La gobernadora María Eugenia Vidal, a instancias de funcionarios de su gabinete militantes del Opus Dei, revocó la resolución de la ministra de Salud Zulma Ortiz que adhería a lineamientos para el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) de mujeres, niñas y personas trans.

La resolución de Ortiz había sido bien recibida por profesionales de distintas disciplinas porque les “hubiera dado muchísimas más herramientas” y en un contexto de creciente rechazo a la violencia machista, los femicidios y la vulneración de derechos de las mujeres.

Así lo afirmó a FM De la Calle la médica Selva Lamtzev, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, quien comentó que “en 2013 más de cuarenta mujeres murieron por abortos clandestinos que consideramos que son femicidios, muertes que pudieron haber sido evitadas si realmente el sistema de salud se hiciera cargo de lo que le toca”.

El aborto en casos de violación o cuando esté en riesgo la salud de la mujer es legal en Argentina desde 1921. Lamtzev sostuvo que “el Código Penal habla de que corra riesgo, riesgo es que pueda ocurrir algún evento que perjudique la salud de la mujer, no habla de que ese evento esté ocurriendo. En el fallo FAL la Corte puntualiza que cualquier mujer que haya tenido un embarazo producto de una violación tiene derecho a realizarse un aborto legal en el sistema de salud público o el privado”.

“En 2015 el Ministerio de Salud de la Nación saca un protocolo de ILE que es muy interesante por dos cosas. En primer lugar por puntualizar algunas cuestiones más específicas en relación a las mujeres que tienen acceso, a cómo realizar la atención, a reafirmar el fallo FAL en relación al acceso al aborto legal en casos de violación y también en comprender lo que decía del riesgo para la salud. Cualquier mujer que se encuentra en gestación ya sea deseada o no tiene un riesgo exacerbado para su salud. Cualquier mujer, incluso previamente sana, por el simple hecho del curso del embarazo puede tener una serie de enfermedades relacionadas con el mismo”.

Lamtzev valoró además que el protocolo de 2015, en línea con la Organización Mundial de la Salud, define a la salud como “un estado de bienestar bio-psico-social”. “Una mujer que se enfrenta a un embarazo que afecta a cualquiera de esas tres esferas estaría dentro del protocolo y podría solicitar la interrupción legal del embarazo”.

“Lo de Vidal es un retroceso increíble, nos lleva a un oscurantismo tremendo que pone la salud de las mujeres en una situación super precaria. También considerando que estamos teniendo dificultades para garantizar los métodos anticonceptivos”.

La profesional declaró que la obstaculización del aborto legal y el recorte en salud sexual y reproductiva “da la pauta de cuál es la visión del rol de la mujer en la sociedad para este gobierno, o sea, tu único camino en la vida es ser madre, lo quieras o no lo quieras. (…) No son hechos aislados sino que forman parte de una política de agresión hacia las mujeres”.

(Por Mauro Llaneza) Las empresas del polo petroquímico desistieron de las declaraciones de un grupo de pescadores artesanales a quienes habían convocado como testigos en el marco de la causa civil por contaminación en la ría que tramita el Juzgado Contencioso Administrativo N°1. Durante la audiencia que encabezó ayer el juez Agustín López Cóppola solo se escuchó a un empleado del Consorcio del Puerto.

“Deberían haber declarado los pescadores que son actores de esta acción civil, es una prueba ofrecida por la parte demandada donde se los cita -se llama absolución de posiciones- para que digan si determinados puntos son verdades o mentiras”, dijo el abogado Lucas Beier en FM De la Calle.

A su lado, el pescador Miguel Ángel Córdoba afirmó que fue a responder las preguntas de las empresas “con la frente en alto, no como ellos que es una agachada, lo que hicieron es de muy cobardes, no querer escuchar la realidad o la verdad es de muy cobarde, nadie les iba a mentir”.

“El único que declaró fue un testigo ofrecido por el Consorcio del Puerto, que es (Alberto) Carnevali, que es empleado del puerto, y contestó algunas preguntas referidas al dragado” y a la posibilidad de que haya causado daños. Beier destacó que el testigo “manifestó sobre los estudios que se hicieron sobre los sedimentos, si esos estudios estaban dentro de los parámetros autorizados por el OPDS, dijo que sí, motivo por el cual el OPDS autorizó la obra del dragado”.

La contaminación del estuario es investigada en una causa penal que tramita la justicia federal y otra civil en la cual están imputadas Solvay Indupa, Profertil, Mega, TGS, Petrobras, PBB Polisur, Dow Química Argentina, Cargill, el Consorcio de Gestión del Puerto, ABSA, la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Bahía Blanca.

El proceso civil busca definir “la calidad ambiental del estuario”, detener el vertido de residuos tóxicos y sanear la ría. Además, pretende una indemnización por daño moral colectivo: “¿Qué es esto? Toda la comunidad sufrió un daño, el ejemplo más tangible es la clausura del balneario Maldonado que ya no es con agua salada, alguien si se quiere ir a bañar a Cerri no puede, si quieren comer en el muelle de Cerri no pueden porque está contaminado, entonces todo eso debe resarcirse a la comunidad y tendrá que resolver el juez de qué modo”.

En paralelo se tramitan causas individuales de medio centenar de pescadores que impulsan la demanda con el fin de lograr un “resarcimiento económico porque no pudieron seguir ejerciendo su oficio”.

Contaminar o no contaminar

El abogado destacó que nadie está haciendo nada clandestinamente, tanto el vertido de tóxicos como el dragado están autorizados por la provincia, por eso la consideran responsable. “Más allá de que la provincia dice que las empresas pueden arrojar ciertos parámetros no se controla si cumplen, hay una falta de servicios de la provincia porque el CTE controla una o dos veces al mes. Con eso es imposible saber cuánto es el acumulado (…) estamos pidiendo que se analice el barro, que se analice agua y principalmente las especies vivas, ya sean moluscos o peces. Ahí vamos a saber si existe una bioacumulación de metales pesados tóxicos, por ejemplo el mercurio que es tóxico sin importar la cantidad”.

Beier explicó que “la Ley de Pesca de la provincia de Buenos Aires no habla de parámetros, dice que está prohibido. Está prohibido arrojar sustancias tóxicas que puedan generar un daño a la biología. Como este es un sector de pesca, los pescadores son actores en esta causa y la justicia les dio el lugar de actores y querellantes en la penal, ellos están ejerciendo su actividad o la ejercían al menos dentro de la misma zona donde las empresas arrojan sus sustancias tóxicas, entonces ¿qué ley tiene que regir? ¿La de Pesca que dice cero o una resolución de la Autoridad del Agua que es para mar abierto y que habla de parámetros?”.

pesca artesanal

“Si el juez resuelve que va a ser cero, va a ser una complicación para las empresas porque significa que ya no van a poder arrojar sustancias tóxicas. No va a ser ni uno, ni dos, ni tres. Va a ser cero”. Los desechos de las empresas deberían trasladarse más de cien kilómetros para alcanzar mar abierto. Nunca llegan “porque la marea corre cada seis horas, va y viene siempre, y hay estudios realizados que una parcela de agua frente al puerto con marea bajante no llega más allá de Puerto Rosales y cuando sube vuelve otra vez, nunca se va”, fundamentó.

Y el pescado sin vender

Miguel Ángel Córdoba recordó que la demanda se originó en la falta de pesca. “Por historias de pescadores más viejos decían que iban enfrente a remo y venían llenos de pescado. Empezamos a notar que empezó a caducar mucho más, mucho menos embarque porque al ser tanta gente a bordo de una lancha no alcanzaba. Dio la casualidad de que empezando a hablar, hablar, hablar, vino alguien que hizo la investigación de contaminación y es como que nos abrió los ojos y empezamos a mover un poco porque era la comida, el pan nuestro de cada día”.

