Directoras/es de los Institutos de CONICET de la ciudad de manifestaron su apoyo al “Cabildo Abierto en Defensa de la Ciencia Argentina” realizado ayer en Buenos Aires.

“Expresamos nuestra enorme preocupación por la situación que se encuentra atravesando el sistema de Ciencia y Tecnología argentino, particularmente, las severas restricciones presupuestarias que está sufriendo el CONICET y que afectan a sus diversas actividades”, finaliza el documento.

Viviana Echenique, directora del CERZOS, comentó que “alguna respuesta hemos tenido porque los doctores Kornblit y Pecheny han sido designados y parece que va a haber una liberación de fondos de mil millones de pesos para palear la situación”.

“Los subsidios para investigación no se están pagando a tiempo, entonces se demoran las tareas de publicación, los cupos de becarios y de investigadores han bajado. Han incrementado los gastos de luz, gas etcétera. En este momento el CONICET solo estaba teniendo fondos para necesidades básicas y para pagar salarios. La UNS decidió asignar un monto para ayudar a los institutos”.

Echenique comentó, además, que la reducción de presupuesto “se ve traducida en cosas cotidianas. Tenemos que cuidar el gas, la luz, a veces se rompe algo y hay que repararlo, hay equipos que mantener y para eso se necesita dinero. El tema de fondo es que si no hacemos ciencia generamos dependencia, lo que queremos es seguir formando recursos humanos y que estén capacitados para investigar en el país”.

“Si tenemos que comprar medicamentos o tecnología tenemos que hacerlo afuera. En cambio, si tenemos recursos humanos que puedan generar esas cosas, si tenemos estos recursos preparados para que hagan ciencia básica, eso se ve traducido en mejoras para la calidad de vida de la gente. Por ejemplo, si se generan dispositivos para la gente que no puede oír o algún artefacto para la gente no puede ver o investigación sobre medicamentos”.

En la actividad realizada frente a la municipalidad bajo la consigna “No al desguace cultural” se leyó un documento consensuado en la asamblea de todas las ramas artísticas convocada por sus representantes en el Consejo Cultural Consultivo.

No es nueva la escena. No es nueva la caracterización alarmante del abandono del Estado hacia la producción cultural de la ciudad y hacia la comunidad que merece acceso a ella. Todos los días se recrudece el ajuste en políticas públicas, y se continúan perpetrando numerosos recortes que agravan el contexto denunciado ya en 2017 como “Desguace cultural” por la comunidad artística de Bahía Blanca.

La precarización y la vulneración de derechos van de la mano:

Los recortes dejan sin trabajo y precarizan a una enorme cantidad de artistas, y llevan a la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, de las mujeres, de adultos y adultas mayores, y de todos los sectores más vulnerables de la ciudad, saboteando el acceso a sus derechos constitucionales básicos, que están profundamente relacionados entre sí.

La subejecución de partidas presupuestarias, el recorte de la inversión en políticas públicas y la precarización laboral de quienes deben garantizar esos derechos son parte de una misma política: la que lleva a cerrar los talleres municipales, a desabastecer una salita médica, a invertir el fondo educativo en asfalto, a negar el trabajo digno, a destruir la agenda cultural local y su oferta pública.

Estas prácticas de recortes brutales aplicadas por el actual gobierno no descansan e impactan desde todos los frentes en forma integral y desesperante en el acceso a la alimentación, a la educación, a la salud, a la cultura.

ESTOS SON DERECHOS CONSTITUCIONALES. Y deben ser garantizados por el Estado con inversión, presupuesto, política y consciencia de la Emergencia Social que enfrenta hoy Bahía Blanca.

A continuación exponemos sólo algunos de los frentes más sensibles a los que llegó el Desguace Cultural desde 2016 hasta la fecha:

  • Talleres artístico-culturales Municipales. Desde 2016 hasta diciembre de 2018 cerraron aproximadamente 100 talleres municipales: Fueron afectadas más de 2.000 familias de los sectores más vulnerables de la ciudad como Vista Alegre, Villa Nocito y el Barrio Miramar, sin considerar todas aquellas que ni siquiera fueron alcanzadas por el programa de talleres municipales.

El despido de sus docentes fue encubierto por la notoria precarización laboral en la que funcionaban, y que aún se sostiene en aquéllos que siguen funcionando: Los contratos bimestrales o trimestrales, la precaria situación de monotributarización, entre otros absurdos, convierten al docente en proveedor del Estado con toda clase de manoseos característicos de la violencia institucional.

El vaciamiento sistemático de los programas NIDO, Envión, Talleres de Gral. Cerri y Orquesta Infanto Juvenil del barrio Miramar son sólo algunos ejemplos del impacto de estos cierres en el acceso de la comunidad a la cultura.

  • En cuanto a los Museos Municipales, el deterioro y pérdida del patrimonio de la ciudad por falta de inversión en medidas de seguridad y en espacios de conservación avanza:

La puesta en valor de la Lancha ‘El Águila Blanca’ del Museo del Puerto, el espacio de conservación de obra para los museos de Arte, y las medidas de seguridad en el Museo de Ciencias son sólo algunos ejemplos.

La carrera municipal está frenada, no hay recategorizaciones y no se cubren los cargos vacantes ante jubilaciones o renuncias. Cuando hay incorporaciones, la mayoría de las veces se da bajo la figura de monotributista profundizando la precarización laboral.

Los y las trabajadores son quienes muchas veces compensan lo que el Estado debería resolver, cuidando del patrimonio o soportando situaciones de vulnerabilidad laboral para garantizar el acceso a la cultura de la comunidad de Bahía Blanca.

  • Los Espacios Culturales Independientes como protagonistas activos de la cultura bahiense, vienen sufriendo también las políticas de ajuste, tarifazos y vaciamiento de presupuesto. En el contexto de este año, deberán además absorber agenda que no puede sostenerse en otros escenarios como el del Teatro.
  • Han disminuido terriblemente las contrataciones artísticas, y esto genera la reducción de la agenda cultural gratuita para la comunidad, junto a la invisibilización de la actividad artística local.
  • Los Carnavales, por ejemplo:Se desfinanciaron las actividades de los Corsos Barriales de 2017, recortando la suma solicitada por la Asociación de Murgas Bahienses. Asimismo, el tradicional corso céntrico no se realizó en 2018 ni en 2019.
  • El Cierre del Teatro Municipal se realizó después de tres años de saber cuál era el estado del Teatro y las necesidades de refacciones.

