La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, consideró que corresponde confirmar el fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que, tras revocar la sentencia de primera instancia, había declarado la nulidad de las resoluciones 28/2016 y 31/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y ordenó que el marco tarifario correspondiente al servicio de gas se retrotrajera a las tarifas vigentes con anterioridad al dictado de esas medidas.

La Procuradora señaló que el tribunal platense había interpretado “adecuadamente el derecho federal vigente al concluir que el aumento tarifario no pudo ser válidamente implementado sin la realización previa de una audiencia pública dado que la Ley 24.076 de Gas Natural impone ese mecanismo como herramienta para garantizar el derecho constitucional de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores previsto en el artículo 42 de la Constitución Nacional”.

Las resoluciones cuestionadas habían sido dictadas el 28 y 29 de marzo de este año. De acuerdo con el dictamen, el nuevo esquema de financiamiento del servicio de gas “trajo aparejado un aumento tarifario muy significativo que deben afrontar los usuarios y consumidores para acceder al servicio de gas”, tal como lo refleja el informe del Estado Nacional presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En estas circunstancias, recordó que “si bien es cierto que el mérito o conveniencia de una política pública es una cuestión que excede el ámbito de una revisión judicial, no es menos cierto que tales políticas deben implementarse con acatamiento a los límites que resultan del marco regulatorio legal específico en la materia, y sin vulnerar los derechos y garantías constitucionales reconocidos a favor de los usuarios y consumidores. En tal sentido, una de las funciones del Poder Judicial es controlar que los restantes poderes del Estado no se extralimiten en el ejercicio de sus facultades y respeten el ordenamiento jurídico vigente”.

La realización de audiencias públicas

La Procuradora General puntualizó que la Ley 24.076 de Gas Natural dispone “expresamente la realización de una audiencia pública en forma previa a la adopción de ciertas decisiones en materia tarifaria” y agregó que el mismo mecanismo prevé el decreto 1738/92 —reglamentario del régimen de gas—. Además, destacó que “estas disposiciones que integran el régimen de gas natural, en el que se inscribe el requisito de audiencia pública previa, fijan también como objetivo la determinación de tarifas justas y razonables, a la vez que consagran los principios de accesibilidad, gradualidad, coherencia, progresividad y previsibilidad”.

Por otra parte, la titular del MPF recordó que “el artículo 42 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994, otorgó máxima jerarquía a los derechos de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores como así también a la protección de sus intereses económicos, que, en el ámbito del servicio de gas, están implementados por la ley 24.076 y sus disposiciones reglamentarias”.

Frente a esto, destacó la relevancia de la audiencia pública previa como “una instancia de participación ciudadana que favorece la democratización de las decisiones, la formación de consensos, la transparencia y la publicidad de los actos y los procedimientos”.

El dictamen también precisó que el nuevo cuadro tarifario es el resultado del incremento conjunto de los tres componentes de la tarifa de gas, esto es: el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), la tarifa de transporte, y la tarifa de distribución (art. 37, ley 24.076). También, puso de relieve que “la resolución 28/2016 no solo tuvo por objeto la fijación de nuevos precios de gas natural en PIST, sino que incluyó medidas para determinar bonificaciones por ahorro de energía, tarifas diferenciales por zona geográfica y la llamada tarifa social”.

En ese contexto, Gils Carbó resaltó que “resulta determinante apreciar que el precio del gas en PIST representa, en la actualidad, más del setenta por ciento (70%) de la tarifa de gas, tal como señala el Estado Nacional en su recurso extraordinario […] La incidencia de ese componente en la tarifa es particularmente importante en este caso en atención a la magnitud de la totalidad del aumento tarifario”.

“Tales aspectos demuestran que la postura del Estado Nacional —orientada a excluir del ámbito de la audiencia pública las cuestiones vinculadas al precio del gas en PIST— implica restringir sustancialmente la eficacia de la audiencia pública para garantizar los derechos constitucionales de información, consulta y participación de los usuarios pues, de ese modo, se recorta el debate sobre la accesibilidad, gradualidad, coherencia, progresividad y previsibilidad sobre el componente más determinante de la tarifa final en el marco de un aumento extraordinario”, concluyó.

Otros derechos fundamentales en juego

La Procuradora General consideró que la multiplicidad de amparos y acciones judiciales promovidas a lo largo de todo el país demostró que el aumento tarifario podría afectar el acceso de usuarios y consumidores al servicio básico de gas, lo cual “pone en juego derechos humanos y fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales”, tales como la protección del derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia, lo cual comprende alimentación y vivienda adecuada, así como la protección del derecho a trabajar, a comerciar y a ejercer toda industria lícita. En este sentido, agregó que “el acceso al servicio básico del gas es indispensable para la continuidad de la actividad económica de los comerciantes, las empresas —en especial, las pequeñas y medianas—, las fábricas recuperadas y las cooperativas, de las cuales depende en gran medida la conservación de las fuentes de trabajo”.

Por otra parte, el dictamen detalló que los aumentos en la tarifa de gas generaron una serie de acciones judiciales en todo el país, en el marco de las cuales los fiscales federales de Río Gallegos, Mar del Plata, Zapala, Ushuaia, Río Grande, Córdoba, Neuquén, Rawson y Caleta Olivia, entre otros, “se expidieron a favor de la procedencia de la suspensión cautelar del aumento tarifario solicitada por haberse omitido la realización de una audiencia pública previa”.

Normas de emergencia

La Procuradora también estimó que correspondía rechazar el planteo del Estado Nacional según el cual las normas cuestionadas fueron dictadas en el marco de las leyes de emergencia, sobre cuya base el Ejecutivo dispuso que la audiencia solo regía para la Revisión Integral de Tarifas y no para aumentos transitorios.

Tras el análisis de la normativa, consideró que “las resoluciones 28/2016 y 31/2016 impusieron a los usuarios y consumidores un aumento significativo que impacta, de manera inmediata e irreversible, en el acceso a un servicio básico y en la planificación de gastos familiares y costos empresariales. Desde el punto de vista de los usuarios, ello descarta el carácter transitorio que le atribuyó el Estado Nacional a las medidas cuestionadas”.

Gils Carbó citó el propio informe del Poder Ejecutivo presentado ante la Corte, en el cual se destaca que “el treinta y ocho por ciento (38%) de los usuarios se ve afectado por aumentos que superan el cuatrocientos por ciento (400%)”. Y agregó: “La incidencia del aumento es, incluso, más severa en el caso de los usuarios de las categorías SGP (pequeños consumos comerciales o industriales), dado que el cien por ciento (100%) debe afrontar aumentos que en promedio superan el quinientos por ciento (500%), e incluso en algunos casos alcanzan el mil quinientos por ciento (1.500%)”.

Por otra parte, respecto a la invocación de las normas de emergencia, la Procuradora General consideró que estas leyes “lejos de entender que la celebración de audiencia pública obstaculiza la renegociación, la concibieron como una herramienta útil” para proteger “el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios”.

Fuente: fiscales.gob.ar

Organizaciones de Derechos Humanos manifestaron hoy su preocupación ante los retrasos por los inicios de los juicios de lesa humanidad en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. “Hace nueve meses finalizó el último juicio por crímenes de lesa humanidad que se realizó en nuestra ciudad.

Finalizó hace nueve meses y al cabo de más de un año de desarrollo para juzgar a una veintena de genocidas”, expresaron las organizaciones Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo Filial Bahía Blanca, HIJOS y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Según indicaron en un comunicado, “extraoficialmente (los jueces) dejaron correr información sobre distintas fechas de inicio, hasta llegar a que en el mes de julio de este año iniciarían el próximo.

Sin embargo, a esta altura del mes de agosto, no tenemos fecha cierta ni formato de los juicios a realizarse”.

“Hemos planteado, así como lo hizo varias veces la Fiscalía de Lesa Humanidad, la unificación de causas por razones de economía procesal, ya que no se puede realizar un juicio de la manera que se vienen haciendo, o sea uno por año, sumado a la dificultad de que las audiencias son insuficientes”, indicaron a Télam.

En ese contexto, expresaron que “eso significa por un lado impunidad biológica para los imputados y un avance del burocratismo judicial”.

