Los datos relevados durante el 2015 por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su labor como mecanismo de control y monitoreo de los lugares de encierro y políticas de seguridad, vuelven a constatar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y el colapso del sistema penal, y exigen reformas estructurales de manera urgente.

En el acto, que se realizará este martes 27 estarán presentes los presidentes del organismo, Adolfo Pérez Esquivel y Víctor Mendibil, y el secretario, Roberto Cipriano García. Además, participará el vicegobernador, Daniel Salvador, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Sarghini. El presidente del Parlasur, Jorge Taiana comentará el Informe. La cita es en el salón Eva Perón del Anexo del Senado, avenida 7 esquina 49, La Plata a las 18.

Torturas sistemáticas, muertes evitables, sobrencarcelamiento, violencia policial, desprotección de los derechos de la niñez y adolescencia, crisis del sistema de salud mental y falta de acceso a la justicia son los principales indicadores de este nuevo informe. La provincia de Buenos Aires nunca tuvo tantas personas detenidas ni tantos policías en las calles como en la actualidad; sin embargo, esta política punitivista lejos de solucionar los problemas de seguridad ha incrementado las violaciones a los derechos humanos.

Entre los principales números que señalan el colapso del sistema de encierro en la provincia se encuentran: a) el récord histórico de 39.927 detenidos que llevó la tasa de encarcelamiento provincial a 255 c/100.000 habitantes, de los cuales un 56 % está detenido en prisión preventiva; b) las 145 muertes por cárcel dónde el 65 % fueron por cuestiones de salud que habrían podido evitarse; c) el registro de 18.557 hechos de torturas y de agravamiento de las condiciones de detención; d) 12.787 casos de tortura denunciados judicialmente por la CPM; e) 3.582 causas penales iniciadas contra agentes de seguridad de las cuales sólo 11 fueron caratuladas como torturas y las restantes con penas leves; f) 2 menores de 18 años murieron en las cárceles de jóvenes; g) 79 personas murieron solamente en dos hospitales neuropsiquiatricos públicos; h) Un 59,8 % de sobrepoblación en el sistema penitenciario, donde 34.096 personas se alojaban en las 20.732 plazas existentes en los 56 establecimientos penitenciarios y las 7 alcaidías departamentales.

En reiteradas oportunidades, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ha advertido sobre el colapso del sistema penal. El Informe Anual 2016 sobre el sistema de encierro y las políticas de seguridad constata, una vez más, esta grave situación. Si bien los datos expuestos son del período enero-diciembre 2015 y dan cuenta de las violaciones a los derechos humanos derivadas de la política criminal del gobierno saliente, el escenario actual no es muy diferente ni lo será a menos que se modifique la matriz que moldea el funcionamiento del sistema penal desde hace al menos 15 años: la persecución casi exclusiva de los sectores más pobres.

En todo este tiempo, el colapso no sólo fue denunciado internamente por la CPM mediante informes a todos los poderes, sino a nivel internacional mediante informes y presentación de medidas cautelares por la situación particular de las personas privadas de libertad en cárceles y comisarías. Estas denuncias —avaladas, en diciembre pasado, por una resolución de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y, más recientemente, reconocido por las nuevas autoridades provinciales— requieren medidas urgentes y herramientas institucionales que reviertan este cuadro grave de violaciones a los derechos humanos.

Es imprescindible implementar la policía judicial, las fiscalías especializadas para investigar la violencia institucional, la autonomía de la defensa pública, la selección amplia, democrática y participativa de los jueces y la ley de salud mental. A esto debe agregarse la necesidad de cumplir con el Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura de ONU y, en ese caso, reconocer la trayectoria de la CPM como organismo local o provincial de prevención de la tortura, para designarla en tal carácter.

En este sentido, desde el año 2005 la CPM viene realizando, a través del Comité Contra la Tortura, el trabajo de inspecciones sistemáticas en lugares de encierro, que se desarrolla con protocolos de intervención respetuosos de los estándares internacionales de monitoreo y se inscribe en los principios de autonomía funcional y financiera establecidos por las Naciones Unidas. Autonomía que le permite actuar con independencia de los cambios de gobierno.

En esta oportunidad, la presentación del Informe Anual. El sistema de la crueldad X se da en un contexto de reciente cambio en las gestiones del gobierno provincial y el nacional, y los datos que este trabajo deben servir como un diagnóstico y una herramienta para discutir las políticas de penitenciarias, de seguridad, de niñez y de salud mental en la Provincia. Las violaciones a los derechos humanos que se desprenden de la aplicación de estas políticas punitivistas atentan contra el sistema democrático y obligan a fortalecer la lucha contra la tortura y otras formas de violencia institucional.

(Por Francisco J Cantamutto) La semana entrante el gobierno anunciará su nuevo esquema de tarifas para el gas, en respuesta a la audiencia pública. En noviembre, una nueva revisión integral.

El tarifazo era (y es) integral al programa económico de Cambiemos. Lo anunciaron en campaña, bajo el eufemismo de “corrección” de las tarifas, y lamentablemente, en ese brío coincidieron los tres principales candidatos, cuyas fuerzas políticas no han ofrecido mayores trabas a su aplicación. En el esquema de gobierno de Cambiemos, elevar las tarifas significaba la promesa de restituir los precios que consideraba “naturales”, los de mercado, aun si esto implicaba vulnerar derechos. Para los funcionarios del gobierno, que el pueblo tenga derechos “no era normal”.

Fue la presión social el factor que puso cota a esta ofensiva, extendiendo en el tiempo la completa aplicación del ajuste. Mediante movilizaciones, actos, manifestaciones y demandas por la vía judicial se terminó forzando –por vía de la Corte Suprema- a llamar a una audiencia pública, contra la voluntad del gobierno. Debe resaltarse que Cambiemos esperaba a esta altura del año tener resuelto el problema de las tarifas, y esta serie de traspiés le ha implicado una demora, que abre disputas al interior del propio gabinete respecto de los plazos del ajuste. Los empresarios reunidos en Buenos Aires la semana pasada le reclamaron una falta de transparencia y previsibilidad en la materia, afirmando que ello amenaza sus inversiones.

La falta de argumentos consistentes produjo al menos 3 propuestas de aumento para el caso del gas, ninguna de las cuales explica la necesidad del tarifazo, dejando la discusión tan solo en los plazos del incremento. Aunque el llamado a audiencia pública, tarde y forzado por la Corte, fue presentado como la voluntad de diálogo del nuevo gobierno, pero lo cierto es que no parece haber alterado el programa original. Además de haber ocultado información y haber evitado que algunos actores se pronuncien, la propuesta del ministro Aranguren en la audiencia no difiere sustancialmente de lo antes buscado. Luego del primer intento de aumento, el gobierno puso una cota de 400% a usuarios residenciales y de 500% para PyMEs, aunque el fallo de la Corte dejó sin efectos al primero hasta la realización de la audiencia. Por ese motivo, las empresas distribuidoras de gas no han podido refacturar sino hasta ahora, contemplando un severo incremento de los impagos por falta de información clara. El silencia contemplativo de los entes reguladores es un evidente signo de complicidad. Estos argumentos fueron discutidos en el III Plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina que se realizó en Tucumán la pasada semana.

El gobierno debería presentar a principios de octubre su revisión, fundada en los planteos realizados en la audiencia, pero no se esperan grandes cambios. El ministro anunció que contemplará la situación de los clubes, cooperativas y PyMEs, a pesar de que estos actores no eran contemplados de manera directa por la audiencia. La propuesta es prorratear el aumento del precio del gas en boca de pozo, llevándolo de 1,29 dólares por millón de BTU a 3,42 dólares, actualizando cada 6 meses hasta llegar a 6,78 dólares en octubre de 2019. De esta forma, y fuera de toda razonabilidad, se propone un sendero de aumento en dólares para los próximos 3 años. A esta suba es necesario agregarle el impacto de las devaluaciones, que el propio gobierno prevé.

Según afirman los funcionarios oficiales, es esa forma de establecería un precio equivalente al costo de oportunidad de importarlo, fomentando así la producción local. Ahora bien, dado que no hay plan de inversiones asociado, no hay ninguna garantía de que esto efectivamente ocurra. El costo de “sacar” el gas en Argentina está muy por debajo de ese precio, el problema indefinido es qué nivel de ganancias requieren las empresas para, además de extraer el recurso, explorar para poner nuevos pozos en funcionamiento. Las tarifas de gas dolarizadas de los noventa no fomentaron mayor exploración y puesta en funcionamiento, sino el desarrollo del mercado de exportación que vació de reservas el país mediante la exportación de un recurso escaso. Sin compromisos claros, mayores precios solo se traducen en mayores ganancias, pero no en mejor servicio. Las principales beneficiarias de este aumento –por su participación en el mercado- son YPF, Total Austral, Petrobras y Tecpetrol.

Por otra parte, en 2008, las tarifas de diversos usuarios en el Gran Buenos Aires subieron hasta 75%, aumentando entre 3 y 7 veces desde ese año a 2014. Estos aumentos –que Cambiemos “olvida” de mencionar- se combinaron con planes específicos –el Plan Gas- que pagaron por incrementos en el abastecimiento. Es decir, las tarifas, tanto como los subsidios, venían creciendo: la pregunta es qué hicieron las empresas con esos recursos; algo que Aranguren se niega a auditar.

Desde 2012, la producción creció de manera paulatina, centralmente por la inversión de YPF, que disminuyó en términos relativos la remisión de utilidades –recordemos que es una sociedad anónima que cotiza en la bolsa de Nueva York- y utilizó parte de esos fondos para la exploración. Este año, la nueva “administración”, en flagrante demostración de inconsistencia, decidió remitir mayores ganancias a los accionistas, disminuyendo las inversiones en un contexto de falencias de abastecimiento. Se trata de la misma práctica de vaciamiento que promovió REPSOL (por el que luego fue “recompensada” por el kirchnerismo con un pago por encima del valor contable de su participación en YPF). La expectativa de nueva producción está centrada en el yacimiento de Vaca Muerta, cuya explotación requiere de altos precios que cubran los costos de extracción –se trata de shale gas. El gobierno espera tentar a otras petroleras a invertir, otorgando privilegios como los acuerdos secretos con Chevron.