Se cerró sin ningún plan de contingencia para la actividad que sostenía, y sin un presupuesto de tiempo específico para las refacciones a realizar.

Esto tiene un fuerteimpacto en la agenda cultural, la actividad de los OAS, el traslado forzado de los talleres de ATS y talleres del teatro, y la reducción en la recaudación de la tasa de espectáculos que nutre el Fondo Municipal de las Artes, entre otras problemáticas.

  • El Fondo de Financiamiento de Hechos Artísticos Culturales con Continuidad en el tiempo (llamados “Eventos Permanentes”) se encuentra hoy desbordado por las necesidades de financiamiento que presentan estos eventos autogestivos sin fines de lucro de la ciudad en este contexto inflacionario, y continúan planteando el debate urgente de un mayor presupuesto para Cultura.
  • Las Escuelas de Artística enfrentan año tras año condiciones edilicias deplorables que atentan contra la escuela pública y el alumnado. Su reclamo histórico por las mejoras y adecuamiento de los establecimientos educativos a las necesidades de formación y requerimientos básicos de seguridad y accesibilidad sigue siendo desoído, mientras la administración del Fondo Educativo los ignora sistemáticamente.

La Escuela de Danzas no tiene siquiera edificio propio. El Conservatorio de Música debió llenarse de anexos y funcionar en tres sedes sin que sea suficiente por el número creciente de estudiantes. Tanto éste como la Escuela de Teatro y la Escuela de Artes Visuales funcionan en casonas viejas mal adaptadas como aulas.

Si la matrícula en la formación artística crece, pero las inversiones se fugan hacia otros ámbitos, se atenta deliberadamente contra la educación artística y la cultura local. Es urgente que se evalúe la forma discrecional en que se está manipulando el Fondo Educativo en Bahía Blanca, y que verdaderamente se utilice para tener escuelas públicas de calidad.

  • Organismos Artísticos del Sur, que comprenden Orquesta Sinfónica Provincial, Ballet del Sur y Coro Estable, tienen sus cuerpos artísticos diezmados,un magro presupuesto para funcionamiento, vaciamiento progresivo y contratos basura, lo que constituye la peor crisis de su historia.

Estamos hoy acá porque todas estas problemáticas son urgentes y necesitan respuestas. Muchas comenzaron en 2016 y aún siguen sin resolverse, recrudeciendo y  empeorando con el tiempo.

El Desguace Cultural no es sólo un diagnóstico, no es una fotografía estática de la escena cultural de la ciudad. Es una violenta embestida institucional que erosiona todos los días las posibilidades de los barrios, de niños, niñas y adolescentes, de estudiantes que decidieron estudiar Danza, Música, Teatro, Literatura, Artes Visuales, de artistas que decidieron dedicar su vida a ser trabajadores y trabajadoras de la cultura, de una comunidad que se encuentra con un Teatro cerrado por tiempo indeterminado,  los talleres de arte cerrados, sus profes despedidos y despedidas, y su futuro cada vez más gris.

El Desguace cultural, y  la Emergencia Social en que se enmarca, demandan una solución urgente. Y la única respuesta posible es la inversión pública, un presupuesto a disposición de los sectores más vulnerables de la ciudad y la decisión política de detener el desmantelamiento de la cultura en la ciudad, de escuchar de una vez por todas a quienes dan vida cotidianamente a la escena artística de Bahía Blanca y a una ciudad entera que viene sufriendo la vulneración de sus derechos culturales.

La política neoliberal le está quitando lo público al público. Por eso hoy estamos de pie en esta Plaza.

Porque el arte debe ser público.Porque la cultura es un derecho.

Porque el acceso a ese derecho nos pertenece, y nos debe ser garantizado

La comunidad artística ya trabajó gratis, ya trabajó precarizada, ya fue contratada por dos meses y fue despedida, ya fue desterrada de sus lugares de trabajo y siguió buscando dónde, fue alejada de su público y salió a buscarlo, fue saboteada desde todos los ángulos y sigue en pie, sonando fuerte y tomando las calles. Siguedispuesta a poner todo de sí para sostener cada rincón en movimiento ¿Hasta cuándo piensan que se puede sostener esto?

La garantía de los derechos culturales no puede depender solamente de la buena voluntad de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura.

Cuando se desmantela la cultura recrudece la violencia, la salud se debilita, la educación se resquebraja.

La cultura libera a los pueblos y reafirma su identidad. El Estado debe promoverla con responsabilidad y amplio sentido social y democrático. Los gobiernos tienen el deber de trazar políticas culturales públicas que faciliten, promuevan y enriquezcan las iniciativas, la creatividad y los saberes propios de su pueblo desde una perspectiva inclusiva y no exclusiva.

Es por esto que queremos terminar con una simple pregunta:

Somos conscientes de que si existe la decisión política de priorizar la inversión pública, los recursos pueden y deben ser destinados a las necesidades de la comunidad. Entonces, Sr. Intendente Héctor Gay, Sr. Director del Instituto Cultural Ricardo Margo, Sra. Subsecretaria de Educación Morena Llanca Roselló:

Les preguntamos: ¿Cuál va a ser la decisión política que tomen para detener el Desguace Cultural?

Familiares de niñas y niños beneficiarios del programa municipal “Caballo de Troya” advirtieron que desde la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia no le renovarán el contrato a una de las psicopedagogas.

La concejala Gisela Ghigliani visitó las instalaciones del servicio que ofrece a chicas y chicos con discapacidad terapias con animales y comentó a FM De la Calle que “nos enteramos que una de las trabajadoras que es, tal vez, la que tiene la experiencia más extensa en este tema porque trabaja hace muchos años y tiene capacitación específica, no se le renovaría el contrato a partir del segundo semestre”.

“Me sugieren que ingresan a otra psicopedagoga. Nos parece que puede ser algo personal porque no solo retiran a esta persona sino por lo que implica el vínculo que generan los niños con estas personas en estos tratamientos. Esto se manifiesta como cortes abruptos. No encontramos ninguna razón para que esta psicopedagoga no se le renueve el contrato cuando todos los informes de las ONG´s han sido positivos. Inclusive han aumentado el número de niños que asisten”.

