Usuarios de EDEA S.A., el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata y comunidad en general realizarán mañana una Marcha de las velas por fallas en la prestación del servicio, falta de atención a los reclamos, desinversión, incumplimiento del contrato de concesión y amplia utilización de contratos basura. Ganancias millonarias, 300 % de aumento y condonación de una deuda de 450 millones de pesos por parte del gobierno constituyen la usina de esta oscura trama de negocios con la luz.

En la jornada de hoy el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata realizó un paro entre las 10 y las 13 horas. A su vez, dirigentes del gremio recorrieron los Consejos Deliberantes de la zona. Desde FeTERA adelanaorn que la semana próxima habrá nuevas medidas de fuerza.

José Rigane, titular de la federación sindical y Secretario Adjunto de la CTA-A explicó a FM De la Calle que hace 50 días comenzó el conflicto con EDEA SA porque “después de 7 u 8 meses en los que la empresa no resuelve los problemas más importantes que tenemos los usuarios-trabajadores”.

El sindicato denuncia que desde hace dos años la firma no toma nuevos trabajadores de manera legal y, contrariamente, “comenzó a contratar más personal” para tareas “en el mantenimiento y en la operación de redes” lo que “está prohibido por ley”. Además, “la empresa no reconoce al organismo de contralor (OCEBA) y tampoco hace presentaciones en el Ministerio de Trabajo ante las audiencias que hemos reclamado y se han realizado”.

Desenchufaron los controles

Rigane expresó que EDEA “se comporta como si fuera un estado dentro de otro estado, es decir, con sus propias leyes”.

“El poder político ni los organismos están a la altura de las circunstancias para poner a EDEA en exigencia para cumplir con el contrato de concesión y para no poner en riesgo tanto a los trabajadores como a los usuarios cuando desarrolla este tipo de acciones no importándole nada más que la ganancia”.

Desde el punto de vista laboral, las irregularidades son visibles. Por ejemplo, en el caso de contratados “a los que los hacen trabajar a destajo”.

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Tarifa estacional: “nadie puede obligar a consumir”

A su vez, el dirigente denunció que “la empresa recaudó 2 800 millones de pesos y el gobierno nacional acaba de condonarle una deuda de 450 millones de pesos. Un privilegio que no tiene ningún usuario de a pie en Argentina”.

“EDEA también aplica la tarifa estacional, una tarifa inconstitucional; primero, porque nadie está obligado a consumir un servicio público y menos todavía que uno tenga que consumir con un determinado promedio en el año, cosa imposible de poder resolver porque además va en contra de las supuestas políticas de uso eficiente y racional de energía y del ahorro”.

Por otra parte, usuarios del servicio reclaman déficit de atención ya que sólo 9 ventanillas se abocan a recibir reclamos y atención al público, siendo más de 500 mil clientes quienes dependen del servicio.

Rigane agregó que “los actuales dueños de EDEA” son los mismos propietarios de EDELAP y “hoy se encuentran a punto de ser procesados en la ciudad de La Plata casi por las mismas razones que se producen en Mar del Plata, es decir, por una falta de atención y continuidad en el servicio. Acá hay baja tensión en la periferia, cortes permanentes, barrios enteros que pasan varios días sin electricidad. Una demostración clara de que no hay mantenimiento preventivo, que no hay inversiones significativas y que obviamente el servicio no está a la altura de las exigencias que requiere el usuario.

A todo esto, el dirigente sostiene que la situación “ni si quiera está en correspondencia con lo que se paga”.

“Según el consumo de que hablemos la tarifa ha subido más del 300 por ciento. Ahora va a haber otro incremente a partir del 1 de marzo en la provincia de Buenos Aires. Va a ser un incremento significativo porque parte de una base muy alta. Ninguna de estas situaciones se puede comparar con Capital Federal”.

MARCHA-DE-LAS-VELAS

(Por Julio Gambina) El arranque económico de la Argentina en 2017 muestra signos de preocupación en la continuidad del alza de precios y tarifas, junto al mantenimiento de la recesión productiva con impacto en la persistencia del desempleo, suspensiones y afectación del ingreso popular.
La situación exacerba las protestas sociales y el conflicto presente y futuro, con las CTA embarcadas en definir de común acuerdo un conjunto de reivindicaciones como contenido de un plan de unidad de acción a refrendar por más de un millar de delegados de todo el país. En simultáneo, la CGT se bajó del diálogo con el gobierno y empresarios para convocar a una movilización en marzo y próximo paro general.

Precios “transparentes”

En febrero comenzó el operativo “precios transparentes” que suponía una baja de 15 a 20% en los precios de contado, según la expectativa de la Secretaría de Comercio de la Nación. La realidad está siendo muy distinta y como la historia demuestra, los precios en general no tienden a bajar una vez que alcanzan un cierto nivel.
Pocos precios disminuyeron y no en los porcentuales imaginados por los funcionarios del gobierno. La mayoría de los precios se mantuvieron e incluso se incrementaron, y ni hablar de la disparada de los precios financiados en cuotas.
Se pensó en estimular el consumo y con la decisión asumida puede afectarse aún más la retracción en el consumo. El encarecimiento del financiamiento desestimula las compras a plazo, y el mantenimiento o suba de precios al contado coexiste con el menor poder adquisitivo del ingreso popular, de hecho, la mayoría de la población.
Así, la realidad impone la continuidad de una tendencia al bajo consumo que recrea las condiciones de persistencia de la recesión en la coyuntura y afecta la perspectiva de recuperación económica para para el 2017.

Tarifas eléctricas

Se anunciaron aumentos en las tarifas eléctricas en el área metropolitana, Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, pero impactará en todo el país por los costos en origen trasladados a la cadena de generación, transporte y distribución.
Sostiene el Ministro Aranguren que aún con estas subas del 61 al 148% entre febrero y abril, no se cubre el costo y por ende, los aumentos volverán sucesivamente hasta que los precios sobrepasen el costo y aseguren niveles de ganancias que justifiquen la inversión privada.
La lógica de mercado se impone por encima de cualquier consideración al “derecho a la energía” que sustentan organizaciones sindicales como la Federación de Trabajadores de la Energía, FeTERA en la CTA Autónoma, y variadas organizaciones que promueven los derechos sociales al abastecimiento energético.
El aumento de tarifas eléctricas es parte de la asociación entre la impunidad empresarial y la lógica política del gobierno Macri.
Las empresas pretenden bajar salarios y aumentar precios y tarifas. Son medidas contra los trabajadores y los usuarios, especialmente los de menores ingresos.
Es una lógica que privilegia la ganancia de las empresas para atraer inversiones al sector energético. Es algo que queda claro en el conflicto entre la multinacional EDEA S.A. y el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata.
La organización de trabajadores objeta el accionar integral de la empresa transnacional a costa de los propios trabajadores y trabajadoras y el conjunto de usuarios del servicio de electricidad.
En rigor, desde las privatizaciones energéticas en los 90´ del siglo pasado existe una concepción de la energía como mercancía, que compran en el mercado los que tienen suficiente dinero. Por ello, hace falta instalar en el sentido común otra concepción que supone la lucha por el derecho a la energía. Resulta una premisa conceptual para impedir la agresión a los derechos laborales de las/os trabajadoras/es de la energía y al “derecho a la energía” del conjunto de la sociedad.

Actualización salarial

Aumentos de precios y tarifas explican el deterioro de la capacidad de ingresos populares y habilita expectativas por las discusiones paritarias entre trabajadores y empresarios.
Es la base para pensar todas las actualizaciones de ingresos de los sectores más empobrecidos, ya que las jubilaciones se ajustan con base a estas actualizaciones negociadas en paritarias, y los planes sociales acompañan limitadamente las actualizaciones salariales.
Como siempre ocurre, los docentes anticipan el debate y está asociado al comienzo o no de las clases, pero también en escena se presenta el conflicto con los bancarios ante el desconocimiento por parte del Ministerio de Trabajo del acuerdo suscripto entre las cámaras empresarias y los sindicatos.
El gobierno nacional pretende desentenderse de las demandas de un piso salarial nacional docente y descarga la negociación sobre las provincias. Estas requieren asistencia financiera nacional ante los límites del déficit fiscal provincial y nacional.
Todo augura conflicto, tal como se expresó en las movilizaciones docentes de este jueves 2 de febrero. En realidad, la protesta no es solo salarial, sino que apunta al derecho a la educación, afectado por el proyecto de reforma educativa de privatización de la educación en el rumbo definido por la lógica mercantilista de carácter neoliberal.
Los bancarios tienen el aval de la justicia y sostienen la reivindicación de los acuerdos suscriptos con protestas ante la restricción del Ministro de Trabajo.
Es la protesta explícita la forma que tienen las/os trabajadoras/es para defenderse de la creciente inflación de precios y tarifas. Con esa base de movilización y sensibilización a la sociedad es que ingresan a la discusión paritaria y anticipa la escalada del conflicto sindical y social.
Desde el gobierno se imaginan un límite de actualización salarial entre el 17 y 18%, cuando el propio BCRA mantiene elevadas tasas de interés (24,75%) en las licitaciones de letras, LEBAC. La entidad monetaria explica que su decisión se sustenta en la continuidad de las expectativas inflacionarias para el 2017. Estas expectativas materializadas afectan especialmente a los sectores de menores ingresos.
La respuesta es la lucha social extendida por la distribución del ingreso, máxime cuando se estima para 2016 una pérdida de los ingresos populares promedio del 10% de la capacidad de compra. Ese es el piso a adicionar a la inflación esperada del 2017, probablemente superior al 20%.
Para imaginar el piso de recomposición salarial deben adicionarse ambos valores, el 10% resignado en 2016 y el valor esperado de aumento de precios para el 2017, no menor al 20%.
De ahí surge un piso del 30% para la actualización de ingresos, que si se pretende mejorar, la demanda estará más cercana al 35% o más, según sea la correlación de fuerzas en la contradicción entre el trabajo y el capital.

Conflicto sindical y social

Claro que resulta impensable que esa lógica argumental sea aceptada por el gobierno o la impunidad empresaria, lo que aventura protestas y conflictividad creciente para intentar afirmar derechos sociales conculcados.
La tradición de movilización sindical en la Argentina con los anuncios de las CTA y ahora de la CGT, puede habilitar un escenario de mayor conflictividad en un año electoral, donde el gobierno disputa consenso a su proyecto, por lo que califica de medidas políticas a esas manifestaciones de protesta.
Es verdad, toda protesta asume carácter político, en tanto es parte de la disputa del ingreso, antesala para discutir la distribución de la riqueza, altamente concentrada en nuestro país y en el mundo.

