Organizaciones reclaman respuesta para la Orquesta de Miramar

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El lunes por la mañana, organizaciones sociales, sindicales y gente de a pie manifestaron su apoyo al reclamo de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar. El organismo convocó a realizar un “vacío simbólico” basado en hacer unos minutos de silencio a modo de representación de la falta de respuesta que atraviesan muchos proyectos culturales y educativos de la ciudad.

La orquesta ha pedido audiencia con el intendente municipal, Héctor Gay, ya que la subsecretaria de Formación y Promoción Educativa, Morena Llanca Rosello, responsable política del cuerpo, no ha resuelto el normal funcionamiento. Treinta niños, niñas y adolescentes no tuvieron clase en todo el año. Sesenta esperan por ingresar. Nueve docentes sin cobrar.

Pese a haber aprobado una orden de compra el 30 de julio, la misma subsecretaría ha trabado la firma de los contratos.

Astor Vitali, Secretario General de UMSur, abrió el acto recordando la situación de la orquesta y destacó que “buscan generar depresión y desánimo a través del maltrato y la falta de respuesta. Es un riesgo caer en un estado de desaliento. Podemos perder mucho si dejamos que avasallen nuestros derechos. Necesitamos reflejarnos en las necesidades del prójimo y estar mano a mano con todos los sectores que se vean atacados por estas políticas de precarización y  deshilvanamiento social. Su capacidad de avanzar sobre nuestros derechos es inversamente proporcional a nuestra capacidad de organización. Seamos capaces de trabajar en conjunto”.

Luego, el Delegado General de la Asociación Argentina de Actores, Leonardo Fabrizi, expresó “el apoyo incondicional” a la orquesta y destacó que “lo que falta es voluntad política. Cuando uno ve publicado los aumentos de los funcionarios, desde el intendente a los asesores, uno puede ver que esto no es un problema presupuestario. El resto son movimientos de dilación y el bastardeo de la cultura local”.

Por su parte, Viviana Marfil, Secretaria General de ATE Bahía Blanca, aseguró que “es muy grave lo que está pasando, fundamentalmente porque hay una ley que dice que tenemos que trabajar con los pibes. Desde que se encuentra la orquesta las cosas cambiaron. Que esté dentro del ámbito de educación y que realicen esta parada por los pibes es muy grave. Los trabajadores han sido precarizados. Se sigue haciendo el abandono de la cultura. Todo lo que es arte ayuda a que nuestros pibes sean creativos y puedan resolver. Señor Gay: revea esta situación y piense en los pibes ya”.

Graciela San Román, representante del Consejo Cultural Consultivo, manifestó el apoyo del cuerpo hacia la orquesta. Digo que se “encuentra dentro de lo que llamamos el desguace cultural. Así como la orquesta está en esta situación límite hay muchas otras agrupaciones, eventos e instituciones de la cultura que están sufriendo el ninguneo y situaciones de maltrato institucional”.

“Desde el SADOP nos acercamos a apoyar la lucha de los compañeros”, dijo su titular, Analía López. “Estamos en presencia de un proyecto de gobierno que va en contra de la educación, en contra de lo cultural y en contra de lo popular. Defendemos la función social que tienen las orquestas infanto juveniles y estamos en contra de cualquier tipo de precarización laboral que son los primeros pasos hacia la flexibilización total”.

Ana Canulo, desde SUTEBA y CTA, manifestó el acompañamiento del reclamo. “Nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras están siendo muy atacados. Lo cultural y lo artístico le importa muy poco a este gobierno. En el Plan Maestro lo artístico tiene muy poca importancia, casi ni figura. Sabemos lo importante para los barrios y lo importante de la formación artista. Debemos seguir en la calle defendiendo estos espacios y lo debemos hacer en unidad, como un bloque en la calle, en las escuelas, en las aulas, en los barrios”.

Por último, Marcos Marchegiani, docente de la orquesta, agradeció la presencia y el acompañamiento y convocó a la realización del “vacío simbólico”. Unos minutos de silencio profundo generó la curiosidad de los y las transeúntes, algunos funcionarios de paso y el alto impacto sensorial de la falta de respuesta.

Se espera que el intendente Héctor Gay de respuesta a los reclamos de la orquesta y, finalmente, otorgue el pedido de audiencia solicitado. Por el momento, Gay da la espalda a la comunidad.

FUENTE: UMSur

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“Es terrible la represión que se comete a diario”

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Evis Millán, referente en Bahía Blanca de Mujeres Originarias por el Buen Vivir e integrante de la comunidad Pillan Mahuiza, visitó FM De la Calle en el marco de la campaña de persecución contra los pueblos originarios desplegada por el gobierno nacional y el Poder Judicial al amparo de los medios masivos de comunicación.

Afirmó que “hay muchos intereses por parte de las megaempresas, sobre todo en la Patagonia, por eso se meten en las comunidades en Neuquén, en Río Negro, en Chubut, no es por casualidad esta represión”. En pocos días se cumplirán dos meses del operativo de Gendarmería en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen en el marco del cual desaparecieron a Santiago Maldonado.

“Estamos conmocionados con esta situación que se está viviendo a diario en las comunidades. Si bien los pueblos originarios en general siempre nos vimos avasallados por este Estado que se formó a través del genocidio, en estos últimos años es terrible la represión que se comete a diario”.

La familia Millán pertenece a la comunidad mapuche Pillan Mahuiza de Corcovado, a 130 kilómetros de Esquel, y recuperó su territorio hace casi dos décadas. “Es un espacio donde hay un río, hay un bosque. Cuando lo recuperamos sabíamos que había empresas cómplices con el gobierno que querían llevar a cabo cinco represas”.

“Vivíamos en Esquel y una de mis hermanas decidió recuperar el espacio porque estaba con sus hijos, no tenía trabajo, vivía una situación extremadamente mala. También activábamos en otra organización conformada por comunidades y lo que decidimos era empezar a recuperar esos espacios para poder vivir bien”, recordó.

Así lograron frenar las represas en aquella época aunque saben que las empresas no abandonaron su objetivo. “No solamente nos vamos a ver afectados como mapuches sino el pueblo de Corcovado, un montón de lugares van a quedar bajo agua, bosques enteros. Y sabemos que este tipo de emprendimientos no es para dar ayuda a la comunidad como generalmente dicen, que van a generar trabajo y demás, el fin de esas empresas es abastecer a las mineras”.

Entre el “montón de cosas” que pasaron a partir de la recuperación territorial reiteraron las amenazas por parte de la policía. “Esas tierras eran de comunidades y en el ’37 fueron desalojadas por un plan sistemático de los gobiernos y, en compensación, parte de esas tierras se las dieron a la policía para levantar una comisaría que hoy funciona como casa, donde está mi familia. La comisaría se trasladó y quedó todo abandonado. Dentro de la comunidad hay un cementerio mapuche donde están muchos de los familiares de los primeros pobladores, nosotros tenemos nuestra madre ahí”.

“Somos pueblos preexistentes a este Estado. Me parece necesario hacer una revisión histórica porque siempre nos tratan de negar derechos porque dicen que venimos de Chile. Hace 13 mil años que estamos, no existían para nosotros las fronteras de Chile y Argentina. Esto es un montaje que se hace de un sistema opresor”, manifestó.

Para comprender el contexto, comentó que “en Gulu Mapu (Chile) hace rato que viven esto, el Estado chileno se maneja con la ley antiterrorista y nuestros hermanos por defender su territorio contra las represas, las mineras, la tala de los bosques, hoy están siendo encarcelados. En este momento hay un juicio contra una de nuestras referentes espirituales que es la machi Francisca y ella está siendo condenada por defender su lugar, por oponerse al emprendimiento de una empresa que está avasallando el territorio”.

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“Se quiere trasladar ese marco a la Argentina, entonces, los mapuches y los pueblos originarios que defendemos nuestro espacio somos terroristas”.

Millán planteó que urge que el Congreso apruebe la prórroga de la Ley 26160 de “emergencia territorial” que frena los desalojos de comunidades originarias hasta tanto se realice un relevamiento a nivel nacional.

“Hasta ahora ningún partido ha hecho algo realmente por los derechos de los pueblos originarios. Lamentablemente esta ley, que en cierta manera nos permitiría vivir tranquilamente en nuestros espacios, está tratando de que llegue a su fin. Vence el 23 de noviembre y eso va a permitir que las empresas se sigan metiendo en las comunidades, que desalojen a la gente”, dijo.

Agregó que “dentro de la lógica de los pueblos no existía la propiedad y el Estado fue metiendo la propiedad privada. Hoy nos vemos en una situación complicada porque si no contamos con título vamos a ser desalojados y la mayor parte de las comunidades a lo sumo tienen títulos provisorios, pero no hay nada legal. Sí el gobierno en muchas oportunidades ha logrado hacer aparecer como arte de magia el título de propiedad para las empresas”.

