(Por Edgardo Luis Fernández Stacco*) El camarada Fernando Martínez Heredia falleció hoy, 12 de junio. Fue un político revolucionario cubano, uno de los fundadores del Partido Comunista de la Isla y miembro del Movimiento 26 de Julio. En carácter de tal, fue participante activo de la lucha por la libertad de Cuba que se vio coronada el 1º de enero de 1959 con el triunfo de la Revolución.

Fernando se graduó y doctoró en Derecho en 1963 en la Universidad de La Habana, y se especializó en filosofía y sociología de Cuba. Autor de varios libros y numerosos artículos, transitó la historia de las ideas políticas tratando de contribuir a los fundamentos de del socialismo, desde el punto de vista científico, que pretendía desarrollar la Revolución desde sus comienzos.

Profesor visitante de universidades de distintos países de Nuestramérica, llegó a Argentina en varias oportunidades. Siempre llegaba hasta Bahía Blanca, en donde trabó estrecha amistad con los integrantes de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana. Aquí dio varias charlas, en la Cátedra del Che y varios seminarios, en donde fue explicando la realidad cubana y los avances y retrocesos de la Revolución.

En ocasión del seminario realizado en nuestra ciudad en 1997, y en la que lo tuvo destacada participación, contribuyó a la edición de un libro publicado por la Casa de la Amistad con un trabajo titulado “El mensaje del Che treinta años después”, escrito especialmente para el libro.

Su intervención se centró en el “Mensaje a los pueblos del mundo a través de la Tricontinental”, en donde el Che, a decir de Fernando: “lo firmó con su sangre en el mismo año que se publicó”, y agregaba, “aquel texto participó de su apoteosis, y su palabra admonitoria inspiró a miles de luchadores en el mundo”.

Fue profesor del Seminario sobre “Problemas del mundo actual”, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de México y de las Cátedras Che Guevara y Antonio Gramsci.

Premio Ensayo de la Casa de las Américas y merecedor de la Distinción por la Cultura Nacional de Cuba.

Cuba ha perdido un revolucionario y nosotros un amigo.


Edgardo Fernández StaccoEdgardo L. Fernández Stacco es Magister en Matemática. Durante muchos años presidió la Casa de la Amistad Argentino-Cubana. Realizo estudios de postgrado en el Instituto de Matemática de la Academia Húngara de Ciencias, en el Departamento de Matemática de la Universidad de Varsovia y en la Universidad “Blaise Pascal” de Clermont-Ferrand (Francia). Dictó numerosos cursos en la UNS, la Universidad Nacional del Comahue, en el Instituto de Estudios Superiores de Trelew y en el Departo de Matemática de la Universidad de Mérida (Venezuela).

Contacto: [email protected]

Foto: CubaDebate

En el marco de la charla- debate organizada por ¿Quién Te Juna? junto a FM De la Calle y el Frente Julieta Lanteri, disertaron las comunicadoras Sandra Crucianelli, Virginia Frache y Gisela Estremador  reflexionando acerca del rol de las mujeres periodistas en los medios de comunicación locales.

“Cuando se arma una rutina desde un noticiero o desde un producto periodístico, lo primero que el responsable te pregunta es ¿y cuál es la noticia? Entonces tenemos dos tipos de productos periodísticos, el informativo -propiamente dicho- y los programas de opinión de naturaleza periodística. Ninguno de estos dos productos está liderado por mujeres en la ciudad de Bahía Blanca. Ni los programas de naturaleza eminentemente política están conducidos por mujeres; ni ninguna sala de redacción está, hoy, liderada por mujeres. Entonces la perspectiva de género, obviamente, está ausente. Las que estamos por afuera, que no tenemos ni voz ni voto en la decisión de la agenda informativa, podemos sugerir, podemos pedir, podemos acercar una fuente, pero las decisiones pasan, todavía, por lo masculino”, expresó Sandra Cucianelli.

La semana pasada un grupo de mujeres integrantes de la Fuerza Artística de Choque Comunicativo se desnudó frente a edificios públicos bajo la consigna “Femicidio es genocidio”. Al respecto, Virginia Frache opinó que “cuando los cuerpos de las mujeres están producidos, o los medios los producen para ser objetos deseables, objetos de venta, está todo bien. Cuando está presentada como un objeto sexual, apetecible, está todo bien. Ahora, cuando hacen una intervención de estas características, está todo mal. Cuando nosotras decidimos usar nuestros cuerpos como un arma para interpelar a la sociedad”.

Gisela Estremador afirmó que “en el tratamiento de los medios, sobre todo los medios hegemónicos, entendemos que hay una postura políticamente correcta sobre todo el 3J donde el cartel del Ni Una Menos, y en donde decir que matan mujeres está bien,  con ese grado de obviedad, todos lo dicen, sobre todo los varones comunicadores, después ya al segundo o tercer día donde se empieza a desmenuzar la noticia y pasan otras cosas de la marcha o de que está muy politizada y demás, ya ahí se empieza a dibujar el sentido”.

Redes sociales: “El que trata de puta a una víctima, de mi página se va”

El debate también giró en torno a la responsabilidad que tienen los medios de comunicación digitales en la producción de contenidos y en el filtro que se realiza (o no) en los comentarios de los portales.

“En los comentarios de las notas de los medios digitales, se leen verdaderas barbaridades. Pero barbaridades. Que expresan de parte de mujeres un machismo y una discriminación que, desde mi punto de vista, no deberían permitirse. Cualquiera no puede decir cualquier cosa en una red social. Cualquiera no puede insultar, menospreciar, socavar en la intimidad, la dignidad de una madre que está pidiendo justicia por su hija. Yo empecé a tomar acciones. En mi página de facebook cualquiera no dice cualquier cosa. El que trata de puta a una víctima, de mi página se va. Lo invito a irse. Y si no se va voluntariamente, yo lo bloqueo”, señaló Crucianelli.

“Hay que demostrar todo el tiempo que una está capacitada”

En un breve recorrido por la trayectoria laboral de las comunicadoras todas expresaron un punto en común: “Hay que demostrar todo el tiempo que una está capacitada para hacer lo que está haciendo”.

¿Qué se comunica y de qué manera?

“En esa construcción como periodista y como mujer, el feminismo para mí fue muy importante porque me hizo un click en la manera de contar las historias y en la manera de mirar la realidad a partir de ese lugar y lo primero que fue importante para mí fue el tema del lenguaje, darme cuenta que no nos nombrábamos, que no estábamos visibles ahí, bajo ese rotulo de usar los genéricos. Para mí desmontar eso fue un trabajo, lo sigue siendo aún hoy, porque tengo el chip de haber sido formada bajo esas consignas”, dijo Virginia Frache.

Gisela Estremador se preguntó si realmente las mujeres pueden hablar de todo en los medios hegemónicos: “Nosotras tenemos reservados determinados lugares y es hablar de tareas  de cuidado, de notas de color: moda, belleza y por ese lado. Y política y economía y otros temas  nada tienen que ver con nosotras al igual que el deporte. Aspectos que parece no estamos capacitadas para hacerlo, aun hoy si bien hay muchas compañeras que lo hacen con un profesionalismo impresionante tienen que estar a los codazos”.

“Encargadas de descubrir la verdad en los rincones más oscuros de la historia. Con su valiente trabajo, las periodistas nos colocan un espejo ante los ojos, donde se reflejan nuestro presente vertiginoso y el verdadero rostro de nuestra sociedad”.

Isabel Allende

(Por Astor Vitali) Hoy asesinan palabras. No hay nada más triste para un periodista que la palabra muerta. Hoy se acribillan palabras. No hay cosa más dolorosa para un periodista que sentir las balas entrando por las minúsculas, destruyendo un texto -que es la vida, frente al editor. Nuestra vida. Hoy se manosean ideas y no hay cosa más escabrosa para un periodista que sentir ultrajada su conciencia. Hoy se miente de todas las formas posibles hablando de la “importancia del periodismo”.

Especulo que de la lectura de este primer párrafo surgirá a más de un lector la siguiente reflexión: “no es para tanto. El periodismo no es así hoy”. Sepa disculpar: no hablo de “la prensa” sino del periodismo.

La prensa local se redujo a la aventura pseudo empresarial de un par de testaferros del poder y algunos envalentonados ignorantes, con excepciones. El periodismo es la víctima de capitalistas de baja monta desinteresados de los menesteres de la profesión, muertos de ganas de sentarse en mesas de pomposos integrantes.

El periodismo es un cúmulo variable de voluntades que, más allá de sus anhelos de pertenencia de clase, son parte de la clase trabajadora: deben trabajar para subsistir. Es, además, un grupo social que comparte conocimientos profesionales y objetivos sectoriales.

Con los cambios de gobierno hubo también una reconfiguración de la prensa y del periodismo. Hubo despidos y cambios de formato. En otros medios la cosa es algo más arcaica y ni si quiera se puede hablar de despidos porque la situación contractual es absolutamente irregular. Sepa que en esta ciudad cualquiera es empresario de medios: se compran tres micrófonos, se pone un nombre al proyecto, se negrea a medio mundo y listo, ya tienen un medio. Es decir, se pone la idea (en el mejor de los casos) pero el riesgo lo corren los periodistas y los técnicos.

También hay cambios cualitativos que afectan el ejercicio periodístico en general, excediendo nuestro medio. En muchos casos, la profesión varió de ser el ejercicio crítico de la pregunta al anhelo por participar de un ejército de burócratas de instituciones, de figuras o de las “nuevas tecnologías”.

Más allá de posicionamientos políticos, hay ciertas operaciones sobre la profesión que la han modificado y damnificado: se busca al más funcional y no al más apto. Cuando izquierdas y derechas disputaban ideas y noticias en los medios del siglo XX, había parámetros de rigurosidad, por ende de calidad, que no estaban en discusión. Si usted no era bueno en lo suyo estaba fuera de juego. Había que esforzarse por amor propio, amor a la profesión, exigencia patronal, respeto al público, respeto a la inteligencia del consumidor o cualquier otro motivo.