El tarifazo no se detiene aquí. En noviembre deberá realizarse una nueva revisión integral de la tarifa, que incluya no solo el traslado del precio en boca de pozo, sino que sumen aumentos en los tramos de transporte y distribución. Debe enfatizarse que además del gas, el aumento del transporte y el agua están firmes, quedando aún en debate el eléctrico, para el cual se estaría llamando a una audiencia pública específica.

El gran resultado del tarifazo ha sido una transferencia de recursos, desde los consumidores a las petroleras. Se abandona la idea del abastecimiento energético como un derecho, para suponerlo–erróneamente- como un commodity, una mercancía. Falta de argumentos, ostensible intencionalidad ideológica (fomento a un mercado que de libre no tiene nada), y oportunidad de magníficos negocios son la trama de este tarifazo, que aun en ciernes, el gobierno no termina de estructurar.

(Por Mauro Llaneza) La justicia federal bahiense debe seguir el trámite de la causa contra las empresas del polo petroquímico, ABSA y ex funcionarios públicos por la contaminación de la ría bahiense. Luego de un largo intercambio de excusas entre juzgados del ámbito nacional y provincial, la Sala I de la Cámara de Casación Penal comprendió que los análisis ambientales demuestran la “afectación interjurisdiccional de los recursos naturales del estuario” dado que “los peces y el agua presentan altos niveles de concentración de metales que son considerados nocivos para la salud”.

El fiscal Alejandro Cantaro celebró la decisión porque no tenía “razonabilidad” el pase a la justicia ordinaria sobre todo porque no se trataba de una disputa para impulsar la investigación sino todo lo contrario. “Habíamos seguido pidiendo algunas medidas y ahora supongo que vamos a seguir avanzando con los estudios de los vertidos en el agua”, dijo a FM De la Calle.

Cantaro destacó la labor del abogado de los pescadores artesanales y recordó que en su momento se pidió al juzgado prohibir los vertidos y buscar una solución “a este tema que es grave” y planteó que “la mejor razón que podemos alegar ahora es que estuvo la gobernadora acá inaugurando una planta de tratamientos cloacales de ABSA que se pedía, se pedía y nunca ocurría y con el avance de esto, no me voy a adjudicar que se haya decidido por esta causa pero cuando hay un trabajo intenso en este sentido algunas cosas se modifican”.

La Fiscalía solicitó recientemente “un nuevo control de vertidos de sustancias en el agua y en el fondo para determinar cómo es que se van manteniendo todos estos estándares que superan las posibilidades que la ley permite” y cuestionó la aplicación de la Ley de Aguas porque regula aguas abiertas y “el estuario son 1.400.000 metros cuadrados cerrados y es además zona de pesca”. Por eso entiende que debería tomarse la Ley de Pesca que exige la inexistencia absoluta de contaminantes.

Por otra parte, Cantaro comentó que se contactó con el juez Contencioso Administrativo Agustín López Coppola, quien interviene en la demanda civil por la cual los pescadores buscan ser indemnizados, para realizar de manera conjunta el estudio sobre el estado de la ría. Para ello el magistrado provincial debería dar marcha atrás con la decisión de que sea el IADO bahiense el cual realice el análisis. El fiscal federal pretende que intervenga la Facultad de Agronomía de la UBA porque “sin que seamos paranoicos, todos los entes que tienen que ver con los estudios y las mediciones en la ría están patrocinados y subsidiados por las empresas del polo”. Se requirió al Consejo de la Magistratura que se haga cargo de los aproximadamente 70 mil pesos que se demandarán.

La causa

empresas polo cartel

La denuncia original fue presentada en 2011 por la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría Bahía Blanca, representada por Lucas Beier y Luis Arellano, contra miembros del directorio de PBB Polisur S.A., su controlante Dow Química Argentina S.A., Solvay Indupa S.A.I.C., Profertil S.A., Compañía Mega S.A., Petrobras Argentina S.A., Transportadora del Gas del Sur S.A. y Oiltanking Ebytem S.A. por la posible comisión de los delitos de contaminación dolosa con residuos peligrosos de la atmósfera, el agua y el suelo y adulteración peligrosa para la salud de sustancias alimenticias (frutos de la pesca) y aguas subterráneas potables.

Además, los trabajadores apuntaron contra los ex funcionarios provinciales y municipales -Eduardo Conghos, subsecretario de Gestión Ambiental municipal, y José Manuel Molina, director ejecutivo del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable- por considerarlos cómplices necesarios de los aludidos delitos, y por la comisión de los delitos de encubrimiento y violación de los deberes de funcionario público.

En mayo de 2015, la Fiscalía General requirió a la jueza Gabriela Marrón la “inmediata prohibición” del vertido en la ría de los efluentes sólidos, gaseosos o líquidos, consecuencia del proceso industrial que las empresas del polo petroquímico y ABSA vierten a través de ductos y canales construidos y utilizados a tal fin o arroyos de uso público y agregó documentación a la causa.

Un mes después la flamante magistrada evitó hacerse cargo de la investigación y se declaró incompetente. La Cámara Federal, con la firma de Pablo Candisano Mera y el renunciado agente de la inteligencia genocida Néstor Luis Montezanti, avaló a Marrón argumentando que “corresponde a la justicia local continuar con el trámite de las actuaciones” porque los planteos de la Fiscalía y la querella respecto “a que el daño excede las fronteras locales, no está probado” dado que “la presencia de contaminación en especies migrantes no es suficiente para sostener que el daño se propague más allá del ámbito provincial”.

Los denunciantes habían manifestado que “la interjurisdiccionalidad del daño ambiental se verifica a partir de los informes ambientales realizados en autos, que evidencian los elevados niveles de metales en el hígado y músculo de los peces característicos del estuario de Bahía Blanca (especies saraquita, pescadilla común, tiburón gatuzo, lenguado y corvina rubia), que cumplen con sus respectivos circuitos migratorios (en algunas especies, desde Río de Janeiro, República Federativa Brasil hasta la Patagonia argentina, pasando por Bahía Blanca)”.

Así lo entendieron Ana María Figueroa, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Hornos en la Cámara de Casación al afirmar que “de momento, no cabe descartar la afectación de recursos naturales interjurisdiccionales como consecuencia de la contaminación ambiental denunciada” y por ende, la causa debe volver a la justicia federal.

Cabe destacar que durante los meses de mayor actividad de la investigación tanto el abogado Lucas Beier como varios de los pescadores denunciantes fueron víctimas de reiterados episodios mafiosos e intimidaciones para que “se dejen de joder” con las empresas del polo y ABSA. Por su parte, el Colegio de Abogados -con el voto de varios de sus directivos que a su vez son abogados de las empresas- inició un proceso en contra de Beier por violación a las normas éticas de la profesión en sus “reiteradas exposiciones mediáticas”.

En Bahía Blanca rige la Emergencia por Violencia de Género la cual otorga al municipio facultades y presupuesto para revertir el número víctimas. La medida fue renovada en junio de 2015 y luego de nueve meses del cambio de gestión se presentó el Plan Integral contra la Violencia de Género. Algunos aportes.

El martes 13 se presentó el Plan Integral contra la Violencia de Género municipal; el mismo cuenta con el trabajo  de las áreas de seguridad, políticas sociales e infraestructura. FM De la Calle dialogó con Soledad Monardez, subsecretaria de Promoción y Protección de Derechos, quien comentó que el servicio de asistencia por casos violencia está en el municipio desde hace varios años. El mismo cuenta con profesionales interdisciplinarios que ahora, bajo la impronta de la nueva gestión, “empezaron a tomar un registro de las denuncias y presentaciones espontáneas para poder llevar adelante una estadística”. Antiguo reclamo de las organizaciones que trabajan con esta problemática ya que el Servicio de Prevención de Violencia Familiar y Maltrato Infantil  (PROMOVER) funciona desde el año 1993 asistiendo y asesorando a mujeres víctimas de violencia.

Además se comenzaron a estudiar los protocolos de intervención para analizar cuáles son las herramientas más efectivas, contemplando que “el trabajo rico se verá más adelante”. En la presentación del nuevo Plan se mencionan dispositivos que ya venían funcionando, como grupos de reflexión (2015), atención a la Violencia Masculina (2014) –ahora con modificaciones-, nuevos botones antipánico y el hogar Refugio (2010) con la novedad de la construcción de un nuevo refugio en terreno municipal, promesa que la antigua gestión de Lucía Martínez Zara también había realizado. Para este año el intendente  afirmó a la Red Local de Violencia de Género que la licitación de la obra será sobre fin del 2016.

Respecto a este tema Nora Dinoto, referente de la Red Local, remarcó a FM De la Calle que “el refugio es una necesidad importante que veníamos  advirtiéndole no a esta gestión, sino a la anterior, porque es insuficiente la capacidad del refugio que está funcionando. No hay lugares protegidos para alojar a las personas que son víctimas de violencia, así que esperemos que se logre”. El primer módulo de construcción de la nueva obra tendrá capacidad para cuatro familias, en su segunda instancia “el proyecto general abarcaría cuatro habitaciones más”. Cabe resaltar que según Monardez toda la actividad del antiguo espacio de contención se trasladaría a este nuevo dispositivo.

Quizá una de las apuestas más grandes que propone la presentación del Plan es la apertura de la nueva Oficina de Políticas de Género con Víctor Andenoch como coordinador de esta área, ex trabajador de la guardia de niñez. Los ejes de trabajo que se desarrollarán a partir del 2017 serán, en palabras del funcionario; identidades sexuales, trata y aborto. ¿Cómo se implementarán algunas de estas políticas públicas en un gobierno donde su principal referente Héctor Gay, este año declaró creer “sólo en un orden natural de las cosas” refiriéndose al matrimonio igualitario?

