“Si bien Argentina se había apartado durante varios años de sus leales socios y amigos, hemos regresado al camino del que no debimos alejarnos”,  dijo el Ministro de Defensa, Oscar Aguad, cuando recibió a James “Perro rabioso”  Mattis, jefe del Pentágono, en el marco de una serie de visitas que el militar estadounidense realizó en Latinoamérica.

“Las relaciones de Estados Unidos con América del Sur son fundamentales para conseguir que el hemisferio occidental sea un lugar de colaboración, próspero y seguro”, aseguraba parte del comunicado de la comitiva de Mattis.

Sin embargo para Leandro Morgenfeld, profesor de la UBA e investigador del CONICET, estas iniciativas diplomáticas “ratifican la política del gobierno de Macri de subordinar toda la política exterior a los intereses de EEUU en todos los órdenes, no solo en el económico financiero y político, sino también en el orden militar. Esta gira de Mattis tiene que ver con dos cosas fundamentalmente: primero con seguir intentando juntar apoyo regional para desencadenar una posible acción militar contra el gobierno venezolano y segundo, como han dicho explícitamente, tratar de contener la creciente presencia de China”.

Morgenfeld destacó en FM De la Calle la gravedad de la dimensión militar del conflicto de intereses entre EE.UU. y China.  “En los últimos años Estados Unidos desplegó una red de bases militares de nuevo tipo por toda la región y desarrolló ahora un centro de operaciones de emergencia, un COE, que es una suerte de mini base en Neuquén, muy cerca del aeropuerto, para contrarrestar la base que China está desplegando también ahí; ellos dicen que es una base científica, que es para prevenir catástrofes naturales, humanitarias, pero ese es el eufemismo que tienen los nuevos tipos de base que EE.UU. quiere sembrar por todo el mundo”. Además el miembro del CONICET, afirmó que este país potencia viene presionando en toda América Latina para limitar “la frontera tan bien trazada en la Argentina entre seguridad y defensa. Es muy grave porque vuelve a posicionar a la Argentina en una línea de subordinación directa con EE.UU.”.

“Lo otro que es preocupante es que EE.UU. ofrece una colaboración militar para la cumbre presidencial del G2O que se va a hacer por primera vez en América del Sur el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Van a estar Donald Trump y los mandatarios de los principales países del mundo en la Argentina durante esos dos días y como ocurre históricamente va haber enormes movilizaciones de repudio a la agenda del G20”. En este sentido, Morgenfeld, adelantó las acciones que se llevarán adelante el 31 de agosto y el 1 de septiembre, cuando comenzarán los encuentros nacionales e internacionales preparatorios de  la Semana de Acción Global NO al G20.

“Nos parece muy importante discutir las agendas alternativas a las agendas que quieren imponer las potencias  del G20 y el gobierno de Macri; porque la injerencia de EEUU, con sus bases de nuevo tipo, buscan controlar los recursos naturales,  hacer inteligencia interna para amenazar a los gobiernos democráticos y para tener una posibilidad de intervención rápida ante cualquier cosa que ellos imaginen que afecta su seguridad nacional. Le quieren poner un freno a lo que ellos consideran su patio trasero, su área de exclusiva influencia y evitar que la región pueda primero avanzar con la estrategia de coordinación política como lo venían haciendo a través de la UNASUR, de la CELAC, del MERCOSUR ampliado y romper esos órganos de integración regional para volver a posicionar a la OEA y volver a posicionar a EE.UU. como un poder militar sin ningún tipo de resistencia en la región. Y lamentablemente el gobierno de Macri, como en otros aspectos, es absolutamente funcional a esta lógica”, finalizó Morgenfeld.

Ayer en la ciudad de La Plata, trabajadores del Astillero Río Santiago fueron brutalmente reprimidos con gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma por efectivos de la Policía Bonaerense, mientras reclamaban por la paralización de la empresa.

El secretario general de ATE y CTA Autónoma de la provincia, Oscar de Isasi, dijo a FM De la Calle que “a los diez minutos que nosotros llegamos a la Casa de Gobierno, acá había un despliegue de casi mil policías que se disponían como un ejército ganando lugares, con armas específicas, con motos y demás, que hace pensar que esto fue una cuestión que ya se estaba pensado y desarrollando. Y por otra parte, quien es el máximo responsable de esta situación de tensión es Mauricio Macri”.

Respecto al funcionamiento de astillero, de Isasi sostuvo que está “plenamente produciendo, construyendo embarcaciones tan necesarias para la marina mercante, para la marina de guerra, para la flota pesquera y por supuesto para recuperar la capacidad de exportar embarcaciones, porque en el astillero tenemos mano de obra altamente calificada. En el astillero se hizo la Fragata Libertad, o sea no es el barco del país de los niños como dijo Lanata”.

Asimismo aseguró que “no hay inversiones” y que “nosotros tenemos embarcaciones por terminar que fueron contratadas a Venezuela, que al no terminarlas en tiempo y forma, la provincia va a tener que pagar los juicios que haga Venezuela. Por lo tanto le va a salir más caro”.

El Observatorio Geopolítico en la Energía y Soberanía (GENSUR) realizó un informe sobre la cuestión energética en Argentina y consideró los reacomodamientos en la región, que hacen del tema un asunto de política internacional y establecen una geopolítica de la energía que concatena todas las variantes ejercidas por los países centrales sobre nuestros bienes energéticos.

Ramón Gómez Mederos, integrante del GENSUR, dijo a FM De la Calle que “la energía en América Latina en general, no está siendo vista como un derecho humano y como un bien social. No es un solamente slogan o una apreciación filosófica sobre lo que debe ser la energía sino que, precisamente, la energía hoy por hoy es un elemento importante a la hora del desarrollo, no solamente de lo que tiene que ver con la transformación de la materia prima, sino que tiene que ver con el desarrollo de las comunidades”.

