(Por Mauro Llaneza) Este sábado se constituyó en la estación ferroviaria de Sierra de la Ventana la Coordinadora Pueblos por el Tren que reúne representantes de distintos partidos de la provincia que pretenden recuperar el servicio que brindaba Ferrobaires hasta la suspensión por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal.

“No hay información oficial, no hay términos, no hay plazos, no hay alternativas para que la gente pueda trasladarse afectando muy seriamente sobre todo a las poblaciones de más bajos recursos”, afirmó a FM De la Calle Claudio Setti desde Villa Ventana.

Agregó que “hace unas semanas que venimos buscando la manera de coordinar estas luchas y justamente el sábado nos reunimos varias localidades. Aspiramos a pegar un golpe de conjunto en todas las poblaciones para ser más efectivos, estuvieron representante desde Punta Alta, Brandsen, Bahía Blanca, Pringles, Pigüé, Saavedra, Laprida, Chascomús, Puán, Ituzaingó y por supuesto los anfitriones de Sierra y Villa Ventana y Saldungaray”.

“Durante el transcurso de la asamblea tomamos simbólicamente las vías del ferrocarril que resaltamos que son las vías que nuestros mayores construyeron con su sudor para comunicar poblaciones y no para trasladar la mercadería de las corporaciones dejando afuera a los pueblos, a los usuarios”, comentó.

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Setti informó que con la asamblea de este fin de semana se pasó de la comunicación virtual a una coordinación de actividades que comenzaron este lunes con la presentación de un primer documento al Foro de Intendentes de la sexta sección electoral que se realizó en Pringles, “pidiéndoles que se pongan a la cabeza de esta situación”.

“El mayor mercader de la industria automotriz del país, casualmente ministro de Transporte, (Claudio) Dietrich dijo bien clarito que hay que reforzar el transporte carretero a contramano de la realidad del primer mundo al que ellos aspiran a vincularnos, donde en Europa y en todos lados se refuerza y se trabaja en ferrocarriles que comunican países, ellos plantean todo lo contrario. El ferrocarril acá para el transporte de mercaderías y modificar, mejorar, las rutas y autopistas para poner todas las fichas en el transporte carretero que es antiecológico, antieconómico, que excluye a gran parte de la población y con el recargo que significa en nuestras rutas en estado de abandono y accidentes”, advirtió.

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Por su parte, Valeria, vecina de Saavedra que se acercó a la asamblea en la comarca serrana, aseguró a FM De la Calle que la suspensión del servicio “realmente fue sorpresiva y nos dejó aislados porque somos una pequeña comunidad de dos mil habitantes que el único medio de transporte de larga distancia era el tren y ahora para tomarnos el tren chino que pasa por Saavedra y no para, hay que tomar el colectivo que sale tres o cuatro veces más e ir a Pigüé”.

“La última vez que viajé en tren, en junio, paró en Curamalál, en Arroyo Corto, en Saavedra y después iba a parar en Dufaur, en un tramo de 50 kilómetros, cuatro pueblos dependen de más recursos para viajar en colectivo e ir a Pigüé”, manifestó y agregó que también “perjudicó al comerciante que iba a buscar sus productos para vender más barato, a los estudiantes, a los jubilados. Yo gracias al tren pude estudiar, pude viajar y seguir comunicada con mi familia”. Destacó además la baja de viajes de familiares de detenidos en la unidad penitenciaria y el impacto en la economía local.

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Próximas actividades de la coordinadora:

-Sábado 3 de diciembre de 14 a 19: Jornada Ferroviaria con presentaciones culturales, debate y difusión en el playón de la Estación Sud de Bahía Blanca.

-Domingo 4 de diciembre: difusión de la problemática en la Gran Omelette de Pigüé.

-Sábado 10 de diciembre (horario a confirmar): segunda Asamblea Plenaria en Saavedra.

-Sábado 17 de diciembre: presencia en la conmemoración de los 106 años de la llegada de un tren que ahora no llega a Estación Solier de Punta Alta.

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Documento presentado al foro de intendentes:

La coordinadora PUEBLOS POR EL TREN, que representa diversas asambleas y organizaciones y hasta el momento incluye delegaciones de las localidades de Punta Alta, Bahía Blanca, Pringles, Pigüé, Saavedra, Laprida, Chascomús, Puán, Ituzaingó, Bandsen, Sierra de la Ventana, Villa Ventana y Saldungaray, en lucha por la inmediata restitución de los trenes de pasajeros de larga y corta distancia de ramales privados del servicio, se dirige a los Sres. Intendentes de ese importante foro a fin de solicitarles incorporen en vuestras prioridades la grave problemática que nos afecta y que a continuación detallamos.

El tren cumple un imprescindible servicio social para las poblaciones, permitiendo su traslado a escuelas, servicios de salud, destinos laborales, etc, siendo además un factor central en el desarrollo económico, político y social de los pueblos, poblados y ciudades que conecta.

Resultando de dominio público el amplio abanico de destinos afectados, que son prácticamente la totalidad de los incluidos la  6° SECCION, ocasionando a sus pobladores innumerables inconvenientes, muchos de ellos insalvables al no existir servicios alternativos al alcance de los usuarios, y dejando a muchos otros presa de servicios monopólicos, con tarifas privativas y prestaciones de cuestionable calidad.  La incertidumbre ocasionada por la suspensión inconsulta, absolutamente carente de información y plazos de restitución por parte de las autoridades, se agrava por la situación de los trabajadores del ferrocarril que ven perder, y en los mejores casos, peligrar sus fuentes de trabajo.

Queremos destacar que en otros ramales, mientras se realizan tareas de mantenimiento de magnitud tal que impidan la circulación de los trenes, se ofrecen servicios alternativos a igual costo del pasaje ferroviario, cubierto en forma provisoria por colectivos y combis, hasta la total normalización de los servicios ferroviarios, cosa que no se les ofrece a nuestras poblaciones, desentendimiento que resulta en graves perjuicios, especialmente para las amplias mayorías que obviamente, y como sistemáticamente ocurre, son los pobladores de menores recursos, resultando librados a su suerte al negársele el derecho constitucional a desplazarse libremente por el territorio nacional.

Es por ello que nos resulta de primordial importancia solicitarles su intervención con objeto de interceder ante las máximas autoridades por la urgente recuperación de los servicios ferroviarios, reclamo que entendemos prioritario de los vecinos en los municipios en que ustedes resultaron electos para representar y gobernar.

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El viernes se realizaron elecciones de representantes en los cuerpos colegiados de gobierno de la Universidad Nacional del Sur. La Junta Electoral informó los resultados provisorios mostrando un panorama sin cambios significativos y preponderancia del oficialismo.

El responsable de Prensa de la casa de altos estudios comentó los resultados y detalles del proceso electoral en diálogo con FM De la Calle.

La Asamblea Universitaria, compuesta por 72 miembros, quedará conformada por 16 profesor@s de la Lista Blanca (274 votos), 14 de Línea Phi (231 votos) y 6 de Universidad (107 votos).

También, por 5 docentes auxiliares de Auxiliares del Sur (513 votos), 3 de Línea Phi (398 votos), 1 de Convicción (152 votos) y 1 de Reforma Universitaria (128 votos). La representación de no docentes en este cuerpo será de 1 para la lista Azul (262) y 1 para la lista Celeste (222).

En el caso del alumnado, los votos obtenidos hasta el momento por cada lista son: Unidad: 2770, Generación UNS: 2081; Nueva Universidad UNS: 876; Puño y Letra e Independientes: 335 y Franja Morada: 224.

Como la Junta Electoral resolvió anular los votos emitidos por estudiantes empadronad@s en todas las sedes del PEUZO, cuya participación en estos comicios se reprogramará en instancia a definir por el Consejo Superior Universitario, restan sufragios para conocer con exactitud la cantidad de representantes que podría obtener cada agrupación.

En el Consejo Superior Universitario –se reitera que según los resultados provisorios, y que esta composición puede variar en caso de votos recurridos- la lista Blanca logró 4 consejer@s (275), Línea Phi 4 (232) y Universidad 1 (105).

Las bancas de auxiliares de docencia se distribuirán en 2 para Auxiliares del Sur (522) y 1 para Línea Phi (392). En tanto, Convicción (146 votos) y Reforma Universitaria (137 votos) no lograron consejer@s. El único escaño para el sector no docente fue para la lista Azul (266).

En cuanto a los votos del claustro de alumn@s, se repartieron de la siguiente manera: Unidad, 2790; Generación, 2047; Nueva Universidad UNS, 885; Franja Morada, 233; y Puño y Letra e Independientes 336.

En el caso de l@s alumn@s representantes de cada lista en el Consejo Superior, se aplica la misma salvedad que para la AU respecto a la anulación de las mesas del PEUZO.

