La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular denunció este fin de semana que la Policía de Córdoba asesinó a uno de sus integrantes, Marcos Soria, en el barrio Angelelli II. El jueves pasado la Bonaerense fusiló a otro miembro de la CTEP, Rodolfo Orellana, cuando participaba de una toma de tierras en La Matanza.

“Venía a la madrugada a acostarse a su casa, en una cuadra lo para la policía para hacerle el control, él empezó a correr porque vio que era el policía que siempre le pegaba y lo verdugueaba”, dijo a FM De la Calle, Silvia, cuñada de Soria.

Agregó que “los policías lo corrieron, lo alcanzaron, lo mataron a golpes. Se subieron al móvil, de ahí vinieron de un costado al otro del barrio, lo vuelven a bajar, le vuelven a pegar, lo arrodillan a golpes, él intenta escapar de nuevo y ahí cuando corre cinco metros o más, tiran un tiro al aire y otro lo fusiló. Él no corría, se paró, no tenía ni un arma, nada”.

Marcos tenía 32 años, una compañera, un hijo de cuatro años y una hija de once meses. “Vivía con su sonrisa día a día, si podía te ayudaba, es un compañero de la organización, un cartonero o carrera y se ganaba la vida”.

CTEP destacó que su cuerpo fue retirado tres horas después del fusilamiento por parte de policía judicial: “tiempo suficiente como para modificar la escena del crimen”.

La organización exigió en su comunicado del fin de semana información sobre el paradero de Oscar Campos. Según informó Silvia “a ese compañero lo han detenido porque andaba por la calle y ha visto cómo lo mataban a Marcos”. Sin embargo, “está detenido por el homicidio de Marcos”.

El jueves por la madrugda fusilaron en el suelo con bala de plomo a Rodolfo Orellana, militante de OLP de Villa Celina, cuando se manifestaban en defensa de tierras en Puente 13 en La Matanza. Otres cuatro militantes fueron detenidxs.

La Cámara de Diputados bonaerense aprobó la ley de Identidad de Género en el deporte. A partir de ahora, los clubes, ligas, asociaciones y federaciones deportivas que impidan la participación de deportistas o realicen su inscripción en un género distinto al auto percibido serán sancionados”.

“Más que feliz de esta nueva conquista que amplía en derechos consagrados como la ley de identidad de género, garantizando que se respete y que nadie sufra imposibilidades para acceder a los ámbitos deportivos”, manifestó la activista trans y deportista bahiense Saira Millaqueo.

La norma, presentada por el senador Federico Susbielles, establece que “a los fines de la registración, inscripción, participación y competición en el marco de las actividades deportivas, de una liga, federación o confederación en el territorio provincial, sea de carácter amateur o profesional, se entenderá por género a aquel que fuera auto percibido por la persona deportista”.

En su fundamentación, se destaca que “los discursos biológicos sobre las diferencias corporales carecen de toda validez puesto que la ley nacional (…) cancela su pertinencia” y define “al género, por fuera de las construcciones sexuales, como ‘la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo’”.

La madre de una víctima de femicidio denunció que el asesino y su entorno familiar la amenazan permanentemente. Se trata de Cristian Puebla, quien en pocos meses saldría en libertad.

La madrugada del 10 de octubre de 2012, Pueblas apuñaló a Leonela Costa, con quien convivía en una casa de Villa Cerrito. Díez días después, la joven de 24 años murió.

A espaldas de la familia de Leonela, la justicia condenó al femicida por homicidio simple y lo encerró en la Unidad Penal N°19 de Saavedra. Silvia Martínez, aseguró a FM De la Calle, que eso no impidió que Pueblas intimide a su familia.

“Él dice que a mi hija la mató el hospital, no la mató él. Mi hija entró al hospital porque él le hizo daño, le pegó una apuñalada y la dejó tirada como si fuera un perro en el patio después de que fingió un asalto y, que si no fuera porque encontramos los cordones con sangre, este señor se escapába”, recordó.

La madre de Puebla contacta a Martínez por Facebook y escribe “cosas que no tienen nombre, cosas aberrantes. Esta persona tiene la foto de mi hija de perfil, que no sé por qué la tiene. Me gustaría tener una charla pero yo no encuentro cómo porque escribe cosas incoherentes como que yo a mi hija la mandaba a prostituir desde los 10 años con mi mamá. Mi hija fue criada en el colegio y yo nunca conocí a mi mamá. Dice que mi hija le contaba cosas feas y no puede ser así porque yo sé cómo crié a mi hija y sé la mamá que fui para ella”.

Cristian Puebla, condenado por homicidio simple en un juicio abreviado, saldría de la cárcel luego de cumplir su condena. “En ningún momento me avisaron que iba a ser un juicio abreviado, lo único que sí lo vi en la calle al señor abogado Avellaneda que me representaba, me tocó el hombro y me dijo así nomás: ‘al asesino de tu hija le dieron siete años’. Ya sé que en siete años a mi hija no me la van a devolver pero no puede ser que ésta persona y todo el entorno familiar siga haciendo daño”.

“Pienso que va a seguir amenazándome. Yo fui a fiscalia y constaté que al señor en la requisa del penal le encontraron un celular y un bisturí y eso no es mentira porque fui al expediente de mi hija para saber cómo va la causa, como todos los meses, y lo vi”, aseguró Martínez.

Agregó: “Estoy remando día a día. Estoy alquilando y me dieron el botón antipánico. Tengo cámara en mi casa y es como yo le digo a la policía… ¿por qué me tengo que cuidar yo? Yo no hice nada, no maté a nadie, no hice maldad. A mi me sacaron una nena de 24 años y me sacaron las ganas de vivir. Tengo tres varones más pero era mi única hija, la que me hizo madre, no tenía maldad, era humilde, era sencilla. Hoy tengo que resguardarme y cuidar a mis hijos. Y espero que no haya mas Leonelas, ojalá que esto se calme y se termine”, finalizó.

Foto: Canal 7.

Cada vez falta menos para la cumbre del G20 en la cual 19 países y la Unión Europea se reunirán para definir el rumbo de la política económica y financiera del resto de mundo. Buenos Aires será el epicentro del encuentro. La Capital estará severamente controlada por las fuerzas de seguridad de Patricia Bullrich y efectivos que traerá cada presidente.

La Confluencia Fuera G20-FMI propone desarmar mitos acerca del foro y proponer una alternativa. Desarrollarán la Semana de Acción contra el G20 con actividades a cargo de organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales y feministas que culminarán con una marcha el 30 de noviembre.

Beverly Keene, integrante de la Confluencia, conversó con FM De la Calle, acerca de uno de los ejes de la cumbre: la “infraestructura para el desarrollo”.

“Cuando el G20 habla de infraestructura para el desarrollo habla de privatizar la obra pública y ahí viene también el acuerdo con el FMI que apunta en la misma dirección y busca asegurar que las inversiones privadas de infraestructura sean rentables. Esto es un peligro para todos los países porque tradicionalmente las grandes obras públicas no son rentables o son rentables a muy largo plazo e incumben riesgos para quienes invierten en ello. Están  buscando mecanismos para que el Estado, el público, nosotros también, asumamos los riesgos y el desafío. Eso significa más riesgo y más endeudamiento para Argentina”, aseguró Keene.

Respecto al modelo energético de Vaca Muerta, planteado desde el gobierno como solución a grandes problemas energéticos, de empleo y desarrollo, comentó que “es el ejemplo claro del modelo agroexportador que el G20 discute en este momento y busca condiciones para tornarlo aún más rentable. Es el incremento del modelo extractivista, los pueblos sufren costos y daños”.

Agregó que “el Estado se endeuda para mantener ese modelo y permite las inversiones de las empresas ofreciendo, por ejemplo, la exoneración de impuestos. Los beneficios se van para afuera y las deudas se quedan adentro”.

“Vemos  que las políticas del G20 y FMI coinciden con las políticas del gobierno de Macri, buscando profundizar ese modelo y expandirlo”, concluyó.