El 27 habrá una movilización al Congreso. Millán invitó a las agrupaciones sociales y políticas “para organizarnos y parar esta situación porque no es solamente contra los pueblos originarios”. “¿Queremos que sigan las empresas metiéndose y explotando y destruyan todo o realmente queremos una mejor sociedad para todos, un buen vivir?”, preguntó.

Fotos: Foro Pueblos Originarios (cabecera) y FM De la Calle.

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“Buscamos que Luciano Lorenzo no siga cagando gente y nos pague”

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Ex trabajadoras y trabajadores de Servicios Integrados Bahía Blanca levantaron el acampe que mantenían en la vereda de la empresa desde que sus dueños la cerraron a fines de mayo. Presentaron una denuncia penal contra Luciano Lorenzo por estafa y vaciamiento de la firma.

“Ni siquiera fuimos despedidos, la patronal nos cerró las puertas de un día al otro y quedamos más de 900 en la calle porque no fue solamente Bahía”, dijo a FM De la Calle Alejandra Navarrete.

En la ciudad trabajaban una “400 personas ente obreros de maestranza y personal de oficina, después estaba toda la Patagonia, Mar del Plata, Buenos Aires, un tendal de gente que quedó sin su fuente laboral, sin su pan en la mesa”.

En cuanto a los responsables del cierre de SIBB aseguró que uno es “Luciano Mauro Lorenzo, que vive en Bahía Blanca y en Punta Alta. Gracias a todas las cagadas que hace se da el lujo de tener pisos en Bahía y casa en Punta Alta, cagando al laburador”.

Por otra parte, recordó el escrache que realizaron durante la toma a Marcelo Vitón, frente a su casa del barrio Palihue. “Él es fundador de la empresa, 35 años adelante de ella, dijo que la vendió a Lorenzo y a la mujer Milagros Medina, la justicia dirá si tiene que ver o no”.

Respecto a la búsqueda de alternativas laborales, Navarrete comentó que “nos dijeron que no podíamos hacer una cooperativa porque en Bahía existe Borlenghi y hay una ordenanza que Borlenghi no lo permite. Toda ordenanza se puede caer si uno quiere”.

Poco más de una decena aceptó una propuesta municipal de integrar cooperativas de trabajo pero “son monotributistas, firman contratos por tres meses”. Otros y otras pudieron conseguir otros empleos.

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“En cuanto al Estado, ¿qué te puedo decir? Al Estado que nos dejó tres meses tirados en la vereda, que tenía el sartén por el mango y no movió un papel judicialmente”, se quejó.

Fueron más de cien días de acampe en 9 de julio 954 “pasando fríos, vientos, lluvias y hasta nieve”, abandonados por el gremio de Maestranza y acompañad@s por otros sindicatos, “agrupaciones y personas que pasaban y querían ayudar con poco o mucho”.

“Pedimos que no vuelva a haber otro SIBB, que alguien haga algo con ese gremio tan corrupto que nos dejó tirados como si ellos no tuvieran nada que ver”, dijeron en un breve comunicado que circuló por las redes sociales.

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Linares habló sobre la prórroga del freno a los desalojos

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El senador nacional Jaime Linares se refirió en la última emisión de El Mejor Equipo de FM De la Calle a la prórroga de la Ley 26.160 de 2006 que frena los desalojos de tierras donde vivan comunidades originarias hasta que se realice un relevamiento de dichos territorios. Además, dio su opinión sobre el ingreso de tropas norteamericanas para realizar ejercicios con la Armada en la Base Espora y otras de la Patagonia.

“Hay algunos senadores que creen que hay que hacer alguna corrección. Nosotros creemos que en primer lugar hay que definir la prórroga y si quieren hacer alguna modificación que la trabajen”, dijo el ex intendente bahiense sobre la norma que se trataría el próximo miércoles 27.

Linares afirmó que como “no se hacen los relevamientos” resulta “muy complejo determinar en muchos lugares el tema de cómo está la propiedad” y destacó que en el norte “los wichis, son pueblos nómades que se van moviendo dentro de un área en función de la necesidad de pesca o de mantenimiento. Después hay, como en todos lados, tipos que se van apropiando de las tierras, los van desplazando y están cambiando culturalmente los derechos de la gente”.

La necesidad de la prórroga de la norma resulta urgente en un contexto de intensificación de la permanente persecución estatal a las naciones originarias en el marco de la cual la Gendarmería desapareció a Santiago Maldonado en la Pu Lof en Resistencia Cushamen.

“Hace un tiempo se hizo una ley que limita la tierra en manos de extranjeros cosa que todavía estamos esperando noticias del otro gobierno que iban a hacer un catastro en un año y ya llevamos como cinco y no sabemos cuál es exactamente las tierras que disponen Benetton”, manifestó el legislador.

Agregó que “por otro lado, hay una fuerte presión por parte de algunos locales, para impulsar la soja para zonas en donde no estaba, entonces me parece que hay muchos intenciones dando vuelta, y la verdad es que la Constitución del ’94 crea la tenencia de la propiedad comunitaria, que es exactamente para involucrar este tipo de casos”.

En relación a la desaparición forzada de Maldonado y al desempeño del gobierno sobre la causa judicial, Linares comentó: “Hubo un muy mal manejo del gobierno de la situación. Me parece ha habido una clara sobreactuación de la ministra cuando vino al Senado, diciendo que ella banca a los gendarmes. En realidad lo que debe poner es un claro límite, una cosa es la responsabilidad de una fuerza, y otra cosa es la eventualidad de un exceso que hay que castigarlo y hay que controlarlo”.

“La Gendarmería es la fuerza del Proyecto X de Berni. Entonces hay que tener control muy fuerte sobre estas fuerzas, en donde siempre se generan para reprimir y, a veces, están formados para este tipo de represión y en ese marco hay que tener una fuerte auditoria de las fuerzas”.

Tropas norteamericanas en Patagonia

Por otro lado, el senador se refirió al proyecto de ley aprobado por la Cámara de Senadores en el que se permite a fuerzas extranjeras realizar ejercicios conjuntos en nuestro país: “Yo estaba en contra, como estaba en contra de las fuerzas armadas argentina en Haití. Como estuve en contra de la base China en Río Negro, porque me parece que es otro tema bastante complejo para tener insertado ahí en la Patagonia”.

“Son temas que se tratan muy rápidamente por intereses de los gobiernos de turno y, me parece, que no le hace bien un debate tan corto y de tan poca visión”, concluyó.

Rechazo de la CTA rionegrina

Desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Negro manifestaron su absoluto rechazo e intimaron a las y los diputados que representan a su provincia para que se expidan al respecto.

“Quieren aumentar la represión y el disciplinamiento en una de las regiones de mayor conflicto del país. Con las tropas extranjeras intentan garantizar el saqueo de nuestros recursos, la extranjerización de la tierra y el uso de ríos, lagos y mares”, señaló el secretario general Rodolfo Aguiar.

La Central advirtió sobre el peligro que el Gobierno Nacional avance con esta norma y que varias de las fuerzas políticas que se dicen opositoras, presten su aval -votando afirmativamente esta ley- justo en un contexto en el que las autoridades y las fuerzas de seguridad están bajo sospecha, además de fuertemente cuestionadas en todas las provincias al sur del río Colorado.

Para la CTA esta denominada autorización de rutina para el ingreso de fuerzas militares extranjeras genera una situación grave, ya que está vinculada de manera directa, no solo con el caso Maldonado, sino con la posibilidad de perseguir, reprimir y seguir debilitando las garantías constitucionales en la región del país que tuvo el 50% del total de conflictos que se sucedieron en los últimos 18 meses.

El proyecto de ley, girado por el Poder Ejecutivo, que autoriza el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional denominado “Cormorán” fue tratado por la Cámara de Senadores en la sesión legislativa del 7 de septiembre pasado y lleva por número de expediente 308/17.

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Juicio Ejército III: el 4 de octubre se conocerá el veredicto

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Con las últimas palabras de los acusados frente al tribunal bahiense, terminó este miércoles el debate del Juicio Ejército III. La sentencia contra 31 de los 39 imputados elevados a la instancia oral se conocerá el próximo miércoles 4 de octubre a las 17, en Colón 80.

Varios genocidas hicieron uso del derecho a hablar antes de escuchar el veredicto pero ninguno dijo quiénes se apropiaron de los bebés nacidos en La Escuelita ni dónde están las compañeras y los compañeros detenidos desaparecidos.