Luego de realizarse los sufragios de estudiantes de la zona, se darán a conocer los resultados de las elecciones Departamentales, en donde además de conformarse los nuevos Consejos de cada unidad académica, los colegios electorales tendrán a su cargo la selección de decan@s.

El Padrón Electoral estuvo compuesto por 775 profesor@s, 1622 docentes auxiliares, 7670 alumn@s y 597 no docentes.

Votaron efectivamente más del 82% de l@s alumn@s; casi el 79% de los profesores, más del 73% de los auxiliares y más del 81% de los no docentes. El porcentaje general de asistencia fue cercano al 79% de habilitad@s para sufragar.

Se publicó en el Boletín Oficial una modificación a la ley de drogas 23.737 que incluye a los precursores químicos dentro de la descripción de los tipos penales, faculta al Poder Ejecutivo para confeccionar y actualizar listas de los mismos, y establece la obligatoriedad de inscripción ante el Registro Nacional de Precursores Químicos de aquellas personas físicas y jurídicas que legítimamente utilicen esas sustancias. También se actualizaron las multas dinerarias de varios tipos penales.

La noticia generó dudas y confusión entre autocultivador@s y consumidor@s de marihuana que entendieron que se trata de “una nueva cruzada legislativa” en contra de sus derechos. Para Mariano Fusero, integrante de la Asociación de Pensamiento Penal, la penalización anticonstitucional del autocultivo está intacta y su criminalización sigue librada a la “ruleta judicial”.

“La inclusión de precursores químicos es hasta una deuda pendiente porque hubo mucha confusión también respecto a si estaban contemplados dentro de la ley de drogas”, dijo el especialista en diálogo con FM De la Calle. “Judicialmente se debatían si los precursores químicos -por ejemplo la efedrina o el tolueno que son utilizados para el desarrollo de determinadas drogas como las sintéticas (…)- se consideraban dentro de los términos de la ley como una materia prima o no, o si estábamos hablando, por ejemplo, de la hoja de coca”.

“Para terminar esa confusión es que se incluye claramente el tema de los precursores químicos dentro del texto de la ley, penalizándolos a igual grado que se realiza respecto a otras conductas como es la producción, el comercio, la tenencia para comercialización -no la tenencia para consumo-, etc. No hay ningún consumidor que en la práctica tenga precursores químicos en su poder ni en su casa como para desarrollar una droga de diseño. Se está criminalizando lo que sería la cadena de tráfico”, explicó.

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Fusero subrayó que “el autocultivo ya estaba criminalizado, o sea, con la misma pena que en la actualidad que es de un mes a dos años. La tenencia para consumo personal, que es donde versa el fallo Arriola de 2009, también se encontraba criminalizada y nunca varió la ley a pesar del fallo Arriola. Todo eso no cambia, con lo cual vale la pena aclararlo una y otra vez como para brindar cierta tranquilidad en ese punto, que vale aclarar también que estamos en la misma situación de inconstitucionalidad que antes, no es que estemos bien, ni mejor ni nada. Estamos igual”.

“No hay una cuestión numérica de decir ‘a partir de determinada cantidad de plantas uno puede estar exento de una pena o no’. Es una cuestión de discrecionalidad judicial que es muy peligrosa porque hay fallos que en la práctica dijeron que un número de 110 plantas eran para consumo personal o que no había muestras o indicios de comercialización. Le cabe la duda a favor de la persona, el Estado es el que debe demostrar que esa persona estaba cometiendo alguna conducta de comercio, de tráfico, no es la persona que tiene que demostrar su inocencia”.

“Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires principalmente, por cinco plantas bajaron una pena de prisión de alrededor de cuatro años de cumplimiento efectivo y esas sentencias están hoy por hoy apeladas y las personas pasaron largos meses en prisión preventiva. Es una ruleta judicial: dónde cae, en qué jurisdicción, bajo qué fiscal, bajo qué juez, va a tener un criterio un poco más abierto, más progresista, o un criterio mucho más punitivista de presumir que esa persona estaba cometiendo un acto de tráfico cuando no hay ningún indicio”, afirmó.

Allí continúa vigente la deuda del Congreso de adaptar la legislación al fallo Arriola de la Corte Suprema, situación que “afecta principalmente a las personas más vulneradas, que no tienen acceso a una defensa técnica relevante y se ven compelidos a una criminalización que la mayoría de los casos lleva a una aplicación a veces tardía del fallo Arriola, pero se ven vinculados a todo un proceso penal que ya significa prisión preventiva, estigmatización social, familiar, laboral, toda una serie de perjuicios respecto de los consumidores que afectan sus derechos y causan un daño más allá de que la causa quede en nada”.

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La Defensoría Oficial de Bahía Blanca presentó en septiembre un Hábeas Corpus correctivo ante la Jueza de Garantías N°1, Dra. Gilda Stemphelet por “las inhumanas condiciones de detención de quienes están privados de libertad en la Comisaría Primera de Bahía Blanca”.

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El Defensor Oficial, Dr. Carlos Carnevale, dijo a FM De la Calle que “se establecieron plazos” para normalizar la situación por lo que aún “sigue habiendo 21 personas” y ello “excede la actuación judicial”. El abogado explicó que decidieron darlo a conocer públicamente porque la situación se repite desde hace años. “Llegó a haber 32 detenidos”, informo´.

“La dependencia policial sólo está habilitada para tener a 8 personas detenidas”, sin embargo, “en promedio se encuentran alojadas 30 personas, contando con un solo baño para todas ellas, sin poder acceder al mismo en horas de la noche” (ver fotos).

A esta grave situación se suma al oscuro escenario carcelario que “no cuentan con elementos de seguridad. Algunos incluso deben dormir en el suelo. La comida no alcanza para el excesivo número de personas. Ninguna de las celdas posee luz natural”.

La Dra. Stemphelet comunicó esta grave situación a la Suprema Corte Bonaerense teniendo en cuenta la responsabilidad internacional que podría caberle a nuestro país por el incumplimiento de las reglas mínimas de detención. La Corte ordenó que en forma inmediata se informe a los titulares de los Ministerios de Justicia y de Seguridad de nuestra provincia para que tomen las medidas pertinentes a fin de revertir el estado pésimo en la que se encuentra la Comisaria 1° de nuestra ciudad.

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“Pese a todo lo actuado las condiciones inhumanas de detención no han cesado y por el contrario se ha agravado, por lo que en el día de martes se realizó una nueva presentación ante la Jueza de Garantías en turno, Dra. Susana Calcinelli, “quien ordenó, ese mismo día, el inmediato traslado de TODOS los detenidos fuera dicha dependencia policial”.

En consecuencia, por disposición de la Sra. Defensora General Dra. Graciela Cortazar, funcionarios de la Defensoría Departamental, constataron que pese a lo dispuesto por la magistrada de garantías, hay 21 detenidos, sin que hayan mejorado en forma alguna las inhumanas condiciones de detención en las que se encuentran.

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Ayer por la tarde un grupo de personas de Ingeniero White realizaron una protesta ante los reiterados sucesos de falta de protección ciudadana y cuestionaron la complicidad del poder político encabezado por el delegado municipal, Marcelo Acosta. La marcha “se hizo por los ocho meses del fallecimiento de Ángel y por lo que pasó con el comerciante del supermercado chino”, a quien le rompieron una botella en la cabeza en un aparente intento de robo el domingo, minutos antes de las 20. “Ya se escapa de todo lo que está pasando acá”, dijo a FM De la Calle la tía del joven músico, Viviana Almada.

Tuvieron un encuentro con funcionarios policiales. Estos les comunicaron que reforzarían medidas de seguridad, Sin embargo, Almada sostuvo que “ya no creemos más nada. Estamos todos cansados. White es tierra de nadie”.

Con respecto al comerciante chino, la vecina relató que “a media cuadra de la comisaria” al comerciante “le dan un botellazo en la cabeza y hoy está peleando por su vida. Minutos antes, estos mismos delincuentes habían salido de la Cooperativa (Obrera). La encargada (de la sucursal) llama al 911, los sacan a estos dos malvivientes, los dejan en la vereda y la policía se va”. De inmediato, “cruzan la calle y matan al señor; porque realmente el estado del señor está irreversible”.

En ambos episodios hay un factor común como epicentro del conflicto y blanco de las críticas de la comunidad: el delegado del gobierno municipal, a quien el intendente ha respaldado hasta el momento. En el caso de Ángel, está acusado por la comunidad y familiares de encubrimiento. Con respecto al comerciante, “salió de la policía” la información de que “el señor delegado había dado esta casa a esta gente”.

