(FM De la Calle) El martes a las 15 comenzará el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca. Será el tercer tramo de la causa Ejército con 39 imputados que deberán responder por 103 víctimas. Las audiencias se realizarán en Colón 80, semana por medio, los martes por la tarde y los miércoles durante toda la jornada a partir de las 9. Son abiertas para mayores de 18 años que concurran con DNI y grupos de estudiantes de entre 16 y 18 acompañados por docentes con permiso del tribunal.

Aquí ofrecemos el listado de los acusados y una breve reseña sobre sus trayectorias genocidas. De los 39 represores, dos cuentan con la suspensión del proceso por problemas de salud -Santamaría y Farías Barrera-, en tanto otros dos fueron apartados recientemente del juicio neuquino: Olea por senilidad y Gómez Arenas por Alzehimer. 15 serán juzgados por primera vez.

Seguí los detalles del debate oral por www.juiciobahiablanca.wordpress.com

1. Juan Manuel BAYÓN

BAYON

Foto: Marcelo Núñez.

Nació el 15 de noviembre de 1926 en Capital Federal. LE 4.029.119 Hijo de Manuel Bayón y Rogelia María Vago, casado, de profesión militar retirado del Ejército Argentino con el grado de general de brigada. Último domicilio en Migueletes 1158 de Capital Federal.

Con el grado de coronel y tras haber sido miembro del Estado Mayor de la Junta Interamericana de Defensa, se desempeñó como jefe del Departamento III Operaciones del Estado Mayor del Comando V Cuerpo de Ejército, hasta diciembre de 1976, cuando fue nombrado director de la Escuela Superior de Guerra del Ejército.

Bayón fue condenado a prisión perpetua en el primer juicio realizado en Bahía Blanca (2011-2012) y está imputado por los hechos padecidos por José Luís Gon, Gladis Beatriz Sepúlveda, Élida Noemí Sifuentes, Raúl Alfredo Ferreri, Raúl Eugenio Metz y Graciela Alicia Romero.

2. Norberto Eduardo CONDAL

CONDAL

Foto: Marcelo Núñez

Nació el 15 de noviembre de 1943 en Rufino, provincia de Santa Fé. Casado, hijo Juan Condal y de Celina García; LE 6.137.775. coronel (R) del Ejército Argentino. Domicilio en Diagonal 80 N° 435 de La Plata.

Como teniente primero fue asignado al Destacamento Inteligencia 181 el 26 de diciembre de 1975. Para octubre de 1976 cumplía tareas en el Departamento II Inteligencia del V Cuerpo de Ejército. El último día de ese año ascendió al grado de capitán y a principios de 1978 se reintegró al Destacamento Inteligencia 181 como jefe de la 2º Sección Ejecución hasta marzo de 1979, en que pasó a prestar servicios en la Escuela Superior de Guerra.

Condal desarrolló funciones como oficial de inteligencia, tanto en el Destacamento 181, como en Departamento II del Comando V Cuerpo de Ejército. Ambos destinos tuvieron injerencia en el manejo del CCDTyE La Escuelita.

Fue condenado a prisión perpetua en el primer juicio que se realizó en Bahía Blanca (2011-2012) y está imputado por los hechos sufridos por Raúl Alfredo Ferreri; Raúl Eugenio Metz y Graciela Alicia Romero.

3. Hugo Jorge DELMÉ

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Foto: Marcelo Núñez.

Nació el 15 de noviembre de 1936 en La Plata, provincia de Buenos Aires. DNI 4.853.787. Hijo de Jorge Luis Delmé y de María Esther Romairone. Coronel retirado del Ejército Argentino. Su último domicilio fue Murillo 1121 de la Ciudad de Buenos Aires.

Fue jefe de la División Registro y Enlace del Departamento I Personal del Estado Mayor del Comando V Cuerpo de Ejército y de la subzona de seguridad 51.

Su intervención implicó un despliegue de conductas efectivas en relación a las personas que permanecieron secuestradas en los diferentes centros clandestinos de detención, cuyas nóminas, registros y datos de relevancia a los fines represivos, se encargaba de registrar y archivar, al tiempo que dicha información actualizada era utilizada para direccionar los reclamos de los familiares de las víctimas a fin de neutralizar su actividad de búsqueda de quienes por entonces se encontraban desaparecidos.

Fue condenado a prisión perpetua en el primer juicio de Bahía Blanca (2011-2012) y está acusado por los hechos que tuvieron como víctimas a José Luís Gon; Gladis Beatriz Sepúlveda; Élida Noemí Sifuentes; Raúl Alfredo Ferreri; Raúl Eugenio Metz y Graciela Alicia Romero.

4. Jorge Horacio GRANADA

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Foto: FM De la Calle.

Nació el 21 de octubre de 1945 en Buenos Aires. Casado, hijo de Jorge Horacio y de Leda Beatriz Estévez. LE 4.540.769, teniente coronel (r) del Ejército Argentino.

Con el grado de teniente primero, el 14 de diciembre de 1974 comenzó a revistar en el Destacamento de Inteligencia 181, donde fue designado jefe de la Sección Actividades Sicológicas Secretas, función que desempeñó hasta ser puesto al mando de la 1° Sección Ejecución el 1 de enero de 1976. Terminó 1976 con el grado de capitán y a principios de diciembre de 1977 pasó a prestar servicios al Destacamento de Inteligencia 201.

Fue condenado a prisión perpetua en el primer juicio de Bahía Blanca (2011-2012) y está acusado por los hechos que tuvieron como víctimas a José Luís Gon; Gladis Beatriz Sepúlveda; Élida Noemí Sifuentes; Raúl Alfredo Ferreri; Raúl Eugenio Metz y Graciela Alicia Romero.

5. Osvaldo Bernardino PÁEZ

Paez

Foto: Mauro Llaneza.

Nació el 15 de abril de 1931 en San Rafael, Mendoza. Hijo de Bernardino Páez y de Ramona Ureta. LE 4.813.330. Teniente coronel retirado del Ejército Argentino. Último domicilio de República Siria 945 de San Rafael, Mendoza.

Jefe de División dentro del Departamento III Operaciones del Comando V Cuerpo de Ejército y de la subzona de defensa 51. Presidente del Consejo de Guerra Especial de la subzona de defensa 51.

Con el grado de teniente coronel, Páez integraba el Estado Mayor del Comando del V Cuerpo de Ejército. En ese destino, el 1 de enero de 1976 pasó a prestar servicios en el Departamento III Operaciones, como jefe de una de las Divisiones de ese Departamento. Más tarde, se le asignó un nuevo destino en el Comando de Institutos Militares, en Campo de Mayo.

Además de la participación que Páez tuvo en los hechos, en tanto oficial del Estado Mayor, presidió desde marzo de 1976 el Consejo de Guerra de la subzona de defensa 51.

Fue condenado a prisión perpetua en el primer juicio de Bahía Blanca (2011-2012) y está acusado por los hechos que tuvieron como víctimas a José Luís Gon; Raúl Alfredo Ferreri; Gladis Beatriz Sepúlveda y Élida Noemí Sifuentes.

6. Carlos Andrés STRICKER

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Nació el 2 de octubre de 1937 en Sunchales, Santa Fe. Es hijo de Guillermo Carlos y de Irene María Cravero. Se retiró con el grado de coronel del Ejército Argentino. Su último domicilio es Freire 1573 de Buenos Aires.

Con el grado de mayor revistó como segundo jefe del Batallón de Comunicaciones 181 entre el 8 de diciembre de 1974 y el 16 de diciembre de 1976. Fue además subjefe del Área de Defensa 511. Bajo su mando, instalaciones del Batallón fueron asignadas para mantener en cautiverio a personas secuestradas, al tiempo que funcionaba, respecto de otras víctimas, como un lugar de paso hacia el centro clandestino de detención y torturas La Escuelita o bien el alojamiento exclusivo de detenidas y detenidos.

Tiene dos condenas a prisión perpetua -en el segundo juicio de Ejército y en el de Armada- y está imputado por el delito de asociación ilícita.

7. Carlos Alberto TAFFAREL

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Foto: Marcelo Núñez.

Nació el 13 de mayo de 1947 en San Fernando, Buenos Aires. Casado, hijo de José David y de Marina María Briz. LE 8.260.360, coronel (r) del Ejército Argentino.

Tras egresar de la Escuela de Inteligencia como Técnico en Inteligencia, a partir del 23 de diciembre de 1975, ya con el grado de teniente primero fue destinado al Destacamento de Inteligencia 181. Allí su primera función fue como jefe de la Sección Actividades Sicológicas Secretas.

Promovido el 31 de diciembre de 1975 al grado de capitán, tuvo también a su cargo la Sección 1º Ejecución entre el 18 de abril de 1978 y el 4 de marzo de 1979. En esta última se desempeñó con exclusividad hasta el 24 de febrero de 1980 en que se produjo su baja en la unidad.

Fue condenado a prisión perpetua en el primer juicio de Bahía Blanca (2011-2012) y está acusado por los hechos que tuvieron como víctimas a José Luis Gon; Gladis Beatriz Sepúlveda; Élida Noemí Sifuentes; Raúl Alfredo Ferreri; Raúl Eugenio Metz y Graciela Alicia Romero y por haber integrado una asociación ilícita.

8. Walter Bartolomé TEJADA

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Foto: FM De la Calle.

Nació el 24 de septiembre de 1929 en San Juan. Casado, hijo de Ernesto Tejada y de María Álvarez; DNI 6.737.279. Coronel (R) del Ejército Argentino. Domiciliado en Soler 154 de Bahía Blanca.

Con el grado de teniente coronel, y posteriormente como coronel –cargo al que fue ascendido el 31 de diciembre de 1977-, cumplió funciones en el Departamento II Inteligencia del Comando V Cuerpo de Ejército.

En ese departamento se desempeñó sucesivamente como auxiliar, jefe de la División Interior, hasta llegar a ser designado segundo jefe del Departamento II Inteligencia, función que cumplió hasta el 5 de febrero de 1979, oportunidad en que pasó a desempeñarse como secretario general del V Cuerpo de Ejército.

Posteriormente -el 31 de diciembre de 1980- volvió a revistar al Departamento II Inteligencia, por entonces como jefe del mismo.

Fue condenado a prisión perpetua en el primer juicio de Bahía Blanca (2011-2012) y está acusado por los hechos que tuvieron como víctimas a José Luís Gon; Gladis Beatriz Sepúlveda; Élida Noemí Sifuentes; Raúl Alfredo Ferreri; Raúl Eugenio Metz y Graciela Alicia Romero.

9. Héctor Luis SELAYA

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Foto: FM De la Calle.

Nació el 16 de agosto de 1932 en Azul, provincia de Buenos Aires. Hijo de Casimiro y de Justiniano Castineiras, casado, de profesión abogado y oficial retirado del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. Domicilio en Calle 36 (entre 10 y 11) 783 de La Plata.

Fue jefe de la Unidad Carcelaria 4 de Villa Floresta desde el 24 de noviembre de 1975 hasta el 31 de diciembre de 1976. La cárcel de nuestra ciudad no sólo se había constituido en ámbito en que ocurría el “blanqueo” de víctimas cautivas en centros clandestinos de detención, sino que dentro de sus instalaciones de infligieron tormentos a las personas que permanecían privadas de su libertad.

Fue condenado a 17 años y medio de prisión en el primer juicio de la Causa V Cuerpo de Ejército y a ocho años en el marco de la causa Armada Argentina. Está imputado por los crímenes padecidos por Gladis Beatriz Sepúlveda y Élida Noemí Sifuentes.

10. Julio Guillermo GONZÁLEZ CHIPONT

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Foto: FM De la Calle.

Nació el 6 de mayo de 1942 en Salta, hijo de Abraham Lorenzo González y de Julia Rosa Marta Chipont. Teniente coronel (r) del Ejército Argentino del arma de Caballería, divorciado, domiciliado en Pringles 376 de Temperley.

Con el grado de capitán, fue destinado en comisión el 3 de septiembre de 1976 al Comando V Cuerpo de Ejército, específicamente al Departamento II Inteligencia a cargo de Aldo Mario Álvarez, hasta el 28 de diciembre de 1977, fecha en que pasó a revistar en la Escuela Superior de Guerra.

Se desempeñó como segundo jefe de la Agrupación Tropa también llamada “Equipo de Combate contra la subversión”, organizada en el ámbito del Departamento III Operaciones. También fue vocal del Consejo de Guerra.

Fue condenado a prisión perpetua en el juicio por los crímenes cometidos en jurisdicción de la Armada Argentina en la región. Está imputado por delitos padecidos por 65 víctimas.

11. José María MARTÍNEZ

Nació el 8 de diciembre de 1930 en Covunco Arriba, provincia de Neuquén, DNI 7.295.809, suboficial principal (R) del Ejército, casado, hijo de José Demiterio y María Virginia Sepúlveda. Domiciliado en Olavarría 446 de la localidad de Junín de los Andes.

Durante su desempeño en la Segunda Sección Baqueanos del Regimiento de Infantería de Montaña 26 (RIM 26), -1976 y 1977-, en dos ocasiones fue comisionado al Comando V Cuerpo de Ejército con la finalidad de cubrir las guardias en el centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita, cuyos turnos eran rotativos y suponían la actuación clandestina bajo la cobertura de apodo o alias conforme lo hacía el resto de los suboficiales.

Es juzgado por primera vez y se lo acusa por los hechos que tuvieron como víctimas a Daniel Osvaldo Esquivel; Héctor Osvaldo González, Alicia Mabel Partnoy, Carlos Samuel Sanabria; Néstor Alejandro Bossi y Susana Elba Traverso de Bossi; Graciela Alicia Romero, María Angélica Ferrari, Elizabeth Frers, César Antonio Giordano, Zulma Araceli Izurieta, María Elena Romero y Gustavo Marcelo Yotti y el hijo de Graciela Romero y Raúl Metz.

12. Jorge Enrique MANSUETO SWENDSEN

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Foto: Marcelo Núñez

Nació el 27 de agosto de 1931 en Buenos Aires, hijo de Enrique Martín y de Amanda María Laura Mansueto, LE 4.813.424. Coronel retirado del Ejército Argentino. Cumple condena con arresto en su departamento de Soler 111, piso 10 de Bahía Blanca.

Con el grado de teniente coronel sucedió a Argentino Cipriano Tauber en su desempeño como jefe del Batallón de Comunicaciones 181 y del Área de Defensa 511, desde el 26 de noviembre de 1976 hasta que, tras una comisión del servicio en Río Gallegos, el 26 de enero de 1979 pasó a revistar en el Comando V Cuerpo de Ejército. Además de comandar el Área 511 con efectiva participación criminal en los hechos ejecutados en el territorio y en la época de su comandancia, la unidad a cargo de Mansueto Swendsen se encontraba abocada con sus recursos personales y materiales a la ejecución del plan de represión ilegal.