Once testimonios fueron escuchados esta semana en las primeras audiencias del juicio Ejército III tras la feria judicial. El próximo martes 21 a las 15 la perito de la Comisión Provincial por la Memoria, Claudia Berlingeri, completará la prueba testimonial de la Fiscalía y se escucharán testigos de las defensas. También habrá sesión el miércoles 22 desde las 9.

El 17 de febrero comenzará un breve juicio al comisario inspector (r) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Abel Boccalari. El represor estaba incluido entre los imputados del debate en curso pero su proceso fue suspendido. Los jueces Marcos Aguerrido, Pablo Ramiro Díaz Lacava y Juan Pablo Salas deberán resolver sobre la responsabilidad del ex miembro de la Sección Cuatrerismo local en el secuestro y desaparición de Julio Mussi.

Las audiencias son un antídoto público contra el negacionismo. A Colón 80 de Bahía Blanca pueden ingresar mayores de 18 años con sus DNI y estudiantes desde los 16 con permiso del tribunal. Lee la reseña de las declaraciones del lunes 6 y el martes 7 ACÁ.

Bahiensas Feministas y agrupaciones feministas convocamos a organizaciones y mujeres independientes a sumarse a la asamblea de coordinación del próximo 8 de marzo. Será el miércoles 15 a las 17.30 hs en SUTEBA- Las Heras 361.

Este 8 de marzo las mujeres PARAMOS EL MUNDO.

En Bahía Blanca también paramos.

Desde Bahía Blanca, nos sumamos a la Internacional Feminista porque estamos convencidas que las mujeres somos la primera línea de resistencia frente a todas las opresiones impuestas por el patriarcado y el capitalismo y estamos construyendo una ofensiva feminista que actualmente está articulando movimientos de mujeres de más de 30 de países.

#SolidaridadNuestraArma

¿Por qué este 8 de marzo las mujeres paramos?

Históricamente, el 8 de marzo es una jornada internacional de lucha y denuncia de las opresiones que sufrimos las mujeres. Hemos llamado a este día “Día de la mujer trabajadora”, porque todas lo somos, por el trabajo asalariado precarizado y mal pago fuera del hogar y el trabajo no reconocido, invisibilizado, impuesto dentro del hogar. Pero en este contexto, las mujeres tomamos en nuestras manos la organización de la resistencia. No queremos ser un engranaje más de este sistema de violencia. Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras.

#MujeresEnHuelga

¿Qué denunciamos?

Que los estados nos empobrecen y explotan, y que esa opresión siempre recae más duramente sobre los cuerpos de las mujeres.

Que la brecha salarial entre varones y mujeres en Argentina llega hasta el 27%. Que, a su vez, no se reconoce el trabajo reproductivo y que las tareas de cuidado no remuneradas impuestas terminan por reproducir la explotación clasista y colonial entre las mismas mujeres.

Que esta situación se agrava con las medidas de ajuste implementadas por el gobierno, que nos coloca en una posición de vulnerabilidad mucho mayor. Los procesos de recesión económica se apoyan especial y principalmente en las mujeres que son quienes garantizan todo aquello donde el Estado se ha corrido: salud, alimentación, educación, vivienda.

Que la desigualdad y falta de autonomía económica nos retiene en situaciones de violencia y nos vuelve más vulnerables aún ante la violencia machista, cuyo último eslabón de expresión son los femicidios.

Que en Argentina nos falta una mujer por día, víctima de femicidio.

Que los crímenes de odio hacia las identidades disidentes están invisibilizados.

En Bahía Blanca, hace 12 años, Alejandra Galicio fue asesinada por ser trans. Su caso nunca fue investigado.

Que nos faltan las víctimas de las redes de trata y explotación sexual, de las cuales la policía, el Estado y sus funcionarios son cómplices y forman parte.

Que los territorios ancestrales de los pueblos originarios están siendo violentados y explotados, con la misma ideología patriarcal que tiene al cuerpo de las mujeres como tierra conquistable.

Que la Iglesia, con complicidad y aval del estado, tiene una responsabilidad histórica y persistente en la restricción de nuestras libertades y en la opresión de nuestros cuerpos.

Paramos porque en Bahía Blanca y la zona nos faltan: MICAELA ORTEGA, KATHERINE MOSCOSO, LUCIANA MORETTI, LETICIA CAYULI, IVONNE GALLARDO, IRINA MONTOYA, DOLORES SANCHEZ, RUTH UTRIERA, DAIANA MENDEZ, SILVANA RIETTI, SOFIA DIAZ, CARMEN FLORES, MARIA LUISA MONTAGNA, VIVIANA AGUILERA, JESSICA ELIAS, LUISA PERALTA, EUDES BAZAN, CLAUDIA GODOY, LEONELA COSTA, STELLA GOTTAU, ALEJANDRA GALICIO, MELINA SAAVEDRA, MARIA SILVA.

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¿Por qué luchamos?

Por los derechos de las mujeres trabajadoras.

Basta de precarización laboral. Igual salario por igual trabajo. Guarderías en todos los lugares de trabajo. No al ajuste. No a los despidos y suspensiones. Reconocimiento del trabajo doméstico. Cupo laboral trans y trabajo genuino.

Reglamentación total, y cumplimiento real de la Ley 26.485, con control de las organizaciones de mujeres. Ejecución de partidas presupuestarias destinadas a la erradicación de la violencia y el apoyo de las víctimas. Incremento del número y la calidad de refugios sin requisitos burocráticos para mujeres en situación de violencia y sus hijos e hijas. Apoyo económico, asesoramiento legal y psicológico gratuito para las víctimas.

Contra toda forma de violencia hacia las mujeres.

Basta de justicia patriarcal. Basta de femicidios. Basta de travesticidios. Basta de violencia institucional. Basta de discriminación y criminalización a nuestras compañeras trans. Respeto y cumplimiento de la ley de identidad de género. Por el cumplimiento de la Ley 25.929 de parto humanizado. Reconocimiento y acción sobre la responsabilidad de los medios de comunicación hegemónicos en la reproducción de contenidos que fomentan comportamientos discriminatorios y misóginos.

Por el derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito.

Tratamiento y aprobación del proyecto de ley de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.

Por un estado y una educación laica y no sexista.

Separación de la iglesia del Estado. Educación laica. Implementación real de la Ley de Educación Sexual Integral en todos los ámbitos educativos, para formar en la igualdad y para una vida libre de discriminación y violencia machista.

Justicia y aparición con vida de todas las mujeres víctimas de las redes de trata.

Desmantelamiento de las redes de trata y explotación sexual, comenzando por la participación de policías, jueces y funcionarios del Estado.

Por el respeto de la cosmovisión y filosofía de vida de los pueblos originarios.

Por el reconocimiento del derecho a territorio de los pueblos originarios y retiro de las fuerzas represivas de los territorios ancestrales. No al desalojo de las comunidades originarias. Basta de extractivismo y de favorecer a los capitales antes que al bienestar de la tierra y sus habitantes.

Contra la criminalización de la protesta social.

Libertad a las/os presas/os políticas/os. Derogación de la ley antiterrorista y los protocolos represivos del estado.

Este 8 de Marzo unimos nuestra lucha con la de las mujeres de todo el mundo.

#HuelgaDeMujeres #SolidaridadNuestraArma

Evento en Bahía Blanca:https://www.facebook.com/events/266543353760345/
Contacto de prensa: Sofia 291- 156450301. Griselda 291- 154616470
Evento Internacional: https://www.facebook.com/events/1043905282422378/
#SolidarityIsOurWeapon #WomensStrike
Twitter: @womensstrike
Página oficial: http://www.parodemujeres.com/
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(Por José Luis Ares*) I. Los diarios The New York Times y The Washington Post dieron a conocer un supuesto borrador del flamante gobierno para reabrir las cárceles clandestinas de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) y para revisar los métodos de interrogación a sospechosos de terrorismo.

Ello motivó comentarios en la prensa del Presidente Donald Trump. Dijo que siente que el “submarino mojado” funciona; que la lucha contra el terrorismo es fuego contra fuego, dado que el Estado Islámico está haciendo cosas que nadie había oído desde los tiempos medievales. Agregó que la decisión final la tendrán el Secretario de Defensa y el Director de la CIA, y que quiere hacer todo lo que está autorizado a hacer legalmente.

Una orden ejecutiva del Presidente George W. Bush (dejada sin efecto luego por Barack Obama) había autorizado técnicas que llamaron de “interrogatorio mejorado”.

El “submarino mojado” (waterbording) consiste en colocar al individuo en una tabla inclinada con las piernas por encima de su cabeza, colocando un paño en su cara y vertiendo agua continuamente sobre la tela para evitar que respire. La CIA lo ha llamado una “técnica profesional de interrogatorio” y tiene la ventaja de no dejar marcas visibles en el interrogado.

II. La afirmación de que ese siniestro procedimiento sirve para obtener información ha sido contradicha por numerosas personas que incluso no tienen pruritos éticos. Así, un antiguo funcionario de la CIA, Bob Baer, ha sostenido que el resultado de un interrogatorio con esa técnica no es fiable ya que la persona está dispuesta a dar cualquier tipo de información, aunque no sea cierta con tal de que el suplicio acabe. Este aserto no es muy original ya que en el siglo 18 el Marqués de Beccaria decía -en cuanto al uso de la tortura para conseguir confesiones- que el inocente sensible se declarará culpable si cree hacer cesar con ello el tormento; es un medio seguro para absolver a los criminales robustos y condenar a los inocentes débiles.

III. Pero aun cuando sirviera, habría que establecer si es legal, a estar a los dichos del novel presidente de Estados Unidos.

La Constitución de ese país prohíbe obligar a una persona a declarar contra sí misma y también proscribe todo castigo cruel e inusitado (enmiendas V y VIII).

Estados Unidos suscribió la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Naciones Unidas, 1984), que establece que es tortura todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos físicos o mentales, con el fin de obtener información, una confesión o castigarla, intimidarla o coaccionarla, y sea infligido por un funcionario público.