Hoy, en cambio, cuanto menos formado y más funcional sea el periodista resulta mejor para la empresa. El analfabetismo funcional atraviesa nuestra sociedad y también opera en el “nuevo periodismo” cuya novedad no es una “nueva mirada” sino una falta de mirada sobre la complejidad de actores sociales, políticos y culturales que conforman la trama institucional sobre la cual trabajan a diario.

Los medios públicos nunca han sido tal cosa. Radio Nacional siempre operó como la radio del gobierno y no como la radio de la ciudadanía. Durante la gestión anterior había logrado a nivel nacional altos estándares de calidad pero fue consumiéndose en la identificación con un solo color político, pudiendo haber jugado un rol mucho más amplio en la disputa de ideas. Hoy la han desaparecido del mapa local. Siempre las gestiones de derecha la han relegado a “la radio cultural” (en sentido despectivo). En la actualidad está dirigida por un ex LU2, Rubén Baltián, marido de la ignota funcionaria del Instituto Cultural, Andrea Guerras.

El periodismo independiente no existe: alguien financia todo proyecto periodístico. Los mayores aportistas a las empresas periodísticas en la ciudad son las empresas transnacionales del polo, el municipio y las corporaciones. En una ciudad cuyas empresas periodísticas están financiadas por los sectores de poder ¿es esperable que esos medios sean críticos del poder? Sin hacer más esfuerzo argumentativo que el recién esbozado y que no constituye otra cosa que un postulado evidente del sentido común, la respuesta está a la vista.

Los medios sin fines de lucro no han tenido mayor desarrollo en la ciudad. Juegan un rol clave en el marco de un escenario de desinformación pero no son capaces de disputar sentido común a un nivel que ponga en jaque real a quienes se jaquea simbólicamente. No desarrollaron un aspecto fundamental para la supervivencia de cualquier proyecto: su financiación.

La pequeña y mediana burguesía local, aquella que por progresista o por condición objetiva de rehén de las políticas que definen los peces gordos, suele quejarse de los medios hegemónicos pero luego termina financiándola. Seamos claros: si un 5 % de las PyMES se decidiera a financiar proyectos comunicacionales que no hayan caído en la pegajosa senda de la babosa mediática (algunas radios y programas que no se dejan escribir el guión) sería posible poner en pie a esos medios para que exista disputa de ideas en un plano más equitativo. Pero no es así: se quejan de los grandes pero, desde abajo, le lustran las botas. Si algún día despertaran y tomaran conciencia de que parte de la respuesta está en sus manos a través de su capacidad de financiación, otro será el cantar.

A esta altura, usted se preguntará cuál es el desafío de un periodismo que no sea una mera burocracia. Voy a ensayar una respuesta bastante simple: informar. El periodismo crítico no es, a priori, un periodismo ideologizado o de opinión sino aquel que tiene la capacidad de informar lo que sucede en un medio social. En general, todas las ciudades tienen factores de poder y al poder no se llega vendiendo chocolates. Ahí es donde juegan la censura y la auto censura: informar qué ocurre en una sociedad determinada siempre (en tanto haya injusticia social) implica partir de una pregunta hasta llegar a un momento en que se afectan intereses.

La prensa local protege esos intereses. El periodismo, en cambio, debería sacudirlos a interrogantes. Informar lo que ocurre con profesionalismo y agudeza es el más valioso de los aportes sociales que el periodismo puede hacer. Opinar, opina cualquiera.

El camarógrafo Claudio Videla y su compañera fueron detenidos por un grupo de hombres de civil mientras cubrían la conferencia de prensa que brindó la gobernadora María Eugenia Vidal durante el encuentro de ADEPA en el Teatro Municipal de Bahía Blanca. Nunca les dijeron de qué se les acusaba. Su delito fue filmar. Su delito fue mostrar lo que “no debe” ser mostrado.

En una camioneta blanca sin identificación Claudio fue trasladado a la DDI de la Polícia Bonaerense donde 40 años atrás funcionó un centro clandestino de detención y torturas. Su compañera fue llevada a un calabozo de la Comisaría 1º donde la obligaron a desnudarse para revisarla.

En ambos casos el objetivo era quitarles las tarjetas de memoria de sus cámaras y borrar las imágenes que tomaron rodeados de periodistas y funcionarios municipales y provinciales que avalaron con su silencio el accionar de los hombres de la gobernadora.

Los grandes medios que se proponen garantía de la Verdad eligieron no difundir la noticia.

Hoy como ayer: “Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información”. (Rodolfo Walsh)

LIBRTAD

El viernes pasado la gobernadora María Eugenia Vidal visitó la ciudad para participar del encuentro en el que Adepa (entidad que nuclea a patronales de medios) dio el el aval al actual dueño de La Nueva (Provincia), Gustavo Elías. Para la mandataria, el empresario es poco menos que un paladín de la lucha contra el narcotráfico.

El escenario utilizado fue el del Teatro Municipal. Varias cuadras a la redonda fue colocado un vallado con el objetivo de invisibilizar la marcha docente que acudió en reclamo de respuesta a la situación salarial y de infraestructura. La mañana en la ciudad transcurrió en medio de quejas vecinales por las dificultades para transitar normalmente en horario escolar y laboral.

A las 15, una conferencia de prensa tuvo lugar en el histórico teatro, ubicado a pocas cuadras de la plaza central. Luego de pasar las vallas, el camarógrafo independiente Claudio Videla y su ayudante Mara Solis ingresaron al teatro sin inconvenientes. Su olfato periodístico reparó en la presencia de Analía Larrea, quien durante al anterior visita de la mandataria provincial a la ciudad hizo público un reclamo en medio de un acto en el palacio municipal. Entonces, un grupo de funcionarios forman una barrera para bloquear a la joven. Videla pide que dejen pasar a Larrea y comienza a filmar.

Personal no identificado le pide la credencial al camarógrafo. Mientras éste sigue filmando, un grupo de personas lo lleva por la fuerza, torciéndole los dedos y los brazos. Una vez afuera, Videla pide que lo dejen circular en libertad. Uno de los individuos comienza a ahorcarlo y a golpearlo y lleva a por la fuerza a Videla hacia una camioneta blanca.

Este video de FM De la Calle muestra el momento:

Luego, aparece un uniformado (el único identificado hasta el momento). Videla apaga la filmadora y guarda la tarjeta de memoria en el bolsillo. Lo trasladan a dependencias de la DDI. Una vez en el establecimiento, si bien no hubo maltrato, le sustrajeron la tarjeta de memoria del bolsillo y borraron el material filmado.

El camarógrafo expresó que los oficiales de la DDI reconocieron que las órdenes fueron de parte del personal de seguridad de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.   

“Sacate la ropa”

Por su parte, Mara Solis enciende la filmadora cuando comienzan los forcejeos en el teatro. Personal de seguridad la obliga a apagar la filmadora y la saca de la sala. “Esto es un evento privado”, adujo uno de los agresores. Dos mujeres la “acompañan” hasta un patrullero. Luego, la trasladan hasta la comisaría primera y la detienen en una celda. Sus pertenencias son retenidas.

Hora y media más tarde, Solís pide permiso para ir al baño. Es autorizada. Cuando intenta salir del baño, dos oficiales mujeres le piden que se desvista, cerrándole el paso. Luego de una lógica protesta, es obligada a desvestirse. Buscan algún elemento que pueda dar testimonio de las irregularidades. Durante horas la mantienen incomunicada, aun cuando ella aduce que sus hijos se encuentran solos. Cerca de las 19 le acercan un acta para firmar. Finalmente, le entregan sus pertenencias, entre ellas, su celular desarmado.

Las víctimas hicieron la denuncia penal.

En medio de un congreso de medios de comunicación, plagado de periodistas, nadie registró nada.

*La crónica se desprende del testimonio ofrecido por las víctimas en una entrevista otorgada a Radio Universidad

“Nos ofrecieron la mitad de la indemnización. Esperamos que recapaciten y que siga la fuente laboral o que por lo menos nos paguen lo que corresponde”, dijo Fernanda Schott empleada de heladería Vito en diálogo con el programa ¿Quién te juna? de FM De la Calle.

El conflicto se originó el sábado por la tarde cuando algunxs de lxs empleadxs  no pudieron ingresar al local. “Me di cuenta que habían cambiado la cerradura, cuando miro por la ventana, faltaban computadoras. “Mañana no vengas,  tomate franco” me dijeron. Ahí pensamos que había algo raro. Directamente nos autoconvocamos en la sede. Cuando vino el apoderado nos amenazó verbalmente que estábamos todos despedidos, pero hasta ese momento no teníamos ningún indicio, nunca nos dijeron nada”, señaló Schott.

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El gerente, José Luis Lombardo, dice ser solamente empleado pero cuando lxs trabajadrxs  recibieron el telegrama se dieron cuenta de que “quien lo firma es el padre de él”.

Veinte familias son las perjudicadas por el cese de producción, administración y venta, pero Schott manifestó que “es una cadena, porque se abrieron veinte franquicias más y dejan a esas otras familias sin trabajo”. Hacía dos meses que el personal notaba una baja en la producción de helado que nunca se normalizó.

“En este momento seguimos pacíficamente en la heladería, estamos a la espera de la audiencia de mañana (por hoy), esperamos tener una respuesta favorable a nuestro reclamo. Esperamos que hayan recapacitado y que siga la fuente laboral y si no hay posibilidad, que por lo menos nos pague lo que corresponde. 100% de la indemnización. Ellos nos ofrecieron un 50%. Yo no soy socia de la empresa, soy empleada. Si se manejaron mal, no es mi problema, ellos tendrán que hacerse cargo”, sentenció la empleada.

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Hasta el momento los dueños no se han contactado con lxs trabajadorxs, solo intervinieron los abogados que los representan.

“No sabemos las intenciones verdaderas de la empresa, ellos no presentaron quiebra.  Sabemos que querían vaciarla y dejarnos en la calle. Eso queda claro al ver que empaquetaron toda la mercadería, embalaron las computadoras, cambiaron las cerraduras. Yo le dije a Lombardo que tiene asegurado el plato de comida para sus hijas, a nosotros nos está cortando la posibilidad”, dijo.

Hoy a las 9 los trabajadores y las trabajadoras se concentraran frente a la sede del Ministerio de Trabajo en O´Higgins 247.