La concejala dijo que “a las madres se les brinda un apoyo en modalidad de taller como para acompañar y darles herramientas para las familias. Ellas nos decían que no es lo mismo que venga otra persona”.

Respecto a las condiciones edilicias, Ghigliani comentó que “hay que hacer mejoras, hay que mejorar la limpieza, hay un sector que está lleno de caca de palomas, desde lo sanitario hay que abordarlo de inmediato. Este recurso profesional no es una tarea menor, no da lo mismo cualquier profesional”.

“Está bastante deteriorado, hay un techo abierto, cuando llueve no hay clases. No se brindan las tareas porque se pueden electrificar las paredes. Son programas que tienen años en la comunidad y es el único de estas características”.

El presidente y gerente general de Camin Cargo fue condenado este lunes a tres años de prisión en suspenso por el homicidio culposo de Juan Cruz Manfredini. Sin embargo, Marcelo Camin continuará en libertad.

El fiscal Gustavo Zorzano y el abogado querellante Hugo Fernández coincidieron al solicitar para el imputado cinco años de cárcel y en caso que la pena fuese menor sea de cumplimiento efectivo.

“Estoy convencido que si hay algo a lo que no debemos sumarnos los jueces es a la deriva punitivista, a la criminología mediática, a la demagogia punitiva, tan extendidas como discurso único del autoritarismo penal y que replica en un amplio sector de la prensa y de los cuadros políticos”, afirmó en su fallo José Luis Ares.

Agregó que “por el contrario, debemos actuar como muros de contención a fin de que el poder punitivo no se desborde en forma irrazonable e inequitativa hacia posiciones de un derecho penal del enemigo y preservando la dignidad de la persona humana”.

El titular del Juzgado Correccional Nº1 rechazó la pena máxima de cinco años reclamada por los acusadores al entender que “no han brindado razones valederas para fundar su petición de que el imputado, quien no cuenta con antecedentes penales y a quien se le atribuye un delito imprudente, no doloso, deba efectivamente ingresar a la cárcel”.

“A nuestras cárceles, hacinadas y con carencias elementales que ha llevado a que Alemania no concediera una extradición solicitada por la República Argentina (…). Al punto que, sin contar el problema de presos en comisarías, a junio de 2018 la capacidad carcelaria en la provincia era de 28.810 plazas y la población era de 42.064 personas y el aumento anual de la población carcelaria promedia las cuatro mil personas”.

Ares destacó que “en casos excepcionales corresponderá, en delitos imprudentes, aplicar penas de prisión efectiva pero por lo ya expuesto, considero que no corresponde ello en el presente caso dado que no acogí varias de las circunstancias que el Ministerio Público Fiscal y los particulares damnificados indicaron como agravantes, sin que la muy lamentable muerte de un joven trabajador nos nuble la razón”.

Desde la CTA Bahía Blanca- Dorrego expresaron su apoyo a la familia de Juan Cruz Manfredini tras la condena a tres años de prisión al empresario Marcelo Camin.

El secretario general Enrique Gandolfo manifestó a FM De la Calle “nuestro respeto y saludo a la familia y también ratificar lo que ellos dijeron ayer, si no era con esa perseverancia no hubiese habido un juicio que pusiera en el banquillo de los acusados a Camin. Y al mismo tiempo valorizar que la familia ha sido consecuente con la denuncia de la precarización laboral”.

“El valor de la vida, suena terrible que tres años en suspenso y 50 mil pesos de multa sea la condena por una tragedia que a todas luces podía evitarse. En ese punto damos una vuelta más a la lectura entendiendo que el sistema judicial no hace justicia porque, con el código en la mano, el abaratar costos para aumentar ganancias no se considera un crimen. En realidad la sentencia castiga un exceso terrible que comete la empresa de poner un depósito de esta características en un complejo habitacional”.

Gandolfo señaló que “la tercerización implica reducir costos y aumentar ganancias y, por otro lado, evadir responsabilidades legales que no aparecieron ni aparecerán en el juicio. Mega, YPF y otras instaladas en el polo industrial de esta manera eluden las responsabilidades legales y no saben que contratar servicios para una tarea tan delicada supone que se cumplan con las normas de seguridad para estos casos”.

“Hay un sindicalismo que mira para otro lado y que, por lo tanto, tiene un grado responsabilidad. En Vaca Muerta es muy claro porque el sindicato firmó a la baja en cuanto a la reducción de derechos laborales y eso produjo la muerte de ocho trabajadores en un año”.

“Por terrible que parezca hay indiferencia de los organismos del Estado que deberían controlar estas cuestiones: Consorcio de Gestión del Puerto, Ministerio de Trabajo, la Municipalidad. Hay un sistema armado para facilitar esta búsqueda de ganancia, aun a costa de la vida de jóvenes trabajadores y trabajadoras”.

24 trabajadores de la fábrica de colchones Fabra Fons reclaman una vez más el pago de tres quincenas adeudadas y advierten sobre la situación de la empresa ante la falta de materias primas para continuar con la producción.

El delegado gremial Héctor Giacobini dijo a FM De la Calle que “gracias a los medios, la otra vez, a las 24 horas se acercaron a pagarnos, se hizo un acuerdo del Ministerio. Como vinieron con gran parte y quedaron debiendo 10 mil pesos lo aceptamos. Ahora se atrasaron de nuevo, no compran materia primera, dicen que no le entregan por el tema del dolar”.

“Hoy vence la tercera quincena que no pagaron, estamos con alrededor de 50 mil pesos de deuda. En el Ministerio de Trabajo hay un expediente abierto desde febrero. Fuimos al Ministerio con Sanchíz (esposo de una las propietarias) y yo por el sindicato. Él se comprometió a pagar en ese momento, a seguir pagando sueldos y tener continuidad de trabajo”.

“Vinieron unos pedidos porque agarraron clientes nuevos. Esta gente dice que bajaron la ventas y es real. Pero el viernes pasado cobramos 2700 pesos porque vino un cliente de La Pampa, por esa venta pudimos cobrar. El otro viernes cobramos 1800. Somos 24 para repartir”, comentó Giacobini.