La presentación del Plan Integral contra la Violencia de Género suma la participación del área de seguridad con capacitación a Guardia Urbana y Policía, creación de un equipo especializado para el abordaje en situaciones de violencia de género y la adquisición de un móvil especializado. Estas propuestas se estaban debatiendo en la Red Local de Violencia organismo donde participa la Comisaría de la Mujer, con Liliana Pinedo y Silvia Francisco como referentes de la misma. Dinoto resaltó que para este espacio es “importantísimo formar a la policía para que sepan cómo atender a las personas que atraviesan situaciones de violencia ya que intervienen en operativos bien puntuales”.

Así como muchas organizaciones sociales que trabajan con problemáticas vinculadas a las mujeres, la Red Local colabora con iniciativas desde el 2011, dato que el Intendente Héctor Gay tuvo conocimiento, según Nora Dinoto, en la última visita de la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, Fabiana Tuñez.

Este año desde la Red planean también formalizar una base de datos con estadísticas de denuncias que ingresan a la Comisaría de la Mujer y de la Fiscalía departamental de la oficina de violencia de género, con la intención de hacer un seguimiento de todas las puertas que las mujeres van golpeando hasta lograr o no resolver su situación. “Es algo pendiente que tenemos como red, porque necesitamos contar con estadísticas que releve la situación de nuestra ciudad para evaluar y optimizar recursos”. Además ya están programando la Cátedra de Violencia 2017 que organizan en conjunto con la Universidad Nacional de Sur.

La Asociación Civil Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca decidió no apelar el fallo de la Suprema Corte que anuló un amparo que impedía la instalación de una antena de telefonía celular en el Club de Equitación. Trabajarán para que no corra la misma suerte la cautelar del juez Ares contra otra antena en el mismo lugar.

Para el abogado Leandro Aparicio la resolución correspondiente a la causa “Gómez, María Amparo contra Municipalidad de Bahía Blanca, Club de Equitación Bahía Blanca y Telefónica Móviles Argentina” es abstracta “porque no tiene ninguna consecuencia práctica”.

El letrado explicó a FM De la Calle que hubo dos amparos: el primero cuando las familias vecinas al club advirtieron la presencia de una antena de 35 metros en la esquina de Agustín Álvarez y Javier Rizzo en marzo de 2013. La jueza de Garantías Susana Calcinelli hizo lugar “parcialmente” e instó a las empresas a cumplir la Ordenanza 17.130, sancionada cuando la disputa judicial ya había comenzado.

La Cámara en lo Contencioso de Mar del Plata le dio la razón a la empresa, la ONG apeló a la Corte y mientras el máximo tribunal provincial analizaba el tema la antena cayó: “El fallo hace referencia a una torre que se desmanteló”.

“De la misma manera en que hicieron la primera vez, sin avisarle a ningún vecino, sin hacer la consulta, sin que nadie esté enterado de lo que estaba pasando, ponen otra antena, más escondida, más camuflada, apenas perceptible para los vecinos que igual la ven y se hace el segundo amparo”, recordó Aparicio.

En octubre de 2015, el juez José Luis Ares ordenó quitar la antena en un plazo de tres meses bajo apercibimiento de una multa de cinco mil pesos por cada día de incumplimiento. Además, remitió la causa a la Fiscalía para investigar al entonces intendente y actual diputado nacional Gustavo Bevilacqua y los ex titulares de la Agencia Urbana, Planificación y Desarrollo y la Agencia Ambiental por posibles delitos violación, omisión o retardo de los deberes de funcionario público.

“Por más que sean antenas, en el mismo lugar y demás, sin cuestiones distintas porque acá sí hay más prueba aportada por la parte actora, por nosotros, el bioquímico Montenegro, el ingeniero Mata y otras pruebas técnicas habilitan a impedir que se instale esa antena en ese lugar, más aun cuando hay niños y jardín de infantes cerca”, comentó Aparicio sobre la causa que también deberá resolver la Suprema Corte.

Este sábado la localidad de Bernasconi recordará a Eduardo Sergio Korsunsky, militante del PRT desaparecido en San Nicolás a principios de la dictadura genocida en 1976, hijo de la Madre de Plaza de Mayo de Bahía Blanca Celia Jinkis. La directora de Coordinación Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos pampeana, Ana Inchaurraga, aseguró a FM De la Calle que Dado “no es uno más del listado de desaparecidos de La Pampa sino que tiene un nombre, tiene una identidad y está presente en el pueblo”.

El acto será este 24 de septiembre a las 11 en el Instituto Mariano Moreno -Urquiza 447- al que concurrió Eduardo en su juventud. Se colocará una placa en su memoria y se inaugurará un mural en una plaza cercana.

Inchaurraga contó que la idea “surge el 24 de marzo cuando Celia fue a Jacinto Aráoz, nos vimos comprometidos con la situación de que ellas ya son muy mayores, están grandes, la necesidad de que sean visibles los desaparecidos pampeanos, esto tiene que ver con una decisión no solamente política sino también afectiva, de cómo uno desde un lugar aporta y piensa en la memoria colectiva, de qué manera posicionarnos”.

“Es muy emocionante, muy emotivo todo cómo se va dando, cómo lo vamos pensando, Bernasconi tiene sus particularidades como todos los pueblos chicos donde el silencio se plantó y dejó su marca, los jóvenes prácticamente no conocen a Dado, no se habla”, dijo y agregó que “también surgió de qué manera podíamos proponerle al pueblo que eso salga para afuera y que en la localidad se instale el nombre de Dado Korsunsky y que se repregunte, romper con ese silencio. Y fue así como sucedió, hicimos el mural, los vecinos se iban acercando, de a poquito pudimos recabar testimonios, ponerle color, ponerle una cara, el nombre de Dado, que uno pasa y lo ve, tiene una impronta muy emotiva”.

Entre los primeros recuerdos que brotaron en el pueblo se escuchaba que “la vecina de allá sabe pero no te va a decir, nunca más nadie habló del tema, se comenta que ese día que lo estaban buscando a Dado hubo un operativo grande pero nunca trascendió”.

“Cuando estábamos pintando el mural sacaron a los chicos del secundario a ver y aprovechamos para contar quién era, transmitir, porque además Dado tiene la impronta de que fue hiperinteligente, un seductor, brillante, le gustaba la astronomía, entonces poder captar a las nuevas generaciones con eso, volverlo a poner en nombre de quién es Eduardo Sergio Korsunsky, que nació en Bernasconi, que fue a ese secundario, no es uno más del listado de desaparecidos de La Pampa sino que tiene un nombre, tiene una identidad y está presente en el pueblo”, concluyó.

El Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio de la Universidad de Rio Negro repudió los dichos del ministro de Educación Esteban Bullrich, quien comparó el avance de la casa de altos estudios en términos de una “nueva campaña del desierto, pero no con la espada, sino con la educación”. “Todas las políticas van intentando construir un orden oligárquico liberal que esta clase, este sector político, estos partidos vinieron a imponer”, dijo a FM De la Calle Walter Delrio.

El investigador del CONICET destacó la “indignación” de la comunidad y advirtió que “desde el retorno de la democracia se ha venido construyendo un conocimiento histórico que fue cubriendo aspectos dejados de lado o mal conocidos sobre la historia argentina y las palabras del ministro desconocen todo lo que se ha venido trabajando” y “la memoria social de un pueblo en el cual se está hablando”.

“No fue una campaña con la espada como dice el ministro, una campaña al desierto, sino que todo lo contrario -explicó-, fueron políticas de Estado que se implementaron en un momento determinado que implicaron movimiento de tropas pero también de otras instituciones del Estado y de la sociedad civil, fundamentalmente, que participaron en la expropiación, en el sometimiento, en la concentración de personas, la deportación, la distribución en otras provincias y regiones del país como fuerza de trabajo semi esclavizada, el reparto y la separación de los niños de su familia y el borramiento de la identidad. Son políticas de Estado comprendidas por lo que en los términos del derechos internaciones, sancionado por la Naciones Unidas, es un crimen de genocidio, un Estado que opera para que ciertos pueblos desaparezcan como tal”.

Delrio afirmó que “a nadie se le ocurriría hablar del holocausto, de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura para hablar de las políticas que se proponen. Al mismo tiempo es una opinión sino informada, formada por un sector de poder, por grupos políticos que tienen el mismo discurso con el cual ascendieron al poder en la generación del 80. En este caso se da que la misma familia Bullrich y otras participan de esa construcción de un poder oligárquico que es el que se quedó con la mayor parte de las tierras y los beneficios que esas campañas aportaron, es un discurso de esa clase”.

“Siguen teniendo la visualización de nuestra región como un desierto y lo que implica esa frase es que deben seguir haciendo cosas porque el desierto subsiste más de cien años después”, agregó. El docente comentó que cada una de las medidas oficialistas lo demuestran: “Por ejemplo acá en la provincia de Rio Negro en los últimos años se vino trabajando con las denuncias que había sobre irregularidades en las entregas de tierras rurales y se había conformado una comisión en la Legislatura que investigaba cuáles habían sido históricamente. Todo eso terminó y al mismo tiempo, por decreto del presidente Macri, se interviene en la legislación sobre tierras habilitando nuevamente la extranjerización”.

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El gobierno de María Eugenia Vidal busca dar continuidad a los proyectos de explotación de carbón en la cuenca Claromecó que motivó años atrás la movilización de asambleas y concejales para frenar la posibilidad del uso del fracking en la provincia. Según aseguró a FM De la Calle el periodista Hernán Scandizzo funcionarios y sectores académicos impulsan la técnica de gasificación subterránea. “Se empezó a dar una batalla cultural de ir generando consensos en torno a este tipo de explotación” disfrazada bajo el mito del carbón verde.