Resulta curioso que algunos solo invoquen la constitución cuando conviene a su ideología, como ocurre con la disposición que consagra el derecho del pueblo norteamericano a tener y portar armas.

Claramente, la técnica conocida como “submarino mojado” constituye un acto de tortura y como tal se encuentra prohibida por la normativa vigente en el gran país del norte, a pesar de que se diga que se trata de una técnica de interrogación. Por más que el Presidente Trump hable de “hechos alternativos” para ocultar o deformar la verdad, algo es lo que es sin importar como se lo denomine, por aquello del llamado “fraude de etiquetas”.

IV. En nuestro país, en los albores del gobierno patrio, la Asamblea del año XIII prohibió la aplicación de tormentos para la investigación de crímenes y mandó que los instrumentos sean inutilizados en la Plaza Mayor.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que darle valor a una confesión prestada bajo apremios de la policía implica violación al art. 18 de la Constitución Nacional que prohíbe obligar a una persona a declarar contra sí misma, y que el Estado no puede ser beneficiaria de un hecho ilícito, no pudiéndose dar valor al resultado del delito y apoyar sobre él una sentencia judicial (caso “Montenegro” de 1981).

A riesgo de ser tildado de idealista e ingenuo, no puedo menos que añorar y traer a colación la conducta de un funcionario ejemplar de la democracia. Cuando se había detenido a un sospechoso que podía tener información sobre el paradero del prominente político Aldo Moro, secuestrado por terroristas, un subordinado sugirió al jefe de los Carabineros someterlo a apremios. La respuesta del General Carlo Alberto dalla Chiesa (luego asesinado por la mafia) fue memorable: “Italia puede permitirse perder a Aldo Moro. No, en cambio, implantar la tortura”.

Más allá de las claudicaciones éticas y de las transgresiones legales que implican pensar en esas técnicas de torturas a detenidos, también intranquiliza darse cuenta que líderes de la mayor potencia del mundo crean necesario recurrir a esas deleznables y anacrónicas prácticas, y con todos sus recursos tecnológicos sean ineficientes, mostrándose impotentes ante el terrorismo transnacional.

(*) Juez en lo Correccional. Profesor adjunto -por concurso- de Derecho Procesal Penal, UNS. Miembro de la Red de Jueces Penales de la Pcia. de Bs. As.

Arroyos y ríos desbordados, rutas cortadas o con circulación limitada, cientos de viviendas inundadas, campos bajo agua donde apenas asoman los postes del alambrado y la población refugiándose en lugares precarios, son imágenes cada vez más frecuentes.

Esto no es casualidad. Hay certeza ya de que es el modelo agrobiotecnológico el responsable de esta situación cada vez más recurrente, caracterizada por desbordes inusuales, como las recientes lluvias que arrojaron un panorama desolador al registrarse solo en la provincia de Santa Fe más de un millón de hectáreas bajo el agua.

Para  tener una noción del panorama actual, pueblos y ciudades enteras han quedado sumergidos como Pergamino, La Emilia, San Nicolás, Rafaela, Arroyo Seco, y casi un centenar en la región centro, en la pampa húmeda, una región que fuera una de las más fértiles y ricas del mundo.

En este marco, si bien son necesarias las obras hidráulicas, éstas solo maquillan un problema coyuntural: El deterioro manifiesto en el que se encuentran los suelos hace que los mismos no absorben lo que deben, escurriendo dichas aguas hacia las cuencas inferiores. Esto es lo que en definitiva agrava las inundaciones.

Estudios realizados por Universidades Públicas y especialistas de distintas disciplinas ratifican, entre otros, que los cultivos de raíces pequeñas como la soja transgénica no permiten la infiltración profunda o la evaporación; la eliminación de la actividad pecuaria provoca la subida de las capas freáticas, la desaparición de la fauna y flora por la aplicación de más de 300 millones de litros de agrotóxicos en cada campaña, compacta los suelos y los convierte en un vidrio en el que rebota el agua.

En efecto, la aplicación del paquete tecnológico de transgénicos, agrotóxicos y siembra directa, base del agronegocio, significó la subida de las capas freáticas, la uniformidad de la granulometría superficial del suelo y la muerte directa de los micros y macros organismos edáficos alterando negativamente los ciclos del agua y los nutrientes, el flujo de energía y la dinámica de las comunidades por encima y debajo del suelo.

Se confirma, una vez más, que seguir insistiendo con las buenas prácticas agrícolas o de labranza, no constituyen una solución ni razonable ni ética a este problema, dado que nos encontramos frente a un modelo de producción hegemónico y fuera de control que, en modo similar a la minería, desequilibran la situación funcional del suelo y le exprime el suelo hasta sus últimos nutrientes.

Si a este panorama le agregamos los múltiples focos de incendios en las provincias de La Pampa, Río Negro y el sur de Buenos Aires, incontrolables por los escasos recursos de contención del fuego que hay disponibles, que provocaron la masiva mortandad de animales y cientos de hectáreas desbastadas por el fuego. Los ríos enteros contaminados por los numerosos derrames de cianuro provocados por la actividad minera, dejando a poblaciones enteras sin acceso a agua potable y una mortandad de peces incalculable. El impactante alud que enterró las localidades de Volcán, Bárcena y Tumbaya en Jujuy, cuyos habitantes se esfuerzan por recuperar sus casas, anegadas por el lodo y, de alguna forma, recuperar la vida cotidiana. Las millones de hectáreas de bosque nativo destruidas en aras de “supuestas inversiones” o mejor dicho de “especulaciones inmobiliarias”, comprenderemos que nuestro país atraviesa por una verdadera sitaución de catástrofe ambiental.

No cabe ninguna duda de que la aceleración de las desastres ambientales que hoy padecemos son la resultante de un modelo productivo extractivista salvaje que, violando las leyes de la naturaleza, ha seguido las leyes del Dios Mercado basadas en priorizar las máximas ganancias para unos pocos, con consecuencias que las paga todo el pueblo, no solo con la pérdida de sus bienes, sino también porque compromete su salud y su bienestar, como asimismo, su presente y su futuro.

Es claro que el modelo de producción aplicado no es amigable con el ambiente, y  que los daños que genera son sufridos por miles de ciudadanas y ciudadanos argentinos, sumado a las incalculables pérdidas sociales, económicas y productivas que ello implica en general para nuestro país.

A 20 años de la implantación de este modelo productivo, la sociedad civil, las organizaciones sociales, los investigadores y científicos, las universidades, las víctimas que se acumulan en cada rincón de la patria, vienen alertando de las consecuencias de envenenar masivamente el suelo, el agua, el aire, la naturaleza y la vida misma.

Los responsables debajo de esta catástrofe “natural”, sanitaria o ambiental. tienen nombre y apellido, son productores inescrupulosos, inversores y financistas, profesionales y funcionarios que pertenecen a una economía concentrada, monopólica y transnacional, que lucran desde hace décadas con el sufrimiento y la expoliación de los pueblos ,lo que hace que sostengamos que urge la toma de responsabilidad por parte del estado de gestionar otro modelo de producción, donde se respeten los equilibrios ecosistémicos y deje de lado las declaraciones de “emergencia agropecuaria”, que todos subsidiamos y cuyo destino final beneficia a unos pocos.

Sostenemos una vez más que hay una alternativa, una verdadera salida para enfriar el planeta y actuar sobre el cambio climático y no es con represión ni con su acción desenfrenada. Solo superaremos la difícil situación que atraviesa nuestro país, planificando revertir el camino desarrollado hasta ahora, y es optando por el modelo agroecológico de producción que se opone al agronegocio.

Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CALISA) – Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina.

Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CALISA) – Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina.

Seminario Interdisciplinario sobre el Hambre y el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada – Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina.

Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y Agroecología – Universidad Nacional de Luján (UNLu), Argentina.

Cátedra Abierta de Estudios Urbanos y Territoriales – Sede Trelew de la UNPSJB, Argentina.

Cátedra Libre de Agroecología y Soberanía Alimentaria (CLAySA) – Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina.

 

La municipalidad de Bahía Blanca informó este jueves sobre la firma de un convenio de colaboración con el club Argentino. A través del acuerdo, “el municipio se compromete a proveer maquinaria y personal a fin de realizar trabajos de nivelación en un predio que posee la entidad en Villa Harding Green” dice la nota de prensa. A continuación, hace una aclaración sobre quién pagará los costos de esas tareas. “Tanto los gastos de combustible de la maquinaria a utilizar, como aquellos montos correspondientes a las horas trabajadas por los operarios de las mismas, serán abonados en su integridad por el Club” menciona el parte, en el que se informa que los encargados de firmar el convenio fueron el intendente Héctor Gay y el presidente de la entidad, Horacio Levantesi.

Entre las facultades que tendrá el convenio para el estado municipal, indica que para el desarrollo de esas obras, se entiende que la nivelación del terreno, “el municipio establecerá los días y horarios para su ejecución, a los efectos de no perturbar la actividad normal de aquellas áreas que hayan afectado dicha maquinaria y personal”. El parte de prensa agrega un par de datos más sobre el rol que tendrá el club Argentino, a partir de la firma del convenio. “La institución efectuará la supervisión de los trabajos y facilitará, por la colaboración recibida, sus instalaciones para los propósitos que la comuna lo requiera”finaliza.

Junto al texto, el área de prensa municipal distribuyó dos fotos, en las que se registra el momento en que tanto Gay como Levantesi, por separado, firman el convenio. En ambas imágenes, aparece parado junto a ambos el titular del Instituto Cultural, Ricardo Margo. El funcionario no es mencionado en ningún momento en el parte oficial, por lo que queda planteado el interrogante sobre cuál fue su rol en ese acto: ¿asistió como máximo responsable del área cultural del municipio? ¿O lo hizo en su calidad de secretario del mismo club Argentino, cargo que aun conservaría según figura en el Curriculum Vitae que tiene publicado el sitio web municipal? De acuerdo a ese documento, Margo asumió en 2010 y continúa “hasta la actualidad” ¿Son compatibles ambas jerarquías para el funcionario a la hora de la firma de este acuerdo?

