En línea con lo solicitado por el fiscal federal Antonio Castaño, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca ordenó la prisión preventiva de cuatro hombres procesados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en una serie de prostíbulos y locales ubicados en Ingeniero White.

En su resolución, los jueces de Cámara consideraron que existen riesgos procesales, ya que el hecho de que se determinara que en el caso hubo “connivencia policial” permite presumir “el riesgo de elusión de la justicia” por parte de los imputados.

Los jueces también indicaron que, permaneciendo en libertad, los imputados podrían ejercer su influencia, comprometiendo los testimonios de las víctimas, y entorpecer así el procedimiento judicial, con la manipulación o contaminación de las pruebas.

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El principal imputado es Víctor Hugo Iglesias, único prófugo. Los detenidos este viernes tras la decisión del tribunal son Alfredo Ismael García, Alberto Martín Vargas y Eduardo Horacio Gutt. Los camaristas señalaron que Iglesias “aprovecha su influencia personal y política para garantizar la impunidad de los hechos ocurridos al interior del bar”.

Este último es un prefecto en actividad y García perteneció a la misma fuerza. Junto a Iglesias, ex dirigente de un club de fútbol de Ingeniero White, tienen causas elevadas a juicio por el mismo delito en los prostíbulos “Night Club Kaos” y “Las Vegas”.

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

Tanto Iglesias como Vargas y García están acusados de ser autores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, mientras que Gutt se encuentra procesado como partícipe primario del mismo delito.

Esta organización estaría involucrada en el circuito prostibulario local y habría actuado con la connivencia policial ya que, a través de la investigación, se estableció que existieron mensajes de aviso para advertir allanamientos.

La organización habría sido la dueña de una serie de prostíbulos que tenían la fachada de lugares con “Show” y “Karaoke” pero donde en realidad había mujeres ofreciendo “copas” y “pases”. Además, según el testimonio de “clientes” de esos boliches, los “pases” se realizaban dentro de camiones ubicados en una playa de estacionamiento.

Iglesias, junto a Natalia Zotta, reabrieron la histórica Cantina Royal.

Iglesias, junto a Natalia Zotta, reabrió la histórica Cantina Royal.

Esos hechos habrían ocurrido desde una fecha desconocida hasta 15 de abril del año pasado, cuando se realizaron los allanamientos en varios locales nocturnos de esa localidad. En esa oportunidad, fueron rescatadas 25 mujeres en situación de vulnerabilidad.

En junio de 2016, el fiscal Castaño y el fiscal a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo -que asiste en la investigación-, solicitaron los procesamientos con prisión preventiva de los cuatro acusados. Sin embargo, el Juzgado Federal N°2 les dictó el procesamiento pero los mantuvo en libertad. Como consecuencia, en noviembre de 2016 el representante del MPF apeló la medida y solicitó la inmediata detención y prisión preventiva para los cuatro acusados.

Fuentes: FM De la Calle y fiscales.gob.ar

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó el rechazo al pedido de salir transitoriamente del país formulado por el ex camarista federal Néstor Luis Montezanti, imputado en la causa que investiga 22 homicidios cometidos por la Triple A en Bahía Blanca.
El ex magistrado había solicitado el permiso para viajar al exterior, pero el tribunal supremo rechazó el recurso extraordinario contra el fallo con el que, meses atrás, la Cámara Federal de Casación Penal se había opuesto a la solicitud.
Ya en setiembre de 2016, la Cámara Federal de Bahía Blanca, el mismo tribunal que presidió Montezanti, se había opuesto al pedido.
La Corte, con las firmas del presidente Ricardo Lorenzetti y los ministro Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti desestimó al recurso, al que consideró “inadmisible” por no estar dirigido contra una sentencia definitiva.
El ex camarista federal fue denunciado por su “protección” al sangriento accionar de la Triple A bahiense y por haber actuado como Personal Civil de Inteligencia (PCI) que reportaba al Destacamento 181 y al Batallón 601 del Ejército dentro de las aulas de la Universidad Nacional del Sur durante el terrorismo de Estado.
En la causa penal se le atribuyó participación indirecta en 22 homicidios de la Triple A entre 1974 y 1975; se le imputó también el secuestro y los tormentos de un militante de la Juventud Peronista (JP) que lo habría reconocido durante su interrogatorio en el Cuerpo V de Ejército en 1977, y además se lo juzga por su desempeño como agente Inteligencia.
Montezanti renunció a su cargo en febrero de 2016, cuando en el Consejo de la Magistratura de la Nación avanzaba un proceso de juicio político en su contra por mal desempeño de sus funciones, “conductas incompatibles con los derechos humanos” y “falta de idoneidad moral y vocación democrática”.
Fuente: Télam.

Desde hoy se realizarán las 11º Jornadas de Economía Solidaria Bahiense en el Salón Fundadores de la UNS en Colón 80. La actividad cerrará mañana desde las 14:30 en La Feria del Lago del Parque de Mayo con chocolate  caliente y la música de Kaiser Carabela.

La directora de Cáritas, Marina Huentenao, comentó que las jornadas “son un espacio para reflexionar la práctica, haciendo una evaluación proyectiva una vez al año. Surgieron en el 2006 cuando comenzamos a pensar un programa integral en conjunto con el Estado abordando las líneas de producción, comercialización, financiamiento, capacitación, comunicación y difusión desde los principios de la Economía Solidaria y Comercio Justo”.

El encuentro es organizado por el Corredor Productivo y Cultural de la Economía Social y Solidaria Bahiense compuesto por La Feria del Lago, Reloj de Arena (local de comercio justo), los centros de formación profesional 402 y 401 Anexo UP4, ProSauChi (acompañados por INTA Cambio Rural II y UNS Dpto. de Agronomía), Moras Brix (acompañadas por INTA Pro Huerta), La Fuente Agua para el Corazón, FM De la Calle y Cáritas Bahía Blanca.

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A la histórica demanda de marcos legales que garanticen perdurabilidad y crecimiento a los proyectos se suma en la actualidad la necesidad de pensar estrategias para enfrentar la vuelta de las políticas neoliberales.

Huentenao afirmó que “desde la economía familiar es muy fuerte el impacto de la suba desmesurada de los servicios y de los insumos para la producción que van reduciendo cada vez más el margen de ganancia y hace que muchos emprendimientos ya no puedan planificar las compras de insumos ni tener stock porque venden y el dinero obtenido lo destinan al sustento diario”.

Este año la economista María Julia Eliosoff aportará su mirada teórica respecto al rol protagónico de las mujeres frente la crisis y luego habrá dos paneles con exposiciones de organizaciones vinculadas a la producción de alimentos y experiencias de autogestión y organización comunitaria.

En el primer bloque participarán integrantes de Moras Brix, ProSauChi y el coordinador de Microempresas del Municipio de Tandil, Martín Freiría, quien se referirá a la implementación y funcionamiento de la Sala Elaboradora de Alimentos que funciona en el ex Mercado Municipal de su ciudad.

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Luego será el turno del Frigorífico Empresa Recuperada Cooperativa INCOB, La Fuente Agua para el Corazón, el trabajo en grupos y el plenario final. La propuesta es abierta a quienes desarrollen algún emprendimiento y/o entiendan lo que implica el trabajo colectivo.

Compartimos aquí el cronograma completo:

11° Jornadas de Economía Solidaria Bahiense

Sábado 8 de julio – Colón 80 Salón Fundadores

14:15 Apertura y presentación de las Jornadas y de lxs expositorxs.

14:30 Marco teórico a cargo de la economista María Julia Eliosoff.

PANELES DE EXPERIENCIAS

1º BLOQUE: Organizaciones vinculadas a la producción de alimentos

15:00 Sala Comunitaria de Elaboración, a cargo de Martín Freiría (Municipio de Tandil).

15:20 Moras Brix (INTA-ProHuerta).

15:40 ProSauChi (INTA Cambio Rural II).

2º BLOQUE: Organizaciones vinculadas a la autogestión – organización comunitaria

16:00 Frigorífico Empresa Recuperada Cooperativa INCOB.

16:20 La Fuente Agua para el Corazón.

16:40 Trabajo en grupos.

  • Producción (Experiencia de Tandil – Emprendedorxs de Moras Brix – UP4 Producción de Gírgolas- Emprendedorxs de alimentos – invitadxs).
  • Comercialización (emprendedoras del Reloj de Arena – La Feria del Lago – La Fuente Agua para el Corazón – invitadxs).

17:40 Plenario – conclusiones.

18:30 Cierre y despedida.

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Fuente: Cáritas.

(Por Martín Becerra) Tras más de un año de desmentidas oficiales, Cablevisión Holdings y Telecom, cuyos accionistas son los grupos Clarín y Fintech (David Martínez) anunciaron esta noche su fusión. El 40% del futuro conglomerado, que gestiona el visto bueno del gobierno argentino a través del ente gubernamental de Comunicaciones (ENaCom) pertenecerá a Fintech, mientras que el Grupo Clarín obtendrá aproximadamente un 33% y el resto cotizará en bolsa. Clarín y Fintech ya son socios en Cablevisión Holdings (del cual Clarín tiene el 60% y Fintech el 40% restante) mientras que Telecom ha sido en el último año y medio -gracias al aval del gobierno argentino- controlada en su totalidad por la compañía que representa D. Martínez.