“Las prisiones domiciliarias son las nuevas modalidades de la impunidad, como lo son también la demora en los procesos y la menor intensidad judicial para investigar y juzgar. Porque, además, en reiterados casos se ha constatado que los inadecuados sistemas de control permiten a los represores de la dictadura circular tranquilamente por las calles”, agregaron.

En ese contexto los citados organismos expresaron que “esa impunidad les permitió gozar -jóvenes y sanos- de más de 20 años de libertad, y hoy se confronta con el fallecimiento de víctimas, familiares y testigos de todo orden, generando otras graves dificultades judiciales más, que no deben suceder a esta altura del inicio de políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia.”

También expresaron que en todo el país “los genocidas han tenido un justo y debido proceso, y el trato dispensado por la justicia ha sido preferencial” al indicar que de los 2.436 represores imputados desde 2006 por crímenes aberrantes, 937 (38,5%) fueron excarcelados por los jueces mientras tramitan sus causas y sólo 1.056 (43,3%) se encuentran detenidos”.

“Pero de este total de detenidos, sólo 568 (54%) cumplen prisión efectiva, mientras que 462 (44%) gozan de arresto domiciliario. Es decir que sólo un 23 % del total de represores llevados ante la justicia -uno de cada 4- está efectivamente en prisión”, indicaron.

También y por último expresaron que los “juicios de lesa humanidad deben acelerarse y profundizarse. Es de estricta justicia”.

“Instamos a los jueces del TOF que juzga a genocidas en Bahía Blanca a que sigan el camino que nos honra como sociedad y que parecería están abandonando, de Memoria, Verdad y Justicia”, puntualizó el comunicado.

Un encuentro para avanzar en la aplicación de la ley de cupo laboral trans en el sector público se realizó el viernes en La Plata. La norma fue aprobada el 17 de septiembre de 2015 y reserva al menos el 1% de la planta estatal para “personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo (…) con el fin de promover la igualdad real de oportunidades”.

Nicolás Huss, representante de la Mesa de Diversidad de la Asociación Civil Unidos por Argentina, aseguró a FM De la Calle que “estuvo muy bueno porque fue un panorama de cómo está la situación de la diversidad, sobre todo de las personas trans en todo el país, hubo representantes prácticamente de todas las provincias”.

La esperanza de vida del colectivo trans es de entre 35 y 40 años y los índices laborales señalan que “hasta el 90% trabaja en la situación irregular, sobre todo la situación de prostitución con lo que implica esto, por un lado tenemos los delitos de trata de personas y, por otro, de violencia institucional que son muy graves sobre todo en el norte”.

En Bahía Blanca el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una iniciativa de la ex edila Gisela Ghigliani en adhesión a la ley provincial aunque por el momento desde la Municipalidad solo existen “programas de becas”.

“Se busca que se implemente en la mayor cantidad de municipios posibles, ha sucedido por ejemplo en La Plata, en Mar del Plata, en Lanús, en municipios que lo primero que han hecho es crear como un área referida a las temáticas de género”, explicó el bahiense.

Huss agregó que “estaba esta cuestión de llamarla Diana Sacayán a la ley para darle un impulso militante y reivindicativo de los sectores que han luchado históricamente para que esta ley se haga efectiva, fue Karina Nazábal la diputada que la creó junto a otras organizaciones”. Sin embargo otras “como la Federación LGTB y ATTTA han pactado con los sectores del macrismo y lo paradójico es que no la querían a Diana Sacayán, estaban en las antípodas”.

Foto: La Nación.

El titular del área de Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión por la Memoria, Rodrigo Pomares, confirmó la denuncia penal contra el policía bonaerense Carlos Teodoro Tajanisevic y Natalia García y Carlos Terán de la Policía Local por vejaciones, apremios ilegales e incumplimiento de los deberes de funcionario público por la violencia ejercida la semana pasada contra dos jóvenes en Villa Rosas. “Sorprendentemente” nadie la había presentado.

Previamente, una queja del organismo de derechos humanos ante Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad “para alertar sobre lo que era evidente y había tomado estado público” motivó la desafectación de l@s uniformad@s por haber “violado todo tipo de normativa, protocolo” y haber actuado “de manera completamente violenta y desproporcionada”.

“Solicitamos a la Fiscalía General que nos informen algo que para nosotros a esa altura era evidente que es el inicio de actuaciones de oficio para indagar sobre los posibles delitos que se habían cometido en el marco de ese procedimiento, cosa que sorprendentemente no había ocurrido. Más allá de la denuncia que haga o no un particular se trata de casos de delitos de acción pública, cualquier fiscal o ciudadano puede alertar sobre un posible delito e intervenir. Eso no ocurrió”, explicó Pomares a Enredados*.

Sobre la Policía Local, el abogado recordó que “surgieron en el marco de una emergencia en materia de seguridad creada de una manera muy poco estudiada, con un marco normativo muy débil, se crearon por decreto, con poca claridad respecto a sus atribuciones, con escasa o nula capacitación”.

A esto se suma el cruce con “la Bonaerense histórica” y la “academia informal en la calle”. “Si bien era importante la formación académica de un policía, que debiera ser más exhaustiva, tener otros contenidos, también hay una formación que se da en cualquier profesión, que es la que se da en el ejercicio concreto. Parece que mucho se pone a jugar en la práctica, en este caso parecía claramente que el policía de años les estaba diciendo a los más chicos ‘esto hay que manejarlo así'”.

Pomares destacó además el mensaje sobre el trato entre personas adultas y jóvenes: “Parecía como una cuestión casi natural que un adulto se tiene que comportar de esa manera con los jóvenes y lo que uno espera de un adulto, que aparte es funcionario policial, es otra actitud, que trate de contemporizar la situación, evitar que se generen más situaciones de conflicto, buscar alternativas en caso de que efectivamente hubiera una falta o delito”.

Todo esto ante “un vacío muy grande” generado por la falta de creación de organismos de Promoción y Protección de Derechos de niñas, niños y adolescentes por parte de la provincia y los municipios.

13627064_10207431929458052_581699682700496802_nEl bonarense Tanasijevic milita en las redes sociales que “el único delincuente que no vuelve a delinquir es el delincuente muerto” y que por eso hay que “pisarlos como cucarachas” o “matarlos en nombre de los derechos humanos de los humanos derechos: juez que deja en libertad estas lacras, no queda otra que fusilarlo nada de juri”. Además “agradece” al genocida Jorge Rafael Videla, condenado por crímenes de lesa humanidad, por la “por la defensa de la patria y la libertad”.

Consultado al respecto, el director de Seguridad Democrática de la CPM dijo que “existe un marco de libertad en el que todos podemos expresar nuestras ideologías y opiniones pero la apología del delito, de la discriminación, es en sí mismo un delito”. Sin censura previa, se puede manifestar “cualquier cosa” y luego “hay que hacerse cargo de las consecuencias”.

“Un policía que tiene un marco normativo que le impide realizar determinadas conductas, no es propicio que salga a expresar en un foro público expresiones que van en las antípodas de lo que tiene que cumplir. Quienes integran los organismos de control de esos funcionarios debieran intervenir y evaluar que si hay policías que en foros públicos realizan apología del gatillo fácil, de la discriminación racial, son xenófobos, homófobos o todo tipo de fobias hacia determinados sectores sociales, por supuesto que deberían tener intervenciones que tengan alguna consecuencia”, concluyó.

*Enredados se emite los sábados de 10 a 13 por Continental Bahía Blanca.

(Por Mauro Llaneza) ¿Cuántas de las personas que te cruzás en la calle, en un bar o en el colectivo estarían dispuestas a entregar a otras a un aparato genocida? Es una pregunta que suele hacerse el destacado periodista y cronista de hechos delincuenciales Ricardo Ragendorfer.

El autor de La Bonaerense y La secta del gatillo, entre otros libros, presentó en diálogo con el programa En eso Estamos de FM De la Calle su trabajo más reciente: Los doblados.

Se trata de una investigación sobre las infiltraciones del Batallón 601 en la guerrilla argentina, sobre el origen de la Operación Cóndor y su primer acto en el país, pero sobre todo, como dice Ragendorfer, de un libro que “capta el amenazante jadeo de una época en la cual se puso a punto un sistema político basado en el exterminio”.

Los doblados aborda la figura de la traición durante la década del setenta, más allá de la originalidad del tema, ¿qué te atrajo para volcarte a la investigación con esa idea como disparador?

