La Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura aprobó esta mañana un dictamen proponiendo el juicio político y la suspensión del presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti. Ahora, se necesitan los dos tercios del Plenario del organismo para formalizar el inicio del jury.

El proyecto del secretario de Justicia, Julián Alvarez, fue acompañado por lxs legisladorxs Héctor Recalde, Anabel Fernández Sagasti y Ángel Rozas y el académico Jorge Candis. El juez Luis Cabral se abstuvo de votar. Se opusieron el magistrado Leonidas Moldes y la abogada Adriana Donato.

Su vinculación con la Triple A, haber integrado los servicios de inteligencia del terrorismo de Estado como personal civil, la reivindicación de la pena de muerte y el maltrato a empleadxs judiciales son algunos de los motivos de las reiteradas denuncias contra el camarista bahiense.

Por otra parte, a las 15 Montezanti fue nuevamente citado por el juez Alejo Ramos Padilla para ser indagado por su supuesta vinculación con la Triple A y un caso de secuestro y torturas ocurrido en 1977. Desde las 14:30 integrantes de la Coordinadora por el Juicio Académico a Montezanti se manifestarán frente al juzgado de Alsina 317. El magistrado, amparado en sus fueros, se negó a concurrir en dos ocasiones anteriores aduciendo compromisos protocolares en la’Cámara y problemas de salud.

(Notas.org) Desde las seis de la mañana y hasta las 20, en todo el país se elegirán las nuevas autoridades que conducirán la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) durante el período 2015-2019. Más de 250 mil afiliados están habilitados para votar y lo harán en 2880 urnas distribuidas a lo largo y ancho de la Argentina. Delegados internacionales, que representan a distintas centrales sindicales de América Latina, el Caribe y Europa, actuarán como observadores de todo el proceso.

Esta elección es crucial en muchos aspectos. Para empezar se trata de un sindicato histórico – fue fundado en 1925 y tiene la personería gremial número dos – y de una magnitud en términos de afiliación que vuelve al proceso electoral un hecho relevante en sí mismo, sea cual sea el desenlace. Por otra parte, el elemento distintivo en esta ocasión pasa por una ruptura al interior de ANUSATE, la agrupación que viene hegemonizando la vida de ATE desde la recuperación democrática en 1984.

Las diferencias públicas entre Pablo Micheli, secretario general de la CTA Autónoma, y Víctor De Gennaro, referente histórico del gremio y reciente pre-candidato presidencial por el Frente Popular (que no superó las PASO) son lo que más ha resaltado mediáticamente en este escenario que se ha configurado en el plano nacional.

A su vez, el cambio de etapa que se avecina en el país tras 12 años de kirchnerismo es un dato no menor para un sector de trabajadores y trabajadoras que ha crecido sustancialmente en esta larga década, pero que también ha estado expuesto a altos niveles de precarización laboral y a salarios que, en la foto actual, no recuperan lo perdido tras la gran crisis de principios de siglo.

En 1984, con el retorno de la democracia, los sindicatos retomaron su vida activa y ATE, que durante la dictadura se mantuvo en manos de Juan Horvath, un colaboracionista del régimen, no fue la excepción. ANUSATE (Agrupación Nacional de Unidad y Solidaridad de ATE), que se forjó en esos tiempos de oscuridad, se impuso en los comicios de ese año y lo siguió haciendo, siempre con la vinculación al color verde, hasta la fecha.

En aquella oportunidad Víctor De Gennaro fue electo secretario general del Consejo Directivo Nacional y Germán Abdala del Consejo Directivo Provincial. Tiempo después, serían dos de los principales impulsores (y ATE en su conjunto) de la fundación de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) en 1991. Esa fue una de las páginas más importantes en las que inscribió su sello ATE, un sindicato reconocido por su nivel de democracia y pluralidad y que sobre todo durante la década del 90 tuvo un rol destacado en las luchas contra la privatización en diferentes esferas del ámbito público.

Los datos de la última elección continuaron con la tendencia de los 25 años precedentes y marcaron un triunfo abrumador de la Lista Verde, que obtuvo el 90% en todo el país. El panorama de la elección de este miércoles dista mucho de esa contundencia.

Hugo “Cachorro” Godoy (Provincia de Buenos Aires) y Julio Fuentes (Neuquén) enrocan sus actuales cargos (adjunto y general) y se presentan por la lista Verde ANUSATE, con el aval de la figura de Víctor De Gennaro. Nando Acosta, secretario general de ATE-Jujuy y Miguel Pelandino, con el mismo cargo pero en Entre Ríos, se referencian en la Lista Verde y Blanca y expresan un armado que es afín al kirchnerismo, a pesar del buen vínculo entre Acosta y Pablo Micheli, y cuyo impulso está dado por el actual diputado nacional Edgardo Depetri, que se presenta como vocal.

Las otras tres listas que se presentan son La Bermellón, encabezada por Raquel Blas (secretaria general de Mendoza) y donde se nuclean diferentes expresiones de la izquierda tradicional e independiente; la Naranja-Lila y la Gris, también con identidades a la izquierda.

Hasta el momento el favoritismo parece estar del lado de Godoy, aunque se vislumbra una elección pareja y muy disputada en varias seccionales. Lo que ha cruzado la previa son variadas denuncias de irregularidades, principalmente vinculadas a la confección de los padrones, que han sido desestimadas por el juzgado laboral número 3.

Además de la disputa nacional, se renovarán los 23 Consejos Directivos Provinciales, el Consejo Directivo de la Capital, las 152 Seccionales, el Centro Nacional de Jubilados y Pensionados, los 22 Centros de Jubilados y Pensionados provinciales y los 41 Centros de Jubilados y Pensionados locales. Asimismo, cada provincia elegirá Congresales Nacionales y Provinciales de acuerdo a su número de afiliados.

De todo lo antedicho, que implica nada más ni nada menos que 6315 cargos electivos, resalta la disputa del Consejo Directivo de Capital, aún más feroz que la Nacional. Allí La Verde va dividida en tres listas.

Una de ellas la encabeza el actual secretario general José Luis Matassa y se presenta con boleta corta, sin anclaje nacional pero con el apoyo decidido de Pablo Micheli. En tanto Rubén Mosquera, actual paritario de ATE, y Rodolfo Arrechea (ex secretario adjunto de ATE Capital) van con el sello de La Verde, Celeste y Blanca, que va pegado a Godoy. Finalmente, Daniel Catalano y Juan Manuel Sueiro representan a La Verde y Blanca, el armado kirchnerista en Capital, lógicamente vinculado a Nando Acosta. El posible resultado es incierto y desde varios sectores incluso hablan de “triple empate”. La Bermellón también tendrá expresión porteña con la candidatura de Mariano Skliar, de Promoción Social, como secretario general.

Para los y las estatales nucleados en ATE será un día más que importante. Para la lista ganadora, sea quien sea, todavía más. Tendrá la tarea de reconstruir un sindicato tan importante como debilitado en los últimos años, entre las diversas disputas internas que lo han erosionado. La condición actual de los trabajadores y trabajadoras del Estado y el escenario que se avecina amerita una herramienta gremial fuerte, con capacidad de conquistar avances y profundizar organización en cada sector de trabajo.

Alumnxs del Instituto de Formación Docente Nº86 continúan reclamando la construcción de un edificio propio para desarrollar las actividades que hoy se reparten en distintas sedes. Una de ellas, el Club Liniers donde se realizan prácticas de la carrera de profesorado de educación física, fue motivo de polémica meses atrás por atrasos en los pagos convenidos con la provincia.

