Durante el 2018, 1.621 víctimas denunciaron 6.300 hechos de tortura y/o malos tratos por parte de agentes penitenciarios y efectivos policiales en la provincia de Buenos Aires y el ámbito federal.

El dato se desprende del informe del Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos presentado ayer en la sede de la Comisión Provincial por la Memoria. Del relevamiento participaron además la Procuración Penitenciaria de la Nación y el GESPyDH del Instituto Gino Germani—UBA.

“Esto significa 1.000 denuncias más que las recibidas el año anterior y es el correlato inmediato del aumento de la tasa de prisionización y, por lo tanto, el sobreencarcelamiento y el agravamiento de las condiciones de detención”, manifestaron.

Agregaron que “la profundización de las políticas de mano dura y la ausencia total de políticas de prevención, sanción y erradicación de la tortura siguen recrudeciendo la crisis del sistema carcelario y de seguridad”.

En las cárceles bonaerenses, se registraron 469 víctimas de 2.428 hechos de tortura; más del 70% son jóvenes, personas menores de 35 años. El aislamiento y la falta o deficiente atención de la salud son las prácticas más denunciadas.

En este informe, además, se hace un relevamiento particular de otra denuncia recurrente: los traslados constantes que implican un alto nivel de rotación por distintas unidades penales y la permanencia por breves períodos de tiempo en cada una como forma de castigo.

Por su parte, en el sistema federal, 926 víctimas denunciaron 2.886 hechos de tortura y/o malos tratos; 6 de cada 10 víctimas son jóvenes, menores de 35 años. Las agresiones físicas y el aislamiento son los hechos más denunciados. El aislamiento produce un “encierro dentro del encierro” y expresa cabalmente la multidimensionalidad de la tortura. Justificado por las autoridades penitenciarias como “sanción” y como “protección”, es también aplicado como régimen de vida de los pabellones y forma parte de la rutina cotidiana de gestión de la cárcel.

Desde el 2015, el RNCT registra también las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el despliegue de las fuerzas de seguridad en el territorio. Este año, se relevaron 986 hechos de torturas y/o malos tratos; más de la mitad ocurrieron en la provincia de Buenos Aires. Sólo en el territorio provincial, 114 víctimas denunciaron 550 hechos ejercidos, en su mayoría de la policía bonaerense, en tres instancias: aprehensión, traslado y detención en comisarías. Las agresiones físicas son las más denunciadas. En el ámbito federal, la situación es similar, 112 víctimas denunciaron 436 hechos de torturas y/o malos tratos; una de cada cuatro denuncias son por agresiones físicas.

“Todo esto ya fue denunciado en innumerables oportunidades y reconocido, incluso, por el Estado. También los organismos internacionales de derechos humanos reclamaron medidas para revertir esta crítica situación, pero nada hicieron. Estas graves violaciones de derechos humanos son parte de políticas diseñadas para provocar estas consecuencias y la responsabilidad es de los tres poderes del Estado”, aseguró la CPM.

El organismo presidido por Adolfo Pérez Esquivel afirmó que “a pesar de la gravedad de estas cifras, son sólo un registro parcial, las violaciones a los derechos humanos son la regla permanente del sistema penal. La tortura es una práctica sistemática en los lugares de encierro y en el despliegue de las fuerzas de seguridad. Con diferentes modalidades e intensidades, persiste en el tiempo y se produce en todos los ámbitos de detención”.

El primer candidato a concejal por el Frente de Todos, Luis Calderaro se esperanzó en que “todos aquellos que piensen que se puede construir un gobierno alternativo podamos estar y dar fuerza de cara al domingo y dar el primer paso camino a octubre”.

En diálogo con FM De la Calle afirmó que “como Héctor Gay fue un comunicador de muchos años la gente le dio un voto de confianza como ilusión de que a raíz de que comentó sus problemas durante 27 años iba a poder solucionarlos y hay desilusión, lo mismo que pasó con Macri”.

“Caminando los barrios vemos que hay situaciones de hambre, vemos que nuestros adultos mayores tienen que cenar un té y que no tienen acceso a la medicación. Sobretodo con los más vulnerables vemos una situación casi de retiro del Estado”, agregó.


En cuando al futuro rol del bloque susbiellista en el Concejo Deliberante, Calderaro adelantó que “nos imaginamos como oficialistas, tenemos la convicción de gobernar la ciudad, con Federico como eje iluminamos una buena generación”.

“Nuestra ciudad esta próxima a cumplir su bicentenario, poder imaginar una nueva institucionalidad, poder tener respeto y cuidado por el medioambiente. Queremos tratar de darle otra dimensión al Concejo con mayor porosidad social, mayores demandas de los vecinos y construir consensos para que el intendente pueda gestionar”.

Respecto de la explosión el la planta de Dow, Calderaro comentó que “lo que pasó da cuenta que hay que tener otra actitud desde lo medioambiental. No basta, no alcanza con comunicar los problemas, sentarse a solucionarlos es otra cosa”.

El precandidato a intendente del espacio anunció días atrás la intención de crear una defensoría del pueblo local, para cuya titularidad mencionaron Raúl Woscoff. “Hemos tenido charlas con  él, la medida le parecía acertada y nos parece que la referencia tiene que ser un persona de sus características”.