Ya son ocho los jóvenes muertos tras el incendio de la Comisaría 3º de Esteban Echeverría ocurrido el jueves. Se trata de la mayor masacre en la historia de las comisarías argentinas. El edificio estaba clausurado como lugar de detención, sin embargo, había 27 personas.

La Comisión Provincial por la Memoria afirmó que “es el resultado directo del hacinamiento y la sobrepoblación, entre otros factores de violación de derechos en contexto de encierro, de una política criminal que persigue y encierra a los pobres”.

Sandra Raggio dijo a FM De la Calle que “en 2015 ya presentamos una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dio lugar, por la situación de las comisarías”.

“Lamentablemente, después de esa presentación, ocurrió la masacre de Pergamino y ahora ocurre la masacre de Esteban Echeverría. Y además, cada vez peor. La verdad que es bastante -no sé cuál sería la palabra- decepcionante es demasiado poco, desolador, pensar que frente a estos acontecimientos tan aberrantes no haya decisiones políticas que se correspondan con la gravedad de los hechos”.

-Ustedes hablaron con sobrevivientes y descartan cualquier versión referida a un motín o fuga. ¿Qué testimonios recogieron?

No, No, ni motín ni fuga ni nada. Había una situación de sobrepoblación en el lugar, eso está claro. Esa comisaría estaba clausurada como lugar de detención por una resolución del año 2012 del Ministerio de Seguridad que después hizo oídos sordos a su propia resolución y empezó a mandar detenidos ahí. En marzo de este año por un habeas corpus que presentó el Juzgado de Garantías de Esteban Echeverría, el juez de garantía ratificó la clausura y ordenó que de manera inmediata se desalojara la comisaría, se lo ordenó hasta a la gobernadora María Eugenia Vidal. Dio la orden el juez porque peligraba la vida de las personas. También elevó por desobediencia la causa a la fiscalía y tampoco hubo avances en ese tema.

Acá las responsabilidades funcionales son claras, más allá de lo que ocurrió. Porque la cuestión del fuego es una forma de protesta muchas veces de los propios reclusos. Pasó en Pergamino, pasó acá, pasó en Magdalena. El tema es cómo responde el Estado que tiene a esas personas en custodia. Era un lugar que realmente era una ratonera porque no tenía ningún tipo de ventilación, estaban hacinados y creemos que la justicia, que fue quien ordenó que desalojaran el lugar, ahora debería abocarse a la investigación de las responsabilidades funcionales que expliquen la muerte de estas ocho personas y dos que están en extrema gravedad.

Raggio manifestó que “hay testimonios de las personas detenidas de la celda 2, que sobrevivieron todos, que en un momento cuando empieza el incendio ellos se despiertan por el fuego y entonces van a intentar mojar las toallas, que es como una medida de protección por el tema del humo, y cuando van a abrir las canillas no salía agua. Hay que investigar por qué no sale agua. Según las personas que estaban allí siempre había agua, en ese momento no había agua”.

Por otra parte, destacó que “hay una política de persecución penal, de encarcelamiento, orientada a estos eslabones más débiles del delito y de delitos no graves que no hay distinción. La policía capta para el sistema penal, las fiscalías convalidan, los jueces terminan convalidando las privaciones de la libertad. Ahí tenemos un montón de gente procesada en comisarías, por delitos menores que serían excarcelables. Algunos también eran por tenencia simple de estupefacientes”.

“La única forma de resolverlo es repensando la política criminal. No vamos a resolver el problema del narcotráfico persiguiendo al consumo, no vamos a resolver el robo de autos y el mercado ilegal de autopartes persiguiendo solo a los que roban el auto. Si no nos avocamos a la investigación de delito complejo, de las redes delictivas, de los mercados ilegales y todavía estamos esperando que haya una política de seguridad”.

“Hay también una sensación de inseguridad ligada con lo que pasa en la calles, con el hurto que a la gente pareciera que le parece bien que todo eso que le puede causar un daño a uno de manera directa esté preso. Pero en un mapa de la inseguridad no es lo prioritario. Para que haya mayor seguridad lo que hay que tratar de resolver son las cadenas delictivas que organizan el delito”, dijo.

La integrante de la CPM comentó que el organismo aborda el debate de la seguridad “porque pareciera que a los que defendemos los derechos humanos no nos importan las políticas de seguridad”.

“Estas políticas de seguridad ligadas con la mano dura, con el aumento de la crisis de inflación, etcétera, no dan ningún resultado. Si se sigue invirtiendo y gastando plata en políticas de seguridad, se desatienden las otras áreas del Estado que deberían estar. Se desatiende la promoción y protección de niños, niñas y adolescentes que tiene 0,37% del presupuesto del año pasado del año pasado, 38% que tiene seguridad y capaz están subejecutados esos presupuestos”.

Raggio concluyó: “La justicia se lo advirtió a la gobernadora, al ministro Ritondo, no sólo nosotros como organismo de derechos humanos, la propia justicia, y desoyen las órdenes de las justicia. Entonces, cómo vamos a tener una ciudadanía responsable, una ciudadanía que esté ligada con la ley y respeto a las instituciones si el propio Poder Ejecutivo no respeta las órdenes de los jueces”.

Un proyecto de ordenanza para proteger los datos personales de los que dispone el municipio presentó en el Concejo Deliberante, Martín Moyano, quien gestiona el sitio Bahía Segura.

La regulación propuesta alcanza a las plataformas digitales, las aplicaciones móviles y las imágenes audiovisuales del Centro Único de Monitoreo y a todas aquellas que generen bases de datos con información de vecinas y vecinos.

Como ejemplos, Moyano mencionó la aplicación del sistema de parquímetros o VotAPP. “No tenemos responsables individualizados de esas bases de datos ni conocemos con certeza el destino de las mismas, tampoco contamos con canales de acceso que nos permitan conocer la información que el municipio tiene de nosotros, ni para solicitar que se rectifiquen en caso de que contenga errores”.

Moyano comentó que “las características sociales y políticas de las últimas décadas hacen que los municipios avancen cada vez más en el desarrollo de estas herramientas a nivel local para promover la participación y el acceso sencillo a las herramientas de gestión municipal”.

“Estos avances son tan vertiginosos que muchos de ellos se producen y desarrollan antes de que existan regulaciones pertinentes y efectivas para el correcto uso o prevención respecto de un mal uso de la información que a través de estas aplicaciones se recolecta”.

La iniciativa pretende “ordenar y reglamentar el uso de datos brindados u obtenidos por otros medios en todas sus etapas de recolección, alojamiento, utilización, cesión y eliminación de datos personales de los ciudadanos”.

Son considerados “datos personales” todos aquellos que permitan la individualización de personas como: DNI, dirección, teléfono, situación crediticia, imágenes personales, fotográficas o de video filmaciones, estados de deuda, claves personales, cuentas de correo, números telefónicos.

El proyecto establece que “toda persona que intervenga en cualquier instancia del tratamiento de datos personales recolectados por el ámbito público del Municipio de Bahía Blanca estarán sujetas a guardar secreto y garantizar la confidencialidad con carácter indefinido sobre los mismos y serán responsables por cualquier mala utilización”.

Respecto al Centro Único de Monitoreo, Moyano propone la elaboración de “un protocolo oficial para reglamentar el uso y difusión de las imágenes digitales obtenidas mediante el sistema de cámaras de vigilancia, como así también de los procedimientos administrativos que deberán cumplirse para acceder a esa información por parte de los vecinos en el uso de legítimo sus derechos cuidando siempre de garantizar el acceso efectivo a la información”.

Durante la cumbre del G20 que se realizará a fines de noviembre en Buenos Aires, los presidentes de los países mas influyentes del mundo debatirán acuerdos para “revitalizar el sistema actual de comercio”.

Desde la web oficial aseguran que “la presidencia argentina propuso continuar las discusiones hacia un sistema de comercio inclusivo que contribuya al desarrollo justo y sostenible, para que los beneficios del comercio y las inversiones lleguen a todos y para que las personas puedan afrontar los desafíos y las oportunidades de la globalización y de los avances e innovación tecnológica”.