En los términos en que se difundió, la fusión Telecom + Cablevisión coloca al Grupo Clarín en una situación inédita, pues será accionista minoritario en una apuesta estratégica por primera vez en su historia. Sin embargo, es prematuro aún para saber quién oficia de “punto” y quién es “banca” en esta operación.

El nuevo conglomerado infocomunicacional será el mayor de la Argentina y concentrará el 42% de la telefonía fija; el 34% de la telefonía móvil; el 56% de las conexiones a Internet por banda ancha fija; el 35% de conectividad móvil; y el 40% tv paga. Estos porcentajes son más elevados en las zonas de mayor poder adquisitivo y concentración demográfica del país. Aparte, el Grupo Clarín es el mayor editor de diarios, es propietario de radios líderes en AM (Radio Mitre) y FM (La 100) y de una de las cadenas de televisión abiertas más importantes (El Trece), además de ser accionista en Papel Prensa SA, la Agencia DyN y poseer señales de tv paga.

La fusión expresa un hito en la concentración de los mercados de información y comunicación de la Argentina y supera todos los niveles previos, que ya eran elevados. La prédica del gobierno del presidente Mauricio Macri acerca de inyectar mayor competencia en los sectores de la comunicación queda así expuesta a un sonado fracaso, pues en lugar de agregar nuevos concurrentes su política estimuló la fusión de los actores industriales dominantes (que en varios de los segmentos exhiben comportamientos anticompetitivos). Los nuevos niveles de concentración serían motivo de intervención de autoridades de defensa de la competencia en cualquiera de los países europeos o de América del Norte que suelen citarse como ejemplo de políticas serias. Los predicadores oficialistas, que combinan consignas de competencia y de inversiones como promesa a futuro para eludir la delicada trama institucional decretada por Macri, ahora enfrentan un nuevo desafío a su imaginario.

El gobierno argentino desguazó desde diciembre de 2015 las regulaciones previas (en particular aquellos artículos que habían merecido un atento examen de la Corte Suprema de Justicia y que en 2013 fueron declarados plenamente constitucionales, referidos a los límites a la concentración de la propiedad de medios) a través de decretos y resoluciones unilaterales que contravienen a su vez la declarada intención de establecer reglas republicanas estables y duraderas para un sector que suele esgrimir la inseguridad jurídica como pretexto para justificar los bajos niveles de inversión, la mala calidad de los servicios y la tendencia a la cartelización. Si Fintech ya violentaba los términos del DNU 267 suscripto por Macri al inicio de su mandato, el nuevo conglomerado fruto de la concentración entre Telecom y Cablevisión demandará un nuevo rediseño regulatorio a la medida por parte del gobierno nacional.

(Por ¿Quién te Juna?) El viernes 16, vecinxs de la agrupación Inter-Barrial –conformada por los barrios: Ferro, Talleres, La Poderosa, 1810, Moresino, Thompson, Evita y Serra–, se presentaron en el Concejo Deliberante para entregar un petitorio, con el fin de que se agilicen los trámites para obtener el “certificado de vivienda familiar”.

La reunión fue con los bloques de Integración Ciudadana, Frente para la Victoria y Cambiemos; y el documento solicita que “el Ejecutivo y el HCD adhieran y respalden la entrega –de la manera más inmediata posible– del certificado de vivienda familiar” afirmó Damián Funk, referente de la organización.

Este documento, que es simbólico y no tiene valor de título de propiedad, les corresponde por haber participado del registro nacional de barrios populares realizado el año pasado. “Básicamente, es un relevamiento de 4100 asentamientos en todo el país. De esto surge que más de 800.000 familias que antes no estaban, aparecieron en el mapa. A partir de eso, se pueden diseñar políticas públicas. Este fue el primer logro”, aseguró Funk.

Más de 1.300.000 personas fueron relevadas por organizaciones como Cáritas, Techo y distintos movimientos sociales (Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa, y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular). Con la entrega de este certificado, dispuesto por decreto de Nación en el mes de mayo, lxs vecinxs podrán tramitar servicios públicos domiciliarios (agua potable, desagües cloacales, energía eléctrica y/o gasífera; redes de información: correo, telefonía, internet, tv por cable), CUIT, CUIL, realizar peticiones ante organismos públicos, entre otras cosas.

En nuestra ciudad se relevaron 13 barrios (si bien son alrededor de 30 asentamientos), dando un resultado estimado de 2500 familias, según el referente de la organización, y aseveró: “este título de posesión permite que el Estado reconozca y emplee derechos que ya tienen los vecinos que viven en estos asentamientos. Es lo que venimos diciendo hace tiempo, todxs esxs vecinxs no son ciudadanxs de segunda o tercera categoría, tienen los mismos derechos que el resto de la ciudad”.

Gisele Roche, vecina del barrio Evita, relató su situación actual: “Es uno de los barrios en los que venimos luchando hace muchísimos años… no sólo por los derechos de una familia de tener luz, agua, una cloaca –que eso ya sería soñar–, pero por lo menos la luz y el agua que es lo más importante; y el arreglo de las calles, obviamente”.

Además, agregó que el certificado de vivienda familiar “es una nueva esperanza, los vecinos podemos volver a soñar otra vez. […] a todos nos pone muy felices saber que podemos llegar a tener luz, que podemos llegar a tener agua, y un domicilio, que es lo más importante”.

Luego del temporal del fin de semana pasado, Gisele comentó que “no sólo casi se nos vuela la casa, sino que allá en el barrio se sintió muchísimo en las calles: estamos hablando de que cuesta entrar y salir. En su momento, se habló de tres etapas de entoscado y se realizó sólo una en Juncal, desde Chile hasta Thompson. El resto del barrio no tiene entoscado, y tenemos chicos discapacitados, abuelos, gente con enfermedades y como dije antes, no entra una ambulancia, no entra un remis”.

A pesar de que el petitorio sólo fue firmado por los bloques de Integración Ciudadana y Frente Para la Victoria, Cambiemos se comprometió a viajar a La Plata para agilizar los trámites. Ojalá lxs vecinxs logren obtener su ‘certificado de vivienda familiar’ a la brevedad, así el Estado continúa con el reconocimiento de los derechos (que –se supone– ya tienen), y se puede avanzar con el proceso de urbanización que tanta falta hace.

(Por Julio C. Gambina) El gobierno de Macri colocó un bono de 2.750 millones de dólares a 100 años, con vencimiento en 2117, lo que muestra la decisión de resolver los problemas económicos locales acudiendo al endeudamiento público, lo que supone una hipoteca recurrente contra el conjunto de la sociedad.

La tasa que resulta de la colocación es del 7,9%, y pude variar por encima o por debajo de ese valor según evolucione su valorización en el tiempo y vaya si hay tiempo para que ocurra una u otra de las posibilidades. A los valores actuales, el pago anual de intereses suma 200 millones de dólares, con lo cual, en 14 años se habrá cancelado el equivalente del capital del bono y por lo tanto, los 86 años restantes, el país seguirá pagando esa suma cada año y al vencimiento cancelará el capital.

Se trata de un negocio redondo para los inversores, que podrán aguantarlo hasta el vencimiento cobrando los intereses, o lo negociarán en el mercado secundario de la timba del mercado especulativo mundial. Además, los bancos transnacionales que colocaron los bonos, obtuvieron una comisión de poco más de 3 millones de dólares.

Debe quedar claro que esos 200 millones de dólares deberán figurar en el presupuesto de gasto de cada año y por ende deben restarse de cualquier otro destino que imaginemos, la educación, la salud, la seguridad, el empleo, la previsión social, etc. Ganan los acreedores y especuladores y pierde el pueblo argentino.

Entre los argumentos del gobierno estaba pasar de una calificación internacional de país fronterizo a emergente, lo que supone mejores tasas de interés en los préstamos internacionales y un mayor acceso al crédito externo. Sin embargo, las consultoras no favorecieron la calificación esperada, demorando otro año para esa definición y con ello le insisten al gobierno con un mensaje de mayor radicalidad en el ajuste.

Los capitales globales pretenden mejores condiciones para sus inversiones, de riesgo o especulativas y exigen avanzar con un shock de ajuste, acelerando lo que denominan un ajuste gradual. Dicen gradual, pero los despidos de Atucha y muchos otros, dan cuenta de una persistencia en el ajuste como política regular del gobierno Macri.

Del mismo modo ocurre con la negativa de la negociación paritaria a los Judiciales o el retaceo a los docentes de las Universidades Públicas, que avanzan en medidas de fuerza para no iniciar las clases en el segundo cuatrimestre del presente año. El conflicto docente en general, de los judiciales y de los estatales muestran las dificultades para hacer realidad el ajuste, más allá de la gradualidad o del shock. El tema está asociado a las fortalezas de la sindicalización entre esos trabajadores.