Consultado respecto a la importación y exportación de combustibles en nuestro país por parte de empresas que priorizan, en muchos casos, la comercialización por sobre la producción comentó que “extranjerizar la economía energética no significa solamente importar combustibles, sino que significa importar excedente de petróleo y no ponerlo en las plantas que refinan el petróleo. Acá hay un punto importante porque, a finales de 2015 se importaba de tres países inclusive de la región, hoy se importa de 14 países y los que están a la cabeza en Argentina es Trafigura y Shell, precisamente las empresas que tienen que ver con el gobierno de Macri”.

En cuanto a las expectativas gubernamentales sobre una baja en las tarifas a partir de la explotación de Vaca Muerta  explicó que “es muy simple, nosotros importábamos gas de Bolivia de seis dólares. Con el negocio de la importación de combustible del gobierno de Macri, se empezó importar desde Chile, que en realidad es una importación de GNL que Chile trae del exterior, lo regasifica y lo vende a Argentina por el doble de lo que se lo compra a Bolivia. O sea, el esquema es regional”.

Un grupo de militantes que conforman la Multisectorial 21F fueron amedrentados mientras viajaban al lanzamiento a nivel nacional de dicha organización.

Desde este espacio, emitieron un comunicado en el cual destacan la impunidad con la actuaron integrantes de las fuerzas de seguridad. Allí relatan que “mientras almorzaban en una estación de servicio de Saladillo fueron demorados por policías que lisa y llanamente los acusaron de robar “algo” del interior de un automóvil Chevrolet Cruze blanco. El vehículo en cuestión pertenece, oh casualidad, al Ministerio de Justicia de la Nación”.

“Los efectivos policiales revisaron la combi de la delegación y a ningún otro de los tantos vehículos que había en el lugar, ni demoraron a ninguna de las demás personas que allí se encontraban. Revisadas las cámaras de seguridad de la estación de servicio y comprobándose lo evidente (que nadie sacó nada del auto blanco), la delegación fue autorizada a continuar el viaje”. Algo similar ocurrió también con la delegación que viajaba desde la provincia del Corrientes, quienes fueron demorados por efectivos de Gerdarmería.

El delegado de la Asociación Argentina de Actores a nivel local e integrante de dicha organización, Ángel Dantagnan, se refirió en FM De la Calle sobre este episodio y además destacó lo que fue el acto celebrado ayer en la cancha de Atlanta: “La parte interesante y lo que debería trascender es un movimiento muy interesante, muy variado. Movilizado sí, por camioneros, pero también por las dos CTA, que son los impulsores de este movimiento 21F con Yasky y Micheli a la cabeza y se han ido sumando gremios y movimientos sociales”, aseguró.

“De acá de Bahía pudieron asistir: APOPS, SUTEBA Celeste, La René Salamanca, La Norma Plá, nosotros desde Actores, el gremio de seguridad privada y camioneros. Y después de todo el país es muy variado y con un objetivo claro de pararse frente a estas políticas neoliberales de avallasamiento de derechos de los trabajadores. Los oradores fueron muy breves y Gustavo Vera, que es de La Alameda y quien también estuvo recorriendo el país, tuvo un discurso muy interesante donde se planteó un plan de lucha, con movilización de acá a noviembre cuando se armé la reunión del G-20. La idea es que el G-20 encuentre a todas las agrupaciones pertenecientes al 21F en la calle, para decirles que no nos interesan este tipo de políticas que quieren implementar y que está llevando adelante este gobierno”, manifestó.

Consultado sobre cómo se empiezan a articular los debates de la Multisectorial en nuestra ciudad, Dantagnan explicó que “está abierto a quién se quiera sumar y empezar a hacer alguna otra acción concreta de movilización en la calle, para acompañar las luchas locales de cada uno y pensando en que en algún momento la conducción, sea el partido que toque gobernar, esté atravesada directamente por los trabajadores”.

“Es interesante, es difícil, la unidad siempre es difícil pero es un camino. Lo interesante es que es muy variado y que da una esperanza para plantarse a este tipo de políticas que se llevan puesto los derechos que se han conseguido a lo largo de tantos y tantos años de lucha”, enfatizó.

En noviembre se licitará  mediante el sistema de Participación Público Privada (PPP) el tren que unirá Bahía Blanca con Añelo, por el cual se trasladarán los materiales necesarios para la explotación de combustibles no convencionales de Vaca Muerta.

La obra incluye la renovación de 24 tramos férreos que unen Ingeniero White y General Cerri. Se trata de la reactivación de la vía al Neuquén, la cual atraviesa asentamientos como Villa Caracol, Villa Nocito, Bajo Rondeau y Loma Paraguaya.

Paola Ariente manifestó en una reciente sesión del Concejo Deliberante su preocupación por el futuro de unas 500 familias que serán erradicadas de la vera de las vías.

 “El año pasado se hizo un relevamiento para la ADIF por parte del Municipio para ver a cuántas personas afectaría. Esto no es solamente de Bahía Blanca ya que va a afectar también en la zona de Cipoletti, Choele Choel y toda la zona del Alto Valle donde los asentamientos informales han ido ganándole tierra que pertenecen al ferrocarril y que para garantizar la seguridad de la carga y de las personas en muchos de los casos van a tener que ser relocalizadas. Y en esta situación estarían alrededor de 500 familias en la ciudad de Bahía Blanca”, aseguró en diálogo con FM De la Calle.

Respecto al análisis necesario sobre el impacto que la reactivación del tren tendría sobre los hogares, la concejala del bloque PJ-Cumplir manifestó que cuando la licitación se realice esto debería estar contemplado.

“Hoy desconozco porque no me lo han informado, estoy intentando averiguar si la ADIF ha presentado algún protocolo para ver qué se hace con estas personas. A mí me está preocupando porque en este sector de la ciudad y en otros también estamos consolidando viviendas a través del Municipio en lugares que quizás el día de mañana tengan que ser desafectados por este proyecto. Planificar las cosas me parece que es lo que nos está faltando”.

Para la renovación del tramo no habrá audiencias públicas porque, según explicó Ariente, “es un proyecto de una vía que ya existe”. Sin embargo la ADIF tiene la obligación de preparar un informe ambiental por cada licitación de tramo ya que, además de la afectación de las áreas habitadas por los asentamientos bahienses, este proyecto incrementará el tráfico zonal.

