¿Cómo hacemos lxs profesionales para aportar, entrelazar, conocimientos que adquirimos en la educación formal al campo popular sin quedar atadxs a nuestros propios deseos? De mínima creemos que actualizar este debate planteándolo en los espacios académicos es una incipiente iniciativa.

“No somos de cartón, no somos reciclables, tampoco descartables; somos cartoneras” es la premisa con la que trabajamos para construir este material sonoro que relata las historias de vida de tres mujeres cartoneras de Villa Caracol, barrio periférico de nuestra ciudad caracterizado históricamente como un barrio que, producto de las consecuencias del neoliberalismo, vive y se alimenta de la práctica del cartoneo.

Estas voces representan identificaciones distintas de lo que implica pensarse cartoneras, teniendo en cuenta sus formas de trabajo, su historia personal-colectiva y sus luchas sociales, pero encuentran similitudes en su condición primera: ser mujeres. Por eso buscamos conocer, dar a contar, cómo llega una mujer a ser cartonera, y como llega un cartonera a pensarse mujer.

Sentirnos mujeres y colectivizarnos como tales, resulta necesario para dar cuenta y denunciar que los relatos históricos nos han condenado tradicionalmente al olvido, producto de la historia oficial androcéntrica, escrita y relatada por varones. Aún cuando hubo intentos por incorporarla, en la mayoría de los casos, resultó funcional a la idea de la “complementariedad”.

Por esta razón, la historia de las mujeres se ha ido constituyendo producto del movimiento social, político, feminista; donde continuar con la tarea de nuestras compañeras para terminar con el sexismo predominante en los relatos, nos impulsa a tomar dentro de tantas tareas; documentar sobre, por y para nosotras.

En este sentido compartimos este material radiofónico para que se escuche, se comparta y fundamentalmente se utilice como una herramienta de análisis e impulso para pensar y planificar nuevas estrategias comunicacionales-educativas contribuyendo así en espacios de reflexión, diálogos, medios de comunicación, prácticas políticas, y vínculos sociales no sexistas, antipatriarcales, incomodantes y feministas.

Ficha técnica de la producción sonora

Autoría: Paula Mailen Ercoli

Edición y Artística: Emiliano Randazzo

Memorias del proceso de tesis

Director: Pablo Becher

El Concejo Deliberante aprobó por mayoría el rechazo institucional a los dichos discriminatorios hacia sectores vulnerables esgrimidos por la vicepresidenta del Consejo Escolar, Adriana Perdriel. Además exigieron al intendente Héctor Gay que defina públicamente su postura al respecto. Cambiemos sacrificó la credibilidad de su propio bloque en el organismo educativo para apoyar a la funcionaria cuestionada.

Más temprano, el jefe comunal destacó en su discurso inaugural de las sesiones ordinarias, la creación de la subsecretaría de Formación y Promoción Educativa porque “estamos convencidos de que a través de la educación vamos a encontrar más fácil la salida a una problemática social, cada día, más compleja”. Nada dijo sobre su frustrada candidata a presidenta del Consejo Escolar.

Gustavo Mandará (FpV) lamentó la falta de unanimidad porque “uno no puede sino pensar que quienes no apoyan este rechazo están coincidiendo con el lamentable pensamiento de esta consejera escolar”. El concejal recordó que Gay encabezó la lista por la cual fue electa Perdriel y por eso le piden que defina si “convalida o no convalida” las expresiones.

“Uno de los fundamentales ejes de su gestión es atender a las políticas sociales, políticas sociales que puedan brindar más y mejores posibilidades precisamente a los sectores más vulnerables, sectores más vulnerables que entiendo yo han sido tan castigados por políticas de gestiones provinciales anteriores bastante erradas”, respondió Fernando Compagnoni (PRO).

El presidente del Frente para la Victoria se preguntó “¿qué compromiso social se puede esperar de quienes piensan que quienes tienen hambre tienen que consumir cualquier cosa? Por eso urge que el intendente, como jefe político del movimiento al que pertenece Adriana Perdriel tome postura pública. Y no pedimos la renuncia de esta consejera escolar porque no nos corresponde (…). Lo que aquí estamos viendo es la gota que rebalsa el vaso de una lamentable y desafortunada sucesión de dichos penosos”, agregó.

“No podemos acompañar este proyecto en los términos en los que el mismo fue presentado y ha sido planteado en este recinto. Sin embargo, queremos dejar sentada la postura pública que de ser ciertas las expresiones que supuestamente se le endilgan a la consejera escolar que ha sido citada, las mismas no representan la visión de este bloque Cambiemos”, dijo Compagnoni.

acta perdriel efemedelacalle
Para eliminar falsas dudas, Betiana Gerardi recurrió a las actas del Consejo Escolar, firmadas por los bloques opositores, lxs representantes de Cambiemos y por la propia Perdriel, aunque en disconformidad: “La consejera Carestía comenta que recibió un llamado del Jardín 953 respecto a la calidad de la leche distribuida por el municipio, la directora expresa que la leche no es de buena calidad. Inmediatamente la consejera Recalde trae dos paquetes de leche en polvo Quelech y Lechelista que fue a buscar a dicho jardín para ser degustado por el cuerpo de consejeros. La consejera Rauch mira el envase de los paquetes, lee las características nutricionales y evidencia que están elaborados en Santa Fe. Las consejeras Godio y Olivares manifiestan que es la misma leche que entregaban años anteriores”.

“La consejera Perdriel ante esta situación afirma que el que tiene hambre tiene que comer o tomar lo que hay, si la leche no es de calidad tienen que tomarlo igual. Estas son las frases que constan en actas, constan también en actas la frase ‘la delincuencia la lleva en la sangre’ -refiriéndose a unos alumnos- también consta en actas del día de ayer, cuando se le lee esto mismo para que ella haga su descargo, dice ‘tal vez también mal dicho aseveré: el hambre no tiene marcas'”.

Finalmente detalló que en la última sesión se analizó la problemática de “nueve hermanitos en situación de riesgo y vulnerabilidad escolar” y cuando se le preguntó a la vicepresidenta “¿qué podemos hacer con estos chicos?”, su respuesta fue: “Atarle las trompas a la madre”.

Para Miriam Iantosca (IC), Perdriel “lanzó una frase desde su percepción, pero recordemos que la percepción está ligada a la acción y eso es lo que hace ruido por su función, porque no es saludable para el lugar donde está. Queremos escuchar la voz del intendente, queremos saber qué es lo que piensa (…), sabemos del dolor que debe tener la consejera pero nos parecieron insuficientes sus disculpas”.

Mandará afirmó que las manifestaciones repudiadas son inaceptables aun como ejercicio de la libertad de pensamiento. “Un viejo profesor de ética de la UNS cuando le preguntaron una definición sobre ética (…) dice, ética es aquello que indica que sobre gustos puede ser que no haya nada escrito pero comer caca está mal, eso es ética”. Por ejemplo, “la violencia de género está mal”, “la intolerancia religiosa está mal”, “el maltrato animal está mal” y “en el mismo sentido uno no puede aceptar que no se respete la dignidad humana por libertad de pensamiento, y mucho más cuando se trata de un funcionario público”.

“Es inaceptable que una persona que ocupa un cargo para el cual fue elegida y su función recae en la educación pública tenga expresiones tan desafortunadas hacia un sector tan vulnerable en nuestra ciudad. Voy a decir lo que decimos los docentes en este caso: con los chicos no”, sentenció Gerardi.

El bloque de Cambiemos del Consejo Escolar avaló con sus firmas los dichos de Perdriel. Sus pares del Concejo Deliberante aun los ponen en duda.

El bloque de Cambiemos del Consejo Escolar avaló con sus firmas los dichos de Perdriel. Sus pares del Concejo Deliberante aun los ponen en duda.

Mala leche: docentes pidieron la renuncia de Perdriel

Mala leche: “El que tiene hambre de verdad come cualquier cosa”

Mala leche: ahora “el que tiene hambre toma cualquiera”

Dos demonios sobrevuelan el Consejo Escolar

Las conducciones local y provincial del Suteba exigieron la renuncia de la vicepresidenta del Consejo Escolar, Adriana Perdriel, por los dichos discriminatorios y “lombrosianos” que esgrimió durante las últimas sesiones del cuerpo respecto a que hay niñxs que “la delincuencia la llevan en la sangre” o “que el que tiene hambre tiene que comer o tomar lo que hay”.

En el ámbito local, la Comisión Ejecutiva del Suteba Bahía Blanca reclamó “la inmediata renuncia al cargo para el que fue electa” la funcionaria dado que “es inaceptable que alguien que ocupe un cargo por el cual debe ocuparse de la educación pública crea que hay niños que ‘la delincuencia la llevan en la sangre’ o ‘que el que tiene hambre tiene que comer o tomar lo que hay’ y ‘si la leche no es de calidad tienen que tomarla igual’. Consideramos que el desprecio hacia quienes padecen situaciones de pobreza y marginación como producto de la injusticia estructural es incompatible con el desempeño en un cargo de consejera escolar”.

Las maestras y los maestros bahienses exigieron también que el intendente Héctor Gay y el bloque de concejalxs de Cambiemos “den respuesta en este sentido, ya que se trata de una representante del mismo partido”.