Como advierte en esta nota, “si bien a mediados de la década de 1990 comenzaron los trabajos exploratorios de Barranca Sur Minera, empresa del grupo Bridas, el anuncio del descubrimiento de carbón en Laprida se conoció recién en 2010. Por esos días Daniel Scioli, al frente de la gobernación provincial, firmaba un convenio de exploración de hidrocarburos con YPF-Repsol en el que se destacaba el interés por la cuenca sedimentaria de Claromecó. Poco después el tema quedo en nada y volvió a la palestra dos años más tarde, cuando se produjo la expropiación parcial de la petrolera e YPF renovó sus votos de interés”.

El Observatorio Petrolero Sur recibió de la Dirección de Minería un listado de proyectos vinculados a la explotación del carbón presentados hasta 2014. Se trata de “más de un centenar de expedientes de solicitud de cateo minero y hay cuatro manifestaciones de descubrimientos”.

Las alternativas de uso son: la posibilidad de generar energía eléctrica -como pretende la australiana Delmo- o  usos no energéticos del gas sintético que se produzca. “En ambos casos el polo (de Bahía Blanca) sería como un destino ‘natural’. Esto que se plantea de la ampliación del polo necesitaría una ampliación de la capacidad eléctrica instalada y es interesante porque parece que están haciendo circular el rumor en la zona de Tres Arroyos y demás de que el carbón, la explotación, sería para generar fertilizantes, esta forma de ir presentándose amigables con el ‘campo'”.

Scandizzo explicó que en el sistema de gasificación subterránea que se analiza “como el carbón se encuentra en profundidad y los métodos de minería a cielo abierto o por galería no serían aplicables, se hace una perforación hasta la veta de carbón, se abre la veta para que pueda circular el gas, en el otro extremo se abre otro pozo, entonces por uno se produce una ignición, se lo pone en combustión al carbón, se inyecta oxígeno o monóxido de carbono como para ir regulando la intensidad del fuego y por el otro pozo el carbón al hacer combustión en un medio donde hay agua genera gases. Esos gases son los que luego podrían ser tratados como insumo químico -gas sintético- o como energético”. Dichos pozos “se multiplican de acuerdo a las dimensiones del proyecto”.

Uzbekistán es el único país del mundo donde se está utilizando la técnica para la explotación comercial. “Australia intentó darle un desarrollo grande, tiene un gran potencial en carbón, hubo al menos tres proyectos de etapa piloto y tanto el Estado de Queensland en abril último como el Estado de Victoria en agosto prohibieron la técnica por la cantidad de impactos que se verificaron”. En la zona agropecuaria de Queensland “hay un radio de 320 kilómetros cuadrados en los que no se pueden hacer perforaciones de más de dos metros por los gases y tóxicos químicos que han migrado hacia las superficie”.

Según informó el especialista, la provincia de Buenos Aires realiza desde 2010 estudios sobre energías “limpias” a partir del carbón: “Esta es la alternativa verde porque dicen que se reducen emisiones y que los residuos quedan en el fondo”.

“Otra de las situaciones que se da es cuando se termina de explotar una veta -esto se va haciendo por paneles, por succiones-, queda un hueco, una cavidad vacía y se puede producir el hundimiento de suelo. Eso puede ser imperceptible en superficie pero afecta el perfil del suelo y la circulación de las aguas subterráneas y, por otro lado, la inundación de estos pozos con agua disuelve las cenizas, los residuos que quedan, y eso también migra hacia aguas subterráneas”.

Laprida es el municipio que encabeza la lista de posibles territorios a explotar seguida por La Madrid, Coronel Pringles, González Chávez, Tres Arroyos y Guaminí. Scandizzo destacó además la participación académica detrás de estos emprendimientos: “El Instituto de Recursos Minerales de la Universidad de La Plata está interesado en desarrollar este tipo de técnicas, estuvo haciendo estudios de impacto ambiental para una de las filiales de la empresa Delmo con la cual firmaron un convenio de colaboración”.

(Por Mauro Llaneza) La artista y militante bahiense Karina Zukerman falleció esta madrugada a los 46 años. Integró la Asociación Mundial Pintores con la Boca y el Pie, Mundo sin Guerras y sin Violencia y el Movimiento Humanista. Participó de la Asociación de Discapacitados Autoconvocados y fue una de las impulsoras del Mes por la Diversidad. Enfrentó cada obstáculo con perseverancia y un objetivo claro: “abrir cabecitas y disparar al corazón, abrir corazones para entender que las personas necesitamos esa cuestión de desarrollarnos, relacionarnos con otros”.

“Soy una mujer, una persona con una discapacidad motora, una discapacidad de la cual tengo la única movilidad de la cabeza y hago todo con la boca, desde agarrar un objeto hasta ponerme a escribir o a dibujar o a manejar la compu”, contó en una entrevista realizada en el micro de Acciones Feministas del programa En Eso Estamos de FM De la Calle en octubre de 2012.

Dijo entonces que hizo “todo lo ha estado a mi alcance y de acuerdo a mis posibilidades” a partir de “una especie de aspiración, una cosa fuerte interna y una necesidad de poder salir adelante”. “Una rebeldía de querer pasar a otra cosa, a vivir una vida lo más feliz, lo más alegre posible y en relación con los demás. Tiene que ver también con el acompañamiento que tuve en todas las edades y etapas de mi vida de gente muy querida”.

Así logró independizarse, vivir sola, enamorarse: “Mi familia me decía ‘vos no vas a poder tener un novio, formar una pareja el día de mañana’. Pero básicamente pasaba por muchos miedos, mucho temor a que uno sufra. Hay que tratar de ir viviendo la vida que una elige vivir”.

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En aquel diálogo junto a Verónica Bajo destacó que pudo cumplir con “algo que amo profundamente que es mi actividad social donde trato de llevar mi mensaje de que podemos todas las personas desarrollarnos en la vida, en muchas cosas, y lo que tiene que ver con la discapacidad, con lo mío, también he tratado de hacer muchas cuestiones a nivel social, me parece que uno tiene que defender su lugar, su espacio y sus derechos”.

“En el ’88 oficialicé esta cuestión de ser pintora y fue cuando ingresé a la Asociación Mundial de Pintores con la Boca y el Pie, los que nos denominábamos en otro tiempo como Pintores Sin Manos. Empecé este recorrido con la pintura donde además de tener una búsqueda desde lo artístico, pintar y mandar obras a la asociación para que después sean editadas en tarjetas, calendarios, en todo lo que después se vende, a mí me ha dado la posibilidad de relacionarme, de conocer gente nueva, de viajar a distintos lugares y eso fue una experiencia muy linda”.

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El Mes por la Diversidad fue un espacio generado por distintas organizaciones y militantes locales que pretendían sensibilizar y reflexionar sobre la diversidad, la pluralidad y la multiculturalidad y analizar críticamente situaciones de exclusión, discriminación, intolerancia y prejuicios. Karina recordó que para ella “fue fantástico porque este tipo de actividades abre cabecitas, de niños, de adultos, de hombres, de mujeres, eso es lo importante: abrir esas cabecitas y disparar al corazón, abrir esos corazones para entender que las personas necesitamos esa cuestión de desarrollarnos, necesitamos relacionarnos con otros”.

“Era una tambora sin tambor”

La cantautora y creadora de DesBandadas, Silvia Palumbo, quien tuvo “el honor y el privilegio” de compartir con Karina la obra Mujer de Tierra Firme, aseguró esta mañana a FM De la Calle que su compañera era “una mujer que tenía todo el universo vital en sí misma”.

Se conocieron en el primer Mes por la Diversidad en 2007 y se “flecharon”: “Tuvimos una empatía, nos hicimos amigas, compañeras de lucha y en un momento decidimos que queríamos hacer algo juntas, unir nuestros activismos, nuestras artes, y así fue como nació Mujer de Tierra Firme”.

“Karina es una mujer que está viva en tantas cosas que ha dejado como legado en Bahía Blanca, para mí es la luna que ilumina mi camino de activismo porque es un ejemplo. No sé cómo fue vivir como vivió Karina, sin brazos y sin piernas que la ayudaran a transitar esta vida terrestre, lo digo en forma cruda porque era la realidad más tremenda que veías cuando veías a Karina, y sin embargo ella tenía muchísima más fuerza que todas y todos nosotros juntos”.

“Muchísimas veces ella daba fuerza a otra gente, daba esperanza, era solidaria, era entera, era amplia de conceptos, no tenía conceptos mezquinos ni políticos ni religiosos ni relacionados con las diferentes mal llamadas minorías de este mundo. Abrazaba sin brazos a toda la humanidad en su diversidad completa”, agregó Silvia.

Finalmente afirmó que “era un cohete, nos cagábamos de la risa, con sus dichos, sus palabras, sus encantos, sus sueños que estaban recién arrancando. Además Karina se atrevió a ser madre con su compañero Sergio, eso le daba un mérito mayor en todo este despliegue de vitalidad de Karina Zukerman”.

Eso de durar y transcurrir

no nos da derecho a presumir.

Porque no es lo mismo que vivir…

¡Honrar la vida!

 

Sus restos son velados hasta la medianoche en Mitre 470 desde donde partirá mañana a las 11 hacia el cementerio Parque de Paz.

(Por Mauro Llaneza) El sociólogo Daniel Feierstein disertó en Bahía Blanca sobre el genocidio como práctica social en el marco del 10° aniversario de la desaparición en democracia de Jorge Julio López y a 40 años de La Noche de los Lápices. Con la invitación de la Comisión de Apoyo a los Juicios el experto puso el foco en la concreción simbólica y las continuidades del exterminio de parte del grupo nacional que se oponía a los intereses de las corporaciones económicas que recurrieron a las fuerzas armadas para “reorganizar” el país.

“Cuando es quebrada la confianza no hay posibilidad de articularse políticamente y así el disciplinamiento es total porque cada uno está aislado en sí mismo –dijo en FM De la Calle-. Esas consecuencias las seguimos sufriendo y es uno de los grandes desafíos del momento político actual. (…) Esa gran línea que ha dividido sobre todo los últimos cuatro o cinco años la política argentina -lo que los medios hegemónicos llamaron ‘la grieta’- es un efecto de esto y ha quebrado relaciones de confianza en organizaciones de derechos humanos, políticas, sindicales, barriales, que facilitan la realización de los objetivos de los sectores hegemónicos, de los que en su momento fueron los que plantearon la necesidad de la implementación del genocidio”.