Uno de los guardias del mayor campo de exterminio que funcionó en Bahía Blanca, Arsenio Lavayén, declaró que no presenció el nacimiento en cautiverio del hijo de Graciela Romero y Raúl Metz. Afirmó que lo retiró un médico del V Cuerpo y que Santiago Cruciani manifestó que “un mayor y su esposa” se lo llevarían a Buenos Aires.

El proceso comenzó el 11 de octubre de 2016 y tramitó lentamente con audiencias cada quince días. Es el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad iniciado en Bahía Blanca y el tercer tramo de la causa Ejército. Durante su transcurso, el comisario Gustavo Boccalari fue condenado a cadena perpetua por el mismo tribunal, con una composición alternativa.

La investigación incluyó más de un centenar de víctimas. Los represores pertenecieron a distintos organismos del V Cuerpo y fuerzas policiales y penitenciarias subordinas que desplegaron el plan genocida en las Subzonas 51 y 52. El tribunal está integrado por José Mario Triputti, Jorge Ferro y Martín Bava.

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La Fiscalía pidió penas de prisión perpetua para 25 imputados y de entre 13 y 19 añospara los siete restantes. Exigió el cumplimiento de las condenas en cárceles comunes y propuso medidas de reparación simbólica. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó 24 perpetuas y otras condenas de entre 15 y 20 años.

Entre las clásicas declaraciones de inocencia, ataques a la legitimidad y constitucionalidad de los juicios y victimizaciones varias, se destacó de la audiencia del miércoles el pedido de desalojo de la sala por parte del ex guardia de La Escuelita, Arsenio Lavayén, uno de los involucrados en el robo de bebés nacidos en cautiverio.

Adriana Metz, hermana de uno de los hombres que aun no conocen su verdadera identidad, dijo a FM De la Calle que “el misterio creó más expectativa pero no aportó nada nuevo. Según lo que me contaron después de la audiencia sí confirmó lo que habían declarado Noemí Labrune y Diego Martínez que había sido cuestionado por su abogado defensor”.

“Me voy de franco, cuando vuelvo al lugar, siempre volvía a las doce y media de la noche, éramos doce hombres, seis de servicio y seis de franco. Doce y cuarto, doce y media de la noche, estaba el comentario del personal que estaba en servicio, que había ocurrido el caso, que había nacido el bebé. Yo no lo vi, no lo presencié, ni lo hice”, dijo Lavayén.

El represor relató que ese día llegó un grupo de interrogadores al mando de Santiago Cruciani y que “el Tío” comentó que un mayor de Buenos Aires y su esposa se llevarían al bebé. “¿Qué me dijeron? Que a la hora y cuarto, hora y media que había nacido el bebé, vino el médico de la unidad, del Comando V Cuerpo y retiró al bebé”, agregó.

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“Como que me llamo Lavayén lo asumiría, pero yo no lo hice, no lo hice, el delito del nacimiento. Yo no estaba, no lo vi, ni lo presencié”, insistió el Zorzal.

Respecto a la imputación sobre el nacimiento en cautiverio del hijo de Graciela Izurieta, el guardia negó que se haya concretado en La Escuelita porque la sacaron con un estado de embarazo avanzado.

El 4 de octubre -desde las 17- el tribunal juzgará los hechos ordenados desde el Comando V Cuerpo de Ejército durante el terrorismo de Estado. Mayores de 18 años con DNI podrán ingresar al aula magna universitaria de Colón 80. Jóvenes a partir de los 16, con docentes, pueden coordinar con el tribunal escribiendo a [email protected]

FM De la Calle trasmitirá en vivo por la 87.9Mhz y delacalle.org  

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“Margo y Rossello intentan destruir la Orquesta de Miramar”

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Integrantes de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar junto la Unión de Músicxs del Sur denunciaron la grave situación que continúa atravesando el organismo y entregaron una nota al Municipio.

“Señor intendente Héctor Gay ¿quiere usted cerrar la orquesta y dejar sin docentes a treinta niños, niñas y adolescente? Si es así: dígalo y termine con esta situación de maltrato sistemático”, exigieron.

En el texto insistieron con el pedido de audiencia con el jefe comunal. “Hacemos responsables a los funcionarios políticos Ricardo Margo y Morena Llanca Rossello de intentar destruir este organismo de gran valía social”.

Marcos Marchegiani explicó a El Mejor Equipo de FM De la Calle que “el planteo de base nuestro es el pase a planta porque tenemos ya ocho años comprobados de relación de dependencia con el Municipio. Arrancó con dos años de contrato, luego la figura de destajo y cuando se termina, veníamos viéndolo con el Instituto, era claro que correspondía exigir el pase a planta. No hicieron nada para que esto suceda y terminamos aceptando tener que ir por contrato”, agregó.

Los contratos se tramitaron a través de la Asociación de Actores aunque lxs docentes firmaron en disconformidad, “que es solo dejar en claro que no es lo que queríamos pero queremos trabajar y continuar el proyecto”. Lxs funcionarixs municipales utilizan esa queja para frenar el trámite: “Ven la firma como un rechazo a querer trabajar o a aceptar el contrato”.

El músico comentó que “siempre hay una gran cantidad de chicos y terminamos dejando lista de espera, si tuviésemos el pase a planta que nos corresponde podríamos estar dándoles un servicio más amplio, gestionar actividades en otros barrios”.

“Los padres estan en contacto y preguntan qué pasa porque los chicos extrañan la orquesta, volver a las clases, a los profesores, los viajes de fin de año, tenemos la respuesta de ellos y a los chicos me los cruzo y algunos decidieron que este año no pueden pero no les es indiferente, están todos a la espera de que esto comience”.

Desde la Orquesta barrial y el gremio demandan también “responsabilidad política para la aplicación de un plan pedagógico articulado” y “el cese de las presiones hacía los/las trabajadores/as”.

Las respuestas oficiales, por ahora, fueron solo a los medios por parte de Morena Rossello. De mantenerse esta situación, se anunciará un plan de lucha en las próximas horas.

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Alerta en la Escuela de Danza

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Victoria Morales, presidenta del centro de estudiantes de la Escuela de Danza dijo en relación al riesgo que corren algunas carreras de fusionarse o cerrarse que sostenerlas es “una decisión política”.

La institución, una de las cuatro artísticas de la ciudad junto a la Escuela de Teatro, Artes Visuales y el Conservatorio, atraviesa una grave situación que puso en alerta al cuerpo docente y estudiantil.

Morales comentó que “se habla de un supuesto cierre del anexo en la Escuela 6 (Caronti entre Estomba y Zelarrayán), donde funcionan las carreras de Tango y Folklore”. También explicó que actualmente hay un cierre de inscripción a la formación básica para el 2018.

“Estos cambios se estarían dando por una falta de matrícula –son necesarixs entre 20 y 25 alumnxs–”, aseguró.

Por otro lado, el docente Nicolás Fernández Vicente dijo en El Mejor Equipo de FM De la Calle: “Concretamente, en palabras que se dijeron en una reunión institucional, se trata de un ajuste. Es cierta la falta de matrícula en algunos cursos, pero esto funciona de pantalla para una gran reestructuración institucional que tiene que ver con el cierre de los turnos vespertinos en el anexo de calle Caronti”.

El traslado de esos turnos a la sede principal de Brown 128 complicaría los turnos actuales que ya se dictan ahí, además de que “se cerraría un turno de la formación Niñxs de Clásico, porque la escuela no cuenta con el espacio suficiente”, ratificó. “Conlleva un efecto cadena, porque al cambiar de turno las carreras que funcionan por la tarde, muchxs de esxs estudiantes no podrán continuar sus estudios porque la mayoría trabaja”.

 “En un turno y en una formación en la que sí hay inscriptos reales, como la formación en Danza Clásica, se están reteniendo esas inscripciones [2018] para poder cerrar el turno y poder dar continuidad al pase de los turnos”, denunció Fernández Vicente.

La dirección del establecimiento, lejos de convocar al cuerpo docente y al alumnado, para alertar de esta grave situación, llamó de manera unipersonal a lxs docentes que cesarían con una clara intención de fragmentar al gremio docente.

Lxs docentes se declaran en alerta, asamblea y movilización; si cae el nivel de tensión estudiantil y sindical, lo que harán es cerrar la inscripción, y seguirán cursando lxs que ya lo hacen actualmente. Pero con el paso de dos o tres años, Folklore y Tango, dos espacios que no existían en la ciudad y se construyeron hace poco tiempo, se perderían.

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“Vivos los llevaron, vivos los queremos”

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A 11 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, bajo la convocatoria de la CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego, organizaciones sociales, partidos políticos y centros de estudiantes se convocaron en la Plaza Rivadavia bajo la consigna “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, sumando el pedido de aparición con vida de Santiago Maldonado.