“Ayer tuve reunión con mi abogado y la idea de esto es aprovechar la Banca 25 para ver si hay algún político que nos dé una mano. La idea es formar una cooperativa. La fábrica sigue siendo de los Fabra, son los que más acciones tienen”, finalizó.

Marcelo Camin fue condenado a tres años de prisión en suspenso por la muerte del trabajador Juan Cruz Manfredini. El Juzgado Correccional N° 1 dictaminó, además, una inhabilitación por cinco años para Camin Cargo Control, multa de 50 mil pesos sumado y la realización de cursos de Seguridad e Higiene y trabajo comunitario.

Minutos antes de conocerse la sentencia, Paula Olavarría, hermana de Juan Cruz, comentó a FM De la Calle que “para nosotros vivir esto fue cotidiano durante nueve años. Todos los días hablamos de esto, lo tenemos presente. Lo justo sería que mi hermano estuviera acá. Aprendimos a vivir con eso. Cuando pasó lo de mi hermano no era madre, ahora me planteo cosas con mis hijos ¿qué hago? ¿los dejo ser? ¿los cuido?”.

“No sé si es una etapa que se va a terminar, creo que no. Siempre fuimos con la verdad, teníamos pruebas mientras ellos ‘suponían’ y el que tiene que estar para defenderse no está. Todo es por la plata, yo daría a cambio lo que no tengo por tenerlo un poco más a mi hermano”.

Paula comentó: “Conviví con Juan en plena adolescencia, no me quedó nada por vivir con él. Siempre que lo recuerdo es con una sonrisa, sí me duele obviamente. Él era buena gente, le gustaba hacer las cosas correctamente. Era muy comprometido con las cosas que hacía”.

Foto y video: @Apepe

El ex intendente Rodolfo Lopes se mostró “feliz y contento”, en dialogó con FM De la Calle, ante el anuncio de la fórmula Alberto Fernández- Cristina Fernández de Kirchner. “Si yo separo y vos juntás, es conveniente que estés primero en la fórmula”, manifestó.

“En Bahía estamos trabajando por la unidad, tuvimos hace una semana y media una reunión donde nos juntamos varios sectores, algunos que veníamos separados hace muchos años y estamos evaluando si lo logramos a través de consenso o de unas PASO. En esa reunión estuvo Dámaso Larraburru, Luis Calderaro, (Santiago) Mandolesi Burgos, (Gustavo) Mandará, un representante por (Gustavo) Mena, Fabián Lliteras, Alberto Simón, Federico Susbielles y yo”, comentó Lopes.

“He tenido algún trato con Alberto Fernández cuando fui intendente y realmente es una persona con mucha capacidad de diálogo, con muy firmes convicciones. Te pueden gustar o no las formas pero es la persona ideal. Es una persona que no genera rechazo”.

“Espero que la unidad sea la mejor y la más amplia. Hay que deponer posiciones personales, nadie tiene que esperar a que le toque nada, hay que ponerse a trabajar en ese sentido, hay que evaluar la posibilidad de cómo se generan la condiciones políticas para que se genere trabajo para que nuestro pueblo tengan comida en la heladera”, afirmó.

El senador provincial Andrés De Leo opinó acerca de la fórmula Fernández- Fernández y ratificó la continuidad de la Coalición Cívica en Cambiemos de cara a octubre. “Las elecciones han tenido algunos matices, se parece más al escenario del 2015 que al del 2017”, comentó.
“Está claro que es un escenario nacional dónde todavía la situación económica es bastante preponderante pero vemos que los signos e índices económicos empezaron a recuperarse. Cambiemos y el presidente se van recuperando. Creo que Cambiemos será muy competitivo”.

Respecto a la precandidatura de Cristina Fernández de Kirchner a la vicepresidenta comentó que “es un reconocimiento de que no podía ganar las elecciones. Está buscando con este golpe de timón, generar una mejor expectativa, está buscando un manto de impunidad sobre las causas de corrupción que pesan sobre ella en algunos escenarios. Hace una semana que (Alberto) Fernández mencionaba que no era posible que Cristina nombrara a un candidato porque iba a ser un títere, además de la amenazas a jueces que iban a tener que revisar lo que estaban haciendo”.

En relación a Bahía Blanca comentó que “creo que el intendente ha manifestado voluntad de continuar y entiendo que eso se va ratificar en los próximos días. Yo iré (por la reelección) en tanto Cambiemos o la Coalición entienda que tenga que ser. Hasta el 21 de junio estaremos hablándolo”.

Trabajadores y trabajadoras de la empresa Roucomar, radicada en Ingeniero White, se encuentran luchando por la continuidad de sus fuentes laborales.

El titular del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, Juan Pablo Moreno, comentó a FM De la Calle que “la empresa emite una desfinanciación donde se le hace imposible continuar en estos términos si no encuentran una inyección de dinero. Esto nos movilizó entendiendo que viene saliendo del concurso preventivo de crisis, que hace más de tres años viene reestructurándose”.

“Le planteamos la necesidad de continuar, vamos a luchar por la continuidad laboral, la plaza de trabajo no es la que sobra. Hay 30 familias que dependen de esas fuente de trabajo. Creemos que tenemos que apelar a las fuerzas vivas de nuestro municipio, sobre todo porque con la tasa de interés la posibilidad de que las pymes puedan obtener un crédito es inviable”.

“Roucomar se dedicó históricamente al pescado y productos del mar. Como se viene reestructurando tiene un 10% de carne del mar y el resto son carnes vacuna, pollo, han hechos rebosados. Somos el último eslabón que es la comida. Cuando llega la crisis ahí vemos que es tremendo lo que está pasando en líneas generales. Se complica también con los aportes de la obra social porque lo primero que hacen es dejar de hacer los aportes, moratorias y cuestiones que nos complican a nosotros también”, finalizó Moreno.

Desde el CREEBA calificaron el contexto económico como “desahucio”. Señalan que la situación general de las empresas de la ciudad desmejoró considerablemente al igual que los salarios.