Javier Echaide, abogado y doctor en Derecho Internacional en la UBA, aseguró que en términos de comercio e inversiones, las intensiones de Argentina como sede del foro son ni más ni menos que “meterse en estas cadenas globales de valor que favorecen a los sectores más pudientes de la sociedad, el trabajador termina pagando con la degradación de sus derechos, aumento de los costos sociales, mayor desempleo”.

¿De quiénes son mis datos?

Uno de los ejes del área de negocios de la cumbre es lo que denominan “Nueva Revolución Industrial” y que, según Echaide, “se hace a partir de la comercialización de las plataformas de internet como, por ejemplo, pedir algo por una app y allí viene involucrada la generación de datos. Si yo pido una pizza a cualquier lado y me lo trae un muchacho en una bicicleta que ya no es el delivery de la pizzería sino que es un chico que está contratado por una empresa trasnacional por una aplicación del celular que se dedica a eso, eso crea un perfil de negocios, que es distinto y que no se conocía hasta ahora”.

Esta información sobre perfiles de consumidores según preferencias se denomina “Big Data” y el conflicto se presenta a la hora de decidir a quiénes le pertenecen esos datos y, por consiguiente, quién puede comercializarlos, venderlos o intercambiarlos por otro tipo de información. “Los bancos viven comprando y vendiendo estos datos sobre nuestras cuentas personales en términos financieros, desde hace ya muchos años”, aseguró Echaide.

Acuerdo Mercosur-Unión Europea

El Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea está en negociaciones desde hace varios años. La Unión Europea tiene reparos sobre la colocación de producciones que vienen de países que denominan “subdesarrollados”  por el riesgo que eso conlleva.

“Paradójicamente Argentina es uno de los países en este momento que más le llega la apertura comercial. Digo paradójicamente porque Argentina tiene una crisis en la balanza de pagos, una crisis en la fuga de capitales, abrir las importaciones implica tener que pagar eso con fuga de divisas. El gobierno argentino tiene fe en el libre comercio y desea firmar este acuerdo  con la UE”, comentó Echaide.

El boleto de colectivo en Bahía Blanca aumentó casi el doble que el salario mínimo, vital y móvil entre 2015 y 2018. El dato surge de un estudio realizado por el Centro de Economía Política de Argentina.

Para un usuario o una usuaria que sube al transporte público de lunes a viernes con pasaje de la primera sección, el impacto proporcional a su ingreso pasó del 3,5% en enero 2015 al 6,8% en junio 2018.

En enero, el nuevo cuadro tarifario estableció subas cercanas al 40% sobre el régimen vigente durante 2017. Así, la tarifa plana (1ra sección) de 12,55 subió a 17,30 pesos. En junio se reajustó el boleto en un 10%, llevando la tarifa plana (1ra sección) de 17,30 a 18,95 pesos.

“Al comparar la evolución de la tarifa plana desde el año 2015, es posible observar un aumento sustancial, que acumula un incremento del 192% si se compara con el último registro disponible en el año 2018. En el mismo período el SMVM aumentó 101%”, advirtieron desde el CEPA.

El informe agrega que en un segundo escenario, contemplando la utilización de lunes a sábado a la misma sección, se pasó del 4,2% al 8,1% en el mismo período.

En el tercer escenario, de lunes a viernes, la participación sobre el SMVM pasó del 6,6% en enero 2015 al 9,3% en junio de 2018. La tarifa utilizada responde al régimen de 80 pasajes mensuales utilizados.

El cuarto caso, utilizando este servicio de lunes a sábado, pasó del 8% al 11,2% en el mismo período. En este caso también, la tarifa utilizada responde al régimen de 80 pasajes mensuales utilizados.

Por último, en el quinto caso, de utilización más espaciada (utilización del colectivo 3 veces por semana, 3 semanas en el mes a la segunda sección) sin tener ningún descuento es decir, utilizando la tarifa plana. Entre enero 2015 y junio de 2018 el peso sobre el SMVM pasó de 2,8% a 4%.

Días después de la victoria de Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil, Julia Giménez, licenciada en Historia, doctoranda en la Universidad Estadual de Campinas y colaboradora de FM De la Calle pasó por los estudios de la radio para analizar la situación actual del país más grande de Latinoamérica.

Brasil se encuentra convulsionado luego del triunfo del candidato de la derecha. Desde la campaña se registraron manifestaciones de violencia en aumento y se profundizaron la militarización y la persecución directa a sectores organizados.

Giménez participará de una charla-debate mañana martes 13 a las 19 en la Sala de Conferencias del 8º piso del Departamento de Humanidades de la UNS, 12 de octubre y San Juan.

“Es preocupante pero, al mismo tiempo, lo que se vio desde el primer turno, quizás tarde, hasta hoy, es un proceso de resistencia que de alguna forma nos tiene a todos unidos. Esa frase que circula ‘nadie suelta la mano de nadie, todos juntos y unidos’, es lo que se espera que se mantenga; tanto de los sectores organizados, de las izquierdas, como también de aquellos que pos primera vuelta salieron a las calles auto convocándose para intentar dialogar con esas personas que estaban confundidas, que estaban engañadas por el uso de determinadas empresas que circulan información falsa y cómo eso interfirió en el final de las elecciones. Se requiere de un trabajo que va a ser cotidiano, tanto de resistir, de protegernos, porque sabemos que eso también va a ser un elemento importante para continuar la lucha en Brasil”.

Para la historiadora de la Universidad de Sur residente en Brasil, la figura de Paulo Guedes es fundamental para entender lo que sucedió el 28 de octubre. “Pablo Guedes es un aliado, un Chicago Boy, que se enlaza directamente con el proyecto de Pinochet en Chile, que sigue vigente hoy, y que lo que promete es traer ese paquete neoliberal que circula en la región desde los años ‘70 para acá e implementarlo finalmente en Brasil. No es un proyecto novedoso, más allá de las figuras, pero cuando se empieza a escarbar un poco de dónde viene este proyecto que intentan implementar estos sectores y cuáles son los intereses que hay detrás… vemos el juego que estaban preparando”.

Giménez aseguró que “con el nombramiento de Moro como ministro de Justicia se termina de evidenciar la catástrofe en la que está el Brasil y pone en evidencia todo el juego que se hizo, motivado por sectores que son de la élite brasilera que estaban ansiosos por dar vuelta esta situación de Brasil y por intereses internacionales. (…) Ya a principios del siglo XXI, adelante de esta marea rosa, adelante de estos gobiernos progresistas, se pusieron en marcha para intentar activar el proceso de recuperar completamente el poder. Porque, claro, tampoco lo habían perdido, los banqueros ganaron mucho, por ejemplo, y muchas de las críticas que se le hacen al PT es en relación a esto: no desmantelaron el sistema político”.

Brasil sigue acumulando experiencia en las bases organizadas, sin embargo, no pudieron frenar la victoria de Bolsonaro. Para Giménez “de por sí no hay una cultura política como en Argentina de ocupar las calles masivamente, pero tampoco lo generó el PT estos años. Algunas de las críticas es haberse quedado dentro de los gabinetes y no haber potenciado eso y en el 2013, cuando sí sale mucha gente a la calle, haber reculado y haber dejado eso a mano de las derechas”.

“Todo el proceso de organización del MST como del MTC donde se lucha por una Reforma Agraria y Urbana que apunta contra la concentración, sea de tierras o de viviendas, son dos sectores fundamentales para entender las formas de organización. Quizás la cultura política no conseguimos verla en las calles y quizás ese es un gran problema que tuvo el PT: que durante los años de gobierno no mudó esa cultura política de manifestarse en las calles, de salir al repudio”, afirmó Giménez.