Para regenerar dicho lazos no hace falta “un acuerdo absoluto en la caracterización de la realidad política” y “quizás el proceso de juzgamiento de los genocidas es un ámbito privilegiado para producir esa articulación porque siempre hubo fuertes niveles de acuerdo”.

Feierstein es doctor en Ciencias Sociales y docente en las universidades de Buenos Aires y Tres de Febrero donde dirige el Centro de Estudios sobre Genocidio y la Maestría en Diversidad Cultural. Es experto independiente por las Naciones Unidas para la elaboración de las Bases de un Plan Nacional de Derechos Humanos argentino. Presidió la Asociación Internacional de Estudio sobre Genocidio y fue juez del Tribunal Permanente de los Pueblos en numerosas sesiones, entre ellas las vinculadas a los hechos ocurridos en Sri Lanka y en México. Además, es autor de numerosas publicaciones sobre la temática.

El genocidio como práctica social

Feierstein explicó que el polaco Raphael Lemkin, a pesar de ser jurista, aportó una definición de genocidio “muy sociológica” que lo define como la destrucción de la identidad de un pueblo y “fundamentalmente la destrucción de la identidad de los oprimidos y la imposición de la identidad del opresor”, proceso en el cual “la muerte no es el objetivo sino el medio”. “Cuando el derecho lo tiene que construir como figura es muy difícil y termina definiéndolo como el intento de destrucción de un grupo”. Las interpretaciones jurídicas posteriores fueron “vaciándolo de contenido”.

Cuando el caso argentino comenzó a discutirse en la Audiencia Nacional Española bajo la figura de genocidio se intentó recuperar aquella construcción y “articularla con la figura legal”. “Esa interpretación sociohistórica, es en verdad la posibilidad de aprovechar la herramienta jurídica (que brinda la Convención de Genocidio). Así lo han entendido muchos tribunales, en el caso de Bahía Blanca también”.

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La posición mayoritaria del tribunal subrogante que está a cargo de los juicios en nuestra ciudad se replica en la cuarta parte de los tribunales del país. El reconocimiento del genocidio enriquece “los procesos de construcción de memoria colectiva porque nos permite entender lo que nos ocurrió de una manera muy distinta que cuando solo se utiliza el concepto de crimen de lesa humanidad que no tiene nada de esto en cuenta, habla de hechos indiscriminados, de población civil en general, y cuesta ver la conexión entre esos hechos, pese a que se habla de un plan sistemático nunca se aclara para qué”.

Quienes descartan el concepto de genocidio advierten que los grupos políticos no están entre los religiosos, étnicos, raciales o nacionales que especifica la Convención. Feierstein propone superar la discusión advirtiendo que la represión fue mucho más abarcadora y apuntó a la eliminación de una parte del grupo nacional para reconfigurar social y económicamente el país.

“El genocidio buscó ir mucho más allá, buscó desmontar redes de relaciones sociales que en algunos casos involucraban organizaciones políticas pero no siempre. Involucraban a organizaciones sindicales, que por supuesto tienen contenido político pero no eran lo mismo. Organizaciones barriales, centros de estudiantes, montones de organizaciones donde lo que se buscaba -incluso el propio vocabulario de los genocidas- era transformar, reorganizar la sociedad. Cuando lo describen tanto Díaz Bessone como Videla esta reorganización de la sociedad pasa por transformar incluso los valores morales”.

Feierstein destacó que los genocidas buscaron “transformaciones económicas que sin embargo se lograron después del genocidio. Eso tiene lógica cuando uno entiende cómo operan las prácticas sociales pero nos obliga a abandonar ciertos dogmatismos teóricos, esto de que la economía siempre determina la política, esa determinación es más compleja. Para lograr determinadas transformaciones económicas, que en Argentina se implementan sobre todo en los noventa bajo el menemismo, se requería quebrar relaciones sociales porque sin ese quiebre, sin ese disciplinamiento, sin ese terror, la resistencia no hubiese permitido implementarlas”.

Recién durante la crisis de 2001 hubo “intentos de recomposición pequeños, muy singulares”, de esas relaciones. El sociólogo afirmó que el presente “es particularmente desafiante en ese sentido porque nos va a poner contra el espejo de ver qué nivel de reconstrucción de los lazos sociales se logró en función de qué tipo de resistencia se va a poder ejercer a las nuevas transformaciones económicas que se quieren imponer” para “volver a la distribución del ingreso de 2001 para seguir avanzando desde ahí”.

Como a los nazis

“Argentina no tuvo una experiencia de extermino industrial como el caso del nazismo pero sí tuvo una experiencia concentracionaria. Todo el territorio plagado de campos de concentración que operan no solamente para aterrorizar a la gente que es secuestrada sino que su efecto fundamental es aterrorizar a la gente que no es secuestrada pero vive cerca de un campo de concentración y que sabe que eso puede ocurrir y que, por lo tanto, se ve obligada a modificar sus prácticas en función de eso”, dijo Feierstein.

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Recordó que en Alemania, entre 1933 y 1936, 100 mil personas fueron encerradas en campos de concentración de las cuales aproximadamente cinco mil fueron asesinadas y la gran mayoría torturada y liberada. “Esa liberación irradió el terror en el conjunto de la sociedad alemana y permite entender algo que sino no se explica: ¿qué pasó? ¿por qué los alemanes adhirieron al nazismo? Adhieren producto del terror”.

El Partido Nazi ganó “apenas” las elecciones de 1933 frente al Partido Comunista Alemán. El boicot a los comercios judíos en mayo del ’33 fracasó, “la población sale a comprarle a los judíos pese a que la SA está frente a los locales para intentar pegarle a la gente que sale a comprar y así y todo la gente manifiesta su solidaridad”.

“Cinco años después de atravesar la sociedad con la experiencia de campos de concentración, aterrorizarla y mandar a toda esa gente de vuelta a la sociedad para que disperse y difunda el terror La Noche de los Cristales logra altos niveles de silencio o de adhesión y efectivamente la población judía es perseguida, sus casas rotas, quemadas, deportada. Acá no hay solo una convicción ideológica sino los efectos del terror”.

Sobre América Latina y Argentina Feierstein subrayó que cada vez es más evidente que “la tasa de supervivencia fue mucho mayor de la que suponíamos”. “Esto tiene mucho que ver con la famosa discusión de los números. Las denuncias en los años ’84, ’85, eran muy pocas y tenían que ver con la gente que estuvo mucho tiempo en un campo de concentración. Lo que uno va descubriendo sobre todo a partir de las denuncias que comienzan en 2008, 2009, 2010, 2012, es que muchísima gente fue secuestrada por un día, por unas horas y luego liberadas”.

“Me han enseñado los sobrevivientes de experiencias genocidas, en particular los ex detenidos desaparecidos en Argentina, que el objetivo de ese secuestro era usarlos como herramienta de difusión del terror. Esta es la respuesta que ellos mismos se dan y que los pone en una encrucijada. La pregunta para ellos era: ‘¿Qué hacemos? Si nos callamos somos cómplices de no haber divulgado lo que ocurrió, si hablamos logramos el objetivo que ellos querían que es que aterroricemos’. La respuesta que se dan también es brillante: ‘Tenemos que hablar pero no solamente de lo que el poder le hizo a nuestros cuerpos sino de esa identidad que quisieron destruir: ¿quiénes éramos nosotros antes de que el terror nos secuestre?”.

Tres puntos sobre los juicios

Feierstein dijo que las políticas contra el terrorismo de Estado durante los gobiernos kirchneristas tuvieron un punto “altísimo” en “el modo de haber implementado el juzgamiento” y dos puntos bajos en torno a los sitios de memoria y las reparaciones.

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En materia de juicios en comparación con otros casos internacionales “Argentina ha llegado más lejos que nadie”, sobre todo por la modalidad empleada: “por medio de jueces naturales, con todas las garantías que corresponde a los imputados, que sea en todos los lugares del país, de las regiones donde ocurrieron los hechos, que involucre al conjunto social en esa discusión”.

Respecto a la política vinculada a los sitios de memoria “no se ha cobrado conciencia de la importancia de la voz de los sobrevivientes y hasta de la sacralidad de ese espacio en una necesidad de elaboración, particularmente en el caso más emblemático, esta especie de disneylandia de los derechos humanos que se ha hecho en la ESMA, que ha llevado a casos como la organización de un asado y sobre todo a la respuesta gubernamental ante la indignación de los sobrevivientes, diciendo ‘esto lo vamos a seguir haciendo’, ‘no nos importa que alguien se enoje, que a alguien le duela que se queme carne en un lugar donde se quemó la carne de sus compañeros'”.

El sociólogo cuestionó finalmente que las reparaciones hayan sido económicas e individuales: “El dinero es el equivalente general de las mercancías, con lo cual no garantiza nada. La reparación es mensurar económicamente el daño y dar una cantidad de dinero por ese daño a los individuos que sufrieron eso o a sus seres queridos. Esto ha sido muy complicado porque no se ve que el daño es grupal, es colectivo, que afecta al conjunto social, empieza la discusión de quién debe recibirlo y quién no, qué es lo que uno hace con ese dinero”.

“El Estado debe hacerse cargo más de servicios que de dinero y pensar más colectiva que individualmente”, dijo y puso como ejemplo el caso colombiano que en materia jurídica fue “infinitamente peor” pero “en términos de reparaciones fue más interesante porque se piensa en relación a las comunidades afectadas y al Estado proveyéndoles servicios”.

“Si a un hijo le fue sustraído su futuro en función de que el Estado asesinó a sus padres uno podría pensar que el Estado puede ofrecerle inserción laboral, vivienda, salud, una cantidad de servicios que el Estado está obligado a ofrecer que no es lo mismo que darle el dinero para acceder a esos bienes”.