“Apuntando al control sobre toda la gestión de gobierno, apuntando también a que un barrio tenga legitimación activa para participar en una contienda cuando se defienda el medioambiente, tal vez ahí tengamos una figura que pueda hacer una representación”.

Por último, prometió recuperar la Comisión de Seguimiento del Fondo Educativo que Cambiemos eliminó del ámbito deliberativo para “que no pase como que ya ha pasado donde casi la mitad del presupuesto quede en subejecución, cuando en realidad las necesidades de los establecimientos educativos son muy grandes y muchas veces nuestros alumnos y alumnas van la escuela porque es el único lugar donde pueden comer más que por una cuestión educativa”.

El 1° Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental, realizado en los establecimientos de internación en salud mental públicos y privados de todo el país durante 2018 y 2019, arrojó que 12.035 personas aún viven en hospitales psiquiátricos.

“Ya no quedan personas en la ciudad internadas en las condiciones sociales que dice el informe, hoy en el Penna se interna gente sin cobertura social y son muy distintas, no duran más de 30 días. Estos datos nos marcan el riesgo en el que podemos caer si no trabajamos la externación de pacientes”, comentó Jorge Moyano, director del Centro de Día del Hospital Penna.

En 2010 se sancionó la Ley de Salud Mental, la cual apunta fundamentalmente a humanizar a las personas con padecimientos que acuden a las instituciones. Si bien cambiaron algunas dinámicas se presentan otras problemáticas.

“Los usuarios van ganando derechos en muchos niveles pero a la vez se va poniendo a la luz otra falta de derechos que antes estaba tapada por la internación. Abunda la falta de empleo, la dificultad para el acceso a derechos como disfrutar de la cultura y de la vivienda que es el gran tema de hoy”.

Moyano señaló que “tenemos pacientes que viven en pequeñas instituciones, pequeños centros de alojamiento privados que constituyen una suerte de pequeños manicomios en la ciudad. Lugares de diez, veinte o treinta personas viviendo como se vivía antes en los manicomios, estamos trabajando en la Mesa de Salud Mental este tema. No tenemos mucho poder de control o trabajo sobre estos lugares privados. Hay una falta de política pública en relación a los sujetos con problemas de salud mental”.

En cuanto a la voluntad política de brindar presupuesto para instituciones como el Centro de Día, Moyano comentó que “esa es una gran dificultad con la falta de un Ministerio de Salud y de otras políticas que existieron en relación a programas de inclusión laboral o cultural que desaparecieron en los últimos años. No existe en la agenda política actual la inclusión de dispositivos como el Hospital de Día, aumentos de presupuestos para talleristas o considerar que propuestas como la nuestra es una propuesta de salud”.

“Todo los años tenemos que apelar a voluntades del ámbito privado pero no tenemos presupuesta para talleres ni para nuestro programa particular de salud. Todos los años es una batalla para ver de dónde sacamos el dinero. Pareciera que ha quedado muy reducida la salud únicamente a la internación. Es grave y nos toca seguir visibilizándolo”, afirmó.

El director del Conicet por el área de Ciencias Sociales y Humanidades, Mario Pecheny, afirmó en diálogo con FM De la Calle que “no hay país posible sin investigación ni desarrollo tecnológico”.

A principios de junio, luego de un año de haber sido elegido por sus pares, Mauricio Macri firmó el decreto que lo designó como sucesor de Dora Barrancos entre las autoridades del organismo.

“Estamos con un presupuesto del 0,23% del PBI para ciencia, son migajas. Esperemos que el próximo gobierno, sea cual sea, comience invertir”, agregó. Pecheny disertará desde las 18 en la Casa de la Cultura de Bahía Blanca en el marco de las VIII Jornadas de Investigación en Humanidades de la UNS.

El doctor en Ciencias Políticas afirmó que “en el Conicet la diferencia que había era la previsibilidad, que la gente sabía que en tal época era el concurso de becas, en tal época el ingreso a carrera, más o menos se sabía qué se pedía, siempre fueron muy competitivos, muy meritocráticos, eso está bien porque se supone que los mejores son los que se dedican a esto. Dentro de los vaivenes de este país, ahora se cambiaron esas expectativas, quien se inicia en una carrera universitaria podía pensarse como científico, hoy en día es casi una quimera”.

“De la plata de administrativos el 60% gana 35 mil pesos en bruto o menos, el 40% gana 30 mil pesos o menos. Tenemos una cantidad de trabajadores que están por debajo de la línea de pobreza, es imposible sostener un organismo así. Es voluntad política de que el país se dote de científicos”.

Respecto al impacto de las políticas neoliberales sobre las ciencias sociales Pecheny comentó: “Todas las ciencias están en situación compleja, están más afectadas las ciencias sociales que a veces son criticadas o tomadas en sorna. Quienes hacen medicina, por ejemplo, los insumos están dolarizados, entonces el dinero llega poco o no llega. Los sociales nos podemos dar maña pero si alguien necesita un reactivo o microscopio no lo consigue”.