El Batallón de Comunicaciones 181 era un lugar de paso hacia “La Escuelita”, en uno u otro sentido. Por ejemplo, durante su jefatura fue justamente utilizado para el ‘blanqueo’ del grupo de jóvenes estudiantes de la Escuela Nacional de Educación Técnica n° 1 de Bahía Blanca que previamente habían sido torturados en aquel centro clandestino de detención.

Fue condenado a prisión perpetua en el primer juicio de la causa Ejército. Está acusado por los hechos de los que fueron víctimas Raúl Eugenio Metz; Graciela Alicia Romero; José Luís Gon y Raúl Ferreri.

13. Andrés Reynaldo MIRAGLIA

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Foto: Marcelo Núñez

Nació el 28 de agosto de 1941 en Mercedes, provincia de Buenos Aires. DNI 4.919.649. Hijo de Armando José Antonio y de Ángela Francisca Herrera, casado, de profesión oficial retirado del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. Tuvo su último domicilio en calle 37 888 de Mercedes.

Miraglia obtuvo el 3 de octubre de 1975 el ascenso al grado de subprefecto. El 30 de diciembre de 1976 fue ascendido a prefecto. Se desempeñó como jefe de la Unidad Carcelaria 4 de Bahía Blanca desde el 1 de enero de 1976 hasta el 1 de enero de 1979.

Al igual que Selaya, Miraglia resulta -durante el tiempo que estuvo a cargo de la Jefatura-, responsable de efectivizar el rol del establecimiento a su cargo, realizando dicha intervención mediante la transmisión de órdenes ilegales provenientes de los mandos militares a cargo de la implementación del plan de exterminio.

Fue condenado a 17 años y medio de prisión en el primer tramo de la causa Ejército y ahora llega imputado por los hechos sufridos por José Luís Gon.

14. Raúl Oscar OTERO

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Nació el 27 de noviembre de 1944 en Capital Federal, hijo de José Albérico y de Angélica Esther Kaed. Teniente coronel (r) del Ejército Argentino, casado, domiciliado en Avenida de los Incas 4054 ó Charcas 2699, ambos de Buenos Aires.

En 1974 ya se encontraba destinado al Batallón de Comunicaciones de Comando 181, en el que revistaba como jefe de la Compañía A; hasta que el 7 de junio de 1975 asumió la Jefatura de la Compañía B. En marzo de 1976 fue designado oficial de Logística, integrando la Plana Mayor del Batallón y el 27 de enero de 1977 sumó la jefatura de la Compañía Comando y Servicio.

Fue condenado a prisión perpetua en el juicio Armada y está imputado por hechos padecidos por 25 víctimas.

15. Alejandro LAWLESS

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Nació el 17 de agosto de 1947 en Capital Federal, hijo de Andrés José y de Rosa Anguiano. Teniente coronel (r) ingeniero militar del Ejército Argentino, casado. Domiciliado en avenida Ruiz Huidobro 3737 de Buenos Aires.

Desde diciembre de 1973 se encontraba destinado al Batallón de Comunicaciones de Comando 181, en el que revistaba como jefe de sección de la Compañía B. El 30 de diciembre de 1974 ascendió al grado de teniente y el 1 de enero de 1975 pasó a la Compañía Comando y Servicio como jefe de la sección Arsenales, siendo asignado el 6 de abril en “maniobras” a la provincia de Tucumán. En julio fue designado auxiliar en Operaciones de la Compañía Comunicaciones y Comando en calidad de jefe de la misma hasta que el 17 de marzo de 1976 asumió la Jefatura de la Compañía Comunicaciones y Comando.

Fue condenado a ocho años de prisión en el juicio Armada y está acusado por los crímenes cometidos contra 30 víctimas.

16. Víctor Raúl AGUIRRE

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Foto: FM De la Calle.

Nació el 1 de septiembre de 1946 en Mina Pirquita, provincia de Jujuy, hijo de Carlos Raúl Marcel y Lidia Medina. Suboficial mayor (r) del Ejército Argentino, casado, domiciliado en calle Zurita 263 Barrio Almirante Brown de San Salvador de Jujuy.

Alistado en la Escuela de Inteligencia y con rango de sargento primero, el 12 de mayo de 1975, fue asignado “en comisión a la zona de operaciones del Operativo Independencia en Tucumán bajo las órdenes del general Adel Vilas, quien se encontraba a cargo de la V Brigada de Infantería (desde donde fue destinado al V Cuerpo de Ejército para ejercer además el cargo de comandante de la Subzona 51), pasando a continuar sus funciones el 30 de enero de 1976 al Destacamento de Inteligencia 181, en la Sección Actividades Sicológicas Secretas.

Luego quedó a cargo de dicha sección hasta el 15 de octubre de 1978 y poteriormente de la 1ra. Sección Ejecución hasta 4 de enero de 1979. Fue encargado “Accidental” del Destacamento de Inteligencia 181 y jefe de la sección Comando y Servicio hasta el 15 de abril de 1980.

Fue condenado a prisión perpetua en la causa Armada Argentina y está imputado por los hechos parecidos por 92 víctimas.

17. Osvaldo Vicente FLORIDIA

Nació el 12 de octubre de 1945 en Mendoza, hijo de Mauro y de Práxedes Cisterna, policía retirado, casado, LE 4.642.979. Último domicilio en Jamaica 420 de Viedma, provincia de Río Negro.

Revistó en la Delegación Viedma de la Policía Federal Argentina con el grado de cabo, desempeñándose como suboficial hasta su retiro en 1986. Integró el grupo de tareas que operaba con la finalidad de realizar la persecución, luego los secuestros, interrogatorios, tormentos y posterior traslados de las víctimas a centros clandestinos de detención.

Está acusado por los delitos sufridos por Eduardo Mario Chironi y Jorge Antonio Abel y por un allanamiento ilegal de domicilio.

18. Gabriel CAÑICUL

Nació el 26 de agosto de 1936 en Piedra Mala, Departamento Huiliche –Comunidad Mapuche- Provincia de Neuquén; hijo de Pedro y de Manuela Trafipan, casado, DNI 7.305.554. Vive en Necochea 410 de Junín de los Andes.

En 1973 era cabo primero en la Segunda Sección Baqueanos del Comando BRIM VI de Junín de los Andes. Durante 1976 y 1977, en dos ocasiones fue comisionado al Comando V Cuerpo de Ejército. Fue guardia del centro clandestino de detención La Escuelita.

Está acusado por los hechos padecidos por 43 víctimas, entre ellas, los hijos de Graciela Romero y de María Graciela Izurieta, nacidos en el mencionado campo de exterminio.

19. Raúl Artemio DOMÍNGUEZ, alias Abuelo

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Foto: FM De la Calle.

Nació el 26 de junio de 1940 en Medrano, provincia de Mendoza, hijo de Juan Agustín y Margarita Beata Boretin, casado, jardinero, con domicilio en Juan Manuel de Rosas 521 de Junín de los Andes, provincia de Neuquén.

Cabo en comisión de la segunda sección de Baqueanos del Comando de Brigada Infantería de Montaña VI con asiento en Junín de los Andes. El 24 de marzo de 1976 -y en varias ocasiones posteriores- junto con los restantes integrantes de la Unidad RIM 26 fue comisionado a Bahía Blanca asignado “a operaciones”. Fue guardia del centro clandestino de detención La Escuelita bajo la cobertura del alias “Abuelo”.

Fue condenado a prisión perpetua y está acusado por los hechos padecidos por 68 víctimas, entre ellas, los hijos de Graciela Romero y de María Graciela Izurieta, nacidos en el mencionado campo de exterminio.

20. Desiderio Andrés GONZÁLEZ, alias Perro o Perro Vago

Nació el 4 de mayo de 1944 en Junín de los Andes, hijo de Eustaquio y de María Dominga Cabeza, casado, LE 7.570.875. Domiciliado en General Julio Argentino Roca 505, Barrio Primeros Pobladores de su ciudad natal.

Integrante de la segunda sección Baqueanos del RIM 26 en tres ocasiones fue comisionado al Comando V Cuerpo de Ejército para cubrir guardias en el centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita bajo el alias “Perro”.

Está acusado por los hechos padecidos por 53 víctimas, entre ellas, los hijos de Graciela Romero y de María Graciela Izurieta, nacidos en el mencionado campo de exterminio.

21. Arsenio LAVAYÉN, alias Zorzal

Nació el 15 de agosto de 1945 en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, casado, DNI 8.210.648, hijo de Tomás y de Catalina Urra. Vive en calle B. Otazua del Barrio El Chacal de la localidad de Plottier.

Sargento baqueano en la BRIM VI en comisión en varias ocasiones en el V Cuerpo de Ejército para cubrir turnos rotativos de las guardias en el centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita bajo la cobertura del alias “Zorzal”.

Está acusado por los hechos padecidos por 56 víctimas, entre ellas, los hijos de Graciela Romero y de María Graciela Izurieta, nacidos en el mencionado campo de exterminio.

22. Antonio Alberto CAMARELLI

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Foto: Sindicato de Prensa Neuquén.

Nació el 15 de noviembre de 1942 en Viedma, hijo de Geocondo y de Graciana Cambareri, casado, policía retirado. DNI 7.397.693, con último domicilio en Gallardo 477 de Viedma.

Desde el 25 de julio de 1975 se desempeñó como comisario de la Unidad 24 de Cipolleti de la Policía provincial de Río Negro y el 1 de enero de 1976 pasó a desempeñarse como comisario principal de dicha sede, continuando en el cargo hasta el 21 de diciembre de 1976.

Fue condenado a 10 años en el juicio Escuelita II de Neuquén, pena aumentada a 14 años por Casación, y a seis años en el tramo Escuelita IV. Está acusado por los hechos de los que fueron víctimas Gladis Sepúlveda, Elida Noemí Sifuentes y Raúl Alfredo Ferreri.

23. Luís Alberto FARÍAS BARRERA (con proceso suspendido)

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Foto: Sindicato de Prensa Neuquén.

Nació el 1 de enero de 1930 en Estación Fernández, Departamento Robles de Santiago del Estero, DNI 7.152.582, hijo de Gabino Farías Barrera y de Carmen Magdanena Carol, casado, mayor del Ejército (R). Domiciliado en Los Lirios y Las Flores, Torre Mirador, Barrio Alta Barda de la ciudad de Neuquén.

Con rango de coronel fue jefe del Departamento I Personal (GI) del Estado Mayor del Comando de Brigada de Infantería de Montaña VI con asiento en Neuquén.

Fue condenado en Neuquén en 2008 a 22 años de prisión -causa Reinhold- y en mayo del 2014 a 25 años -causa Di Pasquale-. Está acusado por los hechos de los que fueron víctimas Gladis Sepúlveda, Elida Noemí Sifuentes y Raúl Alfredo Ferreri.

24. Osvaldo Antonio LAURELLA CRIPPA

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Nació el 30 de octubre de 1931 en Capital Federal, LE 4.075.820, hijo de Antonio Salvador Laurella y de Adela Luisa Crippa, casado, coronel retirado del Ejército Argentino. Vive en el noveno piso de Alsina 520 de Bahía Blanca.

El 24 de marzo de 1976 asumió como jefe de la Policía de la Provincia de Neuquén, cargo al que accedió por desempeñarse desde diciembre de 1975 y hasta noviembre de 1977 como jefe de la División II Inteligencia del Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña –y por consiguiente en el Comando de la Subzona 52-. Tras su comisión en la policía neuquina, en diciembre de 1977, pasó al Comando V Cuerpo de Ejército de Bahía Blanca.

Fue condenado a ocho años de prisión en el juicio Escuelita IV de Neuquén y está imputado por los crímenes cometidos contra Gladis Sepulveda, Elida Noemí Sifuentes y Raúl Alfredo Ferreri.

25. Enrique Braulio OLEA

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Foto: Sindicato de Prensa Neuquén.

Nació el 18 de julio de 1930 en Las Perdices, Córdoba; LE 6.575.474, hijo de Braulio Teodoro y de Petronila García, casado, general retirado del Ejército Argentino. Domiciliado en Saraví s/N°, Barrio La Rinconada, Pilar, provincia de Buenos Aires.

Con el grado de teniente coronel fue jefe del Batallón de Ingenieros de Construcciones 181 con asiento en Neuquén, resultando jefe del Área 521 desde 6 de diciembre de 1975 al 11 de noviembre de 1977, fecha en la que pasó al Comando en Jefe del Ejército.

Fue condenado a 22 años en el juicio Escuelita II de Neuquén, pena aumentada a 25 años por Casación, y a 13 años en el juicio Plan Cóndor. Está acusado por los hechos de los que fueron víctimas Gladis Sepúlveda y Elida Noemí Sifuentes, Raúl Eugenio Metz, Graciela Alicia Romero y su hijo nacido en cautiverio y Raúl Alfredo Ferreri.

26. Oscar Lorenzo REINHOLD

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Foto: Sindicato de Prensa Neuquén.

Nació el 26 de enero de 1935 en Santa Fe; LE 4.838.046, hijo de Alejandro Carlos y de Teresa Molina, casado, coronel del Ejército (R). Domiciliado en el noveno piso de Blanco Encalada 1441 de Buenos Aires.

Se desempeñó en la División II Inteligencia del Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña con asiento en Neuquén, Subzona 52, como auxiliar de Jefatura desde el 14 de enero de 1976 y el 24 de marzo de 1976. Fue jefe de la Policía de la Provincia del Neuquén el 14 de octubre de 1976.

Fue condenado a 21 años de prisión en el juicio Escuelita II de Neuquén, pena aumentada a 24 años por Casación, y a prisión perpetua en Escuelita IV. Está acusado por los hechos de los que fueron víctimas Gladis Sepúlveda, Elida Noemí Sifuentes, Raúl Eugenio Metz, Graciela Alicia Romero y su hijo nacido en cautiverio y Raúl Alfredo Ferreri.

27. Pedro Ángel CÁCERES

Nació el 23 de octubre de 1940 en Ing. La Esperanza, departamento de San Pedro, provincia de Jujuy, hijo de Facundo y Juana Alussa. DNI 7.286.590, suboficial mayor retirado del Ejército Argentino. Vive en San Francisco 545, Barrio San Cayetano de San Pedro, Jujuy.

Miembro de Caballería trasladado en 1972 al Comando del V Cuerpo de Ejército -Hospital de Evacuaciones 181, como encargado de Compañía- hasta que el 18 de mayo de 1976 cuando pasó a integrar la Agrupación Tropas.

Está acusado por homicidios, secuestros y allanamientos ilegales de domicilios padecidos por 35 víctimas.

28. Miguel Ángel CHIESA

Nació el 6 de abril de 1953 en Elortondo, Santa Fe. DNI 10.736.124, teniente coronel retirado del Ejército con domicilio en Santa Fe 1247 de Rosario.

Subteniente del Destacamento de Exploración de Caballería de Montaña de Esquel en comisión en el Comando del V Cuerpo de Ejército. Desde diciembre de 1976 revistó en el Regimiento de Tiradores de Caballería Blindada 6.

Se le imputa haber realizado aportes escenciales en los allanamientos ilegales, los secuestros y la reclusión en el CCDyT La Escuelita y el Consejo de Guerra contra Rubén Ruiz, Pablo Bohoslavsky y Julio Ruiz.