 “La edad promedio de estas vías son de 40 años, el 30% de estas vías tiene una velocidad máxima de 12 km por hora y la capacidad portante hoy es de 20 toneladas  y se la quiere duplicar, por lo tanto, es de esperar que el tráfico ferroviario sea mayor”.

Por último la concejala estimó que el tren para pasajeros no se considera en este proyecto y tampoco el tren urbano que “hoy por hoy no está pensándose para Bahía Blanca.

Ante la visita de la gobernadora María Eugenia Vidal a nuestra ciudad, gremios docentes se manifestaron frente al Palacio Municipal para reclamar por la paritaria y el mal estado de las escuelas. La protesta ocurrió horas después de que una nutrida columna de trabajadoras y trabajadores municipales hicieron lo propio ante la falta de respuestas de la intendencia a las demandas de mejores condiciones laborales.

Enrique Gandolfo, secretario general de la CTA Bahía Blanca-Dorrego, en diálogo con FM De la Calle sostuvo que “había que acompañar todas las propuestas de lucha y, estamos en la plaza donde están los compañeros de la CTA y de la Asociación de Profesionales de Salud, esperando que confluya la movilización del sindicato de municipales”.

Consultado sobre los reclamos por problemas de infraestructura, Gandolfo explicó que “es más que un símbolo, la gobernadora viene a la ciudad pero va a estar aparentemente lejos del centro y viene una semana después de la tragedia de la escuela de Moreno”.

“Viene una semana después sin respuesta de ningún tipo en torno a los problemas que ahora tomaron fuerza, no porque no estuvieran antes, sino porque lamentablemente lo de Moreno los visibilizó mucho más”, manifestó.

Gandolfo se refirió además a la asunción de la nueva dirigencia de la CTA local y su plataforma: “Pensamos que lo que hemos venido haciendo hay que profundizarlo, en el sentido de abogar todo el tiempo por más y más unidad, entre los y las integrantes de la clase trabajadora”.

“Creemos que es el momento de poner a un lado cualquier disputa que tenga que ver con un carácter sectorial y buscar todos los canales necesarios para dar expresiones de lucha. Y un punto más que a nosotros como clase trabajadora nos parece hay que pensar en decir, además de todos los reclamos en proyectar nuestra propia política de cómo se sale de esta situación de crisis, porque la crisis la generan los de arriba y la pagamos los de abajo”, aseguró.

El presidente de la Sociedad de Fomento de Villa Nocito, Marcos Yáñez, denunció por calumnias, falsas imputaciones y deshonra a Germán Sasso, Guillermina Machado y Patricia Díaz, periodistas radio La Brújula.

La querella es producto de las acusaciones mediáticas que Sasso desarrolló desde el 21 de febrero a partir del mensaje de un oyente que relató que durante las entregas de los bolsones de PAMI, realizadas por el Centro de Jubilados en la Sociedad de Fomento de Villa Nocito, se solicitaba dinero a los jubilados como método extorsivo para la entrega de los mismos.

En esa misma emisión, la producción del programa, se comunicó con Yáñez, quien se negó a salir al aire argumentando que los bolsones del Instituto Nacional de la Seguridad Social para Jubilados y Pensionados eran distribuidos por los centros de jubilados inscriptos ante este organismo y, por ende, la sociedad de fomento no tenía competencia alguna en el tema.

Según la transcripción del archivo de audio del programa que detalla la denuncia, el periodista -sin investigación previa- dictaminó: “Bueno que nos diga cuál es la sociedad de fomento, así denunciamos públicamente a estos chorros de mierda que le están afanando a los pobres… (…) Esto es un curro de algún puntero político, o de alguien que está ahí, o de alguno que está en la sociedad de fomento, algún ladri. (…) El nuevo robo… O sea se van modernizando en el choreo estos hijos de puta… (…) Eh… Podemos llamar en vivo, eh… ahí tenemos un teléfono de un representante… de un fomentista de Villa Nocito… Uno de los acusados. A ver, llamemos en vivo al Sr. Marcos Yáñez, está a cargo de la sociedad de fomento de Villa Nocito, a ver si está cobrando los bolsones… (…) Ahí está. Los chorros de Villa Nocito. El señor Yáñez, eh. El tránsfuga. Ya lo hemos denunciado públicamente”.

Marcos Yáñez dijo a FM De la Calle que “nos sentimos muy injuriados por el periodista. El Centro de Jubilados está a tres cuadras de la Sociedad de Fomento. Sin decirme que iba a salir al aire, yo me había negado, me sacaron diciéndome que era parte de un sistema de corrupción donde le robaba a los abuelos y yo le decía que entendía que no. Traté de explicarle de alguna manera que ese bolsón primero es de PAMI y que la Sociedad de Fomento no tiene nada que ver”.

La querella transcribe además la conversación que Sasso mantuvo en programas posteriores con Francisco Díaz Martínez y con Liliana Ciaccio, director y coordinadora de PAMI, respectivamente. Ambos aseguraron no haber recibido ninguna denuncia formal o anónima sobre la situación.

“Él se ensañó con nosotros y empezó a injuriarnos, a decirnos malas palabras, a putear al barrio. Y lo que uno no está preparado es para el público que lo oye al señor Sasso, porque la gente empezó a putearnos a nosotros como creyéndole al cien por ciento lo que estaba diciendo y nosotros lo único que le decíamos es que viniera a ver, que averigüe bien, que haga una mínima investigación, porque para él eran todas verdades las que decía, no usaba infinitivos, usaba los verbos más duros. Sus únicas pruebas eran unos mensajes de whatsapp que le enviaban y para colmo esos mensajes eran de otros barrios. Le buscaba la vuelta a todo como para decir que son unos chorros, y son abuelos”, agregó.

El Centro de Jubilados de Villa Nocito tenía 55 socios/as y actualmente reparte 280 bolsones aproximadamente. Según comentó Yáñez, luego de las acusaciones de Sasso, perdieron 15 adherentes. “Es como que le tienen todos miedo a Sasso, a nosotros nos hizo quedar mal y a PAMI no le importó quedar mejor. Los abuelos están ofreciendo un servicio gratuito para PAMI y lo hacen porque acá hay una necesidad enorme”.