Sobre el proceso de organización del cual es parte, la historiadora contó que “el MST  tiene tres pilares básicos. Uno es la lucha por la tierra, entender que la concentración de la tierra es parte del eje del conflicto en América Latina y que se apoya en un pilar que fue construido a partir de la última Constitución del ‘88 que es la Reforma Agraria. Es decir que ningún tipo de tierra puede quedar ociosa sino que tiene que estar dirigida a una función social. Esto también va para las propiedades inmuebles. El segundo eje es la Reforma Agraria apoyándose en la ley. Y el tercero tiene que ver con una sociedad diferente, fraterna y socialista y que una la podría entender en una forma diferente de producir”.

Giménez analizó el impacto del Movimiento Feminista y sus estrategias como el Elle Nao: “Aquello que surgió previo a la primera vuelta que tenía que ver con denunciar cuáles eran las prácticas cotidianas de Bolsonaro y sus manifestaciones públicas, donde él entendía a la mujer como algo inferior al hombre. Lo que no sé es si ahora hay una estrategia específica porque junto con Bolsonaro lo que se tiene es un Poder Legislativo excesivamente conservador. Las bancadas evangélicas ya eran fuertes”.

“Quizás el Movimiento Feminista con el Elle Nao fue el primero que salió a las calles a denunciar lo que estaba pasando y lo que se espera es si esa fuerza que se viene en toda Latinoamérica pueda traer una nueva energía, que no es nueva porque ya hace muchos años que se está luchando, pero que sí pueda renovar un poco ante el desgaste que ahora tienen otros sectores. (..) El movimiento de mujeres negras carga con un elemento que es fundamental que es denunciar el racismo estructural en Brasil, una esclavitud que nunca fue abolida, sí en los términos liberales, pero que denuncia cómo eso se siente más profundamente en el cuerpo de las mujeres negras. Acá la figura de Marielle es fundamental para entender todo eso”, finalizó.

Darío Pignotti, corresponsal en Brasil de la agencia ANSA y Página/12, brindó una charla en Bahía Blanca sobre la situación política del país tras la victoria electoral de Jail Bolsonaro.

En diálogo con FM De la Calle comentó que “Brasil ingresa en un proceso histórico inaugural, el Brasil de antes de las elecciones será distinto en grado profundo al que viene”.

“Brasil en 1954, con el golpe que derrocó al presidente electo João Goulart inauguró la era de las dictaduras en América del sur. Si la de Brasil no hubiera sido dictadura y de la magnitud que fue, tal vez las otras dictaduras no hubieran surgido -o tal vez sí pero es una duda que cabe- la argentina, la chilena y la uruguaya. Fundamentalmente la chilena y la uruguaya son dos hijas directas de la brasileña”, afirmó.

El dr. en Comunicación por la Universidad de San Pablo subrayó que “el proceso que inaugura Bolsonaro es de un gobierno electo que tiende a ser dictatorial. Esto sujeto a las promesas y a la composición, a la base del poder que lleva a Bolsonaro al Palacio del Planalto”.

“No es una base político partidaria convencional, no es hija de un proceso electoral nacido de relaciones de poder democráticas, el principal respaldo de Bolsonaro son las fuerzas armadas y el brazo político son las policías provinciales y los grupos paramilitares, de eso se puede esperar un destino preocupante”.

En cuanto al proyecto económico del próximo gobierno, Pignotti destacó la elección del “futuro superministro de Economía” Paulo Guedes, “un pinochetista clásico, tributario de la dictadura de Pinochet y de los Chicago Boys”.

“Bolsonaro gusta de ser considerado una suerte de Donald Trump del trópico y, en rigor, cuando se le acerca la lupa se advierte que no es tanto el Trump de esta región porque la política económica de Trump es expansiva, ha apuntado a una dinámica de aumento de la demanda interna y de reducción de la desocupación, difícilmente eso ocurra en Brasil donde al contrario de hacer una política en términos de comercio exterior proteccionista prometen abrir la economía más aún de lo que está -es cierto que no es muy abierta- y privatizar cuanto tenga a mano”.

“Esto ha suscitado algunos roces entre aquel factor fundamental que son los militares con el propio Guedes porque prometió hasta privatizar Petrobras. En Brasil la privatización de Petrobras está sólo después de la privatización de la bandera”, manifestó.

El Consejo Local de Niñez y el Consejo Cultural Consultivo denunciaron que el Municipio continuó este año el “desguace cultural” mediante recortes presupuestarios, tal como la comunidad artística bahiense advirtió en 2017.

Al igual que otras treinta organizaciones, esperan que el Concejo Deliberante apruebe y convoque una audiencia pública para discutir la emergencia social.

“Pese a la supuesta transparencia en la gestión que se suele ostentar en los medios, hay ocultamiento sistemático de la información oficial solicitada al Instituto Cultural desde la Asociación Argentina de Actores, la Unión de Músicxs del Sur y el Consejo Cultural Consultivo en todo lo referido a presupuesto, criterios de selección y modos de contratación de artistas y docentes”, dijeron.

En el diagnóstico presentado días atrás, agregaron que “persiste la inexistencia de voluntad de diálogo y malos tratos por parte de las máximas autoridades del Instituto Cultural y de la Subsecretaría de Educación. Maltrato consciente a les artistas locales y trabajadores de la cultura en general, por ejemplo a la Comedia Municipal, Orquesta de Miramar, organizadores de Eventos Permanentes y talleristas”.

“Para completar el panorama de incertidumbres, el regreso del área de Educación al área de Cultura se produjo sin explicación alguna ni programa de política pública definido en torno a agenda ni a presupuesto. Las expresiones artísticas de la ciudad y les trabajadores de la cultura siguen inmerses en un abandono del Estado que cada vez llega más lejos”, concluyeron.

Aquí un resumen del ajuste de Cambiemos en cultura:

  • Talleres Barriales. Desde 2016 a la fecha vimos con dolor el cierre de aproximadamente 100 talleres y el despido de sus docentes y una notoria profundización de la precarización laboral en les docentes de aquellos talleres que continúan. Este dato nos permite estimar que se vieron afectadas más de 2.000 familias de los sectores más vulnerables de la ciudad, sin considerar todas aquellas que siquiera fueron alcanzadas por el programa de talleres municipales.

Esta precarización consiste en la imposición de contratos bimestrales o trimestrales, exigencias de adhesión a monotributo, incluso sumando a la ya precaria situación de monotributarización, la aplicación automática de la Tasa de Servicios Indirectos (desconociendo que la propia Ordenanza Fiscal prevé entre las excepciones a esta tasa a les docentes), montos irrisorios y modos de efectivizar cobros que conllevan una violencia institucional severa, y convierten al docente en proveedor del estado con la consecuente dilación para percibir sus haberes (hecho que puede sostener una empresa o comercio, pero no una persona a cargo de familia).

  • El vaciamiento sistemático de los programas NIDO, Envión, Talleres de Gral. Cerri y Orquesta Infanto Juvenil del barrio Miramar:
    – La Orquesta Infanto-juvenil del barrio Miramar fue discontinuada tras ocho años de trabajo en el barrio. Sus nueve docentes fueron despedides en 2017.
    – NIDO (sedes Villa Nocito y Vista Alegre): cierre de 20 talleres de los 28 que funcionaban en 2017.
    – Envión: cierre de casi la totalidad de los talleres y cierre de la mitad de las sedes (3 de 6) por problemas de infraestructura. En algunas sedes, ante la acuciante necesidad de los NNA destinatarios de los talleres, les docentes decidieron continuar con las actividades pese a las condiciones inadecuadas.
    – Talleres de Gral. Cerri: cierre de 11 talleres (de 14 en 2016 quedan 3).

Se denunciaron además despidos de artistas y docentes de otra gran cantidad de espacios y talleres que respondían a las necesidades de los barrios y las demandas de los mismos, una persecución y seguimiento personalizado y “encubierto”. La política institucional aplicada a recursos humanos consistió en intentos reiterados de generar enfrentamientos entre pares, desentendiéndose de la responsabilidad que tiene el Estado de administrar y asignar los espacios y los recursos para todes, con un descuido y descalificación sistemáticos de la figura del docente y de su función.