(Por Mauro Llaneza) Valeria Mapelman y Alexis Papazian, integrantes de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina, participaron en Bahía Blanca del pre Foro de Pueblos Originarios, Genocidio y Argentinización que se realizará durante el viernes 26 y el sábado 27 en la Delegación Norte de Vieytes 2700.

En diálogo con FM De la Calle, Papazian dijo que el genocidio de los pueblos originarios “es un crimen imprescriptible que no ha tenido justicia, por lo tanto, se continúa y habilita a nuevas matanzas o a poder expropiar tierras o a desalojos o un montón de otras variables, de formas de marginalización y de generar imaginarios de amenaza con respecto a distintas organizaciones originarias”.

“Hay dos juicios por crímenes de lesa humanidad, en relación a Napalpí y a lo ocurrido en La Bomba en el ’47. Y estos dos juicios están silenciados. No están en la agenda de los organismos de derechos humanos y eso es muy llamativo. Eso demuestra también que este genocidio tiene consecuencias hasta el día de hoy”, agregó Mapelman.

Consultada sobre las causas de dicha omisión, la autora de Octubre Pilagá opinó que “todavía las víctimas de pueblos originarios son vistas como Otros, no hay voluntad política para que eso cambie. Entonces, desde los organismos de derechos humanos, desde el Estado digamos, no se les presta atención, no le dan importancia y están como demasiado ocupados en los grandes juicios, en los megajuicios (sobre hechos) que ocurrieron durante la dictadura”.

Papazian propuso pensar el genocidio “como una matriz de eliminación física, cultural, simbólica” que en el caso particular de la avanzada contra los pueblos originarios se inició hacia 1876-1878 y “luego con la Conquista avanza en el sur de la actual Argentina, en el norte, pero después se continúa y se puede ver en estudios como el que ha hecho Valeria vinculados con matanzas muy posteriores en 1947 o con despojos y procesos de erradicación de comunidades en distintas partes del país para mediados del siglo XX y hasta la actualidad con la lucha territorial que atraviesan”.

“Es interesante trabajar el término y el concepto de genocidio y nos parece que es sumamente sugestivo, y creo que va a ser un momento único, la idea del Foro que están planteando desde la Marcha de Mujeres Originarias con las diferentes organizaciones para pensar desde los mismos pueblos originarios cómo fue el devenir de su propia historia (…) e ir viendo qué continuidades y qué particularidades los atravesó a cada uno de los más de treinta pueblos que preexisten a la nación argentina”.

Mapelman afirmó que “hay una continuidad que se demuestra en estos casos que hemos podido identificar sobre todo en el Gran Chaco, que ocurren a mediados del siglo XX, es decir, la campaña militar al ‘desierto’ de Pampa y Patagonia no se termina ahí sino que después se corre hacia el norte, hasta el extremo de la frontera y lleva un tiempo todo ese proceso genocida”.

“Lo que podemos ubicar y escuchar, por parte de los abuelos y las abuelas que están vivos todavía, acerca de la masacre del año ’47 prueba que este proceso ocurrió y que fue muy extenso en el tiempo y territorialmente. Por supuesto que hay otros casos además, no es que lo que ocurre en el año ’47 ocurre aisladamente sino que vemos el caso de la masacre de Napalpí, Zapallar es del año ’33, en el ’19 también hay una represión extendida sobre todo a las comunidades pilagá durante la presidencia de Yrigoyen”.

Sobre las características del genocidio en el norte, Mapelman explicó que “la idea era disciplinar para el trabajo a una mano de obra muy numerosa, para llevarla a las industrias, ya sea Jujuy, Salta, los obrajes del Gran Chaco y entonces todo el sistema que se montó ya sea desde el punto de vista militar como desde el punto de vista del control de los cuerpos dentro de las reducciones indígenas apuntaba a este disciplinamiento laboral, a convertir en obreros, en trabajadores sedentarios y mano de obra útil y barata a una población muy numerosa”.

“En las reducciones de Napalpí, Bartolomé de las Casas y Muñiz hubo años en los que había siete mil personas cortando quebracho para el Estado y en condiciones de control policial donde el espacio estaba cerrado y controlado continuamente, donde a la gente se le pagaba con vales como ocurría en las grandes empresas azucareras o en las forestales del norte, y la Secretaría de Trabajo y Previsión a mediados del siglo XX era la que controlaba esos lugares, estaban vistos como trabajadores. Pero claro, ese trabajo estaba impuesto, estaba regulado, estaba controlado por un estado policial”.

Papazian destacó que “los genocidios siempre dejan rastros, huellas y gente que sigue con sus formas de resistencia. En muchos casos marginados, sojuzgados, pero siguen viviendo y siguen intentando reproducir sus formas culturales de existencia. Eso ha pasado con todos los pueblos originarios en la Argentina que durante la década del ’90 del siglo XX han reemergido en muchos casos, se han fortalecido en otros y no es menor, empiezan a tener presencia”.

 “Que estemos discutiendo el concepto de genocidio hoy habla de que este proceso ha sido invisivilizado durante mucho tiempo y ahora ya no está tan invisible y se va a pasar tal vez a un plano de discusión y hasta de negación”.

“Una vez que uno comprende y entiende porqué estamos hablando de genocidio -la forma sistemática con intención de destruir, se observa en el norte y en el sur, modalidades distintas en algunos casos pero se ven campos de concentración en las reducciones, en la isla Martín García, en Valcheta, en Puan-, si uno puede observar todo ese plano que habla de una sistematicidad y una centralidad ya no hay manera de volver atrás”, advirtió.

Basta de mujeres indígenas asesinadas, hombres y mujeres perseguidos, encarcelados y torturados. Nos juntaremos en el Primer Foro de Pueblos Originarios, Genocidio y Argentinización el 26 y 27 de Mayo en Bahía Blanca para fortalecernos y acompañarnos en nuestro caminar hacia la justicia desde y para los pueblos originarios.

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La Cámara de Diputados de la Nación aprobó por 211 votos afirmativos y giró al Senado un proyecto que busca dar marcha atrás con el beneficio del 2×1 para condenados por delitos de lesa humanidad.

Consensuado por todos los bloques parlamentarios, la iniciativa nucleó una serie de proyectos en respuesta al fallo de la Corte Suprema que aplicó la “ley más benigna” en el caso del represor Luis Muiña. El debate en el recinto duró más de seis horas y contó con la presencia de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

El proyecto con media sanción establece que el beneficio del 2×1 no deberá ser aplicable a “conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra”.

La diputada Victoria Donda, de Libres del Sur, consideró que se trata de “uno de los fallos más vergonzosos desde que existe la Corte”. “Por la gravedad del tema, tenemos que dar un mensaje claro y contundente: en este país la Cámara de Diputados de la Nación dice que no vamos a renunciar a la memoria, la verdad y la justicia”, resumió la legisladora.

Héctor Recalde, titular del bloque del Frente para la Victoria, rechazó el fallo del máximo tribunal y manifestó: “Si en algo nos hemos insertado en el mundo fue en materia de DD.HH”. “Es bueno que haya una respuesta del Congreso hoy, a través de la Cámara de Diputados, para que el pueblo sepa que respetamos sus derechos”, añadió Recalde.

El diputado Remo Carlotto, del Peronismo para la Victoria, aseveró que “se trabajó sobre un texto acordado con respecto a lo que consideramos un fallo vergonzoso por parte de la Corte Suprema”.

Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, dijo que “con esta ley venimos a corregir un error de este cuerpo legislativo” y consideró que el rechazo al 2×1 a condenados por delitos de lesa humanidad “tuvo que ser previsto mediante una ley”.

En nombre del Bloque Justicialista, el diputado salteño Pablo Kosiner dijo “que no es un momento para especulaciones políticas: este fallo es un grave retroceso de la política de DD.HH. de la Argentina”. Y recordó que presentó un recurso de nulidad ante la Corte Suprema para que declare inválido lo resuelto en el fallo Muiña.

El Senado intentará hoy transformar el proyecto en ley en el marco de la concentración convocada por los organismos de derechos humanos en Plaza de Mayo y numerosas ciudades del país.

En Bahía Blanca el fallo de la Corte Suprema que acepta aplicar el cómputo 2×1 para los años de detención de genocidas será rechazado en dos actos que confluirán esta tarde en la sede de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad.

La Agrupación H.I.J.O.S., la APDH, Red por la Identidad, Familiares de Desaparecidos y la Mesa por el Juicio y Castigo se encontrarán a las 18 en Sarmiento 173. En tanto la Comisión de Apoyo a los Juicios realizará a las 17 una radio abierta en la Plaza Rivadavia, a las 18 leerá allí un documento y movilizará media hora después a Fiscalía.

Foto: HIJOS Capital.

El juez federal de Bahía Blanca, Walter López Da Silva, utilizó argumentos del fallo 2×1 de la Corte Suprema para otorgar la detención domiciliaria a un integrante de la Triple A acusado de participar en 22 asesinatos. El titular del Juzgado Federal Nº1 mandó a Osvaldo Omar Pallero a la casa de su hijo en el barrio Rosendo López porque en prisión siente “depresión, angustia y desestima personal”.

“El Máximo Tribunal de la Nación tan sólo 2 días atrás sostuvo que ‘la mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad y la única manera efectiva y principista de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho’”, citó.

El fiscal Miguel Palazzani recordó a Hugo Cañón -su antecesor en tiempos de leyes de impunidad- quien “desobedeciendo las instrucciones que se impartían a todos los fiscales federales del país, impugnó la Ley de Obediencia Debida por inconstitucional y, por mayoría, los jueces de la Cámara Federal de BB, Cotter y Larraza, la declararon inconstitucional a pesar de la presión institucional para que eso no ocurriera. En esa época fueron los únicos. Podemos desobedecer en masa al 2×1”.

Pallero fue contratado el 17 de marzo de 1975 por la Universidad Nacional del Sur para reforzar la represión estudiantil bajo el mando del interventor Remus Tetu y el suboficial Jorge “Moncho” Argibay. Integró la primera tanda del “personal de vigilancia y seguridad” conformado, según afirmó el propio Tetu, por matones que habían enfrentado los “problemas subversivos” en la UTN y que se habían postulado “espontáneamente” para cumplir la misma tarea en la UNS.