¿Por qué deberías ir a una audiencia?

“Lo primero que le diría a una persona que nunca fue a una audiencia: uno puede leer 800 libros, ir a 500 conferencias y clases y todo eso tiene un valor relativo frente a ir a una sola audiencia de este juicio”, dijo Feierstein. Si bien resta confirmación por parte del tribunal, el 4 de octubre comenzaría el cuarto juicio de lesa humanidad en Bahía Blanca. Es el tercero de la causa V Cuerpo de Ejército y hubo uno sobre los crímenes de la Armada. Las audiencias fueron y serán públicas, semana por medio, los martes por la tarde y los miércoles a doble turno en Colón 80.

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“¿Qué le va a contestar a sus hijos y a sus nietos cuando le pregunten ‘vos estuviste en alguna de esas audiencias históricas’? Aunque sea para poder dar una respuesta como corresponde como padre o como abuelo tendría que ser capaz de poder ver la escena que se arma ahí”.

“Es tremendamente reparador y va mucho más allá de la pena. En los juicios la pena no es ni lo único ni lo más importante, menos en este momento donde los perpetradores son muy mayores, no es el tema central más allá de que no pueden no tener pena después de semejante destrucción de lazo social”, manifestó.

Lo destacable es que “aquel que tuvo la disposición de la vida y de la muerte de decenas, centenares, miles de personas, llegue a una instancia donde debe escuchar a sus víctimas, ese testimonio de las víctimas es legitimado por un tribunal, debe hacerse cargo de ese testimonio, y ese tribunal califica esos hechos, los representa, plantea que estuvieron mal y asigna responsabilidades, esto es la sanción a quienes fueron los encargados, los responsables de implementar esas prácticas”.

Resistencia partida

Al ser consultado sobre la última Marcha de la Resistencia que convocó la Asociación Madres de Plaza de Mayo con la consigna “Cristina conducción”, Feierstein opinó que en principio le “produjo preocupación que se decidiera suspenderla” porque “parte de la historia del movimiento de derechos humanos argentino era que articulaba muy pluralmente, identidades políticas muy distintas, y que le señalaba al Estado la violación de los derechos humanos que siempre es cometida por todo Estado más allá de que algunos gobiernos puedan intentar confrontarlo más que otros o profundicen la violación más que otros”.

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“Tampoco está mal señalar la cercanía que uno pueda tener o no con cierto gobierno. Pero eso es una cosa que uno hace individualmente y no como organismos de derechos humanos y de ninguna manera justifica detener la resistencia porque la resistencia ante el ejercicio de la violencia estatal va a existir siempre (…) porque es parte de la propia lógica del funcionamiento estatal. Y entonces requeriría organismos de derechos humanos que le señalen esas violaciones”.

“Doble gravedad adquiere decir que ante un cambio de gobierno se reestablece una Marcha de la Resistencia con la consigna de la conducción de un líder político que pensemos lo que pensemos, yo tengo esta visión dual de reconocer muchísimas cosas y de ver otros problemas, pero tengo claro que hay miradas muy distintas dentro del mundo de los derechos humanos y que parte de construir relaciones de confianza es construir en esa pluralidad y no obligar a nadie a tener que sentirse incluido o excluido a partir de esa identificación partidaria”, concluyó.

“Bullrich es muy coherente. Roca intentó exterminar al pueblo mapuche, no lo logró, y sin embargo la educación ha sido un arma fundamental para eliminar ideológica y culturalmente a los pueblos indígenas. La frase es de una sinceridad brutal absoluta. Decir: lo que no pudo Roca lo vamos a lograr con la escuela”, dijo el werken de la Confederación Mapuche de Neuquén Jorge Nawel tras la reivindicación del primer genocidio que hizo el ministro de Educación en Choele Choel.

Esteban Bullrich dijo en un acto oficial que la inauguración de un hospital escuela era parte de “la nueva campaña del desierto, pero no con la espada, sino con la educación” y agregó que “no estamos poblando este desierto, ustedes hacen que esto no esté desierto y eso es lo más lindo”.

Nawel afirmó a FM De la Calle que el ministro “muestra la coherencia que tiene el PRO, que tiene la derecha, que tienen todos estos sectores que hoy les toca gobernar el país” que “reivindican héroes como Roca, Mitre, Sarmiento, gobiernan para una clase muy específica, que es la suya, desprecian todo lo que es demanda o reivindicación popular, desprecian al interior. Saben muy bien lo que quieren y para qué están utilizando al Estado”.

“Sí me preocupa que la sociedad argentina, la sociedad criolla, todavía no dimensione lo que implicó la Conquista del Desierto, porque yo creo que un exabrupto como el que cometió en su momento el secretario de Cultura Lopérfido, cuando habló de que no eran 30 mil los desaparecidos, le costó la renuncia. Creo que ningún sector de la población hoy aceptaría que se reivindique el holocausto al pueblo judío y habría una condena y le costaría la cabeza a cualquier funcionario al que se le ocurriera”.

“Sin embargo lo de Bullrich va a quedar como una anécdota dentro de un par de días, nadie se va a acordar. Me preocupa que se vaya haciendo natural que de pronto sectores fachos o racistas como los que gobiernan hoy puedan decir semejante barbaridad y no le cueste la cabeza a ese ministro”, dijo.

Cuestionó el “doble discurso de los sectores progresistas o de derechos humanos todavía no llega a reivindicar lo que es la situación de los pueblos indígenas y eso me preocupa porque somos parte de esa gran mayoría que aceptamos pasivamente que un ministro racista como este venga a decir en nuestras propias narices que lo que no pudo Roca lo va a lograr la educación”.

Luego del discurso, Bullrich oscureció ante la prensa: “Me refiero a ese proceso histórico, del avance en un territorio que no estaba conquistado, ocupado. Ahora, a partir de una construcción distinta con la educación, los pueblos originarios tienen que ser reconocidos, hay que trabajar con ellos para que haya una cultura común y no la aniquilación para que (una cultura) predomine”.

El werken recordó que si bien Argentina se reivindica como “lo más blanquito de América” existen más de treinta pueblos indígenas en su interior. “Todos los días estamos luchando contra eso porque tenemos un sistema educativo totalmente discriminador y racista que sigue reivindicando a Sarmiento como el primer maestro, el padre del aula, y no noto que los maestros cuestionen esa celebración y cantan el himno y se toman el día de descanso en honor al gran maestro y siguen reivindicando a un racista, a un genocida”.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) manifestó su preocupación frente a las declaraciones del presidente Mauricio Macri respecto del episodio violento que terminó con el asesinato de un joven en la localidad bonaerense de Zárate. “Es imposible no unir este hecho a otros ocurridos recientemente, que han generado un fuerte impacto social y debate público y, por lo tanto, obligan a todos los poderes del Estado a reacciones responsables que no promuevan más violencia y se ajusten plenamente al estado de derecho”.

Las declaraciones de Macri “son un alerta en el debate público sobre la seguridad. Frente a la expresión de cualquier tipo de violencia, el Estado debe actuar solamente generando reacciones responsables que no promuevan la resolución de ningún conflicto mediante el uso de más violencia sino que promuevan la paz y el funcionamiento de las instituciones”.

En este sentido, desde la Comisión manifestaron que “es inadmisible que el presidente hable de manera irresponsable sobre una situación tan delicada y desconozca el alcance que pueden tener sus declaraciones. Porque con este proceder contribuye, sin ningún tipo de reparo, a amparar acciones violentas —que son crímenes— como mecanismo para la resolución de conflictos que son fundamentalmente sociales”.

“En su línea argumental, al denominar a quien cometió el delito como ‘ciudadano sano y querido’, Macri relativiza la gravedad del crimen y por lo tanto niega la condición de víctima a quien no sería considerado sujeto de derecho. Sobre la base de esto operan luego las expectativas de administración de justicia. Esto no sólo abona un proceso de estigmatización muy fuerte sobre los sectores más desprotegidos de la sociedad, construyendo un consenso social peligroso y autoritario, sino que además promueve condiciones para un accionar limitado y deficiente de las instituciones del Estado como la justicia”.

“Pero, además, esconde la ausencia del Estado para garantizar el bienestar de las personas. Porque ahí donde hay ‘justicia por mano propia’, simplemente no hay justicia para nadie. Y, cuando no hay Estado ni justicia, la violencia se amplifica en múltiples sentidos”.

“Cada nuevo hecho debe interpelar al Estado, y sobre todo a quienes gobiernan, para que de una vez por todas pongan en marcha políticas de seguridad eficaces que abandonen la demagogia punitiva y la mano dura. Estas políticas han demostrado ser ineficientes para resolver el delito y la violencia. Por el contrario han generado más violencias, conflictos y corrupción”.

La CPM agregó que “estas violencias, que se despliegan entre las personas y el modo en que son abordadas mediáticamente —especialmente por las empresas hegemónicas de la comunicación—, son el síntoma de una desigualdad estructural que pone en evidencia la ausencia del Estado. Cada nuevo hecho debería ser pensado como un reclamo para el fortalecimiento de políticas públicas de inclusión. Pero de ningún modo los funcionarios públicos pueden amplificar procesos de segregación social que sólo abonan la génesis de más violencias”.

“No queremos vivir en una sociedad que enfrenta a unos con otros. La democracia ofrece múltiples caminos hacia el bienestar de todos. Recorrerlos y garantizarlos es la obligación inexcusable del Presidente de la Nación”.

Lo confirmó a FM De la Calle Saúl Zeballos, integrante de la asamblea Jáchal no se toca. Asimismo, afirmó que la población tiene sentimientos de “zozobra, de abandono de las autoridades, de muchas cosas que se juntan y que evidentemente no tendrían que pasar”. Hoy a las 20 la comunidad volverá a marchar “exigiendo el cierre total de veladero, remediación y prohibición de la megaminería”. 