Pecheny fue uno de los expositores a favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso, a un año del rechazo a la media sanción del proyecto, dijo que “es una locura amenazar con la cárcel a una mujer que decide interrumpir un embarazo, obligarla a la clandestinidad. La legalidad y clandestinidad no limita el número de abortos, hace que sea insegura y se ponga en riesgo la vida de las mujeres. Ninguna mujer va a abortar por capricho, la clandestinidad hace que las mujeres de clases media altas recurran al pago y las de clase baja recurran a cualquier método”.

Luego de tres años de cierre por parte de Cambiemos y de la reapertura lograda por el permanente reclamo de sus docentes y la comunidad barrial, se realizó la presentación de instrumentos a los nuevos alumnos y alumnas de la Orquesta Infanto Juvenil de Miramar.

“Es la prueba de que la lucha en comunidad y la lucha gremial da sus frutos. Como docentes todo este ejercicio que se hizo fue demostrarles a nuestros estudiantes que la lucha por nuestros derechos es la lucha por la democracia”, dijo a FM De la Calle el director Albin Cedeño

“Ayer tuvimos casi 17 chicos y chicas, tenemos chicos que están en un hogar cerca del barrio. Estaban contentísimos y entusiasmados, intercambiaron instrumentos. Fue una oportunidad para compartir, para ver personas diferentes y que en esa diferencia que tenemos podemos trabajar juntos y en armonía. El brillo en la mirada de tener un instrumento en la mano”, agregó.

“Tenemos una limitación porque solamente se abrió la escuela de cuerdas: violín, violonchelo, viola y contrabajo, quedan algunos chicos por fuera, porque había chicos participando con instrumentos de viento. Estamos intentando que puedan participar como músicos invitados. Muchos están en el conservatorio, están bastante avanzados y sería una pena que se pierda eso”.

Cedeño afirmó que “ahora mismo las condiciones salariales son mejores que las que teníamos antes del cierre de la orquesta. Nos congratulamos ante la decisión del intendente de revertir el cierre. Al tener orquesta a los chicos le estamos quitando las armas de las manos y le estamos poniendo un violín”.

La apertura oficial será el próximo martes. La orquesta sesionará martes, miércoles y viernes en el jardín de infantes de Laudelino Cruz al 1600. Los martes y miércoles se dictará lenguaje musical e instrumento y el ensayo será los viernes desde las 18.

De cara a las PASO, la candidata a concejala Daniela Rodríguez, dijo a FM De la Calle que cuando se vota al Frente de Izquierda “sabes a quién vas a votar y sabes lo que vamos a hacer porque no lo ocultamos en una campaña chata. Privilegian el mal menor, no hay propuestas reales”.

“Nuestra expectativa es hacer la mejor elección posible, hay un sector de la población bahiense que nos acompaña con el voto, este año desplegamos una política de colaboradores, nuestra campaña no está bancada por las empresas sino que nos bancamos con la militancia, amigos, familiares del partido. En estos últimos días la idea es captar a esos indecisos”, agregó.

Rodríguez comentó que “una de nuestras cuestiones principales es con los privilegios de la casta política. No puede ser que el intendente gane medio millón de pesos con un gran porcentaje de pobreza. Proponemos que cobren como un docente con antigüedad, ya lo hemos presentado en el Congreso y se ha cajoneado porque nadie quiere ceder a sus privilegios”.

Consultada respecto a los riesgos ambientales del polo petroquímico, afirmó que “lo que planteamos es transicional porque el polo está, que haya una comisión de seguridad e higiene controlada por trabajadores del polo, por vecinos de White, por técnicos de la UNS y de la UTN. Los que saben lo que se hace, lo que contaminan, son los que laburan ahí adentro y el vecino que lo sufre diariamente. Y luego ir a la cosa más estructural, cómo se produce sin riesgo ni contaminación”.

Desde la organización Sureando destacan que la urbanización y acceso a la vivienda no es una problemática de agenda política y que tampoco se destina el presupuesto suficiente para garantizar un hábitat digno a cientos de familias.

Damian Funk dijo a FM De la Calle que “las villas y asentamientos son alrededor de 32, más del 10% de la ciudad vive en esas condiciones. No es prioridad para las políticas públicas que se avance en cuestiones de integrarlas urbanística y socialmente. Esto debe hacerse con participación vecinal, debe involucrar infraestructura, equipamiento, seguridad en la tenencia de la tierra, debe ser sustentable en el tiempo”.

“En los últimos años esto se ha profundizado. En términos concretos cuando vemos el presupuesto, cada vez es menos el  que se adjudica a política públicas relacionadas al hábitat y se subejecuta”.

Sureando tiene tres ejes principales de trabajo: “Acompañar las demandas de los vecinos, tratar de avanzar con proyectos que puedan mejorar el espacio -ya construimos una biblioteca, plantamos más de 300 frutales, hemos revocado espacios de fútbol- y el tercero es avanzar en el análisis de presupuestos y revelamientos, para tener números concretos. En el Barrio Evita hay más del 50% de la población que tiene necesidades básicas insatisfechas, el 46% vive en condiciones de hacinamiento. Ese número en la ciudad es del 6,2%”.