    • Talleres del Teatro Municipal. En 2018, el recorte presupuestario se tradujo en la reducción de tres trimestres de clases a dos trimestres, con el consiguiente perjuicio en el desarrollo pedagógico de los mismos y la disminución en los haberes de los docentes. La sede presenta problemáticas edilicias varias por falta de mantenimiento, actualmente sin gas.
    • Fondo de Financiamiento de Hechos Artísticos Culturales con Continuidad en el tiempo (“Eventos Permanentes”). Se detecta una sub-ejecución obscena de la partida presupuestaria asignada a los llamados de producción local (recurso afectado por ordenanza): sobre un monto de $1.200.00 se ejecutó aproximadamente un 30% en 2017, sin dar cuentas del paradero del 70% restante, monto con el que no se cuenta en 2018 para los eventos del corriente año.
      Asimismo, hubo cambios unilaterales de criterios, con trabas burocráticas que incluyen la decisión de no pagar los premios de los salones (entrega de cheques vencidos y no aceptación de la forma de pago acordada anteriormente), maltratos a organizadores, discrecionalidad y dilaciones en el tratamiento de los expedientes sin explicitación de criterios.
      Algunos de los eventos involucrados son los Corsos Barriales y el Corso Céntrico organizados por la Asociación de Murgas Bahienses durante la fiesta popular del Carnaval. Estos no solo fueron alcanzados por el recorte, sino que sufrieron también la manipulación mediática al hacerse públicos números oficiales donde el Municipio aseguraba haber realizado una inversión de $400.000, cuando la real fue de $248.000 netos, lo que constituye menos del 30% del costo de 2017.
    • Museos Municipales. De $120.000 asignados por museo hubo irregularidades en la ejecución y/o asignación (algunos 80%, otros 20%). Se vislumbra el mismo proceder en la partida presupuestaria correspondiente al año en curso.
    • La precarización de les trabajadores del Instituto Cultural devino por el recorte de horas extras, debido a la aplicación del Decreto 2607/2017: Ingresos a planta permanente que permanecen demorados; 5 monotributistas, 2 becarios, 6 plan PRENOM (en peligro de desaparición). No ha habido recategorizaciones para quienes están en planta permanente y los ceses (jubilaciones y despidos encubiertos) no son cubiertos.

      Dicho recorte en horas extras llevó a la reducción de días y horarios de atención en Museos, Teatro y otros espacios municipales, afectando directamente la accesibilidad de la población a los mismos y a la suspensión de eventos por fuera del horario de funcionamiento administrativo usual. También a la privatización en la accesibilidad a estos espacios, recurriendo al cobro de entradas para cubrir los costos.
      La falta de inversión en los museos se evidencia en problemas de infraestructura, como la inexistencia de baños públicos, fisuras edilicias y espacios insuficientes o mal equipados para el resguardo del acervo cultural de la ciudad. También hechos de vandalismo con destrucción de material exhibido y la pérdida irreparable de piezas del patrimonio histórico local (Museo de Ciencias Naturales y Museo Histórico, subsede Gral. Daniel Cerri). Ha habido una reducción de contrataciones artísticas y sus encadenamientos (contrataciones de sonido y otros insumos). Se dictaminó el cese de otorgamiento de recursos que impactó sobre el programa Conocé Bahía, que generaba 4 recorridos y articulaba visitas guiadas a los diferentes museos de la ciudad, otorgando transporte a las escuelas con comedor o copa de leche; como así también se dictaminó el cese de las tarjetas sociales ($1.500/$2.500 por mes) a museos y ONG, montos utilizados para la compra de material de los talleres brindados a la comunidad y a la merienda para los niños concurrentes.
    • Espacios Culturales Independientes. La subejecución del presupuesto de la ordenanza se viene dando año a año. La interrupción de las reuniones de Comisión Técnica (por casi un año) trajo aparejado atrasos en las habilitaciones de los distintos espacios, que es requisito indispensable para acceder a cualquier trámite frente a organismos provinciales y nacionales.
    • Contrataciones de artistas locales. Se percibe una disminución en las mismas, frente a un incremento de los espectáculos “de afuera”. A la comunidad artística local “se les da la sala” en forma caprichosa e informal, y, posteriormente, dichos espectáculos son utilizados y mostrados como programación oficial. Esto va de la mano con una invisibilización y silenciamiento de la actividad artística local: no se da difusión a la agenda local no oficial, y por lo tanto se la comienza a neutralizar.
    • Carnavales 2017. Del total de $ 747.842,28.- asignados a los corsos y las diferentes murgas en los barrios, se recibieron solo $ 267.000,00.-, sin contar la reducción de los gastos administrativos posteriores. Los fondos mencionados estaban destinado a: sonido e iluminación, escenario, baños químicos, grupo electrógeno, mantenimiento de alumbrado público, guardia urbana, transporte colectivo, protocolo y ceremonial, difusión y permiso de espacios públicos. Asimismo el tradicional corso céntrico no se realizó en 2017.

  • Organismos Artísticos del Sur. Los problemas de infraestructura del Teatro Municipal afectan a los cuerpos provinciales con sede en Bahía Blanca, ya que ese es su lugar de ensayos: al no contar el mismo con las condiciones mínimas, los cuerpos estables no pueden desarrollar su actividad con normalidad.

Pero esta coyuntura no es lo único que afecta a OAS: los recortes en presupuesto también se hacen visibles en este sector, incidiendo sobre la posibilidad de llevar a cabo la programación y la difusión ideales del repertorio de esta área cultural-artística del Estado en el contexto de su función social.

En los últimos tiempos, han recibido de las autoridades provinciales el compromiso de solucionar otros problemas profundos, a saber: la precarización laboral, con trabajadores/as que habiendo concursado para cargos con estabilidad no eran designados (algunos hace más de una década), re categorizaciones pendientes y compañeros que han ganado concursos pero se encontraban trabajando sin percibir remuneración; las demoras en la cobertura de las vacantes generadas por jubilaciones de agentes, que llevan a que los cuerpos presenten menos del 50% del plantel básico requerido en algunos casos, etc. La reciente designación de 41 cargos titulares y las 14 reubicaciones en OAS marcan el camino de una primera respuesta a un reclamo histórico por los derechos culturales de la sociedad comprendida en su ámbito de actuación.

Tras este alentador acto de justicia, continuamos demandado la urgente aprobación de las estructuras y planteles básicos así como la regularización de la situación de artistas, auxiliares, personal técnico y administrativo, así como las jubilaciones, que aún no se encuentra solucionada.

Mañana comienza la novena edición de la Feria del Libro de Sierra de la Ventana, una fiesta cultural, autogestiva y comunitaria que ofrece más de cuarenta eventos, stands, muestras y paseo artesanal.

Carolina González, integrante del colectivo organizador, comentó a FM De la Calle que este año el vínculo íntimo con la naturaleza atraviesa la propuesta y es el disparador de las actividades que se desarrollarán en los Galpones Ferroviarios y el Centro Cultural de la localidad.

“Seguimos manteniendo y marcando esa relación tan cercana con la naturaleza y por eso el lema es ‘Cultura y naturaleza: una feria bio-agradable”.

El fin de semana tendrá al libro en el centro de atención rodeado por “todo lo que el pueblo y la zona están con ganas de recibir y de mostrar. Por eso muchas veces es un punto de encuentro para gente que hace música en la zona o que hace alguna actividad artística, traen muestras o presentan lo que estuvieron trabajando durante el año. Es multicultural o pluriartístico”.

“La Feria del Libro, al ser un evento comunitario, todos los años la vamos peleando desde ese lugar, para que se mantenga de esta forma, desde la comunidad, autogestiva. Este año es particular, al menos económicamente, no estamos teniendo casi apoyo. Estamos tratando de solventar todo con poco dinero que se había recaudado la feria anterior”, aseguró González.