Tanto las calumnias como la deshonra, no se constituyen como delito si la acusación es asunto de interés público. Respecto a este tema la denuncia presentada por Yáñez y su abogado Emiliano Tellechea, diferencia entre “interés público” o “interés del público”. En el caso, se aplicaría este último concepto en relación al interés de la audiencia del programa Bahía Hoy.

“¿Cómo es que los representantes del Interés Público no ejercieron acción alguna en su defensa? Claramente, porque no hay interés público comprometido. Tanto es así que la jurisprudencia bonaerense ha dicho: ‘No comete el delito de calumnia quien se limita a la promoción de una investigación administrativa, con la finalidad de determinar la existencia de supuestas irregularidades imputadas a los querellantes. Pero ni siquiera eso ha tenido lugar”, advierte la querella.

No es la primera vez que el denunciado tiene problemas con la interpretación del concepto. En 2009 fue condenado por el juez correccional José Luis Ares a pagar cuatro mil pesos de multa y cumplir dos días de arresto.

El magistrado probó en la causa 5375 que Sasso reveló al aire la identidad y domicilio de trece pibes y pibas en conflicto con la ley penal, acción prohibida por el art. 94 quater del Dec. Ley 8031.

El argumento del condenado en aquel entonces fue que “más allá de que sean menores, el interés público está por sobre todas las cosas”. En marzo de 2010, la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal ratificó la sentencia, tras lo cual Sasso recurrió a los buenos oficios de sus padrinos políticos para que la causa muera en un cajón de la Suprema Corte bonaerense.

Las cinco mujeres del Frente Feminista Nacional y Popular que habían sido detenidas anoche por estar pintando un paredón lindero con un terreno baldío, fueron liberadas cerca del mediodía de este martes.

Por la mañana, un grupo de personas se autoconvocó en laFiscalía General de Gorriti y Vieytes y pidió la liberación de las compañeras.

Maggie Itten, una de las cinco detenidas, habló tras su liberación y sostuvo que “nos habían dicho que nos iban a largar las dos de la mañana,  entonces cuando se hacían las siete u ocho nos preocupaban porque no sabíamos que podía pasar”.

Varias organizaciones bahienses repudiaron las detenciones y exigieron la libertad de las mujeres. Desde la CTA y en diálogo con FM De la Calle,  Dante Patrignani comentó que “no es un hecho aislado, los permisos que ha dado el gobierno y su ministra de Seguridad, habilitan para que la policía haga cualquier cosa. La verdad que es un hecho aberrante”.

Cinco mujeres fueron detenidas por pintar “Aborto legal, justicia social. Frente Feminista Nac y Popular”. El hecho ocurrió cerca de las 22:30 de anoche en el paredón de un baldío ubicado en Capitán Martínez y Chubut.

Se les imputa el delito de daño contra la propiedad y permanecen en la Comisaría 1º de Berutti al 100. La Policía informó que serán liberadas en la sede judicial de Vieytes y Gorriti luego de prestar delcaración ante la fiscala. La causa está a cargo del juez Gabriel Rojas.

“Ellas estaban por una contravención pero el juez  Rojas lo convirtió en delito por daños a la propiedad”, dijo Victoria Aure, compañera del Frente Nacional y Popular.

“Les pedimos que traten de ubicarlas en una oficina porque las compañeras están en un espacio semi cubierto. Porque no tienen disponibilidad para ubicarlas”, comentó el concejal de Unidad Ciudadana y abogado de las detenidas.

Las detenciones ocurrieron luego de una denuncia anónima de un vecino.

Comunicado del Frente Nacional y Popular:

“Las compañeras del Frente Feminista Nacional y Popular en el día de hoy lunes 6 de agosto se encontraban realizando una pintada por la Legalización del Aborto cuando fueron interceptadas por efectivos de la policía bonaerense. Les pidieron los DNI, las compañeras accedieron y sin embargo las llevaron demoradas.

Las mantienen incomunicadas y en un calabozo. Les pidieron que se bajen las bombachas para revisarlas. En el mismo grupo se encontraba un compañero, quien no fue demorado.

Lo cual demuestra violencia institucional y una clara arbitrariedad contra nosotras las mujeres.
No podrán acallar nuestras voces.

Será Ley.
Reafirmamos: Aborto legal, seguro y gratuito… Ya”.

Comunicado CTA Bahía Blanca Cnel. Dorrego:

La CTA Regional Bahía Blanca-Dorrego repudia la arbitraria detención de las compañeras Maggie Itten, Sofía Franeff, Samira Hammer, Micaela Pérez Troncoso y Florencia Fuentes, integrantes del Frente Feminista Nacional y Popular, en momentos en que realizaban una acción propagandistica en favor de la legalización del aborto.

Denunciamos este hecho como una muestra más de la prepotencia machista de las fuerzas de seguridad amparadas en la política represiva del gobierno.

La responsabilidad alcanza también el juez en lo correccional Gabriel Rojas quien decidió imputarles el delito de daños a la propiedad privada siendo que el lugar es asiduamente utilizado para pintadas y cartelería de distinto tipo.
Este accionar policial y judicial se enmarca en la brutal ofensiva de los sectores más reaccionarios de la sociedad contra la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo, en un intento desesperado por frenar la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. 

Exigimos la inmediata libertad de las compañeras y reafirmamos nuestro compromiso por la libertad de expresión y nuestro apoyo a la Ley.

Se trata de la Escuela de Teatro y la Escuela 35 de Grunbein, cuyos cuerpos docentes decidieron no continuar el dictado de clases por los graves problemas de infraestructura que padecen ambas instituciones. Las falencias tomaron mayor relevancia a partir de lo ocurrido en Moreno, donde una explosión en la Escuela 49 se cobró la vida de la vicedirectora y de un auxiliar.