El Barrio Evita surgió entre 2006 y 2007 y es una de las zonas en la cual más creció la ocupación de tierras: “Son familias empujadas a esta situación. La zona sur tiene tierras anegadas, tierras inundables. En 2006 hicimos un revelamiento con el RENABAP, que arrojó que vivían 260 familias. En el 2018 el barrio se duplicó, hay más de 500 familias, desde calle Juncal hasta Harris. En los últimos cuatro años, en las últimas cuadras del barrio se observan las viviendas más precarias que es lo que veíamos cuando comenzó”, señaló Funk.

Por último, comentó que “el empleo alcanza para subsistir, de parte del Estado hay gran ausencia por responder a estas cuestiones estructurales y de fondo. Se van tapando cuestiones menores, parches, el delegado avanza en mejorar algunas calles, está muy bien, pero las cuestiones de fondo no se reparan. Con este gobierno, con el anterior, vemos que esas cuestiones se mantienen y siguen. No puede ser que muchas familias no tengan agua potable, no entra el camión de la basura, hay cuatro contenedores para 500 familias, pasan tres o cuatro días y están que explotan”.

Francisco Cantamutto, columnista de economía de FM De la Calle, explicó cómo la puja entre China y Estados Unidos tiene su capítulo local en la suba del dólar.

“La forma visible es que están con una guerra comercial. EE.UU y China desde que llegó Trump, se imponen aranceles a las importaciones y eso encarece y hace que entren menos mercaderías al otro país. Son las dos economías más grandes del mundo. China se quedó sin posibilidad de subir aranceles, sin que esto le generara problemas dentro de la Organización Mundial del Comercio, entonces optó por una vía alternativa: devaluar el yuan”.

Esta devaluación le permite a China ser más competitiva, sortear los impuestos: “Para EE.UU. esto es ilegítimo, ya presentó las queja ante el FMI”.

No es una guerra comercial sino un momento de transición para ver quién lidera la economía en las décadas por venir. Estados Unidos es la potencia actual pero por detrás tiene a China que viene ganando posiciones y ya no se deja pasar por arriba”.

China logró que dentro del área Asia- Pacífico “el yuan sea una moneda que se utiliza en el comercio exterior. El yuan logró ser una moneda de reserva del FMI, eso significa que es una moneda sólida, en los últimos años ha ido pactando con países petroleros contratos de hasta 15 años, que va a ir pagando en moneda china. Cada transacción en yuanes devalúa el dólar en el mercado mundial. Esto da cuenta de una pérdida de poder del país norteamericano, que sigue siendo el más poderoso pero que no está dispuesto a perder ese lugar”.

Se parece mucho a lo que sucedió durante la década del 30, luego del crack del 29 que fue la parte bursátil, equivalente a la crisis del 2008. Después de eso, siguió una década y media de estancamiento de la economía mundial, entraron a hacer devaluaciones competitivas entre sí. No es una copia, no es un calco, pero se parece. La economía mundial no arranca, crece cada vez más lenta. En aquel momento se procedió al cambio de potencia de Gran bretaña a Estados Unidos”.

¿Cómo nos afecta? “El gobierno de Macri se asoció de manera neta a Trump.  En el cortísimo plazo, el problema de este movimiento es que genera inestabilidad a los que están timbeando en el mundo, es volver la moneda fuerte, eso eleva el riesgo país y genera salidas. Si estaba todo atado con alambre gracias al préstamo del FMI, esto le genera complicaciones bastante grandes al gobierno de cara a las PASO“.

Trabajadores de PAMI advierten que algunos médicos de cabecera “han comenzado a cobrar una suma determinada de dinero en concepto de la realización de recetas para comprar medicamentos”.

“Como gremio venimos hace bastante planteando el deterioro de las prestaciones, a lo largo de estos cuatro años vimos como han ido menguando”, señaló Stella Navarrete, delegada de ATE.

Dijo que “en un primer momento con un cambio en el pago de médicos de cabecera, teníamos casi 10 mil afiliados sin médicos, luego, con la quita de la cobertura de medicamentos al 100%. Y todo el tiempo nos encontramos con un gobierno que lo único que está haciendo es quitar derechos”.

Cobrar un “plus” por las recetas está prohibido: “Podemos entender que el PAMI hace bastante tiempo que no les está ajustando el pago, hace dos años que no tienen aumento. El jubilado no tienen la culpa, la culpa es de la obra social, a la obra social hay que reclamar no al pobre viejo que con 11 mil pesos tiene que afrontar todos estos gastos”.

Navarrete comentó que “hay aproximadamente 4 mil afiliados sin médico de cabecera. El director del PAMI salió diciendo que iban a echar a los médicos que cobraron plus, hay que hacer algo, hay que sancionar. Pero si echamos a esos médicos, nos quedamos sin médicos. Cada uno tiene una cápita de entre 700 y 1000 afiliados”.

“Esto amerita que PAMI, el Círculo y Asociación Médica hagan un acuerdo que los beneficie a ellos pero que no vapulee a los jubilados. Tenemos afiliados con medicamentos oncológicos, cardíacos. No es una pavada. Son cuestiones donde se les va la vida si ellos no ponen esos 100 o 200 pesos que les cobran”, finalizó.