Enlaces:

Curriculum Margo

Parte municipal

Foto: MBB

(Por Alfredo Grande) “Dedicado al siempre compañero que se suicidó en Italia Eduardo Dellagiovanna,
ex combatiente del prt –erp e internacionalista argentino, enfermo y en la pobreza extrema”.
El suicidio de Eduardo lo pienso, con la debida licencia de Darío Fo, como la muerte no accidental de un combatiente. Suicidarse es matar dentro lo que no se pudo combatir afuera. O peor aún: lo que se combatió con valentía y coraje, pero la victoria fue esquiva y la derrota dio en el blanco. Cuando el suicidio es digno la bala del final siempre va a salir. Porque hay una convicción que no se abandona. Hay una idea de la cual no hay renuncia posible. No es “Patria o Muerte” en abstracto. Es Patria y muerte en concreto. Porque la patria es también la muerte. Por eso los anarquistas decían que cuando el Estado sale a matar se hace llamar Patria. Hay una Patria del fusil y la bandera. Y hay muchas Patrias de los hermanos que están labrando la tierra. La tierra es, desde el alma de los humildes, la esperanza de los desesperados, la vergüenza de los abandonados, la lucha de los que no se rinden.
José Martí, poeta, soldado, escritor, de profundas convicciones libertarias, masón, héroe nacional para la Cuba Revolucionaria, escribió para que nadie se confunda, a menos que pretenda confundir: “El amor, madre, a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la yerba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien la oprime, es el rencor eterno a quien la ataca”.
Remarco: es el odio invencible a quien la oprime. Por eso la cultura represora decreta el tabú del odio. No porque practique el amor. Sino porque teme la fuerza invencible que le da al oprimido para enfrentar a su represor. El Che lo escribió. Quizá inspirado en Martí, quizá inspirado en Freud, al que supo leer. Quizá inspirado en su propia vida, en sus propias luchas externas e internas. Y seguramente Eduardo lo sabía, pero no con el saber de las academias, sino con el saber y poder de los combatientes. No es lo mismo combatir al capital, que combatir a la clase capitalista. No es lo mismo. Es incluso, lo opuesto. Porque el capital es, fetiche de la mercancía mediante, una abstracción. La física clásica definía a la fuerza como un ente abstracto que se reconoce por sus efectos. El capital es esa fuerza abstracta, que algunos llaman burbuja financiera.

“No existe el amor.
Existe el vínculo amoroso.
Y en la cultura represora
los vínculos son artificios mediáticos
sin materialidad corporal.”
(Aforismo implicado A. G.)

Cuando el General Perón preguntó: “¿alguno vio un dólar?” la respuesta fue obviamente que no. Pero a diferencia de la publicidad de Gillette que hizo el genial Norman Brisky, no se ve pero se siente. Un dólar abstracto sostenido desde una magia negra que algunos llaman atraso cambiario. Del atraso mental de los funcionarios, algunos de ellos como el actual ministro de economía que propone “comer pobres”, nadie se ocupa. También ellos son incorregibles. Y agrego: irrecuperables.
Pero ladrones, estafadores, contrabandistas, secuestradores, asesinos a sueldo (y buenos sueldos) narco delincuentes, terroristas ambientales, genocidas de género (lo que algunos denominan “trata”) tienen un paraguas sombrilla protector: la democracia.
También en abstracto. O mejor: la Democracia. En mayúscula y singular. Como Valor Absoluto. ¡SI SEÑOR! ¡DESCANSEN!. Lo absoluto es cultivo puro de cultura represora. Y tenemos demasiados absolutos regulando nuestra vida. Que de tan regulada deja de ser vida, para en el mejor de los casos, ser sobrevida, y en el peor, muertes anunciadas.
“La jornada que se vivió en el Lof de Resistencia Cushamen volvió a poner en escena los intereses que defienden tanto los gobiernos provinciales como nacional: en este caso a terratenientes como Benneton. Lo que se sabe es que hasta el momento hay al menos nueve detenidos, que se encuentran en la localidad de Esquel. Según versiones de personas que se hicieron presente en el lugar donde se efectuó la represión a la comunidad mapuche, alrededor de doscientos efectivos de Gendarmería llegaron para lo que en principio era supuestamente despejar de palos y ramas las vías por donde pasa el histórico tren La Trochita”. La represión a la comunidad mapuche es estructural. O sea: no hay actos represivos. La represión es permanente, como alguna vez deseamos que fuera la revolución. Lo que hubo en la comunidad Cushamen es una sumatoria de delitos planificados en forma jurídica y policial. O sea: Terrorismo de Estado. Que se complementa con el estado terrorista que asesina por hambre, frío, calor, tóxicos, sequías, inundaciones, y cuanto método resuelven inventar. Para la maldad, ni el cielo es el límite.
En “Los Brian y la construcción del enemigo” Claudia Rafael nos dice: “El sector social al que se dirige la medida ya tiene en sus territorios una punibilidad precoz. No sólo viven en condiciones semejantes a las carcelarias pero sin techo ni rejas visibles sino que, además, rige para muchos la pena de muerte. Según las últimas estadísticas de la Correpi, cada 25 horas muere una persona en manos de alguna fuerza de seguridad. Casi el 52 por ciento tiene menos de 25 años. Y la absoluta mayoría es pobre”.
Lo interesante es que es una descripción compatible con las atrocidades de dictaduras, posguerras, catástrofes naturales y culturales (como el triunfo de Trump, el aceitoso). Pero Claudia con su habitual implacable lucidez, hace una fotografía escrita de la catástrofe democrática. Porque esos niños, púberes, adolescentes precoces, son asesinos que la democracia supo construir. Los gobernantes, funcionarios, administradores que desde 1983 se (des) interesan en los “únicos privilegiados” tienen que estar presos. En cárceles de máxima seguridad, que apenas serían lugares donde tuvieran que trabajar de acuerdo a las mentiras que nos dicen.

“Si sonríes,
que no sea porque pienses
que dios te ama.”
(Aforismo implicado A. G.)

Tengo de todas maneras, una excelente noticia. La democracia es una estafa. En realidad, apenas es “democracia real”. O sea: liberta, igualdad y fraternidad para el capital y sus gerenciadores, la parásita clase capitalista. No “dan trabajo”. Explotan el trabajo que es lo opuesto. Comparado con la clase capitalista, el mosquito transmisor del dengue es un mosquito scout. Propongo por lo tanto, algunas medidas para pasar a una “democracia democrática”.

1) Revocación de mandatos por mayoría simple o absoluta dependiendo del cargo.

2) Plebiscito vinculante.

3) Audiencias Públicas vinculantes.

4) Voto no obligatorio para no seguir inventando alucinadas mayorías. Padrones revisados por organizaciones populares. Universalidad garantizada por colectivos sociales.

5) La función pública es causal agravante de cualquier delito. El funcionario es también sus circunstancias, o sea, su familia, o sea sus testaferros.

6) El trabajo es digno en tanto contemple el bien común. La masividad actual de trabajos no dignos debe ser abolida.

7) Separación total de la Iglesia y el Estado. El Estado solo subsidia la legitimidad de los deseos, no la aberración de los mandatos.

La acción política estará destinada a desnaturalizar el voto como herramienta de la voluntad popular. Como herramienta para legitimar represores y asesinos. Como estafa periódica para que los reprimidos amen a sus represores. Y último, pero no menos importante, modificación inmediata del preámbulo de la constitución nacional, para impedir que siga legalizando traiciones varias. “El pueblo delibera y gobierna a pesar de sus representantes”.

(Por Julio Gambina) Alfonso Prat Gay dijo en su momento, en una conferencia en EE.UU., que el “trabajo sucio” ya estaba hecho. Se refería a las iniciales medidas económicas del gobierno Macri: la devaluación, el levantamiento a las restricciones cambiarias (CEPO), la eliminación o reducción de retenciones a las exportaciones, el arreglo con los acreedores en conflicto con más deuda y el ajuste de tarifas de servicios públicos.

Cuando se despedía, no dudó en hablar de “éxito” de su gestión, pese a la recesión y la inflación, coronado con un anuncio de 90.000 millones de dólares exteriorizados por el blanqueo, que podría llegar a 120.000 millones de dólares hacia fines de marzo cuando se exterioricen los inmuebles no declarados. Hay que pensar en un 10% de la exteriorización como potencial recaudación por multas.

De su propia boca escuchamos al Ministro saliente aludir al trabajo sucio y al éxito de la gestión, toda una confesión, que explicita beneficiarios y perjudicados.

Entre los primeros los grandes productores y exportadores, la gran banca y los especuladores, entre ellos los acreedores externos y nuevos prestamistas de la Argentina, y en general el gran capital hegemónico, pese a la recesión y la inflación. Claro, en materia de precios, son los sectores más concentrados los que explican la escalada de precios. No cualquiera puede incrementar los precios, y si no, veamos cuanto les cuesta a los trabajadores ajustar sus ingresos, ni hablar de los jubilados y los perceptores de planes sociales.

Los perjudicados son la mayoría de la sociedad, la gran masa de trabajadoras y trabajadores y el grueso de los pequeños y medianos productores y empresarios, en general, todos asociados a la capacidad de compra y venta en el mercado interno. Todos los datos de la economía muestran reducción de ventas y producción, por baja de consumo y capacidad adquisitiva de la mayoría de la población.

Nuevos ministros

Nicolás Dujovne se hará cargo del Ministerio de Hacienda desde 2017. Ya anunció en conferencia de prensa sus objetivos concentrados en: a) bajar el déficit, b) aumentar el gasto en infraestructura, c) reducir impuestos, distorsivos dice, y d) comunicar buenas noticias a la sociedad.

El primer objetivo es contradictorio con el segundo, por lo que se supone el nivel de ajuste del gasto social será importante. Dice que no ajustará pero que estudiará a fondo todos los gastos, siempre para reducirlos, no para aumentarlos.

La línea del ajuste queda clara, mientras que los constructores se preparan para intervenir en las licitaciones de obra pública que estuvo frenada durante el 2016 para intentar frenar el déficit fiscal.

El esfuerzo por incrementar obra pública contrasta con la segura reducción del gasto social. Una muestra es el reciente conflicto en el Conicet o en el Ministerio de Educación.

La reforma tributaria suena a beneficios para los empleadores, una pista que surge del calificativo “distorsivo” para los tributos. Lo que se quiere con ese lenguaje es reducir el costo de contratación a los inversores, para mejorar la perspectiva de rentabilidad al capital.

Ni por asomo se piensa en reducir la alícuota del IVA, principal fuente de recaudación tributaria en la Argentina, un 8% del PBI, contra el 6% del impuesto a las ganancias, de los cuales, más del 2% recae en los pagos de la cuarta categoría que abonan unos 2 millones de trabajadoras/es.

