Raúl Torroba, titular de la empresa ganadora de la frustrada licitación para instalar 150 refugios para el transporte público, dijo a FM De la Calle que a pesar de las inversiones que ya había realizado para encarar la obra le pareció “razonable” el argumento oficial para dar de baja el trámite y pasarlo a manos de Bahía Transporte Sapem, firma que terminó pagando más por garitas de menor calidad.

“La argumentación no me satisfizo en el sentido de la pérdida de una obra pero me pareció razonable y como realmente se dio de baja y salió del área de la Municipalidad, no vi que haya habido una baja de la obra para favorecer a algún tercero, como empresa no accionamos y quedo todo así, a pesar del perjuicio que como empresa se me había infringido porque habíamos hecho algunas inversiones para la obra”, dijo el ingeniero.

Torroba ganó en abril la licitación al ofrecer un descuento del 4,31% sobre el presupuesto oficial de $3.330.000. Jaime Zapata Salidivia había empatado la cifra original y Ernesto Tarnousky y Probras Bahía estuvieron por encima de la misma.

La memoria descriptiva solicitaba que cada estructura constara de tres columnas de hierro de tres pulgadas de diámetro y dos milímetros de espesor, dobladas a dos metros del piso a 40 grados del plano horizontal quedando en condición de soporte del techo, que tendría una curvatura, en su extensión, de 2.15 metros. El techo debía conformarse con dos chapas lisas color de 1.22 por 2.44 metros y el contrapiso de hormigón simple. Asimismo se incluían los trabajos de pintura.

“Habían manifestado la necesidad de hacer la obra, era una de las que el Ejecutivo tenía mucha ansiedad por hacer”, dijo Torroba y recordó que “se avanzó hasta que se firmó el decreto de adjudicación, lo que sí empezamos a ver con sorpresa desde la parte administrativa de la Municipalidad y nosotros mismos, es que se demoraba mucho la adjudicación hasta que un día me convocaron de la Secretaría de Obras Públicas para comunicarme que se daba de baja porque pasaba al área de la Sapem”.

A partir de allí el presidente de Bahía Transporte, Tomás Marisco, impulsó una supuesta compulsa de precios, cuyos resultados nunca se difundieron ni constan en las actas de las reuniones de directorio en las que se discutió la contratación de Business para la instalación de cinco garitas de prueba que se financiarían con la venta de espacios publicitarios. La primera se inauguró en Vieytes y Suiza y fue rota por el viento horas después. El papelón registrado por la televisión develó el proceso de compra que transformó una oferta de 150 garitas a 21.242 pesos cada una, en la adquisición de cinco por 36 mil cada una.

El trámite se realizó con el desacuerdo minoritario del representante de la oposición en la Sapem, Pablo Rosenfelt, quien sostuvo que al tratarse de equipamiento urbano la compra correspondía a la comuna.

Según comentó Torroba, ninguna de las empresas que suelen licitar y realizar este tipo de obras fue consultada para la compulsa de precios. De una reunión a otra, el secretario privado del intendente apareció con la primera factura de Business. El jueves, el Concejo Deliberante aprobó convocar al secretario de Infraestructura Guillermo Manrique para dar explicaciones sobre el tema.

La diputada nacional por el Frente de Izquierda e integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Myriam Bregman, aseguró a FM De la Calle que “Jujuy es el laboratorio en el cual están ensayando lo que quieren hacer en todo el país, es una avanzada en ajuste y represión, con un aditamento que se notó mucho en las denuncias que recibimos que es el rol del Poder Judicial”. Respecto al pedido del gobierno nacional de ser querellante por la desaparición de Julio López opinó que “demasiadas trabas tiene esta causa como para sumarle una más”.

El fin de semana un grupo diverso de organismos de derechos humanos y legisladoras se instalaron en Jujuy para recibir denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. “Superó ampliamente nuestras expectativas porque la gente fue llegando todo el día trayendo pruebas de lo que está pasando, de las torturas en comisaría, de las detenciones ilegales, de los allanamientos ilegales. Más allá de que conocíamos la situación no por eso dejó de asombrarnos el estado policial que se está viviendo en la provincia de Jujuy gobernada por Morales de la UCR y el vicegobernador Haquim del Frente Renovador”.

“La verdad es que es una situación muy, muy complicada. Por ahí se conoce más la detención de Milagro Sala y de algunos otros militantes de esa organización pero lo que ocurre en Jujuy excede completamente ese caso, es un ataque en regla a todo el movimiento obrero y popular”.

Bregman afirmó que “Morales asumió e hizo votar un aumento en los números del Tribunal Superior de la provincia. Varios de los diputados que votaron el aumento de los integrantes después de aprobada la norma se dieron vuelta y fueron designados jueces. Y a quien era apoderado de la lista de la UCR en las elecciones lo ponen de fiscal de Estado para que sea el que acusa en nombre del Estado”.

En cuanto a la intención del gobierno nacional de ser querellante en la causa que investiga la desaparición en democracia de Jorge Julio López, de la cual se cumplirán diez años el 18 de septiembre, Bregman aseguró que “es asombroso” porque lo que debería hacer el Estado es asumir su rol de victimario.

“Casualmente hace unos días aprobamos en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados un pre dictamen en el cual se exige que el Estado entregue todos los archivos de inteligencia que cuenta sobre la desaparición de Julio López y nos responde con esto, no entregando la información y cumpliendo el rol que debería tener el gobierno sino nuevamente apostando al encubrimiento. Ya como querellantes estamos todos nosotros”, dijo la diputada y agregó: “Sabemos que las fuerzas de seguridad intervinieron, sabemos que la SIDE intervino pero toda esta información recabada nunca se volcó en la causa”.

En Bahía Blanca predominan los imputados por crímenes de lesa humanidad detenidos (63%) en relación al total de represores en libertad (20%). Respecto del tipo de detención, existe paridad entre la domiciliaria (50%) y los alojados en el servicio penitenciario (48%). Los acusados son 143: 90 detenidos, 3 excarcelados, 25 libres, 3 prófugos y 22 fallecidos.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad presentó un estudio detallado de la situación de las personas imputadas por delitos de lesa humanidad en todo el país que revela que, desde marzo de 2015 a agosto pasado, se registra “una tendencia creciente en el número de imputados con arresto domiciliario”. En ese período la cantidad de quienes accedieron a ese benefició ascendió de 384 a 489.

El informe de la dependencia a cargo del fiscal general Jorge Auat y que coordina Carolina Varsky fue realizado con datos que periódicamente remiten los fiscales federales de todo el país que intervienen en estos procesos. El número global indica que al 1° de agosto pasado -fecha de cierre del trabajo- había en todo el país 1055 detenidos, con una diferencia de apenas 46 entre quienes están detenidos en la cárcel (535) y de aquellos que están presos en su domicilio (489). Ese es “un dato que discute con cualquier manifestación que sugiera que este beneficio se deniega en forma sistemática”, señala el estudio.

En efecto, entre marzo y diciembre de 2015 “aumentó tanto el número de personas con arresto domiciliario como el de detenidos en el servicio penitenciario”. Las cifras “crecían en una distribución pareja, consistente con el aumento del total de imputados detenidos que se dio durante ese periodo”, explica, y sostiene que “esto cambia en 2016, donde la tendencia es a la baja para el total de detenciones y para el número de detenidos en cárceles, pero el arresto domiciliario aumenta”. Aclara que “no puede inferirse que el aumento de un tipo de detención es la consecuencia directa de la baja del otro, pero este cambio se da en un escenario en el que además se dictan menos detenciones o se producen excarcelaciones”.

En esa línea concluye que “el aumento de la cantidad de detenidos en prisión domiciliaria es sostenido desde marzo de 2015, junto con una tendencia a la baja de la cantidad de detenidos en el servicio penitenciario y de los detenidos en general” e indica que “los datos muestran además que en ningún caso se trata de cambios abruptos o representativos de un alto número de imputados”.

Entre los 1055 detenidos, 522 están procesados (casi el 50 por ciento), 509 (48 por ciento) condenados y hay 11 (1 por ciento) absueltos pero procesados en otras causas. El resto, 13, son personas con falta de mérito y sobreseídos con detenciones en otras causas, e indagados y detenidos sobre los que a la fecha de cierre de los datos no se había resuelto su situación procesal.

Si el foco se sitúa sólo sobre el total de 692 condenados al 1° de agosto, las estadísticas muestran que el 73,5 por ciento (509) se encuentra detenido y que el 17 por ciento (116) está en libertad. El restante 9,5 por ciento está integrado por los fallecidos y por un prófugo.

graf

En tanto, entre los procesados, el 62 por ciento está detenido y el 38 por ciento en libertad. La mayoría de los procesados detenidos está transitando el juicio oral o ya tiene formulada a su respecto la elevación a juicio.

El 16 por ciento de quienes resultaron absueltos en juicio oral se encuentra detenido, pues está procesado con prisión preventiva en otras causas.