Consultada sobre el contexto de ajuste dijo que “viene difícil la mano pero como siempre le ponemos la mejor intención y todos los que participan se hacen eco de este espíritu y vienen a formar parte de este evento cultural, a hacer desde ese lugar la crítica o hacer la fuerza para que las cosas vayan para el lugar que queremos, para que mejore todo un poco. Y para no perder, sobre todo, estas cuestiones de la cultura que si no muy rápida y fácilmente nos sacan de las manos”.

“Este año nos sentimos más apoyadas todavía por toda la gente que participa, todos los artistas, todos los profesionales que se acercan y vienen a formar parte de la feria”, agregó.

Este viernes abrirán los galpones recuperados a centenares de niñas y niños de las escuelas de la zona y luego se desarrollará el amplio cronograma que puede leerse en esta nota o en el muro de facebook de la Feria del Libro.

El CREEBBA informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre registró un aumento del 6% en los precios minoristas. Para la entidad “es la suba más importante de los últimos dieciséis años y medio”.

La inflación acumulada en lo que va del 2018 en Bahía Blanca alcanza el 38,5% mientras que la variación interanual evidencia un incremento general del 43,7% con respecto a octubre 2017.

“Incrementos de tal magnitud encuentran antecedentes similares en abril 2002 (8,4%), con la depreciación del peso tras el abandono del tipo de cambio fijo. En efecto, el presente mes se destaca como la segunda suba más importante en toda la serie del IPC CREEBBA desde 1996 a la fecha”, señala el informe.

Si bien el tipo de cambio disminuyó aproximadamente un 10% durante octubre, se presume un impacto en los precios locales por el fuerte crecimiento de los precios mayoristas observados en el mes de septiembre con una suba del 16% según datos publicados por el INDEC.

El mayor aumento fue en Vivienda, con un alza del 8,8% debido al nuevo tarifazo de gas para las categorías residenciales que alcanzaron subas del 56,4%. También hubo incrementos del 6,6% en reparación y mantenimiento de la vivienda y del 3% en la actualización de contratos de alquiler.

Salud se ubicó en segundo término con un aumento del 7,4% influenciada por subas del 10 % en elementos para primeros auxilios, 8% en aranceles de medicina prepaga, 7% en servicios médicos y odontológicos y en medicamentos.

Alimentos y bebidas se ubicó en tercer término con una significativa variación del 6,6%. Las alzas más destacadas tuvieron lugar en frutas (12,1%); bebidas sin alcohol (9,9%); cereales y derivados (8,3%); condimentos (7,5%); aceites y grasas (7,4%); carnes (6,6%); verduras, tubérculos y legumbres frescas (6,5%); alimentos semipreparados (6,2%); azúcar, dulces y cacao (5,2%); alimentos consumidos fuera del hogar (5,2%); bebidas alcohólicas (4,9%); alimentos preparados y listos para consumir (4,8%); infusiones (4,7%) y leche, productos lácteos y huevos (4,6%).

Transporte y comunicaciones, con una variación del 6,1%, fue otro rubro que finalizó el mes por encima de la inflación general debido a incrementos del 9,1% en comunicaciones;
7,4% en funcionamiento y mantenimiento de vehículos y 5,7% en vehículos de transporte
personal.

Con respecto a los precios de la canasta de veinte variedades básicas de alimentos en la ciudad (cuadro 5), los ítems que más subieron fueron papa (56,3%), leche fresca (14,2%), manzana (13,9%), manteca (12,5%), tomate (12,5%), pollo (10,3%), harina de maíz (9,9%), agua mineral (9,2%), té en saquitos (9%), fideos secos (8,8%), yerba (8,3%), harina común de trigo (8%), leche en polvo (7,9%), arroz (7%). En tanto la única baja se presentó en naranja (-1,8%).

IPC Online un poco más abajo

Días atrás se conoció también el análisis de IPConline, un análisis sobre miles de precios publicados en internet, el cual fijo la tasa de inflación de octubre con un aumento de 5,35% respecto a septiembre.

Registraron alzas: Alimentos y bebidas (6,96%), Indumentaria (2,28%), Vivienda y servicios básicos (7,08%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (6,95%), Atención médica y gastos para la salud (5,01%), Transporte y comunicaciones (4,78%), Esparcimiento (2,21%), Otros bienes y servicios (4,62%). Por el contrario, solo Educación (-2,23%) registró baja.

El informe destacó un “efecto arrastre muy fuerte del máximo histórico que representó la variación del nivel general de precios de septiembre”.

En el caso del capítulo Educación, las bajas corresponden a que el aumento de cuotas autorizado para colegios privados por el gobierno provincial en septiembre fue cobrado con un retroactivo a agosto. Dicho retroactivo solo abarcaba ese mes, con lo que el monto pagado por las familias en octubre fue menor que en septiembre.

Para IPConline “la variación de precios fue menor al mes pasado y acumula en el corriente año 36,54%. Por su parte, la inflación acumulada durante los últimos 12 meses llega a 42,05%”.

La Unión de Músicxs del Sur exigió a las y los concejales de la ciudad que fijen fecha para la audiencia pública solicitada días atrás por el Consejo Local de Niñez y el Consejo Cultural Consultivo para analizar el ajuste en las políticas sociales.

“Estimados ediles ¿qué otra prioridad tienen que no sea escuchar a sus representados y garantizar la dignidad humana de sus conciudadanos? No hay excusas: ¡Audiencia pública, ya!”, manifestó el gremio.

 

En un comunicado, las músicas y los músicos instaron “a que se vote con urgencia este mismo jueves lo que decenas de organizaciones sociales, gremiales y religiosas estamos demandando como derecho ciudadano. Es urgente actuar con responsabilidad y humanidad. Es urgente que cada sector pueda expresarse para que lxs concejales cuenten con las herramientas necesarias para debatir peso a peso las necesidades de cada barrio y asignar esas partidas en el presupuesto 2019”.

“Lean el diagnóstico con atención. ¿Quién de ustedes puede negar que Bahía Blanca se encuentra bajo estado de emergencia social? ¿Quién de ustedes asumirá la complicidad concreta de un modelo de asignación de recursos que saquea a quienes ya no tienen más nada para dar en función de garantizar la rentabilidad del lucro?”, se preguntaron.

El gremio destacó que el ámbito cultural fue uno de los primeros agredidos por la gestión de Héctor Gay: “El violento cierre de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar presagió una política sistemática de desviación de recursos estatales al sector privado e incumplimiento de las responsabilidades políticas que cada un/a de las/os funcionarias/os de cada área han sostenido hasta las últimas consecuencias”.

“Luego vino la monotributarización masiva en tallares barriales, de la mano de Morena Llanca Roselló y una política agresiva de precarización global sin precedentes. La reforma laboral tiene su pionera en Bahía Blanca. Una verdadera poda que arrasó con lo poco que tenía cada barrio, despidiendo a decenas de talleristas y dejando a cientos de niñxs sin sus talleres”, afirmó el sindicato.

Desde la Confluencia Fuera G20/FMI denuncian que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) están realizando ciberespionaje sobre los movimientos sociales en el marco de despliegue armamentístico que está desplegando el gobierno para la semana de la cumbre.

“Es un nivel muy alto de la movilización de las fuerzas de seguridad y las fuerzas secretas. No tenemos idea qué implica, si es activar formatos de seguimiento de celulares, de seguimientos tecnológicos, eso nos deja en un nivel de vulnerabilidad muy grande. Es algo muy peligroso que hay que salir a denunciar fuerte”, comentó a FM De la Calle Luciana Ghiotto, economista e integrante de Attac y de la Confluencia.

La consigna de la contra-cumbre es “El G20 no nos representa”. Ghiotto afirmó que  “de ninguna manera están afrontando los problemas reales de un capitalismo en crisis y de un cambio climático tremendo. No está dando respuestas y no hay ni siquiera un interés de dar respuestas de manera cabal”.