29. Jorge Horacio ROJAS

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Foto: FM De la Calle.

Nació el 6 de septiembre de 1952, hijo de Flamario Horacio y de Delia Segura. DNI 10.525.368, militar retirado del Ejército Argentino con domicilio en el cuarto piso de Alsina 162 de Bahía Blanca.

Subteniente del Destacamento de Exploración de Caballería de Montaña de Esquel en comisión en el Comando V Cuerpo de Ejército. Fue jefe de una sección dentro de la Agrupación Tropas. Revistó luego en la Escuela de Oficiales Sargento Cabral. Participó también del Operativo Independencia en Tucumán.

Se le imputa su participación en el allanamiento ilegal de los domicilios de Julio Ruiz y de Pablo Victorio Bohoslavsky, haberlos torturado y secuestrado a ambos –junto a Rubén Alberto Ruiz- y luego trasladar a las tres víctimas al centro clandestino de detención La Escuelita y haber contribuido a la acción sicológica intentada mediante la realización del Consejo Especial de Guerra al que fueron sometidos los militantes.

30. Carlos Alberto FERREYRA

Nació el 22 de diciembre de 1952 en Buenos Aires, hijo de Jorge Domingo y de María Raquel Rolón Ezcurra. Titular del DNI 10.620.093, casado, capitán del Ejército Argentino retirado. Domiciliado en calle 33 Orientales 1106 de San Isidro, provincia de Buenos Aires.

El 3 de enero de 1977 llegó en comisión al Comando V Cuerpo de Ejército con el grado de subteniente de caballería, procedente del Destacamento de Exploración Caballería de Montaña 181 con asiento en Esquel.

Está imputado por los hechos padecidos por 21 víctimas.

31. Miguel Ángel NILOS

Nació el 14 de mayo de 1953 en Itacaruaré, provincia de Misiones, hijo de Edmundo y de María Ana Loreiro. DNI 10.665.524, militar retirado del Ejército Argentino. Su último domicilio es Barrio Cooperación II Manzana 14 casa 1 de Bahía Blanca.

Revistando en el Destacamento de Exploración de Caballería de Montaña de Esquel, el 29 de marzo de 1975 pasó en comisión al Comando V Cuerpo de Ejército -integró la Agrupación Tropas-, hasta el 30 de noviembre de 1983 cuando fue destinado a la Escuela de Exploración de Caballería de Posadas.

Está acusado por los hechos sufridos por Pablo Victorio Bohoslavsky, Julio Alberto Ruiz y Rubén Alberto Ruiz.

32. Gustavo Abel BOCCALARI

Nació el 29 de enero de 1949 en Salliqueló, provincia de Buenos Aires. Hijo de Abel Darío y de Otilia Springer. DNI 7.650.005, casado, comisario inspector retirado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Vive en Sargento Cabral 280, las Malvinas, partido de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.

Oficial subinspector segundo a cargo de la Sección Cuatrerismo bahiense de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Está acusado por los hechos relacionados a Julio Mussi.

33. Enrique José DEL PINO, alias “Miguel”, “Miguelito” o “Colombres”

Nació el 16 de septiembre de 1945 en San Miguel del Valle de Catamarca. Hijo de Julio Enrique y Celia Catalina Etchegaray. DNI 7.762.418, teniente coronel retirado del Ejército Argentino. Último domicilio en Kenneth Flood 966 de la ciudad de Alta Gracia, Córdoba.

Miembro del Batallón de Inteligencia 601, fue enviado al Destacamento de Inteligencia 142 de Tucumán para formar parte del grupo de “los encapuchados” en el marco del Operativo Independencia al mando de Adel Vilas. Por su esmero en “la lucha antisubversiva” Vilas lo requirió como jefe de su custodia en comisión en el Comando V Cuerpo de Ejército entre el 11 de febrero y el 18 de agosto de 1976. Participó en operativos de los grupos de tareas locales.

Fue condenado a prisión perpetua por comandar uno de los grupos de tareas del circuito Atlético-Banco-Olimpo (Causas 1668 “MIARA…” y 1673 “TEPEDINO…”). Fue requerido por la justicia francesa por la desaparición de Maurice Jeguer. Está acusado por crímenes cometidos contra 32 víctimas.

34. Alberto Magno NIEVA

Nació el 15 de noviembre de 1947 en Andalgalá, Catamarca. DNI 8.043.600, suboficial mayor retirado del Ejército Argentino. Domicilio en calle Marambio Sector 2 Manzana 3, casa 171 del Barrio Los Andes, Chimbas, San Juan.

Integró la Compañía Comando y Servicios del Comando del V Cuerpo de Ejército entre el 3 de enero de 1974 y el 17 de julio de 1978 cuando pasó al Equipo de Combate o Agrupación Tropas. Dicha pertenencia pudo haber sido anterior, en algunos casos de probada participación la misma no se reflejó en los legajos. El 30 de enero de 1980 fue destinado a la Compañía Comando del RIM 22 de Marquesado.

Está acusado por los hechos de los que fueron víctimas Luis Alberto Sotuyo; Dora Rita Mercero; Roberto Adolfo Lorenzo.

35. Pedro José NOEL

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Nació el 21 de noviembre de 1944 en Tres Arroyos, Buenos Aires. Hijo de Francisco y de Rosa Menna, casado, DNI 4.640.564, comisario mayor retirado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Domiciliado en Fortaleza Protectora Argentina 329 de Gral. Cerri.

Como miembro del Comando Radioeléctrico de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, delegación Bahía Blanca, integró el Grupo de Tareas a cargo de la ejecución del plan criminal desde esa repartición.

Está imputado por los hechos padecidos por María Emilia Salto, Laura Manzo y Daniel José Bombara.

36. Jesús SALINAS

Nació el 9 de enero de 1936 en Quehué, La Pampa, hijo de Juan Agustín y de Margarita Beata Boretin, casado, DNI 5.465.187. Domiciliado en Guillermo Torres 3111 de Ingeniero White.

Integró el Grupo de Tareas de la Unidad Regional V de la Policía Bonaerense local. Está imputado por los hechos padecidos por María Emilia Salto, Laura Manzo y Daniel José Bombara.

37. Osvaldo Lucio SIERRA

Nació el 22 de abril de 1935 en Metán, Salta, DNI 7.237.668, hijo de Osvaldo Lucio y de Nélida Paulina Redondo, estado civil casado, ocupación coronel militar retirado. Domicilio en calle Teodoro García 2224 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Como mayor de caballería, el 6 de diciembre de 1975 pasó a continuar sus servicios al Destacamento de Inteligencia 181 y el 30 de enero de 1976 al Departamento II de Inteligencia del Comando del V Cuerpo de Ejército. Participó en el Operativo Independencia a las órdenes del general Vilas. Tras su paso por Bahía Blanca fue segundo jefe de contrainteligencia en el Batallón 601.

Está imputado por los crímenes cometidos contra 45 víctimas.

38. Julio Manuel SANTAMARÍA (con proceso suspendido)

Nació el 16 de abril de 1953 en Capital Federal, hijo de Julio y de Laura Lorenza Torres. DNI 10.963.751, casado, capitán del Ejército retirado. Domiciliado en Pacheco 2594 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Integrante del Grupo de Artillería 181 de Zapala en comisión en el Comando V Cuerpo de Ejército en el marco de la Operación Patagonia, con el grado de subteniente de artillería, fue destinado a la Agrupación Tropas. Está imputado por los hechos sufridos por 33 víctimas.

39. Mario Alberto GÓMEZ ARENA

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Foto: Sindicato de Prensa Neuquén.

Nació el 9 de diciembre de 1930 en Godoy Cruz, Mendoza; DNI 6.841.374, hijo de Alberto Gómez y de Delia Arenas, casado, coronel retirado del Ejército Argentino. Domiciliado en calle Olleros N° 2555 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Como teniente coronel fue jefe del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén el 7 de diciembre de 1974. En diciembre de 1977 pasó a desempeñarse en el Batallón de Inteligencia 601. El área de Inteligencia de la Subzona 52 estaba integrada por la División II del Comando de Brigada de Infantería de Montaña VI y el Destacamento de Inteligencia 182.

(Por Alfredo Grande) Una receta sencilla pero muy eficaz en tiempos desordenados, es hacer, pensar y decir exactamente lo opuesto a lo que la cultura represora pontifica. Si fuera filósofo -pese al cariño de Nora Cortiñas que así me bautizó, no lo soy- diría que en el “mientras tanto” nos ubiquemos cómodamente en el espacio del “anti”. Quizá no tengamos propuestas superadoras, pero eso en modo alguno obliga a mantener propuestas conservadoras. La cultura represora detesta la justicia por mano propia. En realidad, detesta la justicia. Lo que llama justicia apenas es revanchismo y venganza de clase.

“La que “malcorra”
mal escapa”
(Aforismo implicado A. G.)

La así llamada delincuencia está siendo construida con prisa y sin pausa en los talleres de la pobreza, la indigencia y la exclusión social. Ni la pobreza ni la indigencia son condición necesaria y suficiente para construir delincuencia.

Pero cuando pobres, indigentes, excluidos son bombardeados por pautas de consumo absolutamente demenciales, la bomba explotará más temprano que tarde. Lo he dicho: en todo sistema injusto la constante de ajuste es el azar y el delito.

Casinos clandestinos son allanados. Pero no por ser casinos, sino por ser clandestinos. La timba tiene que ser oficial. Incluyendo la bolsa de valores. Wall Street es la estafa institucionalizada. Y esa estafa, que incluye la mal llamada deuda externa que apenas es otra de las estafas internas de la cultura represora, está justificada desde la llamada “economía de mercado”. Cuya mano invisible no es tan invisible. Y es una mano sucia y ensangrentada. Pero el 80% del electorado estrecha esa mano.

El colapso catastrófico del socialismo real, la mutación de la revolución socialista cubana, nos ubica en un paradigma político siniestro. En esta época no hay captura revolucionaria de la violencia. La única captura de la violencia es reaccionaria. O sea: sostiene el sistema represor aunque lo transgreda. De la reforma agraria, de la utopía de desalambrar, a la lucha contra los tarifazos. No solo nos quedamos con las sobras del banquete reaccionario, sino, y esto es doloroso, con las sobras del banquete revolucionario.

Hemos sido capturados por la teoría del derrame electoral. Algunos votos caerán para el lado de la justicia. Pero la copa seguirá llena con líquidos contaminados y las aguas seguirán bajando y subiendo muy turbias. La justicia por mano propia, siempre colectiva, siempre instituyente, tiene en su dimensión revolucionaria su expresión más completa y real. Justicia revolucionaria, tribunales populares, expresiones que quizá nunca más escucharemos. Y quizá nunca más exigiremos. Y quizá nunca más lucharemos por lograrlas.

“Una cultura no represora
sostiene el obstinado
deseo colectivo de vivir”
(Aforismo implicado A. G.)

Por eso la cultura represora tiene el mandato de la injusticia por mano ajena como meta no negociable. Lo que se llama impunidad, para todos los crímenes y asesinatos del Estado, incluyendo los de lesa humanidad. Pero sean o no de lesa, son crímenes contra la humanidad. El crimen organizado desde los estados es sagrado. Fuera del estado son mafiosos. Cuando las mafias capturan el estado, abandonemos toda esperanza en estas democracias que sostienen rituales y temen los escraches. También los escraches son una forma de justicia por mano propia. Y la cultura represora escrachó a los escraches.

Por eso la única opción porque las demás están deshabilitadas es: “debido proceso”. Más que proceso, calvario para los pobres y salvoconducto para los ricos. Antes “hecha la ley, hecha la trampa”. Ahora queda claro que la trampa es la ley. Porque esa ley muestra su verdadero rostro de legalidad de clase, o sea, un aparato jurídico de las clases explotadoras. El “exceso en legítima defensa” en realidad es un caso paradigmático de “injusticia por mano propia”.

Pero la vieja cultura represora que más sabe por represora que por vieja, utiliza ese ejemplo para entronizar el tabú de la mano propia cuando hace justicia. La “ley del talión”, siempre denigrada (literalmente, como lo negro de la cultura) establece la proporcionalidad entre el acto y su castigo. No hay excesos. No hay desmesura. No pagan justos por pecadores. No pagan los platos rotos los que no los rompieron. No cosechan los que nunca cultivan. Pero la cultura represora es la cultura de todas las desmesuras.

Se destruyó un país, una cultura buscando armas de destrucción masiva en Irak. Nunca se encontraron. Incluso hay una película donde se muestra ese fraude y estafa. Pero esas armas existen: las fabrican los estados unidos imperiales. Las buscan afuera para que nadie las encuentre adentro.

Estados Unidos, el gran exportador de guerras y masacres en todo el planeta. Por eso sostengo la necesidad política y ética de la justicia por mano propia. Los comedores populares es la mano propia colectiva para mitigar los crímenes del hambre. Como dice Morlachetti: “a los niños se les niega la ternura del pan en el país del trigo”- El hambre es un crimen y evidencia irrefutable de la injusticia por mano ajena.

“No importa que haya vida
despues de la muerte.
Lo que importa
es que hay muerte antes de la vida”
(Aforismo implicado A. G.)

Vivimos rodeados de justicia por mano propia en educación (bachilleratos populares) salud (cooperativas y mutuales) trabajo (fábricas recuperadas y autogestionadas). Pero la batalla cultural la sostenemos desde los paradigmas de la cultura represora.

Así estamos. Insisto. La mano propia es colectiva, y eso es lo que espanta a los retroprogresistas, a los liberales y a los fascistas. Y esa mano propia, clasista, combativa, libertaria, no es una utopía imposible. Es la única forma de subvertir el horizonte de lo posible. Entonces le podremos decir al militante, al escritor, al poeta, al militante: “Nunca más habrá penas y nunca más habrá olvidos”.

(FM De la Calle) El martes a las 15 comenzará el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca. Será el tercer tramo de la causa Ejército con 39 imputados que deberán responder por 103 víctimas.

Las audiencias se realizarán en Colón 80, semana por medio, los martes por la tarde y los miércoles durante toda la jornada a partir de las 9. Son abiertas para mayores de 18 años que concurran con DNI y grupos de estudiantes de entre 16 y 18 acompañados por docentes con permiso del tribunal.

El banquillo de los acusados tendrá integrantes del Estado Mayor del Comando V Cuerpo de Ejército, el Destacamento de Inteligencia 181, el Batallón de Comunicaciones 181, ex jefes del Servicio Penitenciario Bonaerense, integrantes de las policías federales de Viedma y provinciales de Buenos Aires y Rio Negro.

Serán juzgados, además, miembros del Estado Mayor del Comando de Brigada de Infantería de Montaña VI, el Batallón de Ingenieros de Construcciones 181, la Segunda Sección Baqueanos del Regimiento de Infantería de Montaña 26 y el Destacamento de Inteligencia 182 -todos de Neuquén- y del Destacamento de Exploración de Caballería de Montaña de Esquel.