En tanto, la conducción provincial del gremio emitió un comunicado solicitando el “inicio de auditoría en Bahía Blanca para verificar las irregularidades mencionadas” y se sumó al pedido de renuncia de Perdriel “por incumplimiento de sus responsabilidades”.

“Desde nuestra organización históricamente demandamos el cumplimiento del derecho social a la educación y nuestras luchas fueron motorizadas por este reclamo. Compartir esta concepción implica el cumplimiento del Estado como garante del mismo desde las políticas públicas y su financiamiento. En todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, cada Consejo Escolar tiene esta responsabilidad principal e indelegable, siendo electos por el voto directo del pueblo a tal fin”, afirmaron.

Agregaron que “también están quienes entienden que un derecho debe convertirse en una dádiva, lo que es política socioeducativa en asistencialismo para los más vulnerados transformado en políticas de sometimiento y disciplinamiento social al aparato estatal y político”.

“Estas cuestiones se desprenden de los dichos de Adriana Perdriel, vicepresidente del Consejo Escolar de Bahía Blanca, que avala la corruptela de empresa privadas prestadoras del estado en los comedores escolares y justifica su propia inoperancia como supervisora del funcionamiento del SAE, además de considerar que nuestros alumnos no son sujetos de derecho, sino clientela que debe conformarse con lo que le dan, incluso alimentos vencidos. ¿Cómo puede ser que un funcionario que debe representar al Estado en su territorio tenga concepciones lombrosianas del Siglo XIX y concepciones discriminatorias respecto de aquellos a los que debe representar?”, finalizaron.

Más información:

Mala leche: “El que tiene hambre de verdad come cualquier cosa”

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Mañana a las 10, el gobierno de Mauricio Macri deberá responder ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los decretos firmados durante el primer mes de su mandato, que significaron un avasallamiento contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, desconociendo los estándares elaborados por el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos. La audiencia se concedió tras un pedido del CELS y un grupo de organizaciones que integran la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD).

El debate será seguido en vivo desde el auditorio del anexo A del Congreso de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires y en varios puntos en todo el país. Para la audiencia que se realizará en Washignton, los peticionantes enviarán una comitiva encabezada por Horacio Verbitsky e integrada por representantes de los distintos sectores que integran la CCD: por los organismos de derechos humanos, Damián Loreti (AMARC-CELS); por los medios comunitarios, Néstor Busso (FARCO-ALER); por el sector universitario, Daniel Badenes (UNQ-REDCOM); por los medios pyme, Osvaldo Francés (ARBIA) y por el movimiento cooperativo, Oscar Nocetti (Cooperativa Popular Eléctrica de Santa Rosa, La Pampa-CCD). También acompañarán la rectora Ana Jaramillo (UNLa) y el investigador Martín Becerra (UNQ), especialista en temas de economía de los medios y ex asesor del Directorio del AFSCA por el radicalismo.

“Es una comitiva multisectorial y plural, que expresa que esta no es la lucha de un sector político sino de un amplio sector de la sociedad que entiende a la comunicación como un derecho humano y no como un negocio”, sostuvo Badenes, quien también es vicepresidente de AReCIA. “Llegamos a la CIDH por el avasallamiento de la ley audiovisual, que fue ejemplar, pero mucho de lo que vamos a decir también vale para el sector gráfico: para asegurar la libertad de expresión hay que poner límites a la concentración, a las posiciones dominantes, y tener un estado que fomente los medios populares y no sea garante de las corporaciones”.

Hace un mes, el auditorio del Congreso fue testigo del lanzamiento de los Nuevos 21 Puntos durante el Congreso de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), con más de 500 representantes de 16 provincias, legisladores y organizaciones políticas, sindicales y de la comunicación.

La audiencia podrá seguirse desde este sitio, el de la coalición -www.coalicion.org.ar- o a través del aire de FM De la Calle 87.9Mhz.

Si vos, tu organización o alguien cercano no firmó aún los Nuevos 21 Puntos, en este vínculo está el formulario:http://goo.gl/forms/tBjo6aChDX ¡Compartilo!

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La CTA Autónoma, Consumidores Libre y la Defensoría de la Tercera Edad porteña  convocaron a boicotear a las grandes cadenas de supermercados de todo el país mañana con el fin de expresar un claro mensaje hacia estos formadores de precios que fomentan la inflación y el abuso de los precios.

Bajo la consigna “#SúperVacíos”, la iniciativa apuesta a que sea la población, al no realizar compras, la que exprese un contundente mensaje a quienes remarcan a diario los alimentos como la leche, la carne, el pan y demás productos básicos en la mesa de cualquier familia, por un lado, pero también para quienes tienen la responsabilidad de gobernar y no toman medidas al respecto.

“Los ‘súper vacíos’ darán el mensaje pacífico pero elocuente, de una ciudadanía cansada ante la inflación y la suba permanente e indiscriminada de precios. Sabemos que no comprar durante un día no es la solución, pero estamos convencidos que va a ser un mensaje muy claro a los grandes comercios que abusan de nosotros y también para quienes gobiernan”, afirmaron las organizaciones convocantes.

Nueva imagen

La vicepresidenta del Consejo Escolar, Adriana Perdriel (PRO), aseguró que se “replicó de una forma errónea y descontextualizada” su manifestación sobre la calidad de la leche que el municipio entregó a los jardines de infantes. “El que tiene hambre de verdad come cualquier cosa” fue la frase que el consejero Raúl López pidió que conste en actas tras la última sesión y generó el repudio generalizado contra el oficialismo bahiense. En su descargo, Perdriel pidió disculpas y dijo lo mismo con palabras distintas.

La directora rural se vio obligada a explicar “los supuestos dichos que fueron emitidos por mi persona” y relató que “el día miércoles 30 de abril (sic), durante la sesión del Consejo Escolar, se discutió sobre las denuncias que se habían recibido por el mal olor y sabor de la leche en polvo que se les daba a los alumnos. Se exhibieron dos paquetes del producto, uno marca ‘Qlech’ y otro ‘Lechelista’ y se preparó un vaso. Hubo al menos un consejero que la probó y mencionó que estaba en buen estado y que además cumplía con el aval de Senasa y tenía todas las propiedades en su envase especificado”.

“En ese contexto, fuimos varios consejeros los que esgrimimos que no nos gustaba la leche en polvo, independientemente de la marca. Ante el agravio de uno de los presentes hacia la gestión del espacio político al cual pertenezco, contesté ‘bueno, el que tiene hambre toma cualquiera’, refiriéndome siempre a las marcas de la leche, que era de los que estábamos hablando”, ratificó.

“Sigue haciendo méritos”

susana rodriguezEn diálogo con FM De la Calle, la presidenta del Consejo, Susana Rodríguez, dijo esta mañana que “en ningún momento probamos la leche ‘Quelech’, la que probamos en sesión fue la ‘Lechelista’, la que tenía un color y un sabor espantoso, la que los chicos no habían querido tomar. ‘Quelech’ es una leche que tenía el jardín que no sé si la repartieron ahora o el año pasado”.

En cuanto a la respuesta municipal (ver abajo), la funcionaria sostuvo que “es un análisis pero la leche tiene feo olor y feo gusto y cuando la ponen a hervir -porque no es solo un jardín, son varios, con muchas auxiliares que son las que preparan el desayuno- la leche se hace como una grasa, se separa y se hace como unos grumos. Es una leche de mala calidad, podrá tener los nutrientes pero no es de buena calidad”.

Rodríguez comentó que desconocen si hubo licitación aunque “seguramente se elige la leche esta porque sale treinta pesos menos que cualquier leche de primeras marcas, creo que hablaban de treinta y seis o cuarenta pesos cuando cualquiera otra leche está ochenta”.

En cuanto al comunicado de su vice, la consejera se preguntó: “Si yo digo ‘el que tiene hambre come lo que le dan’, ¿cómo puedo sacar de contexto esa frase? Yo escuché su descargo y creo que además de decir una frase muy desafortunada como la que dijo, ahora suma que nos trata a todos nosotros de mentirosos, sigue haciendo méritos, nosotros no agraviamos a nadie, lo único que estábamos haciendo era traer a la sesión -que es el lugar donde se charlan todos los temas de lo que hacemos en el Consejo Escolar- lo que le habían dado a una consejera, la leche para que la probaran, y las quejas que habían surgido de los nenes”.

“Es lamentable porque es un docente. Por ahí alguien que no está en docencia, que no ha caminado las escuelas, que no ha vivido con los chicos y no ha vivido muchas veces el hambre de muchos chicos, no sabe, entonces por ahí uno le puede perdonar algunas cosas. Pero los que somos docentes y que estuvimos en las escuelas y sabemos lo que es a las ocho de la mañana cuando el nene te tira del guardapolvo para preguntarte si hay chocolatada, té con leche o mate cocido solo, porque realmente tiene hambre, eso es más preocupante todavía”, agregó Rodríguez.

Fea pero saludable

ppierdominici jouglarLa Municipalidad presentó ayer los resultados del análisis físico, químico y bacteriológico que realizó a una muestra de Lechelista. El secretario de Políticas Sociales, Fabio Pierdominici, y Mario Jouglard, a cargo de Bromatología y Protección de la Salud aseguraron que el producto “no presenta ningún prejuicio para la salud”.