El endeudamiento y el crecimiento del conflicto social se presentan en el marco de la dinámica electoral para renovación parlamentaria y lo que se juega en la política tiene dos ámbitos de confrontación.

Uno es de carácter institucional y se mide entre oficialismo y oposición, con dudas de posibilidades de polarización. El gobierno apunta a no perder pese parlamentario y a decidir la oposición para completar el mandato hacia 2019 y si se puede avanzar en el shock de ajuste.

El otro se presenta en la movilización y organización popular más allá de los partidos y la disputa electoral, máxime ante la crisis de alternativa política que deja a un conjunto importante de la sociedad sin representación política elegible.

La crisis es por arriba en tanto se disputa quien puede hacer gobernable al capitalismo en la Argentina. ¿Quién asegura estabilidad política y consenso para el arribo de inversiones externas? Es la discusión entre la ortodoxia discursiva del gobierno y su proclamación contra los derechos sociales y sindicales, y la heterodoxia discursiva del kirchnerismo (especialmente en la Provincia de Buenos Aires) y de la Alianza Massa – Stolbizer.

Pero también es por abajo, donde la disputa del consenso entre el pueblo es entre quienes imaginan que la estrategia popular se agota en lo posible dentro de la hegemonía capitalista y quienes pretenden ir más allá del orden del capital. Este debate se procesó por ejemplo en un encuentro que reunió en Buenos Aires a la Ministra de Trabajo de Alemania con un público diverso y representativo de las distintas centrales de trabajadores e intelectuales y estudiosos de la cuestión laboral en el país.

La reunión se realizó en la Fundación Estrategias y con el auspicio de la Fundación Ebert, donde junto a la ministra germana actuó como comentadora la diputada socialista Alicia Ciciliani. El motivo del cónclave era relativo a la digitalización en la producción y los desafíos para el movimiento obrero. Las posiciones diversas oscilaron entre la demanda de adaptación de los trabajadores a la denuncia del capitalismo y la ofensiva del capital contra el trabajo y la naturaleza.

Quedan claras las opciones. Una fuerte presión del poder local y mundial para restringir derechos sociales y mejorar las opciones de rentabilidad de los inversores, con la deuda como lubricante aun cuando eso demore una reactivación económica. Por otro lado, en lo electoral y social movilizado las expectativas de cambios dentro del sistema y finalmente una lógica de confrontación contra y más allá del sistema capitalista.

Son opciones no necesariamente complementarias y que auguran dificultades económicas, sociales, culturales y políticas en el corto y mediano plazo, con desenlace incierto.

(Por Lorena Zerneri*) El próximo miércoles, jueves y viernes (28, 29 y 30 de junio) se llevará a cabo en el Juzgado Criminal Nº 1 el Juicio Oral de la causa “Caramelli Carlos Marcelo por extorsion y exacciones ilegales en concurso real en calidad de autor y Pombo Leonardo Andres por extorsión en calidad de participe secundario” tramitada ante la U.F.I. Nº 10 del Dr. Gustavo Zorzano.

Caramelli, ingresó al Municipio de Bahía Blanca, en el año 2005, durante la gestión del Dr. Rodolfo López, en la Secretaria de Turismo, luego durante la gestión de Cristian Breitenstein estuvo a cargo del Cementerio y en el año 2007 se hizo cargo de la Dirección de Espacios Públicos hasta enero de 2014, durante el último tiempo (Desde Enero 2013) también a cargo de la Delegación Norte.

En Mayo de 2014 el Intendente Gustavo Bevilacqua simuló la renuncia de Caramelli y de Lenzi frente a los ciudadanos de Bahía Blanca. Oficialmente redactaron una “renuncia temporal”.

Cuando en enero de 2015, presenta la renuncia Ruben Lascano, secretario de Obras Pubicas, Marcelo Caramelli ocupa su oficina dentro del Palacio Municipal, a la vista de todos, para llevar a cabo la campaña política del Frente Renovador con Gustavo Bevilacqua a la cabeza como diputado nacional.

Fue detenido el 25 de Noviembre de 2015 y permaneció privado de su libertad hasta marzo de 2016, cuando fue beneficiado con la prisión domiciliaria por diabetes. Para los que no saben, en la Unidad Penal de Floresta hay muchos internos con esta misma enfermedad y otras graves y gravísimas, por las que no les otorgan el mismo beneficio.

Con fecha marzo de 2016 se conoció que fue imputado en la causa de la muerte de Daiana Herlein con los delitos de Homicidio culposo e incumplimiento de deberes de funcionario público.

También con fecha marzo de 2016, nos hicimos presentes en la Municipalidad ante la nueva gestión a cargo de Héctor Gay, nos atendió junto a Karina Mahon, y entre otras cosas, solicitamos que consideraran la posibilidad de que la Municipalidad se presente en esta causa en como “particular damnificado” ya que Caramelli, extorsionó y cobró coimas a ciudadanos bahienses en nombre del municipio. La Dra. Mahon dijo no conocer la ley en materia penal. No sólo nunca se presentaron, sino que trabajan a la par con el Dr. Sebastián Martinez, hoy empleado municipal, defensor de Caramelli, sino tambien con el Dr. Romanelli, quien estuvo a cargo de ensuciar la causa judicial de Daiana. Nunca más nos atendieron en el municipio. Sólo nos utilizaron en la campaña!

La foto data del acto realizado en AEC, junto a sus compañeros de militancia del Frente Renovador Romanelli, Serra (ladrón de la camioneta municipal) Laplace (exsecretario de Gustavo Bevilacqua) días antes de su detención.

Esperamos con ansias una sentencia JUSTA para este criminal !! y por la memoria de DAIANA HERLEIN.

*Mamá de Daiana Herlein, joven fallecida tras ser golpeada por una rama de un árbol en mal estado en el Parque de Mayo.

(Por ¿Quién te juna?) Semanas atrás se dieron a conocer incidentes ocurridos en la planta de cloro soda, de Unipar Indupa. El comunicado oficial, sostiene que el incendio producido en inmediaciones de la empresa fue controlado por la brigada de emergencia del lugar y que, por protocolo se convocó a los bomberos de Ingeniero White.

Si bien, esto es lo que sabemos sobre lo ocurrido en la empresa perteneciente al polo petroquímico de la ciudad, todavía quedan algunas dudas sobre el incidente. En dialogo con ¿Quién te juna? (miércoles de 21 a 22), Adrián Vlek integrante de Aukan y activista por el medio ambiente sostuvo: “Como siempre pasa en estos casos no hay demasiada información pública sobre lo que sucede en las plantas del polo petroquímico”, al mismo tiempo agregó: “Lo que no se dice, y todavía estoy esperando alguna respuesta para despejar dudas es que: la automática parada de planta, significa cortar la producción y que, cuando hay una producción contenida, en la mayoría de los casos se libera parte de ese compuesto a la atmósfera a través de las chimeneas. Eso, en ningún momento del informe se dice”.

Claro está que la falta de información por parte de las empresas, así como la desconfianza de la sociedad en general aumenta, cada vez que sucede algo en el polo. Al respecto Vlek comenta: “Todas estas cosas que deberían ser aclaradas de manera inmediata, no sólo por los jerárquicos de la empresa, sino también por el CTE que es responsable de los controles. No hacen más que abonar a la desconfianza sobre lo que realmente pasa en cada evento de las plantas del polo y que, reavivan en cada incidente lo que paso con el cloro y las plantas de Solvay. Eso es una herida que no va a cerrar fácilmente, por toda la desconfianza que hay sobre lo que ocurre dentro de las plantas”.

Asimismo, vale destacar que la planta de Indupa, fue vendida a fines del año pasado. En relación a esto Adrián Vlek comentó: “El año pasado la adquirió una empresa brasileña. La planta estaba en venta desde el 2014, y la mayoría de las acciones las tenía el Estado a través del ANSES, y la controlante era la belga Solvay”. Además agrega: “Todos sabíamos en ese momento, que la planta de Solvay-Indupa era que la menos actualizaciones tenía, sobre todo en materia de tecnología y sistemas de seguridad. Por lo tanto, cada accidente que hubo, y que sigue habiendo en la planta de Indupa. Nos obliga a pensar, si realmente la empresa tiene las medidas de seguridad actualizadas bajo normas internacionales, con exigencias muy fuertes sobre el control ambiental y nos gustaría saberlo”.

Siguiendo esa línea, se tomó un momento para recordar cómo se fue conformando el polo desde sus inicios y cuáles son las repercusiones que tiene hoy en la sociedad bahiense. “En la década del ’80 con las inversiones que venían llegando de distintas empresas al polo petroquímico, la promesa era que esto se iba a convertir en la California de Sudamérica. Pero hoy, con este presente y con lo que pasó a través de la historia en las empresas de polo, sabemos que eso no fue así. Sólo el 1% de la población tiene trabajo dentro de las empresas del Polo Petroquímico y que, ha generado más inconvenientes que beneficios”.

Foto: Ariel Mancini.