Andres Meiller, integrante del Centro de Estudios Económicos, comentó que “hace un año y medio que el resultado que se ve es negativo, la cantidad empresas que están peor superan a las que tienen un mejor desempeño. La situación copia los resultados nacionales”.

“El desahucio lo asociamos a la subida de canasta básica y alimentos que por ahí son menos esenciales que van perdiendo participación. Los comercios no logran aumentar su ventas por más que trabajen al costo, indumentaria y vehículos son los sectores más golpeados”, comentó el economista.

Respecto al mercado inmobiliario dijo que “la finalización de los créditos, el alza del dólar y la inestabilidad general afectaron. Hay un 60% menos de actas de compraventa que el año pasado, se nota en lo alquileres. Hay una  migración de alquiler, se tiende a bajar de categoría de alquiler, tanto la situación como las expectativas no son alentadoras”.

En marzo el salario real se contrajo un 0,7% en relación al mes anterior y un 8,2% respecto al mismo mes del año pasado. “Para la medición dejamos de lado el empleo precario o informal. Por lo tanto, seguramente la situación general es algo peor que la que se informa en el estudio. Marzo, abril y mayo van a implicar nuevos ajustes paritarios, muchos de ellos tienden a ser retroactivos, en estos próximos meses tal vez se pueda recuperar el poder de compra”, finalizó el economista.

El miércoles próximo se realizará frente al Municipio una actividad contra el desguace cultural bajo la consigna “el arte en la calle en defensa de los derechos culturales”.

Cecilia Epherra, integrante del Consejo Cultural Consultivo, habló con FM De la Calle para contar detalles de la convocatoria. “Todas esas problemáticas, que son específicas en lo que afectan a trabajadores y trabajadoras de cultura, empezaron a confluir en el desguace cultural, una articulación entre precarización laboral, subejecución de partidas presupuestarias y una política donde la cultura no representa ninguna prioridad en cuanto a la inversión de fondos públicos”.

“El desguace cultural era un punto más de la Audiencia Pública Popular del año pasado. Estaba puesto mano a mano con la emergencia en niñez, con la situación alimentaria, con la subejecución del Fondo Educativo, la situación de la salud pública, la desarticulación de políticas de género. Estaba la emergencia social como un todo. Tuvimos la necesidad de reencontrarnos para pesar un balance de lo que fue el año y de cómo la audiencia fue una demostración sólida de cómo construir en un contexto difícil”.

“La actividad del miércoles será con “intervenciones artísticas y políticas entorno a los reclamos, lectura de un documento único y articulando con intervenciones escénicas musicales y del área performática que van a estar frente al Municipio, desde 9:30 hasta las 11. También invitamos a todas aquellas personas que han sentido el impacto de este desguace desde el lugar de espectadores”, concluyó Epherra.

La Cámara Federal de General Roca descartó la figura del “exceso en legítima defensa” y procesó con prisión preventiva al cabo primero del grupo Albatros, Francisco Javier Pintos, por el homicidio agravado del mapuche Rafael Nahuel en Villa Mascardi.

“El fallo es muy importante porque, además de lo que implica en términos prácticos el cambio de la tipificación de la pena a uno de los responsables del hecho, cuestiona el enemigo interno que plantea Bullrich cuando, gracias al poder mediático, instala la teoría del enfrentamiento, de la presencia de armas en la comunidad mapuche”, comentó a FM De la Calle Santiago Rey, director del portal En Estos Días y autor del libro “Silenciar la muerte”.

Explicó que “el cúmulo de pruebas permite observar que hubo una persecución, una casería, que hubo un muerto pero podría haber habido más, que los Albatros dispararon casi 130 veces con municiones de plomo. Este fallo dicta la preventiva y devuelve el expediente a instrucción para que se sigan acumulando pruebas”.

Pericias

“Hay una primera pericia balística que realizan prestigiosos peritos que con total certeza determina que el proyectil que mató a Rafael salió de un subfusil MP5, que es un arma de guerra, que corresponde a Javier Pintos. A ese resultado se llega comparando el proyectil que se extrajo del cuerpo de Rafa con la armas secuestradas luego del hecho”.

“El juez Villanueva pidió, en su momento, una nueva pericia y se la encargó a Gendarmería, a una fuerza de seguridad que depende del mismo Ministerio que emana órdenes sobre Prefectura, al mismo jefe que debiera controlar a su subordinado”.

“El objetivo de esa pericia es decir que no hay pruebas suficientes, sembrar incertidumbre sobre algo que había quedado claro. La Cámara dice que no se puede tener en cuenta esa pericia porque hay una relación de dependencia en la cadena de mando que hace que lleguemos al Ministerio de Seguridad, que es también el responsable o parte de esa estructura que está siendo investigada en el hecho. Descartada esa pericia se revalida la primera donde queda claro de dónde salió el disparo”.

Responsables directos

“Se dictó la falta de mérito sobre otros cuatro responsables, Cabia, Sosa, García y Obregón. La falta de mérito es que no hay elementos de prueba ni para sobreseerlos ni para procesarlos, remite nuevamente el expediente a instrucción para que se recabe la prueba y puedan resolver la situación procesal de los cuatro. Hay un quinto oficial principal de apellido Berra, que tenía la jefatura de ese operativo, sobre quien hay muchas críticas porque se excedió en los límites del territorio en donde tenía que buscar a quienes tenía que desalojar. Lo que quedó demostrado en el lugar donde se encontraron las vainas servidas es que hubo persecución y casería”.

Responsabilidades políticas

“No creo que haya cuestionamientos penales a responsables políticos. Hay un hecho que es claro: (Pablo) Noceti, mano derecha de Bullrich, en el 2017, un día antes de la desaparición de Santiago Maldonado, se reunió en Bariloche con integrantes del Poder Judicial y las fuerzas de seguridad y les dijo que la nueva consigna del Ministerio era la actuación ante casos de flagrancia, es decir, que las fuerzas de seguridad puedan actuar más allá de una orden judicial para hacerlo”.

“Según pudimos reconstruir, apeló a una figura tremenda, dijo ‘es como si yo veo que a mi madre la están violando, voy a actuar’. Comparando una protesta social con una violación. A partir de ahí, las fuerzas de seguridad actúan bajo el precepto de flagrancia. En ese contexto tal vez alguien pueda animarse a hacer un cuestionamiento de tipo penal vinculando ese mandato de Noceti”.