Roberto Daniel Carmona, prófugo en la causa por la estafa habitacional de DyF, fue detenido el viernes. El condenado a nueve años de prisión se hacía llamar “Ronnie Standford” y actuaba y dirigía una obra de teatro infantil.

“Fue identificado por un ex empleado al que le debía un dinero, hay una suerte de venganza. Fue a la policía y le aportó los datos. El contexto de las detenciones de Díaz Flaqué -capturado en un operativo de tránsito- y de Carmona son ajenas a la causa. Son situaciones muy específicas”, comentó el abogado Maximiliano Gorg.

La investigación judicial por la que fueron condenados reveló que el modus operandi consistía en presentar un fideicomiso, vender los terrenos y contratar a constructoras. Sin embargo, los clientes jamás recibían la propiedad y a los contratistas les entregaban cheques sin fondos de compañías quebradas.

“Se va aquedar en una prisión de la provincia, en definitiva no hay necesidad que venga hasta aquí, cualquier unidad penal sirve para el cumplimiento de esa pena de nueve años”.

El titular del fideicomiso DyF, Sergio Favretto, fue detenido en Brasil semanas atrás y aun debe ser juzgado en nuestra ciudad. Gorg señaló que “se mandó a través de Cancillería el exhorto pidiendo la extradición, traducida al portugués, para que autoricen el traslado a Bahía”.

Desde el punto de vista patrimonial de las familias estafadas, el abogado comentó que “no hay cambio alguno con respecto a lo que ha sucedido. Hay algunos que han tomado o intervenido la administración de los fideicomisos, buscándole una alternativa en ese sentido, pero más del 90% no va a poder recuperar nada”.

Una válvula de operación manual cerrada en la cañería de salida del recipiente V-907 impidió liberar la sobrepresión y provocó la explosión en el Cracker 2 de Dow el 28 de junio.

Así lo plantea el informe final presentado por la multinacional al Comité Técnico Ejecutivo. Dicha válvula “debió ser la primera en abrirse” al poner en marcha la planta luego del corte nacional de energía del domingo 16.

El documento firmado por el apoderado Víctor Seguí, describe que “la presión del equipo V-907 aumentó como consecuencia del ingreso de la corriente de condensado proveniente del horno H-123 (90bar) que es la situación operativa normal de diseño, puesto que la válvula de alivio de presión que asegura el equipo no estaba alineada correctamente”.

“No se siguió con la metodología del sistema operativo de manejo del equipo para su puesta en marcha. Ello generó un sonido explosivo en el momento en que se liberó el vapor de agua allí contenido. El incidente no generó la liberación controlada ni descontrolada de ningún producto químico, tóxico o inflamable”, concluye.

Dow explota, CTE explica

Dos días después de la explosión, Dow habló de su “compromiso con la transparencia”, rezongó por las fakes news sobre el episodio y prometió “continuar informando” sobre sus causas. Desde entonces, ningún representante de la empresa dio la cara.

Ante el mutismo de la multinacional y tras varios días de silencio forzado por parte de las autoridades municipales, el titular del CTE César Pérez fue el vocero del informe final: “Confirma una de las posibles hipótesis que teníamos, que habíamos evaluado con la información que teníamos”.

“Esto se maneja así, la empresa hace su análisis y nosotros recibimos la información. Evaluamos, en función de eso, si técnicamente es viable o es una causa justificada de la explosión”, dijo y explicó: “Podemos resumirlo como una falla operativa, un error humano en llevar adelante el procedimiento de alineación del equipo para la puesta en marcha del mismo”.

Toda la documentación fue remitida al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible y a la Fiscalía. El primero deberá resolver si cabe alguna sanción, en tanto desde el ámbito judicial resta determinar si la explosión implicó la comisión de un delito, es decir, si hubo o no afectación a personas o bienes de terceros.

Pérez estimó que, “en función de los daños, la empresa puede estar dos meses más sin producir, dependiendo del tiempo que demore la construcción de un recipiente similar, más la adecuación de las cañerías menores anexas a este equipo”.

El informe relata que luego del corte de energía y la parada de planta siguieron varios días de “preparación para iniciar las maniobras de puesta en marcha”, incluyendo reparación de equipos.

La madrugada del viernes 28 de junio escuchamos la explosión. Dice Dow: “Durante las maniobras de preparación para la puesta en marcha de la planta Cracker BB2, se produjo un evento de seguridad de proceso que motivó la rotura del aparato sometido a presión identificado como V-907 (en adelante, el ‘Equipo’), destinado a la contención de condensado y vapor”.

Según la versión oficial, la explosión “no produjo heridos ni afectación al ambiente, en tanto el equipo no era destinado al uso, transporte ni almacenamiento de sustancia química alguna que pudiera causar impactos negativos”.

El proceso de mantenimiento del equipo estallado y sus tres válvulas de seguridad había estado a cargo de SAIPP S.R.L. y contaba con habilitación del OPDS.