“Toda mi familia son descendientes de pescadores, nosotros también, mis hermanos, mis primos, cuñados, mucha cantidad. Es una familia grande la de los pescadores. Nosotros venimos subsistiendo de changas pero hay gente que no sabe hacer otra cosa, que nació en la pesca, los llevó el padre de chico a los nueve años arriba de una lancha y hoy por hoy no tiene nada, el muelle hoy está tapado, la dársena está tapada de barro, las cuatro lanchas que hay están en seco, tenés que esperar que crezca toda la marea para poder sacarla (…) hay tres embarcaciones pescando afuera, son tres, 21 personas nomás, ¿y el resto?”. En los buenos tiempos había al menos 200 trabajadores “a pleno”.

Miguel Ángel afirmó que los frigoríficos de White “murieron todos”, como desaparecieron quienes pelaban camarones o fileteaban el pescado. “Gente que no tenía para comer y en un momento iba al muelle y sabía que se traía un pescado a la casa, todo eso no existe más”.

estuario

“Otra cosa es que ahora en White los únicos que están son los chinos y laburan con pescado de afuera porque nadie te come el de acá. Mi hermano tiene una canoa para salir a laburar con mi otro hermano y está ahí estancada en el muelle, sabemos que no lo va a comprar nadie ese pescado. Primero que no hay y el poquito que hay no te lo compra nadie, Bahía sabe que ese pescado no se puede comer. En White se está comiendo langostino del sur, de Rawson. El que come, si puede comprarlo”.

“Lo único que queremos es que vuelva el puerto como lo teníamos antes. No va a volver como estaba antes, eso está recontra claro. Pero por lo menos tratar de remediar algo de lo que hicieron, que dejen de contaminar, queremos el agua que teníamos antes, que sea limpia como antes, hay un montón de cosas, la pesca no sé si va a volver o no va a volver porque no soy dios para decir, pero sí que se termine con esto”, dijo.

La pericia

El próximo paso de la causa es la realización de una pericia sobre el estado del estuario. El juez López Cóppola descartó en su momento los reparos de la querella respecto a los intereses profesionales y económicos entre la Universidad del Sur y las empresas demandadas y ordenó que sea esa institución la que haga los análisis. El rector Ricardo Sabbatini argumentó que sus investigadores estaban ocupados en el dictado de clases y rechazó la propuesta.

Toda la información sobre #ContaminaciónenlaRía

El juez atendió el pedido de los pescadores para que intervenga la Facultad de Agronomía de la UBA pero ante una impugnación de una firma imputada optó por recurrir a la Fundación de la Universidad del Sur. “Creo que son los mismos profesionales los de la fundación que los de la UNS así que imagino que la respuesta debería ser similar a la que dijo el rector”, opinó Beier quien estudiará la posibilidad de cuestionar la medida “porque obviamente puede ser que los profesionales que integran la fundación vean que corre peligro su trabajo si se ponen en contra o la pericia da en contra de lo que dicen las empresas”.

“Podrían llegar a tener un interés muchísimo más tangible, mucho más palpable que el de la Universidad de Buenos Aires que no hace ningún estudio para las empresas de acá, la Universidad del Sur tiene cantidad de estudios, y es más, hay contratos vigentes entre el Conicet y la universidad con el CTE, millonarios, por año”.

Desde hoy y hasta el 31 de octubre en se realizan en Buenos Aires, Neuquén y Cipoletti una seria de charlas públicas y capacitaciones sobre salud, ambiente e hidrocarburos no convencionales organizadas por EJES, Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental. Participan profesionales nacionales y de Estados Unidos.

Las jornadas se enfocan desde el abordaje de salud socioambiental que trabaja los vínculos entre salud, ambiente y procesos sociales y productivos. Bajo este marco, pretenden abordar enfoques generales y conceptuales con casos concretos registrados por el desarrollo de hidrocarburos no convencionales y la implementación del fracking, paquete tecnológico central en la nueva frontera.

Tal objetivo se considera pertinente y prioritario debido al impulso y conflictividad asociados con el desarrollo a escala masiva formaciones antes no viables, como Vaca Muerta en la Cuenca neuquina. Entre los puntos debatidos por tal promoción uno central es la cuestión de ambiente y salud pública de poblaciones locales y trabajadores del sector, aspecto que cuenta con una creciente literatura científica a nivel internacional que amerita su debate y divulgación.

Se busca exponer y debatir el acumulado histórico que se viene produciendo en el país y el extranjero desde diversos planos para incrementar el conocimiento y participación social. En primer lugar, desde un abordaje general al relatar las experiencias de intervención territorial y conceptual de salud socioambiental. En segundo, cómo se traduce este abordaje en el caso concreto de los hidrocarburos no convencionales, tanto en el país como en los Estados Unidos, país pionero tanto en la generación y expansión de la industria como en el registro de sus impactos y costos asociados.

Además de quienes integran EJES, como el Taller Ecologista y el Observatorio Petrolero Sur, las jornadas contarán con la presencia de las dras. Sandra Steingraber y Kathleen Nolan, integrantes del Instituto de Salud Socioambiental, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario y de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de Buenos Aires, Asamblea Fuera Basureros del Neuquén, representantes del Siprosaprune y del Equipo de Salud de la Confederación Mapuche del Neuquén, entre otros y otras.

Más información en www.opsur.org.ar – www.tallerecologista.org.ar

#FrackingySalud

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La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) comenzó un paro por 72 horas con una marcha al Ministerio de Salud bonaerense junto a ATE, mientras representantes gremiales se entrevistaban con la ministra de Salud, Zulma Ortiz a quien reclaman “el pase a planta de los becarios, entre muchos otros puntos”. En Bahía Blanca la medida alcanza al Hospital Penna. La Asociación de Profesionales de la Salud Municipal adhiere a las demandas sin afectar la atención en el Leónidas Lucero ni las unidades sanitarias.

Se trata del primer paro de 72 horas durante “la lucha paritaria del segundo semestre”, en el que ya mantuvieron cuatro encuentros formales en paritarias, los cuales fueron rechazados por el voto de más de diez mil médicas, médicos y profesionales de la salud de los 80 hospitales bonaerenses, hospitales municipales y centros de salud, “porque solo se centraron en los temas salariales, dejando de lado cuestiones importantísimas, como el pase a planta de los becarios”, remarcaron.

Por último, el médico Fernando Corsiglia, presidente de la CICOP, adelantó que “luego del paro de 72 horas, debatiremos el viernes en asambleas en todos los lugares de trabajo de la provincia lo sucedido durante la reunión con la ministra y los alcances de la medida de fuerza, para llevar cada representante local esos mandatos al Congreso Provincial de Delegados que realizaremos al día siguiente”.

El Congreso de la CICOP es el órgano que decide si continúa o levanta las medidas de fuerza, de acuerdo a los debates anteriores y votos de cada lugar de trabajo de la provincia, decisión que luego es llevada por los Delegados a la reunión central.

El ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, apartó a Fernando Díaz como jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), cargo que ocupaba desde diciembre de 2015. Lo reemplazará Juan Baric, actual subsecretario de política penitenciaria. La gobernadora María Eugenia Vidal dará una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en La Plata, para brindar precisiones sobre el tema.

La Comisión por la Memoria (CPM) saludó la decisión y aseguró que “es una buena noticia que debe venir acompañada de cambios estructurales para transformar la grave crisis que enfrenta el sistema de encierro bonaerense”.

El miércoles de la semana pasada la CPM se reunió con la gobernadora María Eugenia Vidal para entregarle su décimo informe anual El sistema de la crueldad, sobre políticas de encierro y seguridad en la provincia de Buenos Aires. En la agenda de temas conversados en esa reunión se reiteró el pedido de renuncia de Fernando Díaz como jefe del SPB.