“Sabemos que a nadie le importa. Sabemos que lo encubren tanto. Sabemos que la corrupción es terrible”, aseveró.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, en cambio, tiene una fluida relación con Alamada a través del Ministerio de Justicia y la Secretaría Privada de la Gobernación. Hoy se reunió con “un abogado porque llegó una pericia de Ángel de Mar del Plata. Aparentemente no participó una tercera persona del hecho”, en referencia a la caída del puente que costó la vida de Ángel.

Algunos medios amplificaron el mensaje como si se tratase de una sentencia judicial. Sin embargo, Almada leyó “la nota en un periódico digital y me comuniqué con el fiscal Zorzano”. El funcionario judicial le dijo que “la nota está muy agrandada y que todavía no se descartó nada”.

(Por Francisco J Cantamutto) El resultado de las elecciones presidenciales abre una etapa de incertidumbres, y para Cambiemos, éstas son malas noticias.

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos ya tienen un ganador. El triunfo de Donald Trump, que parecía imposible meses atrás, abre una nueva etapa para la geopolítica y la economía mundial. Hillary Clinton representaba la continuidad de los proyectos hegemónicos en curso, siendo por ello la candidata del establishment norteamericano. Sus políticas compensatorias lograban conquistar las simpatías de no pocas minorías políticas, pero esto no opaca que la ex Secretaria de Estado y Senadora formó parte de la mayor parte de las decisiones que orientaron el accionar de Estados Unidos en las últimas décadas. Ofrecía continuidad, estabilidad, previsibilidad.

Trump, en cambio, a pesar de ser un empresario multimillonario, no formó parte de la casta política, nunca ocupó un cargo electo. En ese sentido, por llamativo que sea, logró presentarse como un outsider, como alguien que provenía de fuera “del sistema”. Sus posturas profundamente reaccionarias y propuestas carentes de viabilidad desafiaron los límites de una candidatura concebible desde las entrañas del amañado sistema representativo estadounidense. Y sin embargo, logró ser el candidato, y ahora presidente electo, del tradicional partido republicano.

Sea por convicción o por conveniencia, Trump le habló en especial a un segmento de la población estadounidense conocido como “basura blanca”. Se trata de sectores medios venidos a menos, trabajadores empobrecidos por años de políticas neoliberales (de las que Clinton es una de las responsables), sin expectativas de futuro. La pérdida de empleos por la deslocalización de fábricas hacia países periféricos, que ha provocado un estancamiento de los salarios medios en las últimas décadas. El 1% más rico que se apropiaba en 1970 del 9% del ingreso anual pasó a recibir el 21% en 2010. El 10% más rico obtuvo ese último año el 47,9% del ingreso total. La única solución para los empobrecidos trabajadores ha sido el crédito: década tras década han promovido el endeudamiento para compensar la pérdida de poder adquisitivo.

Cuando en 2007 todo estalló por los aires, el Estado aprobó un salvataje de 700.000 millones de dólares… a los bancos. Las grandes automotrices accedieron a mantener algunas plantas en el país solo a costa de quitarles a sus trabajadores gran parte de los beneficios previsionales. Esta población trabajadora está furiosa, y tiene razones para estarlo. Está pagando una fiesta de la que no participó.

La crisis mundial es el escenario de fondo. Tras décadas neoliberales, el espacio para mayores tasas de explotación es limitado, y los recursos remanentes para ser mercantilizados comienzan a escasear. El exceso de oferta tiene al mundo inundado de bienes, lo que presiona a la baja las exportaciones. Muchos países han iniciado una lenta competencia de devaluaciones, para ganar competitividad a costa de los vecinos. Este ajuste reduce aún más la demanda. El mundo crece menos, el comercio es menor. Este contexto guarda parecidos llamativos con lo ocurrido en la década del ’20.

En este marco, el liderazgo económico de Estados Unidos, la potencia hegemónica, se ve erosionado. China se ha expandido de manera sostenida –es responsable del magro crecimiento mundial del último lustro-, y ya ha logrado otro paso en la internacionalización del yuan, ahora incluido en la canasta de monedas de reserva del FMI. En América Latina ha crecido hasta ser el segundo socio comercial e inversor. Pero China aún depende de la demanda estadounidense en su comercio global y mantiene una monstruosa cantidad de bonos del Tesoro norteamericano como reservas, que le exigirían algún tipo de canje para evitar una desvalorización masiva. La Unión Europea en franca crisis no es una alternativa real.

Trump basó su campaña en denunciar esta realidad, desde una posición reaccionaria y conservadora. Es difícil saber cuánto hay de demagogia en su discurso contra el libre comercio, aunque queda claro que su pretensión autócrata, su xenofobia y misoginia son auténticas. Las preguntas son muchas.

En términos económicos, esta victoria ha incrementado la incertidumbre respecto de lo que viene. Las bolsas de valores del mundo, que mostraban ya una tendencia declinante, volvieron a caer ante la noticia. El capital trasnacional prefiere la operatoria irrestricta, y la tendencia proteccionista no le favorece. La reacción es semejante a la del Brexit, pocos meses atrás.

Si Trump y la bancada republicana mantiene la agenda de campaña de revisar los tratados de libre comercio, esto sería una marcha atrás en unos de los ejes más importantes de la agenda estadounidense para la región. México, atado hace más de dos décadas al gigante a través del TLCAN, ya ha sufrido un severo impacto, con una –nueva- desvalorización de su moneda. Colombia, Chile y gran parte de Centroamérica, hoy establecida como una gigantesca maquila que abastece a Estados Unidos, deben estar preocupados. Trump parece decidido en frenar el gran proyecto hemisférico de Obama, el Tratado Trans Pacífico, cuya ratificación en el Congreso requeriría de una veloz gestión antes de fin de año.

El objetivo no sería solo frenar los tratados de libre comercio sino también poner escollos en la internacionalización de las empresas estadounidenses, para favorecer la inversión en el espacio nacional. Eso significaría para nuestra región menor demanda para los productos exportados, y también menor inversión extranjera. A esto se suma además que el programa de Trump sobre grandes proyectos de obra pública –como el famoso muro- junto a recortes de impuestos parece destinado a financiarse con mayor emisión de deuda. El mercado espera subas de las tasas de interés, lo que significa encarecimiento del crédito disponible.

Menos demanda, menos inversión, crédito más caro: ese es el parama esperado para la región, y esto afecta, claro, a la Argentina. Macri había apostado abiertamente por la candidatura de Clinton, para dar continuidad a las tratativas iniciadas con Obama, que lo ponían como referente en la región. Con la victoria de Trump, Macri queda fuera de lugar.

Esto no es solo un problema político, sino económico. Primero, se ve en problemas la agenda de comercio preferente, justo cuando Macri ponía las exportaciones como factor dinámico. Segundo, se suspende por mal tiempo la lluvia de inversiones. Tercero, la deuda, factor aglutinante en el programa de Cambiemos, única fuente de balance fiscal y externo, se encarecerá. Cuarto, el afamado blanqueo promocionado en las últimas semanas, entra en problemas. La banca norteamericana prevé sostener su régimen de secrecía fiscal, y continuar operando como refugio para los capitales que no quieren revelar su origen, monto ni dueño. ¿Por qué volver a Argentina y pagar siquiera mínimos impuestos, si se puede permanecer protegido en un paraíso fiscal? Parece que 2017 será un año difícil.

(Por Equipo de acompañamiento al caso) Es adolescente, pobre y víctima de violencias múltiples: el caso de la jovencita madre de Monte Hermoso y su niño abusado son la evidencia de una problemática social a partir de la cual se deben alcanzar soluciones integrales como una necesaria perspectiva de género y de consideración de las intersecciones de opresiones y violencias.

Estamos ante un caso de imposibilidad del acceso a una justicia justa en términos de derechos, esta sería una justicia que considere la perspectiva de las intersecciones de vulnerabilidades y esto debiera manifestarse en las políticas, los programas, los servicios de salud que abiertamente han reproducido en este caso la violencia de género sufrida revictimizando a dos menores víctimas de violencia sexista.

La jovencita tenía 14 años cuando quedó embarazada de Pablo Baldevenito, de 19 años, en ese momento estudiante para el ingreso a la Prefectura Naval en Ingeniero White. Ella fue víctima de violencia de género desde el comienzo de la relación, acrecentándose en el transcurso de la misma, con el embarazo y cuando es trasladado a Capital Federal a estudiar en Prefectura.

Fue una joven violentada antes, durante el embarazo y luego del nacimiento del niño. Recibía golpes, amenazas, hostigamientos, control permanente incluso al punto de dejarla encerrada junto a su hijo días enteros hasta que el llegaba de su trabajo en la prefectura. Su niño fue víctima también de golpes de este hombre y esto ha sido denunciado por su madre. Estas denuncias todas han sufrido el camino que sufren la mayoría de este tipo de denuncias, han sido “cajoneadas” en la comisaría de la mujer de Monte Hermoso.