La situación en las secciones judiciales

Las cinco secciones judiciales con más alta tasa de detenidos son La Plata (con 118 personas en total que significan un 67,4 por ciento), Corrientes (con 21 y 65,6 por ciento), Resistencia (con 27 y 64,3 por ciento), Bahía Blanca (con 90 detenidos y 62,9 por ciento) y Mendoza (62 y 56,9 por ciento). En la Capital Federal hay 174 detenidos que representan un 50,9 por ciento del total de los imputados de esa jurisdicción.

Reconquista es la sección judicial del país que tiene a todos los detenidos (un total de 6) alojados en dependencias penitenciarias. Jujuy, con 29, suma el 78,4 por ciento; Catamarca, con 3, el 75 por ciento; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 113, el 67,7 por ciento; y Resistencia, con 20, el 74,1 por ciento. La sección judicial de La Plata, que cuenta con el mayor porcentaje de detenidos, registra un 62,6 por ciento de ellos (72) en cárceles.

Por otro lado, si se enfoca la situación en los detenidos con prisión domiciliaria, las secciones judiciales que lideran esa variable, con el 100 por ciento, son Rawson, San Nicolás y Viedma, donde todos los detenidos (4, 2 y 1, respectivamente) están en sus casas. Neuquén tiene 13 detenidos en esa situación que representan un 86,7 por ciento; Salta, 11 y un 84,6 por ciento; Paso de los Libres, 5 y un 83,3 por ciento; y Azul, 28 y un 82,4 por ciento.

(Por Astor Vitali) El 28 de octubre el actor y empresario estadounidense Al Pacino será recibido por el Teatro Colón de Argentina. Realizará un espectáculo unipersonal. Las entradas en venta oscilan entre los $350 (paraíso de pie) y $12000, según los sitios web que, al día de la fecha, ofrecen el pase.

El diario de herencia oligárquica La Nación destacó –aunque lo calificó de coincidencia- la verdadera trama del tejido de una política peligrosa. Dice el pasquín, “cuando llegue el momento de armar el balance de este año el mes de octubre se destacará del resto por una peculiar coincidencia. Con apenas unos días de diferencia se presentarán en Buenos Aires dos de los actores más reconocidos del cine y el teatro de los Estados Unidos de las últimas cuatro décadas. A la ya anunciada presencia de John Malkovich los días 21 y 22 de octubre en el teatro Coliseo, se acaba de sumar la primera visita de Al Pacino a la Argentina. El actor ganador del Oscar por su papel en Perfume de mujer llegará el 28 de ese mes al Teatro Colón. Curiosamente, ambos artistas se presentarán en espectáculos unipersonales con el mismo título que invita a pasar una noche con su talento: An Evening with John Malkovich y An Evening with Pacino”.

Lo que aparece como coincidencia no es otra cosa que el avance de una corriente política en el ámbito de lo cultural que busca utilizar los recursos públicos en beneficio del sector privado. Este tema no es nuevo y lo hemos tratado en nuestra columna. Lo que va constituyendo un fenómeno social de época –y por ello es novedoso- es observar la naturalización de las víctimas directas de esta política y hasta, en ocasiones, la abierta defensa.

Hay dos grandes concepciones de políticas públicas en lo cultural. La primera es de carácter comunitario y tiene rango constitucional (luego de la reforma de 1994): considera la producción y el acceso a lo cultural y artístico como un derecho humano básico. Igual que la salud o la educación. La visión opuesta es la que prima de hecho, contrariando la norma superior de nuestra organización jurídica. Esta visión expresa que tiene derecho a lo cultural y artístico quien integre la casta de mayores recursos económicos. Si tu ingreso no alcanza cubrir la canasta alimentaria, no hay derecho al acceso a eventos de carácter cultural y artístico. Y andá a cantarle a Gardel.

La segunda visión no sólo es anticonstitucional sino que además es inhumana porque le da al ciudadano de poder adquisitivo medio (hoy devenido bajo) el carácter de bestia que no es sujeto a derechos culturales y que a esta altura del siglo XXI deberían ser discusión saldada. Se trata del esclavo del siglo XXI: está obligado a trabajar para pagar sus servicios básicos y bienes de consumo impuestos como “socialmente deseables”.

Sin embargo, lejos de ser una discusión saldada, no es nuevo que las huestes putrefactas del capital tienen como objetivo ir por las subjetividades masivas. Y esta es una tarea sobre la cual puede relevarse un grado de éxito superior a lo que en los años 60 y 70 se creía -desde el campo popular- la verdad revelada del fin de ciclo capitalista. Pasó todo lo contrario: no solamente se destruyó el llamado “socialismo real” sino que han avanzado sobre las subjetividades a un nivel que hasta pone en duda la posibilidad de transformación social en sentido anticapitalista, en tanto no se reconozca el problema y no se genere hegemonía ideológica en sentido contrario.

Por esto este tema, el uso de los espacios públicos, muestra una hilacha relevante del entramado de discusiones del entramado cultural. El Teatro Colón es uno público.

Quienes defienden este uso excluyente del Teatro Colón (en tanto se excluye a quien no tiene recursos) intentan argumentar que, en rigor, lo que se vende como un espectáculo de entretenimiento sería una masterclass. SI esto fuese así, ¿por qué no se vende como una masterclass? Y si fuese una masterclass a realizarse en la máxima sala pública argentina ¿Por qué no hay un sistema federal de participación estudiantil para asistir a una actividad educativa de carácter público?

Allí está la cuestión y es de fondo: es otorgarle al sector privado la potestad de definir cuáles son los espectáculos y las actividades artísticas y culturales que estarán en cartel. Es que en lugar de que el eje de la construcción de la agenda esté en manos de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura y de la comunidad a través del Estado sea el sector empresario aquel que defina.

Bahía Blanca tiene en el Ciclo Cultural Profertil la expresión máxima de esta política. Por supuesto, no es nuevo y por ello este debate debería ser evidente y no lo es. Esta ciudad cuenta con los Organismos Artísticos del Sur (OAS) que es un ente público de la provincia de Buenos Aires y sin embargo la mayor difusión publicitaria en la hoja central de cada uno de los programas tiene el logo de Profertil y el logo del Ciclo Cultural Profertil (ambos). Habría que develar incluso cuánto dinero ponen y si éste corresponde con el cartel que se le asigna. Los funcionarios consultados siempre ponen como virtud el hecho de que “el Estado gaste menos plata” a través de la financiación externa. Este razonamiento de tipo contaduril es reprobable dado que se está incumpliendo con una oblicación contractual aquirida por el Estado y es la de garantizar la cultura como un derecho. Para ello necesita ser autónomo de la influencia de la lógica capitalista y asignar presupuesto en lugar de recortarlo.

El planteo es, una vez más, si la cuestión es de uso público o si está destinado al usufructo del sector privado. No constituyen casualidad la presentación de los espectáculos n Evening with John Malkovich y An Evening with Pacino. Es una política. Una en construcción y búsqueda de legitimidad como la única posible.

Existe también la idea de la convivencia entre las propuestas privadas y públicas en salas públicas. Permítanme diferir en algunos criterios. A lo privado le corresponde el teatro privado porque su objetivo no es meramente artístico sino de lucro. Lo público debería tener recursos estatales cuyo objetivo sea garantizar los derechos establecidos en la mayor norma legal que es la constitución. Entonces, el teatro público debe priorizar lo público y si hay lugar buscar en cuál de los objetivos sociales se inscribiría una programación propuesta por el sector privado.

Luego, hay reminiscencias de viejos debates políticos acerca del Colón y de inmediato se viene a la memoria cómo al Maestro Pugliese le costó una vida de belleza, lucha y coherencia pisar el Colón.

El debate sobre la presencia de este espectáculo en la agenda del Colón es de carácter simbólico. No se establece contra Pacino ni en su favor. No juegan gustos personales. Tampoco contra los gustos acerca del consumo de la oferta de este actor. Tiene su origen en el hecho de que una instancia de gobierno promueve esta política, donde una estrella del cine comercial (cuya calidad como artista no pongo en discusión) utilice el mayor TEATRO PÚBLICO para venir a “charlar con el público” y esto constituye en sí mismo una desigualdad con el tratamiento a las propuestas que no llegan a ese escenario y son de igual o mayor calidad.

El Teatro Colón debe ser del pueblo y de sus laburantes de la cultura que realicen su labor con dignidad y calidad.

Si Al Pacino quiere pasar una tarde con público argentino que gusta en pagar miles de pesos por conocer su historia en lugar de pagar una entrada convencional para disfrutar de la gran calidad de propuestas de nuestros artistas, que alquile un teatro privado.

La hilacha que tiene como trasfondo este debate expresa una política que nos llevará directo a la privatización de los espacios públicos con las actuales gestiones nacional, provincial (Bs. As) y municipal. Allí está el proyecto de Ricardo Margo de poner un café en el subsuelo del Teatro Municipal. Esto lo diferencia de otros proyectos en marcha como, por ejemplo, el taller de luthería que la actual dirección del teatro viene construyendo, en el que se socializan conocimientos ancestrales acerca de la construcción de instrumentos cuya utilidad social es indiscutible. Tienen por destino, entre otros, las orquestas escuelas, tan maltratadas por el Instituto Cultural local.