En cuanto al origen de la sobrepresión, Dow sostiene que “constató la condición de cerrada de una válvula de operación manual que debió ser la primera en abrirse de acuerdo a lo que indica el procedimiento crítico de puesta en servicio, en la cañería de salida superior del recipiente V-907, circunstancia que impidió el funcionamiento del dispositivo de alivio de presión”.

“Ello provocó la presurización del equipo por encima de su valor de diseño y posterior rotura. La explosión ocurrió a las 00:20 debido a una sobre presión mecánica. Se estima que la presión alcanzó entre 5 y 10 MAWP (6.91 BAR)”.

El análisis de precios del IPC Online arrojó un aumento de 2,18% respecto a junio. La inflación en Bahía Blanca acumula un incremento del 21,83% e 2019. Si se toman los últimos 12 meses la cifra llega al 48,63%.

El economista Juan Larrosa detalló los rubros que más se encarecieron: “Alimentos y Bebidas no superó el 3%. Que se quede tranquilo es bueno porque ahí está la canasta de alimentos. Elementos del Hogar es el que más subió, sospechamos que tiene que ver con los planes de Ahora 12, muchos subieron los precios porque van a vender en cuotas. Ya tenemos dos meses seguidos por arriba del 4%. Se une Atención médica y gastos de salud, por la suba de las prepagas. Transporte y Comunicaciones tiene que ver con naftas y el aumento del colectivo”.

“El mes pasado nos cerró 2.09%. O sea que los últimos dos meses vienen pasando el 2%, comparado con principio de año viene más tranquilo. Es una tendencia que hay que ver en agosto si INDEC corrobora que viene bajando”, comentó.

Las mayores alzas puntuales se registraron en precios de Cerveza en botella, Agua sin gas, Lámpara bajo consumo, Vino fino y Mermelada, todas con subas superiores a 50%.

Las mayores bajas puntuales se encontraron en precios de Fideos secos tipo tallarín, Vacío, Yogur bebible, Harina de trigo leudante y Galletitas dulces envasadas sin relleno, todas ellas mayores a -25%.

Se destacan aumentos en Gas natural por red, Afiliación a sistema de salud, Colectivo urbano, Gasoil, Nafta de 93 a 97 octanos, Nafta de más de 97 octanos y Servicio de televisión por cable. A su vez, destaca baja en el precio de Servicio de Internet domiciliaria.

Mañana a las 17 en la Plaza Rivadavia se realizará un acto para conmemorar el segundo aniversario de la desaparición forzada de Santiago Maldonado durante un operativo de Gendarmería Nacional en territorio mapuche. Su cuerpo fue “hallado” 78 días después en el Río Chubut.

Esta tarde habrá una vigilia en el Centro Cultural La Panadería, desde las 19 en Lamadrid 544.

“Hay que apoyar el reclamo de los familiares para la reapertura de la causa, con la misma consigna para que no se caiga y que se pida la investigación de los responsables”, comentó Dante Patrignani desde la Comisión de Derechos Humanos de la CTA Bahía Blanca- Cnel. Dorrego.

El dirigente destacó que en la causa “no se peritaron los billetes que se encontraron junto con el documento, no se peritó lo que dice la propia autopsia que dice que el cuerpo había sido congelado, no peritaron los teléfonos de los gendarmes. Mañana también apuntamos a hacer una denuncia de toda la política de la ministra Bullrich: como es el asesinato de Rafael Nahuel o el allanamiento de la semana pasada a otra comunidad mapuche”.

La Fundación Grupo Efecto Positivo denunció que peligra la entrega de medicación a más de 15 mil personas con VIH. “Por lo menos un 30% de los que son beneficiarios del sistema público podrían quedarse sin medicamentos”, señaló la directora ejecutiva Lorena Di Giano.

“El año pasado cuando se debatía el presupuesto luego de la conversión del Ministerio de Salud en Secretaría, vimos que hubo una reducción significativa. No alcanza, son medicamentos en dólares. La Dirección Nacional de Sida nos respondió con este informe que da cuenta que en el mes de junio y julio ya se terminó el stock de una combinación de tratamientos y de otra combinación de 3 drogas. En agosto y de acá a fin de años se sumarían 15 medicamento más que se quedaran sin stock”.

Di Giano señaló que lo tratamientos de VIH no se pueden interrumpir: “No se puede dejar de tomar ni un día salvo por indicación médica. Es una situación alarmante, por eso salimos a hacer esta denuncia. Esperando que las autoridades den una respuesta efectiva”.

“En las últimas 3 o 4 semanas recibimos denuncias de personas que van a hospitales y no les entregan los medicamentos que utilizan, en muchos casos los cambian de marca compulsivamente. Estos cambios no deberían ser por faltantes, Darunavir 800 falta,  también viene de 600, y como no hay de 800 a esta persona le están dando dos de 600. Con ese aumento de miligramos hay que ver cuál puede ser el efecto a mediano plazo para esas personas”, explicó.

La Secretaría de Salud afirmó que “tanto el presupuesto como los tratamientos están garantizados. Sólo en el caso de una combinación de drogas (Darunavir 800/Ritonavir 100 mg) se registró una disminución en el stock en algunas jurisdicciones. A partir del próximo lunes, se distribuirá esta combinación de drogas a todas las provincias”.