Sobre la comunicación a la sociedad, la especulación se asocia a la trayectoria de comunicador liberal del columnista de La Nación y TN.

Convengamos que una cosa es comunicar como analista, de derecha o de izquierda, y otra muy distinta seguir explicando el ajuste y la regresiva reestructuración de la economía argentina en la gestión Macri.

Otra novedad es que el Ministerio se dividió en Hacienda y en Finanzas. En este último caso se ascendió a Luis Caputo de Secretario a Ministro. ¿El mérito? Haber tenido éxito en endeudar al país y hacerlo regresar al mercado de préstamos mundial, algo que se profundizará desde el mismo enero del 2017.

La nueva deuda estimada entre 2016 y 2017 será de 90.000 millones de dólares, una fuerte hipoteca para el conjunto de la sociedad argentina, la que se comunicará como un éxito, ya que supone que el país vuelve a ser sujeto de préstamos del sistema financiero mundial.

Para fundamentar el cambio de Ministros, Macri y sus funcionarios de la Jefatura de Gabinete apuntaron a mejorar el equipo, nunca a promover cambios en la política económica para beneficio social.

Realizado el trabajo sucio, se busca profundizar el ajuste y la regresiva reestructuración a favor de la ganancia.

Claro que para ello tienen que disciplinar al conflicto social. Para eso tienen al Ministro del Interior y al de Trabajo que “dialogan” y pactan con la burocracia política y la sindical respectivamente.

Saben de la tradición combativa del pueblo argentino y por eso se empeñan en controlar el conflicto y si pueden, contenerlo en la fragmentación que hace visible la protesta en la actualidad.

Nueva situación mundial

El marco internacional continua desfavorable para la aspiración de atraer inversores.

La situación mundial privilegia la orientación de capitales hacia los países capitalistas desarrollados, especialmente EE.UU.

Luego del 20 de enero, con Danald Trump en Washington y su política de recuperación de la economía estadounidense, lo previsible será que la potencia imperialista actúe como una aspiradora de fondos de inversión de todo el mundo.

Sin contar, claro, que el mapa de la geopolítica cambiará en nuevas disputas entre los principales países del sistema mundial. Además de EE.UU., habrá que contar a Europa, China y Rusia que no solo disputan destino de inversores, sino condiciones de beneficio de sus políticas nacionales.

El papel de Argentina es subordinado en esta ecuación global, y a no dudar, el destino seguirá profundizando la dependencia del capitalismo local en el sistema mundial.

La Secretaría de Gestión Ambiental informó que el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) infraccionó a la empresa Profertil SA por la emisión de olor a amoníaco detectada ayer por el sensor ubicado en las instalaciones del Club Náutico Bahía Blanca.

Según la comuna “inmediatamente el inspector recorrió las zonas aledañas a la empresa y específicamente el Club Náutico Bahía Blanca pudiendo constatar que el olor provenía de la empresa”.

“Esta situación generó preocupación y molestias en la población por lo cual se recibieron 14 denuncias vecinales a través de los teléfonos de emergencia, desde las 18:10 hasta las 19:30”.

A las 16:30 la empresa avisó que debido a una falla en el suministro eléctrico -“una variación en la frecuencia del sistema eléctrico nacional”- se produjo la parada total del complejo. Además informó que el amoníaco percibido en el aire provenía de la antorcha de la planta amoníaco.

El olor se calificó como Grado 4 de la Tabla I de intensidad y Grado 2 de la Tabla II de irritabilidad del anexo V del decreto 3395/96 reglamentario de la Ley 5965. Por lo tanto se procedió al labrado del acta de infracción imputando falta al Art.2 de la Ley 5965, Art.10 Decreto Reglamentario 3395/96 conformes Anexo V Tabla I y Tabla II y falta a la Ley 11459, Art.1 del Decreto Reglamentario 1741/96; por no desarrollar su proceso en un marco de respeto y promoción de la calidad ambiental. El acta el infracción será enviada, junto a un informe de lo sucedido al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible OPDS.

La Secretaría de Gestión Ambiental informó que el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) labró una infracción a la empresa Central Piedra Buena S.A. por emisión de ruidos molestos. Fueron reiteradas las mutas por la misma falencia a lo largo del año. A principios de mes, la empresa generó temor en los barrios cercanos por el “fuerte temblor” que acompañó al ruido.

El último episodio se produjo el domingo 25 de diciembre a las 18 como “consecuencia de la salida de servicio de la unidad 29, debido a una falla en el Sistema Interconectado Nacional, provocando la apertura de las válvulas de seguridad de la caldera y emitiendo a la atmósfera vapor de agua”. Hubo tres denuncias vecinales en el servicio de emergencias 911.

“La emisión fue registrada por la estación de monitoreo acústico continuo del CTE y constatada por los inspectores. Luego de analizados los registros de niveles sonoros y realizados los cálculos correspondientes se determinó que el mismo superó los límites legales para emisión sonora en horario diurno”.

El municipio labró un acta imputando falta al Art. 1 del decreto reglamentario 1741/96, LEY 11459 conforme art. 1 de la Resolución 159/96 (EX-SPA) (NORMA IRAM 4062/84) modificada por la Resolución 94/02 (EX-SPA).

Más información:

Mucho ruido y pocas multas

 

Ruidos en la termoeléctrica

 

Temor por ruidos en la termoeléctrica

 

El TOC 1 de Quilmes ordenó la libertad de Reina Maraz Bejarano: mujer boliviana, quechua parlante, enjuiciada por la muerte de su marido y condenada a reclusión perpetua en 2014. El tribunal decidió otorgarle el beneficio de la excarcelación mientras espera la decisión de la sala VI del Tribunal de Casación Penal, ante la cual el defensor oficial ha pedido un cambio de carátula que podría modificar la situación de Reina y dejarla efectivamente en libertad.

Reina es de nacionalidad boliviana, quechua-parlante y pasó más de un año encerrada sin comprender cabalmente el proceso penal por el cual estaba detenida. En el año 2012, en una de las inspecciones que la Comisión Provincial por la Memoria realiza regularmente en los lugares de encierro, Reina fue entrevistada y a partir de ese momento, el organismo comenzó a intervenir en el caso.

Fue un camino largo que, entre otras cuestiones, logró que la Suprema Corte le asigne una intérprete de lenguas originarias para que ella pudiera comunicarse con mayor fluidez y comprender con claridad el proceso judicial al que debía someterse.

A su vez, la CPM realizó una veeduría del proceso judicial, el registro audiovisual de todo el juicio y se promovió el caso y la voz de Reina para que sea escuchada, garantizando la mayor amplitud probatoria que permitiera impartir justicia.

En 2014 Reina fue sentenciada a cadena perpetua por el Tribunal Oral Nro.1 de Quilmes, que la encontró culpable del asesinato de su marido Límber Santos, ocurrido en noviembre de 2010. Durante las audiencias judiciales en 2014 estuvieron presentes el presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, el en ese momento vicepresidente, Aldo Etchegoyen (hoy fallecido) y representantes de la embajada boliviana y otras organizaciones que desarrollan su trabajo en el campo de los derechos de migrantes y pueblos originarios y de género.

Para la CPM el caso Reina Maraz ha visibilizado la situación de extrema vulnerabilidad en tanto víctima de las múltiples violencias que promueve y sostiene el sistema judicial. Reina es mujer, pobre, migrante, indígena, y víctima de situaciones de violencia género, algo que la justicia en primera instancia no quiso ver ni oír. Si lo hubiera hecho Reina no habría padecido todos los sufrimientos de los que fue víctima durante estos seis años.

Desde la CPM celebramos su libertad esperando que pronto Casación se expida en un sentido favorable para que puedan comenzar a repararse los daños producidos por una condena injusta, arbitraria y discriminadora del mismo tribunal que hoy la libera.

(Por Bahiensas Feministas) El 20 de mayo Dayana Gorosito fue obligada a parir en un descampado, con frío y sin asistencia médica por su pareja Luis Oroná en Unquillo, Córdoba. Este arrancó a la beba de sus brazos y se la llevó, sosteniendo que no era de él. Seguidamente inició una movida mediática para generar una coartada, y con la amenaza que no volvería a ver a su hija.

En el transcurso, la joven de tan solo 20 años debió ser internada con una infección severa producto de las condiciones inhumanas en que fue obligada a parir. Tras haber sido incomunicada, intentó irse para ver a su hijo de 3 años y a la recién nacida y fue detenida nuevamente el 30 de mayo. La joven de tan solo 20 años no supo que su hija estaba muerta hasta que la policía, tras cuatro allanamientos, encontró el cuerpo en la casa de Oroná.

La violencia machista que comenzó mucho tiempo atrás contra Dayana por parte de Oroná hoy se continúa al seguir ella detenida por un delito que no cometió. La justicia (corregimos: el Poder Judicial)  dispuso que la joven sea alojada en la cárcel cordobesa de la comuna de Bouwer. Desde hace tiempo, diversas organizaciones feministas, sociales, de derechos humanos y políticas, junto con un gran número de personalidades, se vienen manifestando por su inmediata liberación.

Que Dayana esté presa es una aberración jurídica y una falta de completo sentido de la humanidad.  El estado cordobés ha optado ya no simplemente por creerle a Oroná: ha elegido ser cómplice y hacedor de misoginia, de violencia patriarcal, de criminalización de la pobreza y de pobreza de la justicia.

Hoy se hará un reclamo general para exigir la libertad de Dayana Gorosito. Desde Bahiensas Feministas sumamos nuestras energías en contra de la violencia de género e institucional representada en este caso que nos toca de cerca. Porque si algo hemos aprendido en estos años es que desafortunadamente ninguna de nosotras está exenta de la opresión machista. Pero también aprendimos que unidas le haremos frente.

¡Basta de violencia de género e institucional!

¡Basta de impunidad!

¡Liberación inmediata para Dayana Gorosito!

Foto: Anred.

Facundo López Crespo, Gustavo García Zanotti y Marco Kofman presentaron un informe económico acerca de las transferencias de recursos al sector hidrocarburífero en Argentina. Fue el 7 de diciembre en el CEIL-CONICET en conjunto con especialistas de la materia. La publicación -de descarga gratuita- está impulsado por Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (EJES), el Observatorio Petrolero Sur y el Taller Ecologista.