Que quede claro: ningún ilustre referente de la cultura (se buscan aquellos que si no participan del gobierno no aparecen en ningún debate, no ponen el cuerpo) nos “salvará” de esta calamitosa situación; ningún aventurado funcionario o concejal se jugará entero más que para capitalizar pedacitos de momentos de popularidad.

Será sólo la organización de abajo, gremial y política de los y las laburantes de la cultura aquella que pueda oponerse a esto y además ofrecer alternativa.

Hay que poner el cuerpo, arriba y abajo de las tablas.

Un click, no basta.

Habría que animarse a sentirse parte de la cuestión de la que de hecho se es parte. Y de la cuestión política. Y poner el cuerpo en otra dirección. Porque en el sentido en el que vienen construyendo, llevan una buena parte realizada. De lo contrario, llegará el día en que toques la puerta del Teatro Municipal, del Teatro Colón o de cualquier otro teatro público argentino y te atiendan desde una oficina de la embajada.

An Evening with Al Pacino from CPCTY on Vimeo.

En su visita a Enredados* el intendente Héctor Gay se refirió al futuro del buque regasificador en el puerto, la intención de DOW y otras empresas conexas de ampliar sus plantas siempre y cuando dispongan del gas para su producción, la instalación de parques eólicos en la ciudad y las obras para garantizar el abastecimiento de agua potable.

Al ser consultado por la permanencia y continuidad de la operatoria del buque regasificador en el puerto local, Gay afirmó que “pasamos de ser un país exportador hasta 2008 a un país que empezó a importar y en esa línea caímos nosotros como puerto de aguas profundas y demás”. Reconoció que “siempre es un motivo de preocupación” y advirtió que “en los planes de contingencia del Plan Apell no está previsto el buque”.

“Ojalá no estemos diez años. Espero que con algunas adecuaciones y demás el tema del gas aumente la producción fundamentalmente en Vaca Muerta, hay mucho interés, obviamente están estudiando a ver si conviene o no invertir en Argentina que es uno de los grandes desafíos pero espero que mucho más rápido tengamos la posibilidad de contar con gas y menos buque regasificador”.

En cuanto al futuro del sector industrial, el intendente no descartó ampliaciones atadas a la disponibilidad de gas: “Este es un centro neurálgico. El otro día fui a visitar la planta de TGS, me llevaron a un rincón especial y dicen el 70% del gas pasa por este rincón en el cual convergen todos los yacimientos”.

En materia energética destacó que Bahía “es el principal punto de interés de la energía eólica en el país”. Recordemos que el gobierno nacional lanzó el Plan RenovAR que promete inversiones por cinco mil millones de dólares para el sector, la creación de un fondo de fomento de doce mil millones de pesos y la disminución del riesgo empresarial garantizando el negocio dado que el ocho por ciento de la energía que consumen las industrias deberá ser renovable.

Gay confirmó la presentación de cinco proyectos para Bahía y once para la región y confió “en que vamos a tener tres parques de cien megas cada uno en la Ruta 51 entre Bahía y Cabildo que nos va a dar una dimensión importante de generación de energía utilizando el viento”.

Sobre los puestos de empleo dijo que “cada uno genera entre 200 y 300 puestos de trabajo de la construcción durante los 18 a 24 meses que dura, después para el mantenimiento es menos y son más profesionalizados, pero estamos necesitando reactivar la construcción ahora. En octubre se evalúa la cuestión económica y se adjudica el mes que viene, por lo cual estimo que entre enero y febrero tendría que estar”.

Finalmente, teniendo en cuenta la necesidad de disponer de grandes cantidades de agua para la ampliación del polo petroquímico, Gay comentó que la planta de reutilización de líquidos cloacales “está empezando” y que “cuando se termine las tres etapas” cubrirá la demanda del sector. “Hoy no tenemos problemas porque el dique rebalsa pero tenemos ahí la posibilidad de que cuando termine ese 22 y 23 por ciento -de agua que consume el polo- lo tengamos disponible para la ciudad”.

La planta permitirá dejar de tirar los líquidos cloacales a la ría: “Hoy el principal contaminante es ABSA, es el Estado, los 365 días, las 24 horas, va toda la cloaca y no van solo residuos cloacales, va un montón de situaciones que es imposible controlar”.

“Se está terminando el proyecto del acueducto del Rio Colorado, estamos teniendo algún problemita porque tiene que entrar a Bahía y la entrada siempre es complicada, va a terminar en el Parque Independencia, se van a hacer dos grandes cisternas, ya hay una y se van a hacer otra dos, una muy grande que va a permitir mezclar el agua del dique y del Rio Colorado para que tenga la misma calidad y después dosificar, si en algún momento la del Colorado es mala directamente no la utilizas”.

*Enredados se emite los sábados de 10 a 13 por Continental Bahía Blanca con la conducción de Denise Navarrete, Mauro Llaneza y Gabriel Cena.

El intendente Héctor Gay se refirió este sábado a la polémica generada por la “garita voladora” que tras el papelón nacional que significó su rotura horas después de ser inaugurada derivó en cuestionamientos por falta de transparencia en su contratación, el confuso uso del espacio público por parte de Bahía Transporte Sapem y el costo del diseño de la empresa Business.

Gay afirmó en el programa Enredados -que se emite por Continental con la conducción de Denise Navarrete, Mauro Llaneza y Gabriel Cena- que se “ha evolucionado mucho, de hecho hoy cualquiera puede ingresar a Gobierno Abierto y todo el movimiento online de la Sapem está”.

En cuanto a las garitas, explicó que “teníamos un proyecto de antes que lo había ideado o trabajado Schargorodsky cuando estaba al frente de la Sapem. Dijimos que íbamos a ir por las 150 garitas porque para nosotros el transporte público es muy importante”.

“Se hizo un llamado a licitación, la verdad que no nos conformó el tipo de garitas que había pese a que se presentaron tres o cuatro, decidimos explorar otro camino y ahí surgió la idea de la Sapem de convocar a un concurso de precios del cual participaron varios, con la idea de que ellos establecieran cinco garitas solamente. Esas cinco garitas se iban a poner a consideración de la gente y que la gente decidiera si estaba bien, si estaba mal, en qué había que mejorar y después el modelo definitivo”, dijo.

Gay detalló que uno de los requisitos para la compulsa era contar con equipamiento con espacios publicitarios para “que se financiaran solas” y que “al municipio no le saliera plata o la menor plata posible”. “Cuarenta garitas por lo menos deben estar, por los datos que tengo, comprometidas publicitariamente. En algunos sectores incluso hasta vecinos se comprometieron a difundirlo, Cerri, todo el sector de Paihuén”. Insistió luego que “los contratos para esos 180 mil pesos famosos publicitarios están”.

“La Sapem tiene una constitución muy particular de la cual una parte del dinero sustancial, lo aporta el municipio pero hay aportes que son por administración del sistema de las empresas de colectivo, Fournier y San Gabriel están aportando a la Sapem una cantidad de dinero importante que viene del sector privado y que la Sapem puede utilizar para mejorar el servicio”, comentó y precisó que dicha suma alcanza los “800 mil pesos” que pueden ser utilizados para “darle una comodidad al vecino”.

Puertas adentro

Más allá del malogrado paso por el Concejo Deliberante de Tomás Marisco, secretario privado del intendente y presidente de Bahía Transporte, las actas del directorio de la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria a las que tuvo acceso FM De la Calle permiten reconstruir el debate en torno a la compra de refugios.

garita

El 10 de mayo Marisco presidió una reunión de la cual participaron María Belén Lorea, Marcos Streitenberger, Pablo Rosenfelt, Martín Rossi y los síndicos de la firma. Planteó la intención de comprar cinco garitas que serían abonadas por Bahía Transporte para “agilizar la implementación” y tener “un termómetro” de su recepción por parte del público.

Para “abaratar su costo”, Sapem podría contratar otra empresa para hacerse cargo de la explotación publicitaria de tres garitas que se colocarían en lugares de mucho tránsito. Las otras dos se colocarían “en lugares alejados”. El diseño de las garitas de Business fue “chequeado por los técnicos municipales” y su costo sería “chequeado con otros presupuestos que se circulizarán (sic)” para elegir el más conveniente.

El 2 de junio Marisco comunicó el “inicio de proceso para la adquisición” de las garitas  y prometió mostrar los presupuestos. El representante de la oposición del Concejo Deliberante, Pablo Rosenfelt (FpV), quien ya había manifestado su desacuerdo con el pago de los refugios por parte de Sapem por entender que era equipamiento urbano y que como tal debe ser abonado por la comuna, insistió con su planteo y recibió la respuesta de Marisco: “La idea es tener un gesto desde la Sapem hacia la sociedad y tener una respuesta de la gente antes de definir un modelo para licitar”. Las autoridades deliberaron y quedaron a la espera de los números ofertados para tomar una decisión.