A seis meses de la Masacre de la Comisaría de Esteban Echeverría que causó diez muertos, la Comisión Provincial por la Memoria elaboró un informe que da cuenta de las condiciones del establecimiento y las responsabilidades del Estado provincial en el hecho.

Roberto Cipriano García, secretario de la CPM, comentó en FM De la Calle que pidieron “la recusación del fiscal, que de entrada la única hipótesis que asumió fue que los responsables eran los detenidos, que se habían prendido fuego ellos y que no había causa penal. No había ni responsabilidad de la policía ni de los responsables políticos”.

El 15 de noviembre de 2018 hubo un incendio en la zona de calabozos de la comisaría 3° de la localidad de Esteban Echeverría donde se hallaban detenidas 26 personas, diez de ellas fallecieron.

“La comisaría estaba clausurada por seis órdenes judiciales, seis tribunales habían dicho que no podía alejar personas. El día que ocurre había 26 personas y tenían lugar para 10, si hubiera estado habilitada. Hay 120 órdenes judiciales que son incumplidas por el Estado provincial que clausuran comisarías, hay una fractura y una ruptura del estado de derecho”, señaló García.

“En 2017 ocurrió la Masacre de Pergamino, donde murieron 17 personas en similares características, el Ministerio de Justicia informó que el 80% de las comisarías no tenían matafuegos, ni plan de contingencia, ni colchones ignífugos. Eso se informó antes y ni siquiera se tomó una medida para eso”.

Por último, el abogado comentó que “los familiares están destrozados, hay nulo acompañamiento estatal. En general son familias muy pobres, sin trabajo, sin vivienda, quien más hizo una contribución fue el Estado municipal pero sin tener contención. Algunos de los sobrevivientes están en cárceles comunes y algunos recuperaron la libertad. De los de la celda 1, que fue la que se incendió, quedaron dos con graves consecuencias físicas, quemaduras severas”.

Ayer se publicaron en el Boletín Oficial reformas a dos leyes sobre estupefacientes que modifican criterios de actuación y competencia de la justicia ante delitos vinculados al narcomenudeo.

Mariano Fusero, abogado e integrante de RESET Política de Drogas y Derechos Humanos, comentó a FM De la Calle las implicancias de las resoluciones y analizó la política del Ministerio de Seguridad para “la lucha contra el narcotráfico”.

“La base de esta ley es del 2005 y le permite a cada una de las provincias hacerse de la competencia de investigación de determinados delitos menores, de tenencia simple, para consumo personal, autocultivo, lo que es narcomenudeo. Esta ley llevó a malos resultados, la investigación del fuero federal, establecida antes de esta ley, es una investigación sistémica del fenómeno donde se establecen eslabones más pequeños de la cadena de mando”.

“Donde, eventualmente, se puede hacer investigaciones para llegar a grandes eslabones. Estamos hablando de tráfico a gran escala, lavado de activos. Esta modificación produce que se corte la investigación en el camino, entonces, determinada competencia le corresponde al fuero local y otra competencia le corresponde al fuero federal”.

El abogado argumentó que con esta ley “se produjeron resultados desastrosos en las provincias. Uno es el crecimiento constante de la penalización de las personas que consumen drogas con figuras menores como la tenencia para consumo, que a todo esto está declarada inconstitucional hace diez años en el fallo Arriola que dijo que la tenencia de cualquier sustancia hace a la privacidad y autodeterminación de las personas”.

“Esos fueros que se crean en determinados contextos con campañas de ley y orden crean la criminalización a consumidores. En provincia de Buenos Aires, luego de la adhesion a la ley, en pocos años se incremento un 200% la cantidad de personas que consumen sustancias. También disminuye la investigación dentro del fuero federal de causas graves de tráfico y lavado de activos”.

“Un fenómeno perverso que afecta a comunidades de consumidores y a las mujeres. En provincia de Buenos Aires en pocos años aumentó la tasa de prisionización de mujeres alrededor de un 35%. Estas medidas son bastantes improvisadas y circundantes de una campaña política detrás”.

Por otro lado, Fusero desmintió que el consumo de estupefacientes haya disminuido como muestran el gobierno: “Se dice que aumentó el precio de la cocaína, la ministra Bullrich lo da como algo positivo, en el sentido que si aumentó el precio significa que el combate de las drogas está causando que haya menos producto. Esto viene de Colombia, Perú. Asociemos esto al proceso inflacionario y devaluatorio y que la cocaína, por más que sea ilegal, es la mayor comoditie que tiene su precio establecido a nivel internacional”.

“Es lógico que cualquier producto por más ilegal que sea aumente su precio. Estos anuncios son para captar a aquellas personas o electores desinformados. No hay ningún indicio que indique que el comercio a gran escala haya descendido. El mismo gobierno reconoce que los indice de consumo crecen exponencialemente”, concluyó.

Concejales de la oposición analizan los números de la Rendición de Cuentas 2018 que deberá tratarse en la sesión del 23 de mayo o quedará aprobada automáticamente a fin de mes.

Carlos Quiroga destacó por FM De la Calle que “la subejecución de partidas es la norma, del Fondo Educativo de 112 millones se gastaron 50 y los 60 restantes pasan, por ser recurso afectado, al 2019 pero nominalmente pierden el 40 % de inflación”.

“Se da en un montón de otras partidas sensibles del área social donde permanentemente hacen alarde de una preocupación que no existe. Partidas de alimentos, del fondo de niñez, no hay una donde no estén con subejecución. Son partidas que están destinadas a un fin específico, no se pueden gastar en otra cosa”.

Quiroga adelantó el voto negativo de su bloque y comentó que “aún cuando fuera rechazada es una cuestión de costo político, operativamente no altera al Municipio. Esto es evaluación del pasado, desde el punto de vista político los deja expuestos como quienes llevaron adelante una ejecución penosa”.