El círculo de violencia se sostuvo mucho tiempo, con maltratos, amenazas, hostigamiento, violencia psicológica. La familia de la jóven acude a buscarla a Capital Federal en uno de los episodios de violencia y la trae a Monte Hermoso.

Su padre viajaba a verlo desde Capital Federal. El niño llega un domingo luego de la visita con su padre afiebrado, según el padre “estaba insoportable” por eso le pidió llevárselo a su mamá. El niño es llevado al hospital regional, donde en medio de los estudios le preguntan a la madre si ha sido víctima de violencia, ella informa que sí, ella y el niño, de parte del progenitor. A partir de allí se realizan estudios y se detecta que el niño había sufrido abuso sexual de parte de un hombre que no se pudo identificar la identidad por el tiempo transcurrido para los exámenes de líquidos en el cuerpo del niño.

Luego de un mes de internación en el cual la joven recibió hostigamientos de Pablo Baldevenito para que retire las denuncias de violencia de género, amenazas incluso con ostentación de uso de arma reglamentaria, acusaciones del progenitor del niño de que culpa suya de no haber accedido a volver a estar en pareja estaba en esas condiciones el niño.

En todo ese mes el hombre vio al niño, no se restringió desde la fiscalía a cargo del Fiscal Mauricio del Cero a ninguno de los seis hombres de la familia que podrían ser sospechosos ya que se menciona al círculo familiar como suceptibles de ser considerados responsables del abuso. No hubo investigación en el mes en que se conoció el hecho que permita dilucidar o al menos alejar al niño de posibles abusadores, si se condenó a la madre. Recibió maltratos, acusaciones, humillaciones de parte del personal del hospital.

El Consejo Local de Niñez y Familia elaboró un informe basado prácticamente en información proveniente de informes médicos del hospital que no consta ningún peritaje que permita acusar a la madre del abuso, además se basó en entrevistas a la familia del padre, quienes salieron en los medios durante todo el mes en que el niño estaba hospitalizado acusando a la madre del niño de la situación.

El juez de familia Orlando Daniel Mattii (juez suplente), firmó la solicitud del Consejo Local de Niñez y Adolescencia de autorizar una medida de “abrigo compulsivo”. Desde ese día, por autorización de este juez a que se utilice la fuerza policial, el niño fue traslado en un móvil policial a una institución denominada “Casa del Niño” en Punta Alta. La madre se encuentra en Monte Hermoso a 90 km. de distancia y puede ver cada dos días a su hijo, el régimen de visitas favorece al padre quien puede seguir viéndolo con mayor asiduidad que la madre y no se ha restringido la visita a ningún hombre de la familia.

Su abogado Leandro Aparicio está denunciando tanto estas violencias de género que la joven venía atravesando como así también la violencia institucional de la que ha sido víctima. Estamos ante una situación de revictimización, de vulneración de derechos que como madre adolescente le asisten, de una inexistente perspectiva de género en el abordaje del caso en cada una de las instancias de la política pública.

Estamos ante una intersección de opresiones que se consolidan en el acto judicial y policial -ya que fue con la presencia policial que se le retira el niño de sus manos en el hospital- de alejar a la madre de su hijo en una acción acusatoria de la mujer.

Las circunstancias de mayor vulnerabilidad en la que se encuentra esta joven por su edad, su condición social, haber visto interrumpida su escolarización, por ser víctima de violencia de género, son las que justamente obligan al estado a garantizar una mayor protección, a tener un “plus” o “extra” de cuidados y garantías de parte de los actores estatales intervinientes.

Esto no sólo se encuentra consignado en el Código Civil sino que también se encuentra establecido por la Ley de Violencia de Género, por los pactos y tratados de Derechos Humanos que gozan de jerarquía constitucional y supra legal.

Este jueves el Frente Gremial Docente realizará un nuevo paro en demanda de la reapertura de la paritaria en la provincia de Buenos Aires tal como habían acordado con la gobernadora meses atrás. “Llegamos a fin de año bastante angustiados y devastados porque habíamos entendido que este gobierno había puesto en su agenda como puntos número uno la salud y la educación y ya estamos a casi un año y seguimos en iguales o peores condiciones que antes”, dijo a FM De la Calle Paula Repetto.

La dirigenta del Centro de Educadores Bahienses aseguró que “estos reclamos y este paro son la consecuencia de todo lo que el gobierno no hace y eso lo queremos dejar bien en claro porque muchas veces se pone la culpabilidad en el docente sin mirar que estuvimos todo un año esperando y haciendo reclamos, pidiendo que nos convoquen a las mesas técnicas salariales porque a nuestros sueldos la inflación los ha superado ampliamente y ya no nos alcanza, pero también está la otra cuestión que tiene que ver con las condiciones de salud laboral”.

Desde el Frente Gremial advirtieron que “la pérdida del poder adquisitivo proyectada es superior al 10%” y que persisten las irregularidades en el cobro de los salarios. Tampoco se garantiza la cobertura total de cargos ni las condiciones dignas de enseñar y aprender por la no inversión en infraestructura.

“El presupuesto en la provincia de Buenos Aires se reducirá en un 3% ($16.533.000.000) que equivale, entre otras cosas, a la construcción de 1764 jardines de infantes y 998 escuelas secundarias. Se redujeron y congelaron los cupos, siendo además insuficientes las partidas para los Comedores Escolares (SAE) dada la subejecución del Presupuesto Educativo 2016. En provincia se destinan $12 para la dieta alimentaria por alumno y en CABA más de $40”, plantearon los sindicatos.

El fiscal Eduardo Zaratiegui dijo a FM De la Calle que la muerte de Gabriel Burgos Melo se debió a “una infracción a las normas de seguridad e higiene y consecuentemente este accidente”. Agregó que cuando se refiere al término “accidente” lo hace “entre comillas porque realmente esto no es un accidente como podría ser un rayo en la calle: es consecuencia directa a esta infracción a las normas”.

La causa está caratulada como “homicidio culposo y lesiones culposas”.

Las pruebas las tomó “gente de policía científica” y serán “objeto de pericia”. Para el fiscal “parecieran ser responsables el director técnico de la obra y el responsable de seguridad e higiene de la misma”, desde el punto de vista penal.

Según el funcionario judicial, con la documentación acumulada hasta el momento, habrían fallado “las paredes de contención laterales que debieron haber estado colocadas. En toda zanja que tiene cierta profundidad debe haber medidas para evitar el derrumbe. En zanjas de profundidad no es excepcional que se produzcan deslizamiento de tierras y en consecuentemente derrumbes”.

“Además ahí el terreno es muy arcilloso, seguramente había filtración de agua de los desagües fluviales y la misma vibración del tránsito y de las máquinas que trabajan pueden provocar este deslizamiento”, explicó.

De esta forma, la investigación penal apunta a los responsables directos encargados de la seguridad en la empresa Mapsa Ingenieria.

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Algunos bloques del Concejo Deliberante discuten modificaciones o propuestas alternativas al proyecto de Integración Ciudadana para “dejar sin efecto todo procedimiento administrativo que permita o habilite por parte del Municipio concursos de belleza”. Según la edila Betiana Gerardi, desde el Frente para la Victoria apuntan “a algo mucho más serio y más amplio”.

La iniciativa de Miriam Iantosca (IC) cuestiona las elecciones de reinas por “discriminatorios, sexistas y propiciadores de violencia simbólica” y advierte que el Estado debe velar por “la protección de las mujeres y niñas, quebrando el paradigma de la cosificación de la mujer y promoviendo medidas que eviten la violencia simbólica, en el marco de la ley 26.485”.

El jueves, cuatro meses después de su presentación y luego de escuchar opiniones a favor y en contra desde la Banca 25, las firmas de Integración Ciudadana no alcanzaron para que el tema sea debatido en sesión. Un grupo de militantes feministas -que esperaron tres horas sin ningún tipo de explicación- mostraron su enojo y preocupación ante la falta de compromiso del cuerpo en la toma de medidas contra la violencia machista y para la adecuación de las normas municipales a la legislación nacional.

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Verónica Bajo de Acciones Feministas dijo apuntando su megáfono a las espaldas legislativas: “No queremos ver a ningún concejal o concejala en las marchas del #NiUnaMenos, no nos vamos a cansar de escracharles porque no pueden dar tantas vueltas para pensar que una piba desfilando en tanga es violencia simbólica o no. Están avalando que se midan mujeres en una fiesta, que les midan las tetas, la cintura y el culo, ¿no les da vergüenza? ¿Qué tienen que discutir?”.