Muchos de ellos ya tienen una o más condenas en su haber. Algunas calificaciones de los delitos de lesa humanidad que se les reprochan en este debate son: homicidios, privaciones ilegales de la libertad, torturas, tormentos, lesiones gravísimas, sustracciones de menores y asociación ilícita.

Todas ellas conductas genocidas producto “del accionar de una particular modalidad del terrorismo de Estado que fuera desplegada en el ámbito local, en cumplimiento de la misma matriz represiva que fuera desplegada para eliminar un grupo nacional cuya identidad definieron los victimarios, cuya devastación tuvo proyección nacional, llegando incluso a contar con una coordinación criminal de tipo subcontinental con la unión de dictaduras del Cono Sur conocido como Plan Cóndor”.

El Tribunal Oral bahiense estará subrogado por Jorge Ferro, José Mario Tripputi, Martín Bava -quienes participaron de los tres primeros juicios- y sumará al magistrado pampeano Pablo Ramiro Díaz Lacava como sustituto.

La acusación estará a cargo de los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia y las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la APDH, representadas por Mónica Fernández Avello y Walter Larrea, respectivamente.

La Causa N° 93000001/2012/TO1, caratulada: “González Chipont, Guillermo Julio y otros por Privación ilegal de la libertad agravada (Art.144 Bis inc.1)” (Lesa humanidad) comprende tres elevaciones parciales a juicio.

Para acreditaciones de prensa y consultas por visitas con grupos de estudiantes se debe escribir a [email protected] .

juiciobahiablanca.wordpress.com

Los camaristas Pablo Candisano Mera y Jorge Ferro autorizaron al empresario Vicente Massot a realizar un viaje de descanso a Punta del Este y continuar luego su periplo hacia México por motivos laborales. El titular de La Nueva Provincia está imputado por los homicidios de los obreros gráficos del diario e integrantes del sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, y la instigación pública al genocidio o delitos de lesa humanidad a través de los editoriales del periódico.

Massot solicitó permiso para “ausentarse del país en viaje de descanso a Punta del Este, Uruguay, entre los días 6 y 10 de octubre” y a “México Distrito Federal entre los días 12 y 16” por motivos laborales.

La Cámara Federal de Apelaciones resolvió la queja del fiscal Antonio Castaño contra el fallo de primera instancia firmado por la jueza subrogante Mirta Filipuzzi. El representante del Ministerio Público había alegado “peligros procesales” que “surgen del estado del proceso, pues la resolución que dispuso la falta de mérito del encausado no se encuentra firme”.

Destacó además que “es deber de todos los jueces extremar las medidas para que el avance de la instrucción no se frustre” y agregó que “las causales invocadas para la realizar el viaje no obedecen a urgencias ni necesidades impostergables o que únicamente se puedan satisfacer egresando del país”.

Los camaristas retrucaron que “no es la primera vez que al imputado le es permitido salir del país y en todos los casos en que resultó autorizado acató las disposiciones judiciales”.

Asimismo, Ferro y Candisano sostuvieron que dichos viajes “forman parte de la actividad empresarial y de sus hábitos personales (…) justificado en el derecho del imputado a vacacionar en el lugar que considere apropiado”.

El fiscal general Javier De Luca interpuso en agosto un recurso extraordinario ante la Corte Suprema contra la decisión de la Sala I de la Cámara de Casación Penal que el 4 de julio había declarado inadmisible la queja interpuesta contra la decisión de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca que había convalidado la del juez ad hoc Claudio Pontet de declarar la falta de mérito.

El fiscal denuncó un “sobreseimiento encubierto” y subrayó que la decisión de Pontet y la Cámara “encubre la consagración de un estado de duda indefinida sobre la intervención de los responsables en el hecho de lesa humanidad investigado, lo cual se traduce en la imposibilidad de avanzar el proceso hacia la etapa de juicio oral”. También, indicó que “el plexo probatorio incorporado hasta el momento es suficiente para arribar al grado de probabilidad necesario acerca de la participación del imputado en los hechos punibles que se le atribuyen, lo cual habilitaba el procesamiento de Vicente Massot”.

(Por Mauro Llaneza) La jueza Mirta Filipuzzi procesó y dispuso la prisión preventiva de los integrantes de la banda que comercializaba drogas en fiestas electrónicas y afters. Además, dictó la falta de mérito para los dueños del boliche El Reino y mantuvo la clausura del local allanado a principios de septiembre. Dos imputados continúan prófugos.

El planteo de la Fiscalía había ubicado a Guido Gentili como jefe de la banda y a Facundo Ezequiel Francisco, Francisco “Pinino” Salazar, Maximiliano Ezequiel Borja y Matías Cragno como sus asistentes en la captación de clientela, comercio, distribución, custodia y transporte de la droga. También participaban en el beneficio del tráfico los organizadores de las fiestas electrónicas Mariano Trellini y Javier Selvaggio.

Danilo Hugo Acosta, vinculado directamente a Gentili, fue imputado por la fabricación de ketamina y la organización de eventos para comercializar sustancias ilícitas y Lucio Miguel Serrón, Federico Isla Vieyra y Mauro Ezequiel Simón, propietarios de la disco de Fuerte Argentino al 600, estaban acusado de facilitar el lugar.

“Quedan ligados a la causa y es una instancia entre un procesamiento y un sobreseimiento”, dijo a FM De la Calle el fiscal Antonio Castaño respecto a los bolicheros y agregó que “independientemente de cualquier otra situación, dentro de lo que es la noche, la concreción de este tipo de fiestas, cómo alquilaban el local, cómo publicitaban en los medios, era suficiente para considerar que no podían estar ajenos a esta situación”. Ahora analizan apelar la resolución.

La causa comenzó en 2014 con el seguimiento a Facundo Ezequiel Francisco -actualmente prófugo- y tareas de inteligencia sobre venta de drogas en Nueva Cruz (Soler 620), la Confitería La Isla del Parque de Mayo, La Capilla de La Diana y El Reino.

En este último se realizó el 4 de septiembre el allanamiento en el cual fueron detenidos Gentili, Cragno, Selvaggio, Trellini y Salazar. La Prefectura Naval secuestró además 70 pastillas de éxtasis, ketamina, LSD, marihuana y cocaína. Días después se entregó Acosta. Los empresarios fueron indagados pero conservaron su libertad.

Las pericias sobre el material secuestrado identificaron marihuana, cocaína, ketamina, MDMA, precursores químicos, elementos de corte y sustancias psicotrópicas como clonazepam. La ketamina era sometida a un proceso de “fabricación” que cambiaba su estado líquido a sólido mediante su cristalización.

La especialista en adicciones del Hospital Municipal, Roxana Bertrand, destacó que el desconocimiento de la composición final de las drogas sintéticas las convierte en “especialmente peligrosas”.

La MDMA (3,4-Methylenedioxymethamphetamine) se ingiere oralmente en forma de tableta o cápsula y sus efectos duran aproximadamente de 3 a 6 horas. La dosis promedio es de dos tabletas y cada una contiene entre 60 y 120 miligramos de MDMA. “No es raro que los usuarios tomen una segunda dosis una vez que los efectos de la primera comiencen a desvanecerse”, advirtió la médica.

Con dicha referencia, el fiscal destacó que las 70 pastillas secuestradas en El Reino “podían abastecer a por lo menos la mitad de los concurrentes al King Club”. Junto al resto de las sustancias logran una proporción “determinante a los efectos de analizar el rédito que le proporcionaba a los organizadores el despliegue de la fiesta electrónica y cuál era su real ultrafinlidad: la comercialización de estupefacientes”.

Cragno, Gentili y Salazar (Facebook)

Patricia Cisnero, especialista de la Procuraduría de Narcocriminalidad, analizó el uso de la ketamina: para la obtención de estado psicodélico se calcula una dosis promedio de entre 30 y 75 miligramos. Como se incautó líquida, se debe considerar que cada mililitro equivale a 50 miligramos. “De ese modo, los 50 ml secuestrados equivaldrían a 2500 mg, que divididos por 30 (cantidad mínima de una dosis normal) arrojan un total de 83 dosis. (…) Evidentemente lo secuestrado excedía abiertamente el autoabastecimiento” y “denota el ánimo de lucro con su comercialización”, concluyó Castaño.

Tal como falló la jueza, la Fiscalía había solicitado el procesamiento y la prisión preventiva de los integrantes directos de la banda. Gentili dirigía y hacía el “contacto primario con proveedores para su posterior distribución”. Junto a Trellini y Selvaggio, “organizaba y publicitaba en redes sociales las fiestas electrónicas donde el consumo de este tipo de estupefacientes se encuentra íntimamente ligado al escenario armado alrededor de este tipo de música”. El negocio se realizaba también en “afters” privados.

“Pinino” Salazar comercializaba “faso”, “merca” y MDMA desde un comienzo con Borja y Francisco. Matías Cragno también se encargaba de la venta y “habitualmente se posicionaba al lado de Gentili” con funciones de vigilancia. Frecuentaba las previas, publicitaba las fiestas en sus redes sociales y tenía “directa relación con los dueños de El Reino”.

Selvaggio y Trellini (Facebook)

Selvaggio y Trellini (Facebook)

Selvaggio y Trellini se presentaban como organizadores de fiestas. El primero contactaba a los clientes y entregaba en mano las anticipadas. Entre otras sustancias se le secuestró rohypnol, conocida como la droga de la violación, “una de las más peligrosas del mercado”. Un testigo de identidad reservada declaró que era “vox populi” que en el domicilio de Trellini de 19 de Mayo 733 “se vendía cocaína y se hacían fiestas que duraban varios días”.

Finalmente, Danilo Acosta se dedicaba a la fabricación de estupefacientes, en particular de la ketamina, y la organización de “afters”. Las escuchas telefónicas lo muestran temeroso y lo relacionan claramente con dicha actividad. De este grupo quedan prófugos: Facundo Francisco y Maximiliano Borja.

En cuanto al delito referido al aporte de un lugar para la venta de drogas, a diferencia de la magistrada, la Fiscalía entendió que el accionar de Serrón, Isla Vieyra y Simón se enmarcaba en la conducta dolosa que “es aquella que se sustenta en el concreto y cabal conocimiento y voluntad de que el inmueble se destine al desarrollo de conductas ilícitas”.

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Serrón, Isla Vieyra y Simón (Facebook y LNP)

Entre otros elementos, Castaño indicó que los empresarios “sostuvieron proveer a los locatarios de personal de seguridad, es decir, que más allá del pacto de alquiler del espacio King Club o de la sala más importante, su personal de seguridad, sus ojos se encontraban en todo momento de la noche en el local bailable, donde además de las ‘imperceptibles’ drogas sintéticas se consumía abiertamente y sin límite marihuana cuyos rasgos externos se manifiestan en el ambiente, lo que no puede ser desconocido por el personal de seguridad/control y dueños del lugar allí presentes”.

“Es de resaltar la alarmante manera en que se publicitaban las fiestas, véase la publicidad en el facebook que reza Safety First, en detalle: contaremos con un sector de enfermería con personal certificado y autorizado para actuar ante cualquier caso de descompensación (…) en los baños habrá dispensers disponibles con agua potable”.

Incluso el 9 de julio el propio Simón firmó un acta tras la atención médica recibida por una joven que no respondía a signos vitales aparentes, efecto señalado por Bertrand como uno de los posibles ante el consumo de MDMA.

Tras la tragedia de Time Warp, Selvaggio “anticipándose a los proyectos de ley que se iban a aplicar” les comentó a los dueños que “en sus fiestas iba a poner estos dispensers en los baños”. Mauro Simón declaró: “Lo de los dispensers lo tomo como una acción de marketing”.

“Resulta extraño que ponga a disposición y regale el agua, cuando el redito más importante de la nocturnidad es la venta de bebidas. Asimismo porque se publicita asegurando asistencia médica justamente y solamente en las fiestas electrónicas y no en las habituales de El Reino”, afirmó Castaño y reiteró como agravante en la causa la habitual presencia de menores en la disco.

(Por Francisco J Cantamutto) Las nuevas cifras de pobreza e indigencia certifican el carácter excluyente del modelo.

La semana pasada se revelaron los nuevos datos oficiales de pobreza e indigencia en el país del INDEC de Jorge Todesca: 32,2% de la población es pobre y 6,3% es indigente. Este dato de la Encuesta Permanente de Hogares, proyectado al total de la población urbana (39 millones) equivale a 12,6 millones de personas que viven en la pobreza y 2,5 millones no alcanzan a adquirir los alimentos básicos. Estos datos se acercan a los difundidos semanas atrás por el Observatorio de Deuda Social de la UCA, que informó 32,6% de pobres, por encima del 29% que informara en diciembre de 2015.

Estas brutales cifras levantaron la polémica. El presidente Macri, sin ningún gesto de ironía, dijo que “este punto de partida es sobre el cual acepto ser evaluado como presidente”, omitiendo los casi 10 meses que lleva a cargo –orillando ya la cuarta parte de su mandato. Por supuesto, y de acuerdo al libreto estándar de Cambiemos, se achacó el número de pobres al gobierno previo, elogiando la existencia de estadísticas creíbles.

El kirchnerismo quedó en falta, porque resulta difícil la defensa del apagón estadístico de una década. La intervención del INDEC iniciada en 2006 afectó especialmente a la medición del índice de precios –incitada entre otras razones para disminuir los pagos de bonos de deuda indizados en por la inflación pesos. Esto produjo severos impactos que han oscurecido la discusión de los hechos, ahora presentados todos como interpretaciones libres, cuya única lógica de comprobación era la fuente de enunciación. Cuando el INDEC dejó de informar datos de pobreza en 2013, el ex ministro Kicillof lo pretendió justificar diciendo que esa medición era “bastante estigmatizante”.

El nuevo equipo del INDEC, incluyendo a la especialista desplazada por la fuerza Cynthia Pok, está readecuando las mediciones, y este esfuerzo de recomposición de datos estadísticos se mezcla con los resultados propiamente dichos. Desde Página 12 se ha puesto en duda la credibilidad de un índice que ubique a Argentina por encima del promedio regional (28,2% según la CEPAL), aunque para esa comparación habría que cotejar que las mediciones sean comparables. Justamente, diversos especialistas han señalado que la actual canasta de consumo difiere de la previa a la intervención, incluyendo 7 artículos más y 5 kilos más de comida. Considerando este cambio de medición, en 2006 la pobreza hubiera sido del 35% (en lugar del 26% informado entonces), o alternativamente, la pobreza actual sería del 23% (en lugar del 32% informado).

¿Cómo se mide la pobreza? Básicamente se determina un conjunto de bienes y servicios que componen una “canasta” típica, representativa del consumo de los hogares del país, y se mide su precio de mercado. Para el caso de la canasta básica de alimentos, el valor se ubicó según el INDEC en $4.930 mensuales. Las familias que ganen menos que ese valor por mes, no podrán comprar los alimentos que necesitan para vivir, y serán considerados indigentes. Según la referida medición, el 6,3% de las personas no llegan a comprar esos alimentos. En promedio, ganan la ínfima cifra de $2.975 al mes, quedando a 39,7% de alcanzar los ingresos necesarios para alimentarse.