Sin que conste en actas el resultado de la compulsa de precios, el 6 de julio Marisco se presenta con el contador Juan Lucas Velez “quien informa que la empresa Business ya envió su primer factura en vías de la confección de la construcción de los refugios, y dos barrios como son Bosque Alto y Paihuen pagarán de su peculio esas garitas correspondientes a esos lugares”. Rosenfelt manifiesta nuevamente su desacuerdo y “el resto de los directores agradece la información brindada”.

El Concejo espera a Manrique

El Concejo Deliberante aprobó en su última sesión convocar al secretario de Infraestructura, Guillermo Manrique, para que explique porqué se anuló la licitación adjudicada a la firma Torroba para contratar luego por compulsa de precios a Business por un precio mayor.

“El 15 de marzo habría sido el llamado a licitación y luego el 22 de abril se habría adjudicado la construcción de las garitas a la empresa Torroba por una suma de 3.186.000 pesos para el total de 150 refugios”, dijo Martín Salaberry (FULyT). El 26 de mayo la comuna dio de baja el trámite. “Llama la atención la diferencia entre el precio de contratación por parte de la Sapem de transporte, precio unitario de 36 mil pesos, contra una oferta que existía al municipio de 21.242 pesos”.

Desde el bloque de Integración Ciudadana se preguntaron cuánto le costaría a un bahiense hacer una garita y difundieron horas antes de la sesión los resultados de un estudio de costos que sumando 9.320 pesos de materiales y 7.000 de mano de obra daban un total de 16.320 por garita contra los 36.000 de Sapem-Business.

“No tenemos nada para ocultar”, dijo la oficialista Constanza Rivas Godio y expresó la molestia del PRO con la acusación de deshonestidad que Salaberry hizo contra el gobierno comunal y le solicitó al concejal que si piensa eso “vaya a la justicia”.

En busca de la mayor unidad para enfrentar las políticas del gobierno nacional, las autoridades de la CGT recibieron esta semana a referentes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie. El 24 de septiembre se reencontrarán en el salón Felipe Vallese de la CGT en el marco de un Encuentro de Movimientos Populares.

En diálogo con FM De la Calle, el secretario general de CTEP, Esteban Castro, aseguró que “hubo una unidad en la concepción de que todos somos trabajadores, los que trabajan formalmente y aquellos compañeros que hemos tenido que crear nuestra propias fuentes de trabajo porque el desarrollo del sistema capitalista nos va dejando afuera”.

El primer tema abordado en el encuentro fue “la situación económica que se está deteriorando, todos sabemos de los despidos, la inflación, la transferencia de recursos a los sectores más concentrados, el presidente Macri planteando que no se abran las paritarias cuando es algo que en todo caso es una discusión entre los trabajadores y los dueños de las empresas, habló como un empresario y no como un presidente”.

“Para adelante planteamos que tenemos presentado un esbozo de ley de emergencia social que vamos a discutir con distintos bloques del Congreso, que ya estuvo presentado con 16 senadores y más de 20 diputados que también fue un momento histórico, y que necesitamos el apoyo y ellos se comprometieron a ir discutiéndolo”, dijo Castro.

La iniciativa propone “que existan por lo menos arriba de dos millones o dos millones y medio de programas Argentina Trabaja que fomenten el trabajo, no programas ni recursos o subsidios para quedarse en su casa”.

El titular de CTEP afirmó que “nosotros no somos desestabilizadores, que es una idea que están tratando de imponer sobre todo cuando ven estos procesos de unidad, imagináte que venimos desde el 24 de febrero cuando ATE planteó un paro, pasando por el 29 de abril que fue una jornada de lucha muy importante, se hizo lo del 7 de agosto un domingo que se llenó la plaza y nosotros fuimos un poco los protagonistas para poner en escena las reivindicaciones de nuestro sector y se hizo la Marcha Federal”.

“No hubo incidentes, nadie puede decir que fuimos agresivos ni que nos fuimos de mambo con declaraciones, estamos planteando que el gobierno le ponga un freno a las políticas de ajuste y que cuanto más proceso de unidad de los trabajadores existe menos posibilidad de desestabilización o estallido social.  Ahora, alguien nos tiene que dar bola”, advirtió Castro.

Agregó que “los que desestabilizan los países y los procesos políticos son los grandes grupos de poder económico, los que han generado los golpes de Estado han sido los más poderosos de nuestro país, no estamos a favor de ningún proceso que genere algún tipo de estallido social porque los muertos siempre son de nuestro lado”.

La Asociación Bancaria y la Comisión Gremial Interna del Banco Provincia denunciaron “un achicamiento que a la larga puede ser una política de privatización de la banca pública”. Lo hicieron en el marco de protestas que esta semana tuvieron epicentro en Tandil, el 22 continuarán en Bahía Blanca y luego en Chivilcoy, Mar del Plata y La Plata.

Néstor Barral comentó a FM De la Calle que se trata de “medidas que de a poco va tomando el Banco Provincia donde va a seguir achicando algunos sectores a efectos de cerrar algunas sucursales que no son rentables perdiendo la función social y la ayuda económica para la producción regional, es un banco de fomento que tiene que estar en todos los lugares donde es necesario aunque no sea rentable”.

“No hay nombramientos de empleados, en muchas sucursales se está trabajando con el personal mínimo, donde los empleados están haciendo un esfuerzo tremendo para llevar la operatoria adelante porque se van jubilando”. El dirigente informó que “entre 270 y 280 puestos no se cubrieron”.

Barral agregó que “hay varios temas que estamos viendo que hacen que uno vaya notando que la política llevada adelante no es coincidente con la que ha llevado el Banco Provincia que es una de las entidades más antiguas del país -cumplió 194 años de vida- y desde un principio estas autoridades nombraron a un gerente general que no es de carrera cuando toda la vida fue así, era una persona de la banca privada que con el descontento de las gremiales internas y la intervención del gremio a nivel nacional pudimos lograr que se retire”.

“Otra de las problemáticas es que no hay diálogo con las autoridades del banco a pesar de haber pedido audiencias por parte de las gremiales internas, no hay alguien que dé la cara, ningún vocero al que se le pueda plantear las inquietudes”, dijo.

NO AL ACHIQUE DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Este directorio es muy predecible y está muy claro su rumbo.

  Al Banco LO ACHICAN cuando pierde clientes del sistema productivo (por tasas activas) estableciendo tasas 10 puntos por encima del promedio del Banco Nación u otros bancos, por ejemplo, el Credicoop.

  Al Banco LO ACHICAN cuando pierde clientes porque este directorio desalienta la inversión financiera (tasas pasivas), por ejemplo la tasa de los plazos fijos está entre 4 y 6 puntos por debajo del resto del sistema.

  Al Banco LO ACHICAN cuando incumplen con la Carta Orgánica, y los miembros de su directorio violan los deberes de funcionarios públicos cuando deciden prestar su capital al BCRA bajo el formato de letras o títulos (LEBACS o NOBACS) lo que se define vulgarmente como “timba financiera”, y deja de cumplir con su rol de banca al servicio de la producción, de las Pymes, de incentivo a los pequeños y medianos comerciantes, y podríamos seguir.

  Al Banco LO ACHICAN cuando este directorio decide abandonar su política de personal y define que 10550 empleados son demasiados para el modelo de banco que tienen pensado.

Al Banco LO ACHICAN cuando sus directores deciden resentir la atención al público dejando sin cubrir más de 250 vacantes generadas en estos ocho meses. Y se despreocupan del deterioro de las dotaciones de personal poniendo en riesgo hasta la salud de sus trabajadores, e incluso resintiendo la relación empleados/clientela.

  Al Banco LO ACHICAN cuando deciden ir rumbo a un banco electrónico y se desentienden de la cuestión operativa de cada una de las sucursales.

  Al Banco LO ACHICAN cuando rompen con acuerdos preexistentes y deciden aumentar las tasas de los préstamos personales, haciendo caja con sus empleados.

  Al Banco LO ACHICAN y ponen en riesgo su patrimonio cuando deciden tomar deuda por 5.600 millones de pesos destinado al rubro “modernización”, y no permiten el acceso a esa información y bloquean toda posibilidad de debate institucional y democrático.

  Al Banco LO ACHICAN cuando rompen todos los canales de diálogo, cuando avanzan tercerizando áreas centrales, cuando contrata consultoras privadas para reemplazar tareas y funciones que el banco viene realizando desde hace 194 años.

  Al Banco LO ACHICAN y cuando LO ACHICAN y pierde, perdemos sus empleados y pierden fundamentalmente los habitantes y ciudadanos de la provincia de Buenos Aires.

  Ante esta situación los trabajadores le decimos: NO AL ACHIQUE DEL BANCO PROVINCIA.

  Hace unos días nos movilizamos a Capital y participamos activamente del inicio del Plan de Lucha decidido por el conjunto de las CGI y con participación de las distintas seccionales de la Asociación Bancaria y el apoyo contundente de nuestro secretario General Sergio Palazzo. Plan de lucha que tiene continuidad y que se expresará a lo largo y ancho de nuestra provincia.