(Ricardo Ragendorfer para Tiempo Argentino) La reciente captura en Bahía Blanca y Mendoza de una banda encabezada por narcos mexicanos, junto con el decomiso de casi dos toneladas de cocaína oculta en bobinas de acero y bolsas con piedras preciosas, propició una brisa fresca a las autoridades, muy atareadas en los últimos tiempos debido a la renuncia o el arresto de ciertos jefes policiales por escandalosos casos de corrupción.

Pero desde un ángulo más totalizador, esta historia constituye un caso testigo de la profusa actividad desarrollada en Argentina por los organismos norteamericanos de inteligencia y seguridad. Una circunstancia que también causa satisfacción –aunque en privado– a los funcionarios locales.

De modo que el 19 de junio a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se la vio exultante –secundada por el siempre circunspecto secretario Eugenio Burzaco y el titular de la Policía Federal, Néstor Roncaglia– al brindar detalles del asunto en un galpón del Parque Industrial de Bahía Blanca, donde además se exhibían ocho enormes cilindros metálicos con un total de 1984 ladrillos de droga con envoltorios multicolores. Por eso el operativo fue bautizado con el criterioso nombre de “Bobinas de Acero”. Lo cierto es que en ese momento la funcionaria se mostró muy generosa con la prensa.

En resumen, informó que la pesquisa fue ordenada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y fue ejecutada por la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA bajo el monitoreo del propio Roncaglia. Dijo que el valor de la droga se estimaba entre 60 y 80 millones de dólares, siendo su destino final España y Canadá. Añadió que tras innumerables seguimientos y 50 intervenciones telefónicas se allanaron 30 domicilios en Buenos Aires, Bahía Blanca y la ciudad mendocina de Luján de Cuyo, donde fue incautada otra media tonelada de esa pócima. Y que resultaron detenidos 13 argentinos y cuatro mexicanos; a saber: Rodrigo Alexander Naged Ramírez (el presunto cabecilla), Gilberto Acevedo Villanueva, Max Rodríguez Córdova y Jesús Madrigal Vargas. Todos oriundos del estado de Michoacán, pero sin precisar a qué cártel pertenecían, como si reservara para sí ese secreto.

La señora Bullrich también se mostró evasiva con respecto al origen de la pesquisa. “Fue un dato que obtuvo personal de Drogas Peligrosas”, deslizó en voz baja. Y finalmente dijo que la Drug Enforcement Agency (DEA) solo “ayudó en la identificación de los detenidos”.

Apenas unas horas después trascendía que en la ciudad canadiense de Montreal era secuestrada una bobina de acero con 372 kilos de cocaína. Y eso señala claramente el papel de la DEA por medio de una “entrega vigilada” –tal como se le llama al acto de monitorear la ruta del cargamento hacia su destino final–, una operatoria que, en consecuencia, también abarcó su etapa en Bahía Blanca y Mendoza.

Por tal motivo en particular este caso no deja de ser un déjà vu de los grandes procedimientos antidroga del período menemista, como la “Operación Café Blanco” (1995), donde el triunfo sobre el flagelo narco se vio enturbiado por la presencia de un “agente encubierto provocador”, es decir, alguien que instigó la triangulación del cargamento en el país para así articular una trampa. Cabe destacar que en aquella oportunidad –en la cual intervino el comisario bonaerense Mario Naldi con la colaboración del ahora famoso espía Antonio Stiuso– el agente en cuestión fue un tal Mario Álvarez, quien supo tener cierto renombre con anterioridad por haber sido el productor ejecutivo de la película Evita, quien quiera oír que oiga, de Eduardo Mignogna.

Claro que era la época de las “relaciones carnales” con Estados Unidos, algo que también incluía a la CIA, el FBI y la DEA.

La historia parece repetirse. De hecho, ya el 27 de febrero de 2016, la ministra Bullrich, acompañada por Burzaco y el director de Cooperación Internacional, Gastón Schulmeister, viajaron a Estados Unidos para reunirse con el entonces director de la DEA, Chuck Rosemberg. Al concluir el encuentro, este dijo: “Acabamos de sellar una asociación estratégica que no solo beneficiará a ambas naciones, sino al mundo entero”.

Tales palabras no tardaron en plasmarse en el campo de la realidad. A partir de entonces Estados Unidos aumentó la planta permanente de agentes antinarcóticos en Argentina, reabrió sus oficinas en Salta –clausurada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner– y estableció franquicias para la actuación –sin tener que pedir autorización a las autoridades argentinas– del personal encubierto llegado especialmente para misiones puntuales.

Y en marzo de aquel año, durante la visita de Barack Obama al país, se ampliaron tales acuerdos además de concretar otros relativos al terrorismo sin diferenciar seguridad de defensa. Dicho combo incluía asistencia en la Triple Frontera, misiones militares en el continente africano, la presencia en el país de fuerzas del Comando Sur junto con la articulaciones de centros de fusión para tareas de inteligencia. Lo que se dice, una “cooperación” irrestricta.

Ya con Donald Trump en la Casa Blanca, el gobierno macrista –siempre a través de Bullrich– ratificó sus acuerdos con la DEA a mediados de febrero, durante el encuentro del South American Work Group realizado en la ciudad de Buenos Aires con los jefes antidrogas de la región y los popes de la DEA.

El acatamiento de las fuerzas de seguridad argentinas a los dictados de ese organismo ahora es redondo como una bobina de acero. Los primeros resultados ya están a la vista.

El martes 27 a las 19 en el Centro Histórico Cultural de la UNS, Rondeau 29, realizaremos una charla debate sobre el impacto que tendrá Vaca Muerta en Bahía Blanca. Será un espacio de difusión y discusión sobre este megaproyecto impulsado por poderes empresariales, políticos y mediáticos que transmiten sus supuestas bondades sin detenerse en sus consecuencias.

Avanzada sobre territorios ancestrales de comunidades originarias, contaminación ambiental y social, modificación acelerada de los modos de vida y de producción de las zonas afectadas por los tentáculos del emprendimiento de explotación de hidrocarburos no convencionales que en lo local habilitaría, entre otros negocios, la ampliación del polo petroquímico.

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Hernán Scandizzo, integrante del Observatorio Petrolero Sur, explicará por qué se explotan los no convencionales y por qué Vaca Muerta es mucho más que un proyecto energético. El OPSur es una organización que trabaja problemáticas de energía, ambiente y derechos colectivos y propone una transición hacia otra matriz productiva y energética bajo un marco de justicia ambiental y social.

La docente del Departamento de Geografía de la UNS María Amalia Lorda, a partir del trabajo de campo que realiza junto a François Taulelle en Añelo, expondrá los marcados y acelerados cambios que se produjeron en la localidad patagónica como consecuencia de la explotación de no convencionales. Lorda se detiene en los elementos que permiten entender esos cambios y cuestiona de qué manera este tipo de explotación impacta en el territorio, en sus actores y en sus usos tradicionales.

En tanto Emilce Heredia Chaz, historiadora de la UNS e investigadora del CONICET, propondrá pensar qué significa Vaca Muerta para Bahía Blanca problematizando el lugar que ocupa nuestra ciudad en el actual modelo extractivista a través del concepto de extractivismo urbano.

AFICHE VACA MUERTA (3)

Un grupo de jubilados y jubiladas conformó la Agrupación Norma Plá y convocó a sus pares a organizarse y salir a la calle en defensa de sus derechos. Se reunirán esta tarde en La Bancaria, Mitre 177, desde las 15. “La gente recibe las cosas como si lloviera y el jubilado no se mueve para defender sus derechos, si él no se mueve nadie se va a mover”, afirman.

“El jubilado ha dejado de entender que es un sujeto de derecho, es una persona que tiene derechos y tiene que defenderlos”, dijo Rodolfo Ferrini y agregó que “somos los últimos del tarro, se habla de todos los sueldos menos del último, del jubilado, ni siquiera estamos en la mínima”.

Ferrini manifestó que el grupo “es esencialmente político, no vamos sobre las sociedades de fomento que tienen su actividad, que en algunos casos es muy buena y les sirve a los jubilados, pero sí vamos a decirle que la política no es una cosa mala (…) lo que no va a haber es política partidaria”.

“Este gobierno no está haciendo nada bueno por los jubilados y todo lo que se perfila es para peor. Una ley como sacó a los discapacitados -NdR: la quita indiscriminada de pensiones- ni Videla la sacó. (…) Llamamos a los jubilados no para que cumplan un papel de seguir sino un papel protagónico, necesitamos gente que tenga ganas de protagonizar esto, de decir yo soy un jubilado pero no soy alguien que desapareció”, aseguró.

Jorge Molina explicó que decidieron referenciarse en la figura de Norma Plá porque “es la luchadora de la Plaza Lavalle para todos los jubilados. Más allá de que muchos se burlaban de ella, Cavallo se reía de ella tomándole el pelo, diciéndole que a su padre no le alcanzaba con 10 mil cuando ella cobraba 150 pesos, creo que en estos momentos identificarnos con ella es un honor”.