En el caso de la pobreza, se agregan a los alimentos otros bienes y servicios típicos (vestimenta, servicios básicos, etc.). El valor relevado fue de $12.851 mensuales, ingreso que debería alcanzar una familia conformada por dos adultos y dos niños para comprar lo necesario para no ser pobres. Como se dijo, el 32,2% de las personas no alcanzan a adquirir esa canasta, y son considerados pobres. En promedio, esos hogares ganan $8.051 al mes, quedando a 37,4% de alcanzar los ingresos que los sacarían de la pobreza. Estas cifras se magnifican considerando rangos etarios, pues el 47,4% de las personas de hasta 14 años viven en hogares pobres: casi 3 millones de niños/as y adolescentes.

Sin dudas, las políticas del gobierno de Cambiemos han incrementado la cantidad de pobres, tal como hemos referido sistemáticamente en este espacio. La devaluación y la aceleración inflacionaria han superado a las mejores paritarias, licuando así salarios. Peor aún les fue a quienes trabajan fuera de los convenios colectivos de trabajo, en sectores informales y de la economía popular. La UCA llama “nuevos pobres” a quienes caen en esta situación por el impacto de estas políticas. La quita y disminución de retenciones a las distintas exportaciones agropecuarias favoreció que el incremento en alimentos fuera mayor al promedio –se ha calculado que orilló el 55%-, impactando de manera más dura en los hogares más vulnerables. La paralización de la actividad económica ha incorporado despidos y caída de la demanda de consumo han configurado este escenario devastador. A pesar de sus discursos, Cambiemos no ha implementado medidas compensatorias que contengan estas políticas. El salario mínimo vital y móvil se ubicó en $7.560, poco más de la mitad de los ingresos de pobreza. El nuevo aumento de 14,16% anunciado en la AUH –que la llevaría a $1.103- la pondría en una suba total de 32% en el último año, por debajo dela inflación registrada (que solo desde diciembre acumula un 34,3% según la CTA). Queda claro que la “pobreza cero” de la campaña no ha sido sino demagogia.

No obstante, estas cifras ponen sobre la mesa una continuidad más profunda en la sociedad argentina. El kirchnerismo logró reducir la pobreza, quebrando la tendencia ascendente desde la dictadura: solo el revanchismo conservador puede negar esto. Sin embargo, en el mejor de los casos, estaríamos ante un quinto de la población en situación de pobreza, que Cambiemos elevó a un tercio. En este núcleo duro de pobreza, estructural, confluyen desocupados, subocupados, trabajadores informales: un gran conjunto de personas excluidas de los sectores dinámicos del capital, condenadas a rebuscárselas para obtener su subsistencia. La inagotable creatividad popular ha reforzado con cooperativas, empresas recuperadas, talleres autogestivos las tradicionales changas y ventas ambulantes, lo que algunos llaman “economía popular”.

Se trata de masas sobrantes para el capital, cuya principal función es operar como amenaza para quienes se atrevan a reclamar por salarios justos. Esto lo expresó con claridad Prat Gay, cuando dijo que los sindicatos deberían elegir entre conservar sus empleos y mejorar los salarios.  Ninguna de las dos cosas ocurrió en 2016. El denodado esfuerzo por atraer inversiones externas, incluso cuando pudieran reanimar la actividad económica (lo que no ha ocurrido aún), no ofrecerá ninguna salida para estas personas, que continuarán marginadas del mercado laboral, y estigmatizadas por su dependencia de planes sociales. Las propuestas de reforma laboral en danza –como el plan Primer empleo- continuarán precarizando el trabajo, arrojando a la pobreza también a trabajadores/as ocupados/as.

“Imagino lo que debe estar pasando”, dijo a FM De la Calle Ramiro Menna -hermano del nieto 121 cuya identidad fue restituida por Abuelas de Plaza de Mayo- y a pesar de la “ansiedad” familiar se mostró dispuesto a “esperar lo que él necesite que esperemos para encontrarnos, para abrazarnos y para contarnos lo que somos, lo que creemos, lo que vivimos”.

El organismo pospuso hasta mañana a las 13 la conferencia de prensa prevista en principio para este mediodía, en la cual brindará detalles sobre el caso y la historia de la familia de Ana María Lanzillotto y Domingo Menna, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores desaparecidos en 1976.

“Esto es una Argentina con un tejido social destrozado por una dictadura criminal que se recompone, que va desde la ceniza renaciendo como un milagro (…) veo que el sueño por el cual 30 mil compañeros y compañeras dieron la vida, los sueños que nos costaron tanto dolor a tantos están dando vida desde donde no hay, desde donde se quiso que no hubiera, y es maravilloso”.

“Por eso esto no es privado, no es de nadie, podría hacer una lista larga de sobrevivientes de la dictadura que podrían sentirse padres también de nosotros, de este chico que recupera su identidad, que podrían decir ‘este también es mi día de victoria'”, dijo Ramiro en el diálogo con el programa En Eso Estamos que aquí se reproduce.

-¿Tu historia tiene que ver con Bahía Blanca, acá cerca viviste tu infancia e iniciaste tu militancia en H.I.J.O.S.?

Ahí en Bahía Blanca junto con Ale Santucho, con el “Monchi” Ramón, y varios más, no quiero nombrar más porque me voy a olvidar de alguno y después voy a tener que pagar la deuda, pero con un montón de changos y chicas, hoy hombres y mujeres, fundamos H.I.J.O.S. Bahía Blanca. Creo que fue en FM De la Calle que teníamos un programa que se llamaba “Nadie, nunca, nada”, que era un programa vinculado a esto. Ahí hice mis primeros pasos como salesiano. Ahí en Bahía Blanca estudié física, estudié en el Juan XXIII también.

-¿Cuándo supiste de la posibilidad de que hayas tenido un hermano y que estuviera en manos de alguna familia apropiadora?

Desde los 13 años. A los dos años, cuando se produce el secuestro de mis viejos, el 19 de julio, a los doce días más o menos me recuperan, veinte días después ponéle, primera o segunda semana de agosto del 76 me recuperan. Estuve desaparecido ese tiempo. A partir de ese momento me cría una tía. Cuando tenía doce o trece años estaba convencido que mis padres eran mis tíos y ahí fueron los psicólogos de Abuelas que, por la edad que yo tenía, era tiempo de que me hablen de esto.

Mis tíos me hablaron, me dijeron las cosas como eran y aconsejados por los psicólogos de Abuelas ellos me iban dando la información que yo pedía, como que el cuerpo pide lo que puede. Así fui despacito sacando información de un lado y otro, me fui encontrando con compañeros de militancia de mi mamá y de mi papá y se fue construyendo en mí toda la historia, me fui reencontrado conmigo mismo de alguna manera, me fui enorgulleciendo cada vez más de quiénes fueron Ana María Lanzillotto y Domingo Menna, dos personas de una entrega heroica por lo que creían, por sus convicciones, jugados de corazón por todo eso, y me fui encontrando no solo con una madre y un padre sino con compañeros, con gente con quien compartí ideales, con quien compartí sueños.

Alrededor de los 16 es que me enteré específicamente que mamá había desaparecido embarazada y que ese embarazo podría haber llegado a término y que estamos buscando a ese hermano o hermana mía, no sabíamos si era varón o mujer. ¿Por qué a los 16? Porque me iban dando la información a medida que iba preguntando. Me fui encontrando con eso.

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A partir de ese momento siempre, bueno la sangre nuestra, la mía y la de todos los familiares en el Banco Genético, hubo dos casos que pensamos que podrían haber sido y que no fueron, las pruebas de ADN los descartó y este es el tercero. Según tengo entendido, hasta donde yo sé es el tercero. Fue una sorpresa enorme porque no es que estábamos en un proceso que hace un mes o dos nos decían “hay una pista”, “estamos buscando”, no, nada. Fue ayer a la tarde todo de golpe, así, pum.

-Según planteaban las Abuelas se presentó él voluntariamente con alguna duda y a partir de allí se hace el estudio…

Sí, en realidad creo que más que por una duda de él, en el marco de una investigación que yo no sé bien de qué es, se le sugirió la posibilidad y él lo descartaba porque no tenía duda, el análisis lo fue a hacer pero como quien dice estoy seguro que soy hijo de los que me criaron pero lo hago porque me sugieren que lo haga, una cosa así.

Pienso que él está viviendo un momento difícil porque tiene que ponerse en un lugar en que él no pensaba que iba a estar. Ayer a las seis o siete de la tarde cuando le dijeron a él fue un momento en que se enteró de todo, antes para él su vida era otra cosa. Imagino lo que debe estar pasando, el tiempo que necesitará para ir procesando y nosotros con la ansiedad de encontrarnos pero dispuestos a esperar lo que él necesite que esperemos para encontrarnos, para abrazarnos y para contarnos lo que somos, lo que creemos, lo que vivimos.

-Decían las Abuelas que tus abuelos no están para recibirlo pero sí son una familia numerosa para abrazarlo.

Muchos tíos, primos. Yo te digo la verdad, mirá, el lunes me enteré de esto pero desde el viernes veníamos sintiendo cosas que sería largo de contar pero yo digo que los abuelos sí están. Están mis abuelos paternos Pánfilo e Irma están, digo que Nicolás y Brígida que son los abuelos maternos están los dos, están, los siento muy presentes acá, hay fiesta en el cielo en este momento, los siento muy vivo a todo esto.

-Respecto de lo que fue la búsqueda hablabas de dos casos fallidos…

Sí, dos que yo sé. Uno fue el caso del capitán médico Bianco, que fue un médico en Campo de Mayo, que tenía dos hijos adoptivos, ninguno de ellos era hijo biológico de la familia, se sospechó de esos dos, fue difícil porque al principio no querían los chicos hacerse el ADN. Finalmente primero el hijo aceptó, resultó que era hijo de desaparecidos y pudo reconstruir su historia y después de un tiempo también la hija se hizo el ADN pero dio negativo, la hija, que era la que nosotros creíamos que podía ser mi hermana.

Cuando yo estaba en Etiopía de misionero, entre 2000 y 2005, no recuerdo en qué año exacto, también sé que hubo una chica de la cual se creyó la posibilidad de que sea hermana pero también dio negativo.

-¿Y los testimonios confirman que tu mamá dio a luz en Campo de Mayo?

No sé en dónde dio a luz, sabemos que estuvo en Campo de Mayo porque hay testimonios, (Eduardo) Cagnolo por ejemplo, un soldado que fue secuestrado y desaparecido y sobrevivió a Campo de Mayo cuenta que cuando estuvo ahí se encontró con alguien que creo que era (Eduardo) Merbilhá, era un compañero del PRT de mi mamá y mi papá, y cuando estuvo con él uno al lado del otro, en un momento estuvieron en el mismo lugar, que sé yo, en la misma habitación, en el mismo galpón, lo que sea, él le dijo “antes que vengas vos, acá estuvo la compañera del Gringo Menna, Ana María Lanzillotto”.

Aparte de eso hay otros testimonios que pasó por Campo de Mayo, por ejemplo Patrica Erb. Después no sé yo si no estuvo en otro lugar también, puede haber estado. Y no sé en dónde dio a luz, pero ahora capaz que se sepa, capaz que esto termine de cerrar todo eso.

-¿Hubo un par de juicios vinculados a la desaparición de tus viejos?

Vinculado a mis papás hubo juicio, el juicio Campo de Mayo, yo declaré, declararon estas personas que te nombré y muchas más vinculado a mis papás. A Domingo y Ana María. Hubo juicio sí. En ese juicio, fue hace varios años atrás, vine acá a Buenos Aires, declaré y fue también un momento muy intenso.

-Recién dábamos cuenta de la noticia, lamentablemente, de la postergación del anuncio por el fallecimiento del yerno de Estela Carlotto pero supongo que mañana ya estarán cumpliendo con ese encuentro, ya se había anunciado que él no iba a participar, es cuestión de tiempo ahora…

Sí, sobre todo los tiempos de él, de mi hermano, de los tiempos que él necesite para ir procesando esto y para que esta experiencia que es traumática -la restitución de la identidad de alguien, sobre todo en estas circunstancias, es traumática-, para que se haga lo mejor posible, de una manera que él pueda procesarla, compartirla con su familia y vivirla de tal manera que sea un momento de crecimiento, siempre la verdad te hace libre pero las formas pueden ayudar. Hay que respetar eso.

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-Leía una declaración que hacías esta mañana hablando de esta situación no como una historia personal sino colectiva.

Exactamente, esto no son historias privadas, no son luchas ni victorias privadas. En este momento tenemos la suerte de estar bien cerca del fuego de lo que pasa pero esto es una Argentina con un tejido social destrozado por una dictadura criminal que se recompone, que va desde la ceniza renaciendo como un milagro, como dice la canción esta que canta Silvio, creo que la letra es de José Martí, que dice solo el amor engendra la maravilla, solo el amor consigue encender lo muerto.

Acá hay cosas muertas que se están encendiendo, que vienen encendiéndose, los 121 nietos son eso, y hay un montón de historias que podríamos contar de cómo la lucha por la emancipación de nuestra patria, nuestra América, por la justicia, la lucha por más igualdad y todo eso, despacito se va reconstruyendo en el tejido capilar de nuestro territorio.

Yo lo veo en Chepes, ahí en los llanos riojanos, lo veo en muchos lugares y veo que el sueño por el cual 30 mil compañeros y compañeras dieron la vida, los sueños que nos costaron tanto dolor a tantos están dando vida desde donde no hay, desde donde se quiso que no hubiera y es maravilloso ver eso, es maravilloso ser testigo de eso. Por eso esto no es privado, no es de nadie, acá yo podría hacer una lista larga de sobrevivientes de la dictadura que podrían sentirse padres también de nosotros, de este chico que recupera su identidad, que podrían decir “este también es mi día de victoria”.

Todo el mundo, La Rioja recuperó un nieto, un nieto de don Nicolás Lanzillotto que era un maestro rural de La Rioja, un nieto de doña Brígida Cáceres, que era una mujer de campo, del interior profundo de los llanos, de un paraje que se llama La Jarilla, es nuestra gente, tenemos que tomarlo de esa manera, ninguno de nosotros puede privatizar este tipo de cosas.

-Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo enorme y ojalá tengan una buena vida juntos a partir de ahora.

Que así sea che. Un abrazo a todos los amigos de Bahía Blanca que hace rato que no nos vemos y me han mandado mensajes y me han acompañado en esto, les mando un abrazo a todos.

Familiares de Ángel Almada, el joven fallecido en marzo tras caer de un puente en Ing. White, se manifestaron este fin de semana durante el desfile cívico militar organizado por el municipio por el aniversario de la localidad portuaria e insistieron con que el intendente aparte al delegado Marcelo Alonso hasta que se aclare su vinculación con el caso.