Por empezar me interesaba mucho explorar la estructura del Batallón 601 que también, al igual que la traición, fue uno de los organismos de inteligencia menos explorado por la profusa bibliografía sobre la última dictadura. En ese sentido diría que el puntapié inicial de este laburo y lo que además me atrajo de la figura de la traición, de la figura de la infiltración y de las operaciones de inteligencia sobre las organizaciones guerrilleras de aquella época fue una serie de entrevistas que mantuve con el mayor Carlos Antonio Españadero hace más o menos una década, que tenían por objeto en ese momento una nota que estaba haciendo para la revista Caras y Caretas.

Este tipo era un sujeto bastante singular, ahora está bajo arresto y condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad. Este hombre, repito, era muy interesante a los efectos de investigar el Batallón 601 ya que pese a su módica jerarquía, tenía grado de mayor, era una especie de cerebro gris de ese organismo, una especie de estratega y el analista que evaluaba los informes que llegaban a su mesa de trabajo y de algún modo recomendaba o incidía en los próximos pasos represivos de ese organismo. Además, el tipo tenía a su cargo una red de infiltrados que él mismo había reclutado y entrenado para filtrar las organizaciones armadas.

Luciana Granovsky / Télam

-Españadero no es el único represor que aparece como fuente de la investigación, está Dalla Tea, está Harguindeguy, entre otros. ¿Cómo se entrevista a un represor?

Por empezar no era la primera vez, desde luego, que entrevistaba a este tipo de personajes. Es realmente difícil y yo medio que lo escribo en la introducción. Cuando encuentro a Españadero digo: era extraño estar con él, era como la frase de Walsh al revés, hay un fusilador que vive.

Efectivamente, este también es uno de los pocos libros que ha entrevistado a tantos represores. A mí me interesa el siguiente aspecto de estos individuos, cada uno de ellos es una muestra cabal de lo que Hannah Arendt llamaba la banalidad del mal. O sea, no son en el estricto sentido de la palabra bestias con garras sino lo terrible, lo aterrador, es que son personas normales que después de torturar vuelven a su casa como de cualquier trabajo y acarician la cabeza de sus hijos, son personas que de algún modo tienen puestos gerenciales en sistemas políticos basados en el exterminio. Suena terrible pero es así.

Y siendo así, a veces pienso, imagino cuando camino por la calle o estoy en un bar y miro a la gente, ¿cuánta gente que en este momento comparte conmigo un espacio físico en la calle, en el bar o en un colectivo estaría dispuesta a hacer cosas semejantes?

Desde luego, en el aspecto técnico, el método al menos que yo utilizo para llevar adelante una entrevista con estos sujetos no es hacer precisamente preguntas incisivas ni discutir con ellos, pienso que ese es una craso error, hay que dejarlos hablar para que se muestren como son, fundamentalmente por lo que dicen se nota lo que son y no hay que discutir porque es como discutir de astronomía con alguien que cree que la luna es un pedazo de queso gruyere.

-Arrancás el libro con el relato y la reconstrucción de lo que fue el ataque de Montoneros al Regimiento 29 de Infantería de Formosa y concluís que el Ejército estaba al tanto y sin embargo lo dejó suceder y terminás planteando que el 24 de marzo del 76 fue solo una mudanza, que el poder ya no estaba entonces en la Casa Rosada, ¿por qué?

Sí, es una de las hipótesis del libro. Hay algunos autores que a mi parecer con demasiada liviandad sostienen que el ataque al cuartel, al Regimiento 29 de Formosa, fue lo que decidió a los militares a dar el golpe de Estado. A mí me parece una visión tipo Billiken esa. En realidad, pude constatar a lo largo de esta investigación, los famosos decretos de aniquilamiento que lanzan lo que  los militares llamaron “la lucha antisubversiva”, que se firman dos días después de lo de Formosa, ya estaban preparados desde antes y tenían definido firmarlos y ponerlos en práctica una vez que la guerrilla cometa un hecho de envergadura. Ese hecho de envergadura fue el asalto al Regimiento de Formosa.

A partir de ese momento y de la firma de los decretos de aniquilamiento -que establecían que se extendía a todo el territorio nacional las atribuciones represivas que los militares ya tenían en Tucumán durante el Operativo Independencia-, yo pienso que en ese momento comenzó la dictadura, puesto que en ese momento el control operacional del país pasó a manos de los militares y eso significaba nada más ni nada menos que el poder había pasado de la Casa Rosada al Edificio Libertador. Por eso digo que, en resumidas cuentas, lo del 24 de marzo fue apenas una mudanza.

buscado_riveiro-En cuanto a la reconstrucción del funcionamiento del Batallón 601 aparece la conformación del Plan Cóndor y hay dos nombres centrales de la primera acción que relatás que nos suenan muy familiares porque aparecieron vinculados a dos pesos pesados de la participación o colaboración civil con el terrorismo de estado en nuestra región. Me refiero a Balita Riveiro, que fue jefe del Destacamento de Inteligencia 181 y el “aval moral” del ex juez Néstor Montezanti al ingresar como personal civil de ese organismo, y por otro lado, Arancibia Clavel, “amigo” -según sus propias palabras- del director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, con quien se juntaba regularmente para intercambiar información. ¿Cuáles fueron los roles de Riveiro y Arancibia en la historia que abordás?

El coronel Riveiro, alias Balita, era en la época de los hechos el subjefe del Batallón 601 y, además, fue una pieza clave de la conformación del Plan Cóndor puesto que él ya había participado en algunas operaciones del exterior en alianza con los servicios de inteligencia de Paraguay y de Chile. Fundamentalmente me estoy refiriendo al secuestro y desaparición de un hermano de Santucho y de Fuentes Alarcón que era un militante del Movimiento Izquierdista Revolucionario de Chile en Paraguay que después fueron trasladados a Chile. Por otra parte fue, como lo relato en el libro a lo largo de un capítulo, el factótum de la primera acción del Plan Cóndor en Argentina que fue el secuestro del militante del MIR chileno Jean Claudet Fernández.

Lo que pasa es que después hubo un cortocircuito entre el Batallón y el gobierno chileno -que de algún modo capitaneaba el Plan Cóndor, lo gerenciaba-, al ser elegido como organismo representante de esa alianza de las dictaduras latinoamericanas la SIDE en la persona del general Otto Paladino, siendo desplazado o apartado o dejado de lado Riveiro.

Argentina-jumboPor otro lado, Arancibia Clavel, el agente chileno era el enlace entre el Batallón 601 y la Dirección Nacional de Inteligencia de Chile, la famosa DINA. Era el espía oficial de chile en Argentina y eso por cierto lo llevó a la desgracia puesto que en 1978 cuando surge el Canal de Beagle, el conflicto territorial con Chile, se lo llevan puesto por una obviedad, ser el espía oficial de Chile en Argentina. Estuvo preso algunos años hasta que, en 1980 creo, fue excarcelado pero años después sería encarcelado nuevamente y condenado por el asesinato del general chileno Prats y su esposa en Buenos Aires, estaban exilados puesto que él había sido funcionario del gobierno de Salvador Allende y Arancibia Clavel fue sindicado como uno de los autores de ese atentado. Arancibia Clavel por un caprichoso cómputo del dos por uno fue liberado en 2007, 2008, y unos años después fue asesinado en su domicilio por un taxi boy.

-Hay una pregunta que tengo autocensurada para no hacer spoiler. Realmente sorprende en el libro y me gustaría que quien lo lea tenga esa misma oportunidad, que es el cierre de la historia de Claudet Fernández que tiene que ver con Riveiro y deja muchas preguntas sobre el funcionamiento de los filtros. Comentá lo que quieras y te agrego la pregunta sobre qué pasa con Riveiro después de esa escena.

Bueno, acá vamos a usar los fueros de una novela policial y no vamos a contar el final de esta historia, pero podemos adelantar que se trata de “una historia de amor” y dada la calaña de sus protagonistas una espantosa y horrorosa historia de amor. Una historia de amor que demuestra que a veces el amor puede poner a los lectores la piel de gallina.