Esa no fue, sin embargo, la primera vez. Al ser designado en diciembre de 2015, la CPM manifestó públicamente su preocupación por los antecedentes que Díaz había tenido en su paso previo por el mismo cargo entre los años 2005 y 2009. Entre sus responsabilidades figura la de haber estado al frente de la institución cuando ocurrió la masacre de Magdalena en la que fueron asesinados 33 presos.

Posteriormente, la CPM insistió con la impugnación de Díaz en una reunión mantenida con la Gobernadora en el mes de febrero y en una posterior con el ministro de Justicia.

En las últimas semanas, la figura de Díaz volvió a ser cuestionada por una causa por corrupción en Salta. Él, junto a otros 37 funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, está acusado de administración fraudulenta en un sistema de compra de viandas para el Complejo Penitenciario Federal de Salta entre 2012 y 2015, cuando se desempeñaba como auditor general del Servicio Penitenciario Federal. El organismo, además de la renuncia del jefe penitenciario, solicitó al Ministro una auditoría externa para evaluar la compra de alimentos durante la gestión del cuestionado funcionario.

Por todo esto, la CPM señaló como positiva la decisión tomada por el ministro Ferrari de desplazar al funcionario y designar un auditor externo. Al mismo tiempo, en el organismo esperan que esta decisión sea el inicio de una política que modifique estructuralmente el sistema de encierro, a fin de revertir las graves violaciones de derechos humanos que padecen las personas privadas de su libertad.

El diputado provincial Santiago Nardelli (PRO) presentó un proyecto de ley que busca “prohibir cualquier tipo de actividad pública que permita y/o apoye y/o promocione y/o cree concursos de belleza y de elección de reinas, princesas y/u otras expresiones similares”. “Lo que buscamos no es prohibir los concursos de belleza sino más bien generar otros parámetros de elección del rey y la reina”, dijo a FM De la Calle y agregó que el debate sobre la violencia simbólica “no aporta nada”.

El Concejo Deliberante bahiense discute una iniciativa similar de la edila Miriam Iantosca (IC) que apunta a desincentivar la participación estatal en dichos certámenes por entender que son “discriminatorios, sexistas y propiciadores de violencia simbólica, donde solo se mira y define a la mujer por sus medidas, atributos físicos y estereotipos de belleza” cuando el Estado debe velar por “la protección de las mujeres y niñas, quebrando el paradigma de la cosificación de la mujer”.

Nardelli aseguró que “pretendemos un premio pero que sea no en base a una virtud estética sino a quien haya presentado un proyecto que elijan los organizadores del concurso. Por ejemplo, a la mejor acción medioambiental o al mejor proyecto de conservación del ambiente, alguna cuestión que sea ponderar algún valor que nos parezca rescatable y no hacer una exaltación de la figura estética que nos parece que, más allá de que en el debate está instalado que cosifica y que pone eso en cuestión, nos da la sensación de que no aporta nada”.

“No es tanto prohibir porque quien lo haga como instancia privada que lo haga, pero me parece que en las fiestas en las cuales el Estado de alguna manera participa o fomenta hay que sostener el concurso porque sirve, porque existe como tal y lleva mucho tiempo, pero ponderar otras virtudes, no caer en la virtud de la figura estética que eso sí lo vemos que no nos sirve como sociedad”, agregó.

En cuanto a la discusión central que promueven las ordenanzas que en distintos municipios ya dieron de baja los concursos de belleza en un contexto de creciente violencia machista, el diputado macrista afirmó que “no es el motor que tiene el proyecto que presentamos en la Cámara”. Quienes impulsan aquel debate sostienen que la violencia simbólica es una escala en la espiral que a partir de la cosificación de las mujeres, en casos extremos, termina en los femicidios de cada día.

“No digo ni que sí ni que no a esa afirmación, supongo que tendrá un fundamento y que quienes la afirman saben por qué lo dicen, lo que ponderamos es correr del simbólico la ponderación de la belleza estética y no de determinadas actitudes que puedan ser ponderadas por una sociedad”, dijo Nardelli y agregó que “la relación que se hace del simbólico estético y el femicidio creo que hoy es un análisis para tener en cuenta pero, si te digo, nosotros vamos por el camino de una cuestión que es más lineal”.

Marcela Slezak, emprendedora de La Feria del Lago, mostró ante FM De la Calle su preocupación por una tarde de domingo sin luz ni agua en el sector del lago del Parque de Mayo.

La Feria del Lago del Parque de Mayo es un espacio autogestivo de producción y trabajo enmarcados en la lógica de la economía solidaria que hace 10 años funciona en el sector del lago del mencionado espacio público. Alrededor de 50 familias de emprendedores y emprendedoras de diversos rubros (artesanías, textiles, alimentos, cosmética natural, producciones hortícolas, etc) viven de su trabajo en la feria y la comercialización en este lugar, que se constituyó como punto de encuentro semanal entre familias consumidoras de la ciudad y la región.

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Ayer, en el espacio de la Feria no hubo luz eléctrica ni funcionaron los baños ubicados frente al lago por falta de agua. Cientos de personas, incluso niñas y niños disfrutaron de una tarde de cálida temperatura, pero en ese espacio puntual, sin baño ni la posibilidad de compartir música o iluminación que son parte de la usual propuesta de productorxs autogestivxs.

“Muy raro”

Así definía la situación Marcel Slezak, emprendedora de La Feria del Lago, al explicar la situación. “Una vez más estamos trabajando con complicaciones en este lugar, hoy vinimos a armar nuestros puestos y nos encontramos con que el tablero eléctrico no funciona. Es muy raro, ya que en esta oportunidad sí había electricidad en otros sectores del parque muy cercanos a la feria, como por ejemplo el Anfiteatro del Lago y la pista de bicicrós”, señaló la artesana.

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Al consultarle acerca de si habían obtenido alguna respuesta luego del intercambio con ediles y funcionarios del ejecutivo local (el pasado mes de junio) sobre las mejoras necesarias para el mejor funcionamiento de sus actividades Slezak aseguró que “no, aún seguimos esperando que nos llaman y expliquen cómo y cuándo van a cooperar con estos más de cincuenta emprendimientos que autogestionamos nuestro ingreso diario y ofrecemos productos de calidad y a precio justo. Sólo queremos que nos respeten y cuiden como ciudadanas y ciudadanos y piensen en todas las familias que pasan por acá. Hoy no teníamos, nuevamente, ni agua en los baños. Feriamos sin luz y sin respuestas, y así es muy difícil sostenernos y crecer en el tiempo”.

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Entre las gestiones sugeridas por emprendedrxs a funcionarios el pasado, figuran: mejoras en la infraestructura de los baños en general (y en la batería de baños del sector en particular porque colapsan y se tapan o no tienen agua); habilitación ante EDES de un generador de luz con corriente óptima para el uso de la instalación eléctrica, equipos de sonido y capacidad para incorporación de espectáculos eventuales; y nivelar y drenar el terreno de los puestos fijos para hacer más segura la estadía y circulación por el espacio, entre las principales demandas que aún no fueron atendidas.

Pasaron más de nueve meses de la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), y en el marco de su gestión continúa sin pagarse la deuda millonaria que mantiene con nuestros medios. Sumado a esto, no se abrieron las anunciadas líneas 2016 del Fondo de Fomento Concursable (FOMECA), incumpliendo así con lo previsto en la Ley Nacional de Presupuesto del año en curso. 

