El ex intendente Rodolfo Lopes dijo que le “llama poderosamente la atención” el fallo de la Suprema Corte bonaerense que validó las escuchas telefónicas en las cuales se basó la acusación en su contra por estafa y malversación de fondos cuando estaba al frente de la comuna. El funcionario destituido en 2006 por el Concejo Deliberante había sido sobreseído por el Tribunal de Casación que ahora deberá dictar una nueva sentencia. Sus abogados evalúan apelar ante la Corte Suprema de la Nación.

La causa se había iniciado con la intervención a teléfonos de la ex secretaria Nora Martínez, quien había denunciado amenazas. Un informe sobre algunas de esas grabaciones redactado por el jefe de Operaciones de la DDI, Abel Maggi, señalaba el supuesto manejo irregular de fondos públicos a partir de lo cual la Fiscalía solicitó el monitoreo de las comunicaciones de Lopes.

Según declaró a FM De la Calle el dirigente peronista, aquello fue “una barbaridad, una vergüenza, porque no había absolutamente nada (…) Estoy convencido de que no he cometido ningún delito ni he hecho ninguna cosa que no esté bien, no sabría de qué defenderme. Fueron irrisorias, recuerdo cuando allanaron mi domicilio particular, pensarían que tenía dinero”.

Lopes calificó como “mentores ideológicos” del proceso a “políticos que después se instalaron en la Municipalidad”, muchos de los cuales “están sospechados de un montón de irregularidades, porque hay que observar qué pasó en la Municipalidad con los contratos a posteriori”.

Enumeró “las idas y vueltas” respecto a las líneas de los colectivos, la adjudicación de la obra de la terminal a “una sola firma que el único antecedente que tenía era hacer galpones”, la prórroga del contrato con Altec para la administración de los parquímetros y la rescisión del contrato con Cliba para entregar la recolección de residuos a Covelia.

El médico afirmó tener “conocimiento de reuniones hechas en el Barrio Patagonia, que se hacían a puertas cerradas en la DDI” para urdir una maniobra en la cual “cierto sector de la justicia se confabula o devuelve favores a los políticos”.

“Esto es una cuestión de poder, de esquemas de poder muy pesados, muy fuertes, más allá de los partidos políticos, acá nadie escapa que durante los primeros veinte años de gobierno democrático, antes de que yo llegara a la Municipalidad, había una sociedad tácita entre un sector del radicalismo y un sector metido en el peronismo”, dijo y agregó que “hay un sector que se mete como caballo de Troya en un determinado lugar, hace desmanes, hace desastres, sirve intereses”.

“Larraburu siempre defendió los intereses de los Massot, de La Nueva Provincia. Como defendieron los radicales que estuvieron. Convengamos que Linares no era muy distinto. Había una cuestión de poder político y un poco yo venía a romper ese esquema hegemónico de un sector de poder que manejaba las decisiones y tomá vos y dale a Braulio, como dirían en el campo los paisanos”, sostuvo.

En cuanto a las escuchas ahora validadas por la Corte, Lopes contó: “Me tomé el trabajo de escuchar algunas y en realidad no dicen gran cosa, son personas que hablan, yo a veces hablo más enojado, menos enojado. Yo era consciente de que me estaban usurpando los teléfonos, incluso en el día de hoy, según con quién hablo, por momentos aparece la misma instancia que sufrí durante esos seis meses siendo intendente”.

“Una vergüenza, se llevaron por delante la democracia, estos radicales de cafetín que hay acá creo que si se levanta Yrigoyen los saca a patadas en el traste. Lo mismo con determinado sector del peronismo, simplemente se han dedicado a vivir de la política. Del 83 para acá hay tipos a los que no se le conoce trabajo particular”.

“(Héctor Gay) tuvo un rol fundamental porque se encargó de hacer públicas rápidamente las escuchas para generar el caos y el desorden que se generó y eso significó un impacto en la sociedad de Bahía Blanca muy fuerte. Es un gran responsable, el actual intendente es otro caballo de Troya metido en la democracia. El pueblo lo eligió, que trabaje y que gobierne, y que se calle la boca porque ya no es más locutor”, exigió.

Habían sido rescatadas de un campo dedicado a la cosecha de papa. Un tiempo después, fueron citadas por los abogados oficiales de los acusados a ampliar sus testimonios. Los dueños son investigados también por lavado de dinero. Se trata de Carlos Alberto Tassara, Jesús Miguel Agustín Leiva y Miguel Ángel Marrón.

“Con la sola finalidad de echar luz a semejante desaguisado, sólo cabe señalar que la producción de prueba por parte de la defensa configuró una extralimitación de sus facultades”, dijeron los camaristas subrogantes Jorge Ferro y José Triputti al confirmar la decisión de la jueza de primera instancia María Gabriela Marrón que había decretado nulidad de las declaraciones de 11 víctimas de trata.

El tribunal de alzada coincidió parcialmente con el fiscal Alejandro Cantaro y el fiscal ad hoc José Nebbia en que las personas rescatadas de la estancia “La Emilia” -ubicada a 140 kilómetros de Bahía Blanca- testimoniaron en la sede de Santiago del Estero de la Defensoría General de la Nación sin control judicial, sin aviso previo al Ministerio Público, ni asistencia psicológica.

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“La nulidad salta a la vista en virtud del artículo 167, inciso 2 del código de forma. El artículo 239 hace recaer en el juez el deber de interrogar a los testigos, y el artículo 212 faculta al fiscal cuando tuviere delegada la investigación conforme el artículo 196 del mismo cuerpo legal”, consignaron los jueces Jorge Ferro y José Mario Tripputi.

Los trabajadores habían sido hallados durante un operativo realizado en marzo de 2015 en el establecimiento rural del Partido de Coronel Suárez. En esa oportunidad, detallaron ante los representantes del Ministerio Público cómo habían sido engañadas, trasladadas y explotadas laboralmente en el campo dedicado a la cosecha de papa y responsabilizaron al dueño. Dos de los acusados -socios y propietarios del predio- permanecieron prófugos durante cuatro meses, en tanto que el imputado a cargo del reclutamiento habría sido el cuadrillero.

Con posterioridad, las víctimas fueron citadas para declarar en Santiago del Estero -a donde habían sido trasladadas ya que eran oriundas de allí- ante la Defensoría. Según las actas, cambiaron el relato y los testimonios fueron contrarios a los que habían prestado durante el procedimiento. Entonces, la defensa presentó esas supuestas ampliaciones para intentar mejorar la situación procesal de los acusados.

Ante esto, la Fiscalía planteó la nulidad de esas declaraciones en un escrito firmado por el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, y el fiscal ad hoc de Bahía Blanca, José Nebbia.

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Así las cosas, en agosto se amplió la imputación al dueño del campo por el delito de lavado de dinero ya que, a partir de la investigación, “se desprende palmariamente que el activo de esa sociedad proviene (al menos, en parte) de negocios ilícitos”.

En cuanto al patrimonio del primer acusado, se determinó que integra la sociedad ‘Agropecuaria C & V SRL’ desde, al menos, el año 2010, dedicada al cultivo de hortalizas de hoja y de otras hortalizas frescas, producción de semillas de cultivos agrícolas y cultivo de soja, inscripta en los impuestos a las ganancias de sociedades, ganancia mínima presunta, IVA, etc.

Los fiscales agregaron: “Lo cierto es que explotaba el establecimiento rural (y por tanto a los trabajadores) junto a su socio” con roles diferentes pero con el mismo beneficio sobre las ganancias.

El caso

La causa se inició a raíz de una denuncia anónima recibida en la delegación Tres Arroyos del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) que sostenía que en el campo allanado existían personas que estaban siendo explotadas laboralmente. Como consecuencia, en marzo de 2015 se realizó un allanamiento en el predio dedicado a la cosecha de papa y fueron rescatadas las 11 víctimas.

trata suarez 1A partir del relevamiento efectuado por el Renatea y la AFIP-Bahía Blanca, se identificó dueño del campo quien, mediante un intermediario y a través de falsas promesas laborales habría engañado y trasladado a las víctimas en situación de vulnerabilidad.

Los trabajadores vivían en casillas precarias que ellos mismos habían construido con chapas y nylon. No contaban con servicios sanitarios, ni condiciones mínimas de higiene. La comida era provista por el imputado y se les descontaba del salario, que nunca cobraron al igual que el costo del pasaje que utilizaron para trasladarse desde Santiago del Estado. Según su propio relato, las víctimas realizaban jornadas de, aproximadamente, diez horas y debían trabajar sin ningún elemento de protección para las manos, mediante una técnica que los dejaba exhaustos y doloridos.

La Fiscalía contó con la colaboración de la Protex y de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas de la Procuración General de la Nación (DOVIC). La noche del allanamiento, las víctimas recibieron asistencia psicológica y médica en el Hospital Penna.

Fuente: Fiscales. Fotos: NuevoDia Digital.

(Por  Francisco J. CantamuttoEl viraje protagonizado por Macri en Argentina se inscribe en un proceso más amplio de cambio de agenda a escala global. Las disputas políticas suelen tomar formas nacionales en la disputa por el Estado, momento clave de la estructuración de cualquier proyecto social. Pero esto implica que esos proyectos sociales se limiten por esas fronteras. El marco global de referencia es clave para comprender los procesos de cambio.

Así, resulta insuficiente analizar el programa de Cambiemos en el gobierno de Argentina solo bajo coordenadas nacionales. Sin dudas, diversos condicionantes de la política interna definieron este resultado, entre los cuales la disputa al interior del bloque en el poder parece haber sido una característica definitoria. Tempranamente señalamos que Cambiemos representaba fracciones del bloque en el poder menos dispuestas a hacer concesiones a las clases populares. La construcción del discurso de esta fuerza se hizo a partir de la matriz propuesta por las fracciones concentradas del sector agropecuario, incipiente en su protesta en 2008.

La alianza que Cambiemos representa incluye también a otras fracciones del bloque en el poder: la financiera, la que opera en los servicios públicos y el capital extranjero en general. Estas fracciones tienen entre sí disputas no triviales sobre el rumbo específico que debería tomar la acumulación, pero tienen acuerdos comunes que les permiten avanzar con políticas concretas. Entre ellos, se resaltan el sesgo anti-popular y el frente externo. Sobre este segundo acuerdo hace falta enfatizar.

Tratándose de capitales extranjeros y fracciones internacionalizadas del capital local, su prioridad parece ser reestructurar las formas de negocio más directas posibles con los centros de acumulación global, con las menores mediaciones posibles. En este sentido, y concordante con el sesgo anti-popular, la búsqueda de negocios directos sin cortapisas parece tentadora en materia de ganancias potenciales, pero soslaya el problema político de legitimar tales decisiones. Les juega a favor la aún insuficiente confluencia popular de resistencia, que les permite ganar tiempo en la puesta en práctica del programa.

De manera concreta, el escenario mundial en que se inserta Argentina es uno signado por la crisis. La misma que desde 2008 marca los tiempos a través de sus diferentes fases. La débil demanda externa y la caída de los términos de intercambio, sumadas a la crisis de Brasil, significan severos problemas para un modelo que pretende hacerse viable por el impulso a las exportaciones. La retracción de capitales hacia Estados Unidos tampoco augura buenos pronósticos para la entrada de inversiones extranjeras dirigidas a la producción.

La explícita opción tomada para resolver este intríngulis ha sido buscar una alineación más directa y subordinada al proyecto de expansión estadounidense en ciernes. La visita de Obama para el 24 de marzo fue fuerte no sólo desde lo simbólico. Para el país del Norte, Macri es un activo político, pues es, hasta el momento, la única expresión de este nuevo rumbo regional que ha llegado al gobierno mediante elecciones. Por eso el gesto diplomático, que vino de la mano de renovadas promesas de inversiones y directrices de integración.

No en vano, en las últimas semanas el presidente Macri se reunió con sus pares de Chile (Bachelet) y Colombia (Santos), buscando confluir con los países de la Alianza del Pacífico (que completan Perú y México). Estos países fueron explícitamente promovidos desde la Oficina de Asuntos Externos estadounidense como la alternativa para América Latina frente a otras iniciativas de integración regional. Concretamente, se trata de una iniciativa que retoma el proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), creando lazos de libre comercio entre estos países y la potencia del Norte.

El ALCA fue enterrado en Mar del Plata en 2005, gracias a la sistemática y organizada oposición social al proyecto. Los gobiernos de Kirchner y Lula da Silva buscaron negociar un ALCA con concesiones, y ante la negativa de Bush, optaron por darle prioridad al Mercosur. Para el gobierno argentino, ésta había sido la prioridad desde la campaña electoral: atado a la propuesta de desarrollar un “capitalismo en serio” impulsando una “burguesía nacional” que reindustrializara el país, el Mercosur aparecía como el ámbito propicio. La mayor parte de las exportaciones industriales del país se dirigen a ese destino, mientras que las ventas al resto del mundo son básicamente materias primas o productos derivados de su procesamiento básico. El Mercosur, legado de Alfonsín y Menem, servía como espacio de acumulación para el débil empresariado industrial realmente existente frente al ALCA. Este último proyecto, de apertura y liberalización, solo permitiría el funcionamiento de aquellos sectores con ventajas comparativas (agroindustria, minería) o protegidos de la competencia (ciertos servicios), dejando en la ruina a los demás.

La negativa de Bush a hacer concesiones respecto de propiedad intelectual y subsidios a la producción agrícola estadounidense favorecieron la inclinación de la balanza, que decantó en la prioridad del Mercosur. Chávez, por su parte, dio rienda a proyectos de integración alternativos (ALBA), que buscaban ir más allá del comercio bajo la lógica del capital. Nuevamente, la negativa de Argentina y Brasil a seguirlo en estos proyectos, hizo que Venezuela desdoblara la iniciativa, buscando una integración política de amplio alcance (UNASUR y CELAC) y pidiendo unirse al ya existente Mercosur.

Estados Unidos no se quedó en espera; avanzó con tratados bilaterales y el impulso a la Alianza del Pacífico. Al mismo tiempo, atendiendo a un problema de otra escala, el gobierno de Obama comenzó una serie de iniciativas para contener el avance de la economía china. Estas incluyen el Tratado Trans-Pacífico (TTP), que asocia ya a 12 economías linderas a este océano -excluyendo a China- bajo la misma lógica de libre comercio del ALCA: privatizaciones, abuso de los recursos naturales, flexibilización laboral, protección de propiedad intelectual. Esta iniciativa se complementa con la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, entre Estados Unidos y la Unión Europea, y el Acuerdo General de Comercio de Servicios (TISA), negociado entre 50 países. Toda una gama de alternativas para expandir el control estadounidense sobre la economía global, y contener las intenciones expansionistas de otras potencias imperialistas.

Macri ha optado abiertamente por alinearse con esta agenda. No solo las reuniones con Obama, Santos y Bachelet, sino el pedido ya obrado para que Argentina sea miembro observador de la Alianza del Pacífico. El Mercosur, de donde no pudo expulsar a Venezuela, será paulatinamente deslindado en los hechos. Esta agenda externa está pensada para el beneficio de unos pocos, los mismos pocos que ganan con la ofensiva anti-popular.

Derribando vallas por una segunda y definitiva independencia será la consigna de la vigilia organizada por el Centro Cultural La Panadería para conmemorar en Lamadrid 544, este viernes desde las 20, el Bicentenario del 9 de julio de 1816.

“Está pensado hace un tiempo, cuando tuvimos la fiesta de nuestra ciudad totalmente vallada la plaza y el centro, suponemos que no va a ser un bicentenario donde haya festejos ni reconocimientos de algunas cuestiones por lo cual decidimos hacer una vigilia”, dijo a FM De la Calle Alberto Rodríguez.

Para el actor “no es un momento en que podemos decir que este es un país independiente de todo lazo económico, político y eso ha llevado a la situación donde hoy estamos buscando una salida. Desde la cultura no podemos ser indiferentes, no podemos leer un poema sobre las flores cuando el hambre y la miseria vienen avanzando a pasos agigantados y donde la democracia sigue siendo ir a votar cada dos años y después te miento aunque no te guste”.

“Partiendo de todas estas cuestiones negativas vamos por la positiva, vamos a hacer una vigilia donde los músicos, los artistas de teatro y de otras artes van a expresarse y vamos a dar micrófono para que se expresen todos aquellos que quieran hablar sobre lo que sería una verdadera y definitiva independencia de nuestro país”, agregó.

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La Coordinadora contra los Tarifazos invita a la comunidad a participar de una Fiesta Popular por la Independencia en la Plaza Rivadavia. La cita será el sábado a las 10 para “encontrarnos desde el llano, en un lugar donde no nos tengamos que quedar parados al costado de la vereda viendo como nos desfilan los distintos tipos de uniforme de la ciudad sino en un espacio donde cada uno pueda aportar, tomar unos mates, unos pastelitos, una canción de folclore, una charlita”.

Esta mañana el ex concejal Raúl Ayude recordó en FM De la Calle que la Coordinadora se conformó a partir de una iniciativa de compañeros del frigorífico INCOB y la CTA en sintonía con otras multisectoriales que se organizan en el país contra los tarifazos y los despidos y convocan a “una gran marcha federal como fue contra el menemismo para el 19 de agosto”.

“La idea básicamente es poner las problemáticas populares en escenario, en agenda, hay agrupaciones sociales, colectivos culturales, gremios, agrupaciones políticas, se está debatiendo cómo hacer para accionar en unidad, en coordinación contra los elementos más importantes”.

“Apenas se hizo la primera reunión con el eje central del tarifazo empezamos a tener las discusiones en Bahía Blanca sobre el tema de Lucaioli, Burgos, el tema de los despidos, el tema UOCRA que hace mucho tiempo que vienen con la obra pública parada, más los informales que están sin laburo hace mucho tiempo, los changuistas, los jornaleros, el tipo que hace el día a día”, dijo.

El dirigente de Nuevos Vientos agregó que también se trata de “la afectación de los tarifazos de luz, gas, agua para los clubes, los espacios culturales, espacios pyme, el caso de INCOB que es una empresa recuperada y gestionada por sus laburantes”.

En ese marco, “la primera actividad que se propone es el 9 de julio una fiesta popular, un acto en la Plaza Rivadavia de encuentro, encuentro cultural alrededor de la poesía, la música, la danza, una clase pública como para debatir si hay independencia o no, qué es la independencia y esencialmente para encontrarnos”.

“A diferencia de lo que sucedió el 25 de mayo en el cual el intendente municipal y la estructura del gobierno planteó un discurso en base a la doctrina de seguridad nacional, un discurso antipopular, reaccionario, fascista, es encontrarnos desde el llano, en un lugar donde no nos tengamos que quedar parados al costado de la vereda viendo como nos desfilan los distintos tipos de uniforme de la ciudad sino un espacio donde cada uno pueda aportar, tomar unos mates, unos pastelitos, una canción de folclore, una charlita.

“Que no nos roben la independencia, si lo que estamos discutiendo es la Alianza del Pacífico, el libre comercio con Estados Unidos, si hemos generado deuda como hacía muchos años no se generaba, si hemos tomado decisiones de blanqueo, si se le facilita el acceso a inversiones en tierras a capitales extranjeros, si se anuncian en Davos inversiones que van a hacer multinacionales en nuestra propia ciudad, lejos estamos de una audiencia pública y la participación popular sino que el capital toma las decisiones y cuando mucho, como dice Rosendo (Ndr: por Javier González Fraga), lo que hay que discutir es a qué llamamos pobreza, cuán pobre son los pobres”, afirmó Ayude.

Escuchá la entrevista completa:

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La jueza de Garantías Gilda Stemphelet dictó la prisión preventiva de Jonathan Luna, único imputado en la causa que investiga el femicidio de Micaela Ortega, y quitó la agravante por violencia de género.

Para la abogada de la familia de la nena, Fernanda Petersen, tanto el Juzgado como la Fiscalía carecen de perspectiva de género y por eso califican el hecho como “un homicidio agravado por la alevosía dadas las características con las que se ha encontrado el cuerpo. Nadie está mirando cuál fue el origen, por qué se captó a una adolescente de doce años, por qué se la engañó, se utilizó su vulnerabilidad”.

“A Micaela no la mató facebook, lo que la mata es el machismo y lo que la mata es ser mujer”, insistió Petersen al ser consultada por FM De la Calle. Explicó que “el Código Penal dice que para que se considere el femicidio como agravante tiene que haber una situación previa de violencia de género, los padres de Micaela y yo como su letrada consideramos que la captación por las redes sociales tiene como fin una situación de violencia sexual, de violencia física o en el caso de Micaela que fue su muerte”.

“Si bien hoy por hoy procesalmente lo que nos ocupa y lo que nos importaba era el dictado de la prisión preventiva, tenemos otras instancias en las cuales podemos seguir reuniendo toda la prueba que consideremos y las argumentaciones pertinentes para llegar a una elevación a juicio con la calificación de femicidio. No nos parece un dato menor porque consideramos que esto tiene que ver con una falta de mirada, de perspectiva de género de la justicia para con los hechos que se dan sobre las mujeres, niñas o jóvenes”, dijo.

Además, destacó que a “Luna al momento de ser indagado, si bien no declaró, se le leyeron todas las pruebas en su contra y cuál era la figura que se le estaba imputando. Si a futuro pedimos que se cambie la carátula en vez de ser por alevosía que sea femicidio no estaríamos afectando ninguna de las garantías constitucionales de esta persona”.

El titular de la Auditoría General de la Nación, Alejandro Nievas, afirmó por FM De la Calle que “hay graves incumplimientos” por parte de Ferrobaires y de la provincia que “de ninguna manera garantizaban la seguridad” de las y los pasajeros del servicio de trenes suspendido por la gobernadora María Eugenia Vidal. El funcionario avaló la medida porque se trata de las mismas falencias sobre las cuales la justicia basó la condena a los responsables de la Tragedia de Once que causó 51 muertes.

 “Las observaciones que ha hecho la Auditoría, siguiendo y analizando lo que verificaba la propia Comisión Nacional de Regulación del Transporte, tienen que ver con el incumplimiento de las obligaciones básicas en cuanto a tareas de mantenimiento en vías, comunicaciones y material rodante”, dijo.

La Resolución 1770 de 2008 de la CNRT fija las obligaciones hacia la empresa. Una de ellas era la elaboración de un plan anual de mantenimiento y otra “que en ese plan haya una rutina que garantice que cada tanto tiempo”.

“Esto no se cumplía y había miles y miles de kilómetros de exceso sin que se le haya hecho mantenimiento al material rodante. Ni que hablar del estado de las rutas. Una de las cuestiones que verificamos es que se puso en servicio a cuatro formaciones Talvo adquiridas en el marco de los convenios con España y Portugal, que es de lo poco que se compró en buenas condiciones, que podían circular a buena velocidad, solamente estuvieron un año y medio en circulación porque tuvieron dos o tres descarrilos y en base a la falta de seguridad que se advertía tuvieron que ser sacadas y arrumbadas en algún depósito donde todavía siguen”, comentó Nievas.

El auditor agregó que Ferrobaires “jamás hizo un inventario, hay coches, locomotoras o material ferroviario que no se sabe dónde está, todo en el marco de una concesión hecha por el Estado nacional a la provincia que lamentablemente no se ha administrado de manera eficiente y correcta”.

Por la reglamentación de la ley

Sergio-Sasia-e1430836688699Por su parte, el secretario general de la Unión Ferroviaria Sergio Sasia aseguró que “hoy no hay problema de que (los empleados de la empresa) puedan perder su trabajo” y destacó la falta de inversión de Ferrobaires en infraestructura, coches y locomotoras.

“Estamos exigiendo dos cosas. En primer lugar conocer cuál es el plan, cuál es el proyecto al decir suspendo los servicios, cómo voy a ir rehabilitándolos en base a las inversiones que tengo o tendría que tener programada”, dijo.

Y lo principal: “El año pasado se promulgó la Ley 27132 votada por la mayoría del arco político argentino donde devuelve al Estado nacional la administración, control, de toda la infraestructura ferroviaria. A partir de esa ley posibilita al Poder Ejecutivo y a todo lo que manejan las empresas ferroviarias de generar un plan y un proyecto de comenzar a hacer las inversiones que correspondan, poner en valor los trenes de pasajeros y de carga”.

“Está faltando la reglamentación de esa ley que sería la herramienta fundamental para generar una política de Estado en procura de recuperar ese modo de transporte que es vital tanto para la carga, para el desarrollo de las economías regionales, como de pasajeros por el rol social que cumple principalmente para los pueblos del interior del país”, concluyó Sasia.

(Por Francisco J. CantamuttoLa búsqueda de confluencias y coordinación de la resistencia al ajuste avanza semana a semana. El gobierno de Cambiemos no cede ni se detiene en su programa de ajuste social. Los datos oficiales acusan evidencia de recesión y aumento de los despidos, sin mayores éxitos en materia de reducción de inflación o atracción de inversiones. Hasta el momento, sólo malas noticias para las clases populares trabajadoras.

Este sesgo anti-popular parece estar particularmente ensañado con las empresas recuperadas. La semana pasada, la cooperativa RB fue duramente reprimida, y varios de sus trabajadores llevados detenidos. Por más tiempo, la cooperativa que edita Tiempo Argentino, fue brutalmente atacada esta semana por patotas, aprovechando la zona liberada por las fuerzas de seguridad. Las cooperativas Chilavert y Cueroflex se encuentran en guardia desde hace 10 días ante la posibilidad de cortes de servicios, ante la imposibilidad de pagar las enormemente elevadas tarifas. Universal, otra cooperativa de Avellaneda, fue amenazada de corte, con la gendarmería acompañando a representantes de la empresa proveedora. Se suma a la ola de vetos de Vidal en la provincia contra las recuperadas. Parece que el gobierno tiene particular interés en bloquear esta posibilidad de acción ante la fuerte avanzada de despidos y quiebras, resultantes de su propio programa.

En otro orden, se multiplican las redes de pequeños comerciantes y empresarios PyME que organizan en sus zonas diferentes medidas de protesta: bocinazos, cortes parciales de calles, radios abiertas. La realidad de la recesión y el aumento de tarifas aparece como insostenible. Asimismo vecinos/as y centros culturales intentan poner sobre la mesa las dificultades de llegar a fin de mes. Diferentes abogados están promoviendo la presentación de amparos y cautelares por el aumento, y sugiriendo el pago con impugnación, que permitiría acumular reclamos ante el daño provocado. La asociación Nace un derecho puso a disposición un modelo de impugnación para poder hacerlo. Las cautelares han prosperado ya en las provincias de Córdoba y Mendoza, y diversas localidades de Buenos Aires y Chubut.

La Multisectorial de CABA -como decenas de otras en el resto del país- está haciendo un esfuerzo por funcionar como vaso comunicante entre estas realidades y las múltiples iniciativas de resistencia al ajuste. La confluencia en su seno de múltiples organizaciones permite el diálogo y coordinación de las acciones.

En tal sentido, se llevarán adelante múltiples acciones de protesta los días 9 y 13 de julio, en diferentes espacios de la ciudad, bajo la misma consigna: contra el ajuste, los despidos y el tarifazo. Esta misma preocupación convocará a una movilización conjunta de cooperativas de construcción, nucleadas en la CNCT, y la red gráfica ante los ministerios de Infraestructura, Energía y Trabajo. La promesa de planes especiales de tarifas para entidades sin fines de lucro lleva más de un mes de dilaciones, sin ningún anuncio concreto. Finalmente, la Multisectorial está llamando a una Marcha Federal para los días 17, 18 y 19 de agosto, para confluir en Plaza de Mayo desde diferentes puntos del país.

Ante el programa de ajuste, el descontento es generalizado y las formas de protesta múltiples. Pero aún hay un largo camino por recorrer para coordinar y potenciar políticamente estas iniciativas. Las Multisectoriales aparecen como una opción para ello.

Los gremios ferroviarios se declararon en “estado de alerta y sesión permanente” ante la decisión del gobierno de María Eugenia Vidal de suspender los servicios de pasajeros de media y larga distancia luego del choque de trenes ocurrido en Rawson, partido de Chacabuco, que provocó 28 heridos. La preocupación alcanza a miles de usuarias y usuarios.

La medida afecta los servicios que presta la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (Ferrobaires) y se basa en informes elaborados por la Comisión Nacional de Regulación de Transporte y la Auditoría General de La Nación que califican de crítico el estado de la empresa y de deficiente el estado de las vías y del material rodante.

Raúl Kisner, superintendente de Ferrobaires en Bahía Blanca dijo a FM De la Calle que “nos tomó medio de sorpresa pero más o menos veníamos previendo esto porque el tema de las formaciones cada vez se venían a menos, estamos esperando, creo que hay hoy una reunión en Buenos Aires entre Nación, Provincia y la Unidad Ejecutora para ver los pasos a seguir”.

El funcionario comentó que “la más afectada es Vía Pringles, en la otra por lo menos hay hasta ahora un servicio por semana que es el tren chino que llega el sábado acá y se va el domingo”. Hasta la suspensión ordenada por la gobernadora, la provincia contaba con servicios Vía Lamadrid los días martes y jueves y Vía Pringles miércoles y viernes con una tarifa de 250 pesos para primera y 150 para turista.

“Creo que en la semana o en diez días se podría solucionar. La solución que veo es Vía Lamadrid, si el tren chino puede correr, poner las tres frecuencias del chino por Lamadrid y un tren liviano Vía Pringles en combinación en Olavarría con el tren chino. Eso es lo que haría yo, no sé la superioridad cómo va a solucionar este problema”, concluyó Kisner.

Gremios en el HCD

hcd trenesEste mediodía, representantes de los gremios ferroviarios expresaron en el Concejo Deliberante que por la suspensión está en riesgo la fuente de trabajo de 200 personas de nuestra ciudad. Remarcaron la importancia del servicio ya que las unidades llegan con su capacidad cubierta a Constitución, contabilizando aproximadamente 1000 pasajeros diarios, quienes lo abordan en las distintas estaciones intermedias por las que transita la formación.

Las máquinas de referencia poseen cincuenta años de vida y, por legislación, pasado este lapso de tiempo, no pueden circular. Los ferroviarios señalaron que si bien se preveía esta situación nunca imaginaron que el corte se daría de forma repentina. Finalmente, expresaron que hay formaciones guardadas para reemplazar el servicio; y si bien, tienen un costo mayor, si existe la decisión política se lo puede hacer.

La concejala Mercedes Insausti (IC) apoyó “el reclamo de los gremios que se manifestaron preocupados por una cuestión de inseguridad laboral” y solicitó “al intendente y a los legisladores provinciales, en especial a los de la sexta sección, que se pongan a la cabeza del pedido para el pronto reinicio de las actividades de este transporte”.

“Lo que acarrea el dejar de andar de Ferrobaires es dejar un sinnúmero de gente que contaba con el servicio, más de diez mil personas lo utilizan mensualmente en todo el trayecto, acá no es solo Bahía Blanca por lo que pedimos sino por las dos vías, Lamadrid y Pringles, con todos los pueblos y ciudades que van quedando en el medio”, afirmó por FM De la Calle.

La edila calificó la suspensión del servicio como “un poco desmedida, casi autoritaria, porque ellos hace siete meses asumieron conociendo que había informes de la CNRT respecto al mal funcionamiento, no cabe dudas que la situación no era buena técnicamente hablando, las vías están en un estado muy deteriorado pero esta abrupta decisión no permite prever acciones por parte de los gremios, genera más incertidumbre que tranquilidad”.

La Sala III aceptó como prueba válida las escuchas de llamadas telefónicas sobre los imputados al afirmar que no eran “datos aislados” y “afirmaciones infundadas” las que originaron esas intercepciones. El empresario Juan Suris se encuentra imputado por comercialización de estupefacientes, junto a otros diez acusados.

Desde la Cámara de Casación Penal, Eduardo Rafael Riggi, Lliana Elana Catucci y Juan Carlos Gemignani, dieron lugar al pedido del fiscal general Ricardo Gustavo Wechsler y anularon el fallo del  Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca que había absuelto a un grupo de personas imputadas por comercialización de estupefacientes.

El fiscal Alejandro Cantaro participó en la etapa de instrucción y también, conjuntamente con la fiscala María Cristina Manguera, durante el juicio oral que tuvo como imputados a Juan Ignacio Suris, Guillermo Martín Suris, Sandro Cristian Miranda, Fernando Alexis Bond Stork, Ezequiel Norberto Ferrari Reynoso, Martin Cruz Ocampos, Juan Ramón Romero Miranda, Yolanda Corina Jiménez, Tamara Brasilina Jiménez, Gustavo Rodolfo Sequeira y Aníbal Mario Arce.

De este modo, la Cámara anuló el fallo de Beatriz Torterola y Juan Velázquez del Tribunal Oral que habían determinado la nulidad del inicio de la investigación y la intervención de líneas telefónicas de los imputados. Asimismo, apartó de la causa al Tribunal Oral y revalidó el criterio del juez de Instrucción Santiago Ulpiano Martínez, que había sido desestimado por los jueces bahienses.

Los camaristas aceptaron como prueba válida las escuchas de llamadas telefónicas de los imputados al afirmar que no eran “datos aislados” y “afirmaciones infundadas” lo que originó la intervención de las líneas telefónicas. Por el contrario, los magistrados fundamentaron que “no fue aquí un llamado anónimo lo que motorizara el inicio de la causa, sino que fue una persona debidamente individualizada, concretamente un funcionario policial, Subdirector de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas (D.D.I.T.D.I.) de Bahía Blanca, con más de veintidós años de antigüedad en la repartición en ese entonces, quien primigeniamente aportara la información que diera origen a esta causa”.

La Cámara destacó que fue “a raíz de las tareas investigativas efectuadas por el personal policial que se pudo determinar que era Juan Ignacio Suris quien se encontraría a cargo de la comercialización de estupefacientes a gran escala; siendo Guillermo Martín Suris su hermano y hombre de confianza”.

“Efectivamente, el juez instructor obró de conformidad a lo normado en los preceptos legales que rigen el curso del proceso, y prestando la debida atención a los estándares fijados tanto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como los establecidos por ésta Sala”, agregó el fallo judicial.

Fuente: fiscales.gob.ar

(Por lavaca.org) Hoy a la madrugada una patota de 20 personas ingresó a la redacción de Tiempo Argentino, tapió las ventanas y revolvió el edificio. Ante la inacción policial, los trabajadores decidieron reingresar por la fuerza. Comprobaron así que junto a la patota estaba el supuesto dueño del diario, Mariano Martínez Rojas, que los amenazó. Recién entonces la policía ingresó para negociar la salida de Martínez y su banda, y los trabajadores lograron quedarse en la redacción. Una vez más.

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Norma había dejado todo impecable. Gabriel, que había ido a ayudarla a limpiar, ya estaba juntando las cosas para irse cuando escuchó un ruido desde abajo. Norma sólo recuerda el tun tun tun de las pisadas por las escaleras. No sabe si fue Gabriel que se apuró a bajar o los cinco encapuchados que al mismo tiempo subían: lo retuvieron y lo sacaron, sin más, del edificio. A Norma, esos mismos cinco tipos la acompañaron a que agarrara su cartera y luego a seguir el mismo camino que Gabriel: afuera, por las buenas o por las malas. “Estaban todos vestidos de negro, encapuchados y con borcegos”, alcanza a recordar, horas después, ya sentada de nuevo en la redacción junto a los trabajadores del diario recuperado otra vez.

¿Qué pensaste que estaba pasando?

“Pensé que eran ladrones”.

Tenía razón.

Tiempo Argentino

Los encapuchados

Entre las 12:30 y las 12:40 de este lunes, entre quince y veinte hombres de negro y encapuchados entraron a la redacción de Tiempo Argentino por la puerta que la une con Radio América. Esa puerta estaba tapada con un locker, lo más pesado que encontraron los periodistas para evitar a los intrusos que, sospechaban, podían caer en cualquier momento. La radio ya había sido usurpada por Mariano Martínez Rojas, el autodenominado comprador de parte del Grupo 23, quien también entró hoy al edificio como uno más de los delincuentes.

Desde ese horario hasta las 6 de la mañana, pasó de todo a un ritmo frenético. Primero, los trabajadores se enteraron por Norma y Gabriel que el edificio estaba tomado por Martínez y sus encapuchados, que habían bloqueado las puertas desde adentro y tapado las ventanas. Empezaron a circular los rumores: que llegaron con un cerrajero y abrieron la puerta, que la empleada de la heladería de la esquina vio a ocho “monos” en la puerta esperando la señal de entrar, que la camioneta negra de pocos kilómetros estacionada en la puerta era de Martínez Rojas, que la zona estaba invadida por sus hombres. Con los minutos las hipótesis se irían confirmando.

Como si fuera un mal chiste, llovía a cantaros.

Los trabajadores iban llegando y apuraban la estrategia. Junto a Norma y Nahuel algunos se dirigieron a la Comisaría 31 a radicar la denuncia: unos encapuchados habían entrado al edificio – hasta ese momento, se desconocía que Martínez Rojas también. Y otros se quedaron en la puerta de la redacción de la calle Amenábar, mirando atónitos las ventanas tapadas con diarios (sic) y twitteando y llamando a las cámaras que nunca llegaron.

Y mojándose.

En el medio llegó la policía con el subcomisario Aparicio a cargo del operativo. Según hizo saber el uniformado a lavaca, recibió órdenes de la fiscal Verónica Andrade – Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 1- de “hacer guardia en la puerta del inmueble para evitar que alguien salga con cosas y que no entre más nadie”.

¿Los que salieran serían detenidos?

“No, serán identificados”.

¿Cómo sigue el trámite?

“Mañana a primera hora, la fiscal citó a las partes a la fiscalía”.

¿Quiénes son las partes, quién representa a los que están adentro del edificio?

“No sé. Los trabajadores dicen que responden a un tal Martínez”

Tiempo Argentino

Ahora o nunca

De 1 a 3 de la mañana la situación fue desesperante: desde la puerta se oían impactos y estallidos que se adivinaban como destrozos provocados por la patota. Los trabajadores temían, más que por las computadoras, por papeles sensibles de la cooperativa, y también algún elemento personal.

La policía, escasa, custodiaba la puerta. Con la banda sonora de destrozos de fondo, los trabajadores pedían que reaccionara. “Tenemos que tener una orden para entrar”, aducían los efectivos. La fiscal ya había dado una, que iba en el sentido contrario.

En la práctica, entonces, abstraída de la coyuntura, la policía cuidaba que los trabajadores no entraran, y que luego decida la justicia. Con los trabajadores afuera.

A Eduardo Murúa le llevó un cigarrillo entender esta situación. Llegó, mientras varios estaban de la vereda de en frente del edificio mirando a las sombras moverse y respaldándose bajo un techo de la lluvia que azotaba. Murúa, entonces, dio una pitada, y otra, y otra más, tiró el cigarrillo y dijo: “¿Qué hacen? Vengan”.

Cruzamos.

La guardia policial, compuesta por dos agentes, lo siguió con la mirada mientras Murúa encontraba el hueco por donde entrar. Y lo encontró: corrió una reja y empujo una puerta que se abrió hacia arriba, tipo garaje. “¿Qué hacen? Vengan”, por segunda vez.

Entonces se desató un ingreso desaforado de todos los que se habían acercado a la puerta, que así eran invitados a pasar adentro: “Ahora o nunca”.

El cuarto pequeño se fue llenando y pronto quedó chico para la horda; sólo una puerta separaba ahora del resto del edificio, donde estaban los encapuchados, que se hicieron sentir desde adentro.

Siguió entonces un ida y vuelta de golpes a la puerta y a las paredes que, gracias a la arquitectura moderna, se fueron derrumbando. Se abrieron huecos en los que se veía a algunos de los hombres de negro, que se mostraron provocadores: echaron gas matafuegos, amenazaron con “tirar”, mostraron cuchillos e invitaban con la mano a que los trabajadores sigan avanzando.

El mano a mano se paró a tiempo, aunque algunos ya se habían lastimado en el tren de hacer huecos que permitieran echar luz sobre lo que pasaba adentro, quiénes estaban y qué hacían.

A la larga, esa fue la única forma de establecer comunicación con el adentro y lograr que el subcomisario Aparicio se postulara para dialogar con los encapuchados.

Tiempo Argentino

“Den gracias que todavía tienen piernas”

La tensión siguió, pero sin violencia. Se acordó que entraran al edificio los policías junto al presidente de la cooperativa, Javier Borelli, y el secretario, Randy Stagnaro. Adentro los esperaban los encapuchados, pero nadie sabía que también estaba el autoproclamado dueño, Mariano Martínez Rojas.

“Den gracias que todavía tienen piernas” y “Los voy a sacar del forro del culo” fueron algunas de las sugestivas frases que tiró un Martínez sacado, según contaron los que estuvieron en la mesa chica. Nada distinto a lo que hace todos los días en su cuenta de Twitter. Todo ante las autoridades policiales, que se apuraron a proponer una solución: los encapuchados y Martínez saldrían, pero los trabajadores también. Y el edificio quedaría vacío, a la espera que la justicia decida quién tiene derecho a ocuparlo.

La respuesta fue inmediata: no.

Los trabajadores, adentro.

Así fue como durante las dos horas de negociación, algunos de los encapuchados eran vistos saltando por los techos de las casas de la cuadra, huyendo como delincuentes. La policía intentó, infructuosamente, tocar timbres, acceder a las viviendas y buscarlos.

Un puñado de los patoteros se quedó junto a Martínez, mientras los trabajadores iban ocupando las sillas donde hacen el diario de cada domingo, preparando mates para recalentarse y prendiendo sus computadoras.

Cerca de las siete de la mañana, Martínez y los encapuchados salieron por la puerta y se fueron, pero por sus propios medios.

La policía libró un acta donde se identificaron todas las personas que entraron golpeando y se fueron corriendo.

¿Cómo sigue esta historia?

Con los trabajadores adentro.

Más imágenes en http://www.lavaca.org/notas/tiempo-de-patotas-cronica-de-una-madrugada-agitada/

(Por Mauro Llaneza) “Sueño con un asfalto, tener una linda casa, unos lindos árboles, unas lindas plantas y decir puedo salir y entrar cuando quiera, llueva o no llueva, que el colectivo pase y lleve a mi hijo cerca de la escuela, que una ambulancia pueda entrar en cualquier urgencia, han pasado desgracias y no han llegado, poder tener una mejor forma y calidad de vida. Con eso soñamos”, responde Gisel Roche en el estudio de la FM De la Calle.

Vive en el Barrio Evita, en el sur de Bahía Blanca. Casi 300 familias asentadas entre las calles Baeza, Juncal, Chile y Santa María. Trabajan en rubros vinculados a la construcción, hacen changas y “hay hasta policías”. “Peleamos por una vida digna. Peleamos por decir tenemos un derecho o queremos ser incluidos socialmente. Se necesita una urbanización, un entoscado, luz y agua, serían las cosas básicas para poder vivir normalmente como cualquier familia”.

Hace diez días integrantes de la asamblea vecinal participaron de la presentación de los resultados de un relevamiento de las condiciones socio-económicas de la comunidad que coordinaron docentes del Departamento de Economía de la UNS en el marco del proyecto VERSE, con la articulación de la agrupación Sureando.

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Gisel Roche, Barrio Evita.

Años atrás comenzaron a instalarse las primeras familias a partir de “una toma pequeña” y hoy avanzan las construcciones de material. “Se pelea entregando cartas diciendo, por ejemplo, necesitamos la luz, el agua, urgente. Hace ocho años que no tenemos. Todas las conexiones son precarias, estamos hablando de caños precarios, ahora tenemos en tres calles caños rotos. Está trabajando la pala de la Delegación pero no puede porque esas calles intermedias son imposibles, sabemos que esto es una manteca, por eso también se pide un entoscado”, dice Gisel.

Cuenta que “en invierno el agua es poca porque se nos congelan los cañitos y en verano no tenemos agua porque todo el mundo abre las canillas, hay veces que nos vuelve a las 12 de la noche o a las cuatro de la mañana y tenemos que estar con un tarrito juntando por lo menos para la comida, ni siquiera para la ropa”.

-Ahora todos estamos con velas, estos días se nos cortó muchísimas veces la luz. (…) Estamos peleando por un generador hace mucho tiempo. Hay uno en calle Italia que abastece a algunas familias pero falta el resto del barrio.

Políticas integrales

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El relevamiento indica que más del 50 por ciento de las familias tiene alguna necesidad básica insatisfecha. “Algún problema serio o grave con respecto al acceso a la salud, a la vivienda, a condiciones sanitarias adecuadas, al trabajo, estamos hablando de indicadores a partir de los cuales se evalúa la pobreza”, explica Francisco López Corral de Sureando.

El índice de hacinamiento crítico -“cuando hay demasiadas personas viviendo en una sola habitación”- es del 46 por ciento. “Excesivamente alto” si tenemos en cuenta que el de la ciudad es del 6 por ciento. “Eso está asociado a estas características que tiene el barrio, no solo con problemas económicos, de ingreso, sino muchas veces con estos problemas estructurales”.

No tienen derecho a la ciudad. “El derecho asociado a la posibilidad de acceder a todas las ventajas que tienen que ver con la vida urbana y que buena parte de la sociedad goza por vivir en una ciudad. Tiene que ver con los servicios públicos, con las calles transitables y todo lo que implica el acceso, poder concurrir a la escuela, a un hospital, que ingrese a una ambulancia, un remis, un patrullero”, dice López Corral.

“Al estar la situación dominial comprometida no hay un espacio público reservado, por ejemplo, para una sala médica. Los centros de salud están realmente lejos y hay que acceder por estas calles que son imposibles de transitar, estamos hablando de una transversalidad de derechos que requieren una política integral”.

“Somos como el foquito quemado”

La educación es otro tema. “Las criaturas no pueden ir a la escuela. Todo el barrio está lleno de chicos, todos estudian. Mi hija, por ejemplo, -dice Gisel- sacó notas muy altas en las pruebas, estamos hablando de 9,80 y 9,50, notas lindas. Ahora en los boletines tiene todo 7 por el tema de las faltas. ¿Cómo las justificamos? Yo le digo a la maestra que es porque el barrio se inunda. (…) Tampoco pueden ser abanderadas ni nada por el estilo porque el promedio no da”.

En verano es villa mosquito. Cuenta. Las ratas les meten miedo a los gatos. Los camiones de Sapem Ambiental tampoco quieren entrar. “La recolección diaria se canceló y no era diaria porque eran dos o tres veces por semana que juntaban del tachito y de tres contenedores que tenemos en el barrio y abastecen a las casi 300 familias”.

13010776_1302255749788019_7435289998888458901_nEn las reuniones de los foros de seguridad piden que los patrulleros recorran el sector. “El barrio no tiene luz pública, en todo el barrio hay cuatro o cinco brazos, son muchísimas cuadras, también nos afecta la inseguridad, estamos rodeados por todos los servicios y nosotros somos como el foquito quemado, la noche es la boca del lobo”.

Por qué

Para López Corral las políticas respecto a los asentamientos deben “empezar a entender por qué sucede eso, es una dinámica que viene pasando hace mucho tiempo, hace décadas. Cualquier organización social también lo sabe, en los setenta iban a Nocito, luego a Caracol, Villa Miramar. Siguen siendo barrios precarios pero con el paso del tiempo han logrado alguna que otra obra pública que ha mejorado las condiciones de vida, siempre en rezago con relación a la ciudad y otros barrios nacidos a partir de un emprendimiento inmobiliario o en una zona que está en mejores condiciones y en la cual vive gente de mayores ingresos. Estamos hablando de una desigualdad en el acceso a la ciudad en base al ingreso y a la zona en la cual se vive”.

En este caso se trata de tierras privadas pertenecientes a diferentes titulares. La Asesoría Letrada de la Municipalidad dictaminó durante el gobierno del actual diputado nacional Gustavo Bevilacqua que debían expropiarse. “Faltó decisión política”, recuerda Francisco.

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Francisco López Corral, Sureando.


Con la llegada de Héctor Gay a la intendencia la oferta de diálogo es tan habitual como el agua en las calles pero “cuesta que en ese diálogo se comunique cuáles son los avances y retrocesos que se van teniendo en la materia, en algunos casos da la sensación de desorganización”. Según Planeamiento Urbano se estaría avanzando. Dicen.

Un día en la vida

-Empezamos desde las seis de la mañana, tempranito arriba todos -describe Gisel-. Mi hijo va al secundario que queda saliendo como dos o tres barrios más atrás, se va caminando, sale de una patinada o nadando hasta Esmeralda y de ahí se va con los compañeros. Yo llevo a mi hija, a las siete y media ya salgo caminando para Villa Rosas, la escuela del otro lado, salgo patinando para el otro costado.

Dejo a la nena en la escuela, vuelvo, y rutinariamente trabajamos. Hacemos churritos caseros, de ahí ya con mi marido. Después él sale a vender, mis hijos vuelven de la escuela, se cocina algo rápido. El otro nene va a la escuela. Y el bebé. Tenemos un bebé chiquito de dos años, es el amor de la casa y lleva bastante trabajo.

Así todas las familias porque ya cuando salgo están todos saliendo a trabajar a las patinadas con las motos, con las bicicletas como pueden se sale, las mujeres con los changuitos que se traban a cada rato, hay que estar levantándolos para ayudarles a salir. Así que bueno, días de trabajo, de estudio. A vela. El que fabrica las velas debe estar feliz. La mayoría estamos comprando siempre o me prestás una velita que me quede sin velas. Desesperada.

Un nuevo consenso social

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Presentación del relevamiento en el Centro Histórico Cultural de la UNS.

López Corral tiene la sensación de que “la mayoría de las fuerzas políticas no están mirando problemas fundamentales, muy básicos” y que les “falta patear más la ciudad”.

“Es insostenible que naturalicemos que la ciudad crezca así, que haya vecinos que al no poder acceder al mercado legal de la tierra o a programas de tierra por parte del Estado ocupen -en algunos casos que se vendan esas tierras- puedan asentar su casa de chapas, lentamente empezar a construir, estar diez años viviendo sin servicios (…) no solo a nivel estatal sino a nivel social, el debate que necesitamos excede la denuncia al Estado o a tal o cual gestión, requiere un consenso social, la apuesta nuestra es contribuir y acelerar acciones apuntando a ese consenso”.

¿Cómo es el barrio de tus sueños?

-Veredas armadas imagino. Caños que estén a unos metros debajo de lo que sería un asfalto. Chicos, yo sueño con asfalto -confiesa Gisel-. Ya no tener que estar con el agua pasando los tobillos para arriba a las patinadas. Y decir salgo caminando con un paragüitas y voy y me tomo un colectivo que hoy tampoco tenemos. Me llamo un remis y que pueda entrar hasta mi casa y no que quede esperando del otro lado del puente porque no puede entrar por la laguna gigante que ya podemos hasta pescar.

Todas las casas cada cual con lo que pueda, con una linda vivienda, una linda forma de vida, normal y natural, es todo lo que pedimos. Obviamente soñamos con tener los papeles de nuestras tierras, poder pagarlas y que sea nuestro. Es lo que todas las familias soñamos. Sabemos que la vida hoy está difícil. Nadie puede ir y comprar un terrero, es una locura lo que salen, y el que no puede optar por pagar una locura de plata por un pedacito de tierra recurre a comprarlos de esta manera, porque la mayoría compramos estos terrenos.

Este martes a las 9 representantes de la asamblea vecinal del Barrio Evita mantendrán una reunión con las autoridades de la Secretaría de Infraestructura del municipio. Esperan que por lo menos se atienda “una” de las problemáticas.

Fotos: Sureando.

(Por Francisco J. Cantamutto) El gobierno de Cambiemos está impulsando un proyecto político regresivo, que enfrenta diversas limitaciones. El programa del gobierno no muestra grandes novedades respecto de los pronósticos iniciales. Se trata de un cambio en favor de los sectores más concentrados de la economía, con particular énfasis en los capitales que operan en el sector financiero, los exportadores y el de servicios. La panoplia de políticas aplicadas apunta a elevar la rentabilidad de estos sectores, en detrimento de todas las clases populares y las fracciones menos concentradas del propio capital (PyMEs).

La mayoría de representantes empresarios en el gabinete nacional es la forma más evidente de este sesgo, pero su manifestación más cruda son las políticas económicas. Esto desmonta el argumento de “darle tiempo” al gobierno: a medida que los meses pasan, sólo se hace más visible que apunta a beneficiar a unos pocos y perjudicarnos a la mayoría. La supuesta lucha contra la inflación no parece ser el objetivo real del gobierno; caso contrario, está fracasando de manera estrepitosa, pues hasta el momento lo que hay es una aceleración respecto del año previo.

Más allá de este sesgo general, la disputa sobre la orientación concreta del proyecto no está saldada. Se requiere de fuerza política para poder convalidar la forma específica del nuevo bloque en el poder. Y es ahí que el gobierno enfrenta desafíos de diferente orden: a) un mundo en crisis donde las oportunidades escasean, b) la resistencia social que no cede, y también c) las disputas entre las propias fracciones ganadoras del bloque en el poder. Sin dudar del sesgo regresivo general, estas tres condiciones significan dificultades reales para llevar adelante el programa. Nos concentramos en la última.

Disputas dentro del bloque

Las fracciones ganadoras del nuevo orden político-económico son los capitales concentrados exportadores, los que operan en los servicios públicos y los financieros (que no se limitan a la banca). Cada fracción ha reclamado medidas en su favor, y definen los lineamientos centrales del programa del gobierno. De conjunto, han recibido transferencias de ingresos calculadas en $281.106 millones, o unos 19.383 millones de dólares.

Así, la devaluación de diciembre y febrero, junto a la quita o reducción de retenciones a las exportaciones, elevaron las ganancias de los sectores exportadores, en particular, del agro y la minería. También se apostaba a darle competitividad a los sectores industriales concentrados que exportan. El problema en este respecto se vio por partida triple.

En primer lugar, el error de suponer que se trataba de un problema doméstico y no de un cuadro de crisis mundial y de nuestros principales socios (Brasil en particular). El referendo en Gran Bretaña para salir de la Unión Europea ha reforzado la tendencia a devaluaciones generalizadas, limitando el alcance de esta política como factor de competitividad. Mejores precios no compensan la falta de demanda. En segundo lugar, el ajuste cambiario impulsó una aceleración de la inflación. El dólar pasó de $9,50 en diciembre a $16 a fines de febrero, momento en el que el Banco Central reforzó su intervención para lograr bajarlo hasta $14. Es decir, desde diciembre hasta antes del Brexit, la devaluación fue del 47%. Pero la inflación promedio, en el mismo plazo, fue del 28% (datos de la CTA), erosionando gran parte de las ganancias de competitividad. Y tercero, un lugar especial ocupan los 4 aumentos en los combustibles, que favorecieron a las grandes petroleras (que tienen su hombre en el ministerio de energía, Aranguren). Estas subas han erosionado particularmente la competitividad, y provoca una disputa explícita entre fracciones ganadores con el nuevo gobierno: la Sociedad Rural ha señalado que por esta vía se le fueron tres cuartos de lo ganado con la quita de retenciones.

Por otra parte, el aumento de tarifas de los servicios públicos busca elevar las ganancias de las empresas que operan en el sector, a pesar de que no se ha mostrado hasta el momento ninguna prueba pública de que el atraso en las tarifas ocasione pérdidas. Su incremento obedece a prioridades de economía política: el sector está controlado mayormente por capital de origen extranjero, al que Cambiemos busca beneficiar. Los servicios públicos (energía y transporte  en particular) impactan en las estructuras de costos de todos los sectores, lo que opera en especial detrimento de la producción industrial y la construcción, golpeando incluso a sectores exportadores. Estos incrementos elevaron la inflación en el segundo trimestre, lo que de conjunto golpeó muy duro los presupuestos de los hogares.

El problema aquí es este carácter transversal: la suba ha afectado a muchos sectores sociales, que han presentado reclamos por vías judiciales, manifestaciones y petitorios, que han puesto freno transitorio y parcial a algunos aumentos, pero su alcance es limitado. Las subas hasta ahora realizadas componen entre un tercio y la mitad de lo previsto por el gobierno. Esto significa que la negociación y conflicto actual son la primera etapa de una batalla que se repetirá en algunos meses. El desgaste político no es solo para los sectores afectados que hoy peticionan, sino para el propio gobierno que de esta forma pierde por partida doble: no alcanza aún los valores esperados, lo que atenta contra su asociación con el capital extranjero, y sin embargo las subas ya estipuladas impulsan la inflación.

Y finalmente, el tercer socio y gran ganador, es el capital financiero. Las políticas en su favor han sido sistemáticas, debido al peso central que ocupa la deuda en el proyecto de Cambiemos. El canje de 10.000 millones de dólares de deuda intra-Estado por bonos con privados, el pago a los fondos buitres con una emisión total de 16.000 millones más, y la apertura a emisiones de bonos provinciales; todos títulos que pagan elevados intereses en corto plazo. Sin embargo, la joya del esquema han sido, sin duda, las LEBAC emitidas por el Banco Central. Estas letras llegaron a pagar 38% anual de interés en renovaciones cada 35 días, una fuente inmensa de rentabilidad. El ejercicio es interesante: un operador que haya cambiado dólares por pesos a fines de febrero (a $16), y haya renovado 3 veces esos fondos en LEBAC, y los haya retirado a dólares nuevamente las semanas previas al Brexit (amenaza conocida con antelación) a $14, obtuvo una rentabilidad cercana al 28% en dólares… ¡¡¡en un trimestre!!! Un negocio impresionante, que explica por qué el presidente Macri dijo que pensaba repatriar fondos que mantiene en el exterior, para invertirlos en bonos.

El problema es que esta auténtica timba implica un incremento del déficit cuasi-fiscal, contra los supuestos objetivos del gobierno. Además, con estas tasas de rendimiento, no hay ningún incentivo a prestar a sectores productivos, lo que implica menor inversión. La recesión es la actualidad y el horizonte cercano. Finalmente, las letras emitidas son equivalentes a todos los billetes circulando en la economía, y son de muy elevada liquidez, lo que significa que pueden correr al dólar con mucha facilidad, como de hecho, comenzaron a hacerlo la última semana de junio, elevando nuevamente el tipo de cambio por encima de los $15. Esto agrega inestabilidad cambiaria a los demás riesgos económicos y políticos que frenan toda recuperación de la actividad.

Como se ve, el gobierno no tiene las cuentas fáciles. Sus políticas está orientadas de manera muy evidente a beneficiar a los sectores más concentrados del capital, pero no está claro que tenga la capacidad para subordinar a quienes pierden. Más aún, las disputas entre las diversas fracciones del bloque en el poder no alcanzan tampoco un acuerdo estable aún, lo cual redunda en la presión que mejor conocen: la extorsión económica mediante recesión. Hasta que la correlación de fuerzas entre clases y al interior del bloque en el poder no alcance algún tipo de estabilidad -siempre precaria- no es esperable que la economía se recupere, más allá de promesas y deseos. El pato de la boda, claro, lo pagamos las clases populares, afectados por la inflación, recesión y creciente desempleo.

Ayer se presentó por sexta vez el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Congreso de la Nación. Impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito cuenta con el aval de 350 organizaciones y las firmas de 38 diputadas y diputados de diversos bloques de izquierda a derecha. La iniciativa contó con puntos de difusión en varias ciudades del país.

En Bahía Blanca, integrantes de la Campaña y la Colectiva Feminista entregaron volantes frente a la Municipalidad con detalles sobre la norma que plantea que “la práctica se pueda garantizar en el sector público y privado, incluyendo a obras sociales, para que las mujeres o varones trans no sean sometidxs a maternidades forzadas”.

En diálogo con FM De la Calle, Selva Lamtzev explicó que esta vez el proyecto llega con “modificaciones sustanciales en relación a los anteriores y uno de los puntos importantes es que pide la IVE hasta las 14 semanas sin ninguna otra solicitud ni control ni requisito, y para los otros casos que ya estaban contemplados en la ley, de violación, de enfermedad materna o malformación severa, obviamente no tiene otro límite. Es superador del anterior que hablaba hasta las 12 semanas”.

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“Creemos que va a requerir de mucha participación, que se sienta que hay una presión popular para que este proyecto salga, lo estamos motorizando desde la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y otros colectivos y organizaciones. Este contexto en particular, con los dichos de Macri -quien dijo defender la vida desde ‘la concepción’ en el Congreso Eucarístico-, es adverso pero es que lo ha sido siempre para este tema, vemos que el consenso social avanza mucho más que lo legal”, dijo la médica.

Lamtzev opinó que “los medios de comunicación en su mayoría tienen una posición bastante tomada o manejan el tema del aborto como tabú o con discursos falsos y malintencionados, por ejemplo de hablar de IVE y ponen en la tele una foto de una embarazada que está prácticamente a término, ese tipo de manipulación no habla de la realidad de las mujeres que día a día deciden interrumpir el embarazo de forma voluntaria. El tema es que en este momento lo tienen que hacer en la clandestinidad poniendo en riesgo su vida y si esto fuera legal podrían hacerlo en un centro de salud”.

Las cifras oficiales, mencionadas en los argumentos del proyecto, muestran que el Ministerio de Salud de la Nación informó el año pasado que “en la Argentina se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año” y en 2014 murieron por abortos inseguros 43 mujeres, un 30 por ciento más que en 2012.

“Las de mayores recursos lo hacen en una clínica privada y las que no, de una forma mucho más precaria que será la que tengan a mano poniendo en riesgo su salud y su vida. Es muy importante proteger los derechos de esas mujeres y está en el marco de la ley no solamente nacional -hay muchas cuestiones relacionadas con el aborto no punible que no se cumplen en la práctica- pero además, si vemos el mapa del aborto a nivel mundial, constatamos de qué tipo de políticas se trata, vemos que en los países llamados centrales o desarrollados en la mayoría el aborto es legal y en los llamados del tercer mundo no lo es y tienen fuertes políticas restrictivas”.

2 abortoLamtzev recordó que Macri “cuando fue jefe de gobierno de Buenos Aires vetó la ley del aborto no punible en CABA y desde que ha asumido como presidente hemos visto el vaciamiento de ciertos programas, la reducción de recursos tanto de programas de violencia como de salud sexual y procreación responsable que se encarga fundamentalmente de distribuir métodos anticonceptivos y educar”.

“Existe una disputa entre el kirchnerismo y el macrismo, lo vemos a Macri intentando congraciarse con Jorge Bergoglio y juega la carta de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Nos parecía muy preocupante. Hablamos del aborto pero también de que la ley de educación sexual se aplique correctamente y los métodos anticonceptivos existan en toda su disponibilidad para que las mujeres puedan deciidir”, dijo.

Finalmente, destacó que “puede haber una confusión porque la religión oficial es la católica pero nuestro Estado es laico y por lo tanto todas las medidas que deben tomar en cuestiones de derecho y de salud deberían basarse en el principio de beneficio para la mayor parte de la población y no de lo que opine o no la iglesia o si el presidente profesa determinada religión o no”.

Foto: Rolando Andrade.

Cientos de familias beneficiarias del programa de créditos para vivienda ProCrear esperan soluciones por parte de las autoridades municipales para poder acceder a terrenos en el macizo que el anterior gobierno nacional expropió al Ejército.

Tras el anuncio de la licitación de las obras para instalar los servicios y avanzar en el loteo, mantienen su preocupación sobre los nuevos planos que propone el municipio y el “scoring” según el poder adquisitivo que se aplicaría para repartir las tierras.

“La información que tenemos desde Buenos Aires es que la licitación está avanzando lentamente, se hicieron los acuerdos con las distintas empresas y supuestamente en unos días deberían estar empezando con las obras. Previo a eso tienen que presentar unos planos en el municipio para obtener la aprobación”, dijo a FM De la Calle Franco Baier.

El beneficiario planteó que les “preocupa muchísimo que toda esta licitación se hizo en base a un plano que propone ProCrear a nivel nacional para Bahía Blanca y la administración de Héctor Gay propone un plano nuevo”.

“En enero lo que nos dijo el intendente es que las tierras del Ejército ya no iban a ser posibles, que nunca fueron posibles en realidad, que nos mintieron en la cara. Después viaja a Buenos Aires y cuando vuelve dice que ya está todo destrabado cuando en realidad jamás se había interesado en el tema, más que nada parecía que había manifestado una expresión de deseo al decir que las tierras del Ejército no iban a ser viables y al empaparse del tema, al informarse, vienen y dicen que ahora es posible”, recordó.

Agregó que “a partir de ahí proponen un plano nuevo. Lo que venimos advirtiendo desde ese momento y lo dice el propio ProCrear es que si el municipio pretende seguir avanzando con ese plano eso va a implicar que toda la licitación se vuelva para atrás y todo vuelva a empezar de cero, por lo tanto como mínimo un año más tardaría todo esto”. El plano “supuestamente superador” agregaría una veintena de lotes en las mismas tierras lindantes a la Ruta 33.

“Es muy preocupante desde cualquier punto de vista que se observe. El intendente de una manera muy irresponsable había prometido que para junio iban a estar realizándose los sorteos, ¿sobre la base de qué información? Lo desconocemos”, planteó Baier.

Como nueva preocupación sumó el anuncio municipal respecto a que “los lotes en lugar de ser sorteados van a ser asignados según una especie de orden de mérito de acuerdo al poder adquisitivo. No nos queda claro o no lo saben tampoco, no sabemos qué pensar, si ese orden de mérito se va a basar en que cuanto mayor poder adquisitivo tenga una persona más posibilidades tiene de acceder al terreno o al revés van a priorizar a la gente de menores recursos”.

“En cualquiera de las dos variantes es totalmente injusto porque no deja de ser un reparto de la miseria. Ellos dicen que hay 900 personas, nosotros creemos que hay más familias que están necesitando ese terreno de ProCrear y están diciendo repartimos la miseria para que le toque a 500 personas y el resto se tendrá que atener a las nuevas condiciones del ProCrear que son totalmente inalcanzables para la gran mayoría de nosotros”, finalizó.

Javier Quintero es uno de los trabajadores de prensa de La Nueva Provincia despedidos la semana pasada junto a fotógrafos, administrativos y gráficos tras la decisión empresarial de reducir la publicación diaria de la versión impresa a solo tres días a la semana. El sábado brindó su testimonio en el programa radial Enredados*, se mostró sorprendido por la decisión de la familia Massot y destacó que en la redacción “hay temor porque nadie sabe qué va a pasar con el diario de aquí en más”.

Ingresó a La Nueva Provincia a los 19 cuando cursaba el segundo año de Periodismo. Primero fue una pasantía “un poco extensa” de dos años, otros dos como colaborador y finalmente el ingreso efectivo. Trabajó siempre en la sección Deportes y en el área digital un tiempo: “cargada un poco de todo, hacía locales, internacionales, nacionales”.

Si bien “siempre se habla de crisis dentro del diario” y se vendía cada vez menos en papel -como sucede con muchos medios gráficos a nivel mundial-, el despido “no lo esperaba”. “El año pasado pareció estar un poco más instalado el tema de la crisis porque ofrecieron retiros voluntarios y se comenzó a hablar bastante más”. Eso fue en julio o agosto aunque en el verano “parecía que se habían calmado un poco las aguas”.

En abril varios gremios fueron cerrando sus paritarias pero desde el Sindicato de Prensa no llegaban noticias. “Conversando con colegas del diario que estaban en el sindicato uno le preguntaba qué había pasado, cuánto íbamos a cobrar, uno con todos los aumentos que hubo quería saber y notaba que estaba difícil la negociación. Todos esos eran síntomas de que la cosa no venía bien, pero la decisión de echar a 25 o 28 personas juntas -ni sé cuál fue el número final- nos tomó a todos de sorpresa, nunca el diario había tomado una decisión de este tipo, siempre si despedía era a uno o dos”.

Tras los despidos, “el sindicato lo que hizo no fue reunirnos sino poner un abogado, decirnos el jueves a la mañana hay un abogado disponible para que le hagan todas las consultas que tengan que hacerle y fue el único momento donde fuimos y nos encontramos (…) no nos juntaron nunca a explicarnos un poco qué pasaba o cómo era la situación o qué posibilidades teníamos o por qué era todo esto”.

Según Quintero, el gremio “tiene un inconveniente en cuanto al cambio de la composición de la comisión directiva hace muy poco tiempo y la gente que ingresó -no es por defenderlos ni nada por el estilo, son conocidos en su gran mayoría-, se encontraron con una bomba muy grande y tienen miedo de cortar un cablecito y que termine de estallar todo, me parece que pasa un poco por ahí. Me gustaría que hayan hecho otras cosas, les he dicho que me molestaba la composición de la lista de despedidos porque no encontraba ninguna lógica, si la encontraba tal vez la herida hubiera sido un poquito diferente”.

“El día que pasó, que fue todo muy shockeante, yo tuve la oportunidad de ir (al diario) porque tenía que buscar algunas cosas y era un lamento la redacción, era una lágrima arriba de la otra, una medida de fuerza, un aplauso, una manifestación, algo, no sé, no sé qué hubiera hecho yo estando del otro lado pero uno esperaba algo. También entiendo el lado B, que hay temor y es una cuestión lógica porque nadie sabe qué va a pasar con el diario de aquí en más”.

Resultados a la vista

dscn0876En 2013, según la versión de la empresa, La Nueva Provincia hizo “un gran esfuerzo para integrar el papel a una multiplataforma que lo repotenciara, tanto unificando marca y recursos periodísticos como rediseñando formato y estética según los criterios más modernos”.

“El diario cambió de formato, cambió de sábana a tabloide, se cambió el nombre de La Nueva Provincia a LaNueva. fue una inversión muy grande, una apuesta, se lo he dicho a la gente que tomó la determinación, para mí no estuvo bien, no se tuvo en cuenta en algunas cosas a la gente que compraba el diario”, dijo el ex trabajador.

Quintero agregó que “no se hizo un estudio de mercado para decir la gente no compra el diario porque es sábana, no creo que sea por eso, porque se le incomodaba, porque no le entraba en la mesa. Hubo mucha gente que no se terminó de acostumbrar a eso”.

Concluyó que los números hablan por sí solos: “Funcionó en la parte web que por lo que sé incrementó un poco la cantidad de visitas, pero también hay una realidad que es que la parte web todavía no le encontró la vuelta, no solo LaNueva. sino en la mayoría de los casos, a la hora de la venta, a la rentabilidad de eso, vos podés tener un montón de visitas pero los comercios y las empresas no se sienten cómodos poniendo un aviso en la web”.

*Enredados se emite los sábados de 10 a 13 por Continental Bahía Blanca 103.9 con la conducción y producción de Denise Navarrete, Mauro Llaneza y Gabriel Cena.

La Lista Blanca de trabajadoras y trabajadores municipales informó que “a raíz de diferencias insalvables que se presentaron a último momento con interesados en integrar nuestra lista, se decidió no disputar las próximas elecciones” que se realizarán a principios de agosto. Solo se podrá votar por la lista oficialista que encabeza el actual secretario general Miguel Agüero.

“La lista Blanca nace como un colectivo de trabajadores municipales con el objetivo de concretar una nueva forma de hacer sindicalismo, en la que se lleven adelante prácticas participativas, cuyas propuestas han sido elaboradas y aprobadas de conjunto”, asegura el comunicado firmado por Carlos Hogg y Jorge Paz.

Allí explican que la conformación de la Junta Electoral se produjo cuatro días antes de la reforma estatutaria y esta, a su vez, tres días antes de la convocatoria a elecciones. “Esta modificación aumenta exponencialmente el número de integrantes a 119, limitando de esta manera la participación y presentación de otras listas a las próximas elecciones, quedando solo 10 días hábiles para el armado de las mismas. En esa situación se solicitó las candidaturas a los compañeros”.

“Un grupo de personas enroladas en la agrupación Tribuna Municipal, con prácticas espurias, ajenas ciento por ciento a lo que es la Lista Blanca, hace que sus miembros fundadores resuelvan la no presentación de la lista.
No obstante ello, valiéndose de tener en sus manos la documentación, decide arbitrariamente, hacer igual la presentación, no respetando la decisión tomada por mayoría. Violando el espíritu de una construcción colectiva, exponiendo a una cantidad de compañeros a una situación ni consentida ni consultada”, afirmaron.

Desde la Lista Blanca habían rechazado unirse a otras agrupaciones. “También debemos decir que si bien, la lista presentada por integrantes de Tribuna Municipal no reunía los requisitos mínimos exigibles, extraña y maliciosamente fue aceptada por la Junta Electoral, dado que es ésta misma quien publica que la lista presentada se encontraba incompleta en más de un tercio de su totalidad, es decir, que sobre 119 cargos, tenía casi cincuenta por cubrir”.

“Si bien lo hemos solicitado, hasta el momento nos ha sido negada la posibilidad de tener vistas de la documentación presentada, para conocer tanto el nombre con el cual fue inscripta la lista ya que la Junta Electoral en los dictámenes la denomina Lista Blanca, con lo cual se habría usurpado nuestro nombre (que históricamente hemos utilizado) y tampoco hemos podido ver los listados de candidaturas y avales para saber quiénes han sido incluidos, pues muchos de ellos se habían obtenido desde el trabajo y trayectoria de nuestra lista y de compañeros que confían en nosotros”, denunciaron.

Tras ratificar la decisión tomada, desde la Lista opositora criticaron a aquellas “personas cuyas prácticas terminan siendo las mismas que dicen querer combatir” y se manifestaron contra la burocracia sindical y las prácticas antidemocráticas y por un sindicato transparente, participativo e independiente, salario mínimo acorde a la canasta familiar, la eliminación del impuesto al salario y la incorporación de los aumentos al sueldo básico para no afectar al IPS, a la obra social y a los y las jubiladas.

Abuelas de Plaza de Mayo presentó a José Luis Maulín Pratto como un nuevo caso de restitución de identidad, sustraída durante el terrorismo de Estado, y exigió a la Justicia Federal de Santa Fe que le devuelva su verdadera filiación, que fue esclarecida en 2009. José Luis, desde entonces, reclama por distintos medios recuperar su verdadero apellido.

En octubre de 1976, en Reconquista, provincia de Santa Fe, una patota integrada por policías, miembros de la III Brigada Área de Reconquista y personal militar realizó un operativo en la casa de una joven pareja. A los golpes, destrozando todo, secuestraron a Rubén Maulín, un trabajador y militante político del PRT, adelante de sus dos hijos pequeños y de su esposa Luisa Pratto, embarazado de cuatro meses. En el mismo operativo se llevaron a la madre de Rubén, Ana Elena Schoesting, y otros familiares. Luisa quedó sola con sus dos hijos y su embarazo. Semanas más tarde, su hermana menor, Griselda, llegó de Buenos Aires para ayudarla pero también fue secuestrada.

La historia

CmJjJAsWIAEGVPsLos represores se ensañaron con Luisa: fue torturada en su domicilio, frente a sus hijos, y violada en reiteradas ocasiones. Cuando fue a dar a luz a un sanatorio privado local, el 26 de marzo de 1977, Luisa fue registrada con el nombre de la apropiadora -Cecilia Góngora de Segretín-, evidenciando la premeditación del delito pero, a la vez, dejando la prueba del apellido que llevaría su hijo. El bebé fue entregado así al matrimonio conformado por José Ángel Segretín y Cecilia Góngora, vinculados familiarmente a la Fuera Aérea, y pasó a llamarse José Luis. Sus apropiadores lo inscribieron en el Registro Civil con un acta de nacimiento fraguada, firmada por la doctora Elsa Nasatsky de Martino.

Por entonces, Rubén seguía detenido pero ya como preso político. Fueron años de dolor que vivió Luisa. Después del parto y durante mucho tiempo siguió siendo visitada por la misma patota policial que había secuestrado a su marido y hermanos, que la sometía a torturas y abusos sexuales. La abuela de José Luis, Ana Elena, se ocupó de los niños y acompañó a Luisa en el reclamo por su marido y su hijo robado. Cuando Rubén Maulín recuperó su libertad, en 1982, ambos se presentaron ante la justicia para reclamar por el niño pero no obtuvieron respuesta y les dijeron que no podían hacer nada.

Las búsquedas

Durante mucho, tiempo Rubén y Luisa desconocieron el paradero de su hijo pero a fines de los ‘80 una vecina de la pareja trajo el dato del lugar donde estaba viviendo. Fue así que decidieron ir a reclamar por él, pero la falta de documentación y las amenazas de los apropiadores impidieron el encuentro. A principios de los ‘90, Gisela, la hermana mayor de José Luis escuchó que en su escuela había un niño con el apellido Segretín y se acercó a hablarle, pero el encuentro no prosperó y Cecilia Góngora amenazó a Gisela para obstaculizar la búsqueda.

José Luis en ese entonces ya sabía que no era hijo de la mujer que lo había criado, pero los relatos iban variando según las circunstancias y conveniencia. Él desde temprana edad tenía dudas de su identidad, por las diferencias físicas y porque tenía una hermana mayor adoptada. En un primer momento le dijeron que era fruto de una relación extramatrimonial de Segretín y luego se fueron sumando otras versiones, siempre inconsistentes.

En 2008, Luisa y su hermana Griselda hicieron otra declaración ante la justicia, contando nuevamente lo que habían padecido durante el terrorismo de Estado. Después de años de impunidad fue la primera vez que la justicia santafesina aceptó investigar su caso. Para ese momento, ya hacía dos años que muchas víctimas del terrorismo de Estado en la región habían comenzado a dar testimonio en la “Causa Base Aérea”. Luisa dio una nota en una radio de la ciudad y su historia llegó a conocimiento de José, quien se sintió motivado a averiguar sobre su identidad.

El encuentro

CmJulEJWIAEkUm9En enero de 2009, José Luis tomó coraje y llamó a Luisa para contarle que, según las descripciones que ella había dado en la radio, él podría ser su hijo. Se encontraron por primera vez en febrero, y en abril se presentó a la justicia para reclamar por su identidad. Rápidamente José Luis, Rubén Maulín y Luisa Pratto viajaron a Buenos Aires y realizaron el estudio en el Banco Nacional de Datos Genéticos para confirmar su vínculo: era el hijo que durante 32 años habían buscado.

José Luis dice que recuperó a su familia y su familia lo recuperó a él; desde 2009 mantiene una relación estrecha que se fortalece día tras día.

El juicio por su identidad

La semana pasada comenzó en Santa Fe el juicio por la apropiación de José Luis, en el que están imputadas la apropiadora Cecilia Góngora, y la médica que atendió el parto y firmó el certificado de nacimiento, Elsa Nasatsky de Martino. También estaba acusado el jefe de la Base de la III Brigada Aérea de Reconquista, Danilo Sambuelli, quien falleció en diciembre de 2014.

En 2013, Sambuelli ya había sido condenado a 21 años de prisión por los secuestros y torturas a 39 militantes, entre ellos Rubén Maulín –el papá de José Luis– y por la “violación agravada reiterada” de Griselda Pratto –la tía–, en un juicio histórico porque fue el primero en la provincia que juzgó la violencia sexual en centros clandestinos como delitos de lesa humanidad.

El propio José Luis se acercó el mes pasado hasta el Tribunal Oral de Santa Fe y dejó una carta para que el juicio se realice lo antes posible. “Soy José Luis Maulín, pero estoy obligado aún a nombrarme como José Luis Segretín”, escribió en la primera línea. Y, en una carilla, les contó a los jueces “la congoja y la desdicha de portar una identidad que no es la propia”, y ser víctima de “un delito que se cometió hace 38 años, pero que se repite cada día”, con él y con sus hijos que actualmente tienen 12 y 16 años.

El caso de José Luis no se registraba entre las denuncias de niños desaparecidos en Abuelas de Plaza de Mayo, ni tampoco en los nuevos casos que, gracias a las investigaciones de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), se van incorporando al Banco. Sin embargo, se trata de otro caso de sustracción, ocultación y falsificación de identidad de un bebé en el marco del terrorismo de Estado, como todos los de nuestros nietos y nietas apropiados. Gracias a su valentía y la de familia se lograron reconstruir los hechos que los genocidas intentaron borrar y tergiversar. Luego de conocer en profundidad su historia y los padecimientos de sus padres por recuperarlo, la Asociación decidió incorporar su caso al listado de nietos restituidos, como un acto de reparación y verdad histórica.

Fuente y fotos: Abuelas de Plaza de Mayo.