Al ser localizado por una periodista francesa como por un abogado que investigaba después de mucho tiempo la desaparición de Claudet Fernández, el tipo desapareció con su mujer, la protagonista de esta historia. Desaparecieron de la casa que ocupaban en Acassuso y no se volvió a saber nunca más de él. En Francia, en tanto, había sido condenado en ausencia justamente por el asesinato de Claudet Fernández y otros, cometidos en el marco del Plan Cóndor y hay versiones de que se encuentra refugiado en algún lugar de Chile donde tendría ciertas amistades.

-La segunda parte del libro entra en detalles de la previa y el desarrollo del ataque a Monte Chingolo por parte del ERP y aparece la figura de otro de los protagonistas de la historia como es el Oso Ranier. ¿Cómo era la selección de doblados por parte del Batallón 601? ¿Cómo construían filtros como el Oso por ejemplo?

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Vamos a explicarle al público que el Oso era un soplón del Batallón 601 infiltrado en el ERP y fue tal vez el filtro cuya labor fue la más letal en su rubro de trabajo si así se le puede decir. Lo que llama la atención cuando es desenmascarado es que el Oso no era un avezado agente de inteligencia, tampoco era un cuadro militar, tampoco un cuadro político. O sea, era un lumpen, un tipo absolutamente lumpen, de una capacidad absolutamente limitada y de un intelecto dotado de un retraso madurativo. No obstante, el tipo había sido, no entrenado, sino amaestrado para ver y oír, para ver y oír sin que interpretara demasiado las cosas que veía y oía, él solo las tenía que contar para que quienes recibieran esas descripciones pudiesen armar una construcción de inteligencia, un análisis al respecto.

Pasa que el Oso tampoco tenía dentro del ERP una posición relevante. Ni siquiera formaba parte del Partido Revolucionario de los Trabajadores que era el brazo político del Ejército Revolucionario del Pueblo, al cual ingresaban los militantes más calificados. No era el caso del Oso. El Oso era chofer de logística, iba de un lado para el otro, conocía gente, conocía domicilios, ese aspecto favoreció desde luego su laburo.

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En la selección del Personal Civil de Inteligencia del Batallón 601 había de todo como bien lo demuestra el caso de Gerardo Martínez (NdR: actual secretario general de la UOCRA). Hace algunos años encontré un par de fiscales -que ejercen su trabajo de fiscal en la actualidad- que figuraban.

Te voy a contar una anécdota. Había un tal Rebollo que, vos sabes que cuando entrabas al Batallón 601 tenías que llenar un formulario, te hacían diversas preguntas, una de ellas era qué idiomas maneja, qué idiomas habla. Entonces, contesta: inglés, con diccionario.

Para que veas que el reclutamiento no era muy riguroso.

-Sin duda. Pero han causado un daño tremendo como lo muestra el caso del Oso con el desastre de Monte Chingolo.

Exactamente. Hay que decir al respecto que si bien el Oso con lo de Monte Chingolo fue un factor determinante en el ocaso del ERP, ese ocaso, el de las organizaciones armadas en Argentina, tuvo que ver en rigor con circunstancias mucho más complejas que la existencia del Oso o de tipos como el Oso, aunque fueron importantes.

En un aspecto global de lo que hace al libro, el nudo de los filtros, el nudo de los doblados, como se les llamaba a los infiltrados, me permitió captar otra cosa más global, además de la estructura del Batallón 601, además de la profundización del tema del Plan Cóndor, que es captar el amenazante jadeo de una época en la cual se puso a punto un sistema político basado en el exterminio.

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(Por Comisión Provincial por la Memoria) La última dictadura cívico militar ha sido la experiencia histórica más dolorosa que ha vivido nuestro país. Lo fue no sólo por las víctimas que produjo y su enorme sufrimiento sino porque fue el mismo estado, en manos del gobierno militar, el que planificó y movilizó todos sus recursos para exterminar a una parte de la sociedad en una supuesta defensa de la Nación. Los genocidas no sólo perpetraron los crímenes sino que tuvieron la perversión y el cinismo de pretender hacerlo en nombre de todos.

Los 30000 desaparecidos dan cuenta de esa magnitud. Cifra construida en medio del horror, donde la denuncia parecía imposible, donde imperaba el terror. Cifra construida sobre la negación sistemática a la existencia de los desaparecidos en términos materiales y también simbólicos. No fue una guerra, ni sucia ni limpia, fue un plan sistemático de exterminio. Fue un genocidio. Fue terrorismo de estado. Cuyos objetivos centrales fueron avasallar derechos y libertades, agigantar la brecha social entre ricos y pobres, transferir riquezas a los poderes más concentrados de la economía en desmedro de los trabajadores, aumentar la explotación, subordinar los intereses de la patria a los intereses de las potencias hegemónicas. Fue pérdida de soberanía nacional y popular. La Guerra de Malvinas es otro caro ejemplo. La dictadura fue el gobierno de las minorías privilegiadas sobre las grandes mayorías, y lo hizo intentando garantizar su impunidad.

El gran desafío de la democracia que hemos venido construyendo desde 1983 ha sido revertir esas políticas. Porque no hay democracia si gobiernan las minorías poderosas. La memoria de los hechos aberrantes ocurridos ha sido una de las herramientas de trabajo en esta ardua tarea. Ello implicó un minucioso y largo camino de reconstrucción de lo sucedido para hacer justicia y castigar a los genocidas y también reparar parte del daño como han sido las identificaciones de los cuerpos de los desaparecidos y la búsqueda de los nietos apropiados.

Todo esto que decimos ha sido dicho infinidad de veces. Ha sido corroborado en la justicia y en la investigación académica. Y también en los archivos producidos por el propio estado terrorista, como el de la Dirección de Inteligencia de la policía bonaerense que gestiona la Comisión Provincial por la Memoria. Donde hay un minucioso registro de la preparación del exterminio, de su ejecución y de sus consecuencias en la democracia que vino después.

La insistencia se debe a las declaraciones del actual presidente de nuestro país, Mauricio Macri, que son un gran retroceso en este largo proceso de construcción democrática. Macri niega, banaliza y falsea la historia. Y lo hace usando términos propios de los genocidas, como “guerra sucia”, ese eufemismo que designaba el plan de exterminio. Así como negaban los militares, Macri “no tiene ni idea”, pero tiene obligación de tenerla, es parte inexcusable de sus deberes como presidente de la república.

Macri llama “desquiciada” a una Madre de Plaza de Mayo, a las que la dictadura llamo “locas” para negar su voz y su verdad. Nuevamente: No fue una “guerra sucia”: fue una dictadura genocida.

Tenemos idea: los desaparecidos son 30000 Las Madres de Plaza de Mayo no son “locas” o “desquiciadas”, son luchadoras por la democracia y los derechos humanos. No sólo queremos la Verdad, queremos Justicia y eso significa cárcel efectiva para todos los genocidas.

Lo dijo a FM De la Calle el titular de la Federación Agraria local Joaquín Fortunati. El viernes pasado un productor de la zona de Darregueira fue expulsado de su campo por no poder afrontar el pago de las deudas con la banca oficial. “No nos da la cabeza para soñar” con lo que se mostró en la Exposición de la Sociedad Rural, agregó.

La Federación Agraria Argentina denunció el agravamiento de la situación de pequeños y medianos productores, con tamberos, porcicultores y economías regionales padeciendo los problemas más urgentes y advirtió que de no obtener respuestas realizará movilizaciones en las economías regionales. A fin de mes presentarán en el Congreso propuestas de políticas públicas diferenciadas.

En cuanto a los precios de sus producciones, Fortunati afirmó que, por ejemplo, “el kilo de cerdo vivo a un productor de nuestra zona se le está pagando entre 13 y 14 pesos y el litro de leche a 3 pesos, seguimos siendo los convidados de piedra”. “En algunas regiones la leche es un artículo de lujo porque la política argentina ha beneficiado el monopolio de las grandes empresas y ha hecho desaparecer a las pequeñas fábricas lácteas y a los pequeños tamberos”. En el caso del trigo, se paga al productor entre 2,70 y 3 pesos mientras que “el kilo de pan en el mejor de los casos está a 25”.

20.8.04 Blythburgh Free Range PorkFree Range growers.

“Se prometió un cambio, lo estamos esperando pero hay muchos que nos estamos cayendo del mapa y son los chacareros más chicos, a los que más cuesta llegar y los que quedaron endeudados con la banca oficial, con el Banco Nación que hoy pese a que se habían acordado prórrogas, hay algunos trámites judiciales en los juzgados federales 1 y 2 de Bahía Blanca donde se están ordenando desalojos para el posterior remate de esos campos”.