Además algunas de esas líneas restringen las posibilidades de concursar a medios de nuestro sector, cuya única legalidad otorgada por el Estado ha sido un número de empadronamiento. Ese fondo establecido en la Ley 26522 (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual), se mantiene vigente aún pese a los decretos que modificaron varios de sus artículos, y no pueden ser utilizados para ningún otro fin que no sea el apoyo a los medios comunitarios, de pueblos originarios y de frontera. Son Fondos que existen actualmente y que no están siendo ejecutados.

Desde el inicio de la nueva gestión venimos sosteniendo reuniones tanto con el directorio del organismo como con el área que atiende las políticas de fomento para el sector. Hemos realizado propuestas, entregado toda la información y la documentación requerida; hemos sido abiertos al diálogo y una y otra vez las promesas se desvanecieron en el aire. El diálogo, hasta ahora, fue un simulacro.

La falta de pagos impacta en la sostenibilidad de los medios, obligándolos al cerrar o a seguir construyendo en la carencia de recursos. Esto no es democratización ni pluralidad, sino regresión en materia de derechos a la libertad de expresión, de los medios y de sus audiencias.

Tampoco se avanzó en estos largos meses en la habilitación definitiva de los canales comunitarios concursados, que cumplieron con todas las exigencias derivadas del acto de adjudicación, ni se han abierto nuevos concursos de radio y televisión sin fines de lucro. El ENACOM es rápido para habilitar canales comerciales y para avanzar en acuerdos con empresas, pero desoye los reclamos de los medios no lucrativos.

El incumplimiento también se verifica en el desconocimiento de la reserva el 33 por ciento del espectro para el sector sin fines de lucro. Cuando medios privados cierran sus empresas, como el caso de Radio América, la normativa vigente establece el reordenamiento del espectro radioeléctrico en base a cumplir con la reserva para el sector no comercial de la comunicación.

Además, continúan las interferencias contra Barricada TV y Urbana TV por parte de la empresa Canal 13/Artear, y tampoco se levantó el proceso penal contra Antena Negra TV, iniciado por una empresa de seguridad privada que no posee licencia alguna para operar en el espectro. En este marco comienzan a aparecer situaciones de interferencias de medios comerciales a medios de nuestro sector como sucede con FM La Caterva y FM La Tribu, ante las cuales el organismo plantea la resolución del conflicto entre las partes desentendiéndose de su rol.

Los funcionarios de ENACOM, ente presidido por Miguel Ángel De Godoy, sostienen una política de dilación con los medios comunitarios. Nos reciben, pero no nos escuchan. Nos prometen respuestas que nunca llegan y en nada han avanzado en estos meses, condenándonos al ahogo financiero y la precariedad. En consonancia con otros conflictos que surgen cotidianamente en el país, la gestión de Cambiemos sólo gana tiempo, para que el único que avance sea el mercado.

Convocamos una vez más a adherir, sumarse y acompañar a los medios alternativos, populares, comunitarios y autogestivos para que el ENACOM no solo pague la deuda sino que garantice condiciones legales para la permanencia al aire de nuestros medios y cumpla con la ley.

Por eso convocamos a movilizar para que el Gobierno Nacional:

– Pago de los FOMECAS Adeudados.

– HABILITACION de los canales comunitarios concursados: Barricada TV, Urbana TV y Pares TV. Basta de interferencias de Canal 13.

– Reconocimiento Legal y Devolucón de los equipos a ANTENA NEGRA TV.

– Resolución de los CONCURSOS pendientes para radio y televisión comunitarias.

– Cumplimiento de la RESERVA del 33% para las sin fines de lucro y elaboración del Plan Técnico.
 

MIÉRCOLES 26 de Octubre 16 horas
TODOS Y TODAS AL ENACOM
Perú 106 (CABA)

(Por Francisco J Cantamutto) Finalizó el Coloquio anual de IDEA, lugar de reunión del poder económico concentrado. Pocas novedades y mucha auto-satisfacción.

Del 12 al 14 de octubre se llevó a cabo en Mar del Plata el 52º Coloquio de IDEA, foro privilegiado del poder económico concentrado y la elite política. Año a año, se convocan a debatir en este espacio sobre sus proyectos y expectativas para el país. IDEA es lo que se conoce como think tank, es decir, un centro de producción e irradiación de ideas.

Financiado por las empresas más importantes que operan en el país, su lugar en la escena pública representa, de alguna forma, la renovación de lo que fuera el Jockey Club para la Sociedad Rural: el espacio de reunión y armado de programas económico-políticos, para vincularlos con personeros políticos de hoy y del futuro cercano. Otros foros cubren funciones semejantes en los últimos años, como por ejemplo el Foro de Convergencia Económica, pero ninguno en la trayectoria de los últimos años logra una convocatoria tan amplia –entre sectores de negocios- y sostenida. No en vano, en las vísperas de las elecciones el año pasado, se pasearon por sus atriles los principales candidatos, buscando dar garantías a los capitalistas.

En esos foros se dieron forma a las demandas de liberalización de la economía (quita de retenciones, de trabas a las importaciones, controles de capitales), retracción de las políticas sociales, reanudación de la ruta de endeudamiento externo. Esto conformó un programa mínimo común, que se vio certificado cuando las PASO dieron a por principales candidatos a Macri, Massa y Scioli, quienes dieron estas “tranquilidades” a los grandes capitalistas.

Este año, se hizo presente prácticamente toda la plana mayor del gobierno: el presidente Macri y los ministros de educación (Bullrich), de producción (Cabrera), de desarrollo social (Stanley) y el presidente de Banco Central (Sturzenegger), además de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Vidal. La agenda reeditaba la tentación a grandes inversores que se puso en escena en los encuentros de Davos, G20 y Mini-Davos. Y como en todo ellos, mucha promesa, pero ninguna concreción.

Es interesante que se sumaron a esta cruzada asesores cercanos al ex candidato Scioli, como Miguel Bein y Eduardo Levy Yeyati, además de representantes de otras fuerzas políticas como Julio Bárbaro (PJ), Sergio Massa (Frente Renovador), Miguel Ángel Pichetto (PJ/FPV) y Margarita Stolbizer (GEN). Un auténtico bloque de fuerzas políticas que busca comprometerse en las “políticas de Estado” que demande el empresariado.

A pesar que el título de este año era “Puentes hacia el futuro”, hubo poca prospección y mayor grado de autosatisfacción. Con las demandas de liberalización ya cumplidas, los empresarios señalaron que era hora de resolver el tarifazo de una vez por todas, pues llevan 8 meses sin precios relativos claros. Al respecto, ya hay empresarios anotados para sumarse a los negocios abiertos con la “emergencia energética”. Pidieron, reducir la inflación, lo que es de hecho una bandera en el discurso oficial, aunque de magros resultados hasta el momento. Otra demanda clara –y nada novedosa- fue avanzar en la reducción de los impuestos y el costo laboral. Pidieron por una reforma tributaria que desgrave su accionar, algo que el gobierno ya viene aplicando con la reducción de las retenciones y del impuesto a bienes personales, por ejemplo. Respecto del trabajo, una vez más hubo quejas de los altos salarios y la falta de flexibilidad. Para esto, el ajuste vía despidos e inflación está surtiendo efecto, además del plan de empleo joven, una desgravación fiscal típico de los noventa. Es decir, el libreto acostumbrado, sin mucha imaginación.

Fue una impostura la siquiera referencia a la pobreza, dado que son las políticas en marcha y las demandadas las que están generando el problema. Invitado por la organización, un cura jesuita Zarazaga explicó que las asignaciones universales por hijo/a eran una política social de buena cobertura y que mejoraba el acceso a alimentación y salud, y que nadie rechazaría un empleo bien pago por cobrarla. Un análisis tan simple generó indignación y sospechas entre los oyentes, poco dispuestos a cualquier voz que no suene como la propia.