Di Giano comentó que “están contradiciéndose: el informe que publicamos es el informe que nos dieron ellos, cuando dicen que no hay faltantes, que se van a entregar medicamentos, me gustaría saber de qué manera lo van a hacer porque entonces que publiquen el número de expediente de compra para que veamos cuánto tiempo va a llevar. Queremos saber si hay una compulsa de precios o si están haciendo una compra a cualquier precio”.

El comunicado de la cartera que dirige Adolfo Rubinstein manifiesta que “el consumo de dichas drogas se ha incrementado considerablemente en estas últimas semanas en relación a nuevas recomendaciones nacionales e internacionales. Debido al aumento de la demanda, se registró una disminución del stock en algunas jurisdicciones”.

“Decir que aumentó en las últimas semana es vergonzoso. ¿Cómo no tuvieron la previsión de que iban a aumentar los casos? Da cuenta que la dirección está trabajando con poca previsión y diligencia. Está en peligro la vida y la salud de miles de personas en todo el país”, finalizó Di Giano.

En diálogo con FM De la Calle Federico Tucat se refirió a la explosión en la planta de Dow ocurrida el 28 de junio y a las causas judiciales que investigan la contaminación del estuario.

El 4 de julio el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad convocar a la subsecretaria de Gestión Ambiental, Sandra Pérez, al coordinador del Proceso APELL, Daniel Ayala y al titular del CTE, César Pérez. Por otra parte, avaló el llamado a una reunión extraordinaria de la Comisión Asesora Ambiental ante la inactividad a la cual la sometió el oficialismo durante el último año.

“No tenemos información acerca de las causas de la explosión”, manifestó Tucat y agregó que la reunión con los funcionarios mencionados se realizará “a la brevedad”. “Particularmente después de lo que se manifestó como necesario, la actualización del Proceso de Respuesta a la Emergencia Tecnológica también nos parecía interesante era aprovecharla para modificar la ordenanza a los cánones locales e internacionales que establece el Proceso APELL”.

En cuanto a la paralización de la Comisión Asesora Ambiental -que debe reunirse una vez al mes-  sostuvo que, “independientemente de eso, cuando la temática lo requiere se genera mayor volumen de convocatoria. El año pasado hubo temas importantes que requirieron reuniones asiduas: las antenas de celulares y la pista de speedway. El presidente de la comisión a mantenido diálogo con las personas que la integran”.

Conocida la pericia judicial de la Universidad de Buenos Aires que alertaba sobre el peligro de la contaminación de la ría, el Concejo aprobó -el 13 de septiembre de 2018, también por unanimidad-convocar a las autoridades del CTE y a quienes confeccionan el Plan Integral de Monitoreo para que informen -una vez más- sobre las conclusiones del monitoreo realizado sobre cuerpos receptores y control de los contaminantes del agua.

Las autoras de la iniciativa, Paola Ariente y Gisela Ghigliani, pretendían que la Comisión de Medio Ambiente y la Comisión Asesora Ambiental escuchen las conclusiones del Instituto de Oceanografía (IADO-Conicet) “a fin de evaluar el real impacto que la actividad industrial y las actividades antrópicas del desarrollo humano tienen en el estuario”.

Nunca sucedió. “A veces quienes movilizan determinadas convocatorias, debido a la coyuntura o a algún otro tema se va llevando su interés y no se terminan de convocar. El mismo requerimiento, las urgencias o la agenda la van estableciendo los propios bloques”, dijo.

Finalmente fue la Cámara de Apelaciones la que dispuso la formulación de “un plan concreto” para “diagramar inversiones futuras y asegurar el desarrollo integrado y sustentable de la Ría de Bahía Blanca, que establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente”.

Tucat opinó al respecto que “lo que la justicia falla hay que acatarlo. Es un tema de larga data y Bahía merece un análisis serio y en el corto plazo porque hablamos de la salud de las personas. Sería interesante en los plenarios de la Comisión Asesora Ambiental tratar esto y que los especialistas vengan a plantear las diversas y posibles soluciones. Inclusive que las propias empresas puedan asistir y manifestar su visión y las posibles soluciones”.

“Decir que (Ércoli) puede prestar el voto es subestimar la capacidad de un concejal que ha ejercido su cargo de una manera responsable”, señaló el oficialista Federico Tucat al ser consultado respecto al tratamiento de las designaciones de la ex secretaria de Políticas Sociales, Soledad Monárdez, y de Carlos Salgado, secretario del edil Roberto Ércoli, como titulares de los Juzgados de Faltas.

“El intendente ha considerado en el uso de sus facultades a las dos personas, el expediente está en trámite. Si bien comprendemos que es un expediente que requiere análisis, entendemos que hay que darle cierta celeridad porque virtualmente la ciudad se podría quedar sin juez de Faltas”, dijo el legislador de Cambiemos.

Tucat comentó que “las consideraciones son criterios políticos y de expertise profesional de las personas, tienen curriculums interesantes ambos para juez de Faltas, particularmente para el área de mediación la doctora Monardez y el doctor Salgado también tiene mucha trayectoria”.