Días atrás se realizó un plenario de comisiones en el Concejo Deliberante en el cual se informó que si bien existe un espacio asignado en D’Orbigny y 14 de Julio, en el lugar funciona una escuela de fútbol y el terreno se redujo sensiblemente en su capacidad. La búsqueda se centra en un área cercana al Parque de Mayo, o en el interior del mismo, ya que facilitaría el traslado de las y los estudiantes.

“Para delimitar la zona de Parque de Mayo el municipio extravió un expediente que tiene que ver con un pedazo cedido a la provincia para la construcción de la Secundaria 24 y teníamos un problema con la delimitación. Se coordinó una reunión para el viernes 11 a las diez de la mañana cuando, en teoría, ya desde la Muni nos podrían decir cuál sería el área que nos pueden destinar para construir”, dijo a FM De la Calle la presidenta del centro de estudiantes Lucía Mérida.

Una vez resuelto el conflicto dominial del terreno, el Concejo Deliberante podría disponer una partida del Fondo Educativo para comenzar la construcción del edificio.

Además del centro de estudiantes, de la reunión participaron concejalxs integrantes de las comisiones de Educación, Cultura y Acción Social; de Interpretación, Asuntos Legales, Derechos Humanos y Garantías; y de Obras Publicas Urbanización y Vivienda; el secretario de la Agencia Urbana, Alberto Carimati: la presidenta del Consejo Escolar, Liliana Aglietti y autoridades del I.S.F.D. N°86.

Las Abuelas de Plaza de Mayo informaron con enorme alegría que encontraron a la hija de Walter Hernán Domínguez y de Gladys Cristina Castro, nacida durante el cautiverio de su madre en marzo de 1978. Walter y Gladys fueron secuestrados el 9 de diciembre de 1977 en Godoy Cruz, Mendoza. En ese momento, la joven cursaba el sexto mes de embarazo y desde entonces no se supo nada más de ellxs.

Las dos abuelas, María Assof de Domínguez y Angelina Catterino, y el tío paterno Osiris Rodolfo Domínguez, viajaron desde Guaymallén, Mendoza, para compartir la felicidad de este encuentro y la conferencia de prensa realizada en la casa de las Abuelas.

Gladys nació el 23 de noviembre de 1953 en la ciudad de Guaymallén. Walter nació el 30 de marzo de 1955 en la capital de esa provincia. La joven estudió Diseño y él Arquitectura, ambos militaban en el Partido Comunista Marxista Leninista.

En noviembre de 1976, cuando Walter terminó el servicio militar, se casaron. Gladys trabajaba en una panadería y el joven era chofer de una línea de micros. El 9 de diciembre de 1977, en un operativo a cargo de supuestos policías pero que, en realidad, fue montado por militares, el matrimonio fue secuestrado en su casa de la localidad de Godoy Cruz y nunca más se supo de ellos ni del hijo o hija que esperaban para marzo de 1978.

Desde el momento de la desaparición de los jóvenes, las familias Domínguez y Castro emprendieron la búsqueda. Fueron al arzobispado, al comando IV Brigada Aérea, a la SIDE, presentaron hábeas corpus, y en ningún lugar recibieron respuestas.

Al enterarse de otros casos como el suyo, la abuela María Assof viajó por primera vez en su vida a Buenos Aires y se contactó con las Abuelas de Plaza de Mayo, donde se radicó la denuncia sobre la desaparición del matrimonio y se emprendió la búsqueda colectiva del niño o niña. A partir de entonces, las dos familias viajaron regularmente a Buenos Aires a aportar datos o preguntar cómo venían las investigaciones, y siempre que desde la Asociación visitamos Mendoza nos reciben con los brazos abiertos.

En 1994 el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza envió a las Abuelas una denuncia anónima sobre una joven nacida en marzo de 1978 que apareció en el hogar de una pareja mayor, de un día para otro. La joven, a pesar de haber sido inscripta como hija propia, sabía que no era hija biológica de quienes la criaron, pero nunca pensó en acercarse a Abuelas. La dificultad para reconstruir las huellas que el terrorismo de Estado borró impiadosamente, hicieron que el hallazgo de la hija de Gladys y Walter se demorara 21 años más.

A mediados del año 2009, la denuncia -junto con información que las Abuelas compartimos con el Estado para la búsqueda de nuestros nietos apropiados- fue derivada a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) para que pudieran investigar, con el ímpetu impreso desde 2003 a resolver los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado. En este sentido, en abril de 2014, por decisión de la secretaría de Derechos Humanos se crea en CONADI un equipo de aproximación a posibles hijos de desaparecidos, como el que ya venía funcionando desde 2006 en Abuelas.

Este equipo de trabajo, inmediatamente se puso a investigar casos de jóvenes denunciados como posibles hijos de desaparecidos, que aún no han decidido acercarse voluntariamente a las Abuelas o CONADI. Fue así que en febrero de este año llamaron a la mujer -hoy flamante nieta restituida- para contarle que la CONADI contaba con información que arrojaba posibilidades de que podría tratarse de hija de desaparecidos y la invitaron a realizarse el estudio de ADN.

La nieta de María Assof de Domínguez y Angelina Catterino, accedió inmediatamente a realizarse el estudio que se concretó el 16 de julio. El jueves último, 27 de agosto, el Banco Nacional de Datos Genéticos informó a la CONADI que la joven es hija de Walter y Gladys. Desde nuestra Asociación se le comunicó la noticia a las dos abuelas, mientras que la CONADI informó a la nueva nieta que con beneplácito recibió la noticia.

El derecho a la identidad se recupera una vez más en este país, con la colaboración de un Estado empeñado en promover derechos y de gran parte de la sociedad que no quiere volver a sufrir los atropellos de dictaduras terroristas. Sólo resta que el abrazo esperado 37 años por las familias Domínguez y Castro se materialice en estos días. Bienvenida nieta 117 a la verdad.

nieta 117

Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo.

Los choferes titular y suplente de la combi que trabaja con alumnos y alumnas de la Escuela Especial 509 están de licencia. Por este motivo, unos 20 estudiantes no pueden asistir al establecimiento desde el 7 de julio.

“Hay chicos que no han empezado las clases este año. Ahora el chofer está con problemas de salud muy serios y está con una licencia. Y el chofer que estaba de reemplazo creo que también”, dijo a FM De la Calle Roxana Belleggia, mamá de uno de los alumnos afectados.

“Acá hay que tomar una medida fuera de lo normal. Hay que olvidarse de lo que es la burocracia. No puede ser que no se abrieron los cargos en La Plata. Yo estoy trayendo todos los días a una vecinita, con el riesgo que ello conlleva, que vive a seis cuadras de la escuela. Porque esta nena si no va a venir más hasta el año que viene. Eso un disparate. A alguien le tiene que importar esto”, expresó.

Además, Belleggia explicó que “no hay otra escuela de estas características para nuestros hijos, hay que hacer que esta escuela funcione porque no tenemos opciones. Yo no puedo cambiar a mi hijo de escuela”.

“Hoy vamos a decidir, junto a los padres, cuáles son los pasos a seguir. Si hace falta viajar a La Plata lo haremos”, finalizó.

El Consejo Escolar expresó que no dispone reemplazo. Las comunicaciones con autoridades de La Plata fueron igual de infructuosas.

Los próximos 5, 6 y 9 de noviembre se desarrollará el juicio por el abuso sexual padecido por una adolescente, interna del Patronato de la Infancia, en 2008. El caso derivó en una innecesaria polémica sobre el aborto no punible por la intervención de sectores “pro vida” quienes, amparados por el juez de familia Eduardo Longás, obstaculizaron la interrupción del embarazo producto de la violación. Además, destapó la mala atención que recibían las niñas y los niños y la oscura administración del organismo.