Celeste Moore, docente y actriz del grupo Nuevodrama, interpretó “Un poema para que aparezcas” escrito por Eliana Cossy, amiga de Santiago Maldonado. Evis Millán de Mujeres Originarias por el Buen Vivir y Fabiana Méndez de la Kumelen Newen Mapu dieron lectura al documento principal del acto previo a la movilización.

 “El Estado argentino se conformó invadiendo el territorio donde existían mas de 40 naciones, de las cuales hoy quedamos alrededor de 37. El pueblo mapuche es una de ellas, con 13 mil años de antigüedad en la Wallmapu, territorio que abarca ambos lados de la cordillera, lo que hoy es nombrado como Chile y Argentina. Los Pueblos Originarios siempre hemos interpelado a este modelo que promueve un estado monocultural, eurocentrista, monoreligioso y del cual el poder económico, político y clerical imponen un orden que hoy se encuentra en una crisis mas grande”, leyó Millán.

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El reclamo por la aparición con vida de Santiago, puso en el centro de la escena la situación que atraviesan actualmente los pueblos originarios. Existe una real preocupación de que no se renueve el próximo 23 de noviembre la ley 26.160, normativa que suspende los desalojos en las tierras de comunidades indígenas en todo el país. La ley ya tiene dictamen de dos comisiones en el Senado y continuará siendo tratada el miércoles 27 de septiembre en una sesión especial. “Es necesario pactar un acuerdo de cohabitabilidad entre los Pueblos Originarios y el Estado argentino, ya que es una cuestión histórica”, aseguraron.

Además, denunciaron los allanamientos que Gendarmería Nacional realizó en el Consejo Zonal Wijice en Neuquén, la situación de alerta que mantienen las comunidades de Chubut, la detención arbitraria de Elizabeth Loncon en el marco de la causa de Santiago Maldonado y el hostigamiento ante los fuertes intereses económicos de empresarios y empresas trasnacionales en Chile, donde luego de 103 días de huelga de hambre por parte de cuatro presos políticos, aún no ha habido avances en la causa. Se los acusa de haber quemado una iglesia sin que haya evidencia alguna.

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Este año, las movilizaciones en todo el país por la aparición con vida de Jorge Julio López estuvieron acompañadas por el pedido de aparición de Santiago Maldonado. Nuestra ciudad no fue la excepción y dijo: “Ninguna impunidad ante la desaparición forzada de personas”.

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“Tengo todo lo que tengo que tener, menos trabajo”

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María Cecilia Bravo es chofer de transporte urbano e interurbano. Hace años que busca un empleo estable y las empresas locales se niegan a contratarla sin darle explicaciones. Cansada de golpear puertas, recurrió a la justicia para que San Gabriel, Rastreador Fournier y la estatal Bahía Transporte SAPEM cesen “en las medidas discriminatorias” en su contratación  y la de mujeres en general.

“El trabajo es un derecho fundamental de las personas, y en particular la actora es sostén de familia, y no encuentra otra vía que la legal para obtener igualdad de condiciones en su búsqueda de trabajo”, escribió su abogada Fernanda Petersen.

Agregó que en el sistema local “ha sido imposible ingresar ante las diferentes postulaciones en dicho puesto de trabajo, habiendo contratado en diferentes oportunidades personal con menor capacitación que la que posee la actora, considerando esta parte que se trata de un hecho discriminatorio por el hecho de ser mujer”.

En Rio Grande, Tierra del Fuego, buscan sumar conductoras al transporte público mediante una ordenanza municipal tal como sucedió en Córdoba y Rosario.

María Cecilia visitó esta semana FM De la Calle y contó su historia a El Mejor Equipo (martes de 10 a 14).

“Yo arranqué en el 2010 en lo que era la ex empresa Micro Sur, con traslado de personal a la termoeléctrica, al Arsenal Aeronaval, a la minera Vale. No tuve problema, más que cara de susto al principio de parte de los pasajeros. En el 2013, una empresa de transporte de acá de Bahía, que tiene larga distancia, me dio la oportunidad de manejar los doble piso. Me tomaron una prueba sabiendo que yo no tenía mucho conocimiento más que de colectivo urbano; ahí arranqué con larga distancia y esto lo voy haciendo hasta el día de hoy. Soy una chofer libre, no tengo contrato con nadie. Si hay viajes me llaman, si no hay viajes no me llaman”, relató Bravo.

La trabajadora comentó que “mientras hay viajes más o menos la vas piloteando, pero cuando no hay viajes he ido a limpiar casas, he estado haciendo encuestas en las casas. No tengo problema. Yo alquilo, tengo un hijo a mi cargo, el más chico, y hay que hacerle frente al alquiler, a los impuestos, a la comida y es muy difícil cuando uno no tiene un trabajo fijo”.

“En diciembre de 2013, salgo en tapa de La Nueva Provincia, pidiendo trabajo. El titular era: ‘una mujer colectivera (que no es colectivera, es conductora de última), busca trabajo y no se lo dan’. El único que me dio más o menos un poco más de bolilla, por decirlo de alguna forma, fue Raúl Woscoff y se pidió desde el Concejo Deliberante un pedido de informe a las empresas por que yo había llevado los curriculums. Pero para asegurarnos de que los recibieran, Raúl Woscoff me hizo llevarlos de vuelta y hacer que me firmen un comprobante que yo los había entregado y eso quedó en la nada”, aseguró Cecilia.

El pedido de informe solicitaba información directamente a las empresas Bahía Transporte SAPEM, Rastreador Fournier y San Gabriel: “San Gabriel en ese momento sacaba la 513ex, entonces yo sabía que se tomaba personal y dije bueno, esta es mi oportunidad”.

“A veces es peor que no te digan nada, a que te digan: ‘Tenes el pelo corto’, no sé, por decirte algo, no me gusta y listo. Sé que tengo la capacidad, sé que puedo hacerlo, entonces eso es lo que más indigna”, enfatizó.

Respecto a su capacidad para manejar colectivos, Bravo explicó que “el carnet profesional que utilizan los conductores o los choferes acá en bahía, es el municipal que tenemos todos ampliado a la categoría de profesional. Nosotros en larga distancia, aparte, tenemos que tener otro carnet que te habilita. Yo, por ejemplo, hice temporada en Camboriú este verano. Para salir del país, para sacar la unidad es otro carnet, que tiene todo un psicofísico mucho más completo de lo que es el local”.

“Yo conozco muchos choferes de hace 25 o 27 años. La mayoría de ellos ya se han jubilado. O sea, no me pueden venir a decir a mí, que en cinco años no se tomó personal, es imposible. Pero yo quiero dejar en claro esto: yo no estoy peleando porque soy mujer y tengo que tener el trabajo. No parte por mi condición sexual, sino, parte porque estoy capacitada. Entonces, dame la oportunidad de demostrarlo, porque sé que lo voy a poder cumplir con creces”.

El caso de Cecilia no es el único en nuestra ciudad: “Hay otra chica, que se puso en contacto conmigo, que también entregó curriculum y nunca nada. Hablamos la semana pasada y me dijo que los iba a volver a llevar”.

“Al principio cuando recién entré yo era el bicho raro –dijo la conductora al ser consultada por la relación con sus compañeros-. Yo digo que muchos lo tomaron como herir el orgullo de hombre y me han hecho cuestionamientos de lo que se te ocurra. Por ejemplo: ‘Vos estás manejando y te viene tu período, ¿podés manejar?´. Vos te lo quedas mirando como diciendo: ‘¿Me estás cargando?’. Eso como mínimo”.

“Yo como mujer aprendí a cambiar correa; a cambiar cubiertas, gomones que son más grandes en los colectivos de larga distancia, siempre con mi compañero. Si yo pretendo una igualdad, en la misma igualdad me tengo que comportar yo. No voy a decir: ‘Ah no, porque yo soy mujer no puedo’. No, yo estoy en las mismas condiciones que vos”.

Finalmente, sobre el trámite del amparo presentado ante la justicia afirmó que se demoró con el paro de los trabajadores y las trabajadoras judiciales pero debería tener resolución en los próximos días. “Tengo la suerte de que si hay viajes me llaman, pero la angustia de necesitar una estabilidad y de estar acá es muy importante. He llorado mucho”.

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“El gobierno de Río Negro presentó información sesgada sobre la planta nuclear”

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Lo aseguró Fabiana Vega, integrante de la Asamblea No Nuclear de Viedma, en comunicación con El Mejor Equipo de FM De la Calle. Bahía Blanca vuelve a barajarse como una opción para la instalación de la central nuclear luego de la prohibición aprobada por la legislatura rionegrina.