Fortunati identificó una política de Estado que -más allá de presidentes y dictadores- desde fines de la década del 70 apuntó a “correr del mapa al pequeño productor agropecuario argumentando el eficientismo dentro del sector agropecuario, es decir, producir más y mejor con menos gente, con una base tecnológica, con una base de concentración de los recursos, tanto tierra como agua”.

“Esto hace que empiecen a languidecer pueblos, yo soy oriundo de uno del sudoeste bonaerense, pasamos a tener pueblos geriátricos donde vemos que las grandes empresas y las financieras como Banco Nación y Banco Provincia hacen propaganda engañosa y que los pequeños productores caigan en trampas como son los créditos que terminan expulsándolos de sus tierras que en algunos casos están trabajando hace setenta u ochenta años cada familia”, dijo.

La Sociedad Rural celebró su 130 años con grandes campeones. El presidente Macri participó de los festejos  "del campo".

La Sociedad Rural celebró su 130 años con grandes campeones. El presidente Macri participó de los festejos “del campo”.

El dirigente explicó que “estarían bajo el amparo de la ley 14.144 que hace que los que están endeudados con el Banco Nación tengan oportunidad de pagar su deuda por intermedio del fideicomiso Provincia de Buenos Aires pero la provincia no ha firmado lo correspondiente ni ha hecho el trámite necesario para el traspaso de esa deuda del Banco Nación al fideicomiso”.

La Federación Agraria mostró su preocupación por el impacto del Decreto 820 que promueve la extranjerización de la tierra y la consecuente expulsión de más familias chacareras. Fortunati comentó al respecto que el productor desalojado días atrás en Darregueira, “tiene enfrente una empresa de capitales si no me equivoco italianos que podría ser una de las interesadas en comprar una de sus 190 hectáreas”.

“El problema ese existe desde siempre, en Bahía Blanca por ejemplo cuando era intendente el señor Cristian Breitenstein se gestionó para regalarle las tierras a la empresa Dreyfus, que ahora fue inaugurada la terminal y vino el presidente y la gobernadora, y se la sacaron a la familia Moreno que era de capitales nacionales que históricamente había trabajado en Bahía Blanca”.

CampoSO

Finalmente, Fortunati opinó que el proyecto de Ley de Semillas, que presentará en los próximos días el gobierno con letra de Monsanto, pretende “cobrarnos por vivir”. “Si un productor agropecuario que compra una semilla va a tener que pagar in eternum regalías a la empresa porque fabricó algo con genética es como decirle que usted compra un auto de la marca que elija y le va a tener que estar pagando toda la vida a la empresa que lo fabricó porque fabricó tecnología”.

“Es un despropósito, una vez que compre eso es mío, el derecho de propiedad quedaría en manos del productor que compró la semilla, pasa que es muy fácil para la empresa argumentar que como tiene un registro genético tienen derecho a regalías. Es más fácil cobrarle a un montón de chacareros que negociar con una empresa internacional”, destacó.

Mariana Torres, una de las 65 personas despedidas de Supermercado Burgos, dijo a FM De la Calle que la Municipalidad es acreedora de la empresa desde 2013 y que junto al sindicato “hicieron la vista gorda” para permitir su vaciamiento. “Fue paulatino, cuando lo empezamos a denunciar ya era vertiginoso, todos los días se vendían maquinarias (…) son maniobras fraudulentas que hacen para cerrar, dejar a trabajadores en la calle y abrirse otros negocios. Eso es lo que no queremos que quede impune”.

La ahora ex empleada comentó que este martes “nos presentamos en nuestro horario normal y estaban todas las sucursales cerradas. Es algo que preveíamos, hace dos semanas que no compraban mercadería. (…) Al menos queríamos que el sindicato nos garantizara cobrar los dos meses que nos debían y después accionar judicialmente por la indemnización pero nos quedaron debiendo todo”. Los aguinaldos también.

La Asociación de Empleados de Comercio “se dedicó a justificar a Burgos, que era un empresario quebrado, que realmente estaba en crisis, algo que también tratamos de desmentir haciendo un escrache a una de las distribuidoras que abrió la familia, denunciando que durante estos últimos años habían adquirido tres legajos de taxi. No era una crisis sino que hubo desvío de capital a otros rubros más rentable para ellos. En esta pelea el sindicato no nos acompañó”.

Tras los 65 despidos, 40 aceptaron conformar una cooperativa de trabajo “para no quedar en la calle”. “La semana que viene o la otra entraría en funcionamiento, no se sabe si van a ser los tres locales o dos, hay distintas versiones. Los locales tendríamos que alquilarlos, Burgos lo que haría es prestar góndolas, heladeras, para que las trabajemos. Teniendo en cuenta que eso está en concurso de acreedores, que si mañana viene alguno y los quiere rematar tendríamos que devolverlos”.

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Torres informó que “la Cooperativa Obrera nos va a proveer mercadería, no se sabe si toda o solamente la marca Primer Precio que es la que manejan. Nosotros iríamos pagando a consignación, a medida que vayamos vendiendo. Es complejo porque hay una baja del consumo a nivel general en todos los comercios y estaríamos compitiendo con la Cooperativa que nos va a vender los productos y también con los mayoristas”.

“Hay compañeros ilusionados y ojalá que sea una salida viable y no una forma del sindicato de patear la pelota para más adelante y que esto no estalle ahora. El municipio también está entre los acreedores de Burgos, conocían la situación de la empresa desde mucho antes, son acreedores desde 2013 en que entró en concurso preventivo, todos hicieron la vista gorda para que se llegara a esta situación. El vaciamiento fue paulatino, cuando lo empezamos a denunciar ya era vertiginoso, todos los días se vendían maquinarias”.

Los empresarios también vendieron una sucursal de Charlone que figuraba “a nombre de un familiar”, un generador, una cámara frigorífica valuada en 150 mil pesos aproximadamente y un auto del apoderado Martín Burgos aunque “para pagarle al síndico y no a los empleados”.

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Burgos y Javier Leiva, uno de los “encargados generales” del super son los flamantes titulares de la distribuidora de bebidas y gaseosas de Panamá 1773. “Él nos dice que es un proyecto pero estuvimos yendo y ya tiene un funcionamiento, hay movida de camiones de cajones de cerveza que están afuera, inclusive usaban los mismos camiones de la empresa para ese negocio aparte”, dijo Torres.

(Por ¿Quién Te Juna?*) Monsanto ha logrado consolidarse como una de las empresas más importantes del mercado de semillas a nivel mundial y, a su vez, la que más controversia ha generado por el peligro que representan sus productos, para la salud y el ambiente.

La compañía, que se dedica principalmente a la producción y comercialización de herbicidas y semillas transgénicas, llegó bajo la idea de la “Revolución Verde”. La cual impulsaba mejoras agrícolas para de esa forma, poder erradicar el hambre en el mundo, instando a los productores de países en vías de desarrollo, a adoptar las prácticas agrarias impulsadas por Monsanto.

En Argentina, la empresa tiene plantadas alrededor de 18 millones de hectáreas con soja transgénica. El uso de transgénicos, permite la instalación de la idea extractivista, es decir, que cada vez se produce más y en mayor cantidad. Esto significa que, se reemplazan los cultivos autóctonos por monocultivos creados en laboratorios.

Cuando el Estado mira para otro lado

En la actualidad los campos deben utilizar pesticidas como el Roundup, para el control de malezas, cuyo principal componente es el glifosato, siendo de éste uno de los químicos más contaminantes vertidos en las cosechas.

En 2007, Monsanto fue penalizada por falsa publicidad, dado que, anunciaban que el Roundup era biodegradable y no tóxico. Por lo tanto, la empresa tuvo que retirar la palabra Biodegradable de sus envases, para poder seguir comercializando su herbicida.

En nuestro país, existe una ley nacional y varias provinciales que, establecen la prohibición del uso plaguicidas y otros agroquímicos a distancias que rondan ente los 50 y los 1000 metros de distancia de zonas pobladas o escuelas rurales. Sin embargo, la norma nacional no se cumple, difiere de las provinciales, y los organismos de aplicación son los municipios. Esto genera, un sinfín de regulaciones que dejan a las personas expuestas a estos peligros.