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Los organismos de inteligencia lo identificaron en la época de los hechos como miembro de la Junta Nacional de Granos y de la Juventud Sindical Peronista. Como tal, fue parte de los grupos de choque que, a instancias del diputado nacional del FreJuLi Rodolfo “Fito” Ponce, tomaron la UTN en defensa del rector Emilio Garófoli.

Junto al fallecido Miguel Ángel Chisu, Pallero viajó a Santa Fe en 1975 con la misión de “detectar a posibles elementos de izquierda que actuaran dentro de la Comisión Directiva y resto del personal de la Junta Nacional de Granos”.

El juez Alejo Ramos Padilla lo detuvo, procesó y embargó por un millón de pesos en 2015 por haber sido parte de “una asociación ilícita para cometer crímenes de lesa humanidad entre 1974 y 1975”.

Según Padilla, el grupo de seguridad de la UNS “funcionó como una organización que buscaba imponer el terror y la violencia a través del uso de la fuerza y la intimidación para llevar adelante las acciones que a nivel nacional planeaba y dirigía el Ministro de Educación [Oscar] Ivanisevich y a nivel local, el Rector interventor Remus Tetu en el ámbito estudiantil, y el diputado Ponce en el ámbito gremial”.

En la causa que investiga 22 homicidios, Pallero es coimputado junto al ex presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, docente de la UNS suspendido y ex agente civil de inteligencia del Ejército, Néstor Luis Montezanti.

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Al momento de responder el pedido de detención domiciliaria presentado por la defensa del represor, la Fiscalía advirtió que tanto los informes médicos y psicológicos que se le realizaron como los de la propia Colonia Penal de Santa Rosa no planteaban “imposibilidad alguna” para que sus dolencias continúen siendo atendidas dentro del ámbito carcelario.

El juez López Da Silva afirmó que el matón de Remus Tetu cumple “ampliamente con la condición etárea” -tiene 74 años- y padece “una profunda depresión con reiterados pensamientos de ideación suicida que pondrían en riesgo su vida”. Asimismo opinó que la gravedad del terrorismo de Estado y la responsabilidad internacional de juzgar sus crímenes no pueden “conllevar la supresión de los derechos y garantías que le asisten a todo imputado”.

Y cerró con la cita al fallo de la Corte que el mundo repudia: “En ese sentido se expresó también el Máximo Tribunal de la Nación tan sólo 2 días atrás cuando sostuvo que ‘la mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad y la única manera efectiva y principista de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho’ (CSJN, 1574/2014/RH1 “Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otro s/ recurso extraordinario”, rta. 3/5/2017)”.

Da Silva ordenó que la Dirección Nacional de Readaptación Social le coloque la pulsera de vigilancia electrónica a Pallero y al Servicio Penitenciario Federal que lo traslade “de forma inmediata” a la casa de su hijo.

El repudio en la calle

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En Bahía Blanca el fallo de la Corte Suprema que acepta aplicar el cómputo 2×1 para los años de detención de genocidas será rechazado en dos actos que confluirán la tarde del miércoles en la sede de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad.

La Agrupación H.I.J.O.S., la APDH, Red por la Identidad, Familiares de Desaparecidos y la Mesa por el Juicio y Castigo se encontraran a las 18 en Sarmiento 173. En tanto la Comisión de Apoyo a los Juicios realizará a las 17 una radio abierta en la Plaza Rivadavia, a las 18 leerá allí un documento y movilizará media hora después a Fiscalía.

Desde la Marcha de Mujeres Originarias hacemos un llamamiento espiritual y colectivo para denunciar el genocidio sistemático. La Conquista del Desierto no ha terminado, sigue en proceso. Somos las voces de esos hermanos y hermanas que fueron desaparecidos de forma aberrante e inhumana. No solamente es genocidio matar y desaparecer; existe genocidio en las violaciones, mutilaciones de nuestra tierra y de nuestros cuerpos femeninos.

Genocidio es reducirnos a las urbes, traídos por el hambre y la desnutrición. Genocidio está en los centros de salud que no nos permiten parir libremente y nos dejan morir por ser mujeres pobres, por ser indígenas, por no hablar castellano. Genocidio cuando viene un uniformado y nos mata, nos viola, nos ultraja o nos mete presas. Genocidio introducido por el Estado a través de las drogas, el alcohol y la prostitución.

Por el desmembramiento de comunidades y familias, en cada una de las mujeres que el Estado invalida como madres y las separa de sus hijos e hijas para acentuar el colonialismo. Así, no solamente nos intentan matar físicamente sino culturalmente, espiritualmente, buscando que mueran nuestras propias lenguas autóctonas, desconociendo los derechos lingüísticos.

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Existe un genocidio silencioso, en los niños, niñas y jóvenes que se suicidan, por culpa de una sociedad que los niega, y les arrebata el futuro. También al negarnos el acceso a la educación, a la salud, a viviendas y trabajos dignos. Hay un genocidio silencioso en las mujeres que matan al no dejarlas hablar y dejarlas a la deriva, lo hacen con sus palabras, considerándonos objetos.

Genocidio es la reducción de nuestros territorios, que no nos permitan sembrar, criar nuestros animales y mantener una soberanía alimentaria autónoma. El Estado Nacional y los poderes transnacionales, incluyendo las multinacionales están asentándose sobre las poblaciones indígenas provocando desplazamiento forzado, involuntario, generando condiciones para que la gente no pueda quedarse.

Está en juego nuestra existencia.

En nuestro territorio no hay fronteras, el territorio y su ancestralidad viajan con nosotras. Somos mujeres de la tierra y queremos caminar en dualidad. Las mujeres somos pilares imprescindibles, estamos pidiendo memoria, verdad, justicia y amor.

Caminamos por la defensa y sanación de los territorios, de la memoria y de nuestros cuerpos. Por la recuperación de nuestros ríos, lagunas y montañas llenas de conocimiento y bondades sanadoras.

Las mujeres hacemos un llamamiento a todas las naciones originarias y al pueblo argentino para fortalecer nuestras espiritualidades y territorios; por el nacer, crecer y ser libres de nuestros niños, niñas y de nuestras hermanas.

Basta de mujeres indígenas asesinadas, hombres y mujeres perseguidos, encarcelados y torturados. Nos juntaremos en el Primer Foro de Pueblos Originarios, Genocidio y Argentinización el 26 y 27 de Mayo en Bahía Blanca para fortalecernos y acompañarnos en nuestro caminar hacia la justicia desde y para los pueblos originarios.

Recuperaremos nuestra memoria para llegar a la verdad. Sanando nuestros territorios.

No más silencios, nos unimos en un mismo grito, en un mismo canto.

¿Quién sino vos? ¿Cuándo sino ahora?

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El viernes, cerca de las 16, murió Dario Marillán quien trabaja en una ampliación de la empresa Cargill. Caminando hacia el merendero “se le cerró el pecho”. El joven de 32 años habría estado realizando tareas de pintura. La ambulancia tardó más de 30 minutos en llegar.

“Hay que analizar si podía estar haciendo las tareas que estaba haciendo”, dijo a Ángeles y Demonios* Diego Márquez, prosecretario del sindicato de aceiteros, ya que el operario “tenía asma”. El Ministerio de Trabajo envió una inspección al respecto.

Recién luego de las 22 la familia logró retirar el cuerpo. Sus compañeros pararon la fábrica y otras empresas aledañas para reclamar que se resuelva la entrega del cuerpo lo antes posible. “No había nadie que firme”, ya que es territorio federal.

“Ya había un planteamiento de la intersindical de que adentro del Consorcio del Puerto tendría que haber ambulancias como también una sala médica apropiada para atender a los trabajadores. Si eso hubiera estado las probabilidades hubieran jugado a favor nuestro y hoy Darío estaría con nosotros”, agregó el dirigente.

Por otra parte, “no es la primera vez que pedimos una ambulancia y tarde más de treinta minutos”, aseguró. Márquez estimó que unos mil operarios y operarias ingresan diariamente al puerto. Sin embargo, no cuentan con ambulancia y sala de atención dentro del mismo.

El martes habrá una reunión intersindical y se analizarán las medidas a tomar. “Creo que el puerto tiene lo suficiente para que nosotros podamos tener un servicio de emergencia como corresponde”.

*Se emite los sábados de 10 a 12 por Continental Bahía Blanca.

Imagen ilustrativa: Tecnobahía.

(Por Comisión de Apoyo a los Juicios) La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de un insólito pero no sorpresivo fallo, aplicó la ley 24390 (del “2 por 1”) en una causa que se sigue por delitos de lesa humanidad (caso de Luis Muiña –expediente “BIGNONE, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”).

En consonancia con manifestaciones de funcionarios y del propio presidente de la Nación, quienes niegan el genocidio, la cantidad de desaparecidos y reflotan la “teoría de los dos demonios”, el máximo órgano judicial se acopla al espíritu reaccionario de un gobierno que marca un retroceso en el avance que se evidenció en la política de derechos humanos en los últimos años cuando se logró juzgar y condenar por genocidio a varios de los más infames represores.

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Hoy volvemos a estar alertas a los embates de la impunidad. Debemos impedir que este ejemplo se propague a otras causas y evitar que asome el fantasma del indulto. El discurso oficial parece ir en ese sentido, por ello es que llamamos a manifestar el repudio a esta medida a todas las organizaciones y particulares que siguen levantando las banderas que nos legaron lxs 30000 compañerxs detenídxs desaparecidxs.

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(CIJ) La decisión de la mayoría, constituida por los ministros Highton, Rosenkrantz y Rosatti, declara aplicable la ley 24.390 (conocida como 2 x 1), que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001, hoy derogada, que reduce el cómputo de la prisión, porque se trata de la ley más benigna.

En disidencia, votaron los jueces Lorenzetti y Maqueda, quienes señalan que esa reducción no es aplicable a los delitos de lesa humanidad.

La sentencia fue dictada en el caso de Luis Muiña (Expte “BIGNONE, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”). Lee el fallo completo.