Desde la asamblea en rechazo al G20 denuncian que el gasto en materia de defensa y seguridad  durante la cumbre es de 1100 millones de pesos. A pesar de que no se sabe la cantidad de efectivos militares o de las fuerzas de seguridad que participarán en el operativo del G20 y del equipamiento que se comprará para reforzar el operativo militar, el Decreto 125/2018 prevé una operación contractual secreta por razones de seguridad y defensa nacional para la adquisición de material bélico.

“Desde el Ministerio de Seguridad lo están planteando como si la consigna de los movimientos sociales fuera ir a tomar el poder. Nosotros estamos planteando que queremos una resistencia, una crítica. Y las propuestas alternativas que tienen las organizaciones sociales, sindicales, ambientalistas a nivel regional y global. No es que queremos ir a pegarnos con la policía”.

Los ministerios de Seguridad y de Defensa, la Cancillería, la Agencia Federal de Inteligencia y otros organismos del Estado, más el Comando Sur de Estados Unidos, especialistas en temas de seguridad de Gran Bretaña, Alemania, China y Rusia serán quienes queden a cargo de la seguridad de este Foro. Estados Unidos, Rusia y China participarán del encuentro con sus propios equipos de seguridad instalados en el país.

Ghiotto aseguró que “corremos de eje las provocaciones del gobierno, porque la compra de armamento es una provocación. Nosotros evitamos la confrontación barata, porque se tergiversa nuestros objetivos, nuestros métodos. Queremos que se entienda políticamente porqué rechazamos el G20 y la propuesta de Macri del FMI”.

El Consejo Local de Niñez y Adolescencia y el Consejo Cultural Consultivo junto a una treintena de organizaciones, esperan que el Concejo Deliberante convoque urgente una audiencia pública para discutir el ajuste social y la incorporación de las necesidades planteadas al Presupuesto 2019.

“La comunidad de Bahía Blanca enfrenta un contexto de emergencia social, caracterizada como el avasallamiento sistemático de la dignidad, las libertades y los derechos humanos fundamentales, como son el acceso universal a la salud, educación, cultura, entre otros y, en particular, la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes”, advirtieron.

Las sub-ejecuciones presupuestarias y los incumplimientos en materia social fueron diagnosticados en asambleas abiertas realizadas durante agosto y septiembre con “una amplia participación de sectores muy diversos de la comunidad afectados por el recorte en políticas públicas”.

La iniciativa es producto de “la falta de respuesta del Municipio para el relevamiento de los datos oficiales, que constituye una traba sistemática en el acceso a la información pública y que contradice explícitamente las intenciones declaradas de transparencia de la actual gestión. La información aportada por cada sector en las asambleas, permitió construir un diagnóstico alarmante y muy contundente” que puede leerse aquí.

El documento se nutrió de las realidades de organizaciones sociales, culturales, gremiales, profesionales, barriales, educativas, de mujeres y estudiantiles, las cuales identificaron como punto en común la sub-ejecución de partidas presupuestarias municipales destinadas a financiar o asistir sus actividades.

Destacaron que ningún/a funcionario/a asumió su “responsabilidad política a la hora de responder a la comunidad por los montos faltantes” que, en muchos casos, corresponden a “recursos afectados que deben financiar cuestiones específicas” para atender a un sector de la población con “necesidades básicas insatisfechas”.

Los Consejos denunciaron “un vasto desconocimiento de las ordenanzas” y de otras normas que “no se ponen en práctica ni se reglamentan”. Además, señalaron “prácticas autoritarias”, maltrato y violencia institucional de parte de funcionarios/as.

En cuanto a la precarización laboral, “se hace presente una violación sistemática de los convenios internacionales que garantizan la no discriminación, libertad sindical, derecho de sindicalización y negociación colectiva en el acceso al trabajo, como los de la OIT”.

Finalmente, repudiaron “el desconocimiento y subestimación de los espacios de participación ciudadana” como el Consejo Cultural Consultivo, el Consejo Local de Niñez y Adolescencia y la Red Local de Violencia de género.

“Evidencian que se busca mantener una gestión municipal unilateral que no quiere abrirse al diálogo con la comunidad ni conocer sus necesidades, mucho menos resolverlas. Basta con citar la conformación de una mesa de concertación social sin incluir al Consejo Local de Niñez y la ausencia del director del Instituto Cultural en las sesiones del Consejo Cultural Consultivo”, afirmaron.

¿Qué demandan?

Luego de detallar los números y problemáticas de cada sector, información que FM De la Calle difundirá en próximas publicaciones, las organizaciones plantean el siguiente listado de exigencias a las autoridades municipales:

  • Ampliación de los recursos públicos destinados a satisfacer las necesidades de los sectores más vulnerables de la comunidad.
  • Incorporación de la previsión inflacionaria en la determinación de las partidas presupuestarias municipales.
  • Plena ejecución de las partidas presupuestarias municipales, provinciales y nacionales (algunas sub-ejecutadas hasta en un 100%) en las áreas de la Niñez y Adolescencia, Cultura, Salud, Mujer, Adultes Mayores, Economía Popular y Deporte, transparentando la administración de recursos públicos y reconociendo la participación ciudadana.
  • Acatamiento de la utilización de los Recursos Afectados para evitar el uso discrecional de partidas y la sub-ejecución bajo la constante relativización del presupuesto como herramienta político-económica.
  • Inversión en la infraestructura de edificios municipales como Comedores, Jardines, Hogares de Abrigo, Teatro Municipal, Museos, Salas Médicas, Delegaciones barriales y Hospital Municipal y garantía de las condiciones para evitar la pérdida de accesibilidad o privatización de estos espacios.
  • Declarar la Emergencia en Niñez solicitada por el Consejo Local de la Niñez y destinar los recursos necesarios para cubrir las necesidades insatisfechas, y conformar una Mesa Técnica integrada por trabajadores/as del Servicio Local, sus Coordinadores/as y el Consejo Local de la Niñez y Adolescencia. Con el fin de lograr:
  1. Revisión y compromiso en la conformación de los Servicios Locales y reclamo por los EOE, asignación de los recursos necesarios para su funcionamiento.
  2. Sostenimiento en la calidad y cantidad necesarias de los productos alimenticios destinados al área de Niñez.
  3. Detener la sustitución de las tarjetas sociales por bolsones de alimentos y la individualización de les solicitantes y reactualización de los montos asignados.
  4. Cumplimiento de los programas previstos por la Ley 13.298.
  5. Por la efectivizarían de la Sede Local para el Sistema de Responsabilidad Juvenil en un centro de contención digno en la ciudad.
  • Cultura:
  1. Conformar una Mesa de Negociación Colectiva que reúna al Poder Ejecutivo (con presencia de la Secretaría de Economía y Hacienda y las áreas involucradas), a les trabajadores precarizades y sus representantes sindicales y ciudadanes, con el objetivo de corregir las situaciones de precarización laboral en todas sus formas (contratos basura, monotributarización para trabajadores no eventuales, remuneraciones desactualizadas, despidos encubiertos, recategorizaciones pendientes, recorte de horas extras).
  2. Reapertura de los talleres municipales desmantelados.
  3. Reapertura de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar.
  4. Reactivación del programa NIDO de los barrios Vista Alegre y Villa Nocito.
  5. Reactivación del programa ENVIÓN.
  6. Reactivación de los talleres de Gral. Cerri.
  7. Sostenimiento de los Talleres del Teatro Municipal durante todo el ciclo lectivo.
  8. Reincorporación de docentes y artistas despedides a sus espacios de trabajo.
  9. Cese de las persecuciones a trabajadores/as.
  10. Exención automática de la tasa de buhoneros para docentes, como está asentado en el artículo 144 inc. B) de la Ordenanza Fiscal 2018.
  11. Cumplimiento de las ordenanzas de Espacios Culturales Independientes y Eventos Permanentes y funcionamiento acorde a la reglamentación impulsada por la comunidad artística organizada.
  12. Garantía para la realización de los corsos céntricos y barriales.
  • Área de la mujer:
    • Inversión y asignación de recursos para la Red Local de Violencia de Género y el Consejo Local de la Mujer.
  • Compromiso y acción del Ejecutivo y el Legislativo municipales, para articular con políticas públicas provinciales y nacionales en la defensa de los derechos básicos afectados:
  1. Niñez y Adolescencia: Ejecución de las becas y programas provinciales en todas las áreas involucradas.
  2. Cultura: Inversión para los Organismos Artísticos del Sur (Orquesta, Coro y Ballet), presupuesto para programación, infraestructura, realización de concursos de estabilidad para la cobertura de cargos vacantes hasta alcanzar el orgánico correspondiente, designaciones y recategorizaciones pendientes, pago de sueldos adeudados, etc.
  3. Salud: Contratación de personal calificado necesario e inversión y mantenimiento en infraestructura e insumos en el Hospital Penna.
  4. Educación pública:

o Inversión en infraestructura de los establecimientos educativos públicos.