Fabiana relató que “desde el anuncio de que se instalaría en Río Negro la planta nuclear, hubo una reacción por parte de todas las asambleas patagónicas y publicamos conjuntamente una carta abierta al gobierno de China en rechazo a la planta nuclear en Argentina y en la Patagonia en particular”.

El segundo paso fue la conformación de la asamblea desde la cual se planeó “realizar distintas actividades para concientizar, manifestar abiertamente el rechazo, informarnos e informar, formarnos en el tema. Empezamos a generar charlas informativas con gente de Movimiento Anti Nuclear del Chubut; expertos como Raúl Montenegro de FUNAM Córdoba; Jessica Visotsky, para que cuente la experiencia del Polo Petroquímico en Bahía Blanca. También se proyectaron documentales sobre el tema (el ciclo, los residuos), sobre la megaminería de uranio y cómo contamina”.

La asambleísta dijo que las autoridades “presentaban una información sesgada, información de cómo operaba una planta en situación normal pero sin tener en cuenta la megaminería de uranio, ni que la disposición de los residuos radioactivos no se ha resuelto en ningún país del mundo”.

Fabiana manifestó que “cuando el gobernador [Weretilneck] dice que le escribe al presidente que no desea la planta nuclear en ningún lugar de Río Negro. En realidad la oposición es la que presenta el primer proyecto de ley para ver si es verdad lo que está diciendo. Al día siguiente de esta presentación, [el oficialismo] muestra su proyecto, pero con un segundo artículo que dice que se exceptúa de la disposición del primer artículo el reactor CAREM-25 creado por INVAP”.

Vega aseguró que el artículo 2 generó un rechazó absoluto y ratificó: “Nosotros no queremos energía nuclear china pero tampoco argentina. Sigue siendo la misma contaminación, los mismos riesgos. La única diferencia es la cuestión de la soberanía, pero todo lo demás persiste. Ese es el debate que sigue y nos mantiene movilizados”.

Los aspectos negativos de una planta nuclear “empiezan con la minería de uranio porque para ello es necesario destrozar todo el hábitat donde se desarrolla la extracción de uranio, que ya de por sí es radioactivo. De hecho, tenemos una planta de enriquecimiento de uranio en Pilcaniyeu, cuyo estudio de impacto ambiental nunca pudo aprobar esa planta, así que lo archivaron e igual la habilitaron”, denunció Vega.

“Por otro lado, tenían previsto tirar directamente al mar el agua con la que enfriaban los reactores, lo que provocaría contaminación térmica también durante el proceso que ellos llaman ‘limpio’. La contaminación térmica exterminaría a todas las especies en una zona donde hay cinco áreas protegidas. Y está el hecho de la disposición de residuos que quedarían en la planta nuclear. Esos residuos son una bomba de tiempo”.

Vega expresó que “es impensable dejar esa herencia a las generaciones futuras por una cuestión de energía eléctrica que, además, tampoco sería para las poblaciones. Sería para megaemprendimientos mineros, petroleros. Eso lo informan incluso Aranguren y Gadano, no lo digo porque sí, tenemos el respaldo de sus informes”.

Finalmente señaló que “en otros casos el desconocimiento genera miedo pero en este no. Saber que no solamente en los países del primer mundo no han podido resolverlo y Argentina en esas cosas… no hay control nada. Pero aunque hubiese control, no es posible resolverlo. Y no tiene sentido, porque hay otras alternativas que son menos costosas, no son riesgosas y que pueden proveernos de energía eléctrica, suponiendo que la quieran para las poblaciones”.

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“La quita de pensiones por discapacidad fue sin criterio”

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Después de conocerse que el Gobierno Nacional apeló el fallo judicial que dictaba restablecer las pensiones dadas de baja en el mes de junio, Mara Recondo –integrante de la fundación DISER (Discapacidad y Servicio) – habló con El Mejor Equipo sobre el trabajo que realizan en función de la decisión del oficialismo.

En primer lugar, Mara comentó cómo fue la situación en junio cuando “la gente que fue a cobrar el beneficio con el aguinaldo, se encontró que no tenían depositado el dinero. Después tomamos conocimiento de esta suspensión de la pensión no contributiva, y a raíz de una serie de reclamos que se hicieron a nivel nacional, trabajamos con la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados”.

A pesar de que en todos los casos en que intervino la fundación, se logró la restitución de la pensión, explicó que fue “muy angustiante y preocupante para muchas personas”.

En relación a algunas pensiones no restablecidas, Recondo afirmó que se debió a que los motivos de suspensión no estaban contemplados dentro de lo establecido por el Gobierno. “Por ejemplo, a los que se les había dado de baja porque tenían un cónyuge que cobraba jubilación, o a los que contaban con el beneficio de tener un vehículo para trasladar a la persona con discapacidad”.

Las situaciones más comunes por las que no se restauró el cobro son “porque [las personas] no alcanzan el porcentaje de incapacidad laborativa. Tuvieron que hacer todo el trámite de nuevo, y todavía están en espera”, aseguró.

Recondo aclaró que es muy engorroso realizar la documentación nuevamente, que en ciertos casos puede incluir hasta la visita a un médico legista que determine el nivel de incapacidad, ya que en el entreacto la persona pierde el beneficio. “En esos casos pedimos asistencia al Municipio o gestionamos ayudas económicas. Más allá de que se consigue y pueden percibir un ingreso hasta que se restablezca la pensión, sabemos que los tiempos de restitución son muy largos. A la persona le genera incertidumbre, temor de decir ‘¿qué voy a hacer si se me termina la ayuda económica? ¿De qué voy a vivir?’. Esa es la parte que más nos dolió de esta situación”.

En Bahía Blanca, DISER intervino directamente (en conjunto con la Defensoría Federal y la Defensoría del Pueblo) en veinte casos, a pesar de que en la ciudad hubo trescientas pensiones suspendidas. En relación a la quita de pensiones masiva de junio, que ya ocurría desde agosto de 2016, asegura que fue “sin criterio y sin sentido”.

Por otro lado, la semana pasada se creó la Agencia Nacional de Discapacidad, que absorbe a la Comisión Nacional de Discapacidad y a la Comisión Nacional de Pensiones, y que ya no dependería del Ministerio de Desarrollo Social. Lo que preocupa es “con qué criterios van a otorgar pensiones. Porque si usan los criterios en los que se están basando ahora, el decreto 432/97, estamos mal. Estamos hablando de los mismos criterios que utilizaron para quitarlas”.

Para contrarrestar esta nueva situación, a través de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, “se está trabajando en conjunto, para que expliquen cuáles van a ser esos criterios, cómo van a trabajar el otorgamiento de pensiones y cuál va a ser la función de la Agencia. Todavía falta información y falta saber cómo va a ser el procedimiento de aquí en adelante”, ratificó.

“El miedo está instalado, la preocupación está y, si bien la ministra de Desarrollo Social y la vicepresidenta Michetti, declararon públicamente que ‘el que tiene la pensión no la va a perder’, nosotros queremos algo más concreto”, concluyó.

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“Una escena patética” de la Policía Bonaerense

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“Más de doce” efectivos uniformados y de civil y “vehículos sin identificación” fueron destinados a la comarca serrana de Tornquist por las autoridades policiales de Bahía Blanca para informar sobre quienes participaron en dos manifestaciones que pidieron la aparición con vida de Santiago Maldonado.

Unas cuarenta personas se movilizaron el miércoles 30 de agosto a la plaza del reloj de Sierra de la Ventana por el Día Internacional  de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y otras tantas el viernes 1 de septiembre a Plaza Salerno de Villa Ventana, al cumplirse un mes de la represión de Gendarmería en Cushamen que terminó con la desaparición del militante anarquista.

“Cuando hablamos de un acto en una localidad tan pequeña hablamos de familias con sus hijos, con el termo, con el mate, con las mascotas, compartiendo lecturas, tratando de entender y aprender porque realmente somos muy ignorantes de nuestros derechos”, dijo a FM De la Calle Jorge Canolik desde Villa.

El pueblo de menos de mil habitantes estables cuenta con un móvil y dos oficiales a quienes conocen y acuden “ante cualquier necesidad”. La Superintendencia de Planificación y Operaciones Policiales ordenó a las reparticiones de la Bonaerense -el 27 de agosto mediante una “DIRECTIVA RESERVADA” calificada como “MUY URGENTE”- “extremar medidas preventivas que cada situación amerite e informar en el ACTO al estamento superior directo” ante la “Semana de agitación 28/5 al 1/9” (sic).