Mayoría integrada por Highton, Rosenkrantz y Rosatti

En un voto conjunto los jueces Rosenkrantz y Highton consideraron que la resolución de la Cámara se había apartado de las normas convencionales (artículos 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 15.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ) y constitucionales (artículo 18 de la Constitución Nacional), que resultaban conducentes para la debida solución del caso. Sostuvieron asimismo que el artículo 2 del Código Penal establece que el beneficio de la aplicación de la ley penal más benigna resulta extensivo a todos los delitos, sin realizar distinción alguna (pusieron de relieve que dicho artículo utiliza el adverbio “siempre” para determinar las circunstancias en las que el derecho a la aplicación de la ley penal más benigna debe concederse) y concluyeron que los tribunales no podían negar a algunos lo que debe otorgarse a todos.

Asimismo destacaron su apego al precedente “Arce” (Fallos 331:472) donde se decidió que a los efectos de la aplicación de la ley penal más benigna lo que importa es que el delito se hubiera cometido durante su vigencia, siendo irrelevante que el imputado hubiera estado detenido o no durante dicho lapso.

Resolvieron además que la decisión de Casación debía revocarse, en tanto el artículo 2 del Código Penal, contrariamente a lo que dicho tribunal sostuvo, no condicionaba la aplicación del principio de la ley penal más benigna al cambio de valoración social sino a la existencia de una ley más beneficiosa para el imputado, haciendo hincapié en que en un estado democrático los cambios de valoración se documentan mediante la sanción de nuevas leyes de acuerdo con el procedimiento constitucionalmente establecido, lo que entre nosotros sucedió con la sanción de la ley 24.390 que, justamente, concedía este beneficio.

A todo evento, los Jueces Highton y Rosenkrantz sostuvieron que aun si hubiera alguna duda sobre la aplicabilidad del artículo 2 del Código Penal a delitos como los cometidos por Muiña, debe resolverse en favor del acusado en virtud de las exigencias del principio de legalidad, y que las conclusiones que en derecho corresponde aplicar en el caso no pueden ser conmovidas por el hecho de que el nombrado hubiera sido condenado por la comisión de delitos de lesa humanidad, pues en el texto de la ley 24.390 no se hace excepción respecto de tales delitos.

En su voto conjunto recordaron que la solución que propugnaban era, además, aquella internacionalmente aceptada, incluso para el caso de los delitos de lesa humanidad. Mencionaron al respecto que el Estatuto de Roma -instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, tribunal permanente establecido para juzgar a los individuos responsables de los más graves delitos que afectan al mundo entero, tales como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, cuya implementación se aprobó en nuestro país a través de la ley 26.200-, incorpora el principio de ley penal más benigna en su artículo 24.2 y que tribunales internacionales como el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia encargados de juzgar violaciones a los derechos humanos han reconocido el carácter imperativo de la aplicación de dicho principio.

Finalmente afirmaron también que la mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad, y la única manera de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba, es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho lo que en el caso exigía hacer lugar a la pretensión de Muiña.

Voto del juez Rosatti

En su voto, que conforma con sus fundamentos la mayoría, el juez Rosatti expuso el dilema moral que plantea en el juzgador la aplicación de un criterio de benignidad a condenados por delitos de lesa humanidad, para concluir que este dilema debe ser resuelto con la estricta aplicación de la Constitución y las leyes. Afirmó que si el legislador no previó un régimen diferenciado que excluyera la aplicación de la ley penal más benigna a los delitos de lesa humanidad no lo puede hacer ahora el juez, pues de otro modo éste se convertiría en aquel, violentándose el principio constitucional de división de poderes.

Agregó el magistrado que tal conclusión no supone desconocer que los delitos de lesa humanidad expresan el estadio más degradado en que ha caído la naturaleza humana, y tampoco conlleva ignorar que el régimen durante el cual se perpetraron los ilícitos probados en la causa descendió a niveles de inhumanidad nunca vistos en nuestro país desde la sanción de la Constitución Nacional, tal como lo describiera en sus votos en las casos “Villamil” y “Alespeiti”, de marzo y abril pasados.

Pero un Estado de Derecho, agregó el juez Rosatti, no es aquel que combate a la barbarie apartándose del ordenamiento jurídico sino respetando los derechos y garantías que han sido establecidos para todos, aun para los condenados por delitos aberrantes. La humanidad contra la cual fueron cometidos estos crímenes exige del Estado de Derecho la necesaria imparcialidad en la aplicación de las leyes referidas a su juzgamiento, pues de lo contrario se correría el riesgo de recorrer el mismo camino de declive moral que se transitó en el pasado.

Disidencia de los jueces Lorenzetti y Maqueda

Los jueces Lorenzetti y Maqueda, en disidencia con la mayoría y con votos concurrentes, sostienen que no se ha dado ningún cambio en la valoración de los delitos de lesa humanidad. Por el contrario, existe una consistencia en la definición, calificación y persecución de este tipo de delitos que se ha mantenido en diversos precedentes, no sólo de esta Corte Suprema, sino de todo el Poder Judicial. Más aún, puede decirse, como se lo ha señalado en diversos pronunciamientos institucionales de esta Corte como cabeza del Poder Judicial, que se trata de una política de estado, afirmada por los tres poderes, en diversas épocas, de modo que constituye parte del contrato social de los argentinos.

Que es por esta razón que es necesario calificar este caso, en primer lugar, como un aspecto de los delitos de lesa humanidad, tipificados por esta Corte (Fallos 328:2056). Respeto de esta categoría este Tribunal ha señalado que no hay posibilidad de amnistía ((Fallos 328:2056), ni de indulto (Fallos: 330:3248), ni se aplica a ellos el instituto de la prescripción (Arancibia Clavel), y que la persecución forma parte de los objetivos de la legislación internacional (Fallos: 330: 3248).

Por lo tanto, la ejecución de la pena, es, claramente, parte del concepto normativo antes descripto, y una interpretación de la ley no puede llevar a una frustración de la finalidad persecutoria en este campo.

Que el principio de la ley penal más benigna tiene rango constitucional, y requiere la evaluación de si la ley posterior al hecho es la expresión de un cambio en la valoración de la clase de delito correspondiente a los hechos de la causa, lo que no ha ocurrido en el caso.

Que, por otro lado, el carácter permanente de un delito implica que si durante su lapso de consumación rigieron dos leyes, no se trata de un caso de sucesión de leyes penales (hipótesis del artículo 2 del Código Penal, donde se debe aplicar siempre la más benigna), sino de coexistencia de leyes. Por lo tanto, siguiendo este enfoque, se debe aplicar una sola ley que es la vigente en el último tramo de la conducta punible. En virtud de este otro argumento, es claro que respecto de Muiña resulta aplicable la ley 25.430 que derogó la mentada disposición de la ley 24.390.

Esta regla es la aceptada también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido que “por tratarse de un delito de ejecución permanente, es decir, cuya consumación se prolonga en el tiempo… la nueva ley resulta aplicable, sin que ello represente su aplicación retroactiva. En este mismo sentido se han pronunciado tribunales de la más alta jerarquía de los Estados del continente americano al aplicar normas penales en casos relativos a hechos cuyo principio de ejecución comenzó antes de la entrada en vigor del tipo penal respectivo” (“Gelman vs. Uruguay”, sentencia del 24 de febrero de 2011, apartado 236).

Hechos de la causa y su calificación legal

En la presente causa se atribuyó a Luis Muiña ser coautor del delito de privación ilegal de la libertad cometido por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, agravado por el uso de violencia o amenazas, en concurso ideal con el delito de imposición de tormentos en relación con las condiciones de cautiverio impuestas, en concurso real con el delito de imposición de tormentos por un funcionario público al preso que guarde, reiterado en cinco (5) oportunidades en perjuicio de Gladys Evarista Cuervo, Jacobo Chester, Jorge Mario Roitman, Jacqueline Romano y Marta Elena Graiff (arts. 144 bis inciso primero y último párrafo en función del art. 142 inciso 1º -texto según ley 14.616- del Código Penal).

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 28 de marzo de 1976, en el Hospital Posadas de Haedo, provincia de Buenos Aires, cuando un operativo militar con tanques y helicópteros comandado personalmente por Reynaldo Bignone ocupó dicho establecimiento sanitario y detuvo a personal del mismo que luego fue trasladado al centro clandestino de detención “El Chalet” que funcionó allí, donde fueron privados ilegalmente de la libertad y torturados.

Por su responsabilidad en dichos sucesos el 29/12/2011 Muiña fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 2 de esta ciudad a la pena de trece (13). El fallo quedó firme el 21/8/2013 cuanto la Corte declaró inadmisible –por aplicación del art. 280 del CPCCN– el recurso extraordinario articulado por la defensa del nombrado.

A partir del carácter firme de la condena, con fecha 9/9/2013, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 efectuó el cómputo de detención y de pena de Muiña, teniendo en consideración las previsiones del art. 7 de la ley 24.390, determinando que su pena vencerá el 11 de noviembre de 2016.

Dicho cómputo fue observado y luego recurrido en casación por el Ministerio Público Fiscal, siendo finalmente anulado por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, el 28/3/2014, que dispuso realizar un nuevo cómputo con prescindencia del beneficio consagrado en el art. 7 de la ley 24.390, en razón considerarlo inaplicable al caso.

Este último pronunciamiento es el que fue apelado ante la Corte por la defensa oficial del condenado en la queja por recurso extraordinario denegado CSJ 1574/2014.

En el día de hoy ha finalizado la asamblea de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC Argentina), cuya anfitriona fue en esta oportunidad Radio Revés 88.7 de la ciudad de Córdoba, la radio de los y las estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba.

Desde el sábado al mediodía funcionó nuestra asamblea de asociadas que se extendió durante dos jornadas y media de debate, balance y planificación de las líneas de acción de la red, e incluyó un taller junto a la Defensoría del Público de Comunicación Audiovisual.

Los principales temas abordados fueron la crítica situación de nuestro sector a raíz del incumplimiento en la ejecución de los fondos FOMECA 2015 por parte del ENACOM, la preocupación por los recientes decomisos a diferentes radios por parte del mismo organismo y la falta de información acerca del anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergente impulsado por el Poder Ejecutivo.