o Aplicación del boleto estudiantil gratuito para todos los niveles.

o Defensa de las fuentes y condiciones laborales de les docentes de Artística, Educación Física, Inglés y EOE, ante las autoridades provinciales.

o Acompañar el reclamo por la reapertura de los Bachilleratos de adultos.

o Transparencia en la ejecución del Fondo Educativo y restitución de la Comisión de Seguimiento.

o Acompañar el rechazo a la reforma de la educación técnica.

Fotos: UMSur.

Mirta Millan, integrante de la Comunidad Mapuche Urbana de Olavarría Pillan Manke participó de una Jornada Intercultural promovida por la UNS en la cual se presentó el libro “Buenos Aires Indígena”, editado por la Comisión Provincial por la Memoria. Además, pasó por los estudios de FM De la Calle.

Millán contó que el libro “es un material inédito, lo trabajamos con Inés Rosso, que es licenciada en Geografía. Empezamos a trabajar con mapeos desde nuestra propia lógica y desde nuestros territorios actuales porque los mapas que existen no dan cuenta de los pueblos originarios de la provincia de Buenos Aires. Logramos en varias etapas llevarlo concretamente a un libro bajo la posibilidad mancomunada de la UNICEN,  la Comisión Provincial por la Memoria y la Mesa Autogestionada”.

La Mesa Autogestionada en Educación Intercultural fue fundada hace seis años y su carácter itinerante “es lo que le dió mucha vitalidad. No perder el foco que son las políticas públicas las que tienen que quedar para las generaciones actuales y las que vienen.  (…) Es importante ver el pantallazo que se plantea en América Latina. Tenemos países que están a años luz de nosotros porque se están planteando, por ejemplo, como lengua en segunda instancia el castellano cuando nosotros perdimos nuestros idiomas originarios, es el caso de Panamá, de Ecuador”.

“En provincia de Buenos Aires recién es la visibilización, o sea, hablar que hay poblaciones originarias o afrodescendientes. Más allá de que acá exista normativa no se aplica. La interculturalidad está contemplada en normativas internacionales porque Argentina ratificó el convenio de la OIT, también en lo que es la Constitución Nacional y  Provincial y la Ley de Educación Federal también lo contempla”.

Consultada sobre los cambios político-culturales luego del caso de Santiago Maldonado, Millán comentó que “sucedió lo que dijimos: Santiago Maldonado era un emergente de lo que iba a suceder a posterior, en función de las políticas represivas del Estado, la militarización de los territorios y la aplicación de la ley antiterrorista haciéndose eficaz a través de causas armadas a nuestros hermanos y hermanas”.

“Después sucedió lo de Rafael Nahuel, sucedió lo del allanamiento en el Pu Lof y en Vuelta del Río… Entonces, lamentablemente se dio lo que habíamos pensado y enunciado en un primer momento. Estamos viviendo un escenario político muy complejo, un escenario en el cual estamos viendo que los derechos han sido totalmente avasallados, sobre todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios. Hay intereses de trasnacionales, convenidos con el Estado nacional y provincial y es muy difícil poder llevar a cabo esos intereses si hay indígenas en el medio. Esta es la resistencia y creo que no sólo nuestra resistencia, sino que es en toda América Latina”.

La dirigente mapuche opinó sobre el debate que llevaron las mujeres originarias al Encuentro Nacional de Mujeres en Trelew para darle el carácter pluricultural. “Sabíamos que iba a haber participación pero no tan masiva (…) en toda situación de fricción una puede quedarse con el mero relato pero, sin embargo, queríamos trascender. Se logró y la verdad que fue contundente.  Y lo emocionante fue en la marcha, primero que tuvimos la posibilidad, solidariamente y a conciencia, que las compañeras de la Ola Verde nos cedieran el espacio para poder marchar y lo emocionante fue  ver cómo nos esperaban gritando ¡este es territorio ancestral mapuche!”.

Respecto al reclamo del aborto legal, seguro y gratuito, Millán afirmó que como comunidad “asumimos el pañuelo verde entendiendo que es un contexto en el cual muchas mujeres mueren por aborto clandestino y son las más vulnerables y, entre ellas, nuestras propias hermanas en lugares como villas, Chaco, Salta o acá mismo en la provincia de Buenos Aires”.

“La verdad que eso lo asumimos y lo defendemos mas allá que desde el punto de vista de la salud de los pueblos originarios teníamos todo un conocimiento que teníamos que recuperar, que está, que es el cuidado con el cuerpo y el tema de tener medidas preventivas ante el embarazo que, a raíz de toda ésta colonización y consolidación del Estado, se prohibió”, concluyó.

A instancias del directorio del Hospital Municipal, avanza la creación de una Fundación que se propone promover investigaciones, organizar capacitaciones para el personal profesional y no profesional y “dar apoyo” a la atención sanitaria del principal centro de salud bahiense.

Según el estatuto, “será dirigida, administrada y representada por un Consejo de Administración formado por nueve miembros” con un mandato de cuatro años y un Comité Ejecutivo de tres integrantes rentados.

La propuesta ya se discute en el Concejo Deliberante donde la oposición evalúa requerir modificaciones al texto original del proyecto. Desde la CTA denunciaron que es “el primer paso hacia la privatización de la salud en Bahía Blanca”.

Gisela Ghigliani, concejala por Unidad Ciudadana e integrante de la comisión de Salud, comentó a FM De la Calle que “ninguna fundación puede arrogarse la potestad de contratar personal, generar servicio, esa debe ser la política publica de salud. Mucho menos, que el municipio pueda disminuir la asignación de presupuesto basándose en el supuesto de que existan quienes donen o sean los benefactores aportando en esta fundación. Estaríamos corriendo al Estado de una función central”.

El miércoles pasado autoridades del hospital y concejales de Unidad Ciudadana, de PJ- Cumplir y del Frente Renovador se reunieron para analizar la propuesta. Según afirmó Ghigliani la fundación serviría para “que ingresen recursos que siempre desde el Estado son finitos, por ejemplo para infraestructura, para poder finalizar quirófanos”.

Consultado por FM De la Calle, el secretario de Salud comunal, Claudio Pastori, rechazó hacer declaraciones y advirtió que “es una decisión de la dirección del hospital”. “Me parece que hay que tener una opinión por más que sea una política del hospital. No está por fuera de la política pública de la ciudad”, dijo la concejala.

“Para esta ciudad, el Hospital Municipal es un orgullo. Cualquier/a bahiense/a sabe que, más allá de su condición económica, puede contar con ‘el Muni’ cuando su estado de salud lo requiera. En otras palabras, el derecho la salud a través del sistema público es un tema del cual los/as bahienses/as, más allá de las falencias, tenemos motivos para reivindicar”, afirmaron desde CTA.

Agregaron que “ese modelo de salud sólo puede funcionar de esta forma si permanece en el ámbito de lo público, sin influencia del sector privado. La Fundación, en cambio, abre la puerta a que los intereses de las empresas que lucran con lo que debería ser un derecho comiencen a virar el timón hacia otras prácticas”.