“Pedimos que desplace al delegado hasta que esto se investigue, hasta que lleguemos al fondo, eso sí lo puede hacer él, es el intendente me parece. No lo decimos porque tenemos ganas, si le pedimos eso es porque hay cosas que sabemos que están en la causa que por ahí mucho no podemos comentar porque se está investigando”, dijo a FM De la Calle Viviana Almada, tía del adolescente fallecido.

Ayer, el intendente Héctor Gay aseguró que “está muy bien que ustedes estén aquí hoy y con respeto y con tranquilidad pero con firmeza reclamen justicia. Nosotros, desde el municipio, somos quizás los más interesados después de la familia y los amigos de que haya justicia y no haya impunidad pero no solo por Ángel, que no haya impunidad para nadie”.

“Vamos a hacer todo lo posible para que esto sea así dentro de nuestras características. Esto lo he hablado con la gobernadora, está al tanto permanentemente y siguiendo el tema, lo volví a ver el jueves, está permanentemente en contacto, obviamente respetando lo que es la división de poderes. Lo he hablado con el fiscal de la causa y le he dicho exactamente lo mismo que le he dicho a la familia las veces que los he recibido. No queremos impunidad para nadie”, agregó el funcionario.

Almada afirmó que “otra de las cosas en que hacemos hincapié es el celular de Ángel, primero que aparece en la casa del mejor amigo del delegado, varias amenazas de los familiares de este señor hacia los chicos de la orquesta que también están en Fiscalía, hace más o menos un mes mi hermana tuvo una visita de la policía con una pequeña intimación, se hizo la denuncia, vemos que el delegado está constantemente con la gente de la Tercera, queremos llegar al final de esta causa, queremos que se sepa y creemos que estando el delegado ahí la causa se embarra cada vez más”.

“(Gay) dice que fue a ver la causa. Mentira, la primera vez que dijo que fue a verla dijo la hija del señor delegado no estuvo nunca con Ángel esa noche, cómo que no si están la cámaras, hay testigos, de todo. Evidentemente ni siquiera la vio y ni siquiera muy por arriba le dijeron algo de la causa”, advirtió Viviana.

(Por Francisco J Cantamutto) Tal como señalamos a principios de año, el programa económico de Cambiemos estaba orientado por el relanzamiento de la ruta de la deuda. Esa era el significado del slogan de “volver al mundo”: retornar al mercado de deuda internacional, a cualquier costo.

Primero fue el anuncio realizado a fin de año, mientras los medios cubrían fugas de delincuentes por medio país, del remate a precio vil de bonos en manos del Banco Central, repartidos entre JP Morgan, Citibank, HSBC, Deutsche Bank y Goldman Sachs, por el cual 16.000 millones de dólares de deuda cambiaron de acreedor: del propio Estado a bancos internacionales. El siguiente episodio fue el bochornoso arreglo con los fondos buitres remanentes (remanentes porque otros buitres habían conseguido arreglo antes), por la friolera de 12.500 millones de dólares, a los que se sumaron otros 4.000 millones para apuntalar reservas. Entre ambas onerosas operaciones, las tasas de interés en dólares se ubicaron por encima del 7% anual en dólares, una estafa de escala internacional. Esto se suma a las emisiones de deuda aprobadas en el presupuesto enviado al Congreso por el gobierno anterior, por 23.400 millones de dólares.

Un auténtico festival de deuda, para el cual el legado kirchnerista fue muy importante. El gobierno previo buscó infructuosamente reinsertar al país en el mercado de deuda durante 12 años. En los últimos años, merced del deterioro del saldo comercial, se condujo una política contradictoria para resolver el problema externo. Por un lado, se intentó conciliar con el capital extranjero –productivo y financiero- las demandas compatibles con el funcionamiento de la economía: se pagó a REPSOL por encima del valor contable de su participación en YPF –a pesar de los conocidos fraudes cometidos-, se reconocieron los fallos del CIADI del Banco Mundial –tribunal que reconoce fallar siempre a favor de las transnacionales-, se reconoció la deuda proveniente de la dictadura con el Club de París –aumentada en un 60%-, se abrió por vez tercera el canje de los buitres en 2013, se declaró al pago de la deuda “de interés público” (Ley 26.984),  y se proclamó –como si fuera motivo de orgullo- que Argentina era una “pagadora serial”.

Debido a que estas concesiones no provocaban el efecto buscado en lo inmediato, el gobierno de Fernández buscó contener dentro del país los recursos externos mediante controles a las importaciones, a la remisión de utilidades y a la compra de dólares con motivos de atesoramiento o consumo suntuario. Estas medidas hacían que las demás concesiones no articularan un programa claro, por lo cual el capital financiero internacional –que obtuvo ingentes ganancias- no terminó de habilitar sus recursos. Ante este escenario, el kirchnerismo optó por endeudarse con China –créditos swap- y con organismos multilaterales de crédito. Los cambios en la moneda de denominación y de acreedores permitieron un manejo financiero más holgado, mientras los recursos externos abundaron, pero no alteraron los fundamentos de la relación de la deuda. La negativa de más de una década a auditar la deuda, el reconocimiento de jurisdicción extranjera en la materia y la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo constituyen el eje de la continuidad de la deuda durante el kirchnerismo.

La prueba está en la rapidez con que Cambiemos pudo revertir los “logros” previos, montado sobre el resultado previo. Junto a los pedidos de perdón del ministro de finanzas Prat Gay en España, las invitaciones de Macri al presidente Obama, las rondas de ambos entre los foros de Davos, G20 y Mini-Davos, lo que se ha promovido es una subordinación sin ambigüedades a los dictados del capital internacional.

¿Cuál ha sido el resultado hasta ahora?

El Banco Central presenta mes a mes los resultados del balance cambiario, donde se pueden constatar los resultados del intercambio de Argentina con el mundo. De acuerdo este instrumento oficial, en el mes de agosto las reservas cayeron en 1.362 millones de dólares, cerrando con stock total de 31.150 millones. Este valor está aún por encima del nivel de noviembre de 2015, debido a los dos momentos de ingresos de reservas comentados antes –el canje de bonos en enero y la emisión sobrante del pago a buitres en abril.

Este saldo resulta de una ecuación similar a la que caracterizó al kirchnerismo desde 2013: déficit en la cuenta corriente y superávit en la cuenta capital y financiera. Es decir, un regreso a los dólares “especulativos” ante la insuficiencia de los dólares “comerciales”, tal como antes comentamos. Si bien el balance de mercancías arroja aun superávit, este se ve anulado por el déficit en el sector de servicios: al igual que en el período enero-agosto del 2015, del intercambio de bienes y servicios con el exterior, Argentina ya no genera excesos sistemáticos. De aquí los reclamos por nuevas devaluaciones, flexibilización del mercado de trabajo, mayor desgravación fiscal: búsquedas espurias por obtener mayor competitividad.

Desde principios de año, el ingreso de capitales se produjo por la vía estrictamente financiera: 9.553 millones por deuda privada, 15.893 millones por deuda pública, 1.096 millones por préstamos de organismos multilaterales, y 1.237 millones por inversión de cartera. Esta gran acumulación de recursos financieros ha tenido en los títulos públicos su principal destino: la cantidad de bonos se han incrementado para ser hoy equivalente al 85% de la base monetaria, pagando en su última colocación casi 27% anual en pesos a 35 días. En varios de estos casos se trata de resultados netos que oscurecen un movimiento más grande aún de capitales; en el caso de los organismos de crédito, por ejemplo, se trata del resultado 13.467 millones ingresados y 12.372 millones pagados.Argentina se está tornando una gigantesca máquina de reciclar ganancias en dólares: entran por una ventana y salen por la otra.

Al mismo tiempo, los pagos al capital se incrementaron de manera brutal: en estos 8 meses, respecto de igual período de 2015, los pagos de intereses se duplicaron (8.602 millones) y las remisiones de utilidades aumentaron 11 veces (1.916 millones). La fuga de capitales alcanzó un mínimo registrado de 8.993 millones, el doble que el año pasado. Es decir, la entrada de capitales financia la salida de capitales.

La prueba de esta falta de compromiso en actividades productivas que exijan algún tipo de compromiso de mediano plazo es que la inversión extranjera directa apenas alcanzó los 1.642 millones, a pesar de las promesas del gabinete y los gobernadores. Más de un cuarto está explicado por el sector petrolero, siendo la inversión nula en la mayor parte de las actividades.

El endeudamiento juega un papel central en el esquema económico de Cambiemos: financia el déficit fiscal y el déficit externo. Y lo hace a costa de una muy acelerada ruta, que consolida las continuidades previas, despojándolas de toda contradicción. Estamos mirando de frente a un esquema explosivo, cuya cualidad inflamable ya hemos conocido en el pasado.

El viernes el Tribunal Oral Federal de Neuquén leyó el veredicto del juicio Escuelita IV en el cual otorgó absoluciones y penas menores a 10 años de prisión. Solo recibió prisión perpetua el jefe de inteligencia del comando de la Sexta Brigada del Ejército, Oscar Reinhold. Fueron juzgados 22 genocidas por los casos de 28 víctimas de las cuales la mitad permanecen desaparecidas.

Según manifestó a FM De la Calle la abogada querellante por el Ceprodh, Natalia Hormazabal, fue “una sentencia escandalosa que no condice con la verdad histórica de nuestros compañeros y compañeras pero sobre todo con lo acontecido en este juicio que ha durado casi un año, hemos presenciado testimonios muy importantes donde ha quedado claro, no solo en este juicio sino en los anteriores, cómo funcionó el circuito represivo, cuál fue la responsabilidad de las distintas fuerzas, de sus integrantes”.

Los jueces Alejandro Silva, Guido Otranto y Marcos Aguerrido condenaron a 10 años a los oficiales de inteligencia del Ejército Jorge Di Pasquale, Jorge Molina Ezcurra y Sergio San Martín. Osvaldo Laurella Crippa y Raúl Guglielminetti recibieron 8 años de prisón, Gustavo Vitón y Alberto Camarelli 6 años, Nestor Castelli 5 años, Saturnino Martínez, Hilarión de la Paz Sosa y Jorge Alberto Sosa recibieron 4 años de prisión por condena y Emilio Rozar 3 años. Los represores Enerio Huircain, Enrique Sires, Gustavo Sommer y Julio Héctor Villalobo fueron absueltos. José Luera, Enrique Braulio Olea y Luis Alberto Farías Barrera fueron apartadas del juicio por “incapacidad sobreviniente”.

Reinhold, Laurella Crippa, Olea y Farías Barrera integran la lista de los genocidas que deberían ser juzgados a partir del 11 de octubre en Bahía Blanca en el marco del cuarto juicio de lesa humanidad, tercer tramo de la causa Ejército. Al igual que ahora los últimos dos, tiempo atrás fue apartado de las causas bahienses el jefe del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén Mario Alberto Gómez Arenas.

Hormazabal aseguró que el fallo “tiene por finalidad estar acorde con los aires de época, en un momento donde se discute desde el gobierno nacional el número de desaparecidos, se reeditan teorías anacrónicas como las de la guerra o los dos demonios, también en boca de los imputados a lo largo del debate, sin dudas es una sentencia que atiende esta situación y genera mayor impunidad para cada una de esas fuerzas” y demuestra “la necesidad de redoblar los esfuerzos para seguir luchando por cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas”.

Inés Ragni, Madre de Plaza de Mayo, dijo en una radio abierta que la RNMA realizó en las puertas del tribunal, que “hace 40 años que caminamos las calles de Neuquén, que colgamos el delantal en la cocina sin saber a dónde, ni cómo, ni cuándo, ni quién nos iba a recibir; tantos lugares que hemos recorrido con la esperanza de saber qué carajo hicieron con nuestros hijos, dónde están, eso es lo que queremos saber” y “este Tribunal le ha dado a los asesinos de los argentinos una miseria de años, tienen que ir a cárcel perpetua, para toda la vida; cuántos jóvenes no van a volver, siguen desapareciendo en este país y nadie se preocupa, ningún gobernante, ni los jueces, total les pagan bien”. Concluyó diciendo que van a “seguir en la calle hasta el último día de nuestros días, porque queremos justicia, porque esta no es la verdad”.

Fuentes: http://juicioescuelita2.blogspot.com.ar/ y FM De la Calle.

Ayer, el ministerio de Educación recibió a dirigentes mandatados por las bases de docentes de universidades nacionales. “Lo que esperábamos y lo que nos llevamos fueron resultados coincidentes”, dijo el titular de ADUNS, Sergio Zaninelli, a FM De la Calle.

La cartera viene reafirmando en diferentes declaraciones que no habrá reapertura de paritarias. El gobierno también lo hizo “a través del presidente de la nación” quien manifestó “que no había posibilidad de reabrir las paritarias. Por eso la reunión fue protocolar. Se hizo porque estaba incluida en el acta acuerdo firmada en el mes de mayo”.

El gobierno dijo a los y las representantes que “no están dispuestos a reabrir la discusión salarial, que quieren seguir monitoreando la inflación, que para ellos la inflación iba en franco descenso”.

Con la negativa como respuesta, se pautó una nueva reunión para el 12 de octubre.

Concluido el trámite por las parte, “en forma inédita la Conadu y la Conadu Histórica llamaron a una conferencia de prensa conjunta y anunciaron frente al ministerio de educación un paro para este próximo martes 4 de octubre y la continuidad del plan de lucha en unidad de acción”.

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Por parte, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina recibió muestras de solidaridad y adhesión a la campaña contra los despidos a dirigentes y delegados del sindicato docente de la provincia. Desde el SUTEF y la CTA Autónoma de Tierra del Fuego impulsan iniciativas de solidaridad con recolección de firmas.

Luego, la Conadu Histórica tuvo su congreso para el cual el martes ADUNS definió en asamblea a sus delegados y delegadas. Zaninellí informó que se determinó “adherir al paro y fijar como paro de 48 horas los días jueves 13 y viernes 14 de octubre en coordinación con la Conadu y con otras organizaciones que quieran seguir reclamando esta justa reivindicación que es de reapertura de la discusión paritaria, la desaparición del impuesto a las ganancias sobre el salario a los trabajares y un presupuesto educativo acorde a las necesidades los trabajadores y los estudiantes”.

El economista Julio Gambina analizó, en diálogo con FM De la Calle, los números sobre pobreza difundidos por el INDEC y resaltó que el 32,2 por ciento de la población viva en esa condición es una cifra “abrumadora” aunque “lo ideal hubiese sido generar una estimación estadística entre el último dato de 2013 y la actualidad”.

“El INDEC prefirió tomarlo como punto de partida y políticamente el gobierno de Macri lo utiliza y dice quiero que me evalúen desde ahora, con lo cual está obviando todo el ajuste que hubo en estos diez meses. La Universidad Católica cuando dio su dato, que era a marzo de 2016, señaló que la pobreza había pasado de un poquito más del 29 por ciento al 32,4 por ciento a marzo”, afirmó.

El economista precisó que “la inflación de abril fue del 6,5 por ciento, o sea que el deterioro de los ingresos populares en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ha sido brutal. Al mismo tiempo que se informan estos datos del INDEC ayer se conoció que hay una caída del consumo en el mes de agosto, algo que es bastante inesperado” y “los datos del PBI a junio hablan de una recesión consolidada con caída de la producción de junio de 2016 contra junio de 2015 del 7,9 por ciento de la industria manufacturera que es el sector más importante en pérdidas de empleo”.