La delegada del SUTEBA en la Escuela de Teatro, Liliana Griskan, contó a FM De la Calle que fueron las y los estudiantes quienes corroboraron que estaba rota la bomba de agua y que “elevaron a través de las autoridades un reclamo al Consejo Escolar que recién nos envió un personal técnico”. Por la tarde realizaron un relevamiento integral del colegio de acuerdo a un formato de planillas que envió el Frente de Unidad Docente.

“Nosotros tenemos un fondo educativo sin supervisión de los sindicatos porque fue eliminada la comisión supervisora. Esto es producto de un ajuste en educación, no hay la menor duda. Y tenemos derogada la paritaria salarial docente, donde todo el mundo piensa que ahí se discuten salarios y no es así, ahí también se discute infraestructura y tampoco tenemos paritaria provincial para debatir estos temas desde el año pasado. Entonces, esto es consecuencia de un política concreta de Estado. Lo que tiene que quedar en claro es que a ningún docente le gusta cerrar una escuela, pero de ninguna manera podemos poner en riesgo a la comunidad educativa”.

Por otro lado, la delegada del SUTEBA en la Escuela 35 de Grunbein, Mabel Torachio, comentó que en el patio del colegio había presencia de aguas servidas. “En este momento no solo tenemos las aguas cloacales que están saliendo al patio. De hecho, hay un ombú en riesgo, el agua está socavando la escuela, o sea que tenemos temor a que se pueda quebrar la escuela porque ya hay paredes torcidas en algunas áreas. Por ahí hay días que las puertas no cierran bien”.

“A principio de año, una parte la escuela tenía olor a gas. Después de unos reclamos que se hicieron por parte de la dirección vinieron pero hicieron parches porque ahora está otra vez el olor a gas. Es tal el olor que hay días que tenemos las ventanas abiertas porque no se soporta o hay que apagar el calefactor”, aseguró.

En el establecimiento prevén que no se dictarán clases hasta la semana próxima.

Luego de la explosión en la Escuela N°49 de Moreno, gremios docentes y ATE convocaron a una jornada de paro y movilización en toda la provincia. En Bahía Blanca, la concentración se realizó frente al Consejo Escolar.

Durante la manifestación se plantearon situaciones de precarización y mal estado de los edificios educativos, situación que pone en riesgo no sólo a ellxs como trabajadorxs sino también a lxs cientxs de estudiantes que recorren esas escuelas a diario.

La jornada concluyó con una masiva movilización por las calles de nuestra ciudad. En paralelo con los reclamos de salarios dignos, la lucha docente se amplía en otros reclamos que, sin lugar a dudas son transversales para generar una educación de calidad.

Mañana sábado a las 10:30 en el teatro El Tablado (Chiclana 453), se realizará una asamblea convocada por el Consejo Cultural Consultivo y el Consejo Local de la Niñez, en la cual trabajarán un diagnóstico de los recortes en las áreas de niñez, salud, cultura y educación.

Cecilia Epherra y Diego Di Pasquale comentaron en FM De la Calle los objetivos del encuentro.

“Nosotros desde principio de año en el seno del Consejo Local de Niñez, comenzamos a recibir demandas e inquietudes sobre el agravamiento de la situación social en los barrios, sobretodo focalizando en el tema de la niñez”, aseguró di Pasquale.

“En ese camino recorrido, nos acercamos a algunos compañeros del Consejo Cultural Consultivo que venían viendo situaciones similares y reflexionamos juntos y decidimos proponer esta actividad, esta asamblea conjunta y abierta”.

Por su parte, la consejera por el área de música en el Consejo Cultural Consultivo, Cecilia Epherra, sostuvo que “desde el lugar de representantes de las ramas artísticas y también desde el lugar de representantes de trabajadores y trabajadoras del Instituto Cultural, se viene denunciando, ya hace varios años, el desguace en lo que es cultural. Concretamente el caso emblemático de la Orquesta de Miramar que cumpliría diez años ahora en 2018 y sin embargo la han desmantelado hace más de dos años”.

“La gente que está contratada para encargarse de las partes docentes de cultura de los talleres, que también laburan en conjunto con Educación ahora que vuelve Roselló al área de cultura como subsecretaria de Educación. En ese sentido, se viene trabajando en cuestiones muy concretas de precarización, como el tema de los contratos trimestrales, como es obligar a monotributarizarse, como trabajar desde un Estado justamente inestable de trabajo”, aseguró.

En ese sentido, Di Pasquale profundizó sobre algunas de las situaciones que se ven en los barrios y cómo los afecta el recorte de políticas públicas: “Dificultades en la familias, dificultades en los niños, aumento del consumo, abandono escolar, más familias que tienen dificultades en el acceso a lo básico”.

“Avizorábamos un año más complejo de lo que había sido el 2017, por eso es que nos atrevemos y votamos en unanimidad el pedido de emergencia. En este sentido lo que quiere hacer el Consejo Local de Niñez es dotar al Ejecutivo de una herramienta que es una declaración de emergencia que permite asignar partidas y realizar diagnósticos sobre una situación que se está complejizando”, manifestó.

La asamblea “está convocada desde un espacio de participación ciudadana al que puede asistir cualquier miembro de la comunidad que puede ser o no miembro de alguna organización. Pero la apertura es amplia, puede acercarse cualquier miembro de la comunidad que haya sentido el recorte de las políticas públicas en cualquier sector”, afirmó Epherra.

Agregó que “además de hacer un diagnóstico pormenorizado lo más profundo y amplio posible de cómo impactan estos recortes, también tiene que ver con empezar a conectarnos y a laburar en colectivo, lo que hasta el momento vienen siendo denuncias aisladas”.

El 19 de abril el Concejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó por unanimidad un proyecto de instalación de buzones para “denunciar a narcotraficantes”. La iniciativa fue propuesta por el empresario y periodista Germán Sasso. A su vez, contó con el apoyo de funcionarios judiciales como el fiscal general Juan Pablo Fernández  y el titular de la UFIJ Nº 19 (Drogas), Mauricio del Cero.

FM De la Calle consultó a diferentes especialistas sobre la flamante ordenanza: “Fulbito para la tribuna”, “No protege a los ciudadanos”, “Es discriminatoria”, “Podría generar situaciones de violencia”, “Es una acción superficial”, fueron algunas de las respuestas.