Canolik comentó que “el viernes no seríamos más de cuarenta personas en la plaza (…) un lugar verde, tarde de sol, sonido de los pajaritos, los chicos que habían ido haciendo dibujos y discursos, por supuesto, micrófono abierto para que cada uno expresara su preocupación o lo que sentía o lo que proponía en relación a este tema”.

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Destacó la intervención de Zaida Franz, Madre de Ana Teresa Diego, militante comunista y estudiante de astronomía desaparecida en septiembre de 1976. “Una mujer de 82 años que se puso de pie para hablar con todos nosotros y explicarnos que es muy importante defender esta democracia que costó tanto conseguir y desde esa mirada, la de una mujer que perdió a una hija en la dictadura, que está desaparecida, esas palabras resonaban con mucha fuerza”.

Mientras el acto se desarrollaba, a las vecinas y a los vecinos les llamó la atención la presencia de tres tipos sospechosos -“me gusta decir tres masculinos, para que nos vayamos entendiendo”- que observaban desde lejos. “Lo comentamos, cuando faltaba poquito para que el acto terminara, la gente se retiró del lugar y nos quedábamos con la duda: quiénes serían”.

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Colanik recordó que “alguien dijo: capaz que son policías y están yendo a la comisaría”. Caminaron tres cuadras hasta el destacamento y lo confirmaron. Volvieron a la plaza y compartieron las novedades. Decidieron ir juntxs a pedir explicaciones. “Sí, sí, éramos nosotros”, les contestaron.

“A partir de ahí empezó una escena patética, el final del hilo, estábamos un grupo de vecinos en la comisaría, que es la nuestra, estamos hablando del lugar al que acudimos ante cualquier necesidad, conocemos a los dos efectivos que están normalmente.

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“Había más de doce efectivos y, viendo la presencia de una cantidad de vecinos, empezaron a aparecer muchos más efectivos de civil que había, vehículos sin identificación y finalmente alguien que pertenecía a la jurisdicción de Bahía Blanca, y empezaron a explicarnos que ellos respondían a las órdenes de las autoridades y que tenían que presentar un informe sobre lo que estaba pasando”, relató. “Muchachos, ¿por qué no se presentan con uniformes? ¿Por qué no se acercan? ¿Por qué no participan?”, preguntaban lxs manifestantes.

El grupo mostró su disgusto y preocupación por el despliegue policial que “sobrepasó totalmente la magnitud del acto en sí, todo un operativo que si te lo pongo en modo de efectividad te diría realmente el gasto de los recursos en forma tan desproporcionada es algo por lo menos para preguntarse, muchachos ¿a qué estamos jugando?”.

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En el diálogo mantenido en la puerta de la comisaría, los efectivos admitieron que les tenían identificadxs, “que ya sabían quiénes habían estado en el acto del miércoles, veían que había mucha gente que de un acto se había trasladado a otro”. “En la escala de un pueblo pequeño esto es casi una comedia italiana, es algo ridículo. Estamos en la plaza jugando a que te vigilo y después somos los mismos vecinos”, concluyó Canolik.

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Infobae publicó días atrás copia de la “DIRECTIVA RESERVADA” del domingo 27 de agosto, calificada como “MUY URGENTE”. Lleva la firma del comisario general Sergio Osvaldo Moreno, el Superintendente de Planificación y Operaciones Policiales; y está dirigido a todas las reparticiones de la Bonaerense, como por ejemplo las Superintendencias de Seguridad de las zonas, Norte, Oeste, Sur (…); a “Inteligencia Criminal”, al “Servicio Centralizado de Infantería y a la “Dirección Seguridad Especial Halcón”, entre otras.

El comunicado interno ordena “extremar medidas preventivas que cada situación amerite e informar en el ACTO al estamento superior directo” ante la “Semana de agitación 28/5 al 1/9”.

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En concreto, manda a la Bonaerense “reforzar el servicio y puestos de guardia previendo la asignación de retenes, en particular aquellas dependencias que alojen detenidos y armamento”; “extremar el control de ingreso/egreso de personas de las dependencias donde se encuentre cumpliendo funciones personal policial” y “actualizar y poner en práctica rol de incendio, plan de evacuación y de reacción del personal policial”. Además, se indica que “el personal de Cuerpos y FF. Especiales, deberá proceder al recargo para potencial respuesta y vigilancia del material y armamento”.

La policía de la gobernadora Vidal pone el foco en “los últimos acontecimientos de dominio público, con ataques que han involucrado a FF.AA (Fuerzas Armadas), FF.SS (Fuerzas de Seguridad) Federales y Provinciales, y del Poder Judicial, con afectación de instalaciones y personal propio. Y ante la posibilidad de que estas acciones puedan escalar y adquirir otro tipo de expresiones tales como agresión a personal de facción, transportes del personal ya sea en movimiento o estático y objetivos edilicios, con afectación del personal policial (…)”.

Fotos: Facebook Natalia Molina y Clau Sos, compartidas por la Biblioteca Macedonio Fernández  y Jorge Canolik.

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Amenaza a FM ALAS: “Están tirando demasiado de la soga”

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En el día de la fecha, miércoles 6 de septiembre de 2017, mientras estábamos al aire con el programa informativo, recibimos el siguiente mensaje.

“Como un ciudadano de bien que paga sus impuestos les digo que están tirando demasiado de la soga,

después a llorar a la Plaza de Mayo. Están avisados”.

El mensaje llega en el momento en que se expone al aire un hecho acontecido en el día martes 5 de septiembre: un vehículo que amenazó con atropellar a vecinxs que estaba realizando una marcha reclamando por la aparición con vida de Santiago Maldonado, frente a uno de los casinos de oficiales de Gendarmería Nacional.

Este no es el primer mensaje de estas características que recibimos en la emisora. Recordamos que el día 2 de diciembre de 2016, cubriendo otro hecho de relevancia política llegó un mensaje similar. Inmediatamente, se llevó adelante una denuncia en la Fiscalía Penal de la localidad de El Bolsón, y aún aguardamos el avance de la investigación para su esclarecimiento.

Esta amenaza no es un hecho aislado, y es parte de una cadena de intimidaciones que se vienen incrementando y agravando. Pintadas en las paredes y en la plaza “Che Guevara”, declaraciones de funcionarios contra integrantes de la radio, roturas de vehículos en la vereda de la emisora. Estos sucesos han sido informados a la relatoría especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con este nuevo hecho ampliaremos nuestro informe.

Como es de público conocimiento, la Comarca Andina está viviendo situaciones de violencia institucional, hostigamiento a las organizaciones y amenazas directas a vecinxs de la comunidad.

A pesar de estos hechos que pretenden intimidar, FM Alas seguirá habitando el aire.

Sin medios comunitarios no hay democracia. Aparición con vida de Santiago Maldonado.

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Asoc. Civil Alas para la Comunicación Popular

Desde Bahía Blanca hacemos llegar nuestro abrazo a las compañeras y compañeros de FM ALAS ante las amenazas recibidas.

Asimismo, renovamos nuestra solidaridad con las comunidades mapuche que siguen siendo víctimas de la persecución y el hostigamiento de la Gendarmería y los servicios de inteligencia de distintas fuerzas que responden al Gobierno Nacional.

 

DEVUELVAN A SANTIAGO.

Colectivo FM De la Calle.

 

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Se presenta el Movimiento x el Derecho a la Salud en Bahía

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Integrantes de la conducción provincial de CICOP visitan este miércoles Bahía Blanca para presentar junto a la Asociación de Profesionales de la Salud Municipal el Movimiento por el Derecho a la Salud. El encuentro será a las 18 en Pasaje Tres Arroyos 538 (ADUNS) y tiene el objetivo principal de denunciar las implicancias de la Cobertura Universal de Salud (CUS) impulsada por el gobierno nacional.

La CUS fue implementada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 908/2016 con el argumento de la existencia de “una circunstancia extraordinaria que hace imposible seguir los trámites de rigor previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”. La medida instaura una nueva y peligrosa avanzada de los sectores del poder económico sobre un bien común fundamental para todxs los argentinxs: la salud pública, universal y gratuita.

“Sería un fondo destinado principalmente a obras sociales con ese viejo argumento de que lo público no funciona, que es ineficiente y que mucha gente queda por fuera. Lo que estamos denunciando es que queda por fuera gente cuando privatizamos el sistema que es lo que estaría haciendo la CUS”, dijo a FM De la Calle la presidenta de la APSM Selva Lamtzev.

La médica comentó que la intención del gremio es “que este movimiento que ya está funcionando en La Plata, en Buenos Aires, pueda generarse en Bahía Blanca y por eso la llegada de CICOP es auspiciosa”.