“¿Cómo pueden tener esta cara, las mujeres, cuál es la sororidad, la solidaridad de género? Quiero saber, mujeres, ¿dónde estaban la noche de Micaela? ¿Estaban con las chicas? Tienen que votar esto porque es todo el mismo circuito de violencia patriarcal y machista, gente, se están equivocando muy mal, están equivocando el camino, nos da mucha pena tener que irnos de esta manera de este recinto”, afirmó Silvia Palumbo, integrante de DesBandadas.

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La secretaria de CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego, Ana Canullo, agregó que “no pueden no sensibilizarse con esto, espero que mañana esto salga en todos los medios, lo que los concejales y las concejalas se negaron a tratar hoy, no se los vamos a dejar pasar y las vamos y los vamos a seguir escrachando porque se trata de la salud, de la salud de niñas, de adolescentes, de mujeres, no es una pavada”.

El día después

Para la autora del proyecto “era innecesario lo que pasó el jueves porque venimos preguntando qué le falta, las organizaciones visitaron los bloques para ver si necesitaban alguna información porque sabemos que esto es un cambio cultural y que se necesita un tiempo”.

“Creo que fue un tiempo prudencial, semana a semana, trayendo diferentes propuestas, llevando herramientas y que el día anterior no dijeron que no lo iban a tratar como el jueves anterior que sí me pidieron que lo bajara. Tienen razón las organizaciones, nadie bajó a explicarles las otras agrupaciones políticas que estaban ahí que sabían cómo son los tiempos legislativos o qué es lo que podía llegar a pasar, eso motivó el enojo, el silencio, e inclusive cuando hablaban no las miraban”, dijo Iantosca.

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En diálogo con FM De la Calle, Bajo ratificó que “nadie nos dio ningún tipo de explicación” y calificó la negativa a debatir la ordenanza como “un boicot muy importante”. Destacó que “si hay un proyecto superador se podrá discutir más adelante pero por lo menos debemos desvincular a la Municipalidad de la elección de la reina o de los concursos de belleza”.

La intención de “profundizar un poco más el tema de la cosificación de la mujer, que no quede solo en una prohibición sino que vaya más allá, apuntando a un tema educativo, a una concientización” fue evidenciada por Betiana Gerardi, presidenta de la Comisión de Educación. La legisladora aseguró que el “gesto” de Educación fue despachar el proyecto a la comisión de Legales para mostrar que “seguimos discutiendo el tema”.

“Se le presentó de parte de Cambiemos un despacho alternativo a Miriam Iantosca del cual no aceptó los cambios que se estaban haciendo, pedimos que pase al Consejo Local de Mujeres y que sean las propias mujeres las que charlaran y conversaran tanto del proyecto de Iantosca como de este despacho que había hecho Cambiemos. En el Consejo Local de Mujeres -que fue el día miércoles- no se llegó a un acuerdo, no pusieron ninguna objeción, no hicieron cambios ni nada por el estilo entonces el jueves a la mañana estuvimos trabajando sobre el tema”.

“Como concejales nos enteramos que el tema se iba a tratar el jueves por las redes sociales y no por lo que nos corresponde que es el orden del día”, se quejó.

Para Gerardi “los concursos de belleza llevan a la cosificación de la mujer pero estamos diciendo que eso solo no resuelve el tema de la cosificación de la mujer, queremos ampliar un poquito más lo que tiene que ver con esta ordenanza o armar una distinta si no llegamos a un consenso de un despacho conjunto”.

Ante el pedido de detalles sobre el borrador, la concejala afirmó: “Si nos llamás la semana que viene te presentamos el proyecto conjunto para no poner a discusión algo que lo estamos charlando acá en el seno del Concejo Deliberante”.

Fue la de Gabriel Burgos Melo. Hay tres heridos más. El joven trabajaba para Mapsa Ingeniería. Su muerte ocurrió ayer, luego de un derrumbe, en calle Soler al 100 en el marco de la realización de un trabajo de tendido eléctrico. La justicia deberá investigar si estaban dadas las condiciones de seguridad pertinentes.

Al respecto, el referente de la UOCRA Guillermo Molina dijo a FM De la Calle que “la zanja se derrumba porque la empresa se corre del proyecto original y decide socavar 30 centímetros más por debajo del encofrado de la vereda lo que hace que esta ceda”.

“Era un frente de trabajo que estaba por fuera del programa de seguridad elaborado por esta obra. El programa de seguridad lo hace un ingeniero en seguridad de acuerdo a las características de cada tipo de obras. En el desarrollo de la obra el técnico en seguridad es que el que va haciendo cumplir ese programa”, explicó.

“Evidentemente, ayer no había ni un técnico comprobando que se lleve a cabo. No es habitual” que se trabaje un domingo, “sobre todo en esta obra donde el comité no autoriza a trabajar los fines de semana. Ha sido una decisión extemporánea de la empresa. Tendrá que dar explicaciones”.

El sindicato hizo cinco denuncias contra esta empresa en el Ministerio de Trabajo por la obra en cuestión y otras. “Los organismos de contralor son el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección de Obras Municipal que es la que libera los permisos. No tenemos constancia de que hayan hecho los controles”.

Por su parte, la Secretaria General de la CTA Bahía Blanca Coronel Dorrego, Ana Canulo, dijo a este medio que año a año la estadística de muertes por precarización laboral “se va engrosando. La precarización laboral se lleva estas vidas. (En) estas empresas son todos trabajadores tercerizados. En este caso trabajaba para EDES pero es contratista de otras empresas como ABSA”.

“Un domingo al medio día cuando muchos jóvenes salieron a divertirse, este pibe estaba trabajando, seguramente ganaba dos mangos y perdió la vida en una zanja. Da una amargura tremenda pensar que la vida nuestra vale dos mangos y que la ganancia de las empresas siempre es prioritario”, agregó.

La dirigente observó que “ahora todo el mundo sale a excusarse” (en referencia a los escuetos comunicados emitidos por autoridades municipales y provinciales)  y que “es al Estado a quien tenemos que exigirle que controle a estas empresas y les exija todas las medidas de seguridad”.

Al momento de las primeras tareas de auxilio, fueron agredidos periodistas y personal de prensa abocado a cubrir lo ocurrido.

 

(Por Giuliana Crucianelli) “Quiero contarles lo que me pasó. Los medios son un recurso importantísimo en la búsqueda de una nena”, dijo Mónica Cid, la mamá de Micaela Ortega en la charla sobre violencia simbólica y mediática organizada por ¿Quién Te Juna? y el Frente Julieta Lanteri. Además, disertaron Verónica Bajo de Acciones Feministas y la periodista Virginia Calzada Frache.

La violencia simbólica está tipificada en la ley 26.485, aprobada en 2009 y reglamentada en 2011, y es la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca la desigualdad, discriminación y subordinación de la mujer en la sociedad.

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“Estamos cansadas del doble discurso de lxs concejalxs, se sacan fotos con el cartel del #NiUnaMenos para después aplaudir o avalar la violencia simbólica”, dijo Verónica Bajo, impulsora del proyecto para desalentar la participación del Estado en los concursos de belleza. “Después de más de  cuatro meses desde que la concejala presentó el proyecto no lo quieren tratar. Hay resistencia,  falta de interés y falta de compromiso”, agregó.

Virginia Calzada Frache se refirió al rol de los medios en casos de violencia de género y femicidio. “Como primer paso para que seamos visibles, tenemos que nombrarnos. El lenguaje no es algo menor, es fundamental. Hay que empezar a incluirnos”.

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Señaló que hay que empezar a hablar de todas las violencias además del femicidio, violencia sexual, económica, psicológica y en los diferentes ámbitos tales como el doméstico o institucional.

“¿Para que nos sirve a los medios publicar ciertas cosas? ¿Ayudan? Hay cosas que no, hay cosas que son puro morbo”, concluyó la periodista respecto a la necesidad de preserva r la intimidad de la víctima.

“Siempre tuve bien claro qué necesitaba de los medios, que mostraran su cara, el número de teléfono y que era de Bahía Blanca. Cuando llegaron los medios nacionales me pidieron cosas de Mica, yo las mostré. Y después me pidieron que les muestre el cuarto, yo tenía el pedido de la policía de no dejar entrar por resguardo del lugar. Y la noticia fue que la mama de Micaela ocultaba información. Innecesario”, señaló Mónica Cid.

La mamá de Mica afirmó que “tenía que decirle a mis amigos y familia que no lean los comentarios, que no contesten. Y en uno de los diarios decía ‘“La nena de Bahía Blanca tenía más de cinco perfiles de facebook’, era innecesario. ‘¿Dónde estaba la mamá de Mica cuando ella estaba en facebook’, eso duele”.

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“Cuando publicaron la carta no querían buscar una nena que estaba perdida, querían seguir matando a la familia de Mica y a la nena”.