“No vi cuestionamientos cuando se designaban personas que habían manifestado pertenencia partidaria respecto a otros partidos. Sin ir más lejos hubo un pedido de jury de enjuiciamiento de uno de los jueces de Faltas que en su momento no prosperó y en ese momento ninguno de los bloques que hoy manifiestan cuestiones éticas manifestaron cuestiones éticas sobre su continuidad. Si vamos a hablar de ética me parece que deberíamos empezar por ese punto. Si no parece que hay una vara diferente”, dijo.

En 2011 organismos de derechos humanos denunciaron que Ricardo Germani fue agente secreto del Destacamento de Inteligencia 181 durante el terrorismo de Estado. Peronistas, macristas y radicales patearon la definición sobre la realización o no del juicio político a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, la cual finalmente permitió que el espía hoy se jubile del cargo.

Integración Ciudadana-8 de Septiembre pedía la nulidad del decreto de nombramiento a partir de declaraciones del ex intendente Rodolfo Lopes, quien manifestó haber sido “engañado” por Germani.

El concejal de Unidad Ciudadana Carlos Quiroga dijo a FM De la Calle que el oficialismo manejó las propuestas para cubrir las vacantes de los juzgados de Faltas “con cero cintura política”. “Lo van a sacar con el doble voto del presidente pero deberán hacerse cargo de sus negocios”, afirmó.

El intendente Héctor Gay propuso a la ex secretaria de Políticas Sociales, Soledad Monardez, y al secretario del bloque del Frente Renovador, Carlos Salgado, para reemplazar a Gabriel Nardi y a Ricardo Germani.

“Empezaron con Monardez que se estaba yendo en condiciones difusas, después de subejecutar presupuesto, había una denuncia por la desaparición de materiales. En el caso de Salgado es lo que se esperaba. Sabíamos, cuando Ércoli acompaña y permite que el oficialismo saque el presupuesto, que eso iba a tener un correlato luego y lo estamos viendo acá”, comentó.

Respecto a Monardez comentó que “estamos esperando que agreguen al expediente los cursos que dice que ha hecho, estamos pidiendo que se incorporen los analíticos de la carrera para ver, por ejemplo, el desempeño en derecho penal”.

Acerca de Salgado dijo que “tampoco sabemos si sus antecedentes académicos y de formación son suficientes para un cargo semejante como es el de juez de Faltas”.

“No han dado mucho lugar a discusión. Con Feliú lo planteamos en la reunión de labor parlamentaria pero está decidido, este es el nombre. Lo que promovieron fue intentar obtener unanimidad de respaldo pero no hicieron nada para lograrlo. Lo van a sacar con el doble voto del presidente pero deberán hacerse cargo de sus negocios”.

Quiroga destacó que “lo que se escucha decir es que van los dos pliegos juntos, esa sería  la garantía que esta exigiendo Ércoli, él acompaña a Monardez pero simultáneamente con Salgado para tener certeza que efectivamente le cumplen”.

Un mes y un día después de la explosión del 28 de junio en la planta de Dow, el Comité Técnico Ejecutivo cuenta con el informe final de la empresa sobre las causas del episodio aunque la Municipalidad aun no autorizó su difusión.

Desde el área de Prensa se informó a FM De la Calle que el acceso al documento está supeditado a una reunión que mantendrán el titular del CTE, César Pérez, y el secretario de Gobierno Fernando Compagnoni. Se confirmó que la explosión no mereció siquiera una infracción por parte del órgano de control.

La empresa despidió al jefe de Operaciones, Eduardo Carranza, y lo reemplazó por Leandro Furland quien se desempeñaba como superior del primero en la dirección de la planta. El cargo del degradado Furland fue ocupado por José Impolino.

Hernán Zerneri, de la Asociación Ambientalista Unión 20 de Agosto, dijo que en una reunión extraordinaria del Comité de Control y Monitoreo las autoridades de Dow afirmaron que la explosión ocurrió “por un error humano”.

Agregó que Dow tendría que haber sido infraccionada: “Tengo entendido que el monitoreo de ruido detectó niveles por encima de lo permitido. En el caso de emisiones de humo por antorcha cuando son los cortes de energía también se la infracciona, la vara tiene que ser igual en todos los sentidos”.

“La reunión se disparó hacia las fake news y la credibilidad a las empresas. Hubo una enérgica respuesta de nuestra organización, de la cooperadora del Hospital Menor y algunos integrantes que no considerábamos oportuno que se intente adjudicar esta responsabilidad a la comunidad”.

“Siempre hay gente malintencionada pero acá amerita que se revise el PRET, los mecanismos de comunicación. Es un plan que tiene formas de comunicación de hace 20 años. Que la empresa se haga cargo de lo que hizo, que el Estado se haga cargo de lo que tiene que hacer”.

Al ser consultado si el CCyM tuvo acceso al informe de la empresa señaló que “no es un organismo municipal, está creado por ley con muchas instituciones, no es un organismo que pertenezca al organigrama municipal. Lo que se intenta es que el municipio otorgue dentro de la página un espacio a este organismo. La obligación de comunicación es por parte del Estado, debería tener su propia pagina web, un presupuesto, todo esto no está”.