Ayer en la tarde se incrementaron los rumores del evento y a raíz de eso otro integrante de la organización, Faustino Esquivel, “se comunicó con el senador Ruperto Godoy y le pidió confirmaciones al respecto”. El legislador se entrevistó “de forma personal con el ministro de Minería Alberto Gensel, quien le había confirmó el derrame”.

A raíz de eso asambleísta hizo la denuncia pertinente en Gendarmería “para que actúe la justicia Federal. Nos enteramos esta mañana temprano que la provincia de San Juan a través del fiscal De Sanctis va a hacer la denuncia en el juzgado del juez Pablo Loiza”.

Para Zeballos, “los funcionarios siguen con una actitud de ocultamiento temerario” ya que la empresa informó oficialmente al gobierno provincial lo ocurrido el día del suceso ocurrido el 8 de septiembre y recién actúa luego de que toma estado público por fuerza de la movilización popular.

Un año y dos días atrás la minera fue protagonista de otro desastre ambiental del mismo carácter: derrame de cianuro. “Tuve que se yo el que hizo la denuncia y recién al día siguiendo lo hizo el gobierno”, agregó.

“El actual informe de la empresa Barrick dice que el 8 de septiembre se rompió un caño de 28 pulgadas. No dice cantidad y dice, igual que el año pasado, que no había salido del valle de lixiviación. Pero hay que recordar que el año pasado comenzaron diciendo que eran 15 mil litros, que no había salido del valle de lixiviación. El juez determinó que habían sido 1 millón 27 mil litros derramados en el río. Y nosotros tenemos documentación de la empresa que nos ha llegado hace pocos días en donde la cantidad derramada fueron 5 millones de litros de solución cianurada. Entonces, el ocultamiento de la información es lo que a nosotros nos da a favor”, explicó.

El cambio en material ambiental: sin novedades

Consultado acerca de las diferencias políticas en el tratamiento de lo ambiental luego del cambio de gobierno, Zeballos sostuvo que “representa más de lo mismo. El secretario de ambiente aparentemente está becado de por vida porque ya hace 13 o 14 años que está en el cargo y no hizo absolutamente nada. El jefe de la policía minera es exactamente el mismo que hace un año atrás y se comporta de la misma forma”.

“A nivel nacional, nosotros nos da vergüenza ajena que el ministro (de Ambiente, Sergio) Bergman vaya por las provincias que no tienen megaminería para pedir un debate serio, responsable y sin prejuicios sobre la megaminería. Pero en aquellas provincias que sí tenemos megaminería, es más, que tenemos este tipo de desastres ambientales, no hay que hablar del tema, no hay que generar debate porque no quieren poner en riesgo ese proyecto megaminero nacional. Cambian las caras, las autoridades pero no cambia la actitud hacia el pueblo de Jáchal, el ninguneo que tienen las autoridades para con nosotros”.

La empresa, por su parte, decidió hace pocas horas prescindir de los servicios de quien gerenciaba la mina Valedero, utilizando el mismo modus operandi que el año anterior, cuando presentó su renuncia Guillermo Caló, entonces director ejecutivo de la multinacional.

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La empresa tiene tres causas penales en su contra. La primera la inició el fiscal de Estado de la Provincia en representación del gobernador ante al Juzgado Provincial del Jáchal por un artículo del Código Penal que es la contaminación dolosa del agua. La segunda, la inició un grupo de sanjuaninxs que se presentan como querellantes en el Juzgado Nacional de San Juan y pertenecen a una ONG que se llama ‘Ciudadanos independientes’ y la tercera, fue en Capital Federal, promovido por la Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina.

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(Por Francisco J Cantamutto) El problema de las tarifas se erige como centro de una disputa más amplia. No se trata solo de discutir los precios que pagamos por servicios públicos sino -como hemos venido discutiendo aquí– de uno de los ejes centrales del programa económico del gobierno de Cambiemos. Justamente, coincidien esta semana el Foro de Inversión y Negocios con el llamado a la audiencia pública por la tarifa de gas para usuarios residenciales.

El Foro, conocido como el “Mini-Davos”, es una réplica del Foro Económico realizado en Suiza en enero, del que Macri volvió lleno de promesas hasta el momento incumplidas, y de la reunión empresarial Business20, realizada en paralelo al encuentro del G20 en China hace semanas. Se busca tentar al empresariado transnacional acerca de las virtudes del espacio argentino para valorizar su capital. Lo organizó, a pedido del gobierno, el empresario Richard Attias, que comparte con Macri la tenencia de activos en paraísos fiscales. Entre otras empresas, se reunieron con el presidente representantes de BP, Novartis, Toyota, Unilever, Enirgi, Pan American Silver, IBM, Citigroup, Siemens, Coca-Cola (el listado ampliado está aquí).

La nota de color se la lleva el CEO de Dow, Andrew Liveris, quien dijo: “Necesitamos certezas en materia de políticas energéticas, también con la cuestión impositiva”, para agregar que sus inversiones están garantizadas… si se “supera la falta de transparencia generada por los subsidios”, y “logra instrumentar mejoras en el sistema energético” (según fue recogido por el conservador diario La Nación). Esto es importante: para el empresariado transnacional, más allá del acuerdo ideológico y político con este gobierno, no queda claro que las políticas económicas tengan coherencia, previsibilidad y sean capaces de sostenerse frente a la intensa reacción social. La disputa por el nivel actual y futuro de las tarifas entrecruza una disputa por nuestras condiciones de vida frente a sus oportunidades de negocios. Por eso, para mostrar gobernabilidad, se invitó como oradores a la gobernadora de Buenos Aires, pero también sus pares de Salta, Neuquén, Córdoba, San Juan y Misiones. Todo un arco de defensores del nuevo “modelo”.

El día viernes 16/9 está prevista la audiencia pública por la suba del gas para hogares. Mientras tanto, persisten los aumentos para el resto de los usuarios y del resto de los servicios (luz, agua, transporte). Se espera que el gobierno procure que esta instancia sea anecdótica, pero ya múltiples organizaciones señalaron que no se lo harán sencillo. Las Multisectoriales, las CTA, la Corriente Federal de la CGT y FACTA son algunas de las que movilizarán el viernes.

Lo que sigue es racconto básico para poner en discusión este aumento del gas:

  1. No hubo ni hay información ni argumentos que justifiquen el aumento. No se convocó previamente a audiencias públicas (la actual fue convocada tardíamente, por el fallo de la Corte Suprema). Todo esto vulnera los marcos regulatorios, y además derechos básicos constitucionales a la información y a la participación sobre estos servicios (art. 42).
  2. El aumento se produjo en un contexto de aceleración inflacionaria y aumento del desempleo lo que hace que en algunos casos las tarifas se vuelvan imposibles de pagar. Esto afecta los principios jurídicos de razonabilidad y proporcionalidad. Dado el especial impacto en micro, pequeñas y medianas empresas, la suba ya en curso alimenta nuevas quiebras y despidos.
  3. El anuncio de sucesivos esquemas tarifarios cuestiona el criterio utilizado. La referencia al retraso relativo de las tarifas respecto de otros precios no es un argumento, pues cualquier sector (en especial quienes vivimos de un salario) podría argumentar igual y subir sus propios precios. La falta de criterios claros va contra el argumento de proponer un clima favorable a los negocios, de previsibilidad en los contratos. Esto se trasunta en la actual falta de inversiones productivas.
  4. Los sucesivos esquemas tarifarios no han resuelto ninguna de las asimetrías previas: ni las que existen entre tipos de usuarios (siguen proponiendo esquemas regresivos) ni las que existen entre áreas geográficas (los subsidios no tienen relación con las necesidades climáticas de cada región). La tarifa social está muy lejos de cubrir el impacto asimétrico, ocasionando múltiples costos de gestión, además de una victimización de la necesidad, pues el afectado debe probar su vulnerabilidad (invierte la carga de la prueba). Su aplicación ha sido defectuosa y parcial.
  5. No han introducido tampoco ninguna consideración respecto de cambios en la matriz energética (fomento a energías alternativas) o de eficiencia en el uso (por ejemplo, mejoras estructurales en las residencias), que pudieran moderar el problema en el mediano plazo.
  6. No se presentó ningún plan de inversiones asociado, por lo que tampoco hay garantías que las mayores tarifas tengan efecto en mejores prestaciones. Se pagaría más por un servicio defectuoso. La experiencia de los ‘90 indica que mayores precios y horizonte previsible no implican automáticamente inversiones para un mejor servicio. La falta de compromisos claros pone en duda cualquier escenario futuro.
  7. Al mismo tiempo, el gobierno se ha negado a auditar la actuación de las empresas proveedoras en los pasados años. Revisar sus memorias y balances podría dar elementos de juicio para saber: a) cuál fue el resultado económico; b) identificar prácticas fraudulentas (como la denunciada en el caso de las transportadoras de gas, TGN y TGS, que pagaron a sus casas matrices por supuesto asesoramiento, como manera de remitir ganancias al exterior sin declararlas); c) identificar qué se hizo con las transferencias recibidas, por compensación al nivel de las tarifas y por planes especiales (Plan Gas). Todo esto debería ser información pública, pues se brinda un servicio público.
  8. El supuesto nivel elevado de los subsidios ha sido desmentido incluso por un informe del FMI, que mostró que Argentina está por debajo de lo que subsidian en promedio los países de la OCDE.
  9. Si la revisión actual se enfoca solo en el peso de estas transferencias en el presupuesto público, llama la atención que al mismo tiempo que se se suben muy rápidamente otros gastos como el pago de deuda y se recortan ingresos, como las retenciones.
  10. La revisión del precio de la tarifa por energía debe considerar toda la cadena: la producción e importación de gas, su transporte y distribución. El gobierno ha restringido la revisión solo a estos últimos dos tramos, omitiendo que el principal costo está en el primer tramo. Al respecto, el precio en boca de pozo pagado por Argentina es superior a lo abonado en otros países, y esto no ha promovido inversiones –fuera de las realizadas por YPF a partir de su nacionalización parcial.