Jouglard explicó que “de manera colaborativa procedimos a hacer un análisis de rutina. Se evaluaron las características organolépticas, olor, sabor, color, cómo se dispone el alimento y a nuestro criterio es correcto. No percibimos ningún sabor anormal, salvo el característico del alimento, se hicieron los análisis físico-químicos de rutina que dieron bien y el análisis micro-biológico no presenta ningún patógeno de riesgo”.

“La muestra analizada presenta olor y sabor característicos. La solubilidad del producto se incrementa con la temperatura, la materia grasa corresponde a lo declarado en el rótulo. En el análisis bacteriológico no se observó el desarrollo de las bacterias patógenas exigidos por el artículo 1340, de Alimento Dietético o Alimentos para Regímenes Especiales (Alimentos que se consumen después de añadir un líquido), y se notificó a la empresa de la queja recibida”, interpretó Bromatología.

(Por Francisco J Cantamutto) Se desató esta semana un nuevo escándalo mundial por la filtración de documentos de sociedades offshore en Panamá. Escándalo político y ético que involucra a Macri.

A fines del siglo XIX los isleños de Gran Caimán salvaron a los tripulantes de un navío inglés encallado, y por esa acción, el rey Eduardo III los eximió para siempre del pago de impuestos. Así se resume la historia del primer paraíso fiscal, atando en el mismo relato la expansión de ultramar, el colonialismo y las necesidades del capital. El problema se ha vuelto mucho mayor en este siglo XXI. El escándalo estalló esta semana con la filtración de 11,5 millones de documentos secretos del estudio jurídico Mossack Fonseca (cuarto creador de sociedades offshore a nivel mundial) sobre la actividad empresarial en Panamá, entidad clasificada como paraíso fiscal en casi cualquier índice que se consulte. Entre 140 políticos en el mudo, apareció el nombre del Gerente de la Nación Mauricio Macri.

¿Qué son los paraísos fiscales?

Hay acuerdo en que… no está claro. Algunas organizaciones prefieren hablar de jurisdicciones de secrecía, para enfatizar el rasgo central. Se pueden enumerar 4 características:

  1. Laxa regulación financiera. Se permite realizar múltiples actividades económicas casi sin control alguno. Esto implica no sólo la facilidad para constituir y desmembrar sociedades casi sin requisitos, sino el énfasis en el secreto bancario, razones que facilitan la llegada de dinero cuyos dueños no quieren preguntas.
  2. Baja o nula tributación. Estas jurisdicciones usan la baja fiscalidad para atraer inversiones, lo que implica que una facilidad para evitar pagar impuestos en sus países de origen y en los que actúan.
  3. Carácter de enclave. Muchas veces las facilidades de los puntos anteriores aplican sólo para no residentes, estableciendo un doble estándar difícil de justificar con los residentes. El enclave significa que estas actividades no generan encadenamientos en el resto de la economía, más allá de su ínfimo impacto en el empleo. Se produce así una dualidad en la jurisdicción a todo nivel.
  4. Autarquía de la jurisdicción. No necesariamente se trata de países, muchas zonas de secrecía son provincias o territorios de ultramar (colonias). Sólo requiere la posibilidad de definir reglas de tributación y regulación de la actividad económica. El caso más conocido por los fraudes en Argentina es el del Estado de Delaware, en Estados Unidos.

La proliferación de estas zonas de secrecía tiene directa relación con la mundialización del capital en la etapa abierta a fines de los años ’70. A partir de allí, la desregulación financiera y comercial ha sido la regla, fomentando la competencia entre países para atraer inversiones en condiciones cada vez más ventajosas para los capitalistas y con menos impacto en la economía “huésped”. Esta lógica aplica en general para la inversión extranjera: incluso la CEPAL –de postura favorable a la atracción de esta inversión- ha indicado en sus últimos informes que este pasivo implica salidas sistemáticas para la región que llevan a sobrepasar el monto de los ingresos. Si en nuestro país tenemos discusiones sobre qué efecto positivo puede conllevar el incentivo a las inversiones, por ejemplo, en la megaminería, estas dudas se expresan con más claridad en estas jurisdicciones: elevados beneficios para los inversores y muy poco para los receptores.

Aún con estas  características básicas, las estimaciones son difíciles de realizar. La organización de justicia impositiva (Tax Justice Network) encuentra 72 paraísos, mientras que la OCDE, bajo la presión de las principales potencias, detectó en 2009 la existencia de apenas 42. La mirada de esta organización evita pronunciarse de manera contundente sobre las prácticas de secrecía en países desarrollados. La base de datos del Índice de Secrecía Financiera estimó un ranking que consideró no sólo la falta de regulación sino el peso de cada paraíso, y muestra en primer lugar a Suiza, seguido por Hong Kong y Estados Unidos. Luxemburgo ocupa el sexto lugar, Alemania el octavo, Japón el 12° y Reino Unido el 15°. Es decir, no se trata de pequeños países sin recursos.

Aunque la secrecía impide estimaciones precisas, hay algunos datos contundentes. La OCDE señala que el 84% de los fondos que operan en estas jurisdicciones tiene origen ilegal. Es decir, se trata del lugar de lavado de dinero sucio proveniente del tráfico de armas, narcóticos, personas, órganos, corrupción. Entre los países dependientes, sin embargo, la proporción parece invertirse: según la ONG Global Financial Integrity de los 1,1 billones de dólares salidos de estos países durante 2013, el 83% corresponden a manipulaciones de precio por parte de empresas trasnacionales. Esto significa subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones por operaciones internas a la propia empresa, lo que se conocen como precios de transferencia del comercio intra-firma (el 60% del comercio mundial). Es decir, no sólo delincuentes utilizan estas zonas, sino también “respetables” empresas de renombre. Ese año salieron de Argentina 17.171 millones de dólares, suficiente para cubrir todo el déficit fiscal. El experto Jorge Gaggero ha estimado que los montos de fuga de dólares al exterior han estado asociados al endeudamiento externo, lo que quiere decir: la deuda –como la que quiere tomar el gobierno-va fundamentalmente a financiar estas salidas.

Doble moral, y doble ganancia

El uso de los paraísos, entonces, conlleva una fuerte sospecha de ilegalidad junto a la certeza de elusión de impuestos. Aunque podemos dudar sobre lo primero, sobre lo segundo no hay ambigüedad. El peso del escándalo de los Papeles de Panamá recae entonces por varias vías sobre el actual presidente Mauricio Macri. El mismo aparece sindicado como director de la empresa Fleg Trading Ltd. entre 1998 y 2008, y de una segunda llamada Kagemusha, constituida en 1981 y aún en operatoria. En ambos casos, Macri eludió presentar este dato en sus declaraciones juradas como servidor público: siendo diputado desde 2005, jefe de gobierno porteño entre 2007 y 2015 y actual presidente, se trata de una omisión sospechosa. En primer lugar, porque no queda si participó como accionista –debido a que las acciones están sin nominar-, en cuyo caso correspondía informarlo. En segundo lugar, hay una zona gris legal en la AFIP respecto de si debía declarar su rol como director, pero no hay dudas al respecto si por esa actividad tuvo algún tipo de ingresos: ¿es acaso creíble que sea director por más de 3 décadas de una empresa que no le retribuye un centavo? En ambos casos, Macri habría infringido la ley. Hasta el momento, no ha ofrecido pruebas que respalden sus comentarios en la materia.

Pero aún si no violó la ley, caben objeciones de orden político y ético. Por lado, Cambiemos ha enfatizado la necesidad de reducir el déficit fiscal, recortando subsidios y planes sociales, volcando el ajuste sobre los sectores más vulnerables. En el mismo sentido ha justificado los masivos despidos en el Estado, entre los cuales están los más de 100 de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), dedicada a investigar estas prácticas ilícitas. Y sin embargo, mostrando un doble estándar de moral entre discurso y práctica, Macri decide colocar sus recursos en un paraíso fiscal, evitando pagar impuestos en el país. Es decir, una injusta exención impositiva para quienes fugan recursos de nuestra economía. Por otro lado, resulta también reñido con el objetivo declarado de atraer inversiones la práctica de hacer sus propias inversiones en estos paraísos: ¿qué clase de confianza busca infundir entre sus colegas si él mismo no está dispuesto a invertir su riqueza en su país?

Macri no parece esforzarse en justificarse, como buen empresario. Tanto los despidos en la UIF como la rápida y profunda desregulación del mercado cambiario (que incluyen el levantamiento del “cepo”) van en la línea de habilitar más de estos desmanejos e ilícitos empresariales. No se trata de un efecto lateral, es el proyecto mismo de Cambiemos.

Un grupo de consejeros y consejeras emitieron un comunicado manifestando su rechazo a la resolución emanada de la Dirección General de Cultura y Educación que “autoriza a los Consejos Escolares a coordinar acciones temporales con los municipios y organizaciones de la sociedad civil para atender las tareas de limpieza y mantenimiento de los establecimientos escolares afectados por medidas gremiales”.

La nota está firmada por la presidenta Susana Rodríguez, el tesorero Raúl López, el prosecretario Matías Rundau y lxs vocales María Teresa Carestía, Carolina Recalde y Atilio Gianonni, quienes “por convicción nunca apoyaremos medidas que atenten contra los derechos de los trabajadores, ni que propicien a privatizar o municipalizar las tareas que los empleados de las escuelas públicas deben realizar”.