En el banquillo habrá un solo imputado de tres, dado que uno falleció y el otro está prófugo. “Si bien llega un poco a destiempo, sentir la ratificación y el avance de la justicia siempre es reparador, en este caso para mi ahijada que es la víctima de esta situación. Por el buen manejo que ha tenido la Fiscalía a través de instrumentos como la Cámara Gesell tuvo el menor contacto con la cuestión judicial pero es un paso importante”, aseguró la abogada Fernanda Petersen.

Si bien la fecha de inicio no está definida, el viernes 14 de agosto se realizó la audiencia preliminar en la cual las partes expusieron sus pruebas. El delito imputado “es abuso agravado por el parentesco que tenía y por su situación de discapacidad. Ella tiene un retraso madurativo que si bien en este momento tiene 24 años y en el de los hechos 18, según los informes de los peritos, su edad madurativa es entre ocho y diez años. Obviamente eso hace que el abuso sea agravado porque fue su situación la que generó mayor posibilidad de vulneración de sus derechos”, explicó Petersen.

Recordó que “junto con mi hermana hicimos una denuncia por abandono de persona porque cuando mi ahijada comenta esta situación primaria en la institución se labra un acta, no se da a conocimiento ni a nosotras, en mi carácter de madrina y de familia que la acompañábamos, ni al juzgado de menores”. De esta manera, la chica siguió en contacto con sus familiares biológicos entre quienes se encontraban sus abusadores.

Respecto al equipo técnico del Patronato “consideramos que había una situación delictiva, se configuraba el abandono de persona porque ellos eran los guardadores. Esto es una institución pública o, si bien no dependía formalmente del municipio o provincia, recibía becas del Estado”. Por ello, están imputados en otra causa el ex director Antonio López (en la foto junto al abogado Miguel Asad), el psicólogo Esteban Godia, la maestra coordinadora Susana Camblor y la trabajadora social Verónica Godoy.

“El 22 de julio la Fiscalía de la dra. (Olga) Herro pidió formalmente la elevación de la causa a juicio y, en este momento, se está notificando a los defensores y a todas las partes intervinientes para que formulen las oposiciones que correspondan. Luego deberá decidir la jueza de Garantías, Gilda Stemphelet, si considera que hay que elevar la causa o no a juicio. Pero hoy formalmente todo el equipo técnico y directivo del Patronato está imputado por abandono de persona”, aseguró.

Para Petersen “el hermano o el tío o el cuñado o quien fuera del grupo familiar que abusó de mi ahijada, obviamente que contó con la complicidad de estas personas porque si alguien se acerca a una institución y reconoce indicios o alguna situación que debe alarmar al equipo técnico o la víctima habla o no se validan sus dichos, lo que se está haciendo es ser cómplice con los abusadores”.

Ante el embarazo originado por la violación, se solicitó en el Hospital Penna un aborto no punible tal como lo establece el art. 86 del Código Penal. Sin embargo, el juez Eduardo Longás aceptó el planteo de un matrimonio que pretendía adoptar al futuro bebé y “en virtud de los derechos de la persona por nacer se plantea la interrupción del aborto que se estaba llevando adelante”. En instancias superiores, la justicia resolvió en favor de la adolescente abusada.

“También hicimos una denuncia que no prosperó, porque considerábamos que se estaba violando el artículo 86 claramente. En este tema se ha avanzado por suerte con el nuevo protocolo de interrupción voluntaria del embarazo que en el caso de abuso, las víctimas pueden presentarse en el Hospital Penna y con una sola declaración jurada, la justicia no tiene posibilidad de intervenir”, destacó la abogada.

Finalmente, Petersen comentó que mantienen al tanto de cada paso procesal a su ahijada y que “para ella es muy aliviante sentir que, más allá de que quienes estamos cerca de ella y su familia le creímos siempre, la justicia respalde lo que ella dijo. Hoy por hoy tiene una vida completa, con actividades, con grupo de amigos, está muy bien pero es un hecho que está para siempre”.

Además de las causas derivadas del abuso sexual, a partir de un detallado informe en defensa de los derechos de lxs niñxs del Patronato realizado por el entonces fiscal general Hugo Cañón, se terminaron las becas y subsidios estatales para la institución y se reubicó a lxs internxs en otros hogares.

“El Patronato fue una imagen muy concreta del Estado ausente sin ningún tipo de control. Sacar hasta los alfajores de un grupo de chicos, de niñas, que están en un lugar al resguardo de esas personas habla por sí mismo. De ahí para arriba pueden hacer cualquier cosa, el informe era lapidario, había bienes que no se sabía dónde estaban y había empleados que no podían cobrar sus indemnizaciones”, concluyó Petersen.

Las actas labradas por las autoridades de La Nueva Provincia para apretar a sus trabajadores durante el más duro conflicto sindical de su historia, fueron expuestas esta semana en el alegato de la Fiscalía sobre los casos de los secuestros y asesinatos de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola.

El tribunal oral de Bahía Blanca juzga a más de veinte represores que actuaron durante el terrorismo de Estado bajo control operacional de la Base Naval Puerto Belgrano de la Armada Argentina. El alegato de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani se extenderá por dos audiencias más, el martes y el miércoles próximos, en Colón 80.

“Estas actas confeccionadas para entregárselas a la Inteligencia de la Prefectura y para perseguirlos de manera laboral y echarlos sin pagar la indemnización, paradójicamente hoy nos sirven como prueba en la reconstrucción precisa hasta del detalle horario de la historia”, afirmó Palazzani.

El representante del Ministerio Público aseguró que el contexto del caso de los obreros muestra los componentes militares del terrorismo de Estado y “atraviesa horizontalmente toda la traza de complicidad civil en Bahía Blanca. No solamente la complicidad empresarial sino también vamos a ver que los familiares peregrinaron por los tribunales provinciales, los federales y por altos estamentos de la Iglesia Católica”.

Aquellos secuestros, torturas y homicidios calificados tuvieron “su génesis en el conflicto gremial con la patronal del grupo empresario Massot-La Nueva Provincia”. Fueron precedidos “por un período de varios meses de persecución como correlato directo de la actividad gremial desarrollada y los conflictos laborales existentes desde 1973, entre los trabajadores sindicalizados y los propietarios y directivos de la empresa. Resulta acreditado por un sinnúmero de documentos la existencia del conflicto y las negociaciones entre los representantes sindicales y los miembros de la familia Massot”.

Entre la abundante documentación de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) se destacan dos fichas a nombre de Loyola y tres correspondientes a Heinrich, informes sobre su actividad en la comisión directiva del Sindicato de Artes Gráficas, pedidos de intervención al Ministerio de Trabajo, el señalamiento de los obreros desde el “núcleo duro” del clan Massot hacia las fuerzas armadas y los domicilios de los cuales luego iban a ser chupados.

La Fiscalía destacó que “los asesinatos no son producto de ningún espasmo de la fuerza de seguridad” y desarrolló la reconstrucción paralela entre la militancia gremial de los trabajadores, su registro en informes de inteligencia y el “hostigamiento permanente” de La Nueva Provincia desde sus editoriales.

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Los hechos

(Por Astor Vitali) El año pasado se sancionó la Ordenanza de Espacios Culturales. Fue antes de que Sergio Raimondi renunciara al cargo de Director del Instituto Cultural, dado el cambio de color político decidido por el intendente, sin que medie sufragio.

Hace más de dos meses el Honorable Concejo Deliberante puso al aire, en los medios que decide financiar, un spot publicitario cuyo objetivo es reivindicar la labor legislativa local, a través de la difusión de la mencionada ordenanza. “Más espacio para la cultura”, reza la publicidad.

Sin embargo, el sábado 22 de agosto la Municipalidad de Bahía Blanca tomó la decisión de clausurar La Casa del Pueblo. Se trata del viejo local del PS, hoy de Socialistas para la Victoria, quienes ceden la gestión de actividades al grupo Perro Azul, conocido por la organización de El Semillero, un encuentro de formación de gran impacto.