“Informar es una forma de acción, vemos que hay mucho silencio sobre esto, ocurre muy similar a lo que es el Plan Maestro en la educación, son estrategias de precarización de lo que ya existe público e informar y alertar a la población es nuestra primera instancia de organización y de evaluar que medidas se van a hacer”, agregó.

El decreto presidencial pretende “garantizar una serie de servicios específicamente a la población que debería presentar un carnet de pobreza. Esto no es suposición nuestra sino que lo vemos en otros países como ha sido en Colombia o Chile en los ’90. (…) Precarizan mucho más al sistema público de salud, el aporte se va en obras sociales que vienen incumpliendo incluso el plan médico obligatorio”.

La reunión en la sede de ADUNS contará con la participación del presidente de CICOP, Fernando Corsiglia, sus secretarixs Verónica Moyano, Mónica Berezovsky y Hugo Amor, de Asuntos Municipales, de Género y de Prensa, respectivamente y delegadxs gremiales.

“Ante el decreto nos surge una alarma muy grande y la necesidad de poder hablarlo y conformar este movimiento, que no lo conforman solamente espacios ligados a la atención de la salud sino que la idea es que confluyan diferentes sectores preocupados por el derecho a la salud, es una convocatoria absolutamente abierta a todas las organizaciones y personas interesadas en defender su derecho fundamental”, invitó Lamtzev.

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“Fue una orden y un plan para detener gente”

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Lo afirmó uno de lxs 31 detenidos tras la masiva marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado a un mes de la represión en Cushamen. Ezequiel Medone es periodista de Antena Negra TV y de la Red Nacional de Medios Alternativos y contó a El Mejor Equipo de FM De la Calle que estaba a más de doce cuadras del lugar de los incidentes cuando lo capturó injustamente la policía porteña.

Luego de la convocatoria que reunió a aproximadamente 250.000 personas en la Plaza de Mayo, Medone se dirigía hacia Congreso cuando “un policía se acerca e intenta detener a una chica que estaba filmando. Empiezan a intervenir trabajadorxs de prensa que estaban en el lugar, para explicarle que no estaba haciendo nada malo. No tenían motivo para llevársela”.

“En eso nos agarran a nosotros y se genera un forcejeo en medio de un tumulto de gente –porque había bastante gente alrededor– además de la policía que se fue sumando. Nos llevan a una comisaría en Chacarita y nos dicen que estábamos incomunicados”.

Las 31 personas detenidas no podían hablar con sus familiares que estaban afuera, ni con sus colegas, ni con la abogada de CORREPI María del Carmen Verdú, ni siquiera entre ellxs. “Estábamos todos en celdas separadas”, explicó Medone.

Recién en la comisaría se enteraron de qué los acusaban: “intimidación pública” y “alentado de resistencia a la autoridad”. “En la presentación que hace el juzgado, dicen que nos detienen en Plaza de Mayo a las 20.20, tirando una reja… lo cual es totalmente falso. Yo a las 21.30 estaba en otro lado, ni siquiera estaba cerca”.

El periodista dijo que “en general fue bastante irregular el procedimiento y la acusación; no tienen mucha prueba de nada. Queda en evidencia que fue una orden y un plan de detener gente. De hacer un espectáculo de esa represión que se estaba dando”. Y agregó que “hubo amenazas a gente, maltratos a compañeras. La verdad es que fue un desastre lo que hicieron”.

Medone contó que recién el domingo, cuando fueron a declarar ante el juez Martínez Di Giorgi lo dejaron comunicarse. “Con Verdú pude hablar cinco minutos antes de declarar. Después la volví a ver a ella, a Norita Cortiñas, al ‘Turco’ (Ismael Jalil) de CORREPI cuando nos comunican que nos liberaron. Fue re emocionante”, confesó.

También afirmó que gracias al acompañamiento de la gente que se acercó a la radio abierta realizada por la RNMA el fin de semana, bajo condiciones climáticas desfavorables, “se pudo torcer la voluntad de tenernos todo el fin de semana –y  más–, porque sino hubiésemos declarado recién ayer, quizás hubiésemos salido hoy, quizás no”.

“Estábamos aislados. Recién al final pudimos vernos y hablar [con lxs otrxs detenidxs]. Al momento de la declaración te leen todas esas mentiras que pusieron y te indigna. Es cuestión de, por un lado, denunciarlo y por otro contestar, les dijimos cómo fueron los hechos de verdad”, aseveró.

A pesar de que tienen todo el material que habían registrado, salvo el celular de su compañero Juan Pablo Mourenza (que sigue confiscado), “estamos haciendo un pedido: si alguien tiene algún video de cómo fue la detención, que lo mande para reconstruir bien el hecho y presentarlo como prueba”.

Ezequiel Medone y otras treinta personas finalmente quedaron imputadxs. En diez días el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi tiene que expedirse y resolver si les procesa o no.

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¿Y ahora?

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(Por Astor Vitali) En el nombre de Santiago Maldonado residen diferencias sustanciales del modo de ser y de pensar argentino. La evocación del detenido-desaparecido genera en nuestra sociedad, al menos, tres reacciones: envalentonamiento gozoso de los fascistas de siempre; dolor por revivir los métodos del terrorismo de Estado; y finalmente una indiferencia que, hasta que no se demuestre todo de una manera escandalosa (como ocurrió con los crímenes de la dictadura), funciona más como condena social hacia las víctimas que como indiferencia en sí misma.

Un hippie. Un drogadicto. No era profesional. Un sucio. Un amigo de los chilenos apátridas. Que vayan a laburar. Kirchnerista mugriento. Por qué no hablan de los otros desaparecidos. Qué cuentan la Historia completa. Por qué no preguntan por Nisman.  ¿Y Julio López? Seguro que está comiendo un asado en el sur o, por qué no, en Chile. Vagos de mierda. Yo me rompo el culo y pago mis impuestos para mantener vagos. No quieren el cambio. Fuerza Mauricio.

Y Mauricio se siente con fuerza. Nadie en el rol de la FasciMinistra Bulrich puede decir las barbaridades que dice (y hace) si no se siente con la libertad ancha de hacer y deshacer a su antojo.

El fenómeno social actual tiene elementos de antaño y tiene novedades. Es viejo que hay un segmento de la sociedad argentina que avala sin miramientos los métodos que sean necesarios para sentirse occidentales y cristianos: blancos y europeos. De Videla les molesta lo salvaje, que muestren el trabajo sucio, pero no sus objetivos ni sus métodos. Eso está acá, hoy y ahora y con esas mentes se convive. Y cabe aclarar, una vez más, que no necesariamente su ideología responde a su condición de clase.

En todo caso, quienes hayan tenido responsabilidad política en el ejercicio de los gobiernos democráticos del 83 a esta parte deberían replantearse qué tan superficiales fueron las transformaciones postuladas como para que final mente notemos que han dejado intactos en la suciedad argentina el rencor y el anhelo de cazar cabecitas negras. ¿No era que había vuelto la política? ¿No era que otra historia se enseñaba en las escuelas? ¿No era que no había retorno del progresariato? Sus pregoneros conocen a la perfección la realidad: operaron con utensilios de utilería, gruesos, sin filo. Jamás agarraron el bisturí.

¿Qué es lo nuevo, entonces? Si, como todos los elementos publicados indican, se produce la confirmación de que Santiago Maldonado fue chupado por gendarmería, estamos hablando de que los flamantes gobernantes surgidos del voto popular llevó adelante una desaparición forzada. Estamos hablando de que un gobierno de origen democrático utilizó los métodos del terrorismo de Estado.

Y con esto ¿Qué se hace? ¿Qué legislación está pensada para hablar de terrorismo de Estado en el marco de la democracia? ¿A qué Naciones Unidas se acude? ¿A qué organización internación de derechos humanos se apela? ¿Cómo nos organizamos y para qué? Anonadado por la falta de respuesta ante lo ocurrido; no del todo sorprendido por la temeridad del gobierno actual; por su falta de límites, por su profundidad de fines y por el uso de métodos insospechados, uno piensa que es mejor que la mayor cantidad de voluntades organizadas posible comencemos a responder estas preguntas. Más temprano que tarde.

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“Nunca colaboraron, nunca se arrepintieron”

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El fiscal José Nebbia realizó hoy sus réplicas en el Juicio Ejército III y destacó que “los que están sentados acá atrás o mirando por tele” son los que saben dónde están los jóvenes apropiados luego de nacer en cautiverio en el centro clandestino de detención, torturas y extermino La Escuelita.

Minutos antes, el defensor oficial Gustavo Rodríguez había finalizado sus alegatos. La audiencia se reanudará este miércoles a las 9 en Colón 80 con las dúplicas. Una nueva sentencia se acerca a pesar de las esporádicas sesiones del tribunal.