Desde AMARC Argentina también seguimos con atención y preocupación el tratamiento de un proyecto para modificar la actual Ley de Bosques de la provincia de Córdoba, que incrementaría de forma salvaje el desmonte de bosques nativos. En la actualidad ya se vio reducida al 3% del territorio provincial, con las consecuencias ambientales y de inundaciones que se vienen registrando cada vez con mayor frecuencia y crudeza.

En el marco de una emisora universitaria como Radio Revés, que sigue reclamando el otorgamiento de su autorización por parte de ENACOM, también nos preocupa la política de desfinanciamiento que viven las Universidades Nacionales y la educación pública en general, como muestra la lucha docente de la que nos hicimos eco desde el inicio del año.

Agradecemos a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNC y al CISPREN (Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba) por permitirnos utilizar las instalaciones de la Casona de Villa Carlos Paz, y reafirmamos la articulación con las organizaciones de nuestro pueblo como aliados estratégicos.

Villa Carlos Paz, 1 de mayo de 2017

En el Día Internacional de los trabajadores y las trabajadoras un conjunto de organizaciones sindicales y políticas se reunieron para conmemorar esta fecha que tiene como antecedente histórico a la masacre de los Mártires de Chicago.

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Con el objetivo de remarcar una larga historia de lucha del movimiento obrero en nuestra ciudad Analía Lusarreta, delegada del Suteba y coordinadora del acto, recordó -a 110 años- la huelga de estibadores de Ingeniero White, hecho que tuvo como consecuencia un “alto nivel de represión y dos compañeros muertos”. Además, la gran mayoría de los/as oradores recapitularon sobre las tres movilizaciones del pasado 6, 7 y 8 de marzo como ejemplo de la unidad de la clase trabajadora ante el gobierno de Mauricio Macri.

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El acto se inició con la intervención del SUTEBA de la mano de Enrique Gandolfo quien comentó la tarea de los/as docentes en los últimos meses al salir a socializar al conjunto de la comunidad educativa el sentido de sus acciones en un marco de ajuste y reducción de salarios por parte del gobierno nacional y provincial.

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“Queríamos explicar y que nos escucharan porque entendemos que vienen por mucho más”, dijo Gandolfo y agregó que el objetivo del gobierno había sido “disciplinar a los trabajadores y trabajadoras de la educación e intentar propinarnos una derrota que tuviera un efecto ejemplificador hacia el conjunto de la clase trabajadora. Por eso era tan válida esa consigna que decía: si ganan los docentes ganamos todos y todas. Ellos intentan resolver sus crisis con el ajuste y la represión, nosotros tenemos todo el derecho a pensar que como trabajadores de la educación defendemos nuestras conquistas, nuestro salario y defendemos a la escuela pública”.

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La lista de oradores y oradoras continuó hasta entrada la tarde donde algunos como Héctor Zaris del MST remarcaron en este año electoral la necesidad de “construir una referencia política y electoral, como un camino necesario a recorrer y otros/as, entre ellos los partidos trotskistas alineados al FIT, plantearon la exigencia a las centrales trabajadoras de “un paro general de 36 horas y un plan de lucha unificado para enfrentar el ajuste como corresponde”.

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Otros gremios incluyeron en sus oratorias el pedido de solidaridad con otros compañeros/as de su sector, como el caso de Néstor Allende por la AJB quien denunció la intervención del sindicato de judiciales de Mendoza y la persecución de gremialistas de Santa Cruz.

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Astor Vitali por la UMSUR se refirió a la situación de los y las músicos y compartió las acciones que planean de cara al futuro: una campaña nacional solicitando a la Cámara 8 de Apelaciones de Trabajo que otorgue dictamen positivo para que los/as músicos de la región del sur de la Provincia de Buenos Aires puedan hacer efectivo el uso del derecho a la organización gremial con el otorgamiento de la inscripción gremial simple en primera instancia para conseguir luego su personería.

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También estuvieron presentes los/as integrantes del sindicato de los mensajeros y cadetes ASTRAMYC; su orador Jonathan Landa expresó que “lo que tenemos que pensar profundamente es de qué manera discutimos arriba de la mesa cómo enfrentamos el plan estratégico de quienes están gobernando, porque lo que estamos viviendo es el principio del camino, no es el final”.

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José Lualdi, de la Corriente Comunista “David Watu Cilleruelo”, analizó la idea de la supuesta grieta en nuestro país profundizada por “los comunicadores del sistema”, y aseguró que “nosotros no tenemos ningún problema con los trabajadores y trabajadoras que sufren sean del partido que sean. Sufren los peronistas, los radicales, los comunistas, los socialistas, los trotskistas, los creyentes y los ateos; la grieta que tenemos es con los fascistas (…) Estamos enfrentando un gobierno que nos desprecia, esa es la grieta y acá la grieta se llama Gay”.

El Colectivo Pueblo en Lucha puso especial énfasis en el papel del Movimiento de Mujeres en estos últimos años y subrayó no sólo el trabajo productivo sino también la visibilización del trabajo reproductivo. En este sentido se expresaron también Mujeres Trabajadoras Feministas con la lectura de un documento que analizaba la fecha desde una mirada feminista y antipatriarcal.

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Sobre el final del acto la secretaria general de la CTA Bahía Blanca-Dorrego, Ana Canullo, afirmó que el 1º de Mayo “es una fecha que unifica a la clase obrera internacional, y en este sentido creemos que comprender y tener en cuenta ésta dimensión histórica no es solamente recordar, sino contraponer nuestra historia a nuestra realidad actual y darnos cuenta que los compañeros y las compañeras que se organizaban a principios del siglo XX luchaban por reivindicaciones que después seguimos enarbolando durante toda nuestra historia en distintas épocas”.

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(Por Bahiensas Feministas) Este Primero de Mayo, mujeres trabajadoras feministas queremos poner en común nuestras demandas específicas, que están vinculadas con una explotación por partida doble: la del capitalismo y la del patriarcado.

En muchos lugares esta fecha todavía está asociada solo al mundo de los hombres y se suele hablar del ‘Día del Trabajador’ excluyendo a las mujeres trabajadoras que también fueron protagonistas de esta historia. Si bien se ha avanzado en la construcción de nuevos sentidos para pensar también el día de las trabajadoras, por ejemplo desde el lenguaje, pensamos que aún falta mucho camino por recorrer.

Las mujeres hemos trabajado desde que tenemos existencia: hemos sido costureras, sombrereras, urdidoras de telares, peinadoras, entre tantos otros oficios, muchos de ellos ligados a las actividades domésticas; pero también, hemos sido campesinas, herreras, mineras, deportistas, periodistas… aún en esas épocas donde la historia oficial mostraba que las fábricas eran sostenidas sólo por varones. Hemos luchado dentro y fuera de la fábrica y nos hemos organizado para que las imágenes de mujeres referentas aparezcan en los supuestos grandes relatos. Nuestra historia como mujeres trabajadoras está plagada de esfuerzos, sacrificios y organización, porque cuando los acontecimientos les atribuían derechos a los varones nosotras todavía batallábamos para que se nos considerara también sujetas de derecho.

El capitalismo profundizó las estructuras patriarcales, devaluando nuestros salarios en comparación con el de los varones y responsabilizándonos de las tareas de cuidado que aseguran la reproducción de la vida y garantizan la producción de los bienes y servicios en la sociedad. Es así como las mujeres sufrimos una doble explotación: la del capital, compartida con todxs lxs trabajadorxs y la que nos relegó al ámbito privado haciéndonos cargo de cuidar: parir, criar, pensar comidas, hacer compras, lavar, limpiar, y otras innumerables obligaciones que implica organizar la vida en el hogar en general. En Argentina los datos muestran que casi 9 de cada 10 mujeres participan en actividades del hogar, mientras que sólo 5 de cada 10 varones lo hacen y esas tareas ocupan en promedio 3 horas más de trabajo para las mujeres. La organización social del cuidado es injusta, se deben redistribuir las tareas no remuneradas, no sólo disminuir la responsabilidad de los hogares, sino al interior de estos entre mujeres y varones. Esta distribución de los cuidados profundiza las desigualdades y puede dar lugar a la tercerización de estas tareas recayendo siempre en otras mujeres.

El contexto actual de precarización general de la vida consecuencia de las políticas neoliberales implementadas por el gobierno de Macri profundiza las desigualdades de género en diversos ámbitos de nuestras existencias. La situación de empleabilidad de las mujeres está históricamente marcada por peores condiciones laborales: en la actualidad existe una brecha salarial del 27% en sectores registrados, pero que alcanza el 39% en los no registrados, techos de cristal que nos impiden alcanzar puestos jerárquicos, o paredes de cristal que nos relegan a determinadas tareas dentro del mercado laboral, que justamente se vinculan con las domésticas. Sumado a esto, la situación cotidiana de acoso laboral ejercida por parte de compañeros varones, que sufrimos muchas mujeres en nuestros lugares de trabajo. Además, mientras los indicadores de desempleo en la argentina superan el 7% (y el 9% en Bahía Blanca), para las mujeres jóvenes este dato supera el 19%.

El recorte presupuestario que se muestra en la disminución del gasto público en servicios esenciales como el cuidado de la salud, la educación, el transporte, el alimento, delega responsabilidades del Estado y los gobiernos a los hogares, y especialmente a las mujeres que son las que se ocupan de estas tareas en la división sexual del trabajo.

El pasado 8 de marzo transformamos el Día de la Mujer en un paro internacional de mujeres. Mujeres de más de 40 países nos unimos bajo la consigna ‘si nuestra vidas no valen, produzcan sin nosotras’ para luchar por los derechos que el estado patriarcal se resiste a garantizarnos tales como la legalización del aborto, la libertad sobre nuestros cuerpos y la erradicación de las violencias económicas y los crímenes machistas.