Argentina, actualmente utiliza entre ocho y diez veces más glifosato por hectárea que Estados Unidos. La periodista marplatense especializada en medio ambiente, y miembro de la ONG Bios, Silvana Buján, comentó que hace unos años impulsaron la creación de informes en conjunto con el dr. Andrés Carrasco, para que los legisladores de esa ciudad se involucren en la problemática. Además sostuvo que: “Los legisladores marplatenses en ese momento, tuvieron manifestaciones muy fuertes por parte de los productores, pidiendo que no existan esos mil metros, porque decían que ahí no podían plantar nada. Finalmente a presión de ellos (los productores), con engaños y la connivencia de las autoridades locales, se levantó la medida”.

“Tiempo después, la gente de Paren de Fumigarnos se presentó en la justicia. Hoy el caso está en la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, porque el municipio finalmente eliminó eso mil metros, puso un programa de ‘Reconversión Agroecológica’, con lo cual dio vía libre para que se fumigue hasta el borde las casas”, explica Buján, quien además desde la ONG que integra realizó una serie de estudios que demuestran los altos niveles de pesticidas que contienen los alimentos y lo perjudiciales que son para la salud.

Asimismo, Buján sostiene que en la actualidad el Estado, está volcado completamente a las corporaciones y agrega: “Desde el primer día vienen aprobando los transgénicos, porque facilitan a los productores que sigan usando éste sistemas y están ausentes en la universidades nacionales, y porque ahora le cambiaron el nombre al Ministerio de Agricultura por el de Agroindustria. Con lo cual, ya desde el nombre te están diciendo que el pequeño agricultor no existe más, no es parte de éste modelo que se está aplicando en Argentina”.

Por su parte, la licenciada de Geografía e integrante del Espacio de Trabajo por la Soberanía Alimentaria de la UNS (ETSA), María José Junquera sostiene que: “Deberían haber políticas públicas que ayudaran a éste tema, pero  si analizas desde los ’90 para acá, hay una continuidad en ésta línea de pensamiento. El Plan Estratégico Alimentario, plantea que hay que producir más porque la población está aumentando. El problema no está en que hay que producir más, sino en la distribución de los alimentos”.

Soluciones posibles

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Desde hace tiempo en diferentes puntos del país se viene llevando a cabo la lucha para poder tener una agricultura sustentable y libre de agrotóxicos. Junquera, explica que es la Soberanía Alimentaría al decir que: “Se puede definir como el derecho de los pueblos a decidir qué alimentos consumir y como producirlos”.

En este sentido, Silvana Buján considera que es posible cambiar el sistema de producción de alimentos, considerando que: “Para lograrlo es necesario enseñarle a todxs los que fueron capacitados de la mano de éstas corporaciones que sostienen cátedras. Falta romper esta dependencia con las corporaciones del agro, independizar a la ciencia de los sponsors que la formatean, y empezar de cero con una ciencia digna para mostrar que hay un camino posible, deseable, necesario e imprescindible”.

En paralelo la licenciada Junquera comentó que, en nuestra ciudad se están desarrollando medidas para generar una alimentación sustentable, una de ellas es el grupo de trabajo formado bajo la órbita de la Universidad Nacional del sur y agrega: “El ETSA surge como un espacio de reflexión que pudiera suplir las faltas del plan de estudios de agronomía. Actualmente somos estudiantes, profesores, también hay gente de distintos ámbitos, que lo que buscamos es generar este espacio de construcción del conocimiento entre todos y por eso organizamos talleres, o disertaciones. Todo abierto a la comunidad, pero lo hacemos en la universidad”.

En la actualidad, el ETSA tiene dos proyectos para poner en marcha: “Uno es el de formar una cátedra libre de Soberanía Alimentaria como hay en otras universidades del país, ese es un proyecto que tenemos en marcha. Y después tenemos hace unos meses, los chicos de biología sobre todo, dentro igual del ETSA, arrancaron con ayuda de Pro-Huerta del INTA Bordenave, en el predio de Agronomía de la UNS, una huerta agroecológica, que recién arranca, pero la idea es que se puedan producir alimentos, para consumo o  comercializarlos si nos va bien con la producción”, comenta Junquera.

Además explica que como colectivo, se han contactado con agricultores agroecológicos de la ciudad: “Muchos comercializan sus productos por Facebook. También teníamos un proyecto de armar, como una feria en la web para que los productores agroecológicos se puedan anotar para que uno tenga contacto directo con el productor. Caritas también organiza, que nosotros participamos, en la Feria del Lago donde hay productores del cinturón hortícola de Bahía Blanca y de Cerri también que venden sus productos, que si bien no son todos agroecológicos, tiene muchos menos agroquímicos de lo que es habitual consumir”, y concluye: “Hay que buscar espacios alternativos, que los hay, pero uno tiene la costumbre de ir al supermercado”.

El camino por recorrer para la obtención de una Soberanía Alimentaría plena es largo, pero vale la pena seguir adelante. La idea, sin lugar a dudas, radica en ser conscientes de que existen formas de producir y consumir los mismos alimentos, pero sin agrotóxicos.

*¿Quién te juna? se emite los miércoles a las 21 por FM De la Calle 87.9

Según publicó Rieles Argentinos, dentro de pocos días el Ministerio de Transporte anunciará dos nuevas frecuencias para el tren que une Bahía Blanca con Buenos Aires. “Debido a la suspensión de los servicios de Ferrobaires, Trenes Argentinos se ve forzada a sumar dos frecuencias para satisfacer la demanda, que siempre sale lleno”.

Con los servicios de Ferrobaires suspendidos, la formación de Trenes Argentinos que circula entre Buenos Aires y Bahía Blanca se ve colmada en cada salida, quedando mucha gente sin poder viajar. Para solucionar esto, la operadora nacional decidió sumar dos nuevas frecuencias.

El convoy, que actualmente sale los Viernes de Constitución, agregará dos frecuencias saliendo Martes y Jueves. Estas dos nuevas frecuencias corresponden a las que cubría Ferrobaires antes de su suspensión. Es necesario aclarar que la formación de origen chino solo circula por el ramal LaMadrid.

Una idea surgida para suplir la demanda del ramal Pringles es la implementación de un servicio de coche motor entre Bahía Blanca y Olavarría, para luego combinar allí con las formaciones chinas. Esta idea está aún muy verde y es poco probable que se lleve a cabo debido a la poca disponibilidad de este tipo de unidades.

Efectivos de las policías Bonaerense y Local protagonizaron un hecho de violencia institucional contra adolescentes en Bahía Blanca. Esta vez fue en Villa Rosas luego de frenar a dos pibes que circulaban en una moto sin documentación. “La moto es mía, yo la pagué”, dijo uno de ellos. “Mostráme los documentos pendejo de mierda”, retrucó el bonaerense habilitando a los pitufos a bajarlo a las patadas.

Una joven intentó hacer entrar en razones al efectivo y este le gritó: “Habla bien las pelotas pendeja, a mí qué mierda me importa que seas mujer, cerrá el orto. ¿No tiene papeles? Se secuestra”. Todo fue registrado por Jonathan Vélez, quien viralizó las imágenes en las redes sociales. “Vos dejá de filmar, sacále el celular”, siguió el veterano fuera de sí.

“Tengo que contarles que hoy en la esquina de la Escuela 23 la policía local paró dos chicos, que fueron a dejar a sus hermanitas, los pibes no tenían los papeles de la motito 50 y empezaron a agredir a los menores, yo tomo el celu y empiezo a filmar”, relató en Facebook el presidente de la Sociedad de Fomento de Spurr.

Agregó que “en ese momento llega una patrulla y se baja del móvil un tipo totalmente sacado y empezó a los golpes con todos, éramos más de 20 personas mirando, un atropello total, un abuso de autoridad descomunal, se me vino encima, me pegó, me rompió el celular, nos pegaron, el tipo amenazó, se burló. La piba de unos 16 años fue golpeada hasta que le agarró una convulsión, llamé a la ambulancia y cuando vino la policía la desvió para otro lado. Abuso total”.

Miembros de la guardia urbana municipal siguieron el episodio sin intervenir.

En septiembre, integrantes de las mismas fuerzas policiales, ante supuestas denuncias vecinales, levantaron un puesto de información sobre marihuana, detuvieron violentamente a dos integrantes de la Cofradía Cannabica y a otro pibe que cuestionó el accionar policial.