De conjunto, el coloquio de IDEA no trajo mayores proyectos ni nuevos lineamientos, satisfechos como están de un gobierno “de los suyos”. No obstante, surgen también dos elementos. El primero es la necesidad de terminar de estructurar el nuevo “modelo”, que se ha demorado en el tiempo, en gran medida, por la resistencia social. El segundo es, justamente, que la posibilidad de inestabilidad política no puede descartarse, frente a lo cual Cambiemos debe ofrecer garantías de que sostendrá el programa. Para ello, la presencia del gabinete y el arco político ya referido buscó dar esa contención.

Un aspecto muy relegado es la situación mundial, afectada por la crisis que no ceja. Esta crisis continúa erosionando los precios internacionales de las exportaciones argentinas. La menor demanda mundial no solo complica las ventas, sino que supone un exceso de oferta, que se pudo notar con la inundación de importaciones que provocó la apertura de Macri: sobran bienes en el mercado mundial, buscando venderse. Pero también hace más agresivas las políticas de competencia entre países: China está desplazando también nuestro comercio industrial con Brasil. Al mismo tiempo, la crisis del Deutsche Bank y la posible retracción de la política de dinero fácil de Estados Unidos, están agregando posibilidad de inestabilidad financiera, justo cuando el gobierno argentino encaró una ruta de endeudamiento de una velocidad nunca antes vista.

El empresariado sabe de estos problemas, pero no los discute en público. Saben que su única propuesta para enfrentarlos es la misma de siempre: ajuste social. Pocas ideas, y de las malas.

 

Hay 1057 detenidos, de los cuales casi la mitad está en la cárcel. Mientras se tramitan 15 juicios en todo el país, hay 118 causas elevadas a debate oral. El relevamiento fue realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Casi 800 personas han sido sentenciadas en causas por crímenes de lesa humanidad desde 2006, cuando comenzaron los primeros juicios orales y públicos tras la reapertura de los procesos. En rigor, suman 723 los condenados y 76 los absueltos después del dictado de 167 sentencias en todo el país, según el último relevamiento realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

El organismo del Ministerio Público Fiscal a cargo del fiscal general Jorge Auat y coordinado por Carolina Varsky publicó la actualización de esas cifras al 30 de septiembre de este año, en cuadros que pueden consultarse en la sección Estadísticas del sitio de la Procuración.

Los números indican que 2541 personas fueron imputadas desde la reapertura de los procesos a partir de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 14 de junio de 2005.

Entre los detenidos, suman 527 alojados en cárceles y 494 quienes permanecen en arresto domiciliario.

Ese número de 2541 imputados está compuesto por los 799 sentenciados (723 condenados y 76 absueltos), 817 procesados, 157 con falta de mérito, 44 con sobreseimiento, 278 solamente imputados, 31 indagados sobre quienes aún no se ha resuelto su situación procesal, 5 declarados incapaces de seguir adelante en el proceso, 365 fallecidos y 45 prófugos. Ésta última categoría suma 46, pero en este desagregado no se cuenta al ex mililitar Jorge Olivera, quien se profugó tras haber sido condenado.

En ese sentido, otra perspectiva de análisis sobre los imputados la ofrece un recorte según su condición: de los 2541 imputados, hay 1057 detenidos (42 por ciento); 1003 en libertad (39 por ciento); 435 fallecidos (17 por ciento), número que incluye a los condenados que han fallecido; y los 46 prófugos.

De los 1057 detenidos, 527 están alojados en establecimientos penitenciarios, 494 cumplen arresto domiciliario, 16 permanecen en dependencias de fuerzas de seguridad federales, provinciales, hospitales y/o detenidos en el exterior, mientras se carece de datos respecto de otros 20.

En este contexto, se registran 561 causas activas en todo el país por crímenes de lesa humanidad, de la cuales 261 (46 por ciento) están en la fase de instrucción, 167 (30 por ciento) tienen sentencia, 118 fueron elevadas a juicio oral (21 por ciento) y 15 (3 por ciento) se encuentran en debate actualmente.

Las escuelas medias de la Universidad Nacional del Sur se sumaron al rechazo a la Evaluación Aprender 2016. Si bien formalmente se debió a cuestiones operativas y falta de información para debatir profundamente el tema, la directora del Consejo de Enseñanza Media y Superior, Liliana Granero, dijo a FM De la Calle que tienen “diferencias filosóficas y políticas extremas” con la prueba.

Para la profesora las escuelas “deberíamos haber tenido un espacio en instancias previas” para manifestar su opinión porque “cuando ya está la decisión tomada lo que nos quedó fue decir: no”.

La Asesoría Académica de las escuelas de la UNS descartó la invitación de las autoridades del Ministerio de Educación por la “necesidad de contar con tiempo suficiente para poder analizar profundamente el Dispositivo Nacional de Evaluación” y no contar “con información clara y precisa”.

También destacó la falta de coordinación con las autoridades educativas de la provincia y la inexistente capacitación al plantel docente y al cuerpo directivo, además de la no realización de evaluaciones de ensayo para el alumnado.

“Tenemos profundas diferencias con este tipo de evaluaciones donde el instrumento es totalmente estandarizado, con un formato que no tiene nada que ver con lo que los estudiantes hacen a diario en la escuela, los docentes somos considerados aplicadores y de ninguna manera somos aplicadores de nada sino docentes en toda la dimensión de lo que significa”, agregó Granero.

A través de la Resolución 2095/2016, el Ministerio de Salud bonaerense derogó la vieja Resolución 3146/2012 que incorporaba obstáculos al acceso al aborto legal y adecuó los lineamientos para el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) de todas las mujeres, niñas y personas trans bajo las causales que el marco normativo habilita; esto es, cuando esté en peligro la vida o la salud de la mujer o cuando el embarazo fuese producto de una violación.

De esta manera, la Provincia de Buenos Aires se sumó a las 8 jurisdicciones –Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego– que ya cuentan con protocolos de atención respetuosos de la ley y los estándares establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo F.A.L. de 2012.

Asimismo, el Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia, a través de la Comunicación 7°, establece que todos los efectores de salud, (incluyendo el personal administrativo y de seguridad) son responsables de garantizar y no obstruir el derecho a la ILE. Además indica que las mujeres y niñas que desean acceder a la práctica, deben contar con información clara, completa, oportuna, veraz, comprensible y en lenguaje accesible; en un espacio de confidencialidad y privacidad.

Las mujeres y niñas que desean acceder a la práctica, deben contar con información clara, completa, oportuna, veraz, comprensible y en lenguaje accesible; en un espacio de confidencialidad y privacidad.

La Comunicación también incorpora avances respecto del grupo de jóvenes y niñas, conforme los nuevos preceptos establecidos en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, reconociéndolos como sujetos de derecho con capacidad para tomar las decisiones relativas a su salud sexual y reproductiva de manera informada.

“La iniciativa de la Provincia es un paso adelante en el ejercicio de los derechos sexual y reproductivos de las mujeres y niñas. Es imprescindible que los servicios y efectores de salud renueven su compromiso con la vida y la salud de las mujeres. La prevención de abortos inseguros y la consecuente mortalidad materna es una condición necesaria para toda política de estado respetuosa de los derechos humanos”, indicó Mariela Belski, Directora de Amnistía Internacional Argentina.

El Protocolo sancionado en 2015 por Nación establece su “aplicación obligatoria en todo el territorio argentino” e indica que debe ser puesto en práctica “por todas las instituciones sanitarias” públicas, privadas y de las obras sociales. Por ende, todas las jurisdicciones del país deben aplicarlo, adhieran o no a éste. Sin perjuicio de ello, la iniciativa de la Provincia brinda un reaseguro para mujeres, niñas y personas trans que continúan viendo vulnerado su derecho a acceder a un aborto.