“Estas deben cumplirse en condiciones dignas de trabajo y con salarios que les permitan afrontar el clarísimo deterioro del poder adquisitivos de los trabajadores provocados por las medidas que este gobierno a implementado recientemente. Creemos que el Gobierno debe extremar los medios para solucionar la situación con los trabajadores, como así también realizar las inversiones y el pago de todas las erogaciones correspondientes para garantizar el normal funcionamiento de las instituciones, respetando el carácter de la educación tal como lo establece la Constitución Nacional: pública, gratuita y laica. Cuando cualquiera de estas condiciones se vea afectada, ahí estaremos para defender la escuela que todos queremos”, advirtieron.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado realizó ayer asambleas comunitarias en toda la provincia “en defensa de la educación pública” y repudió “la contratación de empresas de limpieza en las escuelas, evidenciando la mentira que nos dicen ‘no hay plata’, la hay lo que no quieren es invertir en educación, la quieren gastar en empresas ineptas amigas del poder”.

En Bahía Blanca lxs estatales debatieron sobre los últimos decretos de la gobernadora Vidal, que “buscan reglamentar la profundización del ajuste en la provincia, dándole poderes a sus ministros y secretarios con facultades que eran del Poder Ejecutivo, pero la firma del decreto 230/16 no sólo delegó tareas, sino que allanó el camino para avanzar en despidos masivos, como sucede por estas horas en el Estado Nacional”.

“En materia de personal los funcionarios ahora tendrán atribuciones para ampliar suspensiones preventivas y disponibilidades relativas, otorgar licencias, disponer ascensos, traslados de agentes dentro de cada jurisdicción y consignar ‘calificaciones del personal'”, afirmaron e informaron que se mandató al Consejo Directivo Provincial de ATE a continuar el plan de lucha con un paro de 48 horas y asamblea en Consejo Escolar.

La concejala Miriam Iantosca (IC) solicitó al intendente Héctor Gay que convoque “urgente” a la Comisión de Seguimiento y evaluación de la ordenanza referida a la caducidad para la explotación y toda otra actividad que promueva el proxenetismo, la trata y explotación de personas.

“En el 2015, el 8 de julio, desde este Concejo salió un pedido de informes pero estábamos acostumbrados a que en la anterior gestión las minutas y los pedidos no se respondían, en estos cien días de gestión hemos hecho algunas consultas en forma personal y tampoco he tenido respuestas a si se conformó la autoridad de aplicación y no se conformó esta comisión”, dijo Iantosca a FM De la Calle.

La norma establece la creación de una Comisión de seguimiento y evaluación con representantes del Ejecutivo Municipal, el Concejo Deliberante, de organizaciones de la sociedad civil vinculadas directamente a la problemática, del Consejo del Menor y de la Familia, de la justicia federal, y de la Unidad Fiscal de delitos sexuales del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Según IPC Online la tasa de inflación bahiense de marzo muestra un aumento de 2,54% respecto a febrero. El alza de precios acumula en 2016 un 8,60% y un 31,82% en relación a los últimos doce meses. “La tasa de variación de los precios sigue mostrando valores relativamente bajos comparados más con los niveles de 2015 que con los aumentos pronunciados que realizaron en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las semanas registraron variaciones positivas aunque la primera explica más de la mitad de toda la inflación intersemanal”.

Las subas alcanzaron a todos los capítulos “empezando por un muy marcado Atención médica y gastos para la salud (9,56%), seguido de Transporte y comunicaciones (3,32%), Alimentos y bebidas (2,86%), Otros bienes y servicios (2,61%), Esparcimiento (2,21%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,11%) Vivienda y servicios básicos (0,49%), Indumentaria (0,46%) y Educación (0,25%)”.

De los 7.839 productos relevados el 27% registró alzas, el 7% registró bajas y el restante 66% no registró variación. Específicamente, las mayores alzas se registraron en el precio de frutas, verduras, libros escolares, y pastas dentales todas con subas superiores al 50%. Asimismo se registraron alzas en las cuotas de obras sociales que arrastraron al capítulo de Atención médica y gastos para la salud. Las bajas fueron preeminentes en algunas frutas y panificados con bajas del 50%.

Por otra parte, IPC Online difundió recientemente los resultados del “Índice de costo de vida universitaria” para el mes de febrero. En este caso, “la canasta de bienes y servicios es mucho más acotada, siendo su composición diferente excluyendo, por ejemplo, todos los bienes y servicios relativos a niños y educación primaria y secundaria. En segundo lugar, los lugares de donde se releva la información se encuentran geográficamente cercanos a las áreas residenciales universitarias. Por último, se asigna una importancia diferente a la variación de precios de diversos bienes y servicios comparados con el consumo de una familia”.

“En febrero casi todos los capítulos mostraron alzas, siendo las más acusadas fue Otros gastos (7,10%), Higiene personal y de la vivienda (6,16%), Transporte (5,19%), Alimentación (3,71%), Vestimenta (2,59%), Gastos de educación (1,47%), Gastos de salud (0,96%). El capítulo Deportes y recreación no registró variaciones y finalmente, Alojamiento y vivienda registró una leve baja -0,15% impulsada levemente por el costo de conexión a Internet en velocidades bajas”, concluyeron.

Un informe especial del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca Argentina (CREEBA) -ente financiado por la Bolsa de Comercio- asegura que el aporte del sector educativo a la economía local en 2015 fue de 2070 millones de pesos. La mayor proporción proviene de los establecimientos de gestión pública, en particular en los niveles inicial y primario.

Según datos de la provincia de Buenos Aires, la ciudad cuenta con más de 400 establecimientos educativos en todas las ramas y modalidades que captan casi cien mil alumnxs en total. Aproximadamente un cuarto de las instituciones es de gestión privada.

En el sector enseñanza el principal aporte a la economía de la ciudad viene dado por la cantidad de empleo que genera, tanto en las actividades propias de docencia como en las actividades de los auxiliares de la educación que brindan apoyo indispensable para el funcionamiento de los establecimientos educativos, como es el caso de preceptorxs, personal de maestranza, mantenimiento o limpieza.

Existen diferentes maneras de remunerar el trabajo de lxs educadorxs: en algunos casos se paga el cargo docente, en otros casos se efectúa de acuerdo a las horas cátedra (40 minutos de clase) que cada docente tiene en los distintos establecimientos educativos, de modo tal que el salario que pueden obtener mensualmente se relaciona con la carga de actividad que cada profesor/a tenga. También existe el pago tomando como unidad de cuenta el módulo, que es similar al caso de las horas cátedra pero la duración de la actividad del profesor/a frente al curso es de 60 minutos. En esta última situación el pago que reciben lxs docentes también se vincula con la cantidad de módulos que dicten en cada establecimiento, por lo que pueden encontrarse situaciones muy dispares entre sí.

Tanto las horas cátedra como los módulos son unidades de medida que no constituyen en sí mismas puestos de trabajo y se utilizan como método de remuneración a docentes. En consecuencia, debe distinguirse la carga docente que corresponde a puestos de trabajo efectivos, por un lado, y la cantidad de horas cátedra y módulos por el otro, ya que representan diferentes maneras de contabilizar la demanda de trabajo por parte del sector.

Como regla general podría señalarse que en los sectores inicial y primario se remuneran principalmente cargos docentes mientras que en los niveles medio y terciario se utiliza como unidad de medida del empleo la hora cátedra y el módulo.

Vistas las particularidades en los métodos de remuneración adoptados en la enseñanza se puede inferir que una vez efectuadas las estimaciones se logra un resultado claro acerca de la masa salarial generada dentro del sector pero una idea más difusa sobrede los puestos efectivos de trabajo que se están creando.

La mayor parte del empleo en el sector enseñanza corresponde a los establecimientos de gestión pública, en especial en el caso de docentes donde se ocupan cerca de cinco mil personas en todo el partido de Bahía Blanca, para todas las modalidades. Con respecto a las horas cátedra se observa una distribución más homogénea entre la gestión pública y privada y en total se remuneran cerca de 33 mil horas cátedra al mes. Finalmente, el total de módulos que dictan lxs docentes es superior a los 25 mil mensuales. Estas estimaciones surgen de la información obtenida de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia y de la Dirección Provincial de Educación General de Escuelas Privadas.

La remuneración al personal docente en educación inicial, primaria y secundaria para todas las modalidades durante 2015 supera los 1.000 millones de pesos.

En los establecimientos de gestión pública se genera el 75% del aporte total principalmente por los pagos a docentes. En el caso de la retribución por horas cátedra el aporte en el subsector de gestión pública es similar al del subsector de gestión privada, mientras que en los pagos por módulos hay una mayor incidencia en el subsector de gestión pública.

Además de los niveles inicial, primario, secundario y superior no universitario comentados anteriormente hay en Bahía Blanca establecimientos universitarios que deben ser tenidos en cuenta al momento de estimar la contribución de dicho nivel a la economía bahiense.

Cuando se estima el impacto sobre el empleo hay que calcular separadamente el aporte que corresponde a profesores y auxiliares que se dedican exclusivamente a la actividad universitaria, el que surge de quienes tienen dedicación semiexclusiva y también el correspondiente a aquellxs que tienen dedicación simple. Tal diferenciación define si se trata de empleos de tiempo completo (dedicación exclusiva) o parcial (dedicación semiexclusiva o simple).