Los hechos ocurrieron en la Plaza Rivadavia frente al Palacio Municipal, una tarde primaveral con muchxs bahienses en la calle y también fueron registrados en video por varios celulares. El primer gran papelón de la flamante fuerza local incluyó tres detenciones abusivas y sin delito que reprochar a quienes las padecieron, una desproporcionada participación de uniformadxs, una alta dosis de prejuicios y otras violencias e irregularidades en la Comisaría Primera y los calabozos de Fiscalía.

Finalmente el Supermercado Burgos bajó las persianas y dejó a otras 65 personas sin empleo en la ciudad. “Hoy nos presentamos y estaban todos los comercios cerrados”, dijo Mariana Torres a FM De la Calle. El titular de Empleados de Comercio, Miguel Aolita, afirmó que “no es tan así” y que en “quince o veinte días” reabrirá bajo gestión cooperativa.

La nueva etapa del mercado estaría a cargo de cuarenta de l@s 65 afectados, mientras que el resto “se dio por despedido”. La totalidad podrá reclamar sus indemnizaciones. Aolita manifestó que el cierre “era algo que estaba medio previsto, no surgió de un día para otro, no tenían más mercadería para vender”.

El jueves pasado, durante el segundo ruidazo, Mariana Torres comentó a este medio que junto a sus compañeras salieron a rechazar los tarifazos y “sumar el reclamo por los despidos, Burgos cierra y se pierden setenta fuentes de trabajo, también están los de Lucaioli”.

En cuanto a la cooperativa impulsada por Empleados de Comercio y el Municipio para dar continuidad a los empleos, opinó que “más que una solución es un problema porque cuando baja el consumo a nivel nacional una cooperativa de trabajo no es una salida a largo plazo, tenés que competir con los grandes supermercados, no es la salida que queríamos, ellos también fueron cómplices de que Burgos durante tres años vaciara la empresa”.

Al otro día, “en respuesta a los dichos de Aolita y Burgos” protestaron en Panamá 1773 frente a una de las distribuidoras abiertas recientemente por Martín Burgos lo que “desmiente que la empresa no sea solvente y confirma que hubo vaciamiento y desvío hacia otros negocios”.

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El juez de Ejecución Penal Claudio Brun ordenó al Servicio Penitenciario otorgar dietas especiales a casi sesenta internos de la cárcel de Villa Floresta que están bajo tratamiento médico. Según informó el magistrado a FM De la Calle, también “se abrieron causas por separado para ver si esta problemática agrava el cumplimiento de la pena y si tendrían que terminar cumpliéndola en prisión domiciliaria”.

Las autoridades manifestaron que la situación se da por falta presupuesto que se registra hace varios años y existen inconvenientes en el cobro por parte de proveedores aunque “no se puede trasladar esta problemática a la falta de insumos, de comida, esta solución debe ser inmediata”.

El juez destacó que “esto es responsabilidad del Estado provincial, cuando una persona delinque el Poder Judicial si lo encuentra culpable de esa circunstancia, la manda a cumplir una pena y dentro de esa pena el Poder Ejecutivo tienen la facultad, el objetivo mismo de la pena, que es la resocialización. Dentro de ese marco y del tratamiento que le tiene que dar está lo más básico que es la alimentación”.

“La Unidad 4 no es un ejemplo a seguir respecto a un lugar de tratamiento para poder resocializar a una persona a la que se la encontró culpable y la obligación del juez ejecutivo es reinsertarlo nuevamente a la sociedad. Tiene las problemáticas que tiene toda unidad carcelaria de la provincia de Buenos Aires. Es un problema general que el Poder Ejecutivo está tratando de solucionar con diferentes alternativas y programas.

“Son unidades carcelarias que están al tope poblacional, eso dificulta todo tipo de tratamiento, el problema urgente que estamos tratando, exigiendo desde el Poder Judicial, es el faltante de comida de algunos rubros. Hay algunos que nunca han tenido problemas como carne, fideos, arroz, aceite, pero en otros sí, verduras, frutas, leche, yogurt, manteca hace bastantes años que no ha tenido ningún tipo de ingreso”, comentó el juez.

De los 520 condenados a disposición del Juzgado a cargo de Brun poco más del tres por ciento cumple su pena en sus casas. El resto lo hace en Villa Floresta o unidades cercanas a sus familias: Batán, Sierra Chica u Olmos. Entre la población carcelaria prevalecen los jóvenes de entre 20 y 30 años y entre las causas que los llevaron allí los delitos contra la propiedad.

La prisión domiciliaria puede ser solicitada por “mayores de setenta años, las mujeres embarazadas o que tienen menores de cinco años o personas que tienen problemas de salud en forma terminal, que no puedan estar dentro de un lugar de encierro, y por medio de un control del médico correspondiente -que es la pericia que estamos solicitando en este momento- termina evaluando que no es el lugar idóneo”.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresó su preocupación ante las reiteradas resoluciones judiciales que otorgan prisión domiciliaria a criminales de lesa humanidad. En la mayoría de los casos se alega la elevada edad y/o razones de salud.

Cabe destacar que ambas condiciones se deben a que la justicia ha tardado en llegar. Esto se explica en la impunidad que lograron con levantamientos contra la democracia en asonadas militares y por la claudicación de gobiernos que desconocieron los caminos más certeros de consolidación de las libertades y los derechos humanos. También en la demora judicial en llevar adelante estos procesos.

Esa impunidad les permitió gozar -jóvenes y sanos- de más de 20 años de libertad. Tuvieron ese caro privilegio que debe avergonzarnos como sociedad pues circularon como cualquiera de nosotros, cobraron sus sueldos y pensiones de retiro pagados por el erario público, disfrutaron de vacaciones y de sus familias sin ninguna restricción. Lo hicieron como ninguna de sus víctimas pudo hacerlo ni aun las que sobrevivieron, pues la impunidad de los perpetradores constituyó otra forma de revictimización y de actualización permanente del daño a los damnificados. Sus crímenes han sido contra la humanidad. La gran mayoría de ellos no ha llegado a cumplir en prisión más de 10 años, muchos menos de los que gozaron ampliamente de su libertad.

Han tenido un justo y debido proceso, y el trato dispensado por la justicia ha sido preferencial: de los 2.436 represores imputados desde 2006 por crímenes aberrantes, 937 (38,5%) fueron excarcelados por los jueces mientras tramitan sus causas y sólo 1.056 (43,3%) se encuentran detenidos. Pero de este total de detenidos, sólo 568 (54%) cumplen prisión efectiva, mientras que 462 (44%) gozan de arresto domiciliario. Es decir que sólo un 23 % del total de represores llevados ante la justicia -uno de cada 4- está efectivamente en prisión. Pero además estas detenciones se cumplen en mejores condiciones de detención y trato que las que actualmente recaen sobre el resto de los detenidos.

Como organismo de control y monitoreo de lugares de encierro la CPM corroboró que la gran mayoría de las personas que están dentro del sistema penal no acceden al debido proceso ni a condiciones dignas de detención, lo cual es inadmisible. Esto desmiente rotundamente las posiciones que sostienen que los genocidas no cuentan con todas la garantías propias del Estado de derecho y que sobre ellos pesa el mayor castigo.

Las prisiones domiciliarias son las nuevas modalidades de la impunidad, como lo son también la demora en los procesos y la menor intensidad judicial para investigar y juzgar. Porque, además, en reiterados casos se ha constatado que los inadecuados sistemas de control permiten a los represores circular tranquilamente por las calles y realizar distintas actividades o paseos.

La prisión domiciliaria dispuesta para Miguel Etchecolatz por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, condenado en 4 oportunidades por crímenes de lesa humanidad, es una muestra del deterioro del proceso de justicia. Es imprescindible sumar a todo esto las circunstancias de la segunda desaparición de Jorge Julio López, en cuya trama aún impune Etchecolatz aparece como un elemento clave a investigar.

El organismos destacó que los genocidas deben terminar sus días en la cárcel y los juicios por delitos de lesa humanidad deben acelerarse y profundizarse. “Es de estricta justicia. Instamos a los jueces y fiscales a que sigan el camino que nos honra como sociedad: verdad, justicia y memoria”.