“Los resultados obtenidos muestran flujos cuantiosos y en franco crecimiento:

  • Más de 21 mil millones de dólareshan sido transferidos a las empresas del sector;
  • Los montos se incrementaron en los últimos años, llegando a superar los 3 mil millones de dólares por añoen 2013, 2014 y 2015;
  • Del total, el Estado nacional transfirió 14 mil millones de dólarespor diversas vías, siendo el restante originado por los consumidores;
  • Entre 2009 y 2015, el aporte estatal representa 1,5 veces la masa salarial del sector, casi el 30% de lo ejecutado por el Ministerio de Educación, el 74% del Ministerio de Salud y más de dos veces de lo gastado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología;
  • A partir del aumento tarifariodel gobierno de Cambiemos en 2016, hasta mediados de año losconsumidores transfirieron el 81% del total, frente a un 2% entre 2008 y 2014;
  • En cuanto a los beneficiarios, YPF y Pan American Energy(Bulgheroni, Cnooc y BP) captaron el 72%, siendo otros actores destacados Sinopec, Pluspetrol y Total;
  • Además de ir en aumento, las transferencias representaron una porción cada vez mayor de la facturación total del sector, alcanzando el 48% para 2015”.

El trabajo señala que “en todo el período analizado las transferencias de la política hidrocarburífera apuntaron a la producción, donde se estimuló a las empresas con señales de precios para que incrementen sus niveles de extracción y exploración, especialmente en su fase no convencional y en la cuenca Golfo San Jorge. La prioridad de este aspecto fue en detrimento de abordar el impacto socioambiental de la actividad. Con el gobierno actual a esta tendencia se le sumó el aumento de tarifas, donde se plasmó el abandono de la idea de acceso popular a la energía en tanto derecho. A largo plazo, las políticas de estímulo dan continuidad a un esquema de consumo energético ineficiente e injusto desde el punto de vista económico y ambiental”.

“Las transferencias son una herramienta que permite reflejar aportes que van más allá del subsidio directo. Las definimos como el resultado de las presiones que se ejercen sobre la estructura de precios relativos en beneficio de una determinada rama de actividad o sector empresarial. Esto permite englobar subvenciones directas y políticas indirectas, como la devaluación”.

Los autores señalan que “el reconocimiento y la evaluación de las transferencias es un problema estratégico” y que “las mismas comprometen distintas dimensiones: los territorios, infraestructura y capital involucrados; la captura y transferencia de fondos públicos hacia uno de los sectores más ricos, concentrados y de mayor nivel de daño sanitario y degradación ambiental”

Al mismo tiempo, “los fondos públicos engrosan una industria que necesariamente debe tender a un achicamiento drástico si se desea mantener el clima planetario bajo cierta estabilidad. El esfuerzo de dejar los fósiles también implica re-direccionar el accionar estatal para apuntar hacia una transición justa”.

En otras conclusiones, el documento señala que “la importancia de este sector implica la necesidad de establecer políticas profundas y de largo alcance que contemplen, entre otras cuestiones:

  • Recuperar la capacidad de conducción del sector por medio de una fortalecida empresa estatal con participación ciudadana en las decisiones.

  • Desconcentrar el segmento privado del mercado.

  • Proteger el medio ambiente y fomentar la diversidad y transición productiva de las zonas de extracción de hidrocarburos.

  • Fomentar la diversificación de la oferta primaria de energía.

  • Bajo la premisa de que la energía es un derecho, garantizar el acceso de toda la sociedad a los recursos energéticos.

  • Estimular un uso racional y eficiente de la energía, primordialmente en el transporte y en la industria”.

 

Se reanudan este miércoles las audiencias testimoniales en el Juicio Ejército III que juzga a 34 represores imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca y la región. Será desde las 9:30 en Colón 80 y repetirá horario mañana jueves, a días de la feria judicial.

El debate oral comenzó el 11 de octubre e incluye los casos de más de un centenar de víctimas. Las sesiones son públicas, pueden ingresar mayores de 18 con sus DNI o jóvenes desde los 16 junto a sus docentes.

La última audiencia fue a fines de noviembre. Se escuchó al ex militante de la UES y sobreviviente de La Escuelita Manuel Ortega y a su madre Claudina Linares, ambos apuntaron al imputado Pedro Noel como uno de los secuestradores.

Además, declararon los ex colimbas del Batallón de Comunicaciones 181 Horacio Raúl Cianci, chofer y asistente del mayor Ibarra, jefe del “Equipo de Combate contra la Subversión” y Carlos Alberto Messina, conductor del micro de la banda musical de dicha unidad quien mencionó una compañía llamada “la voladora” por sus permanentes entradas y salidas.

Manuel Aníbal Ortega, militante de la Unión de Estudiantes Secundarios, fue secuestrado en Haití al 1900 a fines de 1976 o principios de año siguiente. “Llegué de trabajar y golpearon la puerta, abrí yo y había gente apostada del Ejército y una persona de traje que era Noel, después me he enterado que era él”.

Pedro Noel integró el grupo de tareas del Comando Radioeléctrico de la Policía Bonaerense y está imputado por los hechos padecidos por María Emilia Salto, Laura Manzo y Daniel Bombara. Por decisión del tribunal entra y sale de las audiencias libremente, entre sus víctimas, del brazo de su esposa.

noel fm de la calle

Ortega fue llevado junto a su amigo Daniel Sánchez -capturado momentos después- a la jefatura policial de avenida Alem. Los jóvenes ya habían sido detenidos en la calle y demorados en ese lugar. Aquella vez, “hablé con (el comisario) Trujillo y estuvimos de un día para el otro y nos largaron”.

Durante el segundo hecho “siempre los tratos fueron muy malos, golpes, con la misma ropa mía me vendaron, nos dijeron que habíamos mentido la primera oportunidad, ‘ahora van a ver lo que les va a pasar’. Nos tuvieron hasta que nos cargaron en un auto, nos pusieron en el piso en la parte de atrás, nos taparon con una frazada, el auto salió rápido, cuando dobla, por la inclinación me di cuenta que doblamos Alem para las afueras de la ciudad”, declaró.

Vendados y esposados los dejaron en el patio del centro clandestino La Escuelita. Fueron interrogados y tirados en el piso alrededor de tres días, tras los cuales “me llevaron a donde estaban los guardias”. “Había de un  lado hombres y del otro mujeres. Sánchez estaba con los hombres, el primer problema que tuvo es que era zurdo y le ataron la mano que necesitaba para comer”.

“Fuimos muy castigados”, recordó Ortega, “los guardias se divertían conmigo, estaban aburridos y me sacaban, me levantaban de la cama, se ponían en una rueda y organizaban una pelea. Peleaba uno de ellos conmigo, otro relataba la pelea, eso ocurrió en varias oportunidades. (…) Igual que cuando nos torturaban -siempre practiqué deportes y resistía un poco más que otras personas- a veces era un poco más duro el castigo porque me decían ‘vos te la aguantás’”.

El testigo recordó que “había chicas embrazadas” a las cuales “sacaban a caminar” y también mencionó a una joven de Punta Alta. “Cuando uno pedía para ir al baño te sacaban a una letrina. En una oportunidad me sacan y había una chica, pudimos conversar, los guardias que estaban ahí querían que mantuviera una relación sexual con la chica, me negué rotundamente, conversamos con la chica y me dijo que era de Punta Alta, me dijo ‘si llegás a salir avisále a mis padres que estoy acá’. No me acuerdo (el nombre) ni le avisé a los padres ni nada”. Agregó que a la mujer le decían “Laucha o Rata y su padre era militar”.

Respecto a las detenidas afirmó que “fueron agredidas, inclusive hasta abusaban de las chicas, todas estas cosas las escuché por el lugar donde me tocó estar, después que cometían se contaban entre ellos, para ellos era una diversión”.

Tras aproximadamente un mes de cautiverio los “castigos” terminaron. “Portáte bien”, le dijo un represor mientras la pedía disculpas por su secuestro. “Me quedó grabado porque qué mal me podría portar ¿no?”. Siempre junto a Sánchez los hicieron bañarse, les dieron comida y los liberaron en el Parque Independencia. “Estaba aterrado, no quería salir, la primera vez vi un patrullero y volví corriendo. Ni hablar de los sueños. Este muchacho Sánchez se fue de Bahía Blanca, yo lo fui dejando en el olvido”.

La madre de Ortega, Claudina Linares, afirmó que el inspector Noel en persona “agarró (a su hijo) y lo llevó” un mediodía. “No lo vi nunca más hasta que volvió”, dijo la mujer y recordó que tuvo que llevarlo al médico porque estaba “mal, bajó nueve kilos, estaba lastimado al lado de las orejas, todo lastimado”.

Durante el cautiverio de Ortega, Linares fue todos los días al Ejército: “Que después le decimos, que venga mañana a tal hora. Ahí me atendía el señor Delmé, cada vez que iba, el único. Me decía quédese tranquila que el chico está, si pasa algo le aviso”.

Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina, repudiamos enérgicamente la amenaza sufrida por FM Alas en el marco de un debate social entorno a la propiedad, el uso y la funcionalidad de la tierra, donde la radio cumple un rol fundamental en la información, la visibilidad y el análisis del conflicto.

El día 2 de diciembre la emisora del Bolsón, provincia de Río Negro, cubrió una extensa jornada de una Audiencia Pública que el municipio realizó para legitimar un megaproyecto inmobiliario impulsado por el magnate Joe Lewis y sus testaferros. Este proyecto prevee la construcción de un barrio turístico en la zona y el loteo de tierras en la Pampa de Ludden, un lugar de divisora de aguas en donde viven muchas familias productivas.

Durante la jornada, FM Alas hizo público un video en donde jóvenes declaran la promesa de recibir dinero a cambio de participar de una concentración en favor del intendente en la puerta de la Audiencia. Durante los últimos días, Alas desnudó una gran cantidad de irregularidades, ilegalidades y el negocio multimillonario que se pretende realizar con los bienes comunes.

Consideramos que esta amenaza no es un hecho aislado, y es parte de una cadena de intimidaciones que se vienen incrementando y agravando. Es momento que entre todas y todos pongamos freno a estas formas directas de amenaza.