Las universidades informaron que durante 2015 hubo 700 docentes con dedicación exclusiva, 300 con dedicación semiexclusiva y cerca de 2300 con dedicación simple. En todos los casos las cifras incluyen profesorxs como auxiliares.

El aporte de las remuneraciones docentes en la totalidad de los niveles educativos para 2015 es cercano a los 1600 millones de pesos.Además de los recursos docentes el sector enseñanza también genera empleo a través de todas las actividades de apoyo en los distintos niveles y en todas las modalidades. El gasto en remuneraciones para dicha categoría durante 2015 es cercano a los 500 millones de pesos, lo que comprende a no docentes que se desempeñan en todos los niveles y modalidades.

En resumen, los resultados totales para el 2015 indican que el valor agregado del sector enseñanza a la economía de Bahía Blanca, teniendo en cuenta todas las ramas y todas las modalidades y contemplando el empleo docente y no docente, es de 2070 millones de pesos.

Se espera hoy una masiva adhesión al paro nacional de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. En Bahía Blanca se concretará con una concentración en Plaza Rivadavia a las 10 convocada por SUTEBA, ADUNS, FEB y SADOP. Luego de un homenaje a Carlos Fuentealba y una clase pública a cargo de docentes universitarios, maestrxs y profesorxs marcharán al rectorado de la UNS y al Consejo Escolar.

“Las tizas no se manchan, la lucha continúa” advierte una de la consignas de la jornada que evidencia la impunidad política y material del fusilamiento del maestro neuquino Carlos Fuentealba ocurrido el 4 de abril de 2007 durante una protesta gremial contra el gobierno de Jorge Sobisch.

La secretaria de SUTEBA Bahía Blanca, Gabriela Delfino, dijo a FM De la Calle que “nada está resuelto en educación” y eso se manifiesta en el ámbito local en las numerosas falencias en infraestructura, los recortes en los comedores escolares, el fin del Plan Más Vida y la mala calidad de la lecha entregada por el municipio a los jardines. “Es como que vamos sumando cosas”.

Respecto a lo salarial, “en la provincia de Buenos Aires si bien hubo un acuerdo lo que no quedó escrito y que por los dichos del gobierno no se va a respetar es la posibilidad de reabrir la paritaria, vamos a terminar de cobrar lo acordado en septiembre, al nivel que se está dando lo inflacionario y los aumentos que vamos a percibir con el tema de la tarifa de los servicios, nuestro aumento va a quedar disminuido. El acuerdo que se hizo desde la CTERA para toda la Argentina, para que todos los docentes cobraran un mínimo de 8500 pesos tampoco se está pudiendo sostener”.

En Tierra del Fuego, Santa Cruz, Mendoza y Santiago del Estero los gremios docentes continúan en conflictocon sus gobiernos. “En dos de ellas están poniendo a prueba algunas cuestiones que nos preocupan, en Mendoza el Ítem Aula claramente es un retroceso y un ataque a los estatutos provinciales porque intenta unir el presentismo a la situación de tratar de dividir dentro de las escuelas lo que cobran los docentes. Quienes están a cargo de niños, dentro del aula, van a tener la posibilidad de cobrar más que aquellos que no lo estén”.

“Pero el aumento está ligado al presentismo, aquel docente que no falte durante determinada cantidad de días lo percibiría, por ejemplo, una docente que sale por licencia por maternidad no estaría en condiciones de percibir esta bonificación. En la provincia de Buenos Aires ya hemos tenido el tema del presentismo que ascendía en su momento a casi una tercera parte del salario total. Es un claro retroceso como derecho y no va a cambiar la calidad de la educación”, agregó Delfino.

Se cumplen este domingo 41 años del asesinato del dirigente estudiantil y militante comunista David “Watu” Cilleruelo, ejecutado en los pasillos de la UNS por miembros de la Triple A bahiense. La Comisión de Apoyo a los Juicios, la Watu Corriente Comunista y la Universidad del Sur lo recordarán mañana en diferentes actividades.

Continuando la labor de la Comisión Permanente de Homenaje a Cilleruelo, Watu Corriente Comunista realizará un acto a las 18 del lunes en el lugar del crimen, en el Ala de Ingeniería del edificio universitario de Alem 1253. Luego la Comisión de Apoyo a los Juicios organizó la charla “Las tres A son las tres Armas” con la participación de Julia García, hermana del “Negrito” también asesinado por la banda paraestatal, la docente Jessica Visotsky, Pablo Fermento por la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad, y Alberto Rodríguez y Dante Patrignani, compañeros de militancia de Watu. Será a las 20 en el Aula 116 (1º cuerpo C) de Alem 1253.

“La idea es analizar un poco cómo se gestó lo de las Tres A, cómo está la causa acá en Bahía Blanca y, de alguna manera, buscar también a los compañeros que cayeron con la metralla de Argibay y su banda de matones en la universidad y qué eran las Tres A en Bahía Blanca”, dijo Patrignani a FM De la Calle.

Dante recordó a David como “un muchacho como todos nosotros que en esa época abrazamos una causa, algunos en una organización política, otros en otra, fue una generación que creyó en la revolución, en el socialismo, cada uno con sus variantes tal vez, pero la idea que estaba en esa generación y en la cabeza de Watu era la de cambiar la sociedad de raíz, construir una sociedad distinta, no un capitalismo más humano ni capitalismo serio ni nada por el estilo, sino una sociedad que cambiara radicalmente”.

“Él tocaba la guitarra, estudiaba, militaba, las cosas que hacíamos todos en esa época. Le tocó a él por ser secretario general de la Federación Universitaria del Sur, creemos que ese ha sido el motivo, buscar a un dirigente para hacer escarmentar al movimiento estudiantil. Lo notorio en el caso de él es que fue a la luz del día, en los pasillos de la universidad, con muchísimos testigos a diferencia de otros que eran secuestrados y se encontraban después los cadáveres en las cercanías de Bahía Blanca”, agregó.

Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli, Héctor Oscar Chisu y Raúl Roberto Aceituno están procesados y con prisión preventiva en una causa que investiga 22 de los homicidios de la Alianza Anticomunista Argentina local. En la misma investigación está imputado el ahora ex camarista y ex agente civil de inteligencia del Ejército, Néstor Luis Montezanti, quien se negó cuatro veces a ser indagado al amparo de fueros con los que ya no cuenta. Aceituno, junto a los fallecidos Jorge “Moncho” Argibay y su hijo Pablo fueron los autores materiales del asesinato del estudiante.

charla watuEn el marco del Día de los Derechos Humanos en la UNS, establecido por el Consejo Superior Universitario el 3 de abril en conmemoración del asesinato de Cilleruelo, la institución hará un acto a las 10 en el hall central de Alem 1253 con la intervención de Alexis Banilys (Partido Comunista de la Argentina e integrante de H.I.J.O.S. Capital y Madrid) y María del Carmen Vaquero (Subsecretaria de DDHH de la UNS).

A las 18 en el edificio de Aulas rosas del Campus de Palihue Gabriel Jarque (docente del Departamento de Derecho), Eduardo Hidalgo (APDH Bahía Blanca), Banilys y Vaquero recordarán al ex fiscal Hugo Cañón. Luego 19:30, Alexis Banilys brindará una charla en Rondeau 29.

El Senado bonaerense sancionó en su última sesión la ley que declara la Emergencia en Infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos y autoriza a la gobernadora María Eugenia Vidal a utilizar mecanismos de excepción para los procesos de licitación y contratación de obras y bienes. La norma fue respaldada por las bancadas de Cambiemos, el Frente Renovador y Justicialismo Bonaerense.

El Frente para la Victoria y el Bloque Justicialista presentaron un proyecto por la minoría proponiendo modificaciones, dado que tal como informó el senador Federico Susbielles a FM De la Calle, “no están dadas las condiciones que protejan a los bonaerenses de probables decisiones que pudieran afectar las arcas provinciales”.

El oficialismo reclamó la emergencia como “una herramienta útil, necesaria e indispensable para lograr la puesta en marcha de hospitales, caminos y escuelas” y reprochó a quienes votaron en contra no haber actuado igual al aprobar las emergencias durante el gobierno de Daniel Scioli.

Susbielles aseguró que ahora “hay una situación contextual, se aprobó en diciembre un presupuesto con una capacidad de endeudamiento sin precedentes en la provincia, si uno lo asocia a esta emergencia sin dudas va a haber una posibilidad de discrecionalidad muchísimos mayor, hay una invasión de facultades claras hacia el Poder Legislativo” como la posibilidad del Ejecutivo de prorrogar por un año la excepción.

A la inversa, “hay competencias del Ejecutivo que están siendo absorbidas por el Legislativo en esta comisión bicameral de seguimiento de obras que tiene tantas competencias que termina siguiendo la ejecución y visando certificados de obra, cosa que está claro que un legislador no tiene ni la capacidad ni el equipo técnico ni territorio para poder realizar”.

Por otra parte, el senador bahiense afirmó que la provincia adolece de mecanismos ágiles y transparentes y por ello desde su bancada plantearon “la necesidad de generar una nueva ley de obra pública”.