“Los datos de la pobreza consolidan y confirman el ajuste de redistribución regresiva que hay en la Argentina, por eso es incorrecto que Macri salga a decir que a él tienen que evaluarlo a partir de ahora. Y es más, ya corrigió su primer mensaje presidencial cuando asumió el 10 de diciembre, dijo que el objetivo es pobreza cero y ahora dice que no alcanza un período presidencial para eliminar la pobreza en Argentina”.

“Eso que solo estamos hablando de la pobreza por ingresos, si habláramos de la pobreza estructural, lo que en los censos nacionales se habla de necesidades básicas insatisfechas, es decir, esas condiciones de pobreza absoluta en que vive una parte importante de la población, veríamos que hay una situación estructural de pobreza en Argentina y que se ha subido el piso”, concluyó Gambina.

Un@ de cada tres habitantes en Argentina es pobre, y el 6,3 por ciento de la población es indigente según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El relevamiento del organismo, que corresponde al segundo trimestre del año, mostró que alrededor de 8,7 millones de personas que viven en grandes centros urbanos son pobres, lo que equivale al 32,2 por ciento de la población, y, entre ellas 1,7 millones de personas son indigentes.

El presidente Mauricio Macri abandonó la principal promesa de campaña al destacar que “es obvio que no alcanzan cuatro años” para llegar a la “pobreza cero” y a pesar de los despidos, el ajuste y los tarifazos -entre otras políticas de tranferencia de ingresos hacia los grupos económicos concentrados- aseguró que las medidas tomadas por su gestión generarán empleo y mejorarán la educación pública y serán el camino para reducirla.

Las mediciones del Indec se basan en la consideración de indigente a aquella persona o grupo familiar que no cuenta con los ingresos mínimos como para comprar los alimentos indispensables de subsistencia comprendidos en la Canasta Básica Alimentaria, que costaba 5.175,92 pesos en agosto para una familia compuesta por dos mayores y dos niñ@s de 6 y 8 años.

Ese mismo grupo familiar requirió de 12.489,37 pesos para poder adquirir la Canasta Básica Total (CBT) -compuesta por alimentos, indumentaria y servicios básicos-, para no caer por debajo de la línea de pobreza, informó el Indec.

“Esta no es la única forma de medir la pobreza e indigencia, pero para realizar una medición multidimencional, que sería complementaria al método actual, se requiere mucho trabajo, y en esta etapa de emergencia estadística, tratamos de centrarnos en nuestras potencialidades”, explicó Jorge Todesca, al dar a conocer las cifras en una conferencia de prensa en la sede del organismo.

La región con mayor porcentaje de pobreza es el Noreste, con el 40,1 por ciento, seguido por el Noroeste (35,8), Cuyo (35,6), Pampeana (32,6), Gran Buenos Aires (30,9) y Patagonia (24,7 por ciento). En los aglomerados mayores a 500 mil habitantes, la pobreza se ubicó en 31,8 por ciento, mientras que en las ciudades por debajo de ese nivel de población, en el 34,2 por ciento. En el caso de la indigencia esa relación es inversa: es el 6,6 por ciento en las ciudades más grandes y 5,0 por ciento en las de menor porte. El Noreste es en general la región de peores indicadores y la Patagonia muestra los mejores números.

El Gran Buenos Aires (GBA) es la región de mayor relevancia para explicar la cantidad de pobres e indigentes. El Indec registró 4.543.000 pobres en el GBA y 917.000 indigentes. En segundo lugar, en la región Pampeana hay 1.925.000 personas pobres y 453.000 indigentes.

Por edades, el sector más afectado por la pobreza es el de los adultos de entre 30 y 64 años, que representan el 40,3 por ciento de la población y concentran el 34,9 por ciento de la pobreza y el 32,1 de la indigencia. Le siguen los niños y adolescentes de 0 a 14 años, con 32,3 y 33,1 por ciento, respectivamente. Luego los de 15 a 29 años, con 29,5 y 32,2 por ciento. Y finalmente los de más de 65, con 3,3 y 2,6 por ciento.La región del Noroeste, con el 40,1 por ciento es la que tiene mayor tasa de pobreza, seguida por la del Noreste con el 35,8 por ciento y Cuyo 35,6 por ciento.

La directora de la Encuesta Permanente de Hogares, Cynthia Pok, destacó que las mediciones hechas por la intervención del Indec, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner “no se pueden comparar” con los nuevos números porque las anteriores “estaban mal hechas. No se puede mirar frescamente eso como un dato”.

El último relevamiento de este tipo de datos se realizó a mediados del 2013, durante el último mandato de la Cristina Fernández de Kirchner.

Las explicaciones sobre por qué se dejaron de difundir estas cifras vinieron mucho después, en marzo de 2015, cuando el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, admitió desconocer “el número de pobres” y consideró esa medición como “bastante estigmatizante”.

Pero tres meses más tarde, y sin que se supiera ninguna medición oficial, la propia presidenta, ante la 39na Asamblea de la FAO aseguró que el índice de pobreza se ubicaba en Argentina “por debajo del 5 por ciento, y el índice de indigencia en 1,27 por ciento”, gracias a las políticas activas implementadas a partir de 2003.

Ya en esos momentos el Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), estimaba que el índice de pobreza trepaba en el 2014 al 27 por ciento de la población, mientras que la propia CTA oficialista la había estimado en el 17,8 por ciento.

Para fines de 2015, el Observatorio Social de la UCA estimó que la pobreza alcanzaba a 29 por ciento de la población, y la indigencia a 5,3 por ciento.

Fuentes: Télam, Página/12, FM De la Calle.

(Por ¿Quién te juna?) Históricamente se conocía al acto de adoptar como una obra de caridad, sin embargo, mediante fueron pasando los años el significado fue cambiando, hasta el día de hoy, que es conocido como el acto que realizan muchas parejas, como también padres/madres solteros, cuando no tienen la posibilidad de concebir o ya tienen un hijo y deciden cuidar de otro niño. Para poder tener la tenencia de un menor, los padres deben atravesar una etapa, donde el juez, analiza si poseen los requisitos para brindarle el amor y contención necesario en su crianza.

En el año 2015, Marcelo Feliú impulsó una nueva ley que puso como eje principal el agilizar el proceso de adoptabilidad, con un plazo fijo de seis meses para que los jueces analicen los expedientes, donde se cuenta desde que se toma la primera medida de protección del menor que se encuentra en un estado de vulnerabilidad, y con el resguardo de las debidas garantías del debido proceso para todas las partes involucradas, para que el juez decida si están dadas o no las condiciones de “desamparo moral o material” y así resolver la situación de adoptabilidad del menor cuyos derechos se vean afectados.

Con respecto a los postulantes para adopción, algunos de los requisitos fueron modificados, entre los que se encuentran la diferencia de edad entre adoptante y adoptado que antes era de 18 años y ahora bajó a 16. También se permite que adopten las uniones convivenciales, algo que antes no se consentía y se mantiene la posibilidad para personas solas y matrimonios. En este último caso se extiende la posibilidad también a los matrimonios igualitarios.

Este nuevo código, se enfocó principalmente en los tiempos del proceso, el cual implica tres etapas: un estado de adoptabilidad del niño; una guarda provisoria; y el juicio de adopción.

Todos estas reformas fueron pensadas a favor del niño, para evitar que generen lazos afectivos con guardas provisorias con las que no puedan mantener el vínculo a futuro y con el objetivo de garantizarles una estabilidad emocional.

El amor más allá del deseo

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En nuestra ciudad se encuentra la agrupación “M.A.M.A.-Movimiento de Ayuda a Matrimonios Adoptantes” la cual brinda apoyo desde 1985, con los objetivos de dar información y contención psicológica para a aquellos que todavía no se iniciaron el proceso de adopción, también a las personas que se encuentran en lista de espera, como también los casos que se encuentra vinculado con algún niño o las que ya tienen un menor por la vía de adopción.

Con respecto a los temores que enfrentan los padres antes, durante y luego del proceso, Carolina Recalde directora de MAMA explica “hay muchos miedos, incertidumbres. Hay un poco de idealización en los pretensos adoptantes, en que cuando llega el niño ‘bueno llegó y ya se termino todo, y le damos para adelante’ o la historia de ese niño y ya está. No, hay que respetarla, uno adopta con la historia, entonces hay que estar preparados. Lo que nosotros tratamos es que los papás estén lo mejor preparados para cuando llegue ese niño a la familia”.

Por otra parte, refiriéndose a la otra cara, en que los padres que adoptan, luego de un periodo junto al niño los devuelven a la justicia, Recalde afirmó: “el tema es que la gente necesita pedir ayuda. Porque esto tiene que ver con la idealización. Vos idealizás un chico o una nena y después no cumplen esas expectativas que vos tenes, entonces decís bueno, al primer berrinche lo devuelvo. Entonces, ante esa situación, hay que pedir ayuda”.

“Si estuviste idealizando a ese niño, tal vez, ese niño también idealizó a sus padres “¿cómo serán mis papás cuando los encuentre?”. Entonces, creo que cuando uno tiene el deseo y cuando llega el hijo, ya el hijo es para siempre” agregó.

Respecto al hecho que muchas parejas deciden adoptar bebés y no niños de dos años en adelante, explicó que “para muchos implica, que tiene menos historia, lo amoldo a mi manera…le puedo dar la mamadera, cambiar los pañales y lo puedo llevar al jardín. Básicamente es eso. Bueno, bárbaro… sí. Pero, cuando vos adoptas un niño más grande, no le cambiaste los pañales, no le enseñaste a caminar, pero le podés enseñar otras cosas. Hoy por hoy, el 95% de los matrimonios o los homoparentales quieren niños menores de 3 años. Pero la realidad, es que la mayoría de los niños que hoy están en estado de adoptabilidad son mayores de 6 años”.

En cuanto a la relación del chico con el padre adoptivo el psicólogo Alejandro Osorio aseguró: “Uno ve diferentes relaciones con los padres adoptantes, mucho tiene que ver la postura y la actitud de estos padres hacia esos hijos. El hecho de transmitirle la verdad. El poder haberle dado amor, seguridad, contención, puede transformar el hecho de haber sido adoptado en algo no necesariamente traumático. Porque estamos constituídos desde lo psicológico desde el cariño, el amor, nos identificamos a partir de ahí, entonces cuando nos encontramos con adultos contenedores y que saben dar amor, que saben poner este deseo, no desde el narcisismo, sino desde construir una familia. Uno observa que no necesariamente debe quedar una huella en ese hijo adoptado”.

También recalcó: “La familia, no viene dado desde lo sanguíneo. La familia es quien te da amor y quien te cuida, entonces se sienten realmente hijos y adquieren características propias de la familia, estilos familiares. No así, que he tenido también pacientes a los que se les ha ocultado la verdad hasta la adolescencia, pueden tener una huella más traumática”.

Con referencia a los temores que enfrentan “están el no poder dar amor, no congeniar con el niño y en esto entra el secreto de la adopción. El amor es libre, no ata, no prohíbe. Es desde la libertad que uno se relaciona en el seno familiar o en las amistades, como en la pareja. Y la condición de la libertad es necesaria también con los hijos. Un papá, sean hijos adoptados o biológicos, no puede coartar la libertad de este hijo. Acompaña, aconseja, habla desde la experiencia, pero nunca puede dirigir la vida de ese hijo, entonces ahí se necesita un acompañamiento hacia el adulto, ese papá y esa mamá para que puedan sentir esa seguridad, de que si han creado en vínculo, pueden ir con la verdad”, aclaró Osorio.

Para finalizar, al hablar sobre los prejuicios que se les tiene a los matrimonios igualitarios afirma “me parece que va por la capacidad de brindar esta contención, este apoyo, amor. Pero por otro lado, a mi entender, la sociedad le falta evolucionar, lamentablemente, porque no está preparada para aceptar esto”.

Con una movilización desde el Obelisco a la Cancillería se conmemoró en Buenos Aires el segundo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La actividad convocada por la Asamblea de Mexicanxs en Argentina contó con la presencia de Cristi Bautista, madre de una de las víctimas del crimen de Estado terrorista que conduce Enrique Peña Nieto.

“Ayotzinapa a todas luces es un crimen de Estado, no solamente por la participación explícita y probada de policías municipales y ministeriales de la ciudad de Iguala sino también por la participación de militares la noche de aquel 26 de septiembre de hace dos años”, afirmó a FM De la Calle Mónica Mexicano.

La integrante de la Asamblea destacó “la omisión del Estado mexicano ante las primeras horas, que eran cruciales para empezar a buscar a los chicos, cuando ya se evidenciaba mediante las pruebas que se trataba de una desaparición forzada. Hay numerosos testimonios de los sobrevivientes, así como videos que muestran que fueron los policías municipales quienes se llevaban a los chicos en las camionetas”.

“Eso se contrasta con esa supuesta verdad histórica que el Estado mexicano quiere hacer creer mediante el cerco mediático que los medios de comunicación en México hacen, con esta gran mentira que dice que los chicos fueron llevados por el crimen organizado, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. El Grupo Independiente de Expertos Interdisciplinario, donde también participa el Equipo de Antropología Forense, mediante pruebas científicas han podido determinar que esa supuesta verdad histórica es una mentira”.

Mexicano dijo que continúan exigiendo junto a los familiares “la aparición con vida de los chicos” porque “hay pruebas que dio el GIEI que siete días después de que desaparecieron los celulares siguieron activos dentro del campo militar de la zona de Guerrero. Sabemos que ellos saben dónde están los chicos y es lo que queremos que nos digan: dónde están”.

“Hay un par de personas detenidas que fueron los que el Estado inculpó como parte del crimen organizado pero sabemos que son lo que acá llaman perejiles, personas que mediante la tortura hacen declaraciones falsas. Además está preso el gobernador de Iguala, la ciudad donde acontecieron los hechos, junto con la mujer, pero no acusados por este crimen de Estado sino acusado por lavado de dinero, lo cual no tiene nada que ver con la situación que se está planteando. Para nosotros fue un intento de lavado de cara del Estado mexicano ante la presión internacional”, manifestó la activista.

La integrante de la Asamblea de Mexicanxs comentó que “en repetidas ocasiones hemos ido a Cancillería exigiendo al gobierno argentino que se pronuncie contra las graves violaciones sistemáticas que el gobierno mexicano está cometiendo, entendemos que es un crimen de Estado y que hay Estados que bancan esta situación, ningún mandatario se ha pronunciado sobre Ayotzinapa nunca. No nos queda más que apelar a la solidaridad de la gente, de los pueblos, y continuar con esta exigencia de justicia”.

“Los 43 compañeros de Ayotzinapa desaparecidos son estudiantes que quieren ser maestros, la escuela normal de Ayotzinapa es un espacio que posibilita la formación de profesores de gente que viene del campo, que no tiene recursos para estudiar en otra escuela, da la posibilidad de internarlos, de que vivas en la escuela, te pagan la comida, la estancia, te pagan para estudiar”.