Parafraseando a Rita Segato, la violencia simbólica es la madre de las violencias y cuanto más sutil es, más efectiva se vuelve.  Es como una gota que cae siempre en el mismo lugar, durante un tiempo no va a hacer nada, pero cuando esa misma gota cae por años en el mismo lugar hace desastres. Por eso es tan importante concluir con los concursos de belleza que ponen como objeto  a las mujeres cada día más, que se entrelazan con montones de actitudes violentas  y terminar de una vez con todas aquellas formas que toma el patriarcado para violentarnos. Porque no queremos otra Katherine, porque no queremos otra Micaela.

(Por Francisco J Cantamutto) El jueves pasado Diputados dio media sanción al primer proyecto de presupuesto de Cambiemos, se espera que Senadores lo pasen durante noviembre.

Cambiemos se anota un triunfo más en su haber, logrando que la Cámara de Diputados diera por aprobado su proyecto de presupuesto para 2017. Se pasó al Senado, a la espera de que sea tratado en el curso de este mes, con lo cual Macri tendría así su primer presupuesto propio –recordemos que gobernó hasta ahora con el proyecto aprobado del kirchnerismo saliente en 2015.

Se trata de un nuevo triunfo de Cambiemos en el Congreso, donde tiene apenas una minoría de representantes, y donde sus dotes políticas aparecen con mayor claridad. En el gobierno nacional están sobrerrepresentados los elementos empresariales, lo que ha fomentado la interpretación de que se trata de una CEOcracia. Sin dudas, hay parte de verdad ahí, una cierta ceguera frente a los efectos de sus decisiones, especialmente respecto de los costos sociales.

Pero esto no nos puede ocultar la existencia de hábiles políticos en el elenco de Cambiemos. La capacidad de Peña o Frigerio para negociar especialmente con gobernadores y obtener su anuencia –lo que prácticamente garantiza el resultado en Senadores- ha sido probada varias veces. Dentro de Diputados, Monzó y Massot son apenas dos de los operadores clave del resultado de 177 votos a favor, que incluyó no solo los votos del frente (PRO, UCR, CC) sino también del GEN, Frente Renovador, el bloque Justicialista, y no pocos kirchneristas. Se repite así la misma clase de éxito que con el pago a los fondos buitres o con la ley de blanqueo.

El procedimiento de Cambiemos merece atención, pues demuestra una habilidad probada. Se trata de enviar a discusión amplios proyectos con dos características: profundamente reaccionarios y con una gran mezcla de temas. De esta forma, la atención y el debate público no pueden contener por igual a todos los elementos en discusión, enfocándose en algunas partes. Por otra parte, las exageradas propuestas dan al gobierno amplio espacio para negociar lo que se presenta como “concesiones”, que son siempre parciales. Las diferentes fuerzas políticas negocian así elementos dispersos y puntuales, lo que permite que el proyecto global no solo logre aprobarse sino que además incluya siempre una parte sustancial del objetivo original. Y accesoriamente, permite a Cambiemos presentarse como el cenit de la democracia, siempre dispuesto al diálogo, a reconocer “errores” y conceder a sus interlocutores. Siempre que no altere los fundamentos de su proyecto.

El caso de Ciencia y Tecnología de este presupuesto ilustra a la perfección lo que decimos. El gobierno envió un proyecto que recortaba las asignaciones a esta área tanto como proporción del gasto total como en términos reales. Se proponían $31.700 millones, casi un 9% por debajo de los $36.000 millones necesarios para sostener la política de desarrollo científico de acuerdo los lineamientos existentes. La reacción del sector no se hizo esperar, multiplicándose las acciones mediáticas y en las calles –el 24 de octubre se realizó un multitudinario acto frente a Congreso. Cambiemos terminó proponiendo una asignación extra de $1.200 millones, lo que es la cuarta parte de lo recortado. Para las universidades nacionales se propuso un incremento de mil millones de pesos, que apenas afecta la partida total de $60 mil millones.

De modo que la atención se centró estas semanas en uno de los aspectos más criticables del proyecto –recorte a la investigación- pero dejó relativamente de lado otros elementos, como las menores asignaciones para dar continuidad a los juicios de lesa humanidad. Al mismo tiempo, Cambiemos concedió otros aspectos, como subas en el ministerio de agroindustria o en protección de bosques nativos, lo que en últimas le garantizó la aprobación del proyecto general. Demostró así su capacidad de hábil negociador.

¿Cómo hizo estas concesiones? Intensificando el aspecto central de su proyecto: la toma de mayor deuda. Es muy relevante, pues, según un reciente informe, 2016 cerraría con una emisión cercana a los 50.000 millones de dólares, un auténtico récord de la emisión descontrolada. Es relevante marcarlo: la deuda ha cubierto el pago de deuda y gastos corrientes, sin ningún beneficio de mediano o largo plazo para el país. La deuda cubrió fuga de capitales, la avalancha de importaciones, y la pérdida de recaudación por la baja de las retenciones, entre otras. Un auténtico festival de endeudamiento, casi sin paralelos en la historia.

Con un déficit fiscal al alza, Cambiemos ha intensificado irresponsablemente la emisión de deuda, a tasas de interés que duplican y hasta triplican el promedio de lo que se paga en la región. El arreglo con los buitres no ha mejorado en nada las finanzas nacionales, al contrario. No solo se toma deuda como forma de financiar el gasto, sino que también se emiten pesos. Para controlarlos, el Banco Central está emitiendo Letras –que aún pagan por encima del 28% anual en pesos- que las estimaciones privadas ubican como una masa equivalente al total de pesos circulando en la economía. Una auténtica bomba de tiempo, habilitada para corridas cambiarias de gran velocidad.

Este mecanismo, en el presupuesto 2017, está atado a lo que se prevé será la principal herramienta para el año electoral: el incremento de la obra pública, en torno al 39%. Este punto es central, pues se traslada a las provincias e incluso a los municipios: se habilitan nuevas obras a ser financiadas con toma de deuda, en los tres niveles del Estado. Este mecanismo es central para negociar los acuerdos con gobernadores, y de allí, con Senadores.

En el ínterin, mezclando temas, Cambiemos logró además la aprobación parcial del proyecto de iniciativa público-privada. Se trata de una forma cruel de privatización de la planificación, que al mismo tiempo estatiza todos los riesgos: los medioambientales, la conflictividad laboral y la búsqueda de financiamiento. Privatización de los beneficios y socialización de los costos. Un seguro que se puede comparar con el que Cavallo diera a las empresas privadas (incluyendo al grupo Macri), y que desde 1982 explican la mitad de la deuda pública pagada por todo el pueblo argentino. Esta ley es una de las adecuaciones previstas en la orientación general hacia el Tratado Trans Pacífico propuesto por Estados Unidos.

El presupuesto vuelve a fantasear con perspectivas de crecimiento (3,5%), sin argumentos que lo sostengan. Recordemos que el PBI cerraría 2016 con una caída de alrededor del 2%, cuando todos los organismos internacionales preveían un resultado menos duro. La inflación se prevé en el 17% y un dólar a casi $18, lo que en los hechos apenas compensaría los nuevos aumentos de precios, sin ganar competitividad por la vía devaluatoria. Se propone así continuar con la valorización de activos financieros y actividades protegidas, como las de servicios públicos, para las cuales se prevén nuevos incrementos de tarifas.

De conjunto, Cambiemos ha logrado media sanción a un proyecto de ajuste y financierización de la vida social, cuyos beneficios nos serán esquivos, cargando en cambio con todos los costos.

Este sábado se cumplen cinco años del asesinato y desaparición del cuerpo del trabajador golondrina Daniel Solano en Choele Choel. El grupo de Mujeres Originarias por el Buen Vivir lo recordará y reforzará el pedido de justicia con la proyección de la película “¿Dónde está Daniel Solano? Diario de una causa” con la participación del abogado de la familia y autor del documental, Leandro Aparicio. Será el domingo a las 18 en Sixto Laspiur 456.

Las organizadoras afirmaron que “el genocidio de los pueblos originarios no lo practicó solo el colonizador, sino que esto se viene practicando desde la emancipación, con múltiples tratados que se violaron avalados por el Estado. A fines del siglo XIX el Estado argentino también creó campos de concentración, desapareció personas, torturó, asesinó y robó niña/os, estas acciones sistemáticamente fueron ejercidas por el poder. En la actualidad los pueblos originarios vivimos un genocidio por omisión, ya que se intenta invisibilizar, la realidad en la que vivimos hoy en las ciudades o zonas rurales”.

Daniel era un joven guaraní de Misión Cherenta, Salta, que viajó a trabajar como miles de jóvenes a más de dos mil kilómetros para recolectar fruta en Río Negro. Percibió una estafa millonaria perpetrada entre la tercerizada Agro Cosecha S.A. y la multinacional Expofrut y lo compartió con sus compañeros.