La ley establece que los Ministerios, Secretarías y entidades autárquicas contratantes quedan exceptuados de publicar las licitaciones y contrataciones en el Boletín Oficial, debiendo efectuar la publicación de anuncios en el sitio web que determine la reglamentación, pudiendo además anunciarse en otros órganos de publicidad o en cualquier otra forma, si así se estimare oportuno.

También podrán diferir el requerimiento de constancia de inscripción al en los Registros de Proveedores y Licitadores y, en este último caso, a considerar cumplimentado provisoriamente tal requisito con la presentación del certificado de inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública (RENCOP).

Fija además que, previo a la adjudicación de los contratos, los ministerios deberán dar intervención a la Fiscalía de Estado, la Contaduría y la Asesoría de Gobierno los que tendrán un plazo de siete días para expedirse y si en ese plazo no emiten dictamen se entenderá que no existen objeciones.

Los ministerios, secretarías y entes autárquicos pueden rescindir, renegociar, aumentar o disminuir hasta un 35 por ciento las prestaciones y montos de los contratos actuales y el Poder Ejecutivo está autorizado a intervenir todos los entes, empresas y sociedades de propiedad del Estado provincial y crea una Comisión Bicameral de seguimiento y control de la emergencia que estará integrada por tres diputados y tres senadores.

El Poder Ejecutivo deberá presentar en el término de 60 días desde la entrada en vigencia, un plan de obras que contenga los objetivos, la individualización de las obras a ejecutar, la cuantificación de la inversión necesaria para su realización y el plazo de ejecución de cada una.

El libro “Profeta del genocidio”, de Ariel Lede y Lucas Bilbao, será presentado este domingo a las 19 en el SUM de los Museos de Arte, como parte de las actividades que propone la muestra “Derechos Humanos, museo abierto y en acción”. Participarán junto a los autores los periodistas Diego Martínez (Página/12) y Diego Kenis (Agencia Paco Urondo).

Los diarios que llevó Bonamín durante 1975 y 1976 reúnen la doble condición de fuente historiográfica insustituible y aporte de peso a las causas contra los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura militar. Al mismo tiempo son un testimonio en primera persona por el que desfilan, junto a nimiedades cotidianas, secuestros, asesinatos, torturas. A continuación el diálogo de FM De la Calle con el historiados Lucas Bilbao.

-“Profeta del genocidio” es un libro con una fuente valiosísima desde lo histórico, judicial y testimonial que son ni más ni menos que los diarios que escribió el provicario castrense Víctor Bonamín entre los años 75 y 76. La pregunta que surge -y supongo han respondido en más de una ocasión- es: ¿cómo se hicieron de esta documentación?

Exactamente. El libro consta de dos partes, una de esas partes es la publicación completa de los diarios personales de quien fuera provicario castrense entre el año 60 y el 82, estos diarios pertenecen al año 75 y 76, es decir, corresponden con el período del inicio del terrorismo de Estado y en dictadura, el primer año.

¿Cómo nos hicimos de los diarios? A partir de una investigación que habíamos empezado con Ariel sobre curas del tercer mundo y trabajando con uno de ellos que era archivero, José Meisegeier, jesuita, muy reconocido justamente por su archivo, entre las cosas que tenía estaban estos diarios. Un hombre grande, ya cerca de ochenta años, y hace ya casi siete años que empezamos a ver cómo se le daba forma a eso que nunca había trabajado, estaba ahí, se sabía que era una fuente importante por las anotaciones que registra Bonamín.

-Antes de meternos en quién era Bonamín y qué plantea en estos diarios, desde el abordaje histórico, periodístico, del material, ¿cómo organizaron este proceso de siete años?

En primer lugar estudiar bien las fuentes, quién era Bonamín y a través de Bonamín conocer la institución que representaba que era el Vicariato castrense, este vehículo fundamental que tuvo el terrorismo de Estado y las fuerzas armadas para hacer sagradas sus acciones, para sacralizar las acciones en el marco represivo.

La etapa de contextualización la pudimos ir haciendo a partir de fuentes. Lo más a mano que teníamos era lógicamente la prensa. Bonamín en sus diarios, cualquiera que lo lea va a notarlo, era un hombre que viajaba mucho porque la diócesis, es decir, la jurisdicción que él atendía, eran las unidades militares de todo el país. Está viajando constantemente, cada tres o cuatro días está visitando una unidad y recorre toda la Argentina desde la Patagonia hasta el norte, los cinco cuerpos de Ejército.

En la prensa salía muchísimo este tipo de noticias avalando o legitimando también la acción militar, fundamentalmente después de 76. Daba mucho lugar a la cuestión religiosa y de los obispos vinculados a las fuerzas armadas.

Después también pudimos ir contextualizando con otro tipo de fuentes importantes como fueron los boletines que el mismo Vicariato distribuía cada tres meses o los mismos legajos de los capellanes que tiene actualmente el Ministerio de Defensa.

Ha sido un trabajo enorme, un rompecabezas muy grande para poder ir armando no solo la trayectoria de una figura como la de Bonamín sino también ir a lo más importante, la trayectoria de una institución que se había creado en un marco de dictadura, en la del año 57 de Aramburu, y había permanecido y profundizado su lugar, había tomado un rol protagónico para los años 70.

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-¿El Vicariato como institución, y Bonamín particularmente, de qué manera, a través de qué actividades o funciones cumplían el rol de sacralizar la represión?

Lo que decimos es que el Vicariato participó como educador de esas fuerzas armadas, que no son sólo los años 75 y 76, es un proceso largo en la historia política argentina donde la Iglesia Católica tiene un lugar preponderante al lado de las fuerzas armadas. Eso viene desde principios del siglo XX.

Ahora, con la creación del Vicariato lo que le permite a las fuerzas armadas es tener a la Iglesia en su mismo seno. Hay una función educadora, pensemos en el marco de la guerra fría, de la doctrina de seguridad nacional, donde estos formadores y educadores que eran los capellanes de todas las unidades que tenían semanalmente y tres veces por semana una función educativa dentro de las bases y unidades militares, hay toda una función de cuál es el enemigo, siempre es el marxismo, la izquierda, y ya hacia los años 70 ese concepto se va delimitando y va a aparecer el fenómeno que ellos llaman “de la subversión”. El enemigo lisa y llanamente es la subversión. ¿Quiénes son los subversivos? Eso es un juego que han ido delimitando las fuerzas armadas, la Iglesia, la prensa, un conjunto de actores sociales y para los años 74, 75, 76, el blanco ya está mucho más certero y los años de dictadura ya saben contra quiénes deben ir.

-¿Los meses previos al golpe qué decía Bonamín?

Él registra día a día de qué hablan, cuáles son los temas importantes políticos y al interior de las fuerzas armadas o de la Iglesia, él está al tanto de todo fundamentalmente por la comunicación y la fluidez con la que visitaba las unidades militares, sobre todo los centros de formación, los edificios o lugares donde se concentraban las jerarquías militares. La fuente nos sirve para poder mirar al dedillo estos espacios que recorre y lo que se está conversando, sabiendo, en esos lugares. Pensemos que en el 75 se inicia el Operativo Independencia, es una fuente para poder mirarlo también con mucha claridad.

Bonamín relata la cuestión de las torturas, de los robos por parte del Ejército, las tareas represivas, etcétera. No teníamos, en Argentina al menos, una fuente similar, un diario personal donde viene un militar, habla con él y registra lo que hablaron. Bonamín vive para el mundo militar, es un militante de lo que está haciendo, entonces las conversaciones y anotaciones que aparecen la gran mayoría están vinculadas a la cuestión militar o eclesiástica en ese contexto particular. Nos ayuda a comprender mejor no solo la alianza entre la Iglesia y las fuerzas armadas sino los planes que traían las fuerzas armadas, por eso hablamos de planes sistemáticos, de reestructurar y reorganizar a la sociedad.

-¿Bonamín era la cabeza de una red de capellanes de cuántos centenares?

400 logramos localizar en todo el período, entre el 75 y el 83. En el 75 y 76 eran más de 260 capellanes. Hicimos el número completo de los que pasaron entre esos años por el Vicariato.

-200 igualmente no es un número despreciable…

No, para nada teniendo en cuenta la población militar y si a eso lo comparamos con, por ejemplo, la feligresía que tiene cualquier cura de parroquia.

profeta-¿Qué rol cumplían esos capellanes en relación a los detenidos en las unidades militares o sus familiares que generalmente se acercaban pidiendo información?

Ahí logramos contabilizar que 110 capellanes convivieron en unidades que tenían y alojaban centros clandestinos de detención. Hicimos un trabajo muy fino de poder pensar y analizar las funciones que tuvieron estos capellanes. Personas de una legitimidad y un trabajo como los capellanes militares en ese momento, los capellanes castrenses están full time trabajando en el Vicariato, visitan seis de siete días de la semana una unidad militar, están en contacto permanente no solo con las tropas sino con las jerarquías de esas unidades militares, saben lo que circula, la información que da, lo que sale, es imposible que estos capellanes estuvieran sin conocer lo que sucedía en un lugar que no le es ajeno. No se trataba de curas que iban usualmente a hacer una bendición, se trataba de funcionarios que iban seis días a la semana con tareas específicas, a veces de catecismo, a veces de charla, casi siempre en la labor educativa, más la ceremonia. Es imposible pensar que estos capellanes estuvieran al margen de la cuestión represiva.