(Por @Espacio de Economía Feminista UNICEN /Espacio de Economía Feminista en la SEC Feminista regional CABA) El fin de la ley de moratoria previsional, más conocida como “jubilación para las amas de casa” es un hecho y el Gobierno Nacional no duda en revertirla. Hace tres años, el Gobierno decidió instaurar la Pensión Universal y así converger al fin de la moratoria previsional N°26.970, que desde su creación concedió un valor simbólico a las trayectorias de las vidas de las mujeres que cargan en sus espaldas ese trabajo que lejos de ser amor, es una desigualdad social muy concreta. Esta decisión tomada hace ya tres años, paradójicamente junto con la ley de “reparación histórica”, pero que hoy se convierte en un hecho profundiza la precarización laboral y previsional pretendiendo implementar una “Pensión Universal” que no solo vuelve a invisibilizar y desvalorizar el trabajo doméstico y de cuidados que sostiene nuestras sociedades, sino que además proyecta jubilaciones aún más bajas.

Durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015) se produjeron, entre otras, dos transformaciones con vistas al mejoramiento de la protección social: la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Plan de Inclusión Previsional (PIP) o vulgarmente llamado “las jubilaciones de amas de casa”, esta última es la que está en juego. Aunque no fueron presentadas como reivindicaciones para paliar las desigualdades de género entre varones y mujeres, mejoraron la inclusión de las mujeres al sistema de previsión y seguridad social. A partir del 2004, el PIP permitió la inclusión de un grupo siempre relegado en el sistema previsional, aquellas que teniendo la edad de retiro no pudieron acceder a una jubilación. Entre otras causas esto puede deberse a que las mujeres trabajaron durante toda su vida en el ámbito del hogar sin remuneración y reconocimiento, en el ámbito de la informalidad y entonces no pudieron realizar aportes (y sus empleadores las respectivas contribuciones obligatorias) y a que sus trayectorias laborales registradas y remuneradas fueron demasiado inestables.

La Economía Feminista provee evidencia en torno sobre cómo estas trayectorias laborales fueron y son signadas por una organización social del cuidado injusta que hace cargar a las mujeres -en promedio- con una participación del 89% del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y el doble de horas de los cis-varones dedicado a estos trabajo agravando la participación de las mujeres tanto en el mercado formal e informal del trabajo remunerado, lo que implica una situación diferencial de quienes sí pudieron acceder al trabajo registrado y sostenido. A partir de la moratoria cualquier persona podía inscribirse para poder percibir un seguro social, lo que implicaba el pago en cuotas de la deuda reconocida por los años no aportados: se declaraba una deuda por aportes impagos y se saldaba con un plan de pago en cuotas, que se iban descontando de los haberes mensuales una vez que la Anses otorgaba la prestación. Señalemos que los aportes se pagaban y que no consistían en jubilaciones “gratuitas” cómo se difunde a menudo.

El PIP no fue una política aislada, junto con la figura del Monotributo Social (inclusión a trabajadores y trabajadoras en condición de vulnerabilidad pertenecientes a un listado restringido de actividades productivas y de servicios) y del Régimen de Regularización de Deudas de los trabajadores/as autónomos/as, formaba parte de un paquete que tenía como objetivo regularizar una situación dispar en tanto seguros y previsión social para lxs trabajadorxs, a través de viabilizar el pago de las contribuciones que no realizaron lxs aportantes al Sistema de Seguridad Social pero a la vez tratando de ampliar las prestaciones que este brindaba.

El mote de “jubilación de las amas de casa” se debe a que la mayoría de las personas beneficiadas han sido mujeres; en mayo de 2010 por ejemplo, del total de beneficios otorgados un 78% corresponden a mujeres, mientras que el 22% restante a varones (Observatorio para la Seguridad Social, 2011:14). La desigualdad de género es una de las mayores problemáticas que continúa mostrando nuestro sistema previsional al día de hoy, ya que las mujeres como parte del rol que se les asigna en las familias, realizan un gran porcentaje del trabajo doméstico y de cuidado necesario para la subsistencia de las mismas sin ningún tipo de remuneración y por lo tanto sin aportes. Al mismo tiempo, aún hoy las mujeres y personas LGTBNB+ presentan tasas de formalidad y participación en el mercado laboral mucho menores que los varones(cis). Existe entonces una evidente desventaja: acumulan menos aportes, y por lo tanto no logran alcanzar el mínimo para acceder al beneficio de la jubilación después de haber trabajado durante toda su vida. Según el ex Ministerio de Trabajo de la Nación informa que de las mujeres económicamente activas, las desocupadas son alrededor del 10%, si se agregan a éstas las que ocupan puestos informales, se concentra casi el 40% de las mujeres que participan del mercado de trabajo, casi 3 millones de personas según datos del 3er Trimestre 2017.

Duvojne dice que “mucha gente nos pide que demos de baja las jubilaciones que dio el kirchnerismo”. En alusión a que quienes se consideran plenos aportantes en el mercado formal, y por lo tanto creen que tales pensiones no contributivas se estarían financiando con la “licuación” de los beneficios de quienes sí aportaron. No es casual que la mayoría de estos plenos aportantes sean (cis)varones y de clases medias y altas.

Este planteo invisibiliza por un lado que la recaudación impositiva se ve incrementada al ampliar el alcance de las herramientas conjuntas al PIP (con la implementación de la figura del Monotributo Social) en actores que no aportaban previamente. Y por el otro, que les beneficiaries que a través del PIP lograron un alivio económico a través de poder contar con un ingreso para afrontar su adultez mayor fueron perjudicades previamente por el mismo capitalismo heteropatriarcal que les excluyó del mercado laboral formal o del reconocimiento de sus labores domésticas y de cuidado, privandoles del derecho jubilatorio que todes les trabajadorxs poseen. Resultan paradójicas las declaraciones del Ministro de Economía si observamos las cifras del Reporte de Trabajo Registrado de febrero de 2019 que muestra una caída del 2% del trabajo registrado con respecto al mismo mes de 2018, mientras que se observó un aumento interanual del 3.6% de trabajadores en casas particulares (en su mayoría mujeres dedicadas a reemplazar a otras mujeres en las tareas de cuidado, limpieza y mantenimiento del hogar).

Otro ingreso a la precariedad: porque la pensión universal es más desigualdad

Paradójicamente, el fin de medida que intentó reconocer y reparar una parte pequeña pero sustancial para que las vidas de las mujeres sean más autónomas en su adultez mayor, viene de la mano de reclamos históricos que se neoliberalizan para sostener la precarización.