Foto: La retina del sabio.

La Asociación de Profesionales Municipales de la Salud, CICOP Seccional Bahía Blanca, realizará un de paro por 48 horas a partir del miércoles, en el marco del plan de lucha y movilización de CICOP y otros organismos y sindicatos.

“Es la primera vez en el año que adherimos en forma efectiva. Más allá de tener reuniones estamos no teniendo respuesta de determinados temas de los cuales venimos hablando desde principios de año”, dijo a FM De la Calle el dirigente gremial, Pablo Curino.

Parte de esos reclamos desatendidos son por “unidades sanitarias, lo que se llama recurso crítico. Es un adicional que tienen los profesionales de la guardia y estamos pidiéndolo también para unidades sanitarias y para guardias pasivas. Los profesionales tienen que ir a veces a barrios difíciles, reciben muchas veces agresiones importantes”, informó el médico.

Además, reclaman un “porcentual en las recategorizaciones. Nos recategorizamos cada cinco años y hay un porcentaje de aumento muy bajo”.

Respecto del debate presupuestario, el profesional sostuvo que “es todos los años una pelea porque la partida (de salud) es siempre la misma. Uno insiste en lo que es más necesario para la población. En este momento se está evaluando. Sabemos que viene un tanto complicado”.

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El miércoles las mujeres de todo el país cesarán sus actividades de trabajo y se movilizarán para decir ‘Basa de violencia machista’. En nuestra ciudad la convocatoria se replicará con un paro entre las 13 y 14 y una marcha a las 17:30 que partirá desde Plaza Rivadavia.

Luego de la serie de femicidios ocurridos los últimos días en nuestro país, mujeres de diversos sectores se reunieron en la sede de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) en Buenos Aires, para exigir el fin de los asesinatos hacia las mujeres y de la violencia machista. Se resolvió un Paro Nacional de Mujeres; Buenos Aires, Salta, Córdoba, Corrientes, Río Negro, Entre Ríos, Chubut son algunas de las ciudades que se suman a la convocatoria.

El hartazgo, el repudio y la bronca culminó con la organización que también busca poner de manifiesto la reducción del tiempo en que asesinan a mujeres en Argentina: cada 28 horas. Algunas organizaciones como MuMaLa -Mujeres de la Matria Latinoamericana- aseguran que el número se ha achicado aún más, cada 26 horas, si se toma en cuenta el relevamiento que realizaron a través del análisis de medios digitales gráficos, donde se registraron desde el 1 de enero de 2016 al 17 de octubre, un total de 226 femicidios, femicidios vinculados y travesticidios.

“Si mi vida no importa, produzcan sin mi”, es una de las consignas que toma cuerpo este 19 de octubre, mes en el cual las mujeres dicen BASTA y piden al Estado una respuesta por todas las mujeres víctimas de violencia machista; las de ayer y las de hoy.

8 de octubre:

Lucía Pérez, 16 años. Mar del Plata

Viviana Rodríguez desaparecida desde el 26 de septiembre fue encontrada muerta en Entre Ríos.

9 de octubre:

Beatriz Valencia Parra, 22 años, madre de 3 hijxs. Villa Recondo, Partido de La Matanza.

11 de octubre:

Beatriz Cañumán, 51 años.

12 de octubre:

Natalia Padilla, 41 años, madre de 5 hijxs. Barrio Artigas, Córdoba.

13 de octubre:

Marcela Crelz, 54 años. Isidro Casanova, Buenos Aires

14 de octubre:

Samantha Yorg, 22 años. General Cabrera, Córdoba.

María Elisa Acuña, 63 años. Los Hornos, La Plata.

15 de octubre:

Marilyn Méndez, 28 años, embarazada de tres meses. La Banda, Santiago del Estero.

16 de octubre:

Alejandra Noemí Duarte, 49 años, quemada por su esposo días anteriores.

Vanesa Débora Moreno, 38 años. Lanús, Buenos Aires.

(Por ¿Quién te juna?) Se registran, además, aproximadamente 300 casos de gatillo fácil por año. Según el informe lanzado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) en noviembre del año pasado, sobre 4.970 casos totales de asesinato por represión policial, 3.070 ocurrieron en los últimos 12 años. En el 2016, la lista aumenta nuevamente.

María del Carmen Verdú ayudó a fundar la CORREPI “contra las diferentes formas de represión del aparato estatal”, a fines de los ’80. Un organismo antirrepresivo compuesto por militantes, familiares de víctimas de hechos de gatillo fácil y jóvenes que se suman “por una necesidad de enfrentar lo que cotidianamente se padece en los barrios”.

La CORREPI realiza un informe anual –el próximo 2 de diciembre publicarán el número 20– de la Situación Represiva en Argentina. Esto es posible gracias a la colaboración de compañerxs en distintas provincias, “que se toman el trabajo de hacer el relevamiento de los casos locales y mandarnos la información, utilizamos todas las fuentes disponibles”, explica Verdú.

Además, afirma que “ninguna fuente nos parece poco útil, por el contrario, lo que sí hacemos, es un trabajo de chequeo, que se refleja en el hecho de que, en estos ya más de 20 años, ningún gobierno –y vaya que lo intentaron– pudo decir ‘este caso lo inventaron’, ‘no existe’, ‘es trucho’, imagináte que si hubieran podido, todos lo hubieran hecho”.

La referente de la Coordinadora opina que hay “una relación intrínseca entre cualquier reforma legislativa represiva (leyes antiterroristas, protocolo antipiquete, etc.) y el incremento de los fusilamientos de gatillo fácil”, y que estas legislaciones “a lo que apuntan es al disciplinamiento de la clase trabajadora organizada”.

En relación al gatillo fácil, ha tenido un incremento brutal en el curso de este año, como lamentablemente va a mostrar el informe anual.


Todos los años realizan la presentación en Plaza de Mayo. Es un acto donde, además de hacer un repaso de la situación represiva en todo el país, tratan de reflejar las principales luchas, y de hacer los necesarios homenajes: “como vamos a hacer este año con la persona de ‘Cachito’ Fukman, el compañero [fundador] de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos que perdimos en julio”, concluyó la entrevistada.

“[Los policías] querían esconder las pruebas, entonces yo agarré el proyectil que le dio a mi hijo”

Quizás el caso que más resonó en nuestra ciudad, el más emblemático (lamentablemente), sea el de Giuliano Gallo. ‘Yuli’ era un chico de la casa, de 14 años, estudiaba en la Técnica 4 –donde hacía doble escolaridad–, cuidaba a sus hermanos cuando la madre, Sonia Acuña, se iba a trabajar. “Era mi compañero, porque cuando yo estaba embarazada el hacía todo lo que era de la casa”, recuerda su mamá.

El 1 de febrero del 2008, Giuliano estaba en un cumpleaños en el barrio Cooperación. Cerca de las 21.30 fueron al barrio Mi Casita, a buscar un CD de música a la casa de los chicos que hacían ruidos molestos desde temprano. “Llegaron en un mal momento. Ya había policías. Ellos entraron, y bueno… Mi hijo en ese momento se quiso escapar por la parte de atrás, a donde le dieron un tiro”, repasa la madre de la víctima.

La versión oficial dice que “se produjeron hechos entre particulares y policías que motivaron que un policía efectuara disparos”. Cuando consultamos a Sonia, afirmó que si bien tiraban piedras desde adentro de la casa, fue “para defenderse de los tiros que ellos [los policías] tiraban”.

“Llegué tipo 1.30, 2 de la mañana; recién a esa hora me avisaron a mí. Cuando yo entré, los policías ya estaban en la casa.  Ellos querían esconder las pruebas, entonces yo agarré el proyectil que le dio a mi hijo”.

– ¿Supiste algo más de Guidobono luego de que fuera exonerado?

– No supe más nada. Una vez me crucé con Zorzano y le pregunté sobre el caso, ahí me enteré que ese señor estaba muy enfermo. Yo siempre dije: No tuve la justicia del hombre, pero tuve la justicia divina. Yo esperaba una justicia divina, ya que no había justicia del hombre acá… es lo que Dios me hizo ver.

La mamá de Giuliano consideró que algunos medios trataron bien la noticia, a su familia y el caso de su hijo, pero que otros no. Incluso llegó a sufrir maltratos por parte de un periodista:

¿Qué opinión te merecen hoy las fuerzas policiales? ¿Vos crees que están en la calle para defendernos realmente? ¿Te dan seguridad?

– Y la verdad que no. Yo pienso así, y no por lo que me pasó. No hay seguridad para nada. Cada vez más robos. Cada vez… muchas cosas de los chicos. Cada vez más droga. Vos ves madres que encuentran a policías que están involucrados en la droga. Muchas cosas que creo que, por más policías que pongan, no hay seguridad para nada. Ni para nadie tampoco.

La entrevista completa la podes escuchar acá: http://ar.ivoox.com/es/13342782

“Nunca ha sido fácil avanzar en Bahía Blanca en nada que tuviera que ver con esto”, dijo a FM De la Calle el fiscal Miguel Ángel Palazzani horas antes del comienzo del cuarto juicio de lesa humanidad en la ciudad. Las dificultades son mayores con la “falta de apoyo y el desmantelamiento de estructuras que venían sosteniéndolos”. “Que empiece el proceso, el más grande en la provincia de Buenos Aires, que sea aquí y que avancemos con, por ejemplo, veinte nuevas imputaciones de responsables que todavía no estaban juzgados me parece una buena noticia”, agregó.

El martes a las 15 se realizará la próxima audiencia del juicio Ejército III en Colón 80. Por la mañana podría realizarse una inspección para verificar las condiciones de detención de los imputados alojados en la cárcel de Villa Floresta. El miércoles desde las 9 se completará la lectura de la acusación.

“Tenemos una representación total de lo que dependía de la fuerza Ejército. V Cuerpo con su Agrupación Tropa, Batallón y todo lo que hacía al área aquí en la región -explicó Palazzani-. Después, Policía de la provincia de Buenos Aires, otra vez Servicio Penitenciario. También tenemos miembros o personas que actuaron en el circuito represivo de Neuquén-Rio Negro. Tenemos un amplio abanico que va a constatar o repetir y a nuevamente probar cómo funcionaban en aquel momento los grupos de tareas (…) y podremos ver la coordinación con el Área 52 de Neuquén que ya la teníamos insinuada con los guardias de La Escuelita que eran traídos de allá”.

Entre los 102 casos que se le reprochan a 35 represores se encuentra la sustracción de bebés nacidos en el campo de exterminio. Son hijos de Graciela Romero y Raúl Metz y de Graciela Izurieta y Ricardo Garralda. “Hacemos esfuerzos permanentes para poder dar con algún dato que nos permita alguna punta para lograr dar con los niños que fueron apropiados, hoy, por supuesto, adultos”, dijo el fiscal.

Además del proceso en curso, hay elevados a juicio otro tramo de Ejército y dos de Armada. La posibilidad de unificarlos fue rechazada por el tribunal oral. En base a los antecedentes de Córdoba y San Juan la expectativa está puesta en una próxima resolución de la Cámara de Casación.

En dichas jurisdicciones “empezaron los juicios con la causa que venía naturalmente, había ocurrido lo mismo que aquí, habían denegado la acumulación, y luego la Casación ordenó acumular y en medio del juicio se los volvió a indagar y se incorporaron nuevos imputados”. La megacausa bahiense podría alcanzar entre 80 y 90 acusados y unas 300 víctimas.

El fiscal destacó el incremento de las detenciones domiciliarias y comentó que la Procuraduría contra la Violencia Institucional constató que las realidades de los penales de Marcos Paz y Ezeiza “responden a un estándar posible para que estén en la cárcel, al menos obviamente los que provienen de lesa humanidad, no así los presos comunes. Los de lesa humanidad están en condiciones totalmente distintas a los demás presos, con todas las comodidades”.

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Palazzani afirmó que “siempre es poco recordar las historias de cada víctima” y que, más allá de la definición de responsabilidades penales, los juicios “tienen un alto valor pedagógico para mostrar y enseñar cómo funcionó algo que está permanentemente silenciado, sobre todo en Bahía Blanca que tenemos que lidiar justamente con ese silencio al menos del gran medio que hasta ahora ha estado en la región y que es histórico, que es La Nueva Provincia, que además ha estado indicado como responsable de haber integrado el aparato represivo”.

La empresa de Massot publicó un informe sobre “la ruta del dinero K y la grieta en la Justicia Federal” a horas del inicio del cuarto juicio con particulares ataques a fiscales y jueces que intervienen en las causas de lesa. Para Palazzani apuntan a “deslegitimar virtualmente a todos los que pretendemos encabezar la acusación y que las encabezamos con ellos, los allanamos, encontramos prueba y además fueron indagados”.

“La cosa más anecdótica que cuenta son una ficción y una falacia tal que aparecen personajes como (Mario) Fernández Moreno o (Santiago) Martínez como queriendo avanzar y nosotros queriendo entorpecer. (…) La Nueva Provincia en esa construcción aparece queriendo apoyar los juicios, la verdad que es tal la ficción y tal la fábula que lo anecdótico no merece la pena contestarse”.

La causa sobre Massot espera definiciones de la Corte Suprema referidas a una queja del fiscal de Casación Javier De Luca quien, entre otras cosas, denunció un “sobreseimiento encubierto”. Palazzani aseguró que “lo que molesta a La Nueva Provincia, directamente a Vicente Massot, es que en ese escenario que es el juicio nuevamente se va a recordar el rol que le cupo al diario”.

Del dictamen de su colega subrayó el carácter de leading case señalado: “La Nueva Provincia es incomparable en cuanto a complicidad criminal desde todo punto de vista, no solamente desde el rol que cumplió, que lo hemos explicado en la acción psicológica, sino también en el maridaje y la intimidad con la fuerza represiva, esto dicho incluso por propia boca de sus directivos, de su núcleo duro como le decimos nosotros”.

Fotos: Marina Huentenao – FM De la Calle.

(Por Mauro Llaneza) La Cámara de Apelaciones ordenó a la jueza Mirta Filipuzzi reasumir la causa que investiga al vicepresidente del Club Huracán, Víctor Hugo Iglesias, al prefecto Eduardo Horacio Gutt y al administrador del Bar Brodway, Alfredo García, por el delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual.

“Mientras no se descarte completamente la comisión del delito de trata de personas -al menos no con los fundamentos equivocados que se brindaron-, la causa debe seguir su trámite ante el fuero de excepción, el que será también el encargado -en su caso- de investigar los demás delitos conexos con aquél que puedan haberse cometido”, afirmó José Triputti con la adhesión de Pablo Candisano Mera.

La subrogante del Juzgado Federal N°1 había declinado su competencia ante el fuero provincial al esconder el delito bajo la figura de facilitación de la prostitución y, respecto a la promoción de la permanencia ilegal de una mujer paraguaya que se encontraba en uno de los locales allanados, había procesado a García y dictado falta de mérito para los otros dos.

La Fiscalía advirtió la contradicción de la jueza al sostener que “las mujeres concurrieron a los lugares allanados con total capacidad de determinación, para luego reconocer la existencia de una extrema vulnerabilidad” y entendió que “la libertad personal no se afecta solamente cuando se restringen los movimientos físicos, sino que se vulnera de una forma más sutil y peligrosa cuando se consigue restringir la autodeterminación de la persona”. Insistió con el pedido de procesamiento con prisión preventiva de los imputados por trata de personas agravado en el fuero federal “en virtud del posible delito de lavado de dinero”.

Tal como informáramos, Iglesias está ligado al transporte de cargas y tiene “cuantiosos contactos policiales y políticos”. Junto a su hermano poseen vehículos, parcelas, inmuebles y cuentas bancarias. Según ARBA, “Piraña” explota el negocio de “servicios de cabaret” desde 1993. Para el Ministerio Público, el tipo “sería dueño de los prostíbulos Broadway y El Burlesque”.

En su voto, Triputti opinó que “para reconocer la facilitación del lugar la jueza afirma que ‘no ha podido probarse las conductas punibles y etapas previas a la explotación que configuran la trata de personas (…) no obstante lo cual existen fuertes elementos indicadores de los delitos contra la integridad sexual de las mujeres que ejercían la prostitución en beneficio, también, de los imputados'”.

“La propia jueza señala, a modo de ejemplo, que ‘innumerables son las conversaciones telefónicas y mensajes de texto (…) que demuestran cómo Alfredo Ismael García se contacta con mujeres para proponerles trabajo o que vayan a su bar y hace de intermediario entre ‘clientes’ interesados en contratar servicios sexuales. La contradicción salta a la vista”.

El pampeano subrayó “más desaciertos y confusión” en el fallo de Filipuzzi referidos a la falta de “elementos típicos que suelen administrar los tratantes” -geles íntimos, preservativos, alcohol o droga-, del carácter “transnacional que caracteriza al delito” o “que los imputados les hayan ofrecido trabajo con promesas falsas o engaños que las obligaran a trasladarse de su lugar de origen”.

Triputti recordó que la Ley de Trata “descarta que el consentimiento exima de responsabilidad a los tratantes”, a pesar de lo cual “la magistrada afirmó que las mujeres no tenían una dependencia absoluta hacia los imputados”, que las víctimas “habían decidido individual y personalmente y con total capacidad de determinación ir a los lugares allanados”. “Pese a lo expuesto, sostuvo que se da en el caso la vulnerabilidad y la explotación sexual y su aprovechamiento por parte de los imputados”, agregó el camarista.

El fallo señala la existencia de “un mecanismo de captación de inmigrantes y un aprovechamiento laboral diagramado y habitual” para la explotación sexual, por lo cual la jueza -o el flamante titular del Juzgado Federal N°1 Walter López Da Silva-, deberán reasumir su competencia de inmediato y darle a la causa la “celeridad de que ha carecido hasta ahora”.

(Por Alfredo Grande) Los refranes de la cultura represora son un catecismo del sometimiento. De la resignación. De la estupidez. Por ejemplo: “viajar es morir un poco”. Demasiado fácil contraponerlo a “morir es viajar bastante”. Pero en la actualidad de la cultura represora, donde 15 días de vacaciones equilibran 345 días de trabajos forzados, ese “morir un poco” es idealizado. Las compañías de vuelos, tours, hotelería de alto standing, cruceros, tierras exóticas, etc., son adicciones legales que ocupan el alucinatorio social y político de las clases medias para arriba.

La cultura turista y turrista promedio es: inmediata, superficial, fuera de todo contexto, oportunista, reduccionista, a-histórica, sensiblera, desmesurada y amarreta por igual. Y de una candidez, ingenuidad y sencillez que simplemente dan asco. El turista quiere conocer todo pero solicita no entender nada. El guía es su gurú espiritual, su mesías, el Majdi, el único esperado. Un mundo feliz en la cajita feliz de una combi. Obviamente, siempre hay una pincelada social, incluso política.

Un guiño a la realidad real de la cual no conviene despegarse del todo. Son las estrellas fugaces del tour. Quizá para diferenciar de la realidad virtual, el casco queda oculto. Como el turista promedio es clase media alta y alta, los matices deben ser cuidadosamente vigilados. La miseria que se nota debe ser banalizada con frases del tipo: pobres hay en todos lados. Y pasar rápidamente al lado iluminado de la luna ya que los oscuros de la historia son solamente para los resentidos, los anarquistas, los malnacidos y los hombres y mujeres lobo.

“Viajar es
anesteciarse un poco”
(Aforismo implicado A. G.)

El turismo es una industria sin chimeneas. No sale humo: salen dólares. Pero es su dimensión transnacional se ha convertido en otro opio no de los pueblos, sino de los que explotan a los pueblos. Cada uno tiene el opio que puede pagar. En el 2001 se puso de moda el turismo social. Europeos venían a entender cómo podíamos vivir con un dólar por día, como había titulado el diario Clarín. Turismo social que seguramente era sostén de interesantes papers de estudiantes y graduados de universidades de élite de la vieja Europa. También el turismo sexual. Cuidadosamente administrado por corporaciones internacionales. Con su cara más siniestra, el turismo sexual con niñas y niños. También el turismo económico y financiero, que algunos llaman inversiones y flujo de capitales.

El turismo quizá sea una de las formas de la modernidad líquida, de acuerdo con Baumann. La subjetividad turística es intensa y fugaz. Toca y se va. Por mucho que toque, nunca se queda. Y habitualmente tampoco sabe que está tocando y de dónde se está yendo. Me acuerdo del título de una película, muy anterior a la psicosis de internet y el tiempo on line. “Es martes, debe ser Bélgica”. Un título similar podría ser: “Son urnas, debe ser democracia”. Porque hemos entronizado un turismo democrático. O sea: diferentes paisajes, diferentes tours, diferentes beneficiarios, diferentes paquetes, diferentes compañías, diferentes operadores locales e internacionales… pero ¡siempre viajan los mismos!.

“En la cultura no represora
el perro no ladra, pero muerde”
(Aforismo implicado A. G.)

El turismo es la industria más funcional a la cultura represora. Es la expresión más contundente de la banalidad del bien. Sin obreros, sin cultura proletaria, con una simbiosis entre turistas y servidores, hace realidad el mito burgués de la alianza de clases y la armonía universal. A veces hay pequeños ruidos por una excursión que fracasa o una reserva que se cae. Pero poco ruido y siempre muchas nueces.

El fomento del turismo no es solamente una cuestión de ingreso de divisas. Las divisas ingresan, pero no solas. Cada turista es un Hernán Cortés que, sin quemar ninguna nave, intenta y muchas veces consigue, colonizar al turisteado. Turismo incluso matrimonial. Turismo político y turismo deportivo. En la selección argentina de fútbol tenemos un contingente de turistas 5 estrellas. Viajan mucho, entrenan poco, pierden y se van. Pero el operador AFA sigue facturando.

Afiliados a diversos partidos políticos, hacen turismo partidario. Cada partido, según le va en suerte, ofrece paquetes para turismo en el congreso, en el ejecutivo, incluso en el judicial. Ofertas que no se pueden resistir para que las vacaciones pagas que duran todo el año, puedan optar por nuevos destinos. Y siempre hay nuevas compañías con tours novedosos y atractivos paquetes. No faltará el imbécil que no solamente contará la historia que cuentan los vencedores, sino la historieta que cuentan los turistas.

De las decenas de miles que hacen del turismo la razón de su vida, hay muy pocos que tienen privilegios extraordinarios. El Jefe de Gobierno sin dudas es uno de ellos. Ya que tiene incluso residencia propia cuyo alto alquiler pagamos todos o casi todos los argentinos. Y parafraseando a Bernardo Verbitsky, puedo decir que Villa Riqueza también es América.