En algunos casos a partir de testimonios, e incluso de lo que está saliendo en los juicios de delitos de lesa humanidad, sabemos de funciones vinculadas a la represión específica que tuvieron muchos de ellos como fue estar en las sesiones de tortura, amedrentar la conciencia de los genocidas, etcétera.

-En Bahía Blanca la justicia avanzó solamente en el caso de Aldo Vara, ex capellán del Batallón de Comunicaciones que terminó falleciendo antes de ser trasladado para ser indagado. En otras jurisdicciones y en base a la expectativa que tenían al aportar el material, ¿qué repercusión judicial tuvo la investigación?

Pudo ser incluida en alrededor de diez causas por delitos de lesa humanidad, algunas todavía están en curso, quizás la más emblemática fue la del asesinato del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, donde los diarios sirvieron como prueba fehaciente para poder fundamentalmente contextualizar no solo la labor que había tenido el Vicariato castrense en esa estrategia de cercamiento hacia el obispo Angelelli, de quedar en una situación de soledad y de ser un blanco perfecto para las fuerzas armadas.

Ahí cumplió un rol fundamental el Vicariato en deslegitimar la pastoral de un obispo de la Iglesia Católica, es la misma Iglesia la que le está deslegitimando frente a los militares a uno de sus obispos. Como dice la sentencia, sin esta ayuda y complicidad del Vicariato castrense a la fuerza militar le hubiese sido al menos un poco menos fácil.

-Por último, ¿por qué aparece el capellán del V Cuerpo de Ejército Dante Inocencio Vega en el listado de quienes participaron del Operativo Independencia en Tucumán?

Es interesante poder mirar el proceso, nosotros también lo analizamos en particular dentro del libro. A partir de leyes que crea el gobierno de Isabel envían tropas a aniquilar -dicen ellos- la guerrilla rural en Tucumán. Eso va a durar al menos tres años, estamos hablando de 450 militantes y personas vinculadas a las organizaciones armadas con un ejército que despliega una fuerza de más de 2500 personas. Ahora, lo que necesitan las tropas del ejército y las fuerzas que están cumpliendo funciones en Tucumán es que la moral de los militares no decaiga en lo que fue ese ensayo de “guerra” -según ellos- que tuvieron los militares.

Era la primera vez después de años de hablar de la afronta ideológica contra el marxismo, de por lo menos más de diez años, era la primera vez que el ejército en territorio argentino le daba “guerra” a la guerrilla. Era el momento de aniquilarla.

Los capellanes tuvieron una función fundamental, incluso está dentro de la legislación especial que crea el Ejército para esos años, en ayudar a no quebrar la moral de los combatientes. Estaban al lado de las tropas para fortalecer espiritualmente el proceso de aniquilamiento de la guerrilla.

Muchos eran soldados conscriptos de 20 o 21 años que por primera vez participaban en acciones de ese tipo y que -lógicamente y como lo relata Bonamín en sus diarios- aparecen los problemas de conciencia, frente a eso, al lado están los capellanes para dar una seguridad moral. En ese proceso es que van pidiendo cada vez más capellanes, no solo del Tercer Cuerpo con asiento en Córdoba sino que empiezan a llamar a algunos de otro, del V Cuerpo creo que el único que va es Vega.

El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó esas condenas para Jorge Conti, Carlos Villone, Julio Yessi y Rubén Pascuzzi, todos ellos pertenecientes a la organización paramilitar desde cargos formales que ocupaban en el ministerio de Desarrollo Social que conducía José López Rega. A uno de ellos se le imputa haber ordenado el asesinato del padre Carlos Mugica. La causa tramita con el viejo Código de Procedimientos en Materia Penal.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, a cargo de Eduardo Taiano, solicitó que cuatro integrantes de la Triple A sean condenados a penas de reclusión perpetua por cuatro homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad y lesiones graves cometidos por la organización paraestatal que funcionó bajo las órdenes del ministro de Bienestar Social José López Rega, entre 1973 y 1975.

En el marco de una causa que tramita con el viejo Código de Procedimientos en Materia Penal (CPMP), el representante del Ministerio Público Fiscal le imputó a Jorge Conti, Carlos Villone, Julio José Yessi y Rubén Pascuzzi distintas intervenciones en torno a cuatro sucesos: la privación ilegal de la libertad y posterior homicidio del gremialista Carlos Llerena Rosas; la privación ilegítima de la libertad de los militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) Carlos Domingo Zidda, Antonio Moses, Oscar Dalmacio Meza, Mónica Wolf, Silvia Ferraté y otra mujer conocida como “Amanda o Amalia” y el asesinato de los tres hombres; la privación ilegítima de la libertad de Carlos Tacchela, Alfredo Manachian y Roberto Omar Leonardo, quienes hasta la actualidad continúan desaparecidos, y la coautoría del crimen del padre Carlos Mugica, junto a las lesiones graves causadas a Ricardo Capelli. Los cuatro ya fueron condenados en febrero, junto a Norberto Cozzani, por la jueza federal María Romilda Servini por el delito de asociación ilícita. La misma magistrada interviene en la causa.

En particular, a Conti se le atribuye haber dado la orden para cometer los crímenes contra Llerena Rosas y los miembros del PST en lo que se conoció como “La masacre de Pacheco”, en los que habría participado Yessi junto a otras personas. A Villone se le imputan los mismos hechos, a los que se les suma su participación directa en los que afectaron a Tachela, Manachian y Leonardo en la localidad bonaerense de Valentín Alsina, y la orden para asesinar a Mugica. Finalmente, a Pascuzzi se lo sindicó como uno de los que participó del operativo contra el sindicalista mencionado.

El fiscal federal reseñó que en el trámite de la causa principal “se presentaron varias asociaciones y personas -damnificados o familiares de damnificados por hechos que se atribuyen a esta organización criminal-, motivo por el cual fueron incluidos seiscientos ochenta y un (681) casos de secuestros, desapariciones, asesinatos, amenazas y atentados”, y que por ese motivo “se formaron múltiples incidentes de investigación en los que se han adoptado diversas medidas de prueba”. Muchos de ellos continúan “en plena etapa de investigación”. En ese sentido, explicó que la Alianza Anticomunista Argentina fue “digitada desde el Ministerio de Bienestar Social de la Nación” como “uno de los mecanismos represivos empleados para disciplinar a la sociedad. A esos fines, no se dudó en arremeter contra todas aquellas expresiones democráticas que manifestaran su disconformidad con la actividad de López Rega o la administración central, procedentes de cualquier sector, tales como representantes villeros, de la cultura, de las artes, periodistas, peronistas, comunistas, radicales, o bien perpetrar atentados contra locales partidarios”.

El secuestro de Llerena Rosas

El primer caso abordado en el escrito presentado en la etapa de plenario es el de Llerena Rosas, quien fue secuestrado el 30 de octubre de 1974 en las oficinas de la Asociación Personal del INTA (APINTA) ubicadas en Malabia 2157, en Palermo. De allí fue sacado a punta de ametralladora y cara descubierta por un grupo en el que fueron identificados Rodolfo Almirón -ya fallecido-, Yessi y Pascuzzi. El cadáver de la víctima fue hallado horas después en Ezeiza, con varias heridas provocadas por disparos con armas de fuego. La hipótesis de un testigo es que el crimen se cometió porque Llerena Rosas, como delegado, “proponía remover al Secretario General” del gremio.

“La masacre de Pacheco”

De la investigación surge que pasada la medianoche del 30 de mayo de 1974, un grupo integrado por 15 personas arremetió contra un local del PST ubicado en El Talar de Pacheco. Tras un primer ataque a balazos de metralleta, los agresores entraron al local y se llevaron a Carlos Domingo Zidda, Antonio Moses, Mónica Wolf, Silvia Ferraté y otra mujer conocida como “Amanda o Amalia”; antes de subirlos a los vehículos se toparon con Meza, quien estaba afuera. Los cuerpos de Zidda, de 22 años de edad y presidente del centro de estudiantes de una escuela técnica de Tigre; Moses, de 25 años y delegado en la fábrica Wobron; y Meza, de 26 años y delegado en Astilleros Astarsa, fueron encontrados en la Ruta Nacional 6 a la altura de la localidad de Manzanares. La testigo Ferraté identificó a Yessi como la persona que estaba a cargo del procedimiento.

Secuestros en Valentín Alsina

Por otra parte, la acusación efectuada por el fiscal Taiano también consideró acreditado que en la madrugada del 14 al 15 de noviembre de 1974 se produjo la privación ilegítima de la libertad de Roberto Leonardo, Alfredo Manachian y Carlos Tachella, quienes permanecen desaparecidos desde aquel día. Durante esa jornada también se encontraban en el lugar las parejas de Leonardo, Silvia Nieves Negro, y de Manachian, Nélida Ramos, que desde allí fueron llevadas a la Comisaría de Lanús, al Centro Clandestino de Detención conocido como “Pozo de Banfield” y finalmente al penal de Olmos, donde se “legalizó” su situación.