Los testimonios

“El sábado estábamos en lo que son las varietté del Semillero, haciendo un nuevo encuentro. Se apersonaron unas cinco o seis personas entre ellos oficiales, gente de la municipalidad. Decidieron labrarnos un acta por una supuesta denuncia de algún vecino”, dijo a FM De la Calle el actor y dramaturgo Nicolás Caminiti. “Éramos 30 personas y un chico que vino de Buenos Aires tocando la guitarra. Nos parece raro que haya una denuncia porque a nuestros costados no tenemos vecinos y con los de enfrente nos manejamos bastante bien. Es lamentable que se cierre un espacio cultural”, sostuvo.

“El acta es casi graciosa. Dice que se pasa a clausura del lugar porque está realizando una actividad cultural con 30 personas, 1 músico y malabarista, con música baja. Por esto clausuran el espacio. Estamos en una incertidumbre, en una situación complicada”.

“Hoy no se avizora para ningún espacio cultural independiente una posibilidad de habilitación a corto plazo. ¿Qué va a ser de todos estos grupos de teatro, de música y de danza que encuentran en estos espacios un lugar de expresión? Si la municipalidad genera otra alternativa sería otra cuestión”, reflexionó.

Por su parte, el poeta Marcelo Díaz, quien integró el Gabinete de Planificación de Políticas Culturales durante la gestión de Sergio Raimondi en el Instituto Cultural, explicó el proceso de confección de la vigente Ordenanza de Espacios Culturales. “Se dio por la situación de que se había empantanado en el Consejo Deliberante la habilitación de cinco espacios, en ese momento. Ahí se retomó la idea, que es un reclamo de parte del sector artístico de hace rato, de tener una normativa especial y no de andar viendo en cada caso en particular”.

“El primer problema que nos topamos es que estos espacios entraban en la categoría de la ordenanza que regula a los lugares de nocturnidad. Lo que se les pedía eran una serie de requisitos propios de un local que tienen una actividad comercial de otros tipos. Entonces lo que se trató fue de trabajar con las características particulares de los espacios culturales, para generar una categoría que los contemplara sólo a ellos. Se visitó a los que estaban con la habilitación pendiente con una comisión con un inspector de cada área, un inspector de Habilitaciones, Bromatología, Defensa Civil y Electricidad y Mecánica. Nosotros notamos que de parte de los inspectores había un gran tipo de desconocimiento de qué tipo de espacio estaban inspeccionando”.

“A partir de ese proceso, en base a otras normativas de otras ciudades y analizando la situación en Bahía se fueron sacando una serie de elementos. Que el proceso de habilitación no fuera tan largo” dado que hay quienes para recibir subsidios requieren adjuntar en la documentación presentada la habilitación del espacio. “Entonces lo que se generó en la ordenanza es un paso intermedio que es un permiso de funcionamiento, que son de seguridad. Por ejemplo, la inspección de Electricidad y Mecánica y que esté determinado el factor de ocupación, que estén los mata fuegos y que haya un plan de evacuación”.

“A la vez, se hablaba de hacer un plan para ir renovando el permiso. La idea era que en ese tiempo se podían ir recibiendo subsidios del Instituto Cultural para ir haciendo esas obras hasta tanto se llegara a la habilitación”, finalizó.

Por su parte, la titular del IC, Marcela Sainz, sostuvo que se comunicó con Caminiti “el domingo. Primero le ofrecí mi solidaridad y mi ayuda. Le ofrecí que venga a verme el lunes (pasado) a la mañana con la clausura. Cuando vino, él nunca había hecho ningún tipo de inscripción en ningún lado. No tenía hecho ni el primer trámite inicial para habilitar un espacio. Le expliqué como era. Ya lo veníamos charlando. Viste cuando dejás para mañana. Ahora ya se llevó la primer parte. Me tiene que traer los planos así empezamos con la habilitación de bomberos. Lamentablemente no estaba inscripto con el trámite iniciado”.

A su vez, “la ordenanza lo que hace es alivianar las condiciones que se solicita para cualquier otro tipo de espacio de nocturnidad. Tenemos representantes de cada una de las áreas, hacen todo el informe que es gratuito y aparte tenemos un fondo que podemos dar como subsidio para que, por ejemplo, si tiene que cambiar la electricidad, tengan una ayuda económica desde el municipio para poder arrancar y poder hacer las obras”.

La funcionaria explicó que los integrantes de la mesa que estipula la ordenanza “están designados. Hemos hechos reuniones separadas, no en conjunto”.

¿Cómo sigue?

Si bien la Ordenanza exige requisitos de menor exigencia que la normativa no específica que regulaba al sector, las inversiones que requieren para verse habilitados son de carácter edilicio, y en general, se trata de montos de decenas de miles de pesos, como mínimo. Hasta el momento, si bien según aseguró Sainz, la mesa tiene designada su conformación, luego de la aprobación de la ordenanza la normativa no tuvo aplicación práctica y no existió voluntad política para poner en marcha los mecanismos que estipula, ni los beneficios que la publicidad del cuerpo legislativo difunde.

Resulta llamativa la decisión municipal de aplicar rigurosidad a un espacio pequeño, donde se llevan a cabo actividades culturales y en cambio hacer la vista gorda hacia otros locales de carácter comercial que incumplen normativas y están a la vista de cualquiera. ¿Todos los restaurants céntricos tienen acceso para discapacitados?, por ejemplo. ¿Cuántos locales hay que no reúnen las condiciones de habilitación y no son molestados por el gobierno municipal?

El 3 de septiembre Caminiti se presentará ante el Tribunal de Faltas, citado por el juez Ricardo Germani. La Casa del Pueblo convocó a una actividad en el playón de la Universidad Nacional del Sur para el día domingo 6 de septiembre, en reclamo de normalizar la situación.

Diferentes espacios culturales comenzaron a intercambiar opiniones en función de establecer una posición común ante la clausura y respecto de cómo seguir adelante. A su vez, en los próximos días la mesa que estipula la Ordenanza de Espacios Culturales tendría su primera reunión.



Se cumplieron tres meses del asesinato de Katherine Gabriela Moscoso, quien fue hallada sin vida en un médano de Monte Hermoso el 23 de mayo.

“Como familia seguimos en la lucha, mi abuela ya cambió de abogado. Recibimos amenazas, nos tiraron una camioneta encima, estoy segura que quienes  hacen esto son responsables de la muerte de Katherina”, dijo Wanda Banegas, prima de la víctima, a FM De la Calle.

Una vez anoticiados del crimen, vecinos de la localidad lincharon a Juan Carlos “Canini” González, uno de los sospechosos, ocasionándole la muerte. ”Está mal que este hombre haya muerto. Él sabía mucho de lo que le ocurrió a mi prima”.

Wanda afirmó que “mi hermano sigue preso, fue el único que se hizo cargo de esto. Los del incendio van quedando el libertad”

El secretario de Seguridad, Ricardo Triches, está con licencia por problemas personales. “Está muy sucio, va a volver y lo van a seguir apañando”, aseguró.

La prima de la víctima pide justicia y que no se repitan hechos de estas características. “Éramos un pueblo tranquilo, ahora se oculta todo”.

Las marchas seguirán en la ciudad balnearia durante los festejos de la primavera. ”Vamos a aprovechar esos días, la gente de afuera se preocupa más que los montermoseños, me cuesta creer esto”, finalizó.

 

 

 

 

 

 

El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca no se presentó hoy a la indagatoria convocada por el juez federal Alejo Ramos Padilla para defenderse de la imputación fiscal por sus supuestos vínculos con la Triple A y su complicidad con el terrorismo de Estado.