En los estudios de FM De la Calle, Leandro Aparicio brindó detalles de la investigación realizada junto a su colega Sergio Heredia que da cuenta de un entramado mafioso que involucra a las empresas, la justicia, la policía y la política.

“Los testimonios dieron mucha información y siguen ratificando la presencia constante y nefasta de La Nueva Provincia actuando en conjunto con la justicia de entonces, con el juez Madueño y sus secretarios Sierra y Girotti y el aparato represivo, ese tridente en combinación y los efectos que produjeron acá en la zona”, dijo a FM De la Calle el fiscal José Nebbia tras las primeras declaraciones del juicio Ejército III.

Las audiencias se reanudarán el martes 15 a las 15 y el miércoles 16 desde las 9 en Colón 80 de Bahía Blanca.

El tribunal aseguró que se desobedeció la orden, motivada en una queja de la Fiscalía, para que las fuerzas de seguridad se encarguen del traslado de los represores Noel, Salinas y Laurella Crippa quienes hasta ahora concurren solo con sus cuidadoras. Nebbia comentó que el martes “a la salida se retiraron y pasaron por medio de los familiares, los sobrevivientes y las hijas, con sonrisas socarronas –provocando, básicamente- y eso es muy violento”.

El martes la audiencia comenzó casi una hora después de lo previsto por la demora en el traslado de los imputados alojados en la unidad de Villa Floresta. “Brujas de mierda”, dijo el condenado Walter Bartolomé Tejada al pasar cerca de la abogada querellante Mónica Fernández Avello y las dos hijas de desaparecidxs que la asisten. Frente al tribunal, el ex segundo jefe del Departamento II Inteligencia del V Cuerpo de Ejército prefirió callar y dar lástima con sus supuestas dolencias. Otros siete represores acompañaron su silencio por videoconferencia desde Capital.

La excepción fue Enrique José Del Pino, miembro del Batallón de Inteligencia 601, quien por su “destacada” participación en el Operativo Independencia al mando del general Adel Vilas fue requerido por éste como jefe de su custodia en comisión en el V Cuerpo de Ejército y participó en operativos de secuestro. “Colombres” dijo a los jueces que no tuvo relación con la represión en la ciudad sino que vino en varias ocasiones asignado a reforzar la seguridad de Vilas y su familia ante supuestas amenazas del PRT-ERP y ofreció “sus condolencias” a “todas las víctimas de ambos contendientes en este absurdo conflicto”.

El primero de los testimonios fue el de Ricardo Ángel Bustos, integrante de una familia de militantes peronistas particularmente perseguida durante la dictadura y sobreviviente de La Escuelita. Su vecino y amigo de la infancia, José Azpiroz, relató cómo fue secuestrado en el marco del operativo militar en torno a la casa de Bustos y mantenido varios días en cautiverio.

Josefina de las Nieves Álvarez fue secuestrada en dos ocasiones y recluida en La Escuelita en 1976 y en la cárcel de Villa Floresta en 1978. Sus torturadores le hicieron identificar a militantes barriales en una serie de fotos carnet.

Al día siguiente abrió la sesión Paula Lazer, hija de Laura Manzo, militante peronista secuestrada por efectivos de la policía bonaerense a fines de 1975 junto a María Emilia Salto y Daniel Bombara, primer desaparecido bahiense. Sobre el mismo caso fue convocada Gladys Inés Espíndola Vera, amiga de Manzo.

María Cristina Prado, militante del Partido de los Trabajadores Socialistas, declaró sobre un operativo en el departamento que compartía con dos estudiantes de la UNS que fueron capturados ilegalmente en julio de 1976 y cómo un par de meses después ella misma fue secuestrada en Coronel Dorrego. Estuvo en La Escuelita y en las cárceles de Villa Floresta y Devoto donde compartió cautiverio con varias víctimas de la causa.

También hizo su aporte la titular de la APDH Neuquén, Noemí Labrune, quien llegó a entrevistarse durante los años de impunidad con algunos de los guardias del mayor campo de exterminio del V Cuerpo de Ejército para dar con el paradero de las personas desaparecidas y los bebés nacidos en cautiverio.

Liliana Beatriz Griskan describió cómo un choque de autos entre su hermano y el represor Alejandro Lawless derivó en una represalia y persecución contra su familia que incluyó un despliegue militar alrededor de su domicilio, el cautiverio en dependencias militares y la tortura contra su hermano mientras realizaba el servicio militar -del cual había sido exceptuado por problemas de salud- en Colonia Sarmiento.

Pedro Alberto Golub fue encerrado en el gimnasio del Batallón de Comunicaciones 181 por reclamar por el paradero de su hermano secuestrado en Mayor Buratovich y aseguró que allí se encontró con Jorge y Raúl Griskan.

Las reseñas de cada una de las declaraciones mencionadas serán ampliadas y publicadas en www.juiciobahiablanca.wordpress.com en los próximos días.

La Secretaría de Gestión Ambiental del Municipio informó que el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) infraccionó a la empresa Profertil S.A. por emisión de ruidos molestos. El episodio se produjo a las 6:27 durante la parada de la planta por una falla en un equipo de proceso.

La emisión fue registrada por la estación de monitoreo acústico continuo del CTE y constatada por los inspectores. Luego de analizados los registros de niveles sonoros y realizados los cálculos correspondientes se determinó que el mismo superó los límites legales para emisión sonora en horario de descanso.

Se recibieron dos denuncias por ruidos molestos de vecinos de Ing. White.

El acta de infracción será enviada, junto a un informe de lo sucedido, al Organismo Provincial para Desarrollo Sostenible (OPDS).

Horas antres, la compaía había comunicado a la prensa que “por inconvenientes operativos en uno de los equipos de producción” había iniciado las maniobras para de sacar de servicio parcialmente la planta de amoníaco del complejo de Cangrejales.

En ese contexto advirtieron la posibilidad de que se observe “mayor luminosidad” en las antorchas de proceso y, “eventual y esporádicamente, un incremento del nivel sonoro habitual”.

Hoy se reanudará el juicio Ejército III en Bahía Blanca con la quinta audiencia a las 15 en Colón 80. Se espera que finalicen las declaraciones indagatorias con el grupo de imputados que sigue el debate por videoconferencia desde los tribunales porteños y comiencen luego las testimoniales. El miércoles la actividad será de 9 a 15. Las audiencias son abiertas para mayores de 18 años que concurran con DNI y grupos de estudiantes de entre 16 y 18 acompañados por docentes con permiso del TOF.

Días atrás la mayoría de los 34 imputados pasó frente a los jueces y se negó a ampliar sus defensas con excepción del ex jefe del Batallón de Comunicaciones 181, Jorge Enrique Mansueto Swendsen, quien se dispuso a responder preguntas a pesar de la recomendación de su defensor. El represor, ya condenado a prisión perpetua, intentó limitar su responsabilidad a la conducción de la mencionada unidad militar deslindando injerencias en la jefatura del Área 511.

Por otra parte, el tribunal aceptó sumar las acusaciones por dos nuevas víctimas a los imputados Juan Manuel Bayón y Osvaldo Páez y rechazó incorporar dos genocidas del Ejército al banquillo. El defensor oficial Gustavo Rodríguez pidió la prescripción de los crímenes investigados y el fiscal Miguel Palazzani enmarcó el planteo en “un reflujo de discursos negacionistas del genocidio”.

Durante la tercera audiencia, el 18 de octubre, se informó que los secretarios del tribunal relevaron las cárceles de Villa Floresta y Saavedra para evaluar las condiciones de detención de algunos de los militares juzgados.

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Distintos actores judiciales de la provincia y los propios internos “comunes” de la UP4 denuncian permanentemente el hacinamiento y las violaciones a los derechos humanos. No parece ser el caso de los detenidos de lesa humanidad que cuentan con “un espacio común con cocina, un baño y cuatro habitaciones” para seis y un pabellón contiguo para otros cuatro.

A pesar de ello, algunos volvieron a sus “unidades de origen” tras las indagatorias y esperan la resolución de los pedidos de arresto domiciliario y “medidas paliativas”. En la UP19 hubo quejas por faltante de colchones pero ahora cada uno tiene el suyo.

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Finalizada la lectura de la acusación el juez José Mario Triputti declaró abierto el debate y el fiscal Palazzani pidió la acumulación de dos tramos de la causa Ejército.

El primero se terminó de investigar el 19 de agosto e incluye a Raúl Esteban Andrés y Luís María Delaico. Andrés fue oficial de Estado Mayor, ayudante del jefe de la Unidad y jefe de Sección de la Compañía del Batallón 181 y Delaico comandó el Batallón de Arsenales 181 con sede en Pigüé.