Asimismo, solicitamos que el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, se rectifique en sus declaraciones, en las que calificó a la emisora de ilegal. Esto no sólo es falso, sino que es insólito que la máxima autoridad del pueblo desconozca la historia de una de las emisoras pioneras en la comunicación comunitaria latinoamericana que lleva más de 29 años emitiendo en la provincia.

Esperamos que se garantice el derecho libre a la comunicación, que este episodio en particular no pase a mayores y que ningún medio comunitario ni organización social vuelva a sea amenazada.

Sin medios comunitarios no hay democracia.

Ayer, en el Día de los Derechos Humanos, la Plaza de Mayo fue una vez más escenario de visibilización de vejámenes, reclamo por derechos humanos y trabajo de concientizción social.

Las organizaciones sociales, gremiales, políticas y culturales abajo expresadas  enumeradas compartieron un documento único y micrófono.

Reproducimos el texto completo:

En el Día Internacional de los Derechos Humanos y a un año del inicio del actual Gobierno, estamos en esta Plaza de Mayo en la Jornada Nacional de Lucha por los Derechos Humanos para gritar muy fuerte que ¡seguimos resistiendo!

Venimos a esta Plaza a reivindicar las luchas de los 30.000 detenidos-desaparecidos, a exigir el respeto de los derechos humanos, a reclamar la continuidad de los juicios por los crímenes del Terrorismo de Estado, a denunciar la banalización de la memoria: el negacionismo de quienes pretenden poner en duda el número de víctimas y sus identidades políticas. Venimos a defender lo que hemos logrado en políticas de Memoria, Verdad y Justicia con las que obtuvimos la condena a 700 genocidas. Políticas que los organismos habíamos reclamado durante décadas. y que fueron reconocidas desde el Estado por los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Hoy, a un año del Gobierno de Mauricio Macri, denunciamos el agravamiento de la situación de los derechos humanos en nuestro país, porque hay presos políticos, porque se ha profundizado la vulneración de los derechos sociales, económicos y culturales de nuestro pueblo.

Seguimos resistiendo contra la impunidad, por eso luchamos por más Memoria, Verdad y Justicia. En esta última década, nuestro país avanzó como nunca antes en el juzgamiento a los responsables de los delitos de lesa humanidad. Mientras este Gobierno declara a la prensa que los juicios a los genocidas continuarán, desarma las políticas de Estado que los garantizan, como las de acompañamiento a testigos y la investigación para las causas,  despide a trabajadores y trabajadoras de sus programas, retira querellas, se reúne con agrupaciones de familiares de los genocidas que piden amnistía, y no cesa en el intento de apartar a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien potenció la actuación del Ministerio Público en estas causas.

Seguimos reclamando la cárcel común, efectiva y sin privilegios para todos los genocidas y el Juicio y Castigo para todos los culpables.

Exigimos que se reactiven y profundicen las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia. Que se terminen los despidos en las áreas encargadas de su sostenimiento, y se garantice el presupuesto necesario para su desarrollo.

Porque todavía queda mucho por hacer; más de 300 jóvenes continúan apropiados, sin conocer su historia, sin poder abrazarse con las familias que los seguimos buscando. Porque es necesario seguir preservando, recuperando y resignificando los ex centros clandestinos. Porque deben abrirse los archivos de la dictadura que contienen la información sobre qué pasó con nuestros detenidos- desaparecidos. Porque es necesario continuar con los juicios a todos los genocidas civiles y militares.

Y porque todavía nos sigue faltando Jorge Julio López. Exigimos Aparición con vida!

Los obstáculos para avanzar con la investigación y el juzgamiento de delitos de lesa humanidad se agudizaron en este año, creando una situación preocupante de impunidad para los responsables civiles de esa dictadura genocida y para todos los culpables que siguen sin tener Juicio y Castigo.

La lentitud de los juicios y del desarrollo de los debates orales y públicos en curso, la falta de conformación de tribunales y de confirmación de condenas sigue generando impunidad: los genocidas se mueren sin haber sido juzgados o sin sentencia firme.

Los civiles que dieron el Golpe con Videla, Massera y Agosti, siguen impunes. Son los grupos económicos, los medios de comunicación concentrados, la cúpula de la Iglesia y la corporación judicial: la parte civil de la dictadura cívico-militar, que en sociedad con las Fuerzas Armadas y apoyados por el gobierno de Estados Unidos, desplegaron métodos de tortura macabros, pusieron en funcionamiento más de 600 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, desaparecieron a miles de personas y dejaron un país devastado, con hambre, pobreza, exclusión y miles de presos políticos. Hoy, en esta Plaza, nuevamente denunciamos que la corporación judicial sigue beneficiando a sus socios y protegiendo a los culpables. Con causas cajoneadas, los civiles como Blaquier, Massot, Bottinelli, Mitre, Magnetto, y los socios de Martínez de Hoz en Acíndar,  caminan libres por las calles.

El Poder Legislativo, por su parte, tiene pendiente la constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante la última dictadura cívico-militar, que debería haberse puesto en funcionamiento en marzo de este año. A pesar de los reclamos que los organismos hemos hecho a la Presidenta del Senado, Gabriela Michetti, y al Presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, todavía no se ha conformado. Exigimos, una vez más, que pongan en funcionamiento dicha Comisión.

Y ahora, además, pretenden convertir una fecha tan significativa para el pueblo como la del 24 de marzo, el “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, en un feriado móvil.

¡Basta de agraviar la memoria! ¡El próximo 24 de marzo vendremos a esta Plaza, como siempre, y volveremos a ser miles de personas defendiendo la Memoria, la Verdad y la Justicia!

Mientras demandamos que ningún genocida camine por las calles, vemos también cómo aumenta la violencia institucional: un excesivo e injustificado uso de armas de fuego; razzias; represión de protestas sociales y sindicales; ingresos brutales a barrios; controles injustificados de documentación; requisas personales sin causa en la vía pública; trato abusivo, hostil y amenazas;  persecución política a militantes por parte de las Fuerzas de Seguridad, son sólo algunos de los ejemplos. Terminar con las prácticas represivas y el funcionamiento de cárceles y comisarías como lugares de criminalización de la pobreza, de aplicación de tormentos y torturas, sigue siendo una de las mayores urgencias de la democracia.

Estas políticas represivas son validadas desde el poder y por los medios de comunicación  que ayer estigmatizaban a los 30.000 y sus compañeros, y que hoy justifican la violencia y la persecución a los sectores populares, principalmente a los jóvenes y a los migrantes.

¡Los organismos de derechos humanos seguimos y seguiremos resistiendo!

Esta Plaza ha sido siempre escenario privilegiado de las luchas del movimiento popular argentino, incluso en pleno terrorismo de Estado. Hoy, a un año del nuevo Gobierno, en muchas plazas del país hay movilizaciones, en el marco de esta Jornada Nacional de Lucha por los Derechos Humanos.

Hoy como ayer, venimos a denunciar la existencia de presos políticos. Pedimos que se haga efectiva la resolución de la ONU y los pedidos de la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se libere de forma inmediata a Milagro Sala, presa política de Gerardo Morales y Mauricio Macri. También exigimos la libertad de sus compañeros: Gladys Díaz, Mirta Aizama, Alberto Cardozo, Mirta Rosa Guerrero, Graciela López y Javier Osvaldo Nieva, presos por el solo hecho de ser luchadores populares. No podemos permitir que continúe la violación del Estado de Derecho en Jujuy.

Exigimos al Gobierno: ¡una Navidad sin presos políticos!

Denunciamos que en un año de Gobierno de Macri, nuestro país ha retrocedido décadas, generando una Argentina con miles de personas despedidas, con un Estado que genera beneficios para pocos y deja de garantizar y proteger los derechos de todos y todas.

¡BASTA DE DESPIDOS!

Convocamos a esta jornada para denunciar la implementación de un modelo basado en la exclusión; la entrega de los recursos a las corporaciones; el endeudamiento externo; la pérdida del valor del salario; el vaciamiento de la educación, la cultura y la salud pública; la reducción del financiamiento a la ciencia y la tecnología; garantizado por un Estado de espaldas al pueblo y con lógicas empresariales.

Sin derechos no hay democracia, porque cuando todo se concentra arriba, abajo quedan la pobreza, el hambre, la desocupación, la represión. El macrismo es el gobierno de la exclusión planificada, de los derechos para pocos.

Nos quieren disciplinar. Pretenden deslegitimar nuestras voces. Pero el movimiento popular conoce de resistencias, como lo demostraron las cientos de miles de personas que se movilizaron el 24 de marzo pasado en esta Plaza, las movilizaciones contra los despidos y el ajuste que llevaron adelante las organizaciones sindicales, sociales y políticas; y el pueblo en su conjunto, las comités por la libertad de los presos que se multiplican en todo el territorio argentino y la imponente Marcha Federal de la que los organismos de derechos humanos fuimos parte.

Estamos en esta Plaza para denunciar los ataques a los gobiernos populares en nuestro continente. Las corporaciones transnacionales no están dispuestas a ceder a los intereses de nuestros pueblos y con el apoyo de las principales potencias imperialistas descargan hace años una ofensiva feroz que se expresa en cada uno de nuestros países. Los intentos de desestabilización contra los gobiernos progresistas y populares en Argentina, Ecuador, Bolivia y Venezuela; y los golpes de Estado Institucionales en Honduras, Paraguay y Brasil.

Sostenemos con el pueblo colombiano su grito por la paz.

Acompañamos el reclamo de los organismos de DDHH, Familiares y de todo el pueblo mexicano que denuncian la responsabilidad del Estado por los miles de desaparecidos y asesinados.

Hace más de 50 años continua el bloqueo económico contra Cuba, la Cuba de la Revolución, la Cuba de Fidel, y acompañamos a su pueblo que sigue defendiendo las banderas de la revolución.

Y Decimos: Hasta la Victoria, Siempre, Querido Comandante

Desde la profundidad de la historia Bolivar  nos grita  con fuerza “La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. Unámonos y seremos invencibles”. Y  aquí estamos, sin renunciar al sueño de la Patria Grande, enfrentando este duro presente  de cara al futuro,  con  la  unidad  como herramienta  insustituible, con 30000 faros  que  son soles, con la potencia de la convicción  que  seguirá siendo  motor  para  esta lucha.