“El dr. Montezanti presentó una recusación al juez y al Ministerio Público. Se contestó, el juzgado resolvió rechazarla y luego manifestamos que por las razones que dio para no venir, que fueron funcionales, tenía algún trámite en la Cámara, entendíamos que no había razones válidas o importantes como para postergar un acto de tal trascendencia procesal. Así que solicitamos que se fije inmediatamente nueva audiencia y que se comunique esa situación al Consejo de la Magistratura”, dijo a FM De la Calle el fiscal Miguel Ángel Palazzani.

La indagatoria estaba convocada para las 11 en el juzgado de Alsina 317 donde se manifestaban organizaciones políticas y estudiantiles y cuyo frente lucía afiches que denunciaban la pertenencia del magistrado al Personal Civil de Inteligencia del Destacamento 181 y pedían su expulsión de la Universidad del Sur.

“No me extraña, Montezanti es un cagón que se escondió durante cuatro años en la universidad, primero fue una cautelar, después una recusación a consejeros de Derecho, después del Consejo, etcétera, y es lo que está haciendo ahora. Con estas recusaciones lo único que pretende es prorrogar todos los plazos. Es muy importante hacer visible todo esto y que no queden estas cuestiones en los tribunales sino que trasciendan a la sociedad”, opinó Dante Patrignani al cierre de la transmisión especial de FM De la Calle.

Alberto Rodríguez se mostró sorprendido porque “un juez de la Cámara Federal no se haga a justicia, es un caso extraño donde tiene todas las posibilidades de demostrar su inocencia, donde podría refutar todas las acusaciones que contra él tenemos y los testigos que hay para probar su participación en la Triple A. Se ve que los tribunales le caben para juzgar a los demás pero no para defenderse, cosa que no pudieron hacer los compañeros asesinados”.

Consultado acerca de las particularidades del trámite penal para un imputado que a su vez es camarista federal, Palazzani explicó que “tienen un régimen diferente, cualquier imputado que no concurra a una convocatoria de este tipo si no tiene razones fundadas se lo puede hacer comparecer con la fuerza pública. En el caso de los magistrados esa situación no es posible por sus fueros, pero las razones que dio fueron funcionales, que tenía otra actividad en la Cámara, con lo cual permite que el juez fije otro horario para que concurra, puede ser hoy a la tarde”.

Si las ausencias de Montezanti se repiten con razones infundadas como las planteadas este mediodía, el representante del Ministerio Público aseguró que “claro que tiene que comenzar ese proceso (de desafuero)”.

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Las agrupaciones Cultura Ciclística y Quiero Ciclovías en Bahía se quejaron de que a un mes de celebrada la audiencia pública sobre el Proyecto Red de Ciclovías “nada más se ha dicho al respecto”.

“Luego de la presentación de este proyecto serio y completo en el que participaron profesionales y funcionarios públicos, el cual asimismo recibió el aporte de ideas y alternativas por parte de vecinos interesados, nos preguntamos qué cuestiones están demorando la presentación de dicho Proyecto para que sea tratado por el órgano deliberativo de nuestra ciudad, atento la necesidad de pensar en su concreción a fin de que pueda ser incluído en el próximo presupuesto anual municipal”, dijeron en un comunicado y subrayaron que “si la condición del tránsito fuera más propicia a la seguridad de los ciclistas” se sumarían muchxs más a sus filas.

Para las agrupaciones “el cambio está al alcance de la mano” si se diagraman ciclovías “demarcadas con pintura llamativa (amarillo y verde claro por ejemplo) a lo largo y ancho de la ciudad (el total de las cuatro etapas de la red proyectada) tendría por efecto un masivo reconocimiento de la presencia de la bicicleta como medio de transporte, de la mano del ciclismo urbano como fenónemo social y cultural que viene siendo adoptado por quienes en primera persona experimentan la eficacia, practicidad y economicidad de tiempo y dinero que proporciona la bicicleta en la ciudad”.

“En el entendimiento de que los cambios significativos requieren el compromiso de quienes pueden generarlos, apelamos a la buena voluntad política de nuestros representantes locales, y solicitamos se expidan respecto al futuro próximo del Proyecto de Ciclovías”, concluyeron.

Historias de la bici

Las bicicletas fueron muy populares en las décadas de 1890, 1950 y 1970. Actualmente están experimentando un nuevo auge, creciendo notablemente su uso en Bahía Blanca y todo el mundo.

En este contexto, el historiador bahiense Francisco Daniel Panizoni presenta ‘Historias de la bicicleta’, una charla abierta sobre la bici, sus orígenes y presencia en la región. Será el próximo viernes 4 de septiembre a las 18 en la Sala Juvenil de la Biblioteca Rivadavia.

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El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, rechazó ayer los cargos que le reprochan siete denuncias unificadas en un pedido de juicio político que analiza la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura.

Su vinculación con la Triple A, haber integrado los servicios de inteligencia del terrorismo de Estado como personal civil, la reivindicación de la pena de muerte y el maltrato a empleadxs judiciales son algunos de los motivos de las reiteradas quejas en su contra.

El primero de ellos le valió un llamado a indagatoria en la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad de la banda parapolicial que deberá concretarse mañana a las 11 ante el juez Alejo Ramos Padilla. El segundo, fundamentó su suspensión preventiva como docente de la UNS y la realización de un juicio académico.

El camarista evitó la exposición y volcó su descargo en un extenso escrito. Calificó como “calumniosas” las imputaciones de una supuesta “brigada acusadora” y aseguró que “se da una triple identidad de persona, objeto y causa entre las aquí planteadas, tanto respecto de la supuesta pertenencia del firmante a la Triple A, como de su breve desempeño, treinta y cuatro años atrás, como ‘asesor universitario’ en calidad de personal civil de inteligencia”.

Para comenzar el juicio político se necesitan dos tercios del plenario del Consejo de la Magistratura. Aunque antes, el trámite deberá obtener el respaldo de la mayoría absoluta de la Comisión de Acusación y Disciplina presidida por el académico Jorge Candis e integrada por los jueces Luis Cabral y Leónidas Moldes, el representante del Poder Ejecutivo Julián Álvarez, Adriana Donato por lxs abogadxs de la matrícula federal y los senadores Ruberto Godoy y Ángel Rozas.

“Se ha demostrado, con el fallo judicial pertinente, que la infame acusación de pertenencia a la Triple A, ya ventilada en esta sede, fue objeto de sentencia judicial luego de exhaustiva investigación, con total rechazo. También se destacaron las insalvables contradicciones del testigo (Juan Pedro) Tunessi respecto de  un supuesto diploma de la organización ilícita, entre lo declarado en sede judicial y ante este organismo”, sostiene Montezanti.

Por su presunta participación en la Alianza Anticomunista Argentina y su complicidad en el plan criminal que se implementó entre 1976 y 1983 los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani pidieron su indagatoria, ordenada por el juez Ramos Padilla para este jueves a las 11. Tiempo atrás, la justicia correccional identificó al camarista junto a los matones del ex diputado nacional Rodolfo “Fito” Ponce que tomaron la UTN en 1974. Fue en el fallo de una querella que el ex PCI entabló contra el militante Alberto Rodríguez, quien lo denunció durante una sesión del Consejo Superior de la Universidad del Sur.

La semana pasada, el mismo órgano universitario aprobó por unanimidad la suspensión preventiva del docente del Departamento de Derecho hasta que culmine un juicio académico solicitado casi cuatro años atrás. “Clon de la acusación obtenido por la brigada acusadora de siempre, se ha señalado que está en curso sin haberse establecido siquiera tribunal, en sede distinta, sin que puedan influirse ambas causas, y se ha pedido prueba al respecto de los descargos, para equilibrar la expuesta en el texto en conteste”, rezongó su señoría.