Palazzani argumentó que se trata de represores de la misma fuerza y cadena de mando que integraron varios de los acusados, que su incorporación ampliaría el universo de víctimas y que de no sumarse ahora los militares llegarían a juicio “en tres o cuatro años”. El otro tramo fue instruido hasta el 16 de septiembre y agrega casos a los imputados Páez y Bayón.

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Respecto a este último punto los jueces pidieron a las partes que ofrezcan prueba por los hechos padecidos por Carlos Oscar Trujillo y Ángel Enrique Arrieta y, por otro lado, rechazaron la solicitud sobre Delaico y Andrés porque “no se trata de los mismos acusados ni víctimas”.

El defensor oficial Rodríguez pidió en un prematuro alegato la extinción de la acción penal de sus 23 representados por la prescripción de los hechos. El fiscal Palazzani destacó que el reclamo “es un tema por demás saldado en los tribunales del país” con 167 sentencias que lo rechazaron y que ni siquiera sostiene la defensora general Stella Maris Martínez, jefa del abogado.

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“Gran parte de este país cuando escucha los testimonios de las víctimas y los familiares todavía, por suerte señor presidente, temblamos de indignación”, dijo el pampeano y agregó que lo de su colega se enmarca en “un reflujo de discursos negacionistas del genocidio”. El TOF difirió su resolución hasta la lectura de la sentencia.

Finalmente, el teniente coronel y defensor particular Mauricio Gutiérrez recusó a los jueces porque, a su entender, en la redacción de la sentencia del primer juicio sobre los hechos padecidos por Rubén Alberto Ruiz “existe un pronunciamiento respecto de la responsabilidad de Cáceres, Nilos, Rojas y otros imputados” aunque los jueces no hicieron lugar al planteo por extemporáneo y falto de argumentación.

Con participación de integrantes de Concejos Deliberantes, de organizaciones ambientales y habitantes de varios partidos de la Cuenca de Claromecó, se realizó el viernes en Sierra de la Ventana un nuevo encuentro para definir estrategias de resistencia al fracking y otras prácticas contaminantes en la región. Bahía Blanca no tuvo representación legislativa.

Se concluyó reforzar la presencia de la asamblea en los municipios que aun no cuentan con ordenanzas antifracking y propiciar la actualización de las normas existentes en relación a la gasificación subterránea de carbón, impulsar una ley provincial con los mismos objetivos, propiciar el uso de energías renovables e insistir en el pedido de informes a la gobernadora sobre los proyectos en marcha.

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Hernán Scandizzo, integrante del Observatorio Petrolero Sur, destacó la necesidad de conocer las técnicas que pretenden utilizarse y los antecedentes internacionales de su aplicación para poder transmitir la preocupación a las comunidades de la cuenca.

Por ejemplo, los estados australianos de Victoria y Queensland prohibieron la gasificación subterránea de carbón y Escocia decidió este mes desalentar su uso. “Los estudios que la provincia de Buenos Aires financió para el aprovechamiento limpio de carbón ponen como referencia estos proyectos de Australia como que eran re seguros y ahora estamos viendo como los están tirando abajo y en una etapa piloto, no llegó a tener un desarrollo industrial”.

Más info sobre la Cuenca de Claromecó

“Hay gente haciendo lobby, recorriendo los campos, hablando con la gente, les dicen que la extracción de gas de carbón va a servir para generar urea para fertilizar los campos. Nos están usando como chanchitos de la India”, dijo el periodista y agregó que “en Australia decidieron que el desarrollo económico que plantea la agricultura no se puede poner en juego con estas promesas de bienestar del desarrollo de carbón”.

En cuanto a la explotación, Scandizzo explicó que se trata de “mantos de carbón que están entre 400 y 800 metros de profundidad, muy cerca de los acuíferos. No se va a sacar el carbón sino que va a permanecer en el subsuelo. Hay dos técnicas, una es que en el manto hay carbón, hay agua y hay gas metano. Una de las posibilidades es el aprovechamiento -como dicen las empresas- del gas intersticial”.

“Al perforar, al fracturar ese carbón para que libere el gas, se saca el agua porque está haciendo presión para que el gas no se mueva. A partir de ahí se extrae el gas. El problema además es que el agua es salobre y viene acompañada de una cantidad de químicos que participaron de la generación del carbón y que también tiene restos de metano, la disposición final es un problema muy grande”.

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En el aprovechamiento de gas asociado a carbón sucede que al fracturar, “si la presión es mayor a la presión hidrostática que tiene ese manto, se rompe la roca que está sirviendo como techo y deja migrar ese agua almacenada hacia los acuíferos de la superficie”.

Para la gasificación subterránea del carbón “se hace un pozo de entrada en el que se inyecta oxígeno, se genera la combustión del carbón que está en la veta y los gases que se generan son sacados por otro pozo productor. Ahí se separa el gas sintético, el metano y demás”. En los pozos de monitoreo australianos pasó que cuando llegó el rastro de contaminación “ya se habían mandado una macana muy grande”.

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“No tienen constancia de que la roca sello haya quedado en buen estado porque ha habido migraciones hacia la superficie y en la cavidad no pudieron controlar que la combustión se haga por segmento, que se queme una parte de carbón y no avance hacia otros costados. Eso genera el fenómeno de subsunción, que se hunda el suelo, que tal vez en la superficie no se nota pero sí en las formaciones geológicas y se altera el curso de las aguas subterráneas”, detalló Scandizzo.

Ana Colantonio, del Grupo Ambientalista Partido de Tres Arroyos, comentó a FM De la Calle que las exploraciones en la Cuenca de Claromecó existen “desde 1960 con la Ley de Hidrocarburos en la época de los militares” aunque las “dio a conocer el gobernador Scioli en 2010. No es algo improvisado que cae por sorpresa”.

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Aseguró que “en Tres Arroyos tuvimos un lobista antes de que comenzara esta discusión de la gasificación subterránea, convocó a pocas personas y nos vino a vender esto como producto limpio. No es limpio para nada, la diferencia que el lobista te va a decir es que el fracking usa agua que es por lo que la gente protestaba y en esto se va a usar aire, pero es mucho peor. (…) Es más silencioso pero hay que tener cuidado con lo que nos venden las corporaciones porque a ellos no les va a interesar la salud ni romper con la economía regional”.

María Saint Martín, asambleísta de Laprida, comentó que en su partido se movilizaron y fueron casa por casa para juntar tres mil firmas que les permitieran avalar proyectos de ordenanza antifracking y “para el cuidado del agua y que prohibiera el depósito de residuos peligrosos”.

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Las iniciativas fueron expuestas desde la Banca Ciudadana con el respaldo de un tercio de la población comunal aunque “no logramos nada porque el Frente para la Victoria era mayoría -y aun lo sigue siendo- y nunca decidieron tratar el tema”. “Incluso fue gente de YPF a querer convencernos de que los químicos que usaban eran los mismos que usaban en los chupetes de los bebés y en un montón de cosas que usábamos en la vida diaria. Nos reunieron a todos para decirnos eso y mucha gente se enojó y se fue de la exposición porque dijeron ‘nos están tomando el pelo'”.

El concejal de Pringles Osvaldo D’Annunzio (GEN) recordó que en su municipio la aprobación de la ordenanza contra el fracking “fue difícil porque había dos posiciones, a favor el oficialismo de ese momento, incluso vino gente de la provincia hablando de las bondades de este método, pero el Concejo Deliberante logró el consenso y se aprobó por unanimidad”. Además, valoró el interés del periodismo que “se ha comprometido más que la parte política”.

d'annuzio

Tras la audiencia, el ex edil de Guaminí Ignacio Zavaleta (UCR) dijo a FM De la Calle que “hemos tenido avances enormes tanto en la construcción de la conciencia institucional por medio de ordenanzas, se va sumando muy lentamente la conciencia ciudadana que es el trabajo al que falta darle un poco más de impulso”.

zabaleta

“Los interesados en este tipo de explotación tratan por todos los medios que quede invisibilizado, eso les permite avanzar sin ningún tipo de contratiempo, por eso nuestro planteo resulta sumamente incómodo. Nos falta toda esa estructura y ese espacio en los medios para llegar a la gente, una política más incisiva en cuanto a la parte educativa, ir a los colegios, si bien ya lo estamos empezando a hacer”.

Finalmente, ante la falta de anuncios oficiales, Zavaleta afirmó que “el Estado nos brinda información cuando detecta que nosotros ya la tenemos, mientras tanto se hacen los sotas y miran para otro lado, pero cuando saben que vamos a buscar algo específico: ‘acá está’. La van demorando pero ya con lo que tenemos es suficiente para ir a fondo con este tema y pararlo de una vez por todas”.