  Porque asumimos la defensa de nuestros puestos de trabajo, la defensa de nuestros salarios y la defensa irrestricta del banco como herramienta financiera de la provincia, como banco público, eficiente y al servicio del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.

Los días 18 y 19 de octubre se realizará la evaluación Aprender con el objetivo oficial de “relevar información oportuna y de calidad sobre los logros alcanzados y los desafíos pendientes del sistema educativo”. Desde Suteba advierten “la perversión de volver a la escuela como una mercancía, si se va a empezar a comprar y vender el alerta es entender que esto se puede ir privatizando de a poco”.

“Los resultados permitirán brindar orientaciones que contribuyan a la mejora continua de los aprendizajes y a una mayor equidad, y planificar políticas que optimicen la calidad educativa. En 2016 participarán alrededor de 1.400.000 estudiantes en más de 30.000 escuelas de todo el país. Colaborarán 31.365 veedores (directivos) y 71.606 aplicadores (docentes)”, dice la web del Ministerio de Educación.

Eugenia Justo, docente y dirigente de Suteba, explicó a FM De la Calle que “lo que después se construye con eso, y eso lo sabemos porque el sistema de evaluación existe ya en América, es atar los resultados de esas evaluaciones a buscar responsables. Sabemos que las evaluaciones van a dar bajas, que en Argentina calidad educativa no hay, que los últimos gobiernos han precarizado el conocimiento, por lo tanto, frente a eso lo que se va a ser es buscar responsables. ¿Quién es responsable de la baja calidad y de los malos resultados? ¿El gobierno, el Estado, los docentes, los alumnos? La intención va a ser apuntar a los docentes”.

“El objetivo de Aprender 2016 va a ser construir ese aparato en el cual a partir de ahora las escuelas tengan un ranking basado en la información que va a arrojar esta evaluación. A partir de esos rankings probablemente como ocurre en Brasil, las escuelas tienen presupuestos diferenciales, a mayor nivel educativo mayor presupuesto, lo que hace es generar circuitos diferenciales de educación y esta vez convalidados económicamente”, agregó.

Justo aseguró que cuestionan el tipo de prueba estandarizada: “Es una única evaluación para todas las escuelas de todo el país. Son multiple choice de respuesta cerrada, de varias opciones el alumno o la alumna elige una respuesta. No enseñamos de esa manera, enseñamos a través de procesos, la práctica pedagógica apunta a que el alumno o la alumna pueda a lo largo de un año o de meses llegar al conocimiento”.

Aprender 2016 fue diseñado por una empresa internacional y será ejecutada por agentes externos a las escuelas. “Los directores son contratados como veedores de la aplicación y los docentes como aplicadores, incluso hay un incentivo económico, se les paga, y no pueden evaluar su propio curso, es decir que la maestra que trabajó durante todo el año y sabe cómo los preparó y cómo fueron haciendo el proceso de aprendizaje no puede evaluar a su propio grupo sino a otro externo a su escuela inclusive. (…) La CTERA largó un comunicado oponiéndose a eso porque es anti estatutario cambiar el rol docente”.

“No nos oponemos a una evaluación, es necesario generar una mejora en nuestras prácticas pedagógicas, lo venimos diciendo permanentemente a la comunidad, denunciamos que los chicos no aprenden. Han habido modificaciones este año de la calificación con la cual un chico promociona o no, en el gobierno anterior habían sido anulados los aplazos, salimos a decir que el problema no es con cuánto califica un alumno, el problema es que no aprenden”, afirmó la docente.

Por último destacó que “la información está en las escuelas, nosotros calificamos, ponemos notas todos los trimestres, diagnosticamos, los equipos de orientación hacen informes permanentemente de la situación socioeconómica de los alumnos, están en las escuelas los datos de deserción, de sobre edad, la cantidad de repitencias por año, cómo fluctúa la matrícula de mitad de año para adelante y para atrás. Son datos que hablan del sistema educativo y dicen mucho más que una evaluación multiple choice”.

La Asociación Judicial Bonaerense, al igual que CICOP, realiza un paro y movilización a la casa de la provincia en la ciudad de Buenos Aires.

“Seguimos reclamando la reapertura de la paritaria porque cuando estaba dispuesta la nueva mesa de negociación, tal como había sido acordado en el primer semestre, el Poder Ejecutivo a través de su ministro lo que hace es manifestarnos que unilateralmente daban por cerrada la paritaria con una nueva convocatoria a partir del mes de octubre, incumplieron lo que ellos mismos comprometieron”, dijo el secretario general bahiense Néstor Alende.

En diálogo con FM De la Calle el dirigente agregó que “sabemos que cuando dicen octubre es noviembre, diciembre o enero porque eso nos pasa sistemáticamente, este gobierno fue el que más ha tardado en convocarnos”.

La propuesta “fue rechazada de plano primero en la mesa y luego en las asambleas unánimemente en todas las departamentales así que volvimos a la carga con un plan de lucha que recién está iniciando, esperamos que el gobierno recapacite, esto obviamente lo tenemos que hacer a través de medidas de fuerza”.

“El gobierno se niega a reconocer la pérdida del poder adquisitivo que venimos tratando de recuperar, la inflación de agosto a agosto ha comido todo el aumento que se nos ha dado, tenemos una canasta familiar de 20 mil pesos, hay que cobrar 12 mil pesos para no estar por debajo del límite de la pobreza y muchos compañeros no lo cobran”, sostuvo.

En cuanto a la demanda gremial, Alende informó que “pedíamos un 45 por ciento de aumento con relación al obtenido en agosto de 2015 cuando cerramos el tercer tramo acordado en la paritaria, la inflación interanual es de aproximadamente el 45, simplemente para recuperar el poder adquisitivo porque no podemos decir que mejoramos nuestros ingresos”.

La Asociación de Profesionales del Hospital Penna realiza este jueves un paro por 24 horas en demanda de la reapertura de paritarias, convocatoria a las mesas previsional y técnica de salud y por una partida presupuestaria de emergencia para el sector.

Pablo Acrogliano dijo a FM De la Calle que “la propia ministro reconoció que los médicos estamos mal pagos y que no nos llamen a paritarias es un contrasentido. Reafirmamos que queremos sentarnos a dialogar”.

Luego de cerrar un 20 por ciento de incremento para el primer tramo de 2016 el acuerdo incluía una revisión de los números a partir de agosto.

“Ahora estamos pidiendo un 25 por ciento más porque estamos muy retrasados desde la paritaria del otro año. También estamos reclamando mejoras en las condiciones de trabajo, en el hospital hay movimiento desde lo estructural pero tenemos dificultad con el personal que si bien hay posibilidad de cargos no se pueden cubrir por las condiciones de trabajo”, manifestó.

El médico afirmó que la preocupación es mayor poque “no es un tema que se solucione con plata solamente”.

Por la medida de fuerza solo se atienden “las emergencias y los pacientes internados, el resto se reprograma todo”.

(Por ¿Quién te juna?) Históricamente la concepción de mujer madre se ha instaurado en nuestra sociedad. Sumado a ello, la maternidad ha tenido que sufrir varias regulaciones en casi todas las culturas que imponen, cuales son los procedimientos que se deben llevar a cabo durante el proceso del embarazo y cuales deben erradicarse.

A simple vista, esto demuestra la existencia de una relación asimétrica entre la mujer y lxs profesionales de la salud,revelando de esa forma, desigualdades simbólicas y reales que dificultan el libre ejercicio de los derechos básicos que tienen todas las mujeres.

En nuestro país, la violencia obstétrica ha sido legislada. Desde el año 2004, existe la Ley de Parto Humanizado N° 25.929, en la cual se establecen una serie de derechos que tiene la persona por nacer, así como la madre de esx recién nacidx. Por otro lado,  la violencia obstétrica ha sido incluida dentro de la ley de protección Integral para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres (N° 26.485). Sin embargo los casos no cesan, sino que por el contrario aumentan.

Para la Coordinadora del Observatorio de Violencia Obstétrica y miembro de la Organización Las Casildas, Julieta Saulo, esto sucede porque: “es un tipo de violencia que está por demás naturalizada. La gran mayoría de las mujeres en nuestro país sufrimos este tipo de violencia, y quizás por desconocimiento no lo sabemos”. Además, afirma que: “Las mujeres culturalmente hemos sido criadas y educadas para portarnos bien, para ser buenas chicas, para callarnos la boca y no quejarnos. Entonces, esto se ve y mucho, en la escena del parto. Porque estamos insertas dentro de un sistema médico hegemónico, patriarcal y verticalista”.