Las doctrinas que propiciaba el abogado en sus escritos solían destacar el “altísimo valor moral y preventivo” de la pena de muerte como “un instrumento más de los muchos de que la sociedad dispone para neutralizar a la delincuencia” y que “la derogación formal de la pena capital introduce un proceso regresivo en la sociedad, tornando cobardes y pusilánimes a los magistrados”.

En su descargo manifiesta su supuesta evolución ideológica, paradójicamente proponiendo la muerte de la pena de muerte e invita al consejero y autor del dictamen, Julián Álvarez, a leer su “producción en los últimos 35 años y otros textos que ponen en su lugar esta peregrina acusación”.

¿Fobia antisindical?, se pregunta más adelante el juez y se responde que es una “palmaria falsedad” considerada en su mayor parte en una causa anterior “usada, ajada y abusada como todas las propuestas” en el dictamen que propone su enjuiciamiento y que configura una “ofensa al decoro”.

“Se ha señalado el tono y estilo de Gran Inquisidor ideológico que prevalece en el texto en conteste, que acusa al firmante hasta de ‘procacidad’, como solía ocurrir con los impíos sometidos al processus inquisiotionis, inadmisible en esta sede”, mencionó antes de pedir el rechazo “de plano” del juicio político.

Para “derrumbar el tinglado acusatorio” ofreció como testigos a las secretarias Previsional de la Cámara Federal, Marianela Abrieu, y penal del Juzgado Federal Nº2 Rosana Noemí Peti; a la jefa de despacho de la Cámara Federal Julieta Mateos; a la empleada pública provincial Magdalena Cizler y al jubilado Francisco Gastañaga.

Mañana habrá elecciones en la Asociación Judicial Bonaerense. La Departamental de Bahía Blanca comprende desde Gonzales Chaves hasta Carmen de Patagones. El candidato a Secretario General por la Lista Azul n°5, Néstor ‘Chacho’ Alende, dijo a FM De la Calle que tienen “una gran expectativa. Hemos trabajado bastante en esta campaña. Hemos recorrido la mayor cantidad de dependencias, teniendo en cuenta que tenemos el tiempo acotado”.

La agrupación, que es oficialismo en la provincia y oposición en la ciudad, propone un “modelo de gremio que aspira a poder cubrir las necesidades en cuanto al respaldo a los compañeros en las situaciones de violencia laboral y de postergación. Vemos sobre todo en el Ministerio Público que hay muchísima presión. Tenemos que volver a las asambleas masivas donde se discutía, se resolvía y lográbamos los puntos que nos proponíamos. Queremos un gremio de puertas abiertas donde el afiliado se sienta perteneciente al gremio y por lo tanto que participe”.

Apuntado al personalismo en las conducciones sindicales, el trabajador judicial adelantó que “en la comisión directiva, si bien alguien tiene que encabezarla, vamos a trabajar en equipo. Decidiremos las cosas en base a los debates. Hemos conformado un equipo con gente que venimos trabajando hace muchos años, con otros nuevos. A su vez formar nuevos dirigentes para futuros mandatos”.

Otro aspecto señalado fue la situación edilicia en que desempeña sus tareas el sector que aspira a representar. “Hay oficinas donde se trabaja en condiciones de absoluto hacinamiento, rodeados de causas, a veces hasta cuesta caminar por entre ellas, y ojalá nunca caiga un fósforo prendido, porque será muy difícil la posibilidad de salir de algunas oficinas. Esto no es de ahora. Lleva muchos años y no se abordó el tema. Si ganamos nos vamos a encontrar con un motón de situaciones y esperamos que nos traigan. Va a costar mucho remontar porque hay situaciones que viene de muchísimo tiempo. Pero la cuestión es empezar”, finalizó Alende.

Foto: CTA Buenos Aires

Pablo Curino, vicepresidente de la Asociación de Profesionales del Hospital Municipal, expresó en el programa En Eso Estamos de FM De la calle que el nosocomio está falto de camas e insumos. También se pronunció sobre la nueva legislación bonaerense que beneficia a lxs trabajadorxs del área en materia de jubilación.

Hace tiempo que el personal de salud, nucleado en la asociación, viene exigiendo la implementación de un servicio integral. “Más que nada a esta altura del año, que hay un aumento de las enfermedades efectocontagiosas. Las dos salas principales que tenemos están completas casi al 100% y eso genera que no se puedan descargar pacientes de terapia, por lo tanto, las cirugías no se pueden realizar y, en la guardia tampoco se pueden recibir nuevas emergencias”.

El presupuesto en salud es escaso y esto se asocia con el desgaste laboral. “En América Latina, es la profesión que más vinculada está con los divorcios, con las enfermedades mentales, inclusive con los suicidios. CICOP logró esta normativa después de mucho tiempo. Acá vamos viendo personas que ingresaron para asumir un cargo pero terminan pidiendo otro, es un trabajo desgastante, no podemos tener errores y termina siendo un trabajo particular”.

“Lo del desgaste laboral salió ahora. Empezamos una ronda de charlas con la Secretaría de Salud, y la comisión de salud del HCD. Esperamos una reunión con el intendente, pero aún no hemos tenido novedades. Proponemos que los municipios adhieran a la normativa provincial de la jubilación a los 50 años, con 25 años de servicio, en forma progresiva”, informò.

“Antes existía un régimen jubilatorio especial sólo para quienes se desempeñan en áreas consideradas insalubres, como los laboratorios de rayos o aquellos donde se trabaja con sustancias químicas. Al modificarse el concepto de base de “insalubridad” por el de desgaste profesional o agotamiento prematuro, se contextualizan todas las tareas sanitarias con las actuales condiciones de asistencia a la población”, explicó, por su parte, Comisión Directiva de la asociación a través un comunicado.

Durante las campañas publicitarias de las PASO, fue evidente que la salud no fue ocupó para la mayoría de las fuerzas políticas una problemática relevante. “Puede ser que el sistema se ve compensado por el esfuerzo de todo el personal del salud, que pone mucho de sus propio empeño. Pero hay que tener en cuenta que esto propicia el error”.

El gremio escribió un documento destacando la rápida aprobación que los miembros del HCD local realizaron sobre el Decreto Provincial 598/2015, que lleva la firma Daniel Scioli, y establece que los profesionales y trabajadorxs del sector público de salud, puedan jubilarse a los 50 años de edad si cuentan con 25 años de servicio. Al mismo tiempo, valorizó la incansable lucha de CICOP para dar este histórico paso, convirtiendo a la provincia de Buenos Aires en pionera a nivel nacional.

En el Hospital Municipal se están realizando dos obras en simultáneo, en el sector de consultorios externos y el proyecto de terapia y quirófano: “estas nuevas construcciones implicarían un aumento de camas y sería necesario que vaya acompañado de un aumento de personal”.

Con respecto a la batería de leyes que recientemente aprobó la legislatura de la provincia de Buenos Aires, Curino se posicionó sobre el artículo que garantiza la presencia de payamédicos en las instituciones de la salud públicas, afirmando que “el rol que realizan es admirable. Además, fueron adecuando la sala de pediatría para lxs niñxs. El error sería que falten pediatras y se contraten payamédicos”.

La legislación provincial recientemente aprobada obliga a los servicios de terapia pediátrica de los hospitales públicos a contar con especialistas en el arte del clown o payasos hospitalarios. Buscan contribuir a la salud emocional del paciente hospitalizado. La normativa establece que no deben trabajar ad honorem.

