Luciano Peretto, abogado de la madre de Facundo Astudillo, dijo esta tarde a FM De la Calle que “al determinar que las diligencias van a ser llevadas a cabo por la Policía Federal la jueza Marrón está desplazando de oficio a la Bonaerense y, de alguna manera, recogió el guante el ministro de Seguridad provincial”.

“La novedad más importante del día es que la jueza determina que el fuero definitivamente es el federal donde nos tiene constituidos como querellantes, provee gran parte de la prueba que ofrecimos y es un respaldo para fijar jurisdicción”, agregó.

Hoy fue allanada la subestación de la Policía Comunal Mayor Buratovich “con el objeto de secuestrar los libros de guardia registros y novedades de la dependencia, los handies utilizados por el personal policial, la camioneta Hilux doble cabina señalada por testigos como el rodado al que el personal policial hizo subir a Facundo Astudillo Castro el día 30 de abril pasado, alrededor de las 15.30 horas; el Móvil 23360 perteneciente a esa repartición, y todo otro vehículo vinculado a dicha dependencia”.

También se secuestraron los celulares de los efectivos policiales Mario Gabriel Sosa, Jana Curruhinca, Alberto González y Siomara Ayelén Flores. Por otro lado, el juzgado requirió a Facebook e Instagram “los datos que obren en sus bases de datos del titular de dichas cuentas, las direcciones de correo electrónico alternativo, números de teléfono, el registro de los últimos accesos a la cuenta (con detalle de fecha, hora e IP de conexión), efectuados desde el día 29/04/2020 a la fecha, así como también, cualquier otro dato de relevancia que pudiera llegar a surgir de las comunicaciones y/o interacciones que hayan tenido esos usuarios”.

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Este mediodía, otro de los abogado de Cristina Castro, Leandro Aparicio, aseguró en FM De la Calle que tienen “la certeza de que algo anda mal”.

Respecto a la declaración de una testigo que se presentó ante el fiscal Rodolfo de Lucía y aseguró que saludó a Facundo en Bahía Blanca hace aproximadamente un mes afirmó: “Lo hemos analizado y no creemos que eso sea así”.

Reconstrucción

“Tenemos la certeza de que algo anda mal, Facundo vive en Luro, que está a poco más de 100 km. Él se viene a dedo, lo paran en Burato a 30 km de Luro, hay una comunicación con la madre desde la Policía y le labran actuaciones. La mamá pelea con Facundo por teléfono porque el pibe viene a Bahía en plena cuarentena. El pibe no aparece más, la mamá hace la denuncia finalmente los primeros días de junio y el rastrillaje se hace el 19 de junio”, relató.

El abogado continuó: “Cuando se hace el rastrillaje, cae de la estratósfera una policía que dice que sale de Origone, se va para otro pueblo, carga nafta y vuelve. Y ahí lo encuentra cerca de Buratovich caminando, lo lleva y lo deja en Origone. Eso lo cuenta ella ahí. Entonces la madre le pide que le cuente y ella dice ‘no puedo hablar más con usted por órdenes superiores'”.

“Después aparece otro policía que dice que lo vio. Por circunstancias que no son reales, después declara que una Oroch gris lo levanta en Origone y se va para Bahía, que dio aviso a la comisaría de Médanos y dicen que le dijeron que ya lo habían infraccionado y que lo dejen seguir”, señaló.

Aparicio contó que “hay tres testigos que dicen que no les quisieron tomar declaración en la comisaría de Luro y que lo ven 15:30 a Facundo en Buratovich, al costado de la ruta, con un coche policial siguiéndolo y metiéndolo atrás”.

Hostigamiento a la familia

“Hay una persona que tenemos que identificar. Se le acercó a ella (la madre del joven desaparecido) en un rastrillaje y le dijo que Facundo tenía problemas de adicciones, que era amigo de él y que iba ala comisaría. Eso no es así porque un pibe de esas características no va a la comisaría, más cuando lo habían fajado y roto la bicicleta, en otra oportunidad. Ese policía fue el que también dijo ‘estamos haciendo todo por este pendejo de mierda’. Eso es hostigamiento, ponerse al lado y decirle las barbaridades que le dijeron”, concluyó.

Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, dijo a FM De la Calle que la desaparición de Facundo Astudillo Castro es un “hecho gravísimo institucionalmente”.

“El responsable es Berni, la policía de la provincia. Seguimos con los desastres que están haciendo. El que tiene que responder es Berni y rápidamente aparecer con vida Facundo”, agregó.

Respecto del rol del ministro de Seguridad afirmó que “la madre muy preocupada dijo que dos veces la llamó Berni, quiere decir que sabe y que tiene que responder inmediatamente, ¿qué es eso de llamar a la madre y decir que se lo va a devolver con vida?”.

Cortiñas dijo que “la obligación de la policía era, después que le reconoció una contravención contra la cuarentena, mandarlo a su casa inmediatamente. Seguimos con este tema que la policía está haciendo estragos. No es la pandemia la responsable. Hace rato que la policía está haciendo abuso de autoridad, muestra que está pasando de una situación de detención porque viola cuarentena a delitos gravísimos”.

“No nos tenemos que acostumbrar a la policía, al hostigamiento, a la amenaza y a la persecución. Acá no hay pandemia que valga, el Estado se está haciendo responsable, que además se entere el presidente de lo que está pasando. Kicillof tiene que tomar cartas en el asunto rápidamente”, apuntó.

“La mamá por dentro tiene un gran dolor y preocupación y vemos que hay indicios de que la policía tuvo que ver. Esto es muy grave, muy grave institucionalmente. Rápidamente tiene que aparecer Facundo con vida”, concluyó.

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Lo había adelantado esta mañana el fiscal Rodolfo De Lucía en FM De la Calle. La UFIJ Nº20 lleva la causa caratulada como “averiguación de paradero” tras la desaparición de Facundo Astudillo Castro el 30 de abril.

“Más allá de no encontrar elementos objetivos que nos permitan pensar en una actuación ilegal policial o que sea eso el determinante de que no podamos hallar a Facundo, hemos dispuesto que la investigación continúe con el auxilio de fuerzas de seguridad de la Nación, Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, Policía Aeroportuaria”, comentó el letrado.

Agregó que “los funcionarios policiales que actuaron en la zona de Villarino han hecho entrega voluntaria de sus teléfonos personales para ser analizados por la Fiscalía y estos equipos van a ser peritados a través del sistema UFED. Es un software que tiene una buena capacidad para recuperar información que ha sido borrada”.

De Lucía señaló más temprano que el último momento donde la ubican a Facundo es en Bahía Blanca. “Una testigo que lo conoce de hace tiempo afirma con total seguridad en más de una declaración que se le tomó, que lo vio en Bahía en un lugar que es razonable que estuviera porque tenía vínculos con personas del lugar. Lo saludó, es respondido ese saludo, le pasa al lado”.

El funcionario aclaró que hay otras declaraciones que contradicen dicho testimonio. Existe la “declaración de testigos de que no era así y que se trataba de otra persona. Es parte del objeto de la investigación, tanto deslindar esa cuestión, tanto como todo lo que haya ocurrido en el trayecto desde Luro hasta Bahía”.

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Respecto de las versiones que afirmaban haberlo visto vendiendo bolsas y medias en la zona de Spurr y que motivaron el rastrillaje policial, De Lucía afirmó que “en todas las causas de desaparición de personas aparecen este tipo de declaraciones. Cada dato que aparece se lo trata de corroborar. Si esa hipótesis o esa pista alguien la acerca, alguien la tiene que chequear”.

En relación al dato que señala que se vio al joven subirse a un patrullero el 30 de abril en cercanías a Buratovich, comentó: “No tengo otros elementos para pensar que en ese control de Buratovich sea el último punto donde se lo ve a Facundo porque tengo constancias concretas que más tarde estaba en otro lugar”.

¿En Origone hay otro policía que lo vuelve a identificar?

-Exactamente, y toma una fotografía del carnet de conductor del joven.

La versión que maneja la Fiscalía sostiene que Facundo subió a una Renault Oroch Duster gris oscuro camino a Bahía. “Eso está siendo objeto de chequeo, no es que porque conste en la causa consideramos que la línea de la intervención policial este cerrada. Estamos chequeando todas las cuestiones”.

¿De ninguna manera entienden que deban delegar la investigación en el fuero federal?

-La justicia federal tiene competencia de investigar la posible desaparición forzada de personas con la participación de agentes estatales. No tiene facultades para investigar todas las hipótesis posibles, su cometido no es hacer rastrillajes, buscar testigos que no tengan que ver con fuerzas policiales, prever hipótesis de homicidio de cualquier otra clase.

¿Tienen identificado el movimiento de los patrulleros que se vieron involucrados en el trayecto de Luro, Origone a Bahía?

-Tenemos esa información y está siendo objeto de análisis en estos momentos.

Peritaje del teléfono y redes sociales de Facundo

-Tenemos constancia de los registros de llamadas entrantes y salientes y estamos chequeando los datos. Las salientes concluyen el 30 de abril, también hay mensajes salientes en horarios nocturnos esa noche. Queremos saber qué significa. No tenemos el texto, tampoco tienen antena por el informe que manda la empresa. Pedimos si pueden hacer un esfuerzo de búsqueda más grande y pasarnos esta información”, comentó De Lucía. Llamadas entrantes registra durante mayo y junio.

¿Quiere decir que el aparato estuvo prendido?

-No es tan sencillo definir qué significan esas llamadas entrantes. Eso hay que despejarlo.

En relación a los datos de Facebook, el fiscal sostuvo que “en cuanto al ‘loggeo’ en la cuenta o si la cuenta tuvo actividad eso es rápido, esta semana deberíamos estar al tanto. Si queremos obtener contenidos eso puede tener un trámite complejo, deberíamos hacer una ingeniería para sortear la vía más complicada que lleva meses”.

“No me van a derribar, la fuerza sale del dolor del alma, de la necesidad de buscarlo”, dijo Cristina Castro, mamá de Facundo, durante una reunión con integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

En los últimos días, mientras reclaman intensamente la aparición con vida de Facundo, su mamá, sus amigos y amigas vienen sufriendo distintos actos de hostigamiento y provocación: un funcionario policial jerárquico le dijo a Cristina que “estaban perdiendo recursos al pedo por un pibe de mierda”.

“Las Madres y la Comisión estamos para apoyar y seguir paso a paso su búsqueda. Lo único que sabemos es que la policía está sospechada de cometer una desaparición forzada y los funcionarios tienen que asumir la responsabilidad que les toca, te abrazamos con el corazón”, remarcó Nora Cortiñas.

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Por otra parte, el ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, llamó a Cristina y afirmó: “Su hijo está vivo y lo vamos a encontrar”. También le dijo que “la Policía Bonaerense estaba trabajando bien en la búsqueda”.

Este martes la CPM —en carácter de Mecanismo de Prevención de la Tortura—presentó una petición de acción urgente ante el Comité contra la desaparición forzada de Naciones Unidas.

En el escrito, el organismo señaló que “según las declaraciones testimoniales de testigos, como así también las contradicciones en los relatos de los agentes policiales de la Policía de la Provincia de Buenos, se presume que esta fuerza estatal podría estar involucrada en la desaparición de Facundo”.

También se pidió protección para los tres testigos claves de la causa.

De la reunión con Cristina Castro, además de Nora Cortiñas, participaron los integrantes de la CPM Víctor de Gennaro y Roberto Cipriano García, y la directora general Sandra Raggio.

La madre de Facundo Astudillo solicitó ser particular damnificada ante la justicia provincial, a la vez que reclamo que esta decline su competencia en el fuero federal. Mientras se define la situación, exigen a la jueza de Garantías, Susana Calcinelli, que aparte a la Policía Bonaerense de la investigación.

Cristina Castro afirmó que no es su hijo el que aparece en cámaras de seguridad, ni está alojado en una pensión o fue visto vendiendo bolsas y medias en Bahía Blanca”.

La presentación contrapone las “contradicciones” y “relatos inverosímiles” de seis policías que detuvieron o dicen haber visto al joven entre Mayor Buratovich y Teniente Origone con lo dicho por tres testigos que presenciaron cómo lo subían a un patrullero en la zona de “la curva grande” cercana a Buratovich el 30 de abril aproximadamente a las 15:30.

“Principalmente echan por tierra los testimonios y actuaciones policiales que para dicho horario lo situaran a Facundo en un escenario distinto temporal y especialmente, lleno de contradicciones, relatos inverosímiles y relatados por agentes de la misma fuerza”, advierten los abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto.

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Por ello, demandaron que independientemente de la resolución de la jueza respecto a su competencia, “se delegue en otras fuerzas (Policía Federal, Aeronáutica, Prefectura, Gendarmería) la investigación sobre la desaparición forzada de Facundo Castro”.

Cristina Castro Alaniz destacó en la presentación:

  • Que he expuesto hasta el cansancio que no es mi hijo el que se muestra en las cámaras de seguridad de la ciudad de Bahía Blanca que han sido expuestas.
  • Que se encuentra totalmente descartado que Facundo esté alojado en una pensión como le explique hasta el hartazgo al auxiliar letrado.
  • Que las personas que han ubicado a Facundo vendiendo bolsas y medias en la localidad de Bahía Blanca no han podido dar precisiones en su descripción.
  • Que todas las declaraciones recabadas carecen de sustento por no poder dar fe cierta de que se trate de Facundo.

Finalmente, el documento cuestiona los operativos “unilaterales” que desde hoy realizan efectivos de la Bonaerense en distintos barrios de la zona sur de Bahía Blanca y denuncia el incumplimiento de resoluciones de la Fiscalía General por parte del ayudante Fiscal de Médanos, Dimas García, por no haberse apartado ante “la posible participación del personal policial que cumple funciones en su jurisdicción”.

Comunicado de Fiscalía

Esta mañana la Fiscalía General informó que la causa está tramitando bajo la órbita de la UFIJ N° 20 a cargo de Rodolfo De Lucía.

Según el comunicado, “se documentó la salida del joven de la localidad de Pedro Luro el 30 de abril y parte de su trayecto hacia Bahía Blanca, mediante dos controles policiales donde se lo identificó, uno ellos cercanías de Mayor Buratovich y otro en inmediaciones de Teniente Origone”.

“Unos 20 días después fue visto en Bahía Blanca por una persona que lo conoce y que afirma haberlo saludado. Hasta el momento no se descarta ninguna hipótesis, se están tomando todas las medidas de prueba y testimonios para lograr dar con Facundo”.

La jueza federal Gabriela Marrón aceptó como querellante en la causa que investiga la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro a la madre del joven desaparecido desde el 30 de abril cuando partió desde Pedro Luro hacia Bahía Blanca.

Cristina Castro Alaniz tuvo el último contacto telefónico con su hijo aquel mismo día, cuando Facundo fue aprehendido en Mayor Buratovich por personal de la Policía Bonaerense por violar la cuarentena.

La familia denunció “serias inconsistencias y contradicciones” en la investigación realizada por la justicia ordinaria en base a la investigación policial.

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Para la jueza federal todo “hace sospechar que los agentes de la citada fuerza de seguridad podrían haber obrado abusivamente en relación a Astudillo Castro, lo que promovió que se lleve adelante una pesquisa en este fuero por un hecho de violencia institucional”.

La querella está acompañada por el Premio Nobel de la Paz y presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Adolfo Pérez Esquivel, e integrantes del equipo jurídico del organismo de derechos humanos.

El Frente de Todos reclamó desde su bloque en el Concejo Deliberante “nuevos y urgentes esfuerzos” ante la “fase de alta circulación comunitaria” del virus que atraviesa la ciudad.

Destacaron que el porcentaje de positividad local casi duplica al recomendado por la Organización Mundial de la Salud y que se necesitan más testeos y el triple de las camas disponibles para pacientes leves.

“No hemos sido convocados a las reuniones con continuidad vinculadas al tema sanitario”, dijo a FM De la Calle la concejala Gisela Ghigliani y advirtió que “hubo un relajamiento en la comunicación y parecía que estábamos teniendo una nueva normalidad que no era tal”.

La presidenta del bloque reclamó “un seguimiento epidemiológico muy estricto, de la diaria. Había un grupo de gente trabajando para 50 o 60 casos, con esta velocidad de aceleración hay que fortalecerlo”.

“En segundo lugar, las camas extrahospitalarias. La OMS plantea 200 cada 100 mil habitantes, en Bahía estamos por debajo de ese número, queremos que se firme un convenio del Ministerio de Salud de la provincia, que paga 2000 pesos por día por cama extrahospitalaria ocupada, nos parece que es un recurso económico que no se puede despreciar”.

Por otro lado, plantean la necesidad de “hacer una búsqueda activa de los casos de Covid” mediante “testeos por pool para controlar focos de contagio y la verificación de los requisitos sanitarios y el cumplimiento de protocolos de bioseguridad en las residencias para personas mayores”.

Ghigliani apuntó que “no retrocedimos de fase porque el sistema sanitario todavía tiene la capacidad de atender casos que se presentan, pero si no tomamos definiciones concretas esto se va a ir complejizando”.

“Hay que ser muy claro en los mensajes: la comunicación tiene que ser muy clara y precisa. No vamos a volver a una cotidianeidad como la del 20 de marzo, pero la nueva normalidad no es solo el uso de tapaboca, exige evitar salir, mantener el distanciamiento, no hacer reuniones sociales, lavado de manos e higiene de superficie. Hubo un relajamiento en la comunicación y parecía que estábamos teniendo una nueva normalidad que no era tal”, comentó.

La edila afirmó que “se exige ser preciso, tener rigurosidad científica pero bajarlo al territorio. Me parece que Bahía tiene mucho material, personas que se suman, organizaciones políticas y sociales. Merenderos y comedores cargándose al hombro un sostén alimentario y a estas personas hay que cuidarlas, darles un protocolo, darle equipamiento de protección personal, están poniendo su cuerpo para una tarea no menor como es cocinar para personas que no pueden hacer por su cuenta”.

Por último, Ghigliani comentó que “un tema que planteamos en el Comité de Crisis Alimentaria es poder comprar el alimento fresco vinculado a frutas y verduras a productores del Sauce o de cercanía porque es una devolución de dinero”.

“Como cuando se le hizo una carga de tres mil pesos extra a la tarjeta de la AUH y lo planteamos para las tarjetas del municipio porque no solo aliviaba sino que iba a ser un dinero que se iba a invertir y gastar en comercios de cercanía”, agregó.

El médico Horacio Romano analizó su columna de FM De la Calle la teoría del “efecto o inmunidad de rebaño” que impulsan sectores anticuarentena. Por otro lado, aseguró que Bahía Blanca tendría que estar “dos fases más abajo”.

“El efecto rebaño en las enfermedades infecciosas supone que cuando hay determinado número de personas con defensas, los virus dejan de circular y la enfermedad prácticamente desaparece. Esto se ha logrado con las vacunas para la viruela, el sarampión o la poliomelitis”, explicó.

Sin embargo, advirtió que “es un concepto específicamente aplicado a la inmunización. No existe la posibilidad de que se infecte tanta cantidad de gente en corto tiempo por más que salgamos todos a tomar mates con pacientes de Covid nunca vamos a llegar a un 60 o 70% de la población”.

Esta premisa es tomada por algunos sectores con teorías “un tanto particulares”. “Un tipo como (Carlos) Pagni, periodista de La Nación, que uno puede tener una opinión u otra pero que de medicina sabe que lo mismo que yo de economía”.

“Apoya una teoría para dar basamento a lo que más le interesa que es la libertad de comercio y de infección en que un tal Lewis, un inglés que su mayor logro es militar en contra del cambio climático. Ahora el tipo se larga a decir que el efecto rebaño se puede lograr con un 20% de infectados en la sociedad. Son ideas de él porque no hay ningún estudio serio al respecto”, argumentó Romano.

“Esto me llevó a investigar y encontré que anduvo circulando una investigadora hindú, Sunetra Gupta, que plantea que la cuestión solidaria es que salgamos todos a infectarnos para que rápidamente esto se acabe. Casi con desprecio dice que los débiles se van a morir, eso es así y al que le toca le toca”.

El médico sostuvo que Gupta “está muy preocupada por el aislamiento en los países en vías de desarrollo, lo cual no deja de tener cierto grado de razón. Dice que una mujer de 82 años tuvo que caminar veinte kilómetros en su país natal para ir al mercado a vender sus juguetes”.

“El problema acá es otro, le ponemos a la pandemia cuestiones propias del sistema capitalista. Queremos dejar que la gente se infecte y se muera para que se pueda ganar el mango, cuando la solución podría llegar a ser un ingreso para todos, una redistribución de riqueza. Todo esto se publicó en Infobae, que tiene una militancia en contra de la cuarentena que llama la atención”.

Para el caso local, Romano opinó que “en Bahía Blanca tendríamos que estar dos fases más abajo, la circulación tendría que cortarse porque los casos suben todos los días, es una subida rápida que en los próximos 15 días va a saturar todo”.

“El miedo funciona un tiempo, pero después relajamos y uno podría salir de cuarentena con recaudos que parece que hay todo un sector que no termina de asumir”.

Por último, se preguntó: “¿Por qué los sectores progresistas, de centro izquierda, tendemos a realizar más las medidas de cuidado que los sectores de derecha que si no militan contra la cuarentena no son propensos a usar medidas de seguridad, barbijo, distanciamiento social, etcétera?”.

“Hay casi hay una actitud ideológica con respecto a todo esto, indudablemente tiene que ver con la respuesta individualista, a mí no me va a tocar y si le toca al otro, problema del otro”, finalizó.

El Gobierno oficializó su nueva propuesta de reestructuración de la deuda en poder de bonistas privados mediante el Decreto 582/2020 y el economista Francisco Cantamutto la analizó en FM De la Calle.

“Esta cuarta oferta se ha ido acercando a lo que pedían los acreedores, están bastante cerca de la oferta original. Para el conjunto de bonos, el valor neto -que sería cuánto valen hoy- está en 53,5 dólares cada cien. En la oferta original se reconocía un valor de 37. La mejora fue sustantiva, más del 50 de la oferta original”, afirmó el columnista de En eso Estamos.

Agregó que “en algunos bonos específicos, los del canje 2005-2010, el valor incluso llega a 57 dólares. La diferencia respecto a lo que pedían los bonistas se achicó tanto que hace muy improbable que en el corto plazo haya juicios”.

A los bonistas “se les van a reconocer intereses caídos, van a cobrar antes y, además de eso, van a tener menores quitas de capital que en la oferta anterior”.

Cantamutto acotó que para esto es necesario contar con un mínimo de aceptación en los bonos de 2005- 2010: “Tiene que llegar al 85% y el resto de bonos emitidos durante del gobierno de Cambiemos alcanza con dos tercios. Hasta alcanzar estos valores, el gobierno ofrece estas mejoras, una vez que se supere este umbral esas ofertas se caen, lo que significa que si algún bonista espera a que fracase el canje puede perder las mejoras”.

Cantamutto destacó que “el propio Luis ‘Toto’ Caputo salió a saludar la oferta” y que “el gobierno cuenta con el apoyo de un fondo, viejo acreedor de la Argentina: Fintech”.

“Es un fondo de inversión copropietario del grupo de Telecom Cablevisión. Es amigo de los muchachos de Clarín, esto tuerce la información que circula. Este fondo no tiene gran cantidad de bonos pero actúa como carril de negociación entre Argentina y el resto de los bonistas”.

El obstáculo principal

“Blackrock, el titán de las finanzas y del poder político, está diciendo que no quiere entrar al canje y dice tener alrededor de un tercio de los bonos, por lo cual lo pone en riesgo”, comentó.

“Lo que queda claro es que esta nueva oferta de mejora cuenta con el aval del FMI, del estabishment de Washington y de gran parte de los bonistas que dicen: no solamente me estás ofreciendo un seguro de cobro sino que me mejorás la oferta”.

El economista señaló que “Blackrock, aparte de negociar con Argentina, es un acreedor de decenas de países del mundo. Después de lo que pase con Argentina va a tener que seguir negociando con otros países, entonces, no quiere que se pudra el negocio en todo el mundo”.

Última oferta con cierre en agosto

Cantamutto comentó que “el 4 de agosto esto se cierra con default o con acuerdo y se habilita la discusión del presupuesto. Lo que pasa es que se ponen las mismas condiciones para la deuda local y empieza la negociación explícita con el FMI”.

“El FMI está diciendo ‘muy bien muchachos pero no vamos a tomar correponsabilidad porque prestamos plata sobre el límite de la cuota para financiar la fuga de capital'”, adelantó.


“Me puse a disposición de la madre para tratar difundir y de hacerle llegar el mensaje a los que tienen la potestad de actuar y que se encamine un poco. Que no caiga en las mismas trampas aunque se van renovando, sin embargo, siempre la matriz es la misma”, afirmó Sergio Maldonado.

El hermano de Santiago dialogó con FM De la Calle luego de comunicarse con la mamá del Facundo Astudillo Castro, desaparecido desde el 30 de abril.

“Ningún familiar tiene que pasar por tener a un hijo desaparecido. A las personas no se las traga la tierra. Cuando hable con la mamá escuchaba a mi viejo y a mi vieja reflejado, con este pedido para que no ocurra más y vuelve a pasar y pasar”, agregó Maldonado.

Sergio llamó a las autoridades a responsabilizarse por el accionar de las fuerzas policiales. “Por suerte aparecieron testigos y dijeron lo que saben. Hay que empezar a investigar a los policías que estuvieron en eso, hay que investigar al Estado porque es una desaparición forzada”.

“Puse un tweet en los que etiqueté a Berni y Kicillof que son los responsables y cabezas de eso, tiene que venir una línea de arriba y que se abra una investigación y se avance. En 15 días hubo dos desapariciones: la de Espinoza que fue el 15 de mayo y la de Facundo que fue el 30 de abril”.

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El nombre de Santiago Maldonado volvió a ser utilizado políticamente por dirigentes de Juntos por el Cambio en el marco de la investigación del homicidio del ex secretario de Cristina Fernández, Fabián Gutiérrez.

Patricia Bullrich respondió declaraciones del presidente Alberto Fernández mencionando que “fue uno de los primeros en vincular a nuestro gobierno con la desaparición de Maldonado” y que “no tuvo ningún empacho en decir que había sido un crimen de Estado”.

“Una de cal y una arena, no es que soy obsecuente, así como digo las cosas de Berni también tengo que salir a darle la razón a lo que dice Alberto Fernández, no porque esté contra Bullrich, sino porque hacen un uso de muertos desde el PRO y la derecha que es asqueroso. Ya viene desde lo de Luis Espinoza, que sacaron un comunicado con una soberbia e hipocresía que me cuesta encontrar personajes que actúen de esta manera, eso es Bullrich”.

“No les importan los familiares, ahora usan a Gutiérrez, no les importó cómo estaba su familia, salen a pisotear cadáveres haciéndose los paladines de la justicia y hablando de investigaciones imparciales cuando justamente no lo hicieron ellos”.

Maldonado comentó: “El año pasado, la madrugada del 8 de julio, murió mi abuela diciéndome que se quería morir para saber que había pasado con Santiago. Uno va quedando con dolores sin saber qué le pasó a sus familiares, no tenemos todo el tiempo del mundo para esperar que con Bullrich sea justicia”.

“Existen elementos en la causa que hacen indudablemente tener que empinar la línea de investigación en la desaparición forzada de Facundo. Facundo no está ausentado ni incomunicado porque quiere ni por enojo, a Facundo algo el pasó”, dijo a FM De la Calle Luciano Peretto.

Se trata del abogado de la familia de Facundo Astudillo Castro, quien desapareció el 30 de abril en cercanías a Teniente Origone, cuando se dirigía a dedo desde Pedro Luro hasta Bahía Blanca.

“Acá hay mucha gente que tiene que dar explicaciones respecto de cuáles fueron los momentos últimos en los que lo vieron. Creemos que la discusión tiene que darse en la justicia federal y que nos da la objetividad y seguridad para poder desplazar de la investigación a la Policía Bonaerense porque son ellos los que tiene que dar explicaciones”, argumentó.

Facundo Astudillo Castro tiene 22 años y está desaparecido desde hace 68 días. La mañana del 30 de abril, el joven emprendió viaje “a dedo” de Pedro Luro hacia la casa de su ex pareja en Bahía Blanca. Nunca llegó. A pesar de los múltiples intentos por comunicarse con él, desde ese mismo día el teléfono de Facundo está apagado.

“Hay un montón de inconsistencias en la investigación en manos de policía, estábamos esperanzados de que sea más rápida la intervención de la justicia federal y a casi diez días de la investigación preliminar y todavía no tenemos número de causa. Pensamos que esto pronto se tiene que resolver, contamos con el acompañamiento de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y queremos llegar a la verdad real. En esa lucha estamos”, señaló el letrado.

A Facundo todavía “lo busca” la Policía Bonaerense

Peretto señaló que “durante cincuenta y pico de días, manejamos la información de que la última vez que se lo vio a Facundo era en un retén policial que lo infraccionó por violación al artículo 205 de Código Penal. Al momento de hacer el rastrillaje con los K9 de Punta Alta -los perros parten del último lugar donde se lo vio-, nos llega que se estaban agregando dos testimonios más que lo habían visto a Facundo”.

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Se trata de dos efectivos policiales, “una policía que lo infracciona por cuarentena que después lo lleva desde Buratovich hasta Origone y, después, otro efectivo policial que lo ve en cercanías de Origone. Nos hablan de cambiar esta investigación por averiguación de paradero, acá Facundo no está escondido, a Facundo algo le pasó”.

Hostigamiento policial

“Facundo es un morochito de clase humilde, laburador, que ha hecho de todo, ha trabajado en un lavadero, ayudante de albañil, mozo, tocaba en una batucada y en su estilo de vida tan simple y humilde tuvo un hostigamiento, particularmente con sus compañeros de Envión. Un día por decirle ‘vos sos igual a tu hermano’ se baja un efectivo policial y le da una cachetada y le cargan una moto a un patrullero y se la rompen toda”, relató el abogado.

Peretto destacó que “todos estos detalles no escapan a la realidad de que nos hacen constituir en esta línea de investigación. Estamos convencidos de que hay que apartar a la bonaerense de la investigación, el hecho de que Facundo no aparezca amerita todo lo que se está hablando”.

El rastrillaje de los perros K9 “dio resultados muy vagos”, comentó el abogado. “Indican la presencia de Facundo en algunos puntos, hay que pensar que la actividad se realizó cincuenta y pico de días después, el día de mayor viento de los últimos meses, la banquina estaba removida porque Vialidad había realizado limpieza, hay rastro de Facundo pero no con la certeza para ser conclusivos respecto de si Facundo estuvo ahí”.

Facundo Astudillo Castro está desaparecido desde el 30 de abril cuando salió de su casa en Pedro Luro, con dirección a Bahía Blanca. Recientemente tres testigos declararon haber visto al joven ese mismo día, cuando era subido a un patrullero en la localidad de Mayor Buratovich.

Esa fue la última vez que alguien lo vio, Facundo nunca llegó a destino ni volvió a comunicarse. La familia denunció irregularidades en la investigación por “averiguación de paradero”, contradicciones en las declaraciones de los policías y realizó una denuncia penal ante la justicia federal por desaparición forzada.

En este caso de enorme gravedad institucional, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se presentará como querellante institucional y ya pidió que se aparte a la policía de la causa que tramita en la justicia provincial.

Facundo Astudillo Castro tiene 22 años y está desaparecido desde hace 65 días. En la mañana del pasado 30 de abril, el joven emprendió viaje “a dedo” de Pedro Luro hacia la casa de su ex pareja en Bahía Blanca. Nunca llegó. A pesar de los múltiples intentos por comunicarse con él, desde ese mismo día el teléfono de Facundo está apagado.

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Tras la denuncia de la familia, se inició una causa por “averiguación de paradero” en la Ayudantía Fiscal de Villarino. La investigación está plagada de irregularidades, inconsistencias y declaraciones contradictorias de los policías que declararon haber visto a Facundo en la localidad de Mayor Buratovich y después en Teniente Origone.

El último de los testimonios policiales es el más contradictorio: primero declaró que una camioneta lo levantó y salió en dirección a Bahía Blanca; cuatro días después, cambió su testimonio y dijo que, en realidad, se fue caminando.

A pesar que la mamá de Facundo y su abogado estuvieron en todo momento siguiendo la causa, sólo conocían el testimonio de los policías que lo demoraron en Mayor Buratovich y le dictaron la infracción por violar la cuarentena. Esa actuación policial ya resulta irregular: a pesar de ser infraccionado por violar la cuarentena y de constatar telefónicamente con la madre el domicilio de Facundo, los policías -segun dicen- no disponen que retorne a su casa sino que lo dejan seguir camino.

Cabe mencionar que, en ese momento, había en la Provincia mayores restricciones a la circulación y un celo muy particular de las fuerzas de seguridad por velar por el cumplimiento de la medida.

Peor aún, ni la policía ni la justicia le notificaron a la familia de las declaraciones de los policías que, supuestamente, ubican a Facundo en Teniente Origone y en una camioneta en dirección a Bahía Blanca. Recién conocieron estos testimonios el 19 de junio, más de 50 días después de la desaparición, durante los rastrillajes en la zona. Ese mismo día, también notaron que la ubicación informada por los policías que lo demoraron no era la misma que figuraba en el acta.

Sin embargo, la última y mayor de las irregularidades se conoció la semana pasada. El 27 de junio, tres vecinos de Pedro Luro se comunicaron con la familia de Facundo y le contaron que el día de la desaparición, alrededor de las 3 de la tarde, después de pasar el ingreso de la localidad de Mayor Buratovich, vieron a Facundo cuando era detenido por dos policías e ingresado a la cabina trasera de un patrullero. Los tres vecinos se habían presentado en la comisaría de Pedro Luro para ofrecer su testimonio, pero nunca fueron llamados a declarar.

La declaración coincidente de los tres ciudadanos echa por tierra los testimonios y actuaciones policiales, identifica otro tiempo y lugar de su desaparición y aporta el principal dato: Facundo fue visto por última vez cuando era detenido por la policía de la localidad de Mayor Buratovich.

Ante las evidentes irregularidades en la investigación y la omisión de la detención de Facundo en la causa, la familia presentó ante la justicia federal una denuncia penal para que se investigue la desaparición forzada y se desplace de la investigación a la Policía Bonaerense.

En la denuncia también señalaron que Facundo era desde hace algunos años víctima de hostigamiento policial. La madre señaló que el joven, cuando era aún menor de edad, había sido golpeado por la policía y que, en otra oportunidad, le habían roto de manera intencional un ciclomotor. En los dos casos, la madre identificó a un agente que, incluso, lo vio participar de los rastrillajes en el lugar de la desaparición.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tomó conocimiento del caso por los organismos de derechos humanos de la región que vienen acompañando a la familia y reclamando la aparición con vida de Facundo. El organismo también estuvo en contacto también con la familia del joven y su abogado.

En carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, y tal como lo faculta la ley, la CPM se presentó como querellante institucional en la causa federal que investiga la desaparición forzada. Y realizará presentaciones ante organismos internacionales de derechos humanos.

Al mismo tiempo, la CPM envió una nota al Ministerio de Seguridad de Nación notificando el hecho y a la fiscalía para requerir el cumplimiento de la Resolución 1930 y ordenar el inmediato apartamiento de la Policía Bonaerense en las diligencias investigativas que se realizan en el marco de la causa por “averiguación de paradero”, en trámite ante la fiscalía de Villarino.

La desaparición forzada de persona es un delito de lesa humanidad. La sola posibilidad o sospecha de estar frente un hecho de esta extrema gravedad institucional obliga a actuar de manera rápida y eficaz. Facundo Astudillo Castro tiene que aparecer con vida, es un reclamo no sólo de la familia y de los organismos de derechos humanos, es un reclamo que tiene que atravesar a toda la sociedad.

“Viernes, sábado y domingo vamos a restringir al circulación entre las 21 y 6 horas. Solo va a estar permitido con permisos de la aplicación CUIDAR o documentación que acredite que es un servicio esencial”, destacó el secretario de Gobierno, Adrián Jouglard.

Por su parte, el secretario de Salud, Pablo Acrogliano, declaró que “si bien la circulación comunitaria la define provincia nosotros sí, a partir de hoy y porque no logramos establecer nexos epidemiológicos firmes, podemos decir que la circulación viral está instalándose”.

Los funcionarios informaron que se modificó la fórmula para establecer la tasa de duplicación de casos en la ciudad.

“Anterior a esta semana los casos venían teniendo un crecimiento regular, usábamos un método simétrico para el cálculo: si hoy había 100 casos en cuántos días había llegado de 50 a 100. Ahora usamos un método proyectivo que traslada la proyección de esta última semana al futuro. Por eso la tasa de duplicación es más corta, tiene en cuenta el aumento exponencial que hubo esta semana”.

Acrogliano mencionó que la transmisión no se está generando por alteraciones de protocolos en ámbitos laborales sino que “está relacionada con lo intrafamiliar y, sobretodo, con lo interfamiliar”.

“Hace 15 días fue el Día del Padre, hubo mucho movimiento entre familias que se juntaron. Es bueno aclarar que uno sabe con quién se junta pero el virus no respeta si es el padre, madre, abuelo o tío, está en todos lados. No juntarse nos va permitir controlarlo o hacer que no se dispare exponencialmente”.

El secretario de Salud comentó que ante una posible duplicación exponencial de la enfermedad la comuna cuenta con 155 camas en el sector Covid 19 y 800 en total. Si no hay cambios, “se va a saturar el sistema en 4 o 5 semanas”.

“Por eso es importante tratar en estos 15 días de autoaislarse para tratar de volver a bajar el numero de casos y poder continuar con la actividad cotidiana. Si no vamos a volver para atrás”, concluyó.

Sobrevivientes de la Triple A y familiares de víctimas de Río Negro no pudieron seguir la primera audiencia testimonial realizada ayer en Bahía Blanca por la falta de transmisión en vivo por parte del tribunal.

La intención era proyectar los testimonios en la Casona de la Memoria Eduardo “Bachi” Chironi ante la imposibilidad de viajar a nuestra ciudad e ingresar a la sala por la pandemia.

Entre otras familias, tampoco pudo participar desde Chile la de Víctor Oliva Troncoso, una de las víctimas de la causa, de cuyo secuestro y asesinato se cumplieron 45 años este jueves.

“Estamos viendo la nada, intentando ver cosas donde no se pueden ver, muy preocupados por esta situación de desinformación, de incertidumbre, porque no se sabía hasta hoy por la mañana si se iba a transmitir, si se iba a continuar o no el juicio y la situación de los testigos”, dijo a FM De la Calle Julia García. 

La hermana del “Negrito” afirmó que “el juez dijo que dado el tiempo transcurrido iba a continuar con la audiencia. Es cierto, pasaron 46 años, vaya si pasó tiempo. Estamos de acuerdo con que se realice pero el coronavirus no puede ser excusa para desvirtuarlo. Es un juicio significativo para Bahía y el país, habla de una participación de civiles amparados en el Estado matando gente y secuestrando en Bahía Blanca”. 

García y otras integrantes de su familia tendrán que declarar en el transcurso del debate aunque ya manifestaron que no aceptarán hacerlo por videoconferencia. “Tenemos el derecho a declarar en condiciones adecuadas, en el caso nuestro son 46 años esperando este momento, cuidando todo recuerdo y cada detalle para no olvidar. El juicio es una instancia reparadora, es la posibilidad que te escuchen y que los imputados se sientan señalados por nuestros dichos y por nuestro relato, no en sus casas tranquilos”.

A su lado, Verónica Alduvino -hermana de Fernando- agregó: “Tanto yo como mi familia esto lo estamos viviendo con un alto nivel de frustración. Los 46 años no estuvimos sentados esperando que se abriera el cielo y bajara la justicia, hicimos un montón de acciones. Mi papá y mi mamá se cansaron de hacer cosas, incluso en el gobierno militar poniendo en riesgo su vida como la de mi hermano más chico, es absolutamente injusto”.

“Estamos enjuiciando al Terrorismo de Estado que ocurrió en un gobierno democrático legítimamente elegido por el pueblo del ’73 al ’76, amparados por este gobierno mataban personas cuando, si alguien era señalado por algún delito, estaban los resortes del Estado para enjuiciarlo, pero no sacarlo de la casa y matarlo”.

“Esto ocurrió y fue metido debajo de una alfombra durante muchísimos años. Nosotros intentando levantarla y sistemáticamente lo volvían a ocultar. Una vez que pudimos por favor que se haga con la máxima seriedad que nosotros y nuestros hermanos se merecen. Se está buscando que este juicio sea entre cuatro paredes y que la gente no se entere. Lo que no se da a luz, mañana vuelva a pasar”, aseguró.   

El secretario de Derechos Humanos, Duilio Minieri, dijo que “esta causa es importante porque hay familiares de víctimas en Río Negro, la seguimos de cerca, fuimos a la primera audiencia, íbamos a transmitir la audiencia en vivo en la casona ‘Bachi’ Chironi en Viedma. Esta precariedad técnica que impide la transmisión es difícil de comprender que en el siglo XXI, que se dependa de la situación de aislamiento de la ciudad de Buenos Aires”.

Finalmente subrayó la importancia “de la comunicación permanente con los familiares, tener en cuenta su opinión, mirar las audiencias en simultáneo, que no se pierda el carácter oral y público y que se mantengan la declaración presencial por el sentido reparatorio que tiene”.

Se realizó este jueves la primera audiencia testimonial en la causa que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A en Bahía Blanca. Por falta de acceso al sistema del Centro de Información Judicial el encuentro no fue transmitido en vivo oficialmente.

Horas después, la Universidad Nacional del Sur puso a disposición del público la grabación de la audiencia en la cual declararon José Luis Santagada, Daniel Esquivel, Marta Bustos y Juan Díaz.

Dante Patrignani pidió la postergación de su testimonio para poder hacerlo con transmisión en directo. Será durante una próxima audiencia, cuya fecha dependerá -según informó el presidente del tribunal Roberto Amábile- de la solución del problema generado en el CIJ y el análisis para permitir el ingreso de público a la sala con las correspondientes medidas de prevención en el marco de la pandemia.

Sin transmisión ni público en la sala comenzó esta mañana la primera audiencia testimonial del juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A.

El primer testigo fue José Luis Santagada. Hubo interrupciones por inconvenientes con la conexión con algunas de las partes que siguen el debate por videoconferencia.

Luego se presentaron Daniel Esquivel y Marta Bustos. Tras una primera negativa, los jueces aceptaron postergar la declaración de Dante Patrignani para que pueda ser transmitida en vivo en la siguiente audiencia.

Más temprano, Patrignani comentó a FM De la Calle que “este es un parche porque seguramente habrá mucha gente que estará esperando ver esto a través del sitio del Ministerio de Justicia y no va a poder escuchar en directo. De todas maneras lo voy a plantear ante el juzgado y seguramente voy a tener que declarar porque si no después no lo voy a poder hacer”.

Consultado respecto a si estos desperfectos condicionan las declaraciones, el testigo mencionó que “seguro afecta, más que nada por el estado de indignación que tengo por esta última “desprolijidad” cuando en realidad si esto lo hubiera comunicado con tiempo se podría haber resuelto de otra manera, pero seguimos con nuestro compromiso con la memoria a través del testimonio”.

En relación a la postura de la CTA, el secretario de Derechos Humanos dijo que pretendían “que el Tribunal decidiera la suspensión para la semana que viene, lunes, martes o miércoles. La Universidad está en condiciones de hacer la transmisión pública y hay tiempo para propagandizar esto para quienes quieran seguirlo de manera directa, esa postura no prosperó”.

Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero son juzgados por el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, también por el homicidio del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

El Tribunal Oral Federal no garantizará la prometida transmisión en vivo de la audiencia que abrirá este jueves la etapa testimonial de la causa Triple A. Argumentó que el Centro de Información Judicial de la Corte Suprema vio afectadas sus funciones por el cambio a Fase 1 en el AMBA.

Cabe destacar que el reinicio del debate será con una modalidad mixta con presencia de las partes en Colón 80 y la posibilidad de testigos e imputados de participar por videoconferencia. El público no podrá ingresar a la sala, por ende, no habrá alternativas de publicidad en directo.

Algunos de los testigos convocados y la Comisión de Derechos Humanos de la CTA Bahía Blanca reclamaron la postergación de la audiencia. La Universidad del Sur está en condiciones de grabar la sesión aunque depende de permisos del Poder Judicial para transmitir en vivo, es por ello que ofreció subir el material a internet una vez concluida la jornada.

“Teniendo en cuenta que los responsables de la transmisión están en conocimiento de la convocatoria a la audiencia desde hace tiempo y que el cambio de fase en el AMBA fue anunciado el viernes pasado es vergonzoso que no se hayan previsto los inconvenientes técnicos ni la comunicación de los cambios a los testigos convocados”, manifestaron desde la CTA.

La Comisión que tiene como referente a Dante Patrignani, uno de los citados a declarar este jueves, agregó que “los juicios por crímenes de lesa humanidad no solo buscan condenar a los represores con todas las garantías que ellos violaron sistemáticamente durante el terrorismo de Estado sino además cumplen una función reparatoria para las víctimas y educativa para que la sociedad sepa lo que ocurrió en nuestra ciudad y no permita la continuidad y reiteración de las prácticas genocidas”.

Por su parte, desde H.I.J.O.S. Bahía Blanca afirmaron que “rapidamente debería solucionarse y buscar las herramientas adecuadas para ‘garantizar de manera plena el principio de publicidad del debate’ como planteó el mismo tribunal, cuya responsabilidad es la de realizar los juicios de manera oral y pública y con pleno acceso a la divulgación del mismo”.

El inicio de la audiencia está anunciado para las 10 en Colón 80. Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero son juzgados por el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, también por el homicidio del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

Cinco jóvenes que integran el emprendimiento expresaron en un comunicado que el gobierno local intentó sacar “rédito político” y luego les quitó la “única fuente de ingresos” .

“El Municipio nos facilitó una máquina y empezamos a vender nuestros bloques al público libremente y creciendo poco a poco. Cuando vieron que el proyecto funcionaba y tenía futuro nos ofrecieron la entrega del cemento y un pago a cada trabajador por una cantidad de bloques fija para ayuda social”, relataron.

Destacaron que “a partir de ahí, todo empezó a empeorar. Las entregas de cemento se complicaron cada vez más (..) Pretendían que trabajemos por $6000 en el 2019, cuando todos sabemos que eso no es un sueldo digno”.

Luego una de las máquinas se averió y el Municipio la retiró para su posterior arreglo. Sin embargo nunca la devolvió. “Las respuestas, por parte del municipio fueron amenazas de denuncia en caso de que la tomáramos para seguir trabajando.La secretaria de Políticas Sociales, Vanina González, desde que asumió dijo desconfiar de nosotros, pero nunca nos concedió una reunión para explicarnos las razones de su desconfianza”.

“El golpe final llegó a principios de 2020. El Coordinador del Programa Envión, Fernando Paolucci, citó a un trabajador de Envión para decirle que no se nos iba a pagar más y que el proyecto estaba dado de baja, sin dar ninguna explicación y sin posibilidad de que se diga nada. Nosotros nunca pudimos tener una reunión ni con él ni con nadie. No nos dejaron vender y nos sacaron nuestra única fuente de ingresos en un momento en el que es imposible conseguir trabajo”, concluye el comunicado.