Asimismo, es notoria la aparición de traumas psicológicos en las mujeres que son violentadas, porque el embarazo y el parto son hechos dentro de la vida sexual y reproductiva fundante de las mujeres, que se ve impregnado por un tipo de violencia que está establecida dentro de los centros de salud. Sostiene Saulo, quien al mismo tiempo agrega: “la mayoría de las mujeres en nuestro país sufrimos este tipo de violencia, y quizás por desconocimiento no lo sabemos, porque mi relato violento resuena con el de mi amiga que también fue violentada, y esto se traduce en: me ataron las piernas, me dieron medicación y no me informaron que me dieron, tuve a mi hijx y se lx llevaron y no lx pude ver. Un montón de situaciones que están por demás naturalizadas y que una siente que están bien”.

De igual manera, Saulo explica que existe un gran desconocimiento de las leyes que contemplan a la violencia obstétrica. Es por ello que, desde Las Casildas invitan a las mujeres a que se informen, generando dispositivos para concientizar sobre ésta temática. Al mismo tiempo, comenta: “El observatorio, cuenta con una encuesta de atención al parto y a la cesárea, que el objetivo justamente es que: las mujeres que han parido dentro del territorio nacional, puedan completarla por cada uno de sus partos o cesáreas, y son varias preguntas que utilizamos nosotrxs para cuantificar ésta problemáticas”, y concluye: “Los datos finales del Observatorio, los vamos a presentar ahora en octubre, en el Encuentro Nacional de las Mujeres. Las semana pasada terminamos de medir, y ahora estamos haciendo todo el cruzamiento de datos”.

Por otro lado, considera que más allá de la existencia de las leyes que contemplan este tipo de violencia hacia las mujeres, hace falta una visión de género en el sistema de salud actual, al afirmar: “La perspectiva de género es algo a trabajar desde el Estado, desde algo más macro. Me parece súper importante remarcar las leyes que tenemos. Tenemos leyes que deberían cumplirse en todo el territorio nacional, y en muchos casos por desconocimiento no sabemos que poseemos derechos, lxs profesionales de salud tampoco lo saben. Entonces desde el Estado, estaría bueno que se generen campañas de difusión, y por otro lado las organizaciones sociales, en muchos casos vienen a suplir ese bache del Estado y se generan distintas iniciativas”.

En Bahía ninguna mujer está exenta

En la ciudad, son verdaderamente alarmantes los casos. Según Nadia Fernández, perteneciente al Círculo de Mujeres Bahía Blanca sostiene: “Nosotras lo que vemos que hay en Bahía Blanca que refleja la violencia obstétrica, es la enorme cantidad de cesáreas”.

Asimismo, Fernández comenta que una cesárea innecesaria es violencia obstétrica, lo cual en los centros de salud local, se ve y mucho. Al mismo tiempo comenta que: “Salvo en el Penna que ronda el 35%, después el resto de los hospitales de Bahía Blanca en el sector privado todos superan el 80%. Entonces hablamos de un 80% de cesáreas de las cuales, sólo pueden ser necesarias entre un 10 o un 15%, estamos hablando de un 70% de cesáreas innecesarias, que cuadran en violencia obstétrica”. Y concluye: “Lo que se hace es patologizar los embarazaros, y no existe la embarazada sana en Bahía Blanca”.

El Círculo de Mujeres, si bien no cuenta con un espacio físico, puede ser consultado vía Facebook. Nadia Fernández, comenta que en el último tiempo y sobre todo después de la teteada masiva que se hizo a nivel nacional, han recibido más consultas de mujeres que quieren informarse sobre ésta problemática, y de qué manera las afecta. Del mismo modo agrega: “Nosotras nos reunimos de forma no tan organizada. Lo que tratamos de hacer es transmitir información a éstas mujeres que nos solicitan las reuniones. Entonces lo que tratamos de hacer es empoderar a las mujeres para que tengan un embarazo como debe ser, y que no se patologice el 95% de los partos bahienses”.

Sin lugar a dudas, la violencia obstétrica es una de las tantas expresiones misóginas que tiene el patriarcado. Por ello, resulta necesario concientizar sobre ésta problemática, incentivar a la aplicación de un sistema médico con perspectiva de género, para que las mujeres que decidan ser madre, puedan hacerlo con información adecuada y tengan, de esta forma, un parto sano y respetado.

(Imagen perteneciente a la campaña gráfica realizada por la Asociación Civil Las Casildas)

 

Luego del operativo de la justicia federal en el boliche El Reino, el jefe de la Unidad de Salud Mental y Adicciones del Hospital Municipal, Hugo Kern, se refirió en FM De la Calle al consumo de drogas sintéticas y otras sustancias.

La madrugada del domingo fueron detenidos Guido Gentili, Matías Cragno, Javier Selvaggio, Mariano Trellini y Francisco Zalazar, organizadores de una fiesta electrónica y acusados de comercialización de estupefacientes, delito que prevé una pena de 4 a 15 años de prisión. La Prefectura Naval encontró en el lugar 70 pastillas de éxtasis, ketamina, LSD, marihuana y cocaína.

A diferencia de las “drogas naturales” que “se producen en el eje sur del mundo y se venden en el norte” las “sintéticas” se producen en laboratorios con bajo costo y son de muy fácil transporte. “Están íntimamente relacionadas con la industria farmacéutica. No es nuevo, es una situación que tenemos desde el año cincuenta y pico, básicamente son muy similares a las sustancias que se usan en el dopaje en el deporte porque están relacionadas con mejorar el estado físico en términos generales para una actividad intensa”, explicó Kern.

El especialista destacó que en nuestra cultura es común la utilización de drogas con fines recreativos: “El uso de alcohol, por ejemplo, está relacionado con la fiesta, prácticamente no hay fiesta en la cual el alcohol no figure, son casos excepcionales si no tiene un lugar central. Es legal pero es una droga”.

Kern opinó que “lo mejor es no consumir ninguna droga” aunque “si eso ocurre las condiciones son varias, no mezclar sustancias, no mezclar drogas y alcohol, mantenerse hidratado, tener consideración de los tiempos que lleva el efecto de la sustancia, en caso de tener síntomas que indiquen problemas relacionados con el consumo o somáticos se debe acudir a la guardia del hospital y lo tienen que recibir porque es el mejor lugar en el que se puede contener a una persona frente a un problema de este tipo”.

“La intoxicación es un problema clínico, no de salud mental, tiene que ser atendido en los sistemas de urgencia. Después viene la parte donde se hace un tratamiento o algún sistema de cambios de comportamiento o de reflexión sobre lo que pasó, es otra cuestión, es lo que tratamos de hacer desde el programa municipal de adicciones”.

Respecto al uso de drogas sintéticas en fiestas electrónicas, Kern comentó “a veces el capitalismo nos muestra su cara más violenta porque lo que pasó en Time Warp es que no hubo dispositivo de cuidado, no hubo acceso al agua y como si todo esto fuera poco se les vendió a los pibes una droga adulterada”.

“Es difícil trabajar con un escenario de prohibición porque no podés trabajar controlando una cosa que tiene que estar prohibida. (…) Hay que apuntar a la reducción del daño, no esperar que esto no pase sino entender que esto ocurre y que la situación no sea más grave o termine de la peor manera como en Time Warp con cinco chicos que fallecieron”, agregó.

Entre ellos está el departamento del 7° piso y la cochera del edificio 11 de Abril 250 y varios campos en la zona. Respecto a la vivienda, el fiscal de la causa sugirió que, “una vez efectivizado su decomiso y perfeccionado su dominio, se ceda su uso al Poder Judicial de la Nación y/o a la Procuración General de la Nación” para que “en la medida de las posibilidades, se promueva la instalación de dependencias judiciales especializadas en la sustanciación de procesos del tipo de delitos como el que aquí se ventila”. El tribunal dispuso que se “deberá proceder al decomiso y registración a la orden de la ‘Comisión Mixta de R

Campos y parcelas en la pampa bonaerense y la provincia de San Juan, vehículos, un departamento en Recoleta, otro en Bahía Blanca y todo tipo de bienes muebles valuados en alrededor de 25 millones de dólares, además de otros 13 millones en esa moneda del producido por la administración judicial, serán decomisados por orden del Tribunal Oral Criminal Federal N°6, que convalidó en un fallo el juicio abreviado en el que intervino el fiscal general Diego Velasco y por el que además se condenó a siete personas por asociación ilícita y lavado de dinero del Cártel de Juárez, México, entre 1997 y 1999.

En su sentencia, los magistrados Julio Luis Panelo, María del Carmen Roqueta y José Valentín Martínez Sobrino dieron curso al acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público -que contó con la colaboración del fiscal ad-hoc Sergio Muraca y la titular de la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes Carmen Chena- y los acusados Raúl Oscar Marinone (59), Roberto Antonio Trolio (72), Jorge Díaz (52), Rosendo Lorente (67), Mirta Llera (66), Alfredo Héctor Rodríguez (87) y Oscar Ernesto Moreno (76). Resultaron condenados además a penas de tres años de ejecución en suspenso, las costas del proceso, multas y la realización de tareas comunitarias.

Las maniobras para el lavado

“El dinero transferido a la República Argentina, más de 21 millones de dólares estadounidenses, provenía de la venta de cocaína en diversas ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica, principalmente la ciudad de Chicago, por parte del denominado ‘Cartel Carrillo Fuentes’ o ‘Cartel de Juárez’ de los Estados Unidos de México, que tuvo a algunos de sus miembros actuando en nuestro país como inversores”, reseña la sentencia.

En la resolución, se señala que los fondos eran retirados por Nicolás Antonio Di Tullio (fallecido) de las oficinas de Mercado Abierto S.A. “ya sea en efectivo, cheques o por intermedio de otras transferencias, distribuyéndolos entre los demás integrantes de la asociación ilícita, para la constitución y compra de sociedades, inmuebles, maquinaria agrícola y rodados, como así también, para el desarrollo de la actividad agropecuaria, siempre bajo la apariencia de operaciones realizadas legalmente”. Di Tullio firmaba todos los recibos del M.A. Bank Ltd. como apoderado de la empresa Euro America Finance N.V. “La citada sociedad, constituida en Curazao, Antillas Holandesas, donde figuraba Di Tullio como director, era controlada por el Cartel de Juárez”, de acuerdo a la investigación.

Los modos de canalizar el dinero proveniente desde los Estados Unidos eran dos: por un lado, la adquisición de sociedades que tenían como finalidad la actividad agrícola -o vinculada con el rubro- y que gozaran de buen concepto comercial: fue el caso de El Estribo SA (adquirida el 2/8/1997); Estancias El Espejo SA (adquirida el 1/10/1997); Santa Venera SA (adquirida el 2/1/1998) y Petrolera Mar del Plata SA (adquirida el 20/1/1998). Por el otro, la constitución de sociedades con el mismo objeto, que fueron: Mirbet SA y Hotel Tourbillón SA (ambas creadas el 1/8/1997), y Estancia Rincón Grande SA y Agrosudeste SA (ambas creadas el 4/8/1997). Quedaban a nombre de los imputados, que en algunos casos figuraron en cargos directivos.

En ese sentido, el fiscal general Velasco explicó en el acta de acuerdo del juicio abreviado que se detectaron ocho transferencias por un total de casi cuatro millones de dólares; 18 por más de 7 millones y otras 44 por más de 20 millones, todas en 1997. Con ese dinero, “las empresas adquirieron casas y departamentos (que a su vez eran reformados o acondicionados con ese dinero), campos, maquinaria agrícola y vehículos, que eran registrados como parte de sus respectivos patrimonios”, detalló. Incluso, algunos bienes eran vendidos para adquirir otros “con el claro objetivo de dotarlos de aparente legalidad en cuanto al origen del dinero”.

La conveniencia del juicio abreviado

El fiscal general explicó en el acta de acuerdo las razones y conveniencia para acceder a la firma del juicio abreviado. El Ministerio Público Fiscal tuvo en cuenta el tiempo transcurrido desde los hechos: como los principales responsables de la asociación ilícita están fallecidos -es el caso de sus organizadores Angel Salvia y Nicolás Antonio Di Tullio-, en la etapa oral debían ser juzgados quienes “detentaran los roles de menor relevancia, pero esenciales en algunas de las etapas en que se desarrolló esta empresa delictiva”. “Este panorama así presentado llevaría a realizar un juicio oral y público que asoma claramente extenso, con una enorme cantidad de testigos y la incorporación por lectura de un sinnúmero de piezas procesales y documentación”, evaluó Velasco.

“En tal contexto, con sujetos del proceso -algunos de ellos, de avanzada edad que implicaría, en caso de imponérseles condenas de efectivo cumplimiento, su ejecución en modo domiciliario-, cuya responsabilidad criminal se reduce a la calidad de participantes de la asociación ilícita hace que le pretensión punitiva de la privación de la libertad como sanción pierda realidad y lleve a perder a su vez el norte pragmático, que exclusivamente y en razón de lo hasta aquí expresado, en este caso pasa a ser la determinación judicial del hecho investigado, sus responsables y el decomiso en favor del Estado, de los bienes objeto o instrumento del delito en cuestión”, detalló el representante del MPF.

Por último, el fiscal agregó que no se hizo “modificación alguna sobre la calificación legal de los hechos respecto de la escogida en los respectivos requerimientos de elevación” presentados por su colega Gerardo Di Masi, quien intervino en la instrucción de la causa. Esas circunstancias conformaron “un cuadro por el que se ha tornado aceptable y oportuna la incursión en esta resolución alternativa”, concluyó.

Fuente: fiscales.gob.ar

Desde este lunes funciona formalmente en el Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero el sistema de Atención Médica Ambulatoria 12 horas “AMA-12”. Ante la necesidad de brindar una atención continua en áreas clínicas del sistema de Consultorios Externos del HMALL en el horario de 8 a 20 con la finalidad de  reorganizar la atención del Servicio de Emergencias  es que se ha creado esta nueva modalidad extendida de atención.

“Esto facilita enormemente la labor de quienes están en el sector de Emergencias cuando se trata de una emergencia verdaderamente importante que requiera atención inmediata. El resto de los pacientes con problemas que podrían ser jerárquicamente de un poco más fácil atención se derivan a un consultorio externo”, dijo a FM De la Calle el director del hospital Gustavo Carestía.

Detalló que la medida se lleva a cabo “sin cambiar las características del recurso humano, se ha agregado algunas cargas horarias mayores en dos o tres profesionales nada más y el resto es el mismo que venía desarrollando tareas en el servicio de Emergencias”.

AMA-12 fue testeado desde mediados de junio y su prueba de evaluación de pacientes (triade) demostró que, al menos ocho de cada diez pacientes pertenecen a consultas no urgentes que pueden ser evaluadas en el área de Consultorios Externos.

Por estas razones, es que se aprobó una ordenanza que autoriza al Hospital Municipal a disponer la atención continua en áreas clínicas del sistema de Consultorios Externos, disminuyendo la atención en la Guardia de Emergencias.

Foto: HMLL.

“La noche de los bastones largos y la resistencia estudiantil en la UNS” será la consigna de la charla que brindará el profesor Edgardo Fernández Stacco en el marco del 50° aniversario del ataque emblemático de la dictadura de Onganía a la comunidad universitaria. La cita es este miércoles a las 16 en el Aula 1 del Departamento de Economía con invitación del centro de estudiantes.

El magíster en Matemáticas y autor de “Abandono a la contemplación – Apuntes para una historia de la Universidad Nacional del Sur”, se encontraba en Varsovia el 29 de julio de 1966 cuando los uniformados ingresaron a la Universidad de Buenos Aires y apalearon a docentes y estudiantes.

“Nada volvió a ser lo que era, la Facultad de Ciencias y la de Sociales quedaron diezmadas. En Exactas renunciaron 69 de los 73 profesores del Departamento de Física, no quedó nadie. La Clementina -la famosa primer computadora que había comprado Sadosky en el Centro de Cálculo, en el año 60 había empezado a funcionar, renunció todo el personal-, quedó abandonada totalmente”, dijo Stacco a FM De la Calle.

14183939_343278536062641_4519327642518219676_n

Relató que “en Bahía Blanca como en todas las universidades del interior hubo manifestaciones, sobre todo de sus estudiantes” dado que el sector docente estaba dando sus primeros pasos hacia la organización gremial. “Hubo algunas manifestaciones de agrupaciones, por ejemplo en Matemáticas, en Humanidades, que se pronunciaron en contra de la acción del gobierno -ya habían intervenido las universidades- lo que se hizo el día anterior de La Noche de los Bastones Largos fue sacar un decreto donde los rectores que habían sido elegidos democráticamente por las asambleas universitarias quedaban a disposición del Poder Ejecutivo”.

El profesor recordó que “los centros de estudiantes habían sido disueltos por decreto pero siguieron funcionando. En Bahía Blanca hubo manifestaciones de todos los que había en ese momento, hubo una reacción, el rector (Aziz Ur) Rahman fue uno de los tres que no renunciaron en todo el país. Ante un comunicado que hubo de los estudiantes del Centro de Económicas se consideró ofendido y suspendió a todos los estudiantes hasta febrero del 67”.

“Un año después tomó una decisión bastante controversial de separar a todos los estudiantes que no tuvieran dos materias rendidas en el último año y dejó sin ciudadanía universitaria a dos mil estudiantes de un golpe. En ese momento la universidad tenía siete mil estudiantes”, agregó.

“Me parece bien que los chicos se preocupen por estas cosas porque en junio, por ejemplo, se cumplieron 98 años de la Reforma Universitaria y yo no vi ninguna manifestación, salvo una que hicimos en un programa radial que tenemos. Dentro de dos años se van a cumplir los primeros cien años y eso fue un cambio fundamental para las universidades, parece que no está internalizado en el cuerpo universitario”.

Fernández Stacco explicó que la dictadura de Onganía propiciaba la “lucha contra el comunismo” que sostenía que las universidades eran el “principal reducto” de dicha militancia. “Muchos de los militares de esa época estudiaban en la Escuela de Panamá y fue la impronta que llegó con el tiempo a los golpes de Estado” en Latinoamérica.