El boletín oficial también incluyó una modificación del sistema de licencias de la administración pública bonaerense para incorporar un día destinado a hacer exámenes ginecológicos. La norma incorpora a la ley 10.430 el siguiente artículo: “El personal femenino gozará de licencia un día al año con goce íntegro de haberes a efectos de facilitar su concurrencia a realizarse el examen de papanicolau y/o radiografía o ecografía mamaria, presentando certificado médico”.

El fiscal federal Miguel Palazzani se refirió este sábado a la infiltración de la policía bonaerense en la comunidad de la Universidad Nacional del Sur para identificar a los autores de una pegatina en contra del docente de Derecho Néstor Luis Montezanti por su participación en la inteligencia del terrorismo de Estado.

“Tenemos que seguir manteniendo esa capacidad de asombro para poder reaccionar, porque que uno diga que es grave a esta altura no parece algo original. Debe haber una reacción de la comunidad universitaria no solamente bahiense sino nacional. La universidad pública no puede no decir nada respecto de nada menos que la infiltración de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y nada menos que en la Universidad Nacional del Sur y nada menos que a partir de una denuncia que hace un ex Personal Civil de Inteligencia que es presidente de una Cámara Federal”.

Para el funcionario, Montezanti “no pudo desconocer que esa denuncia, por todos sus componentes, tramitaba o debía tramitar en jurisdicción federal y no provincial” y solo con ese dato “hay un ruido que habrá que dilucidar”. “Es muy sugestivo que el denunciante, que es alguien que debe conocer perfectamente la ley o en todo caso el error es absolutamente inexcusable, concurra a la sede provincial a hacer este tipo de denuncia donde todo indicaba que era jurisdicción federal”, insistió.

Exigió explicaciones por parte de las máximas autoridades del Ministerio Público Fiscal y la policía bonaerenses. “Han vulnerado no solamente la Ley de Inteligencia sino la autonomía universitaria, en un hecho que realmente no tiene ninguna diferencia leer ese informe del policía con los que leemos a diario los que tenemos la oportunidad de ver los informes de la DIPPBA de la época de la dictadura”.

Palazzani compartió la “honda preocupación” expresada por el rectorado universitario en un comunicado de prensa pero sostuvo que “debe traducirse en actos que permitan investigar lo que pasó”. Por ejemplo, mediante la presentación de la UNS como querellante “porque si esta es la manera de conducirse de la policía de la provincia y de algunos integrantes del Ministerio Público Fiscal de la provincia, nadie puede asegurar que no haya ocurrido alguna vez o que esté ocurriendo”.

“Lo de Patrignani realmente es, no sé si la palabra es increíble pero llama mucho la atención porque tenemos informes de la DIPPBA del año 73 que ya era investigado. Verlo en el 2015 nuevamente con los mismos personajes de un lado de la inteligencia y del otro lado de los investigados y perseguidos es impactante”, afirmó.

*Entrevista realizada en el programa Enredados que se emite los sábados de 10 a 13 por Radio Altos.

En el marco de una investigación que data de hace un año y medio a raíz de la denuncia que realizó bajo identidad reservada una mamá respecto del suministro de estupefacientes a su hijo, la UFI N° 19 comenzó a trabajar. Se hicieron escuchas que permitieron establecer tres líneas de investigación en materia en Bahía Blanca donde se hicieron “34 allanamientos, 4 en Punta Alta, 1 en Pigüé y otro en la ciudad de Mar del Plata”, en un operativo que coordinó 40 allanamientos en el ámbito provincial, según dijo a FM De la Calle el fiscal general Juan Pablo Fernández.

Se dispusieron 32 detenciones de un pedido de 36 que la fiscalía a cargo había solicitado. “Al momento se han concretado 19. Fue secuestrada marihuana, cocaína y dosis de LSD. Además, armas de grueso calibre y herramientas para el fraccionamiento de los estupefacientes”.

Por otra parte, el funcionario expresó que “debe haber en la investigación algunos eslabones anteriores en la cadena de comercialización, de manera que habrá que darle a la justicia federal toda esa información, que es la que tiene competencia”.

A su vez, “hay algún nombre que se repite, que podría estar vinculado con la causa Suris. Hay alguno de los detenidos que estaban vinculados a esa otra causa y estaba gozando de algún beneficio, como arresto domiciliario”.

El docente de la Universidad del Sur Néstor Luis Montezanti, fue suspendido preventivamente hasta tanto finalice el juicio académico aprobado ayer por el Consejo Superior. El cuerpo entendió que su actuación como personal civil de inteligencia durante la última dictadura implica “falta de ética en el ámbito universitario o profesional que se proyecte sobre aquél”.

Dante Patrignani, quien solicitó el juicio en 2011, compartió el mérito de “esta victoria” con “la militancia” y llamó a prestar atención a quienes sean sorteados para conformar el Tribunal Académico para que “se hagan cargo, pongan las pelotas y hagan lo que tienen que hacer (…). Seguiremos militando, hay que estar vigilante y haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, empujando, reclamando y viniendo a romper las pelotas las veces que haga falta para que esto termine con la expulsión definitiva”.

Montezanti es profesor titular de Ciencia Política, de Introducción al Derecho y de Derecho Administrativo. Además, preside la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, cargo que deberá defender el próximo 25 de agosto ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura que evalúa varios pedidos unificados de juicio político. Dos días después, será indagado por el juez Alejo Ramos Padilla como imputado en la causa que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A.

“Festejemos, la lucha da muchas amarguras, muchas, pero el triunfo es de los que siempre van con la verdad. Aquellos que luchan por una justicia verdadera. El campo popular solo necesita que los jóvenes de esta universidad, los jóvenes trabajadores, se hagan de estas banderas que por tantos años han sido ocultadas”, dijo Alberto Rodríguez, querellante en la causa contra la banda parapolicial.

Parafraseando al movimiento que pretende desmonumentar al genocida Roca, decimos que la expulsión de los y las colaboracionistas de la dictadura de las instituciones democráticas, viene. Lento, pero viene.

DSCN7416Al abrir la sesión, una representante del alumnado manifestó su “preocupación” por la infiltración de un policía bonaerense en la comunidad universitaria por orden del fiscal Rubén Álvarez, en el marco de una denuncia presentada por Montezanti y repudió “todo acto de inteligencia que tenga como víctimas a estudiantes”.

El secretario del Consejo, Diego Duprat, leyó el dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento y registró una propuesta de modificación de forma. Desde la bancada estudiantil de Generación UNS se afirmó que “escuchamos y percibimos una clara voluntad de la comunidad universitaria que exigía la toma de decisiones concretas respecto a un docente que ha reconocido que ha participado en el personal civil de inteligencia, por esta razón hoy hay que votar con conciencia para determinar cuál es el tipo de universidad que queremos para el futuro”.

Por su parte, la lista Unidad sostuvo que “educar en el tema de los derechos humanos debe ser un compromiso permanente y una responsabilidad ineludible de nuestra institución. Estos acontecimientos nos interpelan sobre la formación que queremos tener como estudiantes y futuros profesionales”. Y respecto a la infiltración por las pegatinas contra Montezanti opinaron que “implica un sombrío retroceso a los momentos más oscuros de la historia de nuestro país y por eso no podemos quedarnos inermes ante esta conducta”.

DSCN7470Llegó el turno de la votación y 27 manos se levantaron por unos segundos hasta que la confirmación de la aprobación por unanimidad dio paso al clásico colectivo “ole olé, ole olá, como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar” y los gritos de “presente” para Watu y lxs treinta mil compañerxs detenidxs desaparecidxs.

En sus considerandos la resolución afirma que “la comisión de delitos de lesa humanidad en el país fue organizada con la necesaria complicidad de una amplia red de ‘informantes’ -muchos de los cuales formaron parte del Personal Civil de Inteligencia (PCI)- que se encargaban de recolectar los datos que luego eran suministrados a los ‘grupos de tareas’”.