“Vienen por las pensiones, que si muere el titular de la familia, muere el abuelo, a la abuela si tiene una pensión o una jubilación probablemente ya están pensando en no dársela. Fueron por los medicamentos, fueron por los lentes, están poniendo cápitas y topes, va a pasar la fiesta del plus, que todos los jubilados que no vamos a poder ir porque no tenemos médicos de cabecera o tenemos que hacernos ciertas prácticas no la vamos a poder hacer solventándolo del PAMI, vamos a tener que sacar plata de lo que no tenemos, de nuestros hijos”.

Margarita Grandotto agregó que en la obra social de los jubilados y las jubiladas “se generaron 351 cargos nuevos gerenciales y subgerenciales en esta gestión de gobierno con sueldos, salarios, de aproximadamente 160 mil pesos cuando en realidad lo que se necesitan son médicos. En Bahía Blanca hay ocho mil personas sin médicos de cabecera”.

(Por Helen Turpaud Barnes) Por algún azar poco feliz, las discusiones sobre los estereotipos de género muchas veces suelen deslizarse hacia los más remotos tiempos de la Humanidad. Hablar sobre la posibilidad o no de que varones y chicas hagan Educación Física de manera conjunta en la escuela, o sobre el derecho de las mujeres a trabajar fuera del hogar, o sobre maternidad y aborto, puede llevarnos sin escala hasta el Paleolítico, o al menos sumergirnos en datos más o menos traídos de los pelos pero innegablemente descontextualizados sobre la vida en el Neolítico (a nadie le importa si en lo que hoy es Europa, la Polinesia o alguna remota isla del Atlántico). Con suerte, se alejarán tan poco como a la Grecia clásica. No obstante, es increíblemente alta la probabilidad de que buena cantidad de charlas o planteos sobre el machismo en nuestra actual sociedad se ancle durante un buen tiempo en este tipo de referencias.

Se puede agradecer –eso sí- que estas referencias al menos permanezcan dentro del espectro del homo sapiens, ya que otras discusiones derivan directamente al reino animal y cuanta situación sirva de ejemplo ad hoc para intentar deslegitimar al movimiento de mujeres: fantasías biológicas para discusiones estériles.

Es que a menudo los reclamos feministas reciben objeciones del siguiente tipo: “en la Antigüedad los hombres iban a la guerra y las mujeres se quedaban cuidando a la prole”, o “cuando surgió la humanidad, los hombres salían a cazar y las mujeres se quedaban semanas en la cueva esperando que los hombres volvieran”, o chicanas del tipo “si las mujeres hoy tuvieran que salir a cazar un ciervo, se morirían de hambre”. La opinología machista echa mano de datos de manera asombrosamente impune como si quienes esgrimen dichos datos fueran especialistas en paleontología, historia antigua y/o antropología.

El problema con estos planteos es la perspectiva que implican: conectar dos períodos de la humanidad sin tener una clara justificación para ello es por lo menos descontextualizar. Pero no solo es eso, sino que también se apela a datos aislados que en sí mismos no dicen mucho. ¿Qué implicaba la guerra hace cinco mil años? ¿Qué implicaba “cuidar a la prole” en el Paleolítico? ¿Cómo creemos que se vivía en cuevas en algunas áreas del planeta? ¿Qué creemos que hacían las mujeres cuando los hombres de un clan o pueblo se ausentaban por largas jornadas? ¿Realmente quienes “salían” eran siempre los hombres?

Que la apelación a semejantes extrapolaciones se acepte con tanta naturalidad en paneles académicos, programas televisivos o aulas escolares es casi cómico. No solemos discutir el actual sistema democrático diciendo “la democracia es absurda porque hace cinco mil años gobernaban los faraones”. Tampoco decimos “está mal dar pensiones a las personas con discapacidad porque hace siglos se las encerraba en asilos”. O “no usemos anestesia en los hospitales porque en la Antigüedad la anestesia no existía” (curiosamente el único ámbito donde se apela a comparaciones absurdas como estas es en el obstétrico, donde las pacientes son principalmente mujeres…). O “no cuidemos a niños y niñas con enfermedades porque hace miles de años se les dejaba morir ya que eran una carga”.

Olvidemos por un momento que la división entre lo público y lo privado es solo propia de algunas culturas, que en muchas culturas las mujeres guerreaban, hacían caza mayor, domaban animales, o que había claras diferencias entre ciertos tipos de hombres y ciertos tipos de mujeres e incluso sociedades que no tenían divisiones binarias de género. Tengamos en cuenta por lo pronto que las fantasías antropológicas usadas en muchas discusiones son más parecidas a representaciones de glamour hollywoodense que otra cosa. El hecho de que en muchos casos las mujeres “se quedaran” en una cueva o choza esperando a los hombres que salían de caza no quiere decir que esa cueva o choza era la réplica de un departamento de clase media bahiense. Se sabe bastante fehacientemente cuáles eran las “tareas femeninas” en contextos de largas ausencias masculinas: las mujeres podían estar sometidas a todos los rigores de un clima gélido, inundaciones, sequías, debían ellas mismas cazar animales para sustentarse, construir sus propias herramientas, y hasta sus propias casas, movilizar objetos de gran peso sin la ayuda de transportes que hoy en día son comunes, pastorear ganado, cultivar la tierra, defenderse de atacantes y otro gran conjunto de trabajos considerados “pesados” que buena cantidad de hombres en la actualidad no realizan ni realizarán jamás para su sustento cotidiano (sin considerar además que el hecho mismo de tener que cuidar a niños y niñas ya es una tarea muy ardua).

Asumir que “quedarse en casa” es “no hacer casi nada” no responde solamente al actual imaginario que desconoce que las tareas domésticas son trabajo, sino que también responde a otros dos imaginarios. Lo que deben hacer las mujeres pobres en sus casas puede ser considerablemente duro por la falta de medios, de “ayuda”, de herramientas, o en condiciones climáticas duras. Si trasladamos estas dificultades de por sí grandes a otros períodos históricos en que no existían ciertas opciones incluso para quienes tendrían los medios económicos para costearlos, parece apenas un reproche a las mujeres decirnos que en otras épocas “lo femenino era quedarse en su hogar con sus hijos”.

No lo sería si tal fuera el caso. Sin embargo, ni siquiera es el caso. En un reportaje, la revulsiva y controvertida académica estadounidense Camille Paglia critica la sugerencia feminista de que a las niñas y mujeres hay que animarlas a “levantar la voz” en el trabajo, la escuela, la pareja. Observa que tal incitación no es más que una aspiración burguesa, totalmente ajena a las costumbres pasadas y presentes de mujeres pobres de zonas urbanas súperpobladas o de campesinas y comerciantes callejeras, y de culturas no occidentales. Son las mujeres burguesas, acostumbradas desde hace siglos a guardar silencio y decoro, sujetas al secreto familiar en casas bien provistas, las que necesitarían “aprender a levantar la voz”. En cambio, las campesinas, las obreras, son más bien denostadas por ser “gritonas” y “malhabladas”. Esta contraposición entre la circunspección femenina (y no solo femenina) burguesa y la ruidosa condición de las clases bajas, esclavas o campesinas no es ninguna novedad.

Podríamos objetar que la idea de silenciamiento no puede ser desconocida en tanto mecanismo con que las clases dominantes y los hombres ejercen su poder sobre las clases dominadas y las mujeres, respectivamente. Sin embargo, sorprende que la repetición de la metáfora de levantar la voz olvide que ya muchas tienen la voz levantada hace rato por pura adscripción de clase.

Del mismo modo, la estadounidense Sojourner Truth (quien en 1827 había huido de la esclavitud) irrumpió en 1851 en una convención sobre derechos de las mujeres en Ohio donde se discutía cómo “proteger” a las mujeres de ciertas violencias y rigores. Según el testimonio de una asistente al encuentro (hay varias versiones del hecho), Truth subió al estrado, mostró su voluminoso bíceps de dura trabajadora al público y espetó “Ain’t I a woman?!” (“¡¿Acaso no soy una mujer?!”) y dio un breve discurso. Era evidente para una ex esclava negra que no tenía sentido hablar de vulnerabilidad puesto que ella hacía el mismo trabajo que cualquier hombre. (Por cierto: las esclavas negras sufrían especialmente la violencia sexual, pero esto no era una debilidad intrínseca de ellas sino un método de dominación impuesto desde fuera.) Así, el planteo sobre las “debilidades” femeninas venía dado por un sector social que solo pensaba en las mujeres burguesas. Hasta el siglo XIX siempre estuvo claro: las “otras” simplemente NO ERAN MUJERES. Si la modernidad nos impuso el modelo del ciudadano como hombre blanco, heterosexual y burgués, también nos presentó el modelo de la mujer como blanca, heterosexual, burguesa y débil(itada).

Es decir que, desde los albores de la Humanidad hasta el día de hoy, la división entre “salir o quedarse en casa” no necesariamente representa/ba una oposición en materia de dificultades físicas, y en los casos en que sí, su contraparte doméstica sería vista como muy dura desde los estándares burgueses actuales. Que una opción implique mayor o menor rigor físico pierde sentido si se lo compara con la comodidad burguesa tanto de hombres como mujeres que tienen trabajos mucho más protegidos que los sectores populares o cuyas tareas pesadas en muchos casos están facilitadas por los avances tecnológicos que no existían para hacerles las cosas más fáciles a mujeres u hombres hace décadas o siglos.

