(Por Mauro Llaneza) Lo dijo el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, a FM De la Calle. El fiscal general afirmó que la lentitud y otras falencias que presentan los procesos contra represores civiles y militares “no tienen que ver con la coyuntura” sino que son “una patología crónica”. “No puedo pronosticar el destino concreto de una causa, pero sí como fenómeno sigo pensando que esto no tiene vuelta atrás”, sentenció.
“Los únicos que van a garantizar la continuidad, así como hicieron posible abrir la investigación, son los propios organismos, la sociedad y la gente. Ahí es donde hay que mirar. Y no es solamente investigar los crímenes, hay una serie de cuestiones que seguramente van a empezar a exhumarse que tienen que ver con la voz de derechos humanos” y que generan “nuevas miradas sobre la profundidad de muchos conflictos vinculados a los derechos humanos”.
Un informe del organismo que encabeza Auat evidencia que durante el primer semestre se registraron 539 causas en todo el país en las que fueron imputadas 2436 personas. Desde la reapertura de los juicios en 2006 se dictaron 163 sentencias en las que fueron condenados 689 acusados y resultaron absueltos 68. Los procesados actualmente son 846. La cantidad de detenidos es apenas superior a la de quienes están libres. Están en curso 16 juicios con 269 imputados, de los cuales 168 están siendo juzgados por primera vez.
Se produjeron avances en las causas contra funcionarios judiciales con condenas a 15 y 12 años de prisión al ex juez de menores de Santa Fe, Luis María Vera Candioti, y al ex juez federal de La Rioja, Roberto Catalán, mientras los ex magistrados mendocinos Rolando Carrizo, Luis Miret, Guillermo Petra Recabarren y Otilio Romano están próximos a recibir sentencia. En Mar del Plata la causa por los crímenes de la CNU tiene entre los acusados al ex fiscal Gustavo Demarchi.
Respecto al empresariado el panorama es más complejo. La Procuraduría destacó la condena en Salta a 12 años de prisión al dueño de La Veloz del Norte, Marco Antonio Levín, pero resaltó las demoras en la causa Ford, en la que se fijó fecha de debate para marzo de 2017 luego del fallecimiento de uno de los tres civiles acusados, el ex gerente de relaciones laborales Guillermo Galarraga. Otras dos son la de Minera Aguilar y de la Comisión Nacional de Valores. Se suman los frenos que impusieron las faltas de mérito y los sobreseimientos dictados en las causas emblemáticas en las que se investiga como partícipes a los empresarios de La Nueva Provincia, el Ingenio Ledesma y la yerbatera Las Marías.
“Son muy lentos los juicios, ese es un dato muy fuerte que inspiró nuestra necesidad de relevamiento a fin de visibilizar esta patología, procesos (en los) que se hace una audiencia por semana, algunos casos hubo de una audiencia cada quince días, esto compromete seriamente la dinámica del proceso”, dijo Auat.
El fiscal apuntó particularmente al Poder Judicial y a la Cámara de Casación donde realizó gestiones para conformar tribunales. “Hay juicios que no se inician porque no tenemos tribunales. Un caso casi emblemático podría ser San Juan, hubo jueces que se inhibieron, tuvimos que modificar alguna cuestión de tipo procesal para lograr que se integre rápidamente pero seguimos con dificultades”.
El informe plantea la posibilidad de “preguntarse si las megacausas brindan alguna explicación vinculada a la disminución de la cantidad de sentencias por año”. En curso están “La Perla” (Córdoba), el juicio de los jueces (Mendoza) y Esma Unificada (Capital Federal) con un promedio de duración de tres años y medio.
“Hay un proyecto que estamos trabajando para hacer una mega concentración de juicios. Todavía no lo podemos cerrar. En su momento veíamos que la atomización de las causas era básicamente la peor estrategia para avanzar en los juicios. No nos olvidemos que tenemos imputados y testigos de avanzada edad, lo cual nos obligaba a pensar de qué modo podemos organizar esos procesos para hacerlos lo más rápidos posibles”, explicó Auat.
Las megacausas nacieron para “evitar la impunidad biológica” y “el mayor grado de aprovechamiento de la prueba”. “Son largas, complejas, tienen muchos imputados y víctimas, pero es cierto que los tribunales tampoco tienen una agenda de audiencias lo suficientemente numerosas. Muchos tribunales están conformados por jueces que a su vez tienen causas de sus propios tribunales de origen”.
La diferencia entre imputados detenidos y libres es de 119: con prisión domiciliaria o en la cárcel suman 1056 personas, mientras que otras 937 están excarceladas y gozan de libertad. Hay, además, 48 prófugos. Un 16 por ciento de los 2436 imputados, es decir, 395, falleció.
Las domiciliarias “ya se venían insinuando como problema central, no nos olvidemos que los años pasan y vienen las patologías, las enfermedades -dijo Auat-. Estamos de acuerdo en la medida que esto sea controlado, que no se entiendan como impunidad, que no es libertad, es prisión en la casa. ¡Lo controlaba el Patronato de Liberados! No tenía facultades ese patronato para controlar a su vez a los que estaban condenados o en domiciliaria. Al no tener control son muy posibles los riesgos de fuga o la posibilidad de entender que estaban en libertad, que estaban excarcelados”.
Al ser consultado sobre el desmantelamiento de numerosas oficinas estatales que colaboraban con las investigaciones, el fiscal general advirtió que “es una señal política muy fuerte” que “puede afectar” pero por ahora “no tanto”.
“Hay un error conceptual. Se cree que el cambio de gobierno iba a alterar y que los juicios eran un problema de coyuntura política. Los juicios fueron el resultado de la lucha del clamor del conjunto de la sociedad por resolver ese conflicto. No lo pudieron hacer ni en el gobierno de Alfonsín con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y luego los indultos no pudieron impedir la averiguación de la verdad que se hacía a través de los Juicios por la Verdad. Esto marca que la necesidad de conocer la verdad de lo que había ocurrido durante los años de plomo estaba instalado en el cuerpo social”, finalizó.
De 112 las causas elevadas a juicio, solo 9 tienen fijada una fecha de inicio del debate oral:
- CNU (La Plata), comienza el 8 de agosto de este año, con dos imputados.
- Megacausa Díaz y acumulados (Santiago del Estero) comienza el 22 de agosto de 2016 con
11 imputados.
- Ruarte (La Plata), comienza el 5 septiembre de este año, con dos imputados.
- Colegio Militar (San Martín), comienza en 20 septiembre de este año, con siete imputados.
- Mazzaferri (Paraná), comienza en 26 septiembre de 2016, con un solo imputado.
- Menéndez – Caso Vázquez y acumuladas (Mendoza), comienza en octubre de 2016, con 11
imputados.
- Concha Rodríguez (Jujuy), comienza el 6 de octubre de este año, con 6 imputados.
- Subgrupo Guerrero (Jujuy), comienza el 6 de octubre de este año, con 10 imputados.
- Ford (San Martín), comenzará el 14 de marzo de 2017, con 3 imputados.