Adriana Rossi, doctora en Filosofía y especialista en lucha contra el narcotráfico.

No me gusto para nada. El punto de partida del municipio es una política represiva y no de intervención social en el territorio. Convierte a los ciudadanos en policías, lo cual ha sido desaconsejable siempre por las derivaciones autoritarias. Se da pie a distorsiones (acusaciones por venganza, por ejemplo).

Podría tener efectos adversos. Podría transformarse en un instrumento que grupos narcos podrían utilizar para deshacerse de los rivales. No protege a los ciudadanos por el hecho mismo que al acercarse al buzón el denunciante podría quedar marcado.

Es discriminatorio porque apunta a los circuitos de venta de los barrios más marginales. Los otros circuitos para clase más alta son generalmente menos visibles y más protegidos.

Se apunta a los puntos de ventas. Se elimina uno y surge otro si no hay otro tipo de política. El consumo no se elimina con la intervención en la venta. Para enfrentar la oferta sobre todo en el narcomenudeo se debería tener en cuenta no sólo la dimensión puramente social sino también cultural para contrarrestar la cultura o subcultura que se genera en esos circuitos.

Denunciar, arrestar, solo va a atiborrar a las cárceles e institutos de menores con “delincuentes” de poca monta y, como dije antes, en lo referente a destruir un punto de venta lo mismo vale para las bandas. Sale una de la escena y se arma una violencia terrible (y no sólo narco) ejercida por pequeños grupos para apoderarse del territorio dejado libre por esa banda. La solución está por otro lado, y estas medidas, como la del buzón, terminan con la criminalización de grupos sociales desfavorecidos dejando intacto el circuito.

Carlos del Frade, diputado provincial, Santa Fe. Autor de la investigación “Geonarco, narcotráfico, poder y esperanza” y del libro “Ciudad blanca, crónica negra: historia política del narcotráfico en el Gran Rosario”.

Los buzones por la vida en Rosario y Funes, que es una localidad cercana a Rosario en el sur de la provincia de Santa Fe, fue una idea que comenzó a desarrollarse en los años 90. Después de casi 20 años de implementación arrojaron un resultado muy malo porque de hecho el desarrollo del negocio fue cada vez creciendo con mayor proporcionalidad, incluso la aritmética.

Así que estamos convencidos de la inutilidad. Supone filosóficamente que el vecino se tiene que convertir en una especie de celador y perseguidor de sus propios vecinos, algo que en realidad tiene que ver con la prevención y las tareas de las fuerzas de seguridad tanto nacional como provincial.

Allí hay una cuestión fundamental: mientras las principales fuerzas policiales de cada provincia sean en realidad las que manejan el negocio del narcotráfico en las principales provincias argentinas como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Tucumán la cosa no se va a solucionar con un buzón de denuncias anónimas contra el narcotráfico.

También es fundamental decir que los jueces federales, por lo menos en las dos grandes ciudades de la provincia, Rosario y Santa Fe, no se han caracterizado por trabajar mucho el tema. Al contrario, la principal banda narco en la provincia ha sido juzgada y condenada por asesinatos y asociación ilícita, pero no por narcotráfico.

Estas cuestiones también marcan que son respuestas espasmódicas, fulbito para la tribuna, pero nunca determinan un ataque en serio al gran corazón de todo esto que es el negocio del dinero a partir de los inversores y los que después lavan el dinero. Estamos muy lejos de encontrar una solución con los buzones de denuncias anónimas.

ILSED (Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia).

La propuesta de instalación de Buzones Anti-Narco en Delegaciones Municipales, Salas Médicas y otras reparticiones aparece como una medida innecesaria frente a la existencia de múltiples instancias en las que es factible la realización de denuncias anónimas, tal como se plantea en los mismos considerandos de la ordenanza. Así, sin sumar de manera contundente al abordaje del problema, la medida podría generar situaciones de violencia desplegadas en el territorio y en lugares en los que se carece de las herramientas de contención adecuadas frente a estas situaciones.

Como aporte a la prevención del narcotráfico en el ámbito municipal, un camino más fructífero podría ser el de avanzar en diagnósticos más precisos de las manifestaciones del problema en el territorio, generando evidencias que sustenten las políticas concretas que podrían ser impulsadas localmente.

Victoria Darraidou, Investigadora del equipo Seguridad democrática y violencia institucional del CELS.

La iniciativa ya ha sido probada en varios municipios del país, si bien no se conocen evaluaciones de los distritos que implementaron estas acciones, las mismas suelen desactivarse con el tiempo. En ese sentido, este tipo de respuesta está más orientado a generar una idea de intervención que a crear acciones involucradas en la resolución de conflictos.

Con relación a la ordenanza de Bahía Blanca: 

o    la iniciativa propone una vía de denuncia anónima, pero no facilita a los ciudadanos la posibilidad de realizar un seguimiento sobre su denuncia;

o   las denuncias no necesariamente contienen los datos esenciales para motorizar un proceso de investigación, no hay control de calidad sobre lo que se denuncia. Por otra parte, ello posibilita que muchas cuestiones que se denuncien no necesariamente constituyan delitos;

o   alienta a la participación de la ciudadanía aportando pruebas y “colaborando en la tarea investigativa”, siendo que estas no son responsabilidades de la sociedad, sino del Estado. Ello puede alentar a la escalada de intervenciones punitivistas y estigmatizaciones sobre sectores la sociedad;

o   nada indica sobre fortalecer las capacidades en investigación de las áreas de gobierno del municipio con el supuesto de nuevo caudal de denuncias;

o   tampoco detalla cómo se va a gestionar, sistematizar y evaluar la cantidad y calidad de la información recibida y cómo esa información va a ser tenida en cuenta para tareas de prevención.

Experiencias previas de este tipo de iniciativa suelen demostrar una recepción positiva por parte de las comunidades que se va desmoronando con el tiempo. Ello ocurre o bien porque la información recibida es de baja calidad, o porque los gobiernos no cuentan con estructuras con capacidad de gestión. Es por ello que este tipo de iniciativas suelen ser consideradas como acciones superficiales que poca capacidad tienen para abordar los conflictos en los territorios.

Pequeñxs productores del partido de Villarino se manifestaron en distintas localidades en defensa de las economías regionales y ante la crisis en el cultivo de cebollas.

La protesta fue organizada por la Federación Nacional Campesina y la Corriente Clasista y Combativa.  Demandan políticas de acceso a la tierra, comercialización y producción para los que menos tienen, créditos, semillas, subsidios, tarifas diferenciadas y planes sociales para los campesinos más vulnerables.

“Estamos protestando por que se abra de nuevo el monotributo social de agricultores, nosotros no sembramos mucho, somos pequeños productores y sino no tenemos cómo volver a sembrar. Estamos pidiendo que haya créditos”, dijo Rolando Rodríguez.

El precio de la cebolla es fijado por los compradores, depende de la oferta y demanda. “El kilo nos están pagando dos pesos, un peso, depende. Eso varía”, señaló Rodríguez. Entre la cosecha y la venta en la verdulería se le agregan alrededor de 15 pesos al precio final.

“Nosotros no tenemos ninguna ayuda, por ahí sembramos con lo que trabajamos, hacemos changas y con eso apostamos a sembrar dos o tres hectáreas. Yo, por ejemplo, sembré tres hectáreas. Tres años me fue mal y este año ya no sembré. Vos apostás todo a la cebolla, todo el año que vos trabajas”, comentó.

“Nos tenemos que levantar a las tres de la mañana para llegar a las diez, a veces a las doce, no tenemos horarios. En el campo se sufre”, finalizó.

El titular de La Bancaria, Néstor Barral, conversó a con FM De la Calle a propósito del incendio ocurrido en la sede central del Banco Nación la madrugada del sábado pasado.

Mencionó que “es muy doloroso ver cómo ha quedado. A mí me llamaron a las cinco y media de la mañana del día sábado, anoticiándome de esta situación. Fui hasta allá y bueno, se nos caían las lágrimas de ver cómo se iba destruyendo toda la cúpula del edificio”.

Respecto a las causas que podrían haber provocado el siniestro, argumentó que “sería muy apresurado dar una opinión. Tenemos que dejar a los técnicos que hagan la pericia oficial y después dirán. Conjeturas hay muchas pero sería irresponsable de mi parte dar alguna”.

En relación a la reunión que mantuvieron desde el gremio con el Presidente del BCRA, Javier González Fraga, argumentó que el encuentro “nos reconfortó” porque “asumió el compromiso de ponerse ya a trabajar ya en la reconstrucción del edificio, lo antes posible, así que esperemos que sea así y que otra vez la ciudad pueda tener el edificio histórico y emblemático”.

Por su parte el concejal por el bloque PJ-CUMPLIR, Maximiliano Núñez Fariña, recordó que hace tiempo desde el cuerpo se piden explicaciones a ABSA sobre el estado de las bocas de incendio sin obtener respuesta por parte de la empresa.

Explicó que “el pedido nuestro son cinco o seis puntos.Lo que yo más recuerdo es uno que dice donde se encuentran las bocas y si ha habido o no un relevamiento de las que funcionan y las que no funcionan. El otro punto importante era: si estaban y sabían donde están que le avisen a los bomberos, que es fundamental que ellos sepan, más que todo para cuando ellos arman cualquier equipo de trabajo o claro operativo”.

“Hoy por hoy, sufrimos este accidente en el centro de la ciudad de Bahía Blanca, teniendo la gran ventaja de que tenemos dos piletas de natación cerca; tenemos la gran ventaja que hay dos estaciones de servicio a 100, 150 metros que las dos, por ley, tienen que tener una toma de agua. Entonces, con eso pudimos solventar la falta de agua en el momento en que se estaba apagando el incendio”, aseguró.

Respecto a cuáles son las fallas de las bocas de incendio, Nuñez Fariña sostuvo que “desde el 2011 que no tenemos respuesta ningún concejal, más allá del color político de turno, ha tenido la respuesta ni de ABSA ni del Ejecutivo para decir porque no están y la negligencia o la impericia o la falta de gestión, generó una destrucción como la del Banco Nación. Es pura falta de gestión”.

“La realidad es que no se saben si están tapadas, sino están tapadas o donde están. Históricamente hay un mapa donde se marcan los puntos, en la esquina del banco hay un punto, que tendría que haber una toma de agua, y la realidad es que se han reasfaltado las calles, se ha ensanchado una calle, se ha ensanchado una vereda; esto hace que la toma de agua quede tapada o desplazada. Todas esas cosas se tienen que prever”, enfatizó.

Elsa Bruzzone, integrante del Centro de Militares para la Democracia Argentina y especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional, analizó en FM De la Calle los alcances del decreto del macrismo que habilita a las fuerzas armadas a intervenir en seguridad interior.

Planteó que “obedece a dos razones. Una de carácter externo, que es  cumplir con el pedido realizado por el jefe del Comando Sur, el almirante Kurt Tidd, donde en la última reunión sostenida en la semana del 16 al 18 de agosto del 2016 en Montevideo, en Uruguay, solicitó a aquellos países que tenían una línea divisoria entre defensa y seguridad que la rompieran, para que las fuerzas armadas pudieran intervenir en la seguridad interior. Como les remarcó: en ‘lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, en los desastres naturales, pero también en la represión de la propia población si es que las fuerzas de seguridad eran sobrepasadas’”.

“Y por otro lado, una decisión interna previendo que este modelo social y económico iniciado en diciembre de 2015, sin represión no cierra”.

Para Bruzzone el nuevo funcionamiento de las fuerzas armadas  es un regreso a la doctrina de la seguridad nacional, “donde el enemigo vuelve a ser de nuevo el pueblo y no los deseos de cualquier potencia extranjera que tenga apetencia sobre nuestros recursos naturales”.

El decreto 683 establece que tanto el Ejército, como la Armada y la Fuerza Aérea “conforman el Instrumento Militar de la Defensa Nacional, el cual deberá concebirse como una única instancia integradora de las formas y modalidades de acción propia de cada una de esas fuerzas”.

 Así se modifica el Decreto 727/06 del gobierno de Néstor Kirchner y deroga el Decreto 1691 de noviembre de 2006.  “Lo que él (Mauricio Macri) está haciendo es  ilegal e inconstitucional, modificando por decreto la esencia de ambas leyes, la de seguridad y la de defensa, sabiendo que esto lo debe hacer exclusivamente el Poder Legislativo, porque así está determinado por la Constitución Nacional”, aseguró Bruzzone.

“Puedo decir con absoluta certeza que las fuerzas armadas no están contentas de volver a la seguridad interior, bastan tres ejemplos. El primero fue cuando al jefe del Ejército durante el gobierno de la Alianza, en la semana del 19 y 20 de diciembre de 2001, De la Rúa lo quiere implicar y le ordena que saque el Ejército a la calle para reprimir a la población y el jefe le dice que ‘de ninguna manera, es inconstitucional, que el Congreso de la Nación declare el estado de sitio, que hagan las modificaciones y a mí me den las órdenes por escrito’”.

“En diciembre de 2016 Macri, ya se había reunido con el jefe del Ejército actual con Patricia Bullrich y Martínez, que era el ministro de Defensa, para pedirle lo mismo, y le contestan exactamente lo mismo: que el Congreso de la Nación es el único que tiene la facultad de eso. Y el 31 de mayo de este año, luego de los anuncios de Macri en la cena del Ejército de Camaradería, el actual jefe del Ejército hace declaraciones y dice que las fuerzas armadas están exclusivamente para defender al país de una agresión exterior, que no están preparadas, que no es su función intervenir en seguridad interior”.

La especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional también hizo referencia a las características de las fuerzas armadas formadas en democracia, aseverando que ya no quedan en ellas aquellos que fueron parte de la última dictadura,  “la clase social a la que pertenecen ya no son mas las oligarquías que eran antes. Vienen de las clases medias, de las clases bajas, son de una clase social totalmente diferente a la que hubo hasta hace unos cuantos años atrás”.

“Esto genera inestabilidad, genera inquietud y también desestabiliza la democracia y  la República. Ahora le corresponde al Poder Legislativo y nos corresponde a nosotros también como pueblo, revertir esta situación y emplear todas las herramientas que tengamos a mano, porque no nos podemos permitir retornar a lo que nosotros ya hemos vivido, a una historia tan dolorosa del país como hemos tenido”, finalizó Bruzzone.

Tras la autorización para la instalación de una base militares estadounidense cerca del yacimiento petrolífero Vaca Muerta y ante el decreto que otorga a las fuerzas armadas la posibilidad de intervenir en asuntos de seguridad interior, conversamos con Jorge Nahuel, integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén.

“Esta noticia que anunció el presidente se suma a todo un estado de preocupación, porque se ha dibujado una imagen de terrorismo, de violencia extrema, de atentando que no tiene nada que ver con la realidad. Porque acá, si hay alguien que está actuando al margen de la ley y violando todos los preceptos constitucionales y legales, es la industria petrolera que ingresa con total libertad y protegida por la fuerza pública que sea necesaria y que le permite a estos grupo corporativos explotar a plena luz del día”, manifestó.

“Nosotros tenemos a Gendarmería apostada. Hay un contingente de 400 gendarmes para proteger Vaca Muerta, el Municipio de Añelo ya ha otorgado un predio para construir una base de operaciones para Gendarmería”.

“Entonces, cuando se suma eso, la base militar que ya también tiene un terreno otorgado, más el anuncio presidencial, sentimos todo verde oliva acá alrededor”, enfatizó.

Nahuel explicó que “lo que se sabe es la información pública que ha hecho el Gobernador anunciando como una verdadera burla al sentido común de que, acá se va a instalar una base del Comando Sur de Estados Unidos, para realizar tareas humanitarias”.

“Esta base no tiene ninguna lógica más que, poder generar una base militar que controle y proteja todos los interés que el fracking hoy está aplicando. Recordemos que el fracking, hoy es una técnica que está manejada, fundamentalmente, por empresas norteamericanas. Entonces, toda es inversión es la que, se supone, vienen a proteger semejante destacamento militar”, aseguró.

El secretario nacional del Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, se refirió en FM De la Calle al Decreto 683/2018 que habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir en asuntos de la seguridad interior.

“Se recoge en las primeras horas mucha sensibilidad, mucha voluntad de rechazarlo. Nosotros aportamos una mirada un poco larga y un poco más amplia. La decisión de Macri se debe contextualizar en el tiempo, los milicos fueron inhibidos al final de la dictadura. Menem intentó un camino de profesionalismo, una camino de crear una fuerza pequeña, moldeable para las cooperaciones internacionales”, manifestó.

“Pero luego, cuando empezaron las luchas populares, el Estado, el menemismo primero y los gobiernos que lo sucedieron, todos apelaron a un truco que todavía muchos callan, que es usar a la Gendarmería como fuerza armada. ¿Por qué entonces esta decisión de Macri? Yo creo que hay dos temas fundamentales: uno simbólico-cultural de revancha de reivindicar al ejército asesino y otra cuestión es la internacional, es evidente que no puede enviar junto con el Comando Sur a Gendarmería a Venezuela”, aseguró.

En ese sentido, Schulman sostuvo que “hay que empezar a hablar de Macri-fascismo, no será el fascismo de Videla, no lo es, no será el fascismo de Onganía, no lo es. Pero esto tampoco es un gobierno burgués de derecha. Esto es un gobierno que no tiene límites y que ya hemos comprobado no tiene límite en matar”.

“Yo creo que hay un cambio social y también hay un cambio político (en las fuerzas armadas). No todos los militares están felices con esto. Como en tantas otras cosas, es un momento de prueba en el que se verá que es lo que es cada uno. Hasta ahora, lamentablemente en el país, pocas veces las personas que tienen armas han obrado con dignidad y con decoro. En principio, yo diría que las actitudes de los militares han sido bastantes complacientes con las concesiones en términos de soberanía”.