Es entonces una combinación de machismo, clasismo y falta de perspectiva histórica lo que abona la fantasía antropológica de que debía ser cómodo “quedarse en la cueva/choza/aldea”.

Cada vez que escucho que alguien dice que las mujeres no deberían hacer tal o cual trabajo, “porque en la era de las cavernas las mujeres se quedaban en la cueva”, pienso en cuánto tardaría el hombre o mujer que me dice semejante cosa en siquiera prender el fuego para calentar el agua que trajo de una fuente a dos kilómetros de distancia y cocinar el ave o roedor que debió salir a cazar toda la tarde mientras protegía a sus criaturas de ser atacadas por alimañas.

No parece realmente un buen argumento.

(Por TEL*) La ofensiva del gobierno contra los jueces nacionales del trabajo y los propios abogados laboralistas es de una gravedad inusitada. Forma parte de una agresiva política impulsada por los sectores del capital con el objeto de hacer tierra arrasada con los derechos de los trabajadores.

Gobierno nacional y gobiernos locales vienen llevando adelante una verdadera campaña de destrucción del derecho del trabajo y sus estructuras normativas, concentrando sus ataques sobre jueces y abogados laboralistas porque saben que de ese modo golpean también a los trabajadores.

La violación abierta de la ley de paritarias, como en el caso de la negativa a discutir la paritaria nacional docente, o a firmar el acuerdo bancario, o la pretensión de imponer tope a la negociación de aumentos salariales, constituye una conducta extremadamente autoritaria que se inscribe en este marco.

Otros ejemplos de lo mismo son el desconocimiento del derecho de huelga y las políticas de represión desatadas contra los trabajadores en conflicto. La prepotencia usada contra la clase trabajadora, como en el reciente caso del paro de transporte en Córdoba, es expresión directa de la sumisión absoluta de los gobiernos a los grupos de poder, cuando no de la complicidad de clase.

La insólita pretensión del gobierno de esa provincia de sancionar una ley limitando el derecho de huelga en el transporte como servicio esencial, en abierta violación de la ley 25.877, el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional y la normativa de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), es otra muestra de las prácticas de impunidad inherentes a los intereses del poder económico.

La acusación oficial que recae sobre jueces y abogados del fuero laboral conforma una ofensiva ideológica sobre los derechos adquiridos de los trabajadores. No son los abogados laboralistas quienes promueven una supuesta “industria del juicio” sino las prácticas empresariales que desconocen la ley y los derechos de los trabajadores. Antes bien, si hay una infame “industria del juicio”, deberá buscársela en el sistema de las ART, las que de forma sistemática se niegan a reconocer las enfermedades laborales y obligan a los trabajadores a demandar judicialmente para obtener prestaciones médicas e indemnizaciones que apenas si reparan los daños recibidos, impulsando intencionalmente una verdadera saturación de la justicia del trabajo, con miles de juicios de trabajadores accidentados o enfermos por su labor y por las precarias condiciones en que realizan la misma. Esto da cuenta de la hipocresía de presentar a los empleadores y aseguradoras como víctimas en vez de victimarios.

El vaciamiento intencional del fuero laboral (ya comenzado en gestiones anteriores, pero ahora profundizado más que nunca), sin presupuesto, estructura, empleados ni jueces (32 juzgados vacantes sobre un total de 80), confirma la ofensiva integral por la que se pretende legitimar este proceso.

El pedido de juicio político a cada juez del trabajo que se atreve a resolver de acuerdo a las garantías constitucionales conforma otra grotesca forma de disciplinamiento. Basten de ejemplo las infames acusaciones a jueces como Luis Rafaghelli, Enrique Arias Gibert, Dora Temis, y otros que antepusieron sus legítimas convicciones como hombres y mujeres del derecho por sobre las amenazas y presiones recibidas.
La disparatada acusación a Héctor Recalde, y a los abogados laboralistas en general, pretendiendo ensuciarlos como mafiosos, constituye también una forma burda de deslegitimación y de ocultamiento de la violación masiva y reiterada de las leyes del trabajo por parte de poderosos grupos empresarios.

Quizás como nunca se ha revelado el carácter de clase de quienes abiertamente gobiernan en nombre y representación de los poderosos.
Saben ellos muy bien que no pueden dar respiro en esta política de destrucción de derechos sociales, saben que no pueden respetar reglas ni normas, que deben manejarse con el desprecio y el odio de clase que les son inherentes, porque en realidad tienen miedo de los trabajadores organizados, de los reclamos y las respuestas de quienes no están dispuestos a ceder gratuitamente su derecho a una vida digna.

Desde el Taller de Estudios Laborales (TEL) nos solidarizamos con jueces y abogados laboralistas, y denunciamos que el absurdo ataque contra los mismos es en realidad parte de la ofensiva profunda y extendida contra los trabajadores como clase.


El Taller de Estudios Laborales es una institución científica y educativa independiente, que desde 1990 produce conocimiento, formación, y otros recursos destinados a elevar la capacidad y calidad de intervención de los trabajadores/as y sus organizaciones en las relaciones laborales y la negociación colectiva, a nivel de la empresa y la sociedad.

La Universidad Nacional de La Plata distinguió con el título Doctor Honoris Causa –post mortem– al ex fiscal general Hugo Omar Cañón, activo defensor de los derechos humanos.

La vicepresidenta académica Ana Barletta recordó que “Hugo Cañón fue el único fiscal general que desde Bahía Blanca se enfrentó a los represores y luego promovió los juicios por la verdad” y rescató “su valentía para luchar contra La Nueva Provincia, un diario cómplice de la dictadura militar”. “Cañón fue muy importante como testigo en el juicio que se realizó en España contra Adolfo Scilingo, condenado como autor de delitos de lesa humanidad”, agregó.

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El ex juez español Baltasar Garzón, quien recibió el diploma en nombre de su amigo, aseguró que “Cañón es un ejemplo de entrega al servicio público, sabía que los desaparecidos y las familias merecían de su máximo esfuerzo para que se supiera qué había pasado, para buscar la Verdad y la Justicia”.

La decana de Periodismo Florencia Saintout destacó “el coraje del fiscal Cañón que, en épocas de incertidumbre, en una ciudad con fuerte presencia militar como era Bahía Blanca, él salía a buscar testigos para que declararan en juicios por la Verdad”.

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El Consejo Superior de la UNLP aprobó esta distinción por una propuesta elevada por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, destacando la trayectoria de un luchador que defendió las banderas de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

La labor de Hugo Cañón como fiscal general de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca fue fundamental para lograr la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. Cañón también se desempeñó como presidente de la Comisión Provincial por la Memoria.

Fuente: UNLP

El fiscal general federal Alejandro Cantaro pasó por el programa ¿Quién te juna? (miércoles de 21 a 22), donde comentó la situación en los penales y su visión del sistema judicial.

Al principio se le consultó por qué se opta por el juicio abreviado para lxs menores, y si bien manifestó no contar con estadísticas, afirmó que esta modalidad de juicio últimamente se ha llevado adelante tanto con niñxs y adolescentes como en el sistema penal de mayores.

“El juicio abreviado significa que no hay debate. Desde hace unos años, en la provincia de Buenos Aires, todas las causas penales se resuelven con un juicio oral y público. A veces con un juez –cuando el delito es menor, son delitos correccionales, penas hasta tres años–, y ante un tribunal oral si son delito graves, de más de tres años. Ese es el modo normal para concluir una causa penal”, explicó Cantaro.

Además, expresó que hay soluciones ‘alternativas’ al conflicto. Por ejemplo, “lo que se llama suspensión de juicio a prueba. No se hace el juicio, se suspende, se le impone ciertas condiciones a la persona que está imputada de ese delito y, si en un plazo determinado (entre dos y cuatro años) no comete un nuevo delito, y cumple con las reglas que el juez le impone, entonces queda sobreseída, la causa termina”.

También, en algunos casos, “se puede llegar a un acuerdo, entre el imputado del delito, el fiscal y su defensor. Esto es lo que se llama juicio abreviado, no hay debate, la causa llega hasta un cierto punto”. Cuando recién se impuso el juicio abreviado, la controversia se generó porque muchos juristas y jueces rechazaban esta idea; lo sentían como una presión, una extorsión, sobre todo para los presos”.

En el sistema penitenciario la mayor parte de los presos son procesados, no penados. Pero, según contó el fiscal, “el tratamiento en el servicio penitenciario es diferente para el que está procesado y privado de su libertad, que para aquel que está penado. Entonces, el preso quiere ser penado, porque empieza a transitar el período de ir mejorando su situación, su conducta y poder ir calificando para cuando llegue el momento de salir en libertad”.

La situación de niñxs y adolescentes

“Llamémoslos como debe llamárselos –aseveró Cantaro–. Basta de menores, son ‘niñxs y adolescentes en conflicto con la ley penal’. Y hay que ser muy cautos con los defensores; los oficiales por lo menos son muy buenos, muy aguerridos, y seguramente se posicionan frente a una acusación contra un/a adolescente en una forma muy defensora”.