“Llama la atención la postura de la defensa oficial. Sucintamente ya hay condenados en esta jurisdicción por esos hechos y esas condenas han sido confirmadas por Casación”, dijo José Nebbia en relación al robo de bebés en Bahía Blanca.

El fiscal recordó que, “respecto del hijo de María Graciela Izurieta, la defensa dijo que el hecho no existió, que la mataron antes de dar a luz. Respecto del hijo de Metz dijo que nació pero que no se sabe quién lo apropió. No es ninguna novedad. Lo estamos buscando hace mucho, todos lo están buscando. El tribunal lo está buscando. Los organismos lo están buscando. Su hermana lo está buscando incesantemente”.

“Si a María Graciela Izurieta la mataron antes de que diera a luz, la pregunta que surge es dónde está su cuerpo, dónde está el cuerpo de esos once desaparecidos y dónde está o quién se llevó al bebé apropiado”.

“Los que saben dónde están los cuerpos están sentados acá atrás, lo están mirando por tele. Son los defendidos de la defensa oficial los que saben dónde están esos chicos. Esas personas nunca dijeron nada, nunca colaboraron, nunca se arrepintieron. Como explicamos en los alegatos, son los responsables por la apropiación de estas dos personas y por eso deben responder”, concluyó Nebbia.

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Fotos: archivo FM De la Calle.

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Sobre los “límites”: Aparición con vida YA de Santiago Maldonado

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(Por Daniel Feierstein/ Fotos M.A.F.I.A.) Si algo dejó la lucha contra la dictadura genocida en la Argentina fue la construcción de un “límite”: la participación en el genocidio o su legitimación quedaban por fuera de la discusión aceptable.

No fue así en Chile, donde algo menos de medio país siguió defendiendo a Pinochet cuanto menos hasta su detención en el Reino Unido. No fue así en Uruguay, en donde algo más de la mitad de la población votó a favor de impedir el proceso de memoria, verdad y justicia. No fue así en Brasil, donde nunca se juzgó a los responsables y donde se pudo utilizar la legitimación de los represores en el propio proceso vergonzoso del golpe institucional a Dilma Rousseff.

En Argentina ese límite estuvo claro desde 1983: el que reivindica a los genocidas pierde. Alfonsín perdió la pulseada por la posibilidad de enjuiciarlos a partir de las asonadas militares de 1986 y 1987, pero jamás los legitimó y justificó la impunidad sin dejar de condenar sus acciones. Menem decretó los indultos e insistió numerosas veces en los beneficios de una reconciliación, pero cuidándose muy bien de ubicarse en el rol de víctima (“yo, que estuve preso, los puedo perdonar”, fue la frase de justificación). De la Rúa (que tenía algún lazo familiar con los represores) tampoco se animó a una legitimación explícita y sólo Eduardo Alberto Duhalde la ensayó (ya no como presidente sino en la oposición a los Kirchner) y terminó con el 2% de los votos en la elección en la que explicitó su pensamiento.

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Es cierto que Bussi, Rico y Patti ganaron elecciones, pero fueron fenómenos locales y, salvo el caso de Bussi que da cuenta de la especificidad de Tucumán, no lo hicieron legitimando explícitamente su rol en el genocidio. Ese límite fue de lo mejor que ha construido la sociedad argentina en medio siglo. Y es importante entender que no es un límite natural y que no todas las sociedades posgenocidas lo han logrado, ni siquiera fue un límite homogéneo en todo el país.

Destaco este punto porque es este límite el que nos quieren correr en este último tiempo, con una ofensiva mediática de la que no tengo recuerdo desde los tiempos de la campaña sucia dictatorial. Nunca los medios de comunicación estuvieron dispuestos a desparramar las versiones de los servicios de inteligencia con tanta potencia como hoy.

Sobre todo las versiones sobre una desaparición forzada: “que está escondido en Chile, que lo mató un puestero, que la familia entregó ropa de tres personas distintas para despistar a los perros, que los gremios usan políticamente el caso, que por qué no reclaman por Julio López (los que jamás reclamaron por Julio López), que dónde están los asesinos de Nisman”, etc etc.

Hay variadas responsabilidades para comprender cómo llegamos aquí. Y debemos revisarlas porque es condición indispensable para evitar una derrota que sería muy costosa para toda la sociedad argentina. Pero esas responsabilidades se resumen en la fábula de Pedro y el Lobo.

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Ya lo hemos sufrido con el desarme del límite ante el antisemitismo: la denuncia de cualquier postura como antisemitismo (las críticas al Estado de Israel, las posturas cuestionadoras del sionismo, entre otras) llevaron a la incapacidad de identificar al verdadero antisemitismo. Si todo es antisemitismo nada lo es. Y al tratar de antisemitas a todos los críticos del establishment israelí se logró como resultado que reaparecieran los verdaderos antisemitas relegitimados, los que sí utilizan cualquier cosa (también las críticas al Estado de Israel) para desparramar su odio antijudío. Utilizar el límite para forzarlo generó su quiebre.

Del mismo modo, se abusó durante la última década del límite frente a los genocidas. Desde sectores del gobierno k se acusó a todo crítico opositor de ser “la dictadura”, se utilizó el valioso límite construido frente a los genocidas como herramienta partidaria con la que salir a golpear, por ejemplo, a periodistas que (pese a defender posiciones cuestionables desde distintos puntos de vista) jamás tuvieron ninguna cercanía con los genocidas ni con la impunidad (se me ocurren Ernesto Tenenbaum y María O´Donnell, por poner algunos nombres, pero seguramente haya muchos más). Hasta Patricia Walsh o Luis Zamora podían ser “el enemigo” en estas visiones paranoicas.

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Simultáneamente se quiso construir un nuevo límite desde la oposición al kirchnerismo: el propio kirchnerismo como límite, la corrupción como equivalente del genocidio en la escala moral. Para muchos sectores de la izquierda o de un periodismo opositor más bien liberal, estar al lado de un kirchnerista pasó a ser algo equivalente a estar al lado de un genocida. “Kirchnerista” pasó a transformarse en insulto y lo es hoy en muchas redes sociales. Amistades, familias, grupos políticos, organismos de DDHH se han quebrado por la famosa “grieta”.

Frente al límite aceptado socialmente en la ilegitimidad de los genocidas, cada uno comenzó a construir su propio límite: Clarín, los troscos, el peronismo, los k. Hasta irónicamente vale la pena mencionar que, para Carrió, el límite hace unos años era Macri. Límites que son subjetivos, múltiples y cambiantes. O sea, límites que dejan de ser límites.

Cuando cada uno pone el límite que se la canta, entonces no hay más límites. Ese fue el momento donde los genocidas salieron de sus cuevas para hacer oír sus voces. Ellos también tienen sus límites. Los que no podían hablar hoy pueblan los medios de comunicación masiva y acusan de subversión, terrorismo, uso político del caso de Santiago Maldonado, traen a las “víctimas del terrorismo de los ´70” y deben ser escuchados porque “todos tenemos derecho a hacer oír nuestra voz”. Cuando todos son antisemitas ninguno lo es. Cuanto todos están más allá del límite, ninguno lo está. Sólo así puede explicarse que, más de treinta años después, tengamos que escuchar los cuentos de los servicios de inteligencia sobre una desaparición forzada en el prime time televisivo y sean repetidos por miles de personas, ingenuamente o no, sin recibir el repudio público que recibieron durante treinta años.

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Necesitamos reconstruir el límite que fuimos capaces de establecer como respuesta ante el genocidio. El que debe dar respuestas ante una desaparición forzada es el Estado nacional. Ni los desaparecidos estaban en Europa ni se mataban entre ellos ni Santiago Maldonado está en Chile ni se esconde con los “indios subversivos”. Y nadie “adoctrina a nuestros niños” sino que todos, absolutamente todos, tenemos no sólo el derecho sino la obligación de preguntarle una y otra vez al gobierno nacional allí donde podamos: ¿Dónde está Santiago Maldonado? Como le preguntamos en su momento dónde estaba Jorge Julio López. Todos los que seguimos marchando los 18 de septiembre y todos los que no vienen pero deberían venir, por mucho que ahora se hayan acordado, bastante tardíamente por cierto.

Hoy, viernes 1 de septiembre, tenemos otra posibilidad para dejar en claro cuál es nuestro límite. No importa lo que pensás del kirchnerismo. No importa lo que pensás de la izquierda. No importa lo que pensás de TN ni de 678. Hoy tenemos que estar todos juntos para gritarle a Patricia Bullrich, al gobierno nacional, a los servicios de inteligencia que difunden difamaciones a diario y a sus esbirros periodísticos a sueldo… aparición con vida YA de Santiago Maldonado.

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