Partidos de izquierda se movilizarán esta tarde a Plaza Rivadavia en simultáneo con una protesta que se realizará en la Plaza de Mayo con la convocatoria del sindicalismo “combativo y antiburocrático”. En Bahía Blanca será a las 18 “en solidaridad con los trabajadores despedidos de Lucaioli, La Nueva y del Supermercado Burgos frente a su inminente cierre y vaciamiento. En apoyo a la lucha docente y de todas las luchas en curso”.

Los partidos Obrero (PO), de los Trabajadores por el Socialismo (PTS), Comunismo Revolucionario (CR), Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU) y Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) manifestaron que “el tarifazo -y la reacción popular que desató- han hecho emerger el verdadero alcance del ajuste que ejecutan el macrismo y los gobernadores”.

“Macri acusa a los trabajadores de ‘derrochar energía’ pero subsidia la depredación minera, hiperconsumidora de energía, hipoteca al país con los buitres y fija topes salariales muy por debajo de la inflación. La Justicia ordenó la suspensión de los incrementos con argumentos formales pero no cuestiona el fondo del asunto; Macri y Lorenzetti pactan para ‘salvar’ el tarifazo y el gran negocio de las privatizadas. Mientras la oposición patronal (Massa, el PJ) ha saludado los topes del 400 por ciento propuestos por el gobierno, cuando las paritarias no superaron en promedio el 30 por ciento”, agregaron.

Además apuntaron a las centrales sindicales que “siguen en la tregua, garantizando que avance el ajuste y desoyendo el reclamo de plan de lucha y paro general”.

Las demandas:

1. Anulación del tarifazo, apertura de los libros de las empresas e investigación del destino de los subsidios que recibieron durante una década. Reestatización de las empresas privatizadas bajo control de trabajadores y usuarios. Garrafa social a $ 50.-

2. Contra los despidos y suspensiones, reparto de las horas de trabajo sin afectar los salarios.

3. Contra la inflación, reapertura inmediata de las paritarias, salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y cláusula de indexación automática.

4. Abolición de todo impuesto al salario.

5. Aumento de emergencia ya de 6 mil pesos para los jubilados. 82 % móvil.

Se cumplen dos meses del femicidio de Liliana Díaz a manos de su ex pareja Marcelo Camarero en Coronel Dorrego. A las 18, desde el Instituto de Educación Física adonde concurría la víctima se realizará una marcha para exigir la condena del imputado y que en el futuro “no pase lo mismo”. Participarán además familiares de la montermoseña Katherine Moscoso.

“Suponemos que (Camarero) sigue en prisión, no ha avanzado mucho la causa, la lleva la dra. Lozano, hasta ahora está en veremos qué pasa. Lo que queremos con la marcha es que se concientice, que no le den diez, siete años, y que por buen comportamiento salgan de vuelta y pase lo mismo”, dijo a FM De la Calle Sady Acosta, amiga de Díaz.

Recordó que en Dorrego “hubo el caso de Verónica Vaca que (su femicida) ya está libre por buen comportamiento. Eso es lo que no queremos que pase, que se revean las leyes. Es muy triste porque no es la primera y ojalá sea la última, ya esto debería cambiar”.

“En su momento impactó mucho, hemos hecho cuatro marchas y la gente no se adhiere, no va, fuimos veinte personas la última. Creo que la gente no se involucra por el tema de que no me pasa a mí. Lo ven ajeno, no es pariente, amigo, no es nada, entonces van pocos. A Cualquiera le podría pasar”, dijo.

 

"Me mande una cagada con la Negra", dijo a sus amigos Marcelo Camarero.

“Me mande una cagada con la Negra”, dijo a sus amigos Marcelo Camarero.

Sady y Liliana se hicieron amigas en Paraguay y se radicaron años atrás en la región. Para ella, estos dos meses fueron de “mucho dolor, se nota la ausencia, ella siempre solidaria, todos la querían, la adoraban, porque siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás”.

Por Kathy, por Mica, por todas

Ezequiel Moscoso comentó la semana pasada en diálogo con FM De la Calle que se reunió con el secretario de la vicepresidente Gabriela Michetti a quien solicitó ” que intervenga en el caso de Katherine la Policía Federal porque la de la provincia de Buenos Aires creemos que estuvo entorpeciendo el caso”.

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Del encuentro participó además Mónica Cid, madre de Micaela Ortega: “Estoy haciéndole el aguante a ella, la verdad todo esto es una vergüenza, que una mamá tenga que dormir ahí afuera mientras que los funcionarios, diputados y senadores estén calentitos y no vengan a laburar”.

“Hace ocho meses que tendría que haberse difundido la Ley de Grooming. Si la hubiesen difundido con folletería y Micaela hubiese tenido ese folletito por ahí hoy estuviera viva. Encima hoy sería el cumpleaños, esa madre está destrozada”, dijo el tío de Kathy el jueves, desde la carpa instalada frente al Congreso.

Encabezadas por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, unas cien mil personas se movilizaron el domingo en la Capital Federal, entre San Cayetano y Plaza de Mayo. Lo hicieron bajo las consignas “Pan, Paz y Trabajo” y “Tierra, Techo y Trabajo”. Exigen un salario universal complementario igual a la mitad del salario mínimo, vital y móvil.

“Creíamos que iba a tener una gran repercusión pero la realidad nos ha superado. Fue inmensa porque mucho más de la mitad de esa convocatoria, que tuvo diez mil marchantes desde Liniers a la 9 de Julio, logró enorme cantidad donde más de la mitad fue gente que fue por su propia cuenta”, balanceó ante FM De la Calle Amancay Ardura de la CCC.

Para el dirigente “esto le da además un enorme valor político por todos los reclamos de los desocupados, los precarizados, los trabajadores independientes, los cartoneros, los trabajadores en negro, más de la mitad de la población que hoy, entre los doce millones de pobres que heredamos de Cristina más dos millones en seis o siete meses de este gobierno, están en una situación muy grave”.

“Ha crecido el hambre en Argentina, los comedores y los merenderos crecen, ya no solo vienen los niños y las madres sino empiezan a venir los hombres, las changas se han cortado fruto de la recesión, de la inflación, por lo tanto ese suplemento que se hacía a partir de tener un plan social con las changas hoy se ha perdido. Este gobierno dialoga, no podemos decir que no, pero hay un problema, solo le da a esta mitad de la población un poquito mientras a las exportadoras de cereal, a los banqueros, a los fondos buitres, a los acreedores internacionales, la crema de las ramas agrarias reciben miles de millones de pesos”, agregó.

Viviana Almada informó por FM De la Calle que “a las seis de la tarde nos juntamos en San Martín y Vélez Sarfield y de ahí vamos a marchar por las calles whitenses pidiendo justicia y que se esclarezca esto rapidísimo, que no lo quieran cerrar como un suicidio. Todo White, todos los familiares y amigos sabemos que Ángel no se suicidó, lo tiraron, acá hay mucha corrupción mucha droga, por eso no se llega al final”.

La tía del joven fallecido tras caer de un puente en la localidad portuaria comentó que le “molestó mucho” que el intendente Héctor Gay no haya concurrido a la Fiscalía del dr. Gustavo Zorzano para informarse de la causa tal como había prometido.

“Él nos dio la palabra que se iba a acercar a hablar directamente con el fiscal. De hecho le dimos algunos puntos de la causa para que vea nombres y apellidos y no se acercó. Para que sepa que no estamos mintiendo, que no estamos hablando -como ellos creen- porque estamos dolidos, estamos hablando con justificación, con motivos”.

El jefe comunal había prometido evaluar la continuidad en el cargo del delegado de White, Marcelo Alonso, si aparecía con alguna responsabilidad en la investigación. “El intendente no se acercó a hablar con el fiscal, sí lo llamó por teléfono el viernes, hablaron y después salió por los medios diciendo que no se iba a meter en el tema del delegado, que iba a seguir en su puesto, que no tenía nada que ver, que la hija del delegado no había estado con Ángel. Nosotros sabemos que es mentira porque las cámaras los tomaron juntos, andaban por todos lados caminando, treinta chicos atestiguaron que salieron juntos de la fiesta, están mintiendo”.

“Tenemos audios donde el señor delegado dice que accedió a las cámaras y ahora dicen que no, ¿cómo sabemos si no las borraron si de hecho lo defienden tanto? Como familia nos queda esa duda”, afirmó.