“Además tiene una tradición de militancia siempre solidaria con las luchas del pueblo mexicano sobre todo donde la mayor parte son comunidades indígenas y campesinas, las cuales están en una situación de violencia política y económica, ellos siempre han sido solidarios y obviamente esa es otra de las razones por las cuales el Estado mexicano apunta a la desaparición, al hostigamiento de los militantes sociales” concluyó.

El abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría de Bahía Blanca, Lucas Beier, se mostró conforme con el avance en la causa por contaminación ambiental en el estuario y adelantó cómo sigue la investigación. La semana pasada la Cámara de Casación resolvió que sea la justicia federal la que estudie las responsabilidades penales de integrantes de los directorios de las empresas del polo petroquímico y ex funcionarios públicos del municipio y de la provincia.

Beier detalló que junto a la Fiscalía avanzarán ahora con una serie de pedidos pendientes, “son temas con relación a la representación de la parte querellante, algunas medidas de prueba y principalmente de la etapa investigativa. Todavía no se ha pedido ni llamado a indagatoria ni elevación a juicio que vendrá una vez que podamos hacer la prueba que venimos pidiendo”.

Tanto en el marco de la causa penal en cuestión como de la demanda civil que tramita el juez Agustín López Coppola en la justicia provincial, los denunciantes solicitaron un profundo estudio sobre el estado de la ría.

“Hubiese sido lo mejor que la pericia la haga uno solo para que no haya dispendio de horas de personal, de trabajo”, dijo Beier y agregó que “lamentablemente el juez en lo Contencioso Administrativo entendió que debería ser la Universidad del Sur la que haga la pericia, lo cual tampoco está resuelto porque la universidad tiene que aceptar, es una diferencia con la UBA que ya había aceptado. Según tengo entendido, por decisión de la Asamblea la universidad no hace pericias”.

Desde la casa de altos estudios local afirmaron que el tema está siendo analizado por la Asesoría Letrada a la cual el juzgado solicitó tiempo atrás copia de los convenios firmados entre la UNS y las empresas acusadas. Si descartan realizarlo, será la Facultad de Agronomía de la UBA la responsable. En la causa penal ya está definida la intervención de la UBA y la Policía Federal y se busca que el Consejo de la Magistratura corra con los costos.

El abogado explicó que “en la causa civil la pericia es una prueba más y dentro de las pruebas ofrecidas está el expediente penal. O sea que el juez, sea este o la Cámara o la Corte o el último en resolver, cuando analice la prueba va a tener que analizar tanto la producida en la civil como en la penal porque esta va a ser como un antecedente de la civil”.

En cuanto al plan de obras exigido a ABSA por parte de López Coppola para que la empresa bonaerense deje de verter líquidos cloacales sin tratamiento al estuario, Beier informó que a pesar de las noticias sobre la puesta en marcha de la planta de reutilización en Ing. White, nada fue oficialmente comunicado al juzgado.

El magistrado les dio un plazo de 180 días para hacerlo, se venció, la querella pidió que se lo dé por incumplido y el juez le otorgó unos veinte días más. “Se están por vencer, en la causa civil no figura nada de todo esto, solo lo que hemos denunciado nosotros acompañando artículos periodísticos de internet o de diarios, pero ni ABSA ni la provincia han denunciado la construcción de esta obra. No entendemos por qué porque es justamente cumplir con uno de los objetos del juicio”.

“Cuando se le venza el plazo vamos a reiterarle al juez que tome una medida a ver si se lo da por incumplido o si por los recortes del diario y por lo que es de público conocimiento el juez lo considera. De todas formas el cumplimiento sería parcial porque la intima tanto por la planta de Bahía como la de Punta Alta”, concluyó el denunciante. Las sanciones contra ABSA podrían ser una multa diaria y el pase de la causa al fuero penal “porque habría una desobediencia judicial”.

A fines de octubre, se realizará una larga audiencia en la cual declararán ante López Coppola medio centenar de pescadores artesanales y una decena de testigos propuestos por las defensas de las empresas.

Los datos relevados durante el 2015 por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su labor como mecanismo de control y monitoreo de los lugares de encierro y políticas de seguridad, vuelven a constatar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y el colapso del sistema penal, y exigen reformas estructurales de manera urgente.

En el acto, que se realizará este martes 27 estarán presentes los presidentes del organismo, Adolfo Pérez Esquivel y Víctor Mendibil, y el secretario, Roberto Cipriano García. Además, participará el vicegobernador, Daniel Salvador, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Sarghini. El presidente del Parlasur, Jorge Taiana comentará el Informe. La cita es en el salón Eva Perón del Anexo del Senado, avenida 7 esquina 49, La Plata a las 18.

Torturas sistemáticas, muertes evitables, sobrencarcelamiento, violencia policial, desprotección de los derechos de la niñez y adolescencia, crisis del sistema de salud mental y falta de acceso a la justicia son los principales indicadores de este nuevo informe. La provincia de Buenos Aires nunca tuvo tantas personas detenidas ni tantos policías en las calles como en la actualidad; sin embargo, esta política punitivista lejos de solucionar los problemas de seguridad ha incrementado las violaciones a los derechos humanos.

Entre los principales números que señalan el colapso del sistema de encierro en la provincia se encuentran: a) el récord histórico de 39.927 detenidos que llevó la tasa de encarcelamiento provincial a 255 c/100.000 habitantes, de los cuales un 56 % está detenido en prisión preventiva; b) las 145 muertes por cárcel dónde el 65 % fueron por cuestiones de salud que habrían podido evitarse; c) el registro de 18.557 hechos de torturas y de agravamiento de las condiciones de detención; d) 12.787 casos de tortura denunciados judicialmente por la CPM; e) 3.582 causas penales iniciadas contra agentes de seguridad de las cuales sólo 11 fueron caratuladas como torturas y las restantes con penas leves; f) 2 menores de 18 años murieron en las cárceles de jóvenes; g) 79 personas murieron solamente en dos hospitales neuropsiquiatricos públicos; h) Un 59,8 % de sobrepoblación en el sistema penitenciario, donde 34.096 personas se alojaban en las 20.732 plazas existentes en los 56 establecimientos penitenciarios y las 7 alcaidías departamentales.

En reiteradas oportunidades, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ha advertido sobre el colapso del sistema penal. El Informe Anual 2016 sobre el sistema de encierro y las políticas de seguridad constata, una vez más, esta grave situación. Si bien los datos expuestos son del período enero-diciembre 2015 y dan cuenta de las violaciones a los derechos humanos derivadas de la política criminal del gobierno saliente, el escenario actual no es muy diferente ni lo será a menos que se modifique la matriz que moldea el funcionamiento del sistema penal desde hace al menos 15 años: la persecución casi exclusiva de los sectores más pobres.

En todo este tiempo, el colapso no sólo fue denunciado internamente por la CPM mediante informes a todos los poderes, sino a nivel internacional mediante informes y presentación de medidas cautelares por la situación particular de las personas privadas de libertad en cárceles y comisarías. Estas denuncias —avaladas, en diciembre pasado, por una resolución de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y, más recientemente, reconocido por las nuevas autoridades provinciales— requieren medidas urgentes y herramientas institucionales que reviertan este cuadro grave de violaciones a los derechos humanos.

Es imprescindible implementar la policía judicial, las fiscalías especializadas para investigar la violencia institucional, la autonomía de la defensa pública, la selección amplia, democrática y participativa de los jueces y la ley de salud mental. A esto debe agregarse la necesidad de cumplir con el Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura de ONU y, en ese caso, reconocer la trayectoria de la CPM como organismo local o provincial de prevención de la tortura, para designarla en tal carácter.

En este sentido, desde el año 2005 la CPM viene realizando, a través del Comité Contra la Tortura, el trabajo de inspecciones sistemáticas en lugares de encierro, que se desarrolla con protocolos de intervención respetuosos de los estándares internacionales de monitoreo y se inscribe en los principios de autonomía funcional y financiera establecidos por las Naciones Unidas. Autonomía que le permite actuar con independencia de los cambios de gobierno.

En esta oportunidad, la presentación del Informe Anual. El sistema de la crueldad X se da en un contexto de reciente cambio en las gestiones del gobierno provincial y el nacional, y los datos que este trabajo deben servir como un diagnóstico y una herramienta para discutir las políticas de penitenciarias, de seguridad, de niñez y de salud mental en la Provincia. Las violaciones a los derechos humanos que se desprenden de la aplicación de estas políticas punitivistas atentan contra el sistema democrático y obligan a fortalecer la lucha contra la tortura y otras formas de violencia institucional.

(Por Francisco J Cantamutto) La semana entrante el gobierno anunciará su nuevo esquema de tarifas para el gas, en respuesta a la audiencia pública. En noviembre, una nueva revisión integral.

El tarifazo era (y es) integral al programa económico de Cambiemos. Lo anunciaron en campaña, bajo el eufemismo de “corrección” de las tarifas, y lamentablemente, en ese brío coincidieron los tres principales candidatos, cuyas fuerzas políticas no han ofrecido mayores trabas a su aplicación. En el esquema de gobierno de Cambiemos, elevar las tarifas significaba la promesa de restituir los precios que consideraba “naturales”, los de mercado, aun si esto implicaba vulnerar derechos. Para los funcionarios del gobierno, que el pueblo tenga derechos “no era normal”.

Fue la presión social el factor que puso cota a esta ofensiva, extendiendo en el tiempo la completa aplicación del ajuste. Mediante movilizaciones, actos, manifestaciones y demandas por la vía judicial se terminó forzando –por vía de la Corte Suprema- a llamar a una audiencia pública, contra la voluntad del gobierno. Debe resaltarse que Cambiemos esperaba a esta altura del año tener resuelto el problema de las tarifas, y esta serie de traspiés le ha implicado una demora, que abre disputas al interior del propio gabinete respecto de los plazos del ajuste. Los empresarios reunidos en Buenos Aires la semana pasada le reclamaron una falta de transparencia y previsibilidad en la materia, afirmando que ello amenaza sus inversiones.

La falta de argumentos consistentes produjo al menos 3 propuestas de aumento para el caso del gas, ninguna de las cuales explica la necesidad del tarifazo, dejando la discusión tan solo en los plazos del incremento. Aunque el llamado a audiencia pública, tarde y forzado por la Corte, fue presentado como la voluntad de diálogo del nuevo gobierno, pero lo cierto es que no parece haber alterado el programa original. Además de haber ocultado información y haber evitado que algunos actores se pronuncien, la propuesta del ministro Aranguren en la audiencia no difiere sustancialmente de lo antes buscado. Luego del primer intento de aumento, el gobierno puso una cota de 400% a usuarios residenciales y de 500% para PyMEs, aunque el fallo de la Corte dejó sin efectos al primero hasta la realización de la audiencia. Por ese motivo, las empresas distribuidoras de gas no han podido refacturar sino hasta ahora, contemplando un severo incremento de los impagos por falta de información clara. El silencia contemplativo de los entes reguladores es un evidente signo de complicidad. Estos argumentos fueron discutidos en el III Plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina que se realizó en Tucumán la pasada semana.

El gobierno debería presentar a principios de octubre su revisión, fundada en los planteos realizados en la audiencia, pero no se esperan grandes cambios. El ministro anunció que contemplará la situación de los clubes, cooperativas y PyMEs, a pesar de que estos actores no eran contemplados de manera directa por la audiencia. La propuesta es prorratear el aumento del precio del gas en boca de pozo, llevándolo de 1,29 dólares por millón de BTU a 3,42 dólares, actualizando cada 6 meses hasta llegar a 6,78 dólares en octubre de 2019. De esta forma, y fuera de toda razonabilidad, se propone un sendero de aumento en dólares para los próximos 3 años. A esta suba es necesario agregarle el impacto de las devaluaciones, que el propio gobierno prevé.

Según afirman los funcionarios oficiales, es esa forma de establecería un precio equivalente al costo de oportunidad de importarlo, fomentando así la producción local. Ahora bien, dado que no hay plan de inversiones asociado, no hay ninguna garantía de que esto efectivamente ocurra. El costo de “sacar” el gas en Argentina está muy por debajo de ese precio, el problema indefinido es qué nivel de ganancias requieren las empresas para, además de extraer el recurso, explorar para poner nuevos pozos en funcionamiento. Las tarifas de gas dolarizadas de los noventa no fomentaron mayor exploración y puesta en funcionamiento, sino el desarrollo del mercado de exportación que vació de reservas el país mediante la exportación de un recurso escaso. Sin compromisos claros, mayores precios solo se traducen en mayores ganancias, pero no en mejor servicio. Las principales beneficiarias de este aumento –por su participación en el mercado- son YPF, Total Austral, Petrobras y Tecpetrol.

Por otra parte, en 2008, las tarifas de diversos usuarios en el Gran Buenos Aires subieron hasta 75%, aumentando entre 3 y 7 veces desde ese año a 2014. Estos aumentos –que Cambiemos “olvida” de mencionar- se combinaron con planes específicos –el Plan Gas- que pagaron por incrementos en el abastecimiento. Es decir, las tarifas, tanto como los subsidios, venían creciendo: la pregunta es qué hicieron las empresas con esos recursos; algo que Aranguren se niega a auditar.

Desde 2012, la producción creció de manera paulatina, centralmente por la inversión de YPF, que disminuyó en términos relativos la remisión de utilidades –recordemos que es una sociedad anónima que cotiza en la bolsa de Nueva York- y utilizó parte de esos fondos para la exploración. Este año, la nueva “administración”, en flagrante demostración de inconsistencia, decidió remitir mayores ganancias a los accionistas, disminuyendo las inversiones en un contexto de falencias de abastecimiento. Se trata de la misma práctica de vaciamiento que promovió REPSOL (por el que luego fue “recompensada” por el kirchnerismo con un pago por encima del valor contable de su participación en YPF). La expectativa de nueva producción está centrada en el yacimiento de Vaca Muerta, cuya explotación requiere de altos precios que cubran los costos de extracción –se trata de shale gas. El gobierno espera tentar a otras petroleras a invertir, otorgando privilegios como los acuerdos secretos con Chevron.

El tarifazo no se detiene aquí. En noviembre deberá realizarse una nueva revisión integral de la tarifa, que incluya no solo el traslado del precio en boca de pozo, sino que sumen aumentos en los tramos de transporte y distribución. Debe enfatizarse que además del gas, el aumento del transporte y el agua están firmes, quedando aún en debate el eléctrico, para el cual se estaría llamando a una audiencia pública específica.

El gran resultado del tarifazo ha sido una transferencia de recursos, desde los consumidores a las petroleras. Se abandona la idea del abastecimiento energético como un derecho, para suponerlo–erróneamente- como un commodity, una mercancía. Falta de argumentos, ostensible intencionalidad ideológica (fomento a un mercado que de libre no tiene nada), y oportunidad de magníficos negocios son la trama de este tarifazo, que aun en ciernes, el gobierno no termina de estructurar.