Además, considera que “el accionar descripto fue desplegado vigorosamente en el ámbito universitario donde los aludidos agentes se infiltraron obteniendo los nombres, domicilios, actividades y relaciones sociales de docentes, auxiliares y estudiantes que luego fueron víctimas de detenciones ilegales, secuestros, torturas, cesantías, exilios forzosos, crímenes aberrantes y desapariciones”.

DSCN7500Resuelto el punto 4 de la orden del día, el Consejo Superior continuó su sesión en el segundo piso del Rectorado mientras en las escalinatas de ingreso se realizaba un acto de festejo con la voz de Dante Patrignani y Alberto Rodríguez, pilares de la denuncia contra el camarista y la Triple A, y la lectura de un documento de la Coordinadora por el Juicio Académico a Montezanti.

“Festejemos, la lucha da muchas amarguras, muchas, pero el triunfo es de los que siempre van con la verdad. Aquellos que luchan por una justicia verdadera. El campo popular solo necesita que los jóvenes de esta universidad, los jóvenes trabajadores, se hagan de estas banderas que por tantos años han sido ocultadas. La bandera de la libertad, de ser estudiantes críticos, de poder llevar adelante el sacar a un fascista de los cuales todavía quedan unos cuantos por sacar”, dijo Rodríguez.

Carucha advirtió que “todavía dentro de esta universidad hay un gran porcentaje de docentes que no están de acuerdo con lo que se acaba de votar. Y, es más, en sus clases de economía persiste el neoliberalismo, en sus clases de justicia o de derecho persiste el derecho del opresor y nunca explican cómo debe ser defendido el oprimido”.

“Por eso compañeros, esta lucha no terminó hoy. Hoy es un día de festejos, para poder festejar una vez por lo menos. Pero no nos olvidemos, el opresor sigue enseñando en esta universidad, los oprimidos todavía no terminan de despertar. Es de ustedes, es de nosotros, no abandonar la lucha, continuarla hasta que no quede uno solo de los que fueron cómplices y de los que siguen siendo cómplices dentro de la Universidad del Sur”, culminó.

DSCN7546Patrignani recordó que “cuando empecé con esto en soledad hace cuatro años, no lo hice porque tenía espíritu de kamikaze sino porque no conseguí quién me acompañara. Los argumentos eran: no es suficiente acusación el hecho de haber sido PCI, que haber sido PCI no es un delito, que es un tipo muy poderoso, que es juez federal y si le cae una causa contra la universidad nos hace pelota, qué jurado académico se va a enfrentar con este tipo. Toda una serie de argumentos que la perseverancia y el acompañamiento de ese grupo de militantes, de jóvenes, de estudiantes que se pusieron la mochila al hombro y a ese primer paso formal le dieron contenido y fuerza y le pusieron garra a las pegatinas, a las volanteadas”.

“Toda esa tarea fue convenciendo a algunos que no estaban convencidos y, por otro lado, los hechos relevantes de estos últimos meses, la decisión del Consejo de la Magistratura de avanzar con el juicio político donde han juntado todas las denuncias, la mía, la de los fiscales, de los organismos de derechos humanos, las viejas denuncias archivadas del sindicato de empleados judiciales y este llamado a indagatoria por parte del juez Ramos Padilla, han hecho que la universidad no pudiera seguir mirando para otro lado y tuviera que tomar esta definición”, explicó.

El profesor compartió el mérito de “esta victoria” con “la militancia” y llamó a prestar atención a quienes sean sorteados para conformar el Tribunal Académico para que “se hagan cargo, pongan las pelotas y hagan lo que tienen que hacer porque tenemos el antecedente de Gloria Girotti que se han vencido los dos años de plazo y, sin embargo, el jurado todavía no ha tomado una decisión. Seguiremos militando, hay que estar vigilante sobre esto y haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, empujando, reclamando y viniendo a romper las pelotas las veces que haga falta para que esto termine con la expulsión definitiva”.

Las Madres Lolín Rigoni e Inés Ragni abrazaron desde Neuquén a Patrignani por “honrar la militancia con su actitud” y Federico Machado, integrante de la conducción de la Federación Universitaria de La Plata, destacó la “correlación de fuerzas construida por el campo popular que nos permite, no solamente estar juzgando a los militares genocidas, sino también poner en el banquillo a sus cómplices civiles y expulsarlos para siempre de nuestras universidades para ponerlas definitivamente al servicio del pueblo”.

En el marco de una causa iniciada en una fiscalía provincial, un policía bonaerense se infiltró en la comunidad universitaria para investigar una pegatina de afiches denunciada por el camarista. El fiscal Nebbia solicitó la apertura de una pesquisa por violación a la ley de Inteligencia Nacional.

El fiscal federal subrogante José Nebbia requirió la desestimación de la denuncia penal presentada por el presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti –citado para el jueves próximo a indagatoria por crímenes de lesa humanidad-, por los delitos de daño, perturbación del orden y desobediencia contra tres personas que habrían pegado varios afiches donde se mostraba un fotomontaje de una imagen suya luciendo una gorra militar. En la misma presentación, el representante del Ministerio Público requirió que se investigue la violación a la ley de Inteligencia Nacional, por tareas de espionaje a la comunidad de la Universidad Nacional del Sur (UNS), dado que un agente policial se infiltró entre los estudiantes para obtener información sobre la pegatina.

La causa en la que dictaminó Nebbia fue iniciada en el fuero ordinario en noviembre pasado -y pasó al fuero federal por incompetencia- por impulso del propio Montezanti. En esa denuncia, el magistrado imputó el delito de desobediencia al profesor universitario José Dante Patrignani,  a quien se le había ordenado en sede civil ordinaria “cesar en la instalación y difusión de afiches ridiculizantes”.

En el marco de esa denuncia interpuesta por Montezanti, el fiscal provincial Rubén Álvarez había ordenado “tareas de investigación” que se tradujeron en un informe brindado en una declaración testimonial por el oficial subinspector de la Policía bonaerense Miguel Vaca. “Expresa que llevó a cabo múltiples tareas de inteligencia, entre ellas trató de vincularse con grupos socializantes de la Universidad Nacional del Sur, cosa que resultó sumamente dificultosa dado la condición de policía, la cual si bien mantuvo bajo reserva en todo momento, las personas con las cuales se pretendía vincular tienen pensamientos, ideologías y criterios distintos a los del deponente” (sic), señaló el policía, y, entre otras cosas, añadió que “aún así logró relacionarse con un par de jóvenes que participan de estos movimientos con los que tuvo cierto acercamiento, a punto de poder profundizar con la presente labor, pudiendo saber que Dante Patrignani, tiene acercamiento, o bien buena relación con los partidos de izquierda, entre ellos PO, liderado por Altamira; CTA; MCT; PCTU; PTF; con mayor acercamiento al Partido Comunista y Aduns, con cuyos líderes mantiene una estrecha amistad” (sic).

Nebbia desestimó la denuncia de Montezanti por daño, perturbación del orden y desobediencia al no encontrar que la pegatina de afiches encuadrara en aquellos delitos y destacó que “las tareas de inteligencia” en la UNS son “una verdadera locura”, porque “lo realizado por las fuerzas de seguridad en este expediente es un tenebroso retroceso a los momentos más oscuros de nuestra historia como país, y por ello no podemos quedarnos inermes ante esta conducta”.

Por esa razón, el fiscal solicitó que “se extraigan testimonios de la presente causa para que se investigue -al menos- la violación de la ley de Inteligencia Nacional”, como la comisión del delito de abuso de autoridad por parte del oficial Vaca y sus superiores, “sin perjuicio de que la actividad pueda encuadrar también en otras figuras penales”.

Fuente: fiscales.gob.ar