Sobre el operativo, la testigo Nieves Negro refirió que un grupo ingresó provisto de armas largas, identificándose como “Triple A”. Tras ello, “ponen una máquina de escribir y nos empiezan a hacer preguntas. Nos preguntaban sobre nuestros datos personales, y en ese momento se empiezan a repartir las cosas que había en la casa, empezaron a robar otras personas que también estaban en la casa”. Nieves Negro fue llevada a una maternidad de La Plata, en donde dio a luz a su hijo, y de regreso a Olmos tuvo que criarlo en pésimas condiciones de salubridad hasta que en 1976 pudo entregarlo a su familia. Fue quien reconoció a Carlos Alejandro Gustavo Villone.

El caso del padre Mugica

El 11 de mayo de 1974, después de las 20, Eduardo Almirón, secundado por Miguel Ángel Rovira, disparó cinco veces contra Carlos Mugica a metros de la iglesia San Francisco Solano. Junto a él se encontraba Ricardo Rubens Capelli, que sufrió lesiones graves por balas provenientes desde adelante. Así lo determinó el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5 el 12 de julio de 2012, en el marco del expediente 14.905/2009, a través del testimonio de al menos cuatro testigos del homicidio que vieron también cómo los atacantes escapaban a bordo de un Chevrolet de color verde claro, que luego se identificó como robado.

Además de los autores directos, a través de la pesquisa en la que intervino la fiscalía a cargo de Taiano se concluyó que ambos respondían a las órdenes de Carlos Villone. Al respecto, cabe señalar que Mugica se había vinculado con el Ministerio a través de una asesoría ad honorem para hacer trabajo social en el barrio de Retiro. “Cuando Carlos toma conciencia de que desde esa secretaría de Bienestar Social no hay el menor interés en hacer nada por su gente, hace en la villa una renuncia pública, ante una multitud, y él dice que les pide permiso para renunciar a su puesto (…). Pienso que esta denuncia pública ante una multitud y pasada por televisión, fue su sentencia de muerte”, consideró su secretaria.

La fiscalía recordó que entre los elementos probatorios se encuentran los testimonios del edecán presidencial Tomás Medina, quien “manifestó que antes de que asesinaran a Mugica pudo escuchar una conversación mantenida entre Rovira y Almirón donde decían, refiriéndose al sacerdote, ‘a éste le vamos a hacer la boleta’”. “Ello coincide con los dichos de Salvador Horacio Paino, quien tuvo conocimiento de que López Rega había dispuesto que un grupo de personas, entre la que figuraba el Padre Mugica, serían ejecutadas por la Triple A”.

Cargos en el Ministerio

Tal como se estableció en las condenas de febrero por asociación ilícita, todos los acusados integraron la agrupación de extrema derecha desde cargos formales en el Ministerio de Bienestar Social. El escribano y periodista Conti, desde el área de Prensa, Relaciones Públicas y Difusión, y Villone, a través de su cargo como Secretario de Estado de Coordinación y Promoción Social, habrían actuado como los “enlaces” entre López Rega y los distintos grupos que comandaban en la mencionada cartera, que a su vez eran integrados por los demás imputados. Con el tiempo, Conti también se convertiría en el yerno de López Rega.

En cuanto a Carlos Villone, formalmente se desempeñó como asesor del ministerio desde 1973 y luego como secretario de Coordinación y Promoción Social, entre marzo de 1974 y junio de 1975. Pero de la pesquisa surgió que estaba a cargo de los grupos denominados A, B, C, D, E y F, “cada uno de ellos comandados por policías retirados o en actividad”.

Julio Yessi, por otra parte, fue asesor de Gabinete y después presidente del Instituto Nacional de Acción Cooperativa, en el ámbito del ministerio. Finalmente, se determinó que el policía Pascuzzi estuvo a cargo del grupo “F”, que respondía a Villone.

Fuente: fiscales.gob.ar

La Unión Obrera de la Construcción informó que en Bahía Blanca y una decena de municipios aledaños la desocupación del sector alcanza a uno de cada cuatro trabajadores. Los despidos por la paralización de obras públicas y privadas llegan a 2100 aunque para el dirigente Guillermo Molina, el problema “trasciende lo numérico y la preocupación es que no se visualiza ninguna línea concreta de que esto se detenga y después se revierta”.

“Los compañeros nuestros están en cesación de pago, el salario al cual acceden es de público conocimiento que es realmente escaso, prácticamente si deja de trabajar entra en cesación de pago, no ya de cuestiones suntuosas sino hablamos de necesidades básicas, de comer, de vestirse, de la salud, de la vivienda, del transporte”, dijo a FM De la Calle.

Según un comunicado gremial, “en Bahía Blanca, están paradas obras de relevancia como es el caso del asfalto en Rega Molina 816 O la situación que genera una evidente contradicción, con una obra que implicaría la reactivación de 1200 puestos de trabajo, si se destrabara la postergación de la tercera turbina de la Termoeléctrica Guillermo Brown, en un contexto de anuncios nacionales en los cuales se declaró la crisis energética hasta el próximo mes de diciembre del 2017, pero se frenan las obras que podrían aliviar la crisis”.

“A este lógica inexplicable se suma otra obra energética parada, con 500 puestos de trabajo que se podrían generar si se reactivara la reparación de la termoeléctrica Luis Piedra Buena. Sólo por mencionar la situación en nuestra ciudad, pero esto como un efecto dominó, se replica en Cnel. Suárez, Carmen de Patagones, Pedro Luro, Mayor Buratovich y Tornquist, con obras de iluminación, cloacas, viviendas, escuelas y jardines que en muchos casos han sido postergadas o adjudicadas y no iniciadas”.

La frase corresponde a la vicepresidenta del Consejo Escolar, Adriana Perdriel (PRO), y fue registrada en el acta de la sesión del miércoles a pedido del consejero Raúl López, en el marco de un debate sobre la calidad de la leche que el municipio entrega a las escuelas.

“Los chicos no la quieren tomar, tiene gusto feo, gusto raro, la han disfrazado con otras cuestiones como chocolate o mate cocido y sigue pasando lo mismo y ante eso nos llega una muestra de cada una de las marcas que está repartiendo la municipalidad (NdR: Quelech y Lechelista) y ayer en la sesión preparamos un vaso de leche para que cada uno determinara si era cierto o no lo que estaban denunciando. No lo puedo decir en mi caso particular porque hace años que no tomo leche, pero algunos consejeros que la probaron dijeron claramente que tenía un gusto distinto”, dijo López a FM De la Calle.

El maestro pidió “que le den a los chicos la misma leche que le darían a sus propios hijos, si son chicos que van a un comedor o tienen que tomar la leche en el establecimiento no tiene porqué ser de menor calidad que la de cualquier otro chico”.

Desde el Consejo se denunció semanas atrás el recorte de cupos por decisión unilateral del gobierno provincial aunque la situación fue negada por autoridades de Políticas Sociales. “Si nos dicen que no hay tal recorte y no hay ajuste y a su vez se proponen para hacer un refuerzo con leche y alimentos no perecederos es como que una cosa contradice la otra”, destacó López.

Respecto a los dichos de la vicepresidenta Perdriel, opinó que fue “una frase lamentable que marca un poquito el perfil ideológico de quien la dice, te podrás imaginar que eso causó un revuelo bastante importante dentro de la sesión, para que no quede como un dicho o un dime y direte dejé establecido que quería que quedara en actas textual lo que había dicho la consejera”.

“El hambre es un crimen”

leeche atePor su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado criticó “las prioridades de los funcionarios” que en el marco del conflicto gremial destinan “plata para contratar empresas privadas cercanas al gobierno, pero no para invertir en mejorar las condiciones de trabajos y tareas del auxiliar de limpieza en las escuelas. Salarios de hambre para los trabajadores provinciales, no quieren dar un aumento real y reducen la partida para los comedores escolares”.

Mencionaron que en el Jardín N°953 y en “muchas instituciones” que reciben la partida municipal de “Lechelista” dieron cuenta de su “aspecto intomable” y que “a los cinco minutos de hervirla se forma un engrudo de grasitud”.

“La desnutrición infantil y la mala alimentación sigue afectando a un gran porcentaje de nuestra infancia, por lo tanto el gobierno provincial, nacional y municipal no deben dejar de implementar políticas públicas para desterrar este flagelo”, advirtieron.

Uno en mil quinientos

lechelistaEl secretario de Políticas Sociales Fabio Pierdominici y su subsecretario Ignacio Caspe aseguraron que la comuna recibió sólo un reclamo sobre la calidad de la leche entregada a establecimientos escolares. “La realidad es que entregamos 1500 paquetes de leche a diferentes instituciones, no sólo educativas, y no tuvimos ningún otro reclamo formal. El único fue del jardín nº 953 de Ingeniero White”, explico Caspe.

El funcionario exclamó que “las condiciones de la leche que entregamos están aprobadas. La compra fue hecha por licitación, no es una leche exclusiva, ni fue una compra hecha para abaratar costos”, y continuó: “la leche se encuentra en las góndolas de los supermercados, la firma tiene más de 10 años de presencia en el país. Los valores nutricionales son los óptimos y no está vencida”.

Pierdominici, resaltó que “asumimos el compromiso de abastecer a los colegios mientras dure la coyuntura y la diferencia de cupos. Además, ya iniciamos un nuevo proceso de compra, de llamado a licitación, por un monto que pueda cubrir durante los próximos períodos la cantidad de establecimientos a los que les brindamos asistencia”.