Hoy, en el día internacional de los Derechos Humanos,  en esta  jornada de lucha, razones, convicción, la potencia de la unidad y la organización nos sostienen, y hoy como  ayer, la Memoria, La Verdad y la Justicia siguen guiando nuestros pasos.

  • Por la continuidad de los juicios a los genocidas y sus cómplices civiles. Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los culpables. No al desmantelamiento de las políticas públicas de Memoria.
  • Por la libertad a Milagro Sala y a todos los presos políticos por luchar. No a la criminalización de la protesta social y a la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad.
  • Por un modelo económico inclusivo, sin desigualdades y que garantice los derechos económicos, sociales y culturales de nuestro pueblo. No a los despidos y el ajuste.
  • Por la aparición con vida de Jorge Julio López.
  • Por la restitución de la identidad a los casi 300 nietos y nietas apropiados por el terrorismo de Estado.

30000 compañeros detenidos desaparecidos ¡PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!

Abuelas de Plaza de Mayo / Asamblea Permanente por los Derechos Humanos / Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza / Asociación Buena Memoria / Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte / Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas / Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz / Fundación Memoria Histórica y Social Argentina /
H.I.J.O.S. Capital / Liga Argentina por los Derechos del Hombre / Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora / Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos / Servicio de Paz y Justicia

Organizaciones gremiales y sindicales:

Asociación Taxistas de Capital (ATC) / Asociación de Trabajadores del Estado- ATE Capital / Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) / Asociación Judicial Bonaerense de San Isidro / Central de Trabajadores de la Argentina / Central de Trabajadores de la Argentina- Autónoma (CTA-A) / Central de Trabajadores de la Argentina- Ciudad de Buenos Aires / Central de Trabajadores de la Argentina- Provincia de Buenos Aires / Central de Trabajadores de la Argentina- Zona Norte / Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) / Corriente Federal de los Trabajadores- CGT / Federación Judicial Argentina- CTA A / Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) / Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA) / Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad- Asociación Bancaria / Sindicato de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (CEPETEL) / Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) /
Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) /

Organizaciones Sociales, estudiantiles y de derechos humanos:

Aguafuerte, Colectivo de Derechos Humanos -Movimiento Popular Patria Grande, La Plata- / Aluvión Ciudadano / Asamblea Permanente por los Derechos Humanos- La Plata / Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos / Asociación Ambientalista Bonaerense / Asociación Civil de Ex Presos Políticos República Argentina / Asociación Civil Equipo de Trabajo e Investigación Social (ETIS) / Asociación Civil Memoria Palermo / Asociación Civil Moreno por la Memoria / Asociación de Familiares de Detenidos (ACIFAD) / Asociación de Psicólogos de Buenos Aires
Asociación ex-Presos Políticos por la Patria Grande (Córdoba) /
Asociación Memoria, Verdad y Justicia- Zárate / Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, Familiares de Detenidos desaparecidos y ex presos políticos de Santiago del Estero / Asociación Psicoanalítica Argentina (APA)/ Asociación Seré por la Memoria y la Vida / Asociación Vorwärts / Associazione Latinoamérica di Cremona (Artistas argentinos residentes en Italia) / Atrapamuros- Colectivo de Educación Popular en Cárceles / Barrios por Memoria y Justicia Zona Norte / Cátedra Abierta de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Formosa / Cátedra de Salud y Derechos Humanos- Facultad de Medicina UBA / Cátedra Libre de Derechos Humanos FHCSyS UNSE /
Católicas por el Derecho a Decidir / Centro Cultural Jacinto Oviedo / Centro Cultural Teresa Israel / Centro de DDHH Emilio Mignone- UNQUI / Centro de Derechos Humanos ” Pedro Peczak” de la UNaM / Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas y Naturales – UBA / Centro de Estudiantes de Psicología – UBA /
Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) / Centro de Estudios Jurídicos y Criminológicos Teresa Israel / Centro de Inquilinos de Buenos Aires (CIBA) / Centro de Militantes para la Democracia Argentina (CEMIDA) / Científicos y Universitarios Autoconvocados Buenos Aires
Colectivo Mujeres de Negro / Colectivo Nacional Mario Bosch- abogadxs querellantes en causas por crímenes de lesa humanidad
Colectivo Quilmes, Memoria, Verdad y Justicia / Comisión Memoria de Barrio Manuelita San Miguel Pcia de Bs. As. / Comisión Memoria Verdad y Justicia de Pueblo Libre Moreno
/ Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia de Gral. San Martín / Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo / Comisión por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen
Comisión Vesubio y Puente 12 / Comité por la Libertad de Milagro Sala / Consejo Nacional Armenio de Sudamérica-Oficina de Buenos Aires / Cooperativa de trabajo para la Comunicación Social de Castelar / Coro Quiero Retruco / Corriente Universitaria Julio Antonio Mella / Cultura en Movimiento Brown
Curas en Opción por los Pobres / Dirección de Derechos Humanos de Florencio Varela / Directorio de organismos de Derechos Humanos- Ente Público Espacio para la Memoria Ex ESMA / Red Colmena / El Centro de Educación Popular Felicitas Mastropaolo (RSCJ) / Encuentro de la Militancia Judicial de San Martín
Encuentro Militancia Judicial / Espacio COMUNARTE
Espacio Cultural Pachamama de Campana / Ex Detenidos- Desaparecidos de Ford / Ex Presos Políticos por la Patria Grande- Córdoba / Familiares de Desaparecidos de la Colectividad Japonesa / Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina (ICUF) / Federación Universitaria de La Plata (FULP) / Flores Solidario / Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe / Frente de Comunicación Negra del Sur / Frente de Mujeres K / H.I.J.O.S- Jujuy / Instituto del pensamiento Nacional “Manuel Dorrego” / Junta Promotora Malargüe- APDH / Juventud de la Unión Cultural Armenia (JUCA)
Llamamiento Argentino Judío / Madres en Lucha / Memoria Abierta
Memoria y Territorio- UNGS / Mesa de la Memoria de Avellaneda
Movimiento de Profesionales por los Pueblos (MPP) / Movimiento de Unidad Popular (MUP) / Movimiento en Defensa de la Tierra y la Vivienda (MDTV) Región Catamarca- Santiago del Estero /
Movimiento Nacional por los Derechos Humanos Integrales (MONADHI) / Movimiento Universitario de Izquierda (MUI)
Multisectorial de San Isidro / Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro / Programa radial “La Voz de los Colimbas” / Rancho Aparte Agrupación artística y social / Red de cooperativas de liberados y organizaciones sociales en contexto de encierro / Red de Derechos Humanos de Zona Norte /
Red de Educación Popular de las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús / Red por los Derechos Humanos Provincia de Buenos Aires / Resistiendo con Aguante CABA / Resumen Latinoamericano / Secretaría de Derechos Humanos- Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) / Sembrando Memoria y Verdad- Mendoza /
Territorios Clínicos de la Memoria / Unión Cultural Armenia (UCA) / USINA /

Organizaciones políticas:

Corriente Nacional de la Militancia / Corriente Nacional Martín Fierro / Corriente Nacional y Popular 25 de Mayo / Eva Perón San Isidro / Federación Juvenil Comunista- Provincia de Buenos Aires / Frente Kirchnerista Exaltación / Frente Popular La Cañada Resiste (Quilmes)- Unidad y Resistencia para la Victoria
Kolina / La Cámpora / Movimiento Evita / Movimiento Político y Social Marcha Patriótica Capítulo Argentina / Movimiento Popular Seamos Libres / Nuevo Encuentro / Organización Barrial Tupac Amaru / Partido Comunista Congreso Extraordinario (PCCE) / Partido Comunista de la Argentina (PCA) / Partido Justicialista de Moreno / Partido Solidario (PSOL) / Patria Grande / Peronismo Militante / Unidos y Organizados (UyO)

(Bahiensas Feministas) El jueves 1 de diciembre se produjo lo de todos los días: un acto de violencia patriarcal. En el barrio Noroeste una mujer fue agredida por su pareja en la vía pública. Según se encargó el victimario de señalar a la policía y a “La Nueva” todo fue a raíz de un problema “privado”.

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El reportaje sobre el tema aparecido el domingo pasado en el diario macho-facho local muestra a las claras la cadena opresiva en un contexto creciente de violencia hacia las mujeres. No solo se muestra como un hecho aislado, sino que además legitima la voz de un machista llevado en hombros en el marco de un territorio donde no llega la justicia que no mete los pies en el barro de la pobreza.

Toda la nota periodística está teñida de una violencia (esa violencia de lenguaje “objetivo e imparcial”) que sale no a denunciar un hecho que aparece en la superficie y detrás del cual hay otros hechos igual de violentos, sino que contribuye decididamente a bancar la violencia policial e institucional sobre el cuerpo de la mujer violentada.

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¿Y ahora? ¿Quedará todo esto en la nada? ¿No será hora que definitivamente salgamos a repudiar este y otros hechos de violencia hacia las mujeres? ¿No será hora que no nos olvidemos de Luciana, de Mica, de todas? ¿No será tiempo que salgamos a la calle a dejar que hablen nuestros cuerpos, nuestras memorias, nuestros dolores?

¡Basta de violencia machista!

¡Basta de violencia policial, institucional y mediática!

¡Ni una menos! ¡Vivas nos queremos!

Instrucciones para contribuir a la violencia machista desde los medios

agresor

  1. No sentir ninguna empatía por la mujer violentada.
  2. Ser objetivo: evitar involucrarse.
  3. Obtener unas buenas fotos que ilustren la nota amarillista que se escribirá después.
  4. Investigar: llamar al sujeto agresor. Darle voz a él y cuidar que la mujer permanezca siempre en el lugar de objeto.
  5. Consultar al victimario sobre los motivos que desataron las agresiones. Eso importa muchísimo, porque es necesario sostener la idea de la víctima culpable.
  6. Evitar todo análisis de las cuestiones estructurales que generan que la violencia machista sea un problema colectivo, que en nuestro país una mujer muera cada treinta horas, muchas de ellas con denuncias previas, frente a la inacción del Estado y la sociedad. Muy importante este punto, porque ahí entramos todxs, también lxs que miramos de afuera para tener buenas fotos para ilustran una nota amarillista.
  7. Cerrar la nota diciendo que pegarles a las mujeres es feo y que no pegarles es lindo. Así definitivamente se salda la cuestión de utilizar a una mujer que sufre y está en peligro para que nos den la tapa de un diario fascista y misógino que hace de la violencia hacia las mujeres un circo.