En Bahía Blanca la fecha nos permitió a mujeres organizadas e independientes crear nuevos vínculos a través de la organización: difundimos el paro en barrios, escuelas y sindicatos; escribimos un documento común en el que plasmamos todas nuestras reivindicaciones; pintamos una bandera para encabezar la marcha con la consigna internacional y marchamos todas juntas en un día de lluvia torrencial. Organizar el paro también implicó que nos diéramos el tiempo para preguntarnos y reflexionar, por ejemplo: ¿quién para la olla cuando nosotras paramos? Ahí aprendimos que nuestra fuerza de trabajo es funcional al sistema ya que al ocuparnos de las tareas domésticas, el capital explota a los varones contemplando ese tiempo que no dedican al hogar.

Por otra parte, pudimos pensar la unidad de las mujeres en un contexto en el que nuestras vidas corren peligro cada 18 horas. Por tal motivo, participamos de multisectoriales para organizar estrategias de intervención, que incluyen la demanda al Estado en su responsabilidad sobre los femicidios y la gestión de las políticas necesarias para erradicar la violencia hacia las mujeres y combatir la cultura de la violación como parte fundamental de la cultura patriarcal.

Este 1° de mayo exigimos:

  • Revalorización, redistribución y socialización de las tareas de cuidado. Esto implica más políticas públicas: hogares, jardines, formación de personal y que el Estado exija a las empresas guarderías y lactarios.
  • Ampliación de licencias por maternidad y paternidad.
  • Reglamentación de la licencia por violencia de género.
  • Representación equitativa en las organizaciones gremiales.

Por último queremos compartir una declaración de Flora Tristán de 1843, que a pesar del paso del tiempo continúa aún vigente:

«A vosotros, obreros que sois las víctimas de la desigualdad de hecho y de la injusticia, a vosotros os toca establecer al fin sobre la tierra el reino de la justicia y de la igualdad absoluta entre la mujer y el hombre. Dad un gran ejemplo al mundo (…) y mientras reclamáis la justicia para vosotros, demostrad que sois justos, equitativos; proclamad, vosotros, los hombres fuertes, los hombres de brazos desnudos, que reconocéis a la mujer como a vuestra igual, y que, a este título, le reconocéis un derecho igual a los beneficios de la unión universal de los obreros y obreras».

«La mujer es la proletaria del proletariado (…) hasta el más oprimido de los hombres quiere oprimir a otro ser: su mujer».

¡Que viva el 1 de mayo! ¡Que viva la lucha de las trabajadoras y los trabajadores!

(Por Observatorio Petrolero Sur) Vaca Muerta es la principal formación de shale oil y shale gas de Argentina y una de las más “atractivas” del mundo. Se ha repetido hasta el cansancio que tiene una superficie de 30 mil km2, es decir 145 veces la Ciudad de Buenos Aires, o el 30% de la superficie total de Neuquén. Sin embargo, sus tentáculos se expanden mucho más allá de esos claros límite geológicos y la vinculan directamente con Entre Ríos y Gaiman (Chubut), con Buenos Aires, Luxemburgo y China.

Vista aérea de Loma Campana, el área más desarrollada en Vaca Muerta / Fabián Ceballos

Según la Administración de Información Energética de EE.UU. Vaca Muerta es el proyecto de hidrocarburos no convencionales de mayor potencial a nivel global por fuera de norteamerica. Más allá de los recursos hidrocarburíferos, esa oficina valora positivamente la cercanía a importantes cursos de agua y la infraestructura ya existente. Así bienes subterráneos y superficiales se complementan con la historia local por que la instituciones e infraestructuras son necesarias para lograr extraer los hidrocarburos desde la formación geológica..

Así entendida Vaca Muerta se compone también de una red de infraestructura existente y en proceso de instalación. Sus límites, entonces, lejos de ser claros, como supone la idea de los 30 mil km2, se difuminan en amplias regiones. Caminos, rutas, ductos y transferencias bancarias constituyen lo que llamamos los tentáculos.

En ese extenso territorio se instalan otros procesos necesarios de la producción hidrocarburífera como, por ejemplo, la extracción y traslado de las arenas, y el traslado por ductos y procesamiento –en refinerías o polos petroquímicos– de los hidrocarburos. Pero, además, todas esas actividades comparten el suelo con otras producciones –como la de los crianceros de ganado menor o la frutihortícola– y con otros usos: centralmente las ciudades, áreas naturales protegidas, comunidades mapuche. Como se ve los límites son imprecisos y la diversidad en torno a los usos del suelo donde se asienta el megaproyecto es notable.

Si bien para Vaca Muerta se produce nueva infraestructura, en la mayoría de los casos ésta se asienta sobre inversiones anteriores. Así, por ejemplo, se multiplican las transformaciones en rutas y vías férreas ya existentes. Ninguna de esas instalaciones por sí es una obra de muy grandes dimensiones, como puede haber sido la construcción de las grandes represas, como El Chocón, a fines de la década de 1960. Sin embargo, la suma de esas modificaciones convierte a Vaca Muerta en un megaproyecto, en un pulpo que supera en mucho los límites de la formación geológica.

La superficie de Vaca Muerta se subdivide en 200 áreas hidrocarburíferas, que han sido concesionadas a distintas compañías para su puesta en producción. La parcialmente estatizada YPF es la que mayor superficie tiene y la más importante en Argentina en términos de extracción de gas y petróleo. Pero hay también otro sinnúmero de operadoras y de compañías de servicios, diferentes estados, fundaciones y consultoras que tienen intervención en la definición de este megaproyecto.

En los lugares donde se expande la extracción hidrocarburífera se constatan una serie de problemáticas sociales, sobre todo generadas por la presencia de muchos hombres solos y con disponibilidad de dinero. Alcoholismo, trata de personas, consumo de drogas y narcotráfico, se conjugan con la suba indiscriminada del valor de las propiedades y alquileres son algunas de las problemáticas que los hidrocarburos generan en los lugares donde se extrae. Pero además, ante las expectativas que los anuncios oficiales generan, se hace necesaria la adaptación de las ciudades para absorber el crecimiento desmesurado. Según prevén desde el gobierno, “la capital nacional del shale”, Añelo, pasará de 6.000 habitantes en 2015, a 41 mil en 2019, es decir su población prácticamente se multiplicaría por seis en cuatro años.

Finalmente, ya más allá de las infraestructuras tradicionales, este tipo de explotación generan infraestructuras financieras y jurídicas, que rozan lo ilegítimo. Esas instituciones permiten, como las empresas off shore (asentadas en paraísos fiscales como Delaware e Islas Caiman, entre otros), por un lado, gestionar la financiación necesaria para la explotación y, por otro, liberar a las corporaciones de las obligaciones en caso de demandas posteriores. Al mismo tiempo, la juridicidad internacional y sus cortes intervienen en las disputas situadas dentro de las fronteras estatales, como establecen los acuerdos arribados con las compañías trasnacionales.

De este modo, Vaca Muerta se convierte en un territorio que excede en mucho los ya extensos 30 mil km2 de la formación que le dio nombre.

Infraestructura del fracking en el Cono Sur

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Las rutas

En la zona el automotor es el principal medio de transporte. Calculan que tres mil camiones se mueven diariamente por la cuenca hidrocarburífera neuquina. Por las limitaciones que existen o prevén, desde las oficinas gubernamentales trabajan para extender la ampliación de la ruta provincial 7 con cuatro carriles desde Centenario a Añelo. Para favorecer el mismo recorrido, invertirán cuantiosas sumas en mejorar las rutas provinciales 51 y 151, cuyo recorrido es paralelo a la ruta 7. En el mismo sentido avanza la autovía sobre ruta 22 que une Villa Regina con la ciudad de Neuquén y se prevé ampliarla hasta Arroyito.

Los trenes

Las recomendaciones oficiales indican la necesaria reactivación de los servicios ferroviarios. Mencionan los mejoramientos y puesta en funcionamiento del ramal Buenos Aires-Bahía Blanca-Neuquén- Contralmirante Cordero. También se proyecta la prolongación del ramal desde Barda del Medio hasta Añelo, un nuevo ramal desde Chichinales hasta Rincón de los Sauces y la extensión de la línea desde Zapala hasta el paso internacional Pino Hachado. Se anunció, además, la intalación de una vía desde Trelew hasta Choele Choel para garantizar el transporte de arenas para fracking.

Procesamiento y basureros

Las refinerías, los polos petroquímicos y los basureros petroleros son inherentes a este tipo de explotación. Lo extraído en la region se vincula con las refinerías y los polos petroquímicos ubicados en Plaza Huincul (Neuquén), Luján de Cuyo (Mendoza), Ensenada, Bahía Blanca y Dock Sud (en Buenos Aires). Además, la extracción de no convencional es un proceso que genera cuantiosos residuos, por eso existen cuatro plantas de tratamiento en Neuquén a metros de la población. Por los reclamos, el gobierno las obligó a radicarse a ocho kilómetros de zonas urbanas y a cinco de áreas productivas. Comarsa junto a una nueva ompañía, Servicios Ambientales de Neuquén, se están instalando en las afueras de Añelo. Indarsa y Treater están “mudándose” al parque industrial de esa localidad, que no cumple con la normativa. Sobre el traslado de Real Work (Plaza Huincul) no hay novedades.

Vista aérea del basurero petrolero Comarsa en la ciudad de Neuquén / Fabián Ceballos

Gasoductos

Los gasoductos Neuba I y II que vinculan los yacimientos de la cuenca con Bahía Blanca y la zona Metropolitana de Buenos Aires utilizan actualmente a la mitad de su capacidad operativa. Así que no sería necesario ampliarlos en lo inmediato. El poliducto Mega, una empresa compuesta por YPF, Pampa Energía y Dow Argentina, también une la zona con Bahía Blanca. Una de las inversiones más destacadas para YPF ha sido la realizada en el área Estación Fernández Oro (Allen) para trasladar el gas extraído a los troncales y anunció que ampliará esa conexión. Este es otro paso en la brutal transformación que ha sufrido la localidad desde el boom del fracking. Otro gasoducto de relevancia es el Centro Oeste que vincula la zona con la región de Cuyo y posteriormente con Santa Fe. Dos gasoductos vinculan la región con Chile: el denominado Pacífico que une Loma la Lata con el puerto de Concepción (puerto de GNL), y GasAndes que vincula Mendoza con Santiago de Chile y Bahía Quintero (puerto de GNL). Pueden ser utilizados para exportar, como para importar gas.