Todo lo anterior muestra la falta de argumentos razonables y creíbles para aplicar un aumento generalizado de tarifas, razones que hemos expresado en los medios, las calles y la justicia. La escasa credibilidad de esta propuesta es tal, que hasta los socios del gobierno se lo han señalado. Y por eso el Mini Davos sigue cargado de promesas, sin ninguna concreción.

(Por Nicole Pietrangello) El fin de semana pasado una joven de 18 años, en las instalaciones del boliche Chocolate, sufrió abuso sexual en el reservado VIP por parte de un empleado.

El victimario, Carlos Prattico, es un reconocido DJ y productor de medios de comunicación, lo que le granjeó  el apoyo de estos (como La Nueva y La Brújula) a través de la siembra de dudas por las denuncias de la mujer y la cosecha de comentarios misóginos en las redes sociales.

Desde que “si hay sexo oral no es indicio de abuso” hasta que “la chica estaba tomada” y que “no presentaría indicios de forcejeo”, la sociedad machista de Bahía Blanca se desvivió a improperios contra la víctima. Básicamente dijeron que era una puta, lo cual pareciera indicar que estaría todo bien para hacer lo que se quiera.

“No hubo gritos”, tampoco. Lo que sí hubo es complicidad por parte de los patovicas que al ser señalado el abusador no hicieron nada. Se los podrá justificar por su temor a perder el empleo. Okey. Pero entonces también se los señalará por contribuir a que suceda cualquier cosa en sus narices y no hacerse cargo que la vida y la seguridad de una persona se encuentra por encima de todo.

El fiscal Mauricio del Cero tiene a su cargo la causa y ayer llamó a declarar a la joven. Esta y sus familiares pidieron que no circulase información sobre la misma, y esto es más que respetable y entendible. El miedo debe ser terrible. Y el temor de los aprietes de quienes gozan de total impunidad para violar y seguir caminando lo más pancho por las calles no ayuda en nada.

Otras “fuerzas vivas”, las que salen de adentro, las que se levantan indignadas contra la injusticia y la impunidad, deben estar al pie del cañón. Para que no haya más abusos. Para poder ir a disfrutar de un momento en un boliche sin estar pensando si te van a acosar y violar. Esto es lo que deberíamos hacer la “gente de bien”. Y no preguntarse, en todo caso, si ella no lo provocó.

La Coordinadora contra los Tarifazos de Bahía Blanca convocó a la comunidad a movilizarse este viernes a partir de las 19 desde la Plaza Rivadavia en el marco de audiencia pública para evaluar el cuadro tarifario del gas presentado por el gobierno nacional que se realizará en la Usina del Arte porteña.

“La única posibilidad de que el tema del tarifazo pueda derrotarse no está ni en la firma de los jueces, ni en los amparos, sino en el pueblo movilizado y organizado. Hasta ahora el gobierno se ha empantanado de alguna manera desde aquella pretensión de 1700%, luego bajó a 1000, luego a 500 y ahora a 200 y pico, tiene que ver con esta movilización popular en todo el país, en todas las plazas, en todas las ciudades importantes”, dijo a FM De la Calle José Lualdi.

Agregó que en el último encuentro de la Coordinadora “se discutió que no es solo el gas, más allá de que el viernes concretamente la audiencia lo sea, sino la cuestión de todas las tarifas, las que tienen que ver con la energía eléctrica, las que tienen que ver con el agua, por eso insistimos en que la consigna y la bandera principal es ‘unidos contra los tarifazos y el ajuste’ y resolvimos movilizar a las 19 horas del día viernes en la Plaza Rivadavia para lo cual invitamos al conjunto de la ciudadanía a sumarse”.

El objeto de la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) por orden de la Corte Suprema es considerar el traslado a tarifas de los precios de gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (Pist) y al mismo tiempo las tarifas transitorias de transporte y distribución, que estarán vigentes hasta la aprobación definitiva de los cuadros resultantes de la Revisión Tarifaria Integral ratificada para una nueva audiencia a convocar en octubre.

Desde Bahía Blanca concurrirán l@s concejal@s Ezequiel Gimeno, Paola Ariente, Matías Italiano y Juan Manuel Martínez Eizaguirre, la titular de la OMIC, Mercedes Patiño y el presidente de APYME, Carlos Ferrari.

Para el intendente Héctor Gay la despenalización del consumo de drogas, planteada recientemente por más de 260 integrantes del Poder Judicial como una política respetuosa de los derechos humanos que termine con “la guerra contra el narcotráfico”, es “un debate interesante pero tiene que ser en un marco mucho más abarcativo” que baje desde Nación y que “no sea extremista”.

En la entrevista realizada este sábado en Enredados*, el jefe comunal se mostró “preocupado” porque “la droga está instalada fuerte y en todos los estratos sociales” y opinó que “la diferencia entre los chicos que están en el sector vulnerable y lo que pasó en El Reino es la calidad y el precio”.

“Justamente en los sectores más vulnerables, que son los más proclives a consumir cualquier cosa y drogas de peor calidad, el resultado son los que tenemos (sic): el aumento en la violencia y la delincuencia tiene que ver con esto”.

“Tenemos que buscar un modelo adecuado a la idiosincrasia argentina pero además que no sea extremista, tenemos la rara virtud de irnos hacia los extremos y la verdad que un sistema solo represivo como se instrumenta en distintos lugares del mundo no va a dar resultado. Ahora, un sistema absolutamente abierto, fijensé el caso de Holanda como ha empezado a retrotraer algunas de las políticas de quizá lo más liberal que había en materia de droga”, dijo.

Gay afirmó que “no hemos avanzado demasiado todavía” y distinguió dos cuestiones de la gestión anterior: “El gobierno nacional nunca reconoció el tema, jamás reconoció que había un problema serio, sí lo reconoció Scioli desde el primer momento, si hizo algo o no es otra cosa”.

Sedronar en Bahía

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El titular de la Sedronar, Roberto Moro, estuvo ayer en la ciudad y fue consultado por la circulación de drogas de laboratorio. “Hubo dos encuentros con todas las ciudades grandes que tienen problemas similares -Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Santa Fe- donde el consumo de las sintéticas venía siendo un grave problema y se trabajó en protocolos, además con un sistema que estamos implementando de alerta temprana para todas las organizaciones de salud y de las fuerzas que trabajamos en conjunto”.

“Esto ya no es solamente de ciudades grandes, no solo por el hecho que ocurrió aquí en Bahía sino que hemos visto que se va trasladando a ciudades de millones de habitantes a ciudades de menos. (…) Las drogas sintéticas son mucho más difíciles de detectar que las otras drogas, el trabajo que vienen llevando adelante las fuerzas en el control del narcotráfico es interesante, muy fuerte, pero no alcanza solamente con la lucha, en esto tenemos que buscar el equilibrio entre oferta y demanda”, agregó Moro.

Las declaraciones fueron en el marco de la presentación del programa “Municipios en acción” que tiene como objetivo principal promover la inclusión del consumo problemático de drogas en la agenda política municipal, a través del diseño, implementación, seguimiento y evaluación de Planes Locales sobre Drogas.

La adhesión al programa brindará a los municipios la capacitación a equipos técnicos municipales en la elaboración de diagnósticos y en el diseño de un plan local; herramientas para la implementación de estrategias de Prevención; un Observatorio Local que elabore estudios epidemiológicos y fortalecerá a los actores locales mediante capacitaciones en atención primaria de la salud.

*Enredados se emite los sábados de 10 a 13 por Continental Bahía Blanca con la conducción de Denise Navarrete, Mauro Llaneza y Gabriel Cena.

Ayer, vecinxs de Grünbein e integrantes de su sociedad de fomento se hicieron presentes en el Concejo Deliberante. Lograron entrevistarse con ediles de diferentes bloques y obtuvieron el acuerdo de acelerar el otorgamiento del uso de la banca 25 para explicar la problemática. “Aparentemente estaría para este jueves”, dijo Rigoberto Villaroel a FM De la Calle.

Lxs concejales Matías Italiano, María Mercedes Insausti y Pablo Rosenfelt presentaron de manera conjunta un proyecto de ordenanza por el que se dispone la “declaración de la Emergencia Sanitaria en el sector de Grünbein del Partido de Bahía Blanca, por el término de 180 días, a los efectos de realizar la correspondiente limpieza de pozos ciegos y garantizando la salubridad a los vecinos del sector”.

El Departamento Ejecutivo “deberá informar semanalmente, y durante el plazo que dure la Emergencia Sanitaria de las tareas efectuadas en el marco de la urgencia, con el objeto de garantizar las prestación del servicio en condiciones de salubridad”.

El segundo días de este mes, Rigoberto trepó hasta la cima de una antena del edificio municipal en reclamo de soluciones por el déficit de cloacas que sufren distintas barriadas. Hace 20 años había tomado la misma medida pidiendo obras básicas de tendido de redes de gas que finalmente fueron llevadas a cabo.

Hoy se reunieron también con referentes de las áreas de Acción Social y Obras Públicas, por parte del Ejecutivo.

¿Qué reclaman?

“El tema central son las cloacas. En el 2014 logramos que se concretara el anteproyecto de obra, realizado por ABSA. Este año formamos una interbarrial porque es una obra complementaria que abarca los barrios Parque San Miguel, Polo, Villa Gloria, Villa Elena y Grünbein. En función de eso nos auto convocamos con compromiso y participación de los vecinos para lograr que se concrete esta obra básica”, explicó Villarroel.

La zona cuenta actualmente cuanta con los servicios de gas, luz y agua pero la falta de cloacas constituye “un problema sanitario grave”.

Además, el vecino explicó que “si no hubiéramos encarado el reclamo no se hubiera escuchado y tal vez dentro de un tiempo hubiera sido más grave”, en referencia a las medidas de fuerza que promovió en diferentes oportunidades. “Somos gente de laburo. La gente no está descreída. Está decepcionada. Estamos luchando para que nuestros representantes nos escuchen y soluciones. Para eso han asumido. Vivir sin la obra es complicado”, finalizó.