Muchos de los reclamos en torno a la sostenibilidad de la vida, exigen la universalización de las prestaciones -entre otras medidas- y vienen a dar por tierra los argumentos que refuerzan la segmentación e inequitativa distribución de la protección social. Sin embargo, con un gobierno que tiene como objetivo la austeridad del gasto público esta universalización concedió un retroceso al piso de derechos adquiridxs en la década anterior.

La Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) si bien brinda una cobertura previsional para todas aquellas personas mayores de 65 años que no cuenten con los años de aportes que exige el régimen previsional contributivo y es vitalicia, prevé el pago mensual del 80% de la jubilación mínima, creando una discriminación entre quienes pudieron contribuir en su historia laboral y quienes no. A diferencia de la moratoria, estipula un aumento de la edad a partir de la cual se percibe el beneficio (de 60 a 65 años), y no es compatible con la percepción de otro beneficio social, únicamente con la Asignación Universal por Hijo/a, por Hijo/a con Discapacidad, Cónyuge y Ayuda Escolar Anual y debiendo optar por uno u otro. Por ejemplo, una mujer no podría tener dos pensiones, en caso de tener derecho a obtener pensión por viudez deberá renunciar a la percepción de este beneficio. Este sistema lejos de ser una protección social robusta que garantice bienestar en las 110.711 personas beneficiarias provee una suma dineraria de $8.328,30, estando a un 10% de la línea de pobreza individual para la compra de alimentos y servicios básicos que asciende a $9.185 .

Desde la economía con una mirada feminista son muchas las voces que creemos en la centralidad de la ampliación de la protección social sin segmentaciones ni distribuciones inequitativas atadas a la suerte y meritocracia de trayectorias laborales inestables y erráticas constitutivas de la división sexual del trabajo y de la época. Una propuesta que implique reducir las famosas brechas de género no requiere sólo políticas focalizadas sino la ampliación y robustez de un sistema de bienestar que abarque no solo la extensión de lo que entendemos como protección social sino cuestiones más allá del ingreso monetario que cada persona obtiene para sostenerse. En ese sentido, garantizar políticas públicas y el derecho al cuidado de todas las personas con pleno reconocimiento, reducción y redistribución del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado es una medida nodal para empezar a construir una justicia económica y de género para quienes sostienen día a día las vidas en nuestro cotidiano. “Eso que llaman amor”, está invisibilizado y genera desigualdad, se puede reconocer, reducir y redistribuir.

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¿Es viable incrementar el gasto público para salir de la recesión? ¿Qué condiciones tiene Argentina para poder hacerlo? ¿Es posible implementar un modelo similar al portugués? ¿Cuál es el costo social?

Agostina Costantino, economista y columnista de En Eso Estamos, pone en debate el modelo económico aplicado por Portugal para afrontar su deuda con el Fondo Monetario Internacional, al cual algunos sectores de la oposición sugieren como la solución a la crisis de nuestro país.

“Portugal está gobernado desde 2015 por una coalición de partidos de izquierda que logró reactivar la economía después de la fuerte crisis que venía atravesando el país desde 2008 y 2009. A través del aumento en gasto público -aun teniendo una deuda con la troika, que son el Banco Europeo, la Comunidad Europea y el FMI- logró salir de la recesión aplicando políticas contrarias a las que se aplican en Argentina y que son también las aplicadas en Grecia, que es el espejo contrario“.

¿Qué posibilidades tiene Argentina de ejecutar un programa similar?

Punto número 1: la previa

“No es cierto que no se hayan aplicado fuertes recortes en Portugal. Los gobiernos anteriores a Costas, el actual presidente, subieron la cuota de IVA, privatizaron todo lo que podían, recortaron salarios un 14% a través de la suspensión del pago de aguinaldos, congelaron el salario mínimo, impusieron una reforma laboral que redujo las indemnizaciones y facilitó los despidos, redujo pagos por horas extras, recortó el tiempo de pago del subsidio de desempleo y limitó la negociación colectiva. El abaratamiento de mano de obra que produjo estas medias y la facilitación de las inversiones a través de una serie de procesos de privatizaciones, sentaron las bases para que a partir de 2015 pudieran aumentar el gasto público”.

“En el caso de Argentina no quedan muchos bienes para privatizar, queda el último gran bastión que es el Banco Nación que se viene demandando desde algunos años por parte de organismos internacionales. Y, hasta ahora, el gobierno no ha logrado disciplinar a la fuerza de trabajo lo suficiente. Si bien los salarios reales cayeron, no lo hicieron en la medida en que la burguesía y el FMI están demandando. Aún no lograron pasar las grandes reformas estructurales que son la laboral y la jubilatoria. Todo esto hace falta para emular el caso portugués”.

Punto número 2: el turismo colaboró

“De la mano del aumento del gasto público, beneficiados por la ola de atentados que se produjeron en países europeos y las revueltas de los países del norte de África, Portugal se convirtió en uno de los principales destinos turísticos de Europa. De hecho, la facturación del sector turístico representaba el 10% del PBI. En Argentina, en el caso del sector agrícola ganadero representa el 7% del  PBI. La fuerte entrada de divisas por el concepto de turismo permitió ir saldando las deudas sin aumentar el gasto público. Además, algo muy importante es que ellos recaudan impuestos en la misma moneda de la que están endeudados, que es lo opuesto a lo que pasa en Argentina, eso se llama descalce de moneda”.

¿Qué pasa en Argentina?

“En el caso de Argentina es claro que un sector exportador debería apoyarlo porque las políticas de aumento en el gasto público tienen que permitir seguir pagando la deuda con el FMI. En Argentina, dadas las condiciones, ese sector es el agrícola o el agroindustral, si la salida portuguesa se plantea como la salida progresista, ¿va a ser apoyada por la burguesía agraria? Acá es donde está la principal contradicción que muchos no quieren mostrar, no dicen qué condiciones fueron necesarias: primero fue una política de shock, de recortes brutal, y después el apoyo de un sector exportador que en Argentina no queda claro cuál sería”.

“Y, por último,  en qué medida ese sector estaría interesado en políticas progresistas si tampoco depende del mercado interno para sus ganancias, en qué medida se vería beneficiado”.