En cuanto al costo que tuvo La Noche de los Bastones Largos para el país, Stacco aseguró que “es imposible de mensurar” aunque rememoró “los años de oro” -1956 a 1966- de las ciencias en la UBA: “Fue una revolución total en matemática, en física, en biología y eso se destruyó totalmente. De Chile, Venezuela, Estados Unidos contrataban no a un profesor destacado -que había muchísimos en esa época- sino de a veinte, a todo el grupo, una cosa totalmente inusitada”.

“En Bahía recién estábamos empezando, teníamos diez años de universidad, todavía no estaba consolidada. Hubo solamente dos renuncias de profesores de historia. Quizás que fue favorecido en el caso de matemáticas porque hubo un par de matrimonios de profesores muy buenos que no quisieron volver a Buenos Aires”, concluyó.

Foto: UNS.

La Corte revocó por unanimidad una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había suspendido como medida cautelar los aumentos en la tarifa eléctrica.

Para el Tribunal, carecen de legitimación quienes iniciaron la causa para actuar en representación de todos los usuarios. La demanda había sido presentada por un grupo de diputados de la provincia de Buenos Aires, el Secretario general de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires.

La Corte dijo que los Diputados presentantes, el Secretario General de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y el Partido Justicialista de dicho Estado carecen de legitimación para actuar en representación del colectivo conformado por todos los usuarios del servicio de energía eléctrica del ámbito geográfico de la Provincia de Buenos Aires.

En cuanto a la presentación del Club Social y Deportivo “12 de octubre”, que también adhirió a la demanda, la Corte dijo que si bien no invoca la calidad de representante de todos los usuarios de la provincia, y por ende no los puede representar, se reenvían las actuaciones al juez de primera instancia para que verifique si dicho club representa a alguna categoría determinada de clubes de barrio o de pueblo.

Fuente: CIJ.

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, consideró que corresponde confirmar el fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que, tras revocar la sentencia de primera instancia, había hecho lugar a la medida cautelar que suspendió las resoluciones 6/2016 y 7/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y la resolución 1/2016 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad para la provincia de Buenos Aires.

Gils Carbó detalló que se debe prestar especial atención al carácter provisorio de la cautelar, cuyo plazo se limita a tres meses desde su otorgamiento, y a las presentaciones realizadas por otros actores -organismos públicos, asociaciones de consumidores, otras asociaciones y afectados- en la causa y en distintos expedientes referidos al mismo tema.

La medida la había solicitado un grupo de diputados provinciales por medio de una acción de amparo con la que buscaban declarar la nulidad de las resoluciones mencionadas. Luego, el Defensor del Pueblo provincial, el presidente, vicepresidente y apoderado del Partido Justicialista bonaerense y el presidente del Club Social y Deportivo 12 de Octubre se presentaron como terceros y adhirieron a la demanda.

En relación con este punto, a diferencia de lo formulado por la Cámara platense, Gils Carbó le dio parcialmente la razón al Poder Ejecutivo en cuanto a la legitimación de los actores presentados. El tribunal federal había otorgado alcance colectivo a la medida sobre la legitimación del Defensor del Pueblo. Pero la titular del MPF, con apoyo en la doctrina formulada por la Corte Suprema, precisó que ese organismo provincial “carece de legitimación […] dado que se trata de una acción cuyo objeto es controvertir actos del Estado Nacional”.

No obstante, para la procuradora, el Club Social y Deportivo 12 de Octubre acreditó su carácter de afectado, lo cual “le otorga, prima facie, legitimación para peticionar una protección provisoria” hasta tanto se realicen las medidas ordenatorias del proceso y se decida cuál de los sujetos asumirá en definitiva la calidad de titular de la acción.

Al respecto, el dictamen aclaró que “en esta instancia preliminar y urgente, donde aún no se han adoptado medidas ordenatorias del reclamo colectivo vinculado al aumento tarifario de la energía eléctrica y donde todavía el universo de accionantes del sub lite podría ser alterado —ver presentación de la asociación Unión de Usuarios y Consumidores de fojas 567/600—, entiendo que corresponde mantener los efectos colectivos otorgados por el tribunal a quo a la medida cautelar, dado que lo que se encuentra en juego es la tutela cautelar del acceso de los usuarios y consumidores al servicio básico de electricidad y, en definitiva, a derechos fundamentales”.

En el mismo sentido, la procuradora precisó que “del Registro Público de Procesos Colectivos surge que, con relación al aumento tarifario aquí controvertido, se han iniciado otras acciones por parte de actores de diversa índole: organismos públicos, asociaciones de consumidores, otras asociaciones y afectados”.

Las resoluciones cuestionadas

El 25 y 27 de enero de 2016, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación dictó las resoluciones 6/2016 y 7/2016, por las que dispuso un incremento de la tarifa de energía eléctrica que deben afrontar los usuarios para acceder a ese servicio básico. Esos incrementos comenzarían a regir a partir del 1 de febrero de este año. A su vez, la resolución 1/2016 dictada por el ENRE determinó los valores de los nuevos cuadros tarifarios de EDENOR SA y EDESUR SA.

Estas medidas, indicó Gils Carbó, “dispusieron un cambio en el financiamiento del esquema tarifario del servicio de energía eléctrica […]. De modo similar a lo decidido en el ámbito del servicio básico de gas, se puso en marcha un cambio de un sistema en el cual el Estado asumía un rol central al sostener la generación, distribución e inversión a través de subsidios, a un régimen donde estos conceptos se trasladan sustancialmente, en forma directa, a los usuarios y consumidores”.

Luego, destacó que la parte actora había sostenido que “los hogares que consumen hasta 300 kWh por bimestre deben afrontar aumentos cercanos al quinientos cuarenta por ciento (540%); los que consumen hasta 1.000 kWh, incrementos superiores al setecientos por ciento (700%); y los que consumen más de 1.000 kWh, aumentos de menos del quinientos por ciento (500%) […]. Además, afirmó que los usuarios comerciales e industriales deben afrontar aumentos que rondan entre el seiscientos por ciento (600%) y el setecientos cincuenta por ciento (750%)”.

El dictamen explicó que “a los efectos cautelares, resulta relevante ponderar que la cuantía de tales aumentos no fue controvertida por el Estado Nacional y por el ENRE, quienes tampoco proporcionaron información sobre el impacto de las nuevas medidas en las facturas finales de los usuarios y consumidores”.

De esta manera, la titular del MPF opinó que la resolución de la Cámara de La Plata fue acertada porque “se encuentran reunidos los presupuestos para suspender cautelarmente las mencionadas resoluciones en tanto fueron adoptadas sin la previa celebración de una audiencia pública”.

Derechos constitucionales en juego

Por otra parte, la procuradora señaló que correspondía “efectuar un análisis exhaustivo sobre la configuración de los recaudos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora atento a que se encuentra en juego el interés general de la sociedad —cuya defensa incumbe a este Ministerio Público Fiscal por mandato constitucional (art. 120, Constitución Nacional)— vinculado a la continuidad y a la accesibilidad al servicio de energía eléctrica”.

Recordó que la Corte Suprema expuso recientemente en el fallo “CEPIS” que “en materia tarifaria la participación de los usuarios de un servicio público no se satisface con la mera notificación de una tarifa ya establecida. (…) es imperativo constitucional garantizar la participación ciudadana en instancias públicas de discusión y debate susceptibles de ser ponderadas por la autoridad de aplicación al momento de la fijación del precio del servicio”.

Luego, puntualizó que en el ámbito del servicio básico de la electricidad, “el derecho constitucional a la información, consulta y participación es implementado por la Ley 24.065 de Energía Eléctrica mediante el mecanismo de audiencias públicas”, que determina que “la audiencia pública es, en definitiva, uno de los mecanismos establecidos a fin de proteger los intereses económicos de los usuarios y consumidores (art. 42, Constitución Nacional). La tutela de esos intereses económicos se encuentra receptada, a su vez, en el deber de fijar tarifas justas y razonables (arts. 2 inc. d, y 40, inc. d, ley 24.065), esto es, que observen los principios de transparencia, certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad”, tal como también señaló la Corte en “CEPIS”.

Por esto, remarcó que “no puede obviarse que la fijación de tarifas irrazonables puede afectar el acceso de usuarios y consumidores al servicio básico de energía eléctrica, comprometiendo el goce de derechos humanos y fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales”, tales como “la protección del derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, que comprende alimentación y vivienda adecuados, así como una mejora continua de las condiciones de existencia”, y “la protección del derecho a trabajar, a comerciar y ejercer toda industria lícita, entre otros derechos fundamentales”.

En las circunstancias descriptas, la titular del MPF advirtió que “debe primar el derecho de los usuarios y consumidores a participar en la determinación de la tarifa final, ya sea para recibir información adecuada y veraz sobre los aumentos, como para peticionar que la implementación de una nueva política pública no afecte sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional vinculados a la accesibilidad a un servicio básico”.