Los oleoductos

En relación a oleductos, la compañía Oleoductos del Valle S.A. (Oldelval), mantiene los 1700 kms desde Rincón de Los Sauces y Challacó (ambas en Neuquén) hasta Bahía Blanca, por donde se transporta más el 80% del petróleo de la cuenca. Otro oleoducto de relevancia une el área de Puesto Hernández (Neuquén) con la refinería de Luján de Cuyo.

La arena del fracking

El agente sostén es un insumo fundamental para el fracking. La arena de sílice, causante de una enfermedad pulmonar llamada silicosis, es uno de los principales componentes usados con ese objetivo. Este insumo hoy se importa desde China, Brasil y EE.UU. A nivel local se extrae de Entre Ríos y Chubut. YPF adquirió campos en el departamento de Gaiman, a 120 kilómetros de Trelew, para convertirlos en yacimientos de esa preciada arena. Una compañía local comenzó a extraer, lavar y fraccionar la arena allí y la transporta en camiones hacía Vaca Muerta. En tanto, YPF, cuyo proyecto en Chubut permanece frenado, ya instaló una planta de procesamiento de arenas en Añelo.

Planta de tratamiento de arenas en Dolavon (Chubut) / Jorge Ariza

Pasos fronterizos y aduanas

Vaca Muerta está fuertemente integrada hacia el Atlantico, la planificación pública persigue vincularla también con el mercado del Pacífico. Esto se manifiesta en las modificaciones de las políticas aduaneras que apuntan en esa dirección, pero también en los proyectos de mejora de los pasos fronterizos. En este sentido, están intentado darle mayor relevancia al paso internacional Pichachen por el norte de Neuquén. El Paso de Pino Hachado es transitable todo el año y vincula los puertos atlánticos de Bahía Blanca y San Antonio Oeste con los puertos de Concepción, San Vicente y Talcahuano en Chile. A su vez, se complementa con el Polo Logístico de Zapala, zona primaria aduanera y punta de rieles del ferrocarril hacia Bahía Blanca.

Infraestructuras parainstitucionales

El acuerdo entre Chevron e YPF permitió conocer que la creación de sociedad “offshore” es un modus operandi. Para llevar adelante ese convenio se creó un complejo entramado de compañías radicadas en paraísos fiscales de Delaware (EE.UU.) y en las Islas Bermudas. Algo similar sucede en otros contratos. Así las empresas esquivan controles fiscales y regulatorios, y evitan posibles imputaciones judiciales. Otro de los elementos que emerge del contrato es que el marco jurídico aplicable es el del Estado de Nueva York y que el arbitraje internacional se radica en la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París.

En octubre de 2016 se conoció el derrame de 240 mil litros de líquido de inyección. En la fotografía, realizada pocas semanas después, se observa las líneas de árboles ya secos que fueron afectados por los químicos / Fabián Ceballos

Las zonas de preservación

El avance extractivista se desarrolla mediante políticas públicas impulsadas por los gobiernos involucrados, permitiendo la exploración, explotación y las actividades conexas hidrocarburíferas. Como resultado, la actividad petrolera se ha incorporado a la vida cotidiana de miles de personas como un peligroso agente invasivo, que modifica el entorno en zonas urbanas, áreas naturales protegidas, tierras comunitarias mapuche, zonas de densidad productiva no petrolera y puntos críticos de riesgo sobre fuentes hídricas como ríos, lagos o acuíferos.

En la norpatagonia, más específicamente en las provincias de Neuquén y Río Negro, epicentro de la actividad de Vaca Muerta en la actualidad, hay factores que cimentan la expansión permitiendo que se dé sin ningún tipo de límites ni condicionantes. Así, el extractivismo sustenta su avance en: una tradición petrolera, una idea de progreso y hegemonía, un Estado rentista, y las mejoras de costos y subsidios para la extracción.

El avance de las fronteras extractivas se torna dinámico, sin límites y con pocos condicionantes. Los distintos gobiernos ven en la extracción la posibilidad de acceder a dinero inmediato para sortear las crisis recurrentes. En ese camino, la coparticipación petrolera en el caso de los municipios, las regalías en las arcas provinciales y las inversiones en las nacionales hacen que el disciplinamiento al capital internacional sea una norma.

En este contexto, creemos que más allá de la necesaria discusión más general sobre la necesidad de una transición hacia otras fuentes de energía, es urgente reclamar el establecimiento de zonas de preservación como forma propositiva en la búsqueda de un futuro mejor. En este sentido, encontramos cinco zonas de preservación prioritarias: zonas urbanas, fuentes hídricas, zonas de densidad productiva, territorios comunitarios indígenas, y las áreas naturales protegidas.

“Gracias a la perseverancia de nuestra búsqueda y a la labor de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), hoy el nieto 122 puede conocer la verdad sobre su origen”, afirmaron las Abuelas de Plaza de Mayo al comunicar la restitución del hijo de Iris García Soler y Enrique Bustamante, desaparecidos el 31 de enero de 1977 durante la última dictadura cívico-militar.

Al momento del secuestro, Iris estaba embarazada de tres meses. Había llamado a sus padres para avisar que pasaría de visita, pero luego canceló el encuentro y su familia nunca más supo de ella ni de su compañero ni del niño que debió nacer en julio de 1977.

Las Abuelas manifestaron que “esta nueva restitución es la demostración de que la verdad y la justicia siempre vencen al olvido y el silencio. Muchos años llevó determinar la identidad de Iris y Enrique, muchos más dar con sus familiares que desconocían la existencia de un niño robado a quien le habían sustituido la identidad. El propio nieto debió esperar que le dijeran que podía ser hijo de desaparecidos para conocer su origen”.

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“Este caso es la muestra de que los juicios han sido y siguen siendo una herramienta fundamental y que el Estado debe acompañar con políticas públicas el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. A la sociedad le pedimos que nos siga ayudando a encontrar a nuestros nietos. Este año cumplimos 40 años de búsqueda y son cientos las familias que anhelan el abrazo con su ser querido. Por favor rompamos el silencio y nos los dejemos con la duda a los más de 300 hombres y mujeres que todavía no saben quiénes son”.

Iris Nélida nació el 15 de mayo de 1952 en la ciudad de Mendoza. Estudiaba Sociología en la Universidad Católica Argentina (UCA), y su familia y amigos la llamaban “Susuki”. Enrique nació el 5 de junio de 1951 y era conocido como “Bebé”. Iris comenzó su actividad en la Juventud Universitaria Peronista (JUP), y luego compartió su militancia con Enrique en la organización Montoneros. Allí, sus compañeros la conocían como “Tita”, “Pajarito” o “La Gallega”, y a él como “El Lobo” o “El Chamaco”.

Ambos fueron secuestrados por personal de la Policía Federal en la pensión en la que vivían, en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Tacuarí al 400. Fueron vistos en el centro clandestino de detención “Club Atlético” y, por testimonios de sobrevivientes, se supo que Enrique fue llevado a la ESMA y luego devuelto al Atlético. Iris estuvo en Atlético hasta mayo de 1977, momento en que fue llevada a la ESMA para dar a luz. Sus compañeros de cautiverio la llamaban “la Lobita”. Este hecho muestra la coordinación represiva entre la Armada Argentina con otras fuerzas de seguridad, en este caso con la Policía Federal Argentina.

Por otro lado, testimonios de sobrevivientes de la ESMA dieron cuenta de que “Tita” había dado a luz a un varón en julio de 1977, y que llegó a tenerlo en sus brazos. La diversidad de apodos y testimonios hicieron que llevara tiempo identificar que “Tita” y “la Lobita” -una secuestrada embarazada y la otra que había dado a luz en la ESMA- eran la misma persona.

La investigación

La denuncia sobre el embarazo y la desaparición forzada de Iris Nélida García había sido realizada por su padre, Manuel García. Al mismo tiempo, desde Abuelas de Plaza de Mayo, gracias al testimonio de Nilda Orazi y otras sobrevivientes de la ESMA, tomaron conocimiento de una joven embarazada apodada “la Lobita”, que había sido trasladada desde el centro clandestino Club Atlético a la ESMA para dar a luz. Pero las piezas encajarían mucho después.

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En 2004, la Conadi comenzó a trabajar para dilucidar la identidad de dos mujeres. Una de ellas era apodada “Tita” y había sido vista por distintos liberados del Atlético; la otra, “la Lobita”, había sido vista en la ESMA.

A partir de la investigación, pudo saberse que uno de los sobrenombres de Iris era “Tita”, por lo que se determinó la conexión con la embarazada vista en el Atlético. Más adelante, se supo la identidad de su compañero, “el Lobo”, y se descubrió que no estaba denunciado como desaparecido. El apodo de Enrique permitió establecer que Iris era “La Lobita” vista en el ESMA.

A fines de 2004, una persona liberada de la Escuela de Mecánica de la Armada, que había militado en el mismo ámbito que la pareja, pudo identificar al “Lobo” y a “la Lobita” o “Tita” como Enrique Bustamante e Iris Nélida García. De esta manera, pudo incorporarse un nuevo caso al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Sin embargo, hasta ese momento no había familiares de Enrique Bustamante para contactar, ya que no estaba denunciado como desaparecido y sus padres ya habían fallecido. Recién en 2010, una prima se acercó a la Secretaría de Derechos Humanos para solicitar información sobre Enrique y se pudo realizar la denuncia e incorporar el grupo familiar al BNDG.

Cabe destacar que tanto la desaparición de Iris como la apropiación de su hijo están siendo juzgadas en el juicio por los crímenes de la ESMA que comenzó en 2013, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 5 de la Capital Federal.

La búsqueda

Frente a numerosas denuncias recibidas por Abuelas, la filial de Córdoba decidió contactar, a través de su equipo de acercamientos, a un joven que presumiblemente era hijo de desaparecidos. El hombre accedió a realizarse los exámenes de ADN de forma voluntaria y el 18 de abril último, el BNDG informó a la Conadi que se trata del hijo de Iris García y Enrique Bustamante.