Asimismo, el fiscal explicó que la ley que regula el juicio penal se modificó hace algunos años, de modo que lxs niñxs y adolescentes tienen las mismas garantías que un adulto. “La ley prevé algunas reducciones de pena; inclusive, para un mismo delito, para un adulto o un/a adolescente es diferente la pena. Se imponen garantías de alojamiento donde van a estar; de hecho, son muy pocos los que son sometidos a un juicio penal estando privados de su libertad.

Cantaro criticó severamente el funcionamiento del sistema penitenciario en relación a la situación de lxs niñxs y adolescentes: “El sistema penal es tremendo, es una aplanadora. Debilita, desgasta. Si llega a quedar privado de su libertad un/a niñx o adolescente, en Bahía Blanca por ejemplo, no hay sistema de privación de libertad. Hay algunos institutos donde, en el caso de no quedar privado de libertad, permanecen, como empezando ya a instalar el sistema de reposicionamiento. El sistema penal es particularmente perverso con los niños o adolescente”.

El sistema penitenciario en Bahía Blanca

Del mismo modo, el fiscal general se quejó de las condiciones de la UP4, y la situación de las personas privadas de su libertad. “La cárcel de Bahía Blanca debe tener 100 años (la de Saavedra es más nueva). Ahora le habían cortado el gas, y estaban inventando métodos para poder calentarse. Nosotros trabajábamos mucho a partir de denuncias que recibíamos. Tenemos un teléfono con cobro revertido de todas las cárceles del país, así que recibimos todos los días veinte, treinta llamados. Cuando llaman presos de otras cárceles, nos comunicamos con el juzgado para decirle que tal persona, que está a disposición suya, necesita que vayan a verlo porque está padeciendo esto”.

Con ese sistema de teléfono, en un momento lograron trabajar dentro de la Unidad 4. “Cuando nos decían que en varios pabellones no tenían agua caliente… se congelaban en invierno al bañarse. Y debajo de la cárcel hay un surgente. Entonces fuimos, hablamos con uno, con otro, agarramos al jefe del servicio penitenciario, al ministro de seguridad, y lo que hicieron fue hacer caños, y con el agua del surgente lo llevaron a tres pabellones. Después las condiciones de vida en la Unidad Penal 4, y en otras cárceles que nosotros hemos visitado, son tremendas”, ratificó.

Cantaro no tuvo reparo en criticar el accionar del poder judicial. “He escuchado jueces, que cuando alguien venía a quejarse porque no podía ir al hospital a hacerse atender, le decían ‘mire mi compromiso es que usted no esté peor en la cárcel de lo que estaba en la calle. Este es mi compromiso, usted no tiene que estar peor’. Pero esto es lo que asumió el Estado, sino que renuncie”.

Y agregó: “Cada vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que intervenir en estos casos, se le impone penas [a Argentina] por no cumplir. Después del caso Verbitsky, donde Horacio describió lo que pasaba en las cárceles, dice ‘mire, no me diga que su único compromiso es que alguien no esté peor en la cárcel que en su casa, porque usted lo tiene que tener bien. Tiene que alimentarlo, curarlo si está enfermo. Para eso asumió el compromiso, sino renuncie”. La verdad es que hay innumerables violaciones de derechos humanos en el sistema penitenciario”.

QTJ: ¿Crees en la justicia?

“Diría que he visto al sistema judicial resolver algunos conflictos rápidamente, y enfáticamente. Por ejemplo, nosotros tenemos todos los días intervenciones en amparos de salud. Gente que tiene que recurrir a la justicia para que su prepaga, su obra social o el Estado, le dé una prótesis tal como se merece para su operación. He visto al sistema penal, y he visto alguna resolución de conflicto en materia penal, pero la verdad es que el sistema judicial y el penal tienen baches enormes”.

(Por ¿Quién te juna?) En el marco del día de lxs periodistas y el #NiUnaMenos, se realizó en salón fundadores de la Universidad Nacional del Sur la charla-debate “Mujeres en el medio”. Allí las comunicadoras Sandra Crucianelli, Gisela Estremador y Virginia Calzada Frache, disertaron sobre la realidad que vive el periodismo y la sociedad en general.

En este sentido, las periodistas hicieron hincapié en la estructuración de la agenda mediática de Bahía Blanca. “Básicamente la agenda, está dominada por la agenda de gobierno. El gobierno municipal gasta una fortuna en publicidad oficial y se cubre mayormente la oficina de prensa de la municipalidad, porque esto es conveniente para el medio. Y luego está lo policial, que ocupa una buena parte”, mencionó Crucianelli, a quien no le tembló la voz al mencionar las exorbitantes sumas de dinero que algunos medios de la ciudad se llevan en pauta oficial.

“Hay medios que son FM y que se llevan en lo que va del año más de medio millón de pesos en publicidad, estamos en junio, LU2 Radio Bahía Blanca sin ir más lejos, se lleva en lo que va del 2017, un millón de pesos en publicidad municipal ¿es necesario? Gustavo Elías que es dueño de La Nueva Provincia, ¿no tiene el dinero para bancar lo que hoy es La Nueva? Bueno, sin embargo el dinero público que aportamos de nuestros impuestos va para este tipo de medios, y esto hace que estos medios se vean en la necesidad de cubrirle toda la agenda noticiosa”.

En relación a la fuerte tendencia que existe actualmente en los medios locales de cubrir temas policiales, Crucianelli sostuvo: “Lo que le estamos trasmitiendo a la gente es más inseguridad de la que hay. Una vidriera rota en los ’80 no era noticia cuando yo trabajaba en La Nueva Provincia, yo pasé por policiales y no era noticia. Lo que hacía una mechera no era noticia. Tenía que ser un robo importante, que se llevaran mucho dinero, que ingresaran por la fuerza. Tenía que tener ciertas características un hecho policial. Hoy un ratero es noticia, y así estamos”.

Siguiendo esa misma línea, la conductora del noticiero de Canal 4, Gisela Estremador agregó: “Hoy también se da una situación muy particular, en donde, ese ratero es noticia porque, a través del grupo de WhatsApp, la policía pasa las fotos que le sacó cuando lo detenían, el parte y demás; que me imagino eso en otra época no existía. Entonces claro, está todo cocinado, escribimos lo que dice el parte policial y se terminó”.

Además, Estremador hizo referencia a cómo vive el día a día dentro del medio para el cual trabaja: “Yo trabajo en un canal de cable muy pequeño que tiene una trampa en sí mismo. En donde nosotros, la verdad que la presión de ‘esta nota tiene que estar por si la tiene determinado medio’, yo no la vivo. Pero, si yo quisiera hacer algo distinto, tendría que contar con recursos que no los tengo para nada: ni el tiempo, ni lo editores, ni lo camarógrafos”. Crucianelli por su parte sostuvo: “Es cierto eso, muchas veces la gente nos dice: ‘¿Por qué no investigan esto? ¿Por qué no investigan lo otro?’ y vos vas y se lo propones a tu jefe y te dice: ‘No, eso a quién le importa’”.

ADEPA y los ataques a la libertad de expresión

Cuando se les consultó cómo se arma la agenda de los medios locales, la periodista Virginia Calzada Frache destacó los ataques que sufrieron el fotógrafo Claudio Videla y su acompañante en el marco de la reunión de ADEPA, celebrada semanas atrás en nuestra ciudad. “El viernes pasado hubo un hecho, a propósito de la visita de la gobernadora María Eugenia Vidal, en donde terminaron llevando detenidos a dos camarógrafos: un hombre y una mujer. La pregunta que les hago es: ¿Dónde lo leyeron? ¿Lo escucharon? ¿Salió en algún lado?”.

Crucianelli agregó: “Hubo una descalificación absoluta de parte de los colegas hacia estas dos personas. Te digo la verdad yo no los conocía, pero me parece terrible lo que les pasó. Discutí con un colega sobre esto porque me decía: ‘¿Quiénes son? ¿Serán militantes políticos?’. No me interesa, hoy les pasó a ellos, mañana nos puede pasar a nosotros. No importa si son buenos o malos, si son camarógrafos o no. El tema es que les pasó”. Y redobló la apuesta al agregar de forma contundente: “También es grave que se los echó tomando como argumento que se trataba de un evento privado. Las películas privado. A ver, estaba la gobernadora. Es un escenario público el Teatro Municipal, que estaba presidido por la máxima autoridad de la provincia de Buenos Aires. Eso de privado no tenía nada”.

Gisela Estremador mencionó conocer a Claudio de otros espacios y, en relación al hecho sostuvo: “Esto para mí, habla de una perversidad en este sistema en donde la pauta está jugando muy fuerte; con estos números que vos estás diciendo (a Sandra), para determinados medios y para determinados periodistas “independientes”, que están marcando una gravedad institucional que no la vamos a ver en todos lados. Pero hoy, con las redes sociales, estas cosas no pasan como agua debajo del puente. Quizás lo más grave es que no tengan ninguna repercusión puntal. Digo, no escuché al intendente decir nada, ni hablar de ciertos medios. Todos los partidos políticos, todos los funcionarios que estaban ahí, por lo menos podrían haberse solidarizado con el compañero y la compañera, o haberse asombrado de lo que había pasado. Porque aparte, nos damos cuenta que le pasó a él, le pasa a cualquiera”.

Por otro lado, las comunicadoras hablaron sobre la falta de compromiso y solidaridad por parte del Sindicato de Prensa de Bahía Blanca con lxs compañerxs atacadxs en la reunión de ADEPA, en donde el gremio local ni siquiera emitió un comunicado.

En este sentido, Estremador sostuvo: “La verdad que me parece lamentable. Sobre todo, digo, es políticamente correcto, hay que hacerlo. Por lo menos tiene que salir un comunicado. Yo no estoy en el Sindicato de Prensa, no estoy afiliada, entonces también muchas veces, cargar contra los sindicatos cuando estamos afuera, a mí mucho no me gusta”, y finalizó diciendo: “Sí me parece que carece de cierta fuerza y de cierto compromiso público y visible en la defensa activa de los y las trabajores que, en este momento en particular, estamos viviendo todos. Hoy, día del periodista y la periodista, la noticia fue que la revista veintitrés va a dejar de salir y demás. Entonces, estamos en una situación y en un escenario laboral muy precario”.

De igual manera, Crucianelli se expresó al respecto, siendo más dura a la hora de hablar del rol que cumple el gremio en nuestra ciudad: “Voy a ser sincera, el Sindicato de Prensa en Bahía Blanca responde a la patronal”, y aprovechó para contar cómo había sido su experiencia cuando estaba afiliada. “De los 17 años que yo trabajé en La Nueva Provincia, 14 estuve afiliada, y en los últimos años recibí tres suspensiones en el trabajo por negarme a cumplir órdenes que consideraba indecentes. La última suspensión fue de 29 días, que me puso al borde del despido. El Sindicato no movió un sólo dedo. Me desafilié. Después, cuando entré a televisión éramos monotributistas, autónomos. Cuando pasamos nuevamente a manos privadas, me volví a afiliar y después de un incidente que ocurrió hace un año y medio, donde me volví a dar cuenta que respondía a la patronal, me volví a desafiliar y sigo sosteniendo lo mismo. Nunca defendió los intereses de los trabajadores”.

La política actual y el rol de los medios

Hoy en día, los medios de comunicación ocupan un rol fundamental dentro de la política actual. Asimismo vale destacar que el miércoles 7, el intendente le ofreció el desayuno a lxs comunicadorxs de nuestra ciudad. En este sentido, las periodistas dieron su opinión al respecto sobre cómo es la relación entre lxs colegas y lxs funcionarixs.

Sandra Crucianelli, fue la primera en tomar la palabra. “Hay que empezar a ir a los desayunos y a las conferencias de prensa. Yo lo hablaba hoy con mi marido, y le decía a un colega: no hay que dejar estos espacios en blanco”. Gisela Estremador por su parte, sostuvo: “Yo creo que ahí muchos de ellos son más papistas que el Papa, por esa cuestión de agradar. En las conferencias de prensa no hay un solo minuto de incomodidad, que se supone que es el rol de los y las periodistas”.

Al mismo tiempo, Crucianelli recordó cómo era hacer periodismo en otros tiempos, y además tratando de explicar la falta de costumbre que tienen hoy lxs funcionarixs a ser interpeladxs. “No están acostumbrados a la interpelación. Yo siento que en los ’80, por lo menos lo que me tocó cubrir de Cabirón, y de las tres intendencias de Linares, hubo un periodismo que interpelaba al poder y que hacía las preguntas que había que hacer en el momento que era necesario”.

Por su parte Estremador, se tomó un momento para hablarle directamente a las futuras generaciones de comunicadorxs. “A mí lo que también me parece que está bueno, sobre todo de los y las estudiantes de periodismo, que por ahí arrancan en algún medio, es que se animen a preguntar. Yo sé que es muy difícil, no me hago la canchera, porque todos tuvimos nuestro primer momento, pero pregunten. Porque de última son los que menos tienen para perder, créanme”.

Ayer se presentó el libro “Imagen de trabajo. Historia de la seccional Bahía Blanca de SATSAID 1971-2016” en la sede de la seccional (Sarmiento 799). La redacción y la investigación estuvieron a cargo del Dr. José Marcilese.

Julio Kessler recordó que la iniciativa se originó durante la presentación del libro de la historia del gremio a nivel país. Durante la misma, el dirigente y ex delegado del Ministerio de Trabajo Carlos Arrigoni propuso a sus compañeros la confección de una historia local. La idea se sustentó en el hecho de que no solo cuentan con archivo sino con la posibilidad de apelar a la historia oral, ya que muchos dirigentes están vivos y se hicieron presentes durante la jornada.

Marcilese dijo a FM De la Calle que se trata de “un gremio que se origina en los años del Onganiato: nace con conflictividad. Es lo que define su historia. Tuvo una postura muy activa en la defensa de los derechos de sus afiliados. Lo mostró en los años 90 donde el gremio siguió siendo un gremio que luchaba en situaciones muy adversas”.

Por otra parte, “es un gremio que se define políticamente. Todo el mundo lo hace pero este gremio lo hace explícito. Otros se dicen apolíticos pero actúan en algún sentido”.

Casualmente, la presentación del libro se dio el mismo día en que se desarrolló –en 1971- la primera elección de Comisión Directiva. Néstor Cantañiro, quien formó parte de ella con la responsabilidad de ejercer el cargo de Secretario General, recordó que “la primer elección se dio sin saber quiénes eran los candidatos. El compromiso era no difundirlo. Entonces, si la empresa sabía quiénes eran, serían despedidos ipso facto. Hasta que uno de los gerentes del canal ablandó a uno de los trabajadores. Dio mi nombre. Esa noche me echaron”.

“La historia de esta seccional es mucho más larga que este libro. Faltan algunos compañeros. Siempre pasa eso. Es difícil acordarse de todos, de cómo lo hicimos. No era fácil: había una dictadura militar. Había que encontrar compañeros dispuestos a integrar una lista y trabajar por la construcción del sindicato. Falta por ejemplo Manuel Baca que estaba donde tenía que estar. Hoy me estoy acordando de él pero hay muchos compañeros. Tiene que ver con la historia muy íntima. De cada uno de los que se fueron amenazados hay toda una historia”.

También recordó la huelga que compartieron con los gráficos y las víctimas fatales: Heinrich y Loyola. “Ellos estaban ahí adentro”. Pero Massot –por entonces dueño del diario La Nueva Provincia- también “le mandaba carpetas” a los militares en el marco del plan sistemático de torturas, secuestros y desapariciones durante la última dictadura cívico-militar-clerical.

Finalmente, el dirigente enfatizó acerca de la concepción sobre el sindicalismo: “representa la lucha contra el capital explotador. Mientras no cambie esto las cosas van a seguir siendo así. Hace falta tener gente que entienda que no es cierto que ellos sean los dueños de todo, hasta de nuestras vidas, de cómo tenemos que vivir. Y nosotros tenemos que tener claro que tenemos derechos”.

La Asociación de Profesionales de la Salud Municipal realizó esta mañana una conferencia de prensa para informar a la comunidad sobre la situación del sector a partir de las demandas que no fueron escuchadas por las autoridades comunales en la última paritaria así como por el incumplimiento de otras que sí habían sido acordadas.

Según el gremio, el contexto se agravó al hacerse cargo el sistema público de la atención de pacientes de PAMI ante la crisis de la obra social que no avizora perspectivas de mejoramiento. Cabe destacar, que la población afectada por esta problemática demanda muchos más cuidados que los habituales.

La atención municipal también está recibiendo una sobredemanda de afiliados y afiliadas a obras sociales que no cubren las prestaciones básicas como la de aquellas trabajadoras y trabajadores que en lo últimos meses perdieron sus empleos y, por consiguiente, sus coberturas médicas y afrontan difíciles realidades socioeconómicas.

Ante este panorama no hubo adecuación de los recursos humanos ni materiales.

Al precario estado de la infraestructura de las unidades sanitarias y los centros de salud, se sumó el anuncio de la construcción de otros centros sin profesionales para cubrir las vacantes de cargos que todavía no fueron concursados.

Este faltante, advirtió la Asociación, se repite en otras áreas del sistema sanitario local o es cubierto por personal precarizado mediante distintas formas de contratación irregular.

En el aspecto salarial, el Departamento Ejecutivo firmó un aumento en las categorías profesionales a cobrar a partir de julio que no cumplió y demora su pago.

Finalmente, el acuerdo paritario incluía una bonificación para el conjunto de las y los profesionales de atención primaria en reconocimiento a la complejidad de su labor, sólo restaba definir el monto. “El Ejecutivo nuevamente intentó negar el pago aunque ante el insistente reclamo abonó 200 pesos como suma fija, monto que interpretamos como el valor que da el ejecutivo local a la labor de la atención primaria de la salud que realizamos día a día”, afirmaron.