La TV ataca: por la dignidad del salario

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Hoy volverán a verse las caras dirigentes del Sindicato Argentino de Televisión y de las cámaras patronales de los cables. Será en plena vigencia de la conciliación obligatoria exprés que el gobierno otorgó a las empresas la semana pasada, horas antes de que comience el paro declarado por todas las seccionales gremiales de país.

Más de ocho mil trabajadoras y trabajadores del SATSAID realizaron el miércoles una Jornada Nacional de Lucha por la Dignidad del Salario con epicentro en la Plaza Congreso en Buenos Aires y con movilizaciones en Bahía Blanca, Córdoba, San Juan, Mendoza, San Luis, Rosario, Santa Fe, Chaco y Jujuy, entre otras. En nuestra ciudad la marcha partió desde Cerri y San Martín, pasó frente a las sedes de Cablevisión y BVC y culminó en Plaza Rivadavia con una radio abierta junto a FM De la Calle, la cual podrá revivirse desde las 21 por la 87.9 o por delacalle.org con reemisiones el sábado a las 12 y el domingo a las 13.

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El secretario adjunto del sindicato, Horacio Tolza, comentó que la paritaria comenzó hace 45 días con un reclamo del 42% de aumento salarial. Las cableras ofrecieron 29% y subieron hasta 33%. El 17 de julio el plenario general del gremio llamó al paro. “Lo hicimos para el 20, lo coordinamos, y el 19 a las 22 horas teníamos la conciliación obligatoria presentada. Nos llamó muchísimo la atención, nunca nos había pasado eso. Al entrar en conciliación pusimos todo el respeto del sindicato hacia el Ministerio pero ahora nos estamos movilizando y esperaremos la reunión del 29”, dijo el camarógrafo.

Tolza aseguró que “estamos luchando contra grandes medios, no es que luchamos contra hormigas sino que son elefantes gigantes. Estamos en la calle, compañeros, compañeras, todos presentes tratando de llevarlo adelante. (…) Es Cablevisión, está Pierri, está Vila, gente que es difícil, y también tenemos los cables del interior que son las cooperativas que tampoco son nada fácil, manejan todo un pueblo desde la luz, el velatorio y el cable”.

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“¿Por qué marchamos?”, se preguntó el secretario gremial Octavio Alvarado. Respondió que era “porque no estamos dispuestos a resignar ninguno de nuestros derechos”, porque “no vamos a aceptar la extorsión del ministro de Hacienda ni la falsa opción de trabajo o salario”, para “que sepan el señor ministro y el aprendiz de tirano berreta que tenemos en la Rosada que acatar la ley no significa que estemos dispuestos a negociar la baja de nuestros salarios como pretende la patronal” y, entre otras cosas, porque “nos ha costado mucho esfuerzo y lucha llegar hasta aquí”.

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“Uno siempre está del otro lado, siempre está poniendo el micrófono y prestando la cámara para que se hagan visibles los reclamos que no terminan de ser sino otra cosa que los de uno mismo que es un trabajador o una trabajadora más y vive lo mismo que cualquier persona que tiene una familia atrás, que sabe que el salario ya no alcanza como antes, que las peleas se tienen que dar desde otro lugar porque hay una realidad distinta”, afirmó la periodista Gisela Estremador.

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El delegado de Cablevisión Jorge Diomedi destacó que “esto ha hecho que todos los trabajadores de televisión se puedan a unir para tener este porcentaje que estamos pidiendo. Nos parece que es una cifra que está por debajo de la inflación real pero las empresas no quieren dar más del 33%. Es mucha la diferencia que hay así que seguiremos en la lucha, estamos tranquilos, como estamos acá todos los trabajadores, creo que esta unión que tenemos se la debemos mucho a Carlos Arrigoni”.

“Los últimos doce años se amplió a cantidad de empleados porque se amplió la obra. Hay un dineral puesto en las redes, se hizo un enlace directamente de Buenos Aires a Neuquén con redes propias para no pagar un transporte lo que generó muchísimo trabajo, peleando para que no sea todo contratista, meterlos dentro del convenio. Tienen bolsillo de payaso, pueden pagarlo”, dijo Laly Serra sobre la empresa de Clarín que posee 250 cables en el país y acumula aumentos tarifarios del 44% en lo que va del año.

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Liliana Villa encabeza la Secretaría de la Mujer del SATSAID y recordó que cuando se afilió “éramos muy pocas mujeres y a nivel local menos todavía, con el surgimiento de los cables fuimos incorporándolas, hoy somos muchas y es un orgullo”. Luchando por la igualdad de género lograron traspasar las tareas administrativas para alcanzar los trabajos operativos “que cambian todo fundamentalmente”. Tanto Villa como Analía Izquierdo padecieron alguna vez violencia de género y laboral en Canal 7 y las oficinas de BVC, respectivamente. “Estamos tratando de abrirnos un lugar donde podamos tener los mismos derechos, pero que realmente se cumplan”, dijo Izquierdo.

Voces de apoyo. Dirigentes de gremios y agrupaciones políticas locales manifestaron su solidaridad durante la radio abierta: Néstor Alende (Asociación Judicial Bonaerense), Sergio Zaninelli (ADUNS), Hugo Astorga (Sindicato de Trabajadores Telefónicos), Rodrigo Bahía (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), Ana Canullo (CTA Bahía Blanca-Dorrego), Laura García Vázquez (CTA-A Pcia. Buenos Aires), Mauricio Rasquete (Agrupación Jauretche), Joni Landa (ASTRAMYC) y Carlos Ferrari (APYME).

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FOTOS: Manifestación, Luis Ángel Salomon. Radio abierta, FM De la Calle.

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Lesa humanidad: “Va a ser un año de pocas sentencias”

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(Por Mauro Llaneza) Lo dijo el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, a FM De la Calle. El fiscal general afirmó que la lentitud y otras falencias que presentan los procesos contra represores civiles y militares “no tienen que ver con la coyuntura” sino que son “una patología crónica”. “No puedo pronosticar el destino concreto de una causa, pero sí como fenómeno sigo pensando que esto no tiene vuelta atrás”, sentenció.

“Los únicos que van a garantizar la continuidad, así como hicieron posible abrir la investigación, son los propios organismos, la sociedad y la gente. Ahí es donde hay que mirar. Y no es solamente investigar los crímenes, hay una serie de cuestiones que seguramente van a empezar a exhumarse que tienen que ver con la voz de derechos humanos” y que generan “nuevas miradas sobre la profundidad de muchos conflictos vinculados a los derechos humanos”.

Un informe del organismo que encabeza Auat evidencia que durante el primer semestre se registraron 539 causas en todo el país en las que fueron imputadas 2436 personas. Desde la reapertura de los juicios en 2006 se dictaron 163 sentencias en las que fueron condenados 689 acusados y resultaron absueltos 68. Los procesados actualmente son 846. La cantidad de detenidos es apenas superior a la de quienes están libres. Están en curso 16 juicios con 269 imputados, de los cuales 168 están siendo juzgados por primera vez.

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Se produjeron avances en las causas contra funcionarios judiciales con condenas a 15 y 12 años de prisión al ex juez de menores de Santa Fe, Luis María Vera Candioti, y al ex juez federal de La Rioja, Roberto Catalán, mientras los ex magistrados mendocinos Rolando Carrizo, Luis Miret, Guillermo Petra Recabarren y Otilio Romano están próximos a recibir sentencia. En Mar del Plata la causa por los crímenes de la CNU tiene entre los acusados al ex fiscal Gustavo Demarchi.

Respecto al empresariado el panorama es más complejo. La Procuraduría destacó la condena en Salta a 12 años de prisión al dueño de La Veloz del Norte, Marco Antonio Levín, pero resaltó las demoras en la causa Ford, en la que se fijó fecha de debate para marzo de 2017 luego del fallecimiento de uno de los tres civiles acusados, el ex gerente de relaciones laborales Guillermo Galarraga. Otras dos son la de Minera Aguilar y de la Comisión Nacional de Valores. Se suman los frenos que impusieron las faltas de mérito y los sobreseimientos dictados en las causas emblemáticas en las que se investiga como partícipes a los empresarios de La Nueva Provincia, el Ingenio Ledesma y la yerbatera Las Marías.

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“Son muy lentos los juicios, ese es un dato muy fuerte que inspiró nuestra necesidad de relevamiento a fin de visibilizar esta patología, procesos (en los) que se hace una audiencia por semana, algunos casos hubo de una audiencia cada quince días, esto compromete seriamente la dinámica del proceso”, dijo Auat.

El fiscal apuntó particularmente al Poder Judicial y a la Cámara de Casación donde realizó gestiones para conformar tribunales. “Hay juicios que no se inician porque no tenemos tribunales. Un caso casi emblemático podría ser San Juan, hubo jueces que se inhibieron, tuvimos que modificar alguna cuestión de tipo procesal para lograr que se integre rápidamente pero seguimos con dificultades”.

El informe plantea la posibilidad de “preguntarse si las megacausas brindan alguna explicación vinculada a la disminución de la cantidad de sentencias por año”. En curso están “La Perla” (Córdoba), el juicio de los jueces (Mendoza) y Esma Unificada (Capital Federal) con un promedio de duración de tres años y medio.

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“Hay un proyecto que estamos trabajando para hacer una mega concentración de juicios. Todavía no lo podemos cerrar. En su momento veíamos que la atomización de las causas era básicamente la peor estrategia para avanzar en los juicios. No nos olvidemos que tenemos imputados y testigos de avanzada edad, lo cual nos obligaba a pensar de qué modo podemos organizar esos procesos para hacerlos lo más rápidos posibles”, explicó Auat.

Las megacausas nacieron para “evitar la impunidad biológica” y “el mayor grado de aprovechamiento de la prueba”. “Son largas, complejas, tienen muchos imputados y víctimas, pero es cierto que los tribunales tampoco tienen una agenda de audiencias lo suficientemente numerosas. Muchos tribunales están conformados por jueces que a su vez tienen causas de sus propios tribunales de origen”.

La diferencia entre imputados detenidos y libres es de 119: con prisión domiciliaria o en la cárcel suman 1056 personas, mientras que otras 937 están excarceladas y gozan de libertad. Hay, además, 48 prófugos. Un 16 por ciento de los 2436 imputados, es decir, 395, falleció.

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Las domiciliarias “ya se venían insinuando como problema central, no nos olvidemos que los años pasan y vienen las patologías, las enfermedades -dijo Auat-. Estamos de acuerdo en la medida que esto sea controlado, que no se entiendan como impunidad, que no es libertad, es prisión en la casa. ¡Lo controlaba el Patronato de Liberados! No tenía facultades ese patronato para controlar a su vez a los que estaban condenados o en domiciliaria. Al no tener control son muy posibles los riesgos de fuga o la posibilidad de entender que estaban en libertad, que estaban excarcelados”.

Al ser consultado sobre el desmantelamiento de numerosas oficinas estatales que colaboraban con las investigaciones, el fiscal general advirtió que “es una señal política muy fuerte” que “puede afectar” pero por ahora “no tanto”.

“Hay un error conceptual. Se cree que el cambio de gobierno iba a alterar y que los juicios eran un problema de coyuntura política. Los juicios fueron el resultado de la lucha del clamor del conjunto de la sociedad por resolver ese conflicto. No lo pudieron hacer ni en el gobierno de Alfonsín con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y luego los indultos no pudieron impedir la averiguación de la verdad que se hacía a través de los Juicios por la Verdad. Esto marca que la necesidad de conocer la verdad de lo que había ocurrido durante los años de plomo estaba instalado en el cuerpo social”, finalizó.

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De 112 las causas elevadas a juicio, solo 9 tienen fijada una fecha de inicio del debate oral:

  • CNU (La Plata), comienza el 8 de agosto de este año, con dos imputados.
  • Megacausa Díaz y acumulados (Santiago del Estero) comienza el 22 de agosto de 2016 con
    11 imputados.
  • Ruarte (La Plata), comienza el 5 septiembre de este año, con dos imputados.
  • Colegio Militar (San Martín), comienza en 20 septiembre de este año, con siete imputados.
  • Mazzaferri (Paraná), comienza en 26 septiembre de 2016, con un solo imputado.
  • Menéndez – Caso Vázquez y acumuladas (Mendoza), comienza en octubre de 2016, con 11
    imputados.
  • Concha Rodríguez (Jujuy), comienza el 6 de octubre de este año, con 6 imputados.
  • Subgrupo Guerrero (Jujuy), comienza el 6 de octubre de este año, con 10 imputados.
  • Ford (San Martín), comenzará el 14 de marzo de 2017, con 3 imputados.
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Docentes de universidades dicen ¡No al tarifazo!

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“Los aumentos son una fenomenal transferencia de recursos a las grandes empresas multinacionales productoras y distribuidoras y un saqueo al bolsillo”, así comienza el comunicado emitido por la Federación de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica-CTA), en torno al aumento de tarifas.

“El gobierno nacional impuso aumentos en las tarifas de agua, luz y gas que llegaron a multiplicar hasta por 20 su valor, en algunos casos. Sumado al avance inflacionario y a los aumentos de precios de la canasta básica, la opción para muchos sectores sociales se transformó entre comer o pagar los servicios. Y ante esta opción, fue creciendo la protesta popular en todo el país. El malestar social es tan grande, que hasta la Justicia tuvo que dictaminar fallos que suspendieron momentáneamente los aumentos.

El gobierno pretende acallar los reclamos disponiendo a último momento que los aumentos tengan un techo del 400%. Esto significa que hay que multiplicar por cinco los valores de la factura del mismo mes del año pasado. ¿Qué sector de la clase trabajadora multiplicó por cinco sus ingresos en el último año? Simplemente, ninguno.

El gobierno afirma que la situación se debe a que no se actualizaron las tarifas durante los últimos años, por lo tanto las empresas no tuvieron rentabilidad suficiente y no pudieron hacer las inversiones para producir más energía. Con lo cual, hoy no hay gas suficiente y se debe importar para abastecer el consumo. Nada más alejado de la realidad que esta afirmación.

Mientras el precio internacional del petróleo no supera los 45 dólares por barril, en la Argentina se les garantiza un precio de casi 70 dólares el barril. El costo de producción del barril de petróleo en la Argentina ronda los 14 dólares. Se les garantiza entonces, ganancias o rentabilidad de más del 400%. Ya el gobierno anterior les garantizó a las petroleras -muchas de ellas multinacionales- que en la Argentina cobren un precio sostén de casi el doble.

También en el gas, mientras que el precio de referencia en América del Norte es de alrededor de 2 dólares el MBTU, en Argentina se les garantiza 5,2 dólares el MBTU del gas ya perforado y 7,5 dólares el gas recientemente extraído. El costo de extracción o producción en la Argentina es de 1,9 dólares el MBTU. Aún con estas súper ganancias, no hicieron las inversiones en todos estos años y hoy no hay gas suficiente. El gobierno anterior les garantizó -con los llamados subsidios- estas súper ganancias. El actual gobierno, además de aumentarles el precio de producción en el gas y la electricidad, ahora nos transfiere en las facturas el costo de las súper ganancias de las empresas multinacionales productoras y distribuidoras. Por esto los aumentos son tan desmesurados.

Es tal el aumento, que para muchas familias es impagable y para muchas pequeñas y medianas empresas implica estar al borde de la quiebra.

La crisis energética es producto de otro desfalco: el de la privatización a precio vil durante el menemismo de las empresas estatales, YPF, Gas del Estado, Hidronor, Agua y Energia, luego vaciadas por los dueños privados bajo el gobierno de De La Rúa, rescatadas sobre la base de subsidios millonarios durante la gestión del kirchnerismo y que continúan en el actual gobierno.

Con servicios deplorables, que en pleno siglo XXI cubren las necesidades de apenas el 60% de la población, mientras se siguen llevando en pala los subsidios, ahora pretenden que además les paguemos tarifas más caras que en el primer mundo con todos sus libros contables cerrados, contratos secretos (Chevrón) y concesiones que no garantizan el suministro, ni en invierno, ni en verano.

CONADU Histórica repudia estos aumentos escandalosos de las tarifas, que además se hicieron al margen de las audiencias públicas que establece la ley. Por ello, apoyamos los reclamos populares que a lo largo y ancho del país se impulsan desde las distintas organizaciones sociales, sindicales y vecinales, y convocamos a nuestras Asociaciones de Base a sumarse a la coordinación de toda acción que le diga NO AL TARIFAZO hasta imponer su derogación.

– Abajo el tarifazo.

– Que se abran todos los libros de las privatizadas que saquearon el país.

– Nacionalización bajo control de trabajadores y consumidores de los servicios públicos y la energía”.

Fuente ACTA.

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Piden elevar a juicio a Caramelli y Pombo

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El fiscal Gustavo Zorzano elevó a juicio la causa contra Marcelo Caramelli, ex titular de Parques Municipales por extorsión, coimas e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La imputación alcanza además al ex delegado de Harding Green Leonardo Pombo. La definición sobre el pedido está en manos de la jueza de Garantías Marisa Promé.

“Es un pequeño logro que nos conduce al único objetivo que tenemos que es que todos estos personajes que estuvieron involucrados en la muerte de Daiana paguen por esta causa o por otras, pero el lugar donde tienen que estar es en la cárcel”, dijo a FM De la Calle Lorena Zerneri, madre de Daiana Herlein, fallecida por la caída de una rama en el Parque de Mayo.

Zerneri recordó: “La denuncia la hice el 22 de abril de 2015 ante el dr. Zorzano porque ya venía con esta información desde hacía mucho tiempo pero el dr. (Oscar) Duizeide, que en ese momento era el fiscal de la causa Daiana, no quería tomarme la denuncia”.

“El fiscal se pone a trabajar hasta que el 25 de noviembre logra que el dr. (Guillermo) Mércuri le otorgue la detención para Caramelli y permanece hasta los primeros días de abril en la cárcel o en comisarías. Desde allí que está con la prisión domiciliaria que consideramos que es una burla pero no solo por un tema nuestro sino por el resto de los presos. Conocemos que hay una cantidad de personas que estarían en estado de domiciliaria pero son personas de bajos recursos que no tienen para pagarle a un dr. Sebastián Martínez ni para comprar voluntades de empleados internos de la cárcel que declaren en una audiencia privada”.

Las acusaciones contra Caramelli y Pombo se sustentan en las declaraciones y una filmación registrada por el empresario Guillermo Gregorio y por aportes y reconocimientos de directivos de la pista de bicicross del Parque de Mayo y de Juan Lilio del Parque de la Ciudad.

“Pombo trabajaba para Caramelli en este tipo de cuestiones y que haya sido delegado de Harding Green es porque lo premiaron, eran punteros políticos y de premio le dan los cargos. En realidad el suyo era el trabajo sucio, el de asistir a Caramelli en estas cuestiones ilegales”, comentó Zerneri.

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Lorena Zerneri y su hija Daiana Herlein.

La causa elevada a juicio por la Fiscalía está referida al accionar de Caramelli en torno su función en el área de Parques. Otra investigación apunta a hechos cometidos cuando estuvo al frente del cementerio municipal. “Hay muchísimos testigos en diferentes ilícitos, todos dentro del cementerio, me refiero a robo de féretros hasta implantes de personas fallecidas, de tierras, de bóvedas, hay de todo”.

En cuanto a las responsabilidades superiores en el organigrama municipal durante los gobiernos de Cristian Breitenstein y Gustavo Bevilacqua, la denunciante afirmó que “si vamos a hablar para robar y repartir para arriba tenemos muchísimo más de qué hablar y de negocios mucho más importantes que se hacían en las dos gestiones. No un pinche como Caramelli que cobraba una coima”.

“Pasa que sabemos cómo se acostumbra en estos gobiernos, se les daban zonas a estas personas, esta es tu zona, manejála y arreglate como quieras, sin pedir ningún tipo de explicaciones. Me inclino más por esa idea en el caso de Caramelli. Después, negociados y robar para repartir lo tenemos a (Martín) Laplace, a (Rubén) Valerio, estamos hablando de otro tipo de negocios y de otras cantidades de dinero”, concluyó.

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Una agenda de resistencia multisectorial

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(Por Francisco J Cantamutto) La masiva movilización convocada por la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) el miércoles 20 ganó presencia en los medios. La columna de más de 20.000 compañeros realizó un raid por los ministerios de Desarrollo, Infraestructura, Trabajo y Energía con sendos reclamos. El gobierno, sin voluntad alguna de retrotraer las medidas centrales que provocan el ajuste social, apenas convoca a futuras reuniones para dialogar, dilatando el problema. Sólo en el ministerio de Trabajo se obtuvo un logro, al ser habilitado -tras meses de negociación- la línea 1 del programa para todas empresas autogestionadas. El gobierno, responsable por los aumentos de las tarifas, alega ahora que no tiene potestad sobre los entes reguladores como para establecer políticas de cuidado a los sectores vulnerables, previniéndolos de cortes de servicio. La lectura que la propia CNCT hizo de esta protesta es que solo golpeando entre todos/as se podrá doblar la voluntad del gobierno. Por eso, igual que antes los clubes de barrio, mantienen su compromiso dentro de la multisectorial.

Justamente, el sábado 23 se realizó en Luján la primera reunión de multisectoriales del país. Asistieron alrededor de 32 multisectoriales de todo el país, representadas en 400 personas que dedicaron todo el día para comentar su actividad hasta el momento, compartir información y estrategias, así como  debatir el camino a seguir. Lo que se inició hace apenas pocos meses como un intento de organizar el descontento social ante el ajuste, mostró capacidad real de crecimiento en convocatoria y de coordinación de iniciativas. La presencia de mayoría de multisectoriales del interior del país mostró que se trata de un problema auténticamente federal, que se valoró en tanto tal: las acciones territorializadas y descentralizadas son muy importantes para acercar a la población no organizada, sin perjuicio de unificar algunas iniciativas. Las multisectoriales actúan como verdaderos foros del pueblo, a la vez que escuelas de política.

Del debate surgieron diversos acuerdos, como buscar mayor eficacia de toma de decisiones, superando el momento -importante pero limitado- de la mera catarsis. En lo que afecta a esta semana, se prevé un nuevo ruidazo/cacerolazo para el jueves 4 por la noche. Se afirmó la voluntar de realizar la Marcha Federal desde diversos puntos del país, siempre bajo el reclamo contra el tarifazo y fuera Aranguren como representante del sector. Incluso se habló de iniciar una consulta popular vinculante para la revisión del ajuste tarifario.

La multisectorial de CABA, por su parte, está avanzando en la organización de una audiencia pública por el tema. Dado que el gobierno se niega a convocar, y cuando lo hace, replicando la metodología de lo ocurrido con el Subte, lo hace a último minuto, sin darle publicidad, en día y horario laboral para dificultar la participación, la Multisectorial decidió mostrar que el pueblo tiene capacidad de organizarse incluso para estas iniciativas. Así se podrán hacer públicos los argumentos sobre el tema, dando transparencia al bloqueo de información del gobierno: ¿cuáles son los costos reales de producción del sector? ¿a dónde han ido los millonarios subsidios otorgados años anteriores y este mismo año? ¿qué garantías de inversión existen, cuáles son los planes de mejora? ¿por qué deben financiar esas inversiones los usuarios? Estas son apenas algunas de las preguntas que el gobierno debería responder para discutir un aumento de precios.

Aranguren ha declarado que el objetivo primario de estos aumentos es “recomponer las ganancias” de las empresas del sector, lo cual explica que las millonarias transferencias no se hayan reducido, y que el déficit fiscal haya crecido durante los meses de Cambiemos. El gobierno alega ahora que las audiencias no serían necesarias porque el aumento se originó en el aumento del precio en boca de pozo, y el mecanismo de consulta se prevé para aumentos en los demás tramos del servicio (transporte, distribución). Llamativamente, el gobierno de la transparencia toma por ciertos los costos declarados por las empresas sin ningún comprobante o auditoría. Y estos aumentos golpean en toda la cadena.

Por eso, el mismo día jueves 4 de agosto, antes de plegarse al ruidazo de la noche, la Asociación de Taxistas (CTA) estará marchando al ministerio de Energía para reclamar por una baja en el precio del GNC en surtidor, convocando al mediodía a todos los usuarios afectados. La suba de combustibles y energía golpea a todo el transporte e impulsa la inflación. Con ese mismo criterio, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha implementado un nuevo aumento del precio del Subte, llevando el precio a $7,50. Un aumento de más de 700% desde que el PRO asumió el gobierno del distrito de la capital. Estos aumentos son usados como extorsión para discutir mejoras salariales posteriores con los trabajadores, lo que ha sido una disputa constante. Por eso el Sindicato de Trabajadores de Subte y Premetro, bajo la concepción de que el transporte es un derecho y no una mercancía, realizará una protesta el miércoles, abriendo las cabeceras del Subte entre las 7 y las 8 de la mañana, para volver a hacerlo entre las 17 y 19 horas, convocando a un ruidazo. A esa iniciativa se sumarán los comunicadores populares, que este mismo miércoles a las 16 hs. tienen prevista una manifestación ante el ENACOM, por incumplimiento de la ley por parte del gobierno, que no habilita las licencias y los fondos para los medios comunitarios.

Este clima de sistemáticos reclamos por parte de diversos sectores está haciendo mella en el gobierno. A pesar de presentarse como indemne, el asedio permanente de la protesta está haciendo efecto. De otra manera no se explica el súbito affaire entre el presidente Macri y el conductor televisivo Tinelli, que alimenta el paralelo de estos días con el turbulento 2001 que culminó con la salida adelantada de De la Rúa. Un gobierno que no respeta siquiera sus alianzas electorales -relegando a sus socios políticos-, que se cierra en un programa cada vez más corporativo, que pierde capacidad de control en el Congreso -la semana pasada se votaron 4 declaraciones contra el tarifazo en el Senado- y que enfrenta una movilización social creciente, compone una imagen política que conocemos.

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Rechazaron amparo contra audiencia por tarifazo eléctrico

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El Juzgado en lo Contencioso Administrativo rechazó una medida cautelar solicitada por tres bahienses para que el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y el OCEBA suspendan la audiencia pública que se realizará mañana en Mar del Plata para analizar el tarifazo de las empresas de energía eléctrica.

“En el mismo rechazo de la medida cautelar no se dice en ningún momento que nuestro pedido esté infundado sino simplemente que sin dar un traslado al Estado ni producir pruebas no tiene los elementos suficientes como para considerar ilegal la audiencia, más allá de un posterior pedido de nulidad que es algo que vamos a trabajar si es procedente”, dijo a FM De la Calle Facundo Miguel, abogado de la Asociación Civil Vientos del Sur.

El cuestionamiento estaba motivado “en los mismos considerandos del llamado a audiencia que dicen que se van a tratar las modificaciones tarifarias, mensualizar las facturas, cambiar los precios de referencia y todas estas medidas son las que dispuso el ministro (de Energía Juan José) Aranguren en los Decretos 6 y 7 que están actualmente suspendidos”.

Por otra parte, “el único propósito de estas audiencias es la intervención ciudadana y no creemos que se haya cumplido atento que hasta el viernes estaba suspendida por recursos que se han ido planteando a lo largo de la provincia”.

El abogado destacó la dificultad para que, “en menos de cinco días hábiles, la ciudadanía pueda participar activamente teniendo la información a mano. Estamos hablando de decretos que en términos vulgares es chino básico, hablamos de arreglos tarifarios complejos, no es algo que en dos días se puede releer e ir a una audiencia a argumentar en igualdad de condiciones”.

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It Girls para todos

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El gobierno nacional inauguró una versión renovada de Tecnópolis en la cual las niñas y adolescentes pueden visitar el Club de Estilo, “un espacio que te invita a vivir la experiencia de una It Girl, mostrando a mujeres protagonistas en las redes sociales a través de la belleza, la vida saludable, el humor, la música y los libros, entre otros”.

“La traducción literal de ‘It Girl’ es ‘chica eso’, lo que da la pauta de la consideración de objeto que hacia las adolescentes y niñas denotan este tipo de espacios, promoviendo estereotipos facilitadores de la violencia de género”, manifestaron al respecto desde la Red Local de Violencia de Género.

El colectivo de organizaciones bahienses rechazó la propuesta y expresó su preocupación “frente a esta iniciativa que ubica la belleza como primer aspecto del protagonismo femenino a la vez que promueve un uso sexista e inseguro de las redes sociales”.

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“Quisimos expresar lo que sentimos como integrantes de la Red ante esta propuesta que tiene el gobierno de utilizar un espacio de Tecnópolis, el que de alguna manera se utilizó con otras intenciones en años anteriores, para recalcar lo que significa esto de las It Girls”, dijo a FM De la Calle Nora Dinoto.

Afirmó además que les “preocupa mucho porque apunta a resaltar en la mujer, la mujer como objeto, cómo que exhibe sus cualidades de belleza física, se le enseña cómo mostrarse, cómo tener esa apariencia externa que de alguna manera lleva a mostrar una figura de mujer que no condice con lo que estamos promoviendo y que recalca esta cuestión la mujer como propiedad, de exhibir ciertas cualidades externas que no hacen a la profundidad del ser mujer”.

“Es una propuesta de invitar a las niñas y a las adolescentes a transformarse en una mujer en la que se resaltan sus rasgos femeninos y físicos, como que no hacemos hincapié en la mujer como sujeto de derecho con talento, como una mujer pensante en sus propios derechos sino justamente se utiliza para decir podés triunfar en la vida desde ese lugar”, afirmó Dinoto.

El femicidio de Micaela demostró el riesgo que conlleva el cruce entre el machismo y el uso desprevenido de las redes sociales. Desde la Red Local advirtieron que “tanto en Bahía Blanca como en el resto del país, estas temáticas requieren otros enfoques que tengan en cuenta la situación de vulnerabilidad en que se encuentran nuestras adolescentes y niñas. Para que no tengamos que seguir reclamando ‘Ni Una Menos’, es preciso que tengamos los ojos bien abiertos ante estas situaciones”.

Continuidad en las políticas de género provinciales

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A principios de mes, la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual y presidenta del Consejo Provincial de las Mujeres, Daniela Reich, visitó Bahía Blanca. Según comentó Dinoto “no se reunió con integrantes de la Red” aunque “sí se convocó a organizaciones sociales”.

“Tuvimos la oportunidad de participar algunos de los integrantes y en realidad plantearon cuáles son sus propuestas, si bien ellas consideran que hay un cambio, a mi entender es la continuidad de lo que se estaba haciendo en la provincia. Están proponiendo ampliar la cantidad de refugios, de proveer a los que existen en este momento, que dependen de algunos municipios, de cierto equipamiento porque no lo tienen. También tienen otra propuesta de ver cómo trabajar en red con los que hay para brindar mayor protección”, agregó.

“Son proyectos que tienen, todavía no han ido implementando. Hay cierto desconocimiento a mi entender de lo que sucede al interior de la provincia. Desconocían la existencia de la Red Local, algunas otras cosas que fuimos comentando durante la reunión, vamos a ver cuáles son sus lineamientos de trabajo, cómo nos incorporan, cómo incorporan a las organizaciones sociales que están trabajando desde hace tiempo no solamente en la ciudad sino en la provincia, estamos expectantes”.

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Mucho diálogo pero #EjecuciónCero

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Integrantes del espacio INTERREDES se manifestarán mañana frente al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para reclamar la millonaria deuda del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) que el organismo mantiene con decenas de medios comunitarios, populares y alternativos.

“Es una situación realmente sorprendente, no porque no esperásemos una política un tanto hostil del macrismo hacia el sector de medios comunitarios sino porque no esperábamos que se interrumpiera el Estado de alguna manera, por ejemplo, para lo que son los FOMECA”, dijo a FM De la Calle Lionel Martín, integrante de AMARC Argentina.

El FOMECA es un fondo creado mediante la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual que, a pesar de las modificaciones impuestas por el gobierno, se mantiene vigente. Hubo convocatorias públicas, participaron jurados externos, seleccionaron proyectos ganadores y las organizaciones rindieron sus gastos de acuerdo a lo que esa ley determina. Sin embargo, hasta la fecha el Estado no sólo no ha transferido el dinero adeudado de los FOMECA 2015, sino que a siete meses del inicio de su gestión continúa sin ejecutar el presupuesto 2016.

Martín afirmó que “con la excusa de una auditoría nos vienen pateando hace meses, ya hubo varias reuniones con distintas autoridades de ENACOM y que el mes que viene que dentro de dos meses y así llegamos casi hasta agosto y no se está pagando buena parte de lo que se había concursado en 2015. Es un derecho que sigue vigente a pesar de las modificaciones de los decretos a la ley de comunicación audiovisual y que los funcionarios están incumpliendo”.

“Imaginensé una escuela, un hospital o lo que sea que el Estado diga vamos a hacer una auditoría y entonces suspendemos todo. Para otras cosas han sido muy rápidos y muy veloces, en esto por lo menos muestran el desinterés en fomentar nuestro sector. (…) Tuvimos toda la paciencia y la voluntad de diálogo que podíamos tener pero ya dijimos que es preocupante la situación porque se pone en peligro la libertad de expresión de muchos medios, fuentes de trabajo en distintos punto del país, hay muchas radios que tenían como parte de sus presupuestos estos fondos que habíamos ganado en buena ley”, agregó.

Desde INTERREDES -espacio compuesto por AMARC, FARCO, RNMA, Red Colmena, Pares TV, Barricada TV, Urbana TeVe y Red PAC- sostienen que “el diálogo de Cambiemos” se traduce en “ahogo financiero y decomisos para los canales y las radios comunitarias, persecución de la justicia a trabajadores de la comunicación, mayor concentración para los actores dominantes del mercado”.

Por eso convocan a movilizar en Capital y otras ciudades para que el Gobierno Nacional: pague las cuotas FOMECA adeudadas por los concursos ganados en el año 2015, cumpla con la Ley 26.522 y ejecute el presupuesto destinado a nuestro sector para este 2016; habilite a los canales comunitarios que ganaron concursos públicos en televisión digital; cese la persecución legal y los decomisos a los medios comunitarios; y respete el 33 por ciento del espectro destinado a los medios sin fines de lucro. Además se rechazará la concentración de la comunicación en curso y se exigirá participar en la discusión de una nueva ley de medios.

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El futuro de Ferrobaires: “Era pura adrenalina para nosotros”

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Días atrás se confirmó el traspaso de Ferrobaires a la órbita de Nación, a partir de la creación de una Unidad Operativa que en seis meses deberá absorber el material rodante y los recursos humanos de la empresa estatal bonaerense cuyos servicios están suspendidos a fines de junio.

José Orellana, delegado de La Fraternidad en Ferrobaires adelantó a FM De la Calle que “de las formaciones viejas hay que olvidarse, eran un riesgo permanente, con mantenimiento mínimo o nulo, pura adrenalina era para nosotros, siempre pensábamos que cualquier día podía partirse un coche e ir al campo, se baja rápido desde Lamadrid, son velocidades de 80 kilómetros, en las curvas pensás que se parte el coche y es una masacre”.

“Está bien que haya pasado esto, lo que no esperábamos es un corte tan abrupto”, dijo y agregó que “nos interesa el trabajo, es la única forma que tenemos de ganarnos la vida (…) lejos está de nuestra parte quedarnos en casa esperando que pasen las cosas”.

Orellana informó que este lunes sesionó en Mar del Plata la Comisión Organizadora de Transporte, se esperanzó en que “termine esto de una vez por todas”, aunque “no hay fecha del comienzo de la circulación o la normalización de los servicios, creemos que va a ser antes de septiembre”.
“Está visto que se toman su tiempo. Sabremos luego quiénes quedamos en el camino, no sé en el caso mío, yo ya tengo 32 años de servicio y 55 de edad, pero ese es otro tema.

Antiguamente en Ferrocarriles nos jubilábamos con 55 años y 30 de aporte, en esta empresa Ferrobaires, en razón de haber sido transferidos al estado provincial no existían las categorías, no existían las jubilaciones de privilegio, razón por la cual nos habían llevado a los 60 años. Creemos que va a haber cambios al respecto”, afirmó.

En cuanto a las características que tendrán los servicios en manos del Estado nacional “nos han dicho muy poco pero han sido bastante precisos porque los pasos se han ido cumpliendo. Nuestro gremio nos informa casi diariamente al respecto, creemos que va a haber tres formaciones para la vía Lamadrid y algún Materfer o algo más liviano para la vía Pringles por su estado”.

En su opinión podría tratarse de llegada y salida vía Pringles los miércoles y viernes, martes y jueves arribo y partida vía Lamadrid y por el mismo camino llegada el sábado con salida el domingo. “Si ponen más trenes mejor, cada tren representa más trabajo”.

“De las formaciones viejas hay que olvidarse, era un riesgo permanente, con mantenimiento mínimo o nulo, pura adrenalina era para nosotros, siempre pensábamos que cualquier día podía partirse un coche e ir al campo, se baja rápido desde Lamadrid, son velocidades de 80 kilómetros, en las curvas pensás que se parte el coche y es una masacre. Está bien que haya pasado esto, lo que no esperábamos es un corte tan abrupto”, dijo Orellana.

Para el delegado de La Fraternidad los precios se modificarán “porque lo otro era irrisorio, con 150 pesos llegabas a Buenos Aires. Creo que se debe apuntar a la seguridad del pasajero, si bien el capital humano es lo más barato por lo visto, era una locura circular con esos coches, la verdad que tuvimos mucha suerte”.

“Siempre empezamos las cosas al revés, una casa no se comienza a construir desde el techo, las concesionadas han hecho poco y nada por las vías, creo que mínimamente para mantenerlas en algunos casos. Ferroexpreso que mantiene las velocidades que recibió en algunos lugares cuando era Ferrocarriles Argentinos, no así Ferrosur que tiene la vía Pringles en un promedio de 45 kilómetros, lo saqué hasta Olavarría que es lo que conozco”.

Finalmente, el dirigente manifestó su preocupación por el futuro de los trabajadores de los talleres Maldonado porque no fueron capacitados para mantener las unidades compradas a China ni tienen las instalaciones correspondientes. “Esa es la razón por la cual el chino que viene los sábados va a suplir gasoil a Ing. White, tienen combustibles especiales esas máquinas y cargan en White, en la base o en la playa o en Ferroexpreso Pampeano”.

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Pymes: crece el trabajo precario y no registrado

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Lo reconoció Raúl Zylberzstein, Presidente de la Federación Económica de la Ciudad de Buenos Aires (FECIBA) en consonancia con el informe de INDECOM difundido durante las últimas horas. Destacan que la falta de competitividad, a raíz de la caída en las ventas, la presión tributaria e impositiva, las subas en las tarifas y los costos financieros, entre otras variables, fomenta cada vez más la economía no registrada y la precariedad contractual.

El directivo certificó los datos difundidos hace pocos días por el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM), cuyo sondeo se realizó sobre un muestreo de 816 pymes de las principales regiones del país, comparando el primer semestre del 2016 con igual período del 2015. Ese sondeo arrojó un aumento del trabajo informal de más de un 40%, siendo que el 29,3% de las pequeñas y medianas empresas pasó a no registrar el total o parcial de las horas trabajadas, y que el 13,3 % trasladó varios trabajadores a contratos de prestación de servicios bajo el régimen del monotributo.

También reconocieron falta total o parcial del pago de contribuciones jubilatorias y de obra social, y que tienen la esperanza de poder regularizarse en una eventual moratoria.

La mayoría afirmó que los principales motivos tienen que ver con evitar suspensiones y despidos, o el fin de tratar de mantener la actividad hasta poder superar la crisis.

Al respecto, Zylberzstein expresó que “todos estos datos no hacen más que poner de manifiesto la dimensión del problema y las pésimas regulaciones estatales” porque explicó que “ni los empresarios ni los trabajadores son culpables de esta situación, que es originada por un sistema perverso que resta competitividad y que obliga a buscar rentabilidad a través de esos mecanismos para poder subsistir”.

El dirigente explicó que “el sistema aplasta a las pymes desde hace décadas” pero dijo que “no se manifestó durante los años anteriores con esta misma vehemencia porque existía una restricción externa de importaciones que ocultaba bajo la alfombra esta falta de competitividad”, pero también reconoció que “esas políticas traían alta inflación, baja inversión y nula capacidad de exportación industrial”. Sin embargo, señaló que, “en la actualidad, sacar subvenciones, quitando poder adquisitivo a la gente, y abrir las importaciones sin modificar la estructura productiva, es un atentado que causa precarización y mortalidad de las pymes”.

El referente del sector aseguró que “es casi imposible para las pequeñas empresas sobrevivir al sistema actual, siendo que abarca los salarios y los impuestos más altos de la región, una costosa y conflictiva Ley de Riesgos del Trabajo, un ausentismo del 15 % promedio, aumentos desmedidos de las tasas y comisiones de los bancos y las tarjetas de crédito;  y la energía más cara del mundo”. Además consideró como otro punto en contra de trabajo formal que “en nuestro país se da el mismo tratamiento a las empresas de mano de obra intensiva que a las de capital, lo cual, sumado a un régimen de monotributo que no contempla los salarios pagados y empuja a la informalidad, hace que dar trabajo no sea competitivo”.

Si bien el informe de INDECOM había arrojado que “el 91,6 % de los trabajadores dijo que aceptó las nuevas condiciones de precarización laboral por el temor que le genera la posibilidad de perder el empleo”, el titular de FECIBA explicó que “el crecimiento del trabajo en negro no depende sólo de los empresarios porque hay empleados que proponen no estar en blanco o registrar menos horas de trabajo para que no se le apliquen los descuentos (jubilatorios y de obra social, ni los impositivos, como el impuesto a las ganancias) o para poder acceder a algún tipo de asistencia económica por parte del Gobierno”. También agregó que “hay muchos trabajadores que prefieren hacer “changas” cerca de sus casas, aún ganando menos dinero, para evitar los elevados gastos de transporte y comida que actualmente les quitan gran parte de sus ingresos”.

Zylberzstein reiteró que “la precarización avanza en momentos de crisis porque las pymes y los trabajadores buscan sobrevivir en el marco de una perversa estructura que se construyó durante décadas” y concluyó diciendo que “el Gobierno Nacional y toda la dirigencia política deben tomar nota urgente de esta crítica situación y dejar de promover pequeñas leyes que no terminan de resolver los grandes problemas, para dar de una vez por todas un debate serio acerca de la estructura impositiva que se debe tener en pos de lograr un país industrializado y de pleno empleo registrado”.

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Boleto escolar sin cambios en Bahía

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En Bahía Blanca la aplicación “universal” del boleto educativo anunciado la semana pasada por la gobernadora María Eugenia Vidal no tendrá impacto al menos en el corto plazo. La primera etapa alcanza al alumnado de escuelas primarias y secundarias y estudiantes de la Universidad de La Plata pero financia solamente las líneas provinciales.

Para que el estudiantado bahiense puede gozar del beneficio establecido por la Ley 14.735 el municipio debe destinar unos quince millones de pesos. En la actualidad las alumnas y los alumnos de las escuelas primarias y secundarias públicas o de gestión pública cuentan con un 50% de descuento y quien concurren a terciarios o universidades un 40% sobre la tarifa plana de 8,80 pesos. Para ello se destinan alrededor de quince millones, trece de los cuales fueron tomados del Fondo Educativo.

“Subsiste un debate que tiene que ver con el financiamiento de esta gratuidad, de este beneficio, y va a haber que darlo a nivel local porque esto que anunció la gobernadora no está estrictamente dirigido a servicios municipales sino que tiene alcance sobre jurisdicción provincial”, dijo a FM De la Calle el ex gerente y ahora asesor de Bahía Transporte SAPEM, Adrián Saschrgorodsky.

El funcionario advirtió que aún no tuvieron acceso al texto de reglamentación de la Ley para saber si la provincia enviará fondos a los municipios y explicó que “por encima de lo que hoy demanda el transporte público, generar esa gratuidad implicaría un desembolso, cualquiera sea el origen del recurso, del orden de los 15 millones de pesos al año si nos manejamos con base en la tarifa actual. Para el año próximo imagino que con algún incremento tarifario que se va a dar a nivel país, esa cifra puede incrementarse en algún porcentaje”.

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Ángel Almada presente, ahora y siempre

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(Por Camila Recalde) Casi cinco meses que no se encuentran respuestas. Fue el 5 de marzo cuando la familia Almada recibió ese golpe, el del knock out, el que los dejó sin respiros y sin ganas de seguir. Ángel, con tan sólo 17 años, había sido encontrado bajo el puente peatonal que conecta Ingeniero White con el Boulevard. Tras varios días de estar hospitalizado, se conoció la trágica noticia: él ya no estaba entre nosotros.

Rápidamente, los rumores comenzaron a circular, versiones de todos los tamaños y colores sobre qué le había sucedido aquella madrugada al joven integrante de la Orquesta Escuela de Ing. White.

Hoy, después de tanto tiempo, demasiado tiempo, las hipótesis siguen existiendo, y los culpables siguen libres. Porque Ángel no se suicidó, aunque eso se quiso creer desde un principio. La policía de la Comisaría Tercera de la localidad portuaria mantuvo su idea firme al comienzo de la investigación, la que sostenía que Ángel se había tirado del puente, por decisión propia. Sin embargo, la familia de la víctima aseguró desde un primer momento que lo que ocurrió fue un asