en todos los temas no hay informe oficial, megafactoría de cerdos, aprobación de trigo transgénico, la megaminería en Andalgalá”.

“No taparnos los odios, abrir los ojos, reconocer que desde hace mucho tiempo hay gente que reacciona a esto. Escuchar a esa gente que dice que hay un gobierno que cogobierna con la mineras, hablan tanto de la soberanía y la patria y están cogobernando con poderes extractivistas, llevándose recursos no renovables, el costo lo estamos pagando con la salud y el medioambiente”, finalizó Jofré.

Tras cinco jornadas, terminó este mediodía el alegato de la defensa en la causa que juzga a ex miembros de la Triple A de Bahía Blanca. El 29 de junio desde las 9 se dará lugar a las réplicas de las partes.

La estrategia consistió en resumir los crímenes a “luchas sectoriales entre bandas dentro del peronismo y en algunos casos por fuera de él”, la negación del control de los hechos por parte del Estado y, por lo tanto, la descalificación de los mismos como delitos de lesa humanidad y genocidio.

La intervención, a cargo de Gustavo Rodríguez y Cintia Bonavento, culminó con el pedido de absolución para los cuatro imputados por haber integrado la asociación ilícita que cometió más de una veintena de crímenes de lesa humanidad.

La defensa pública pidió la inmediata libertad para Raúl Roberto Aceituno y que se mantenga la excarcelación de Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero y Héctor Ángel Forcelli.

En el caso de Aceituno, respecto a la acusación por el homicidio de David “Watu” Cilleruelo, requirió subsidiariamente se lo condene como “cómplice secundario” a la pena máxima de 3 años de prisión en orden al delito de amenazas calificadas por uso de armas y se tenga por purgada la pena con la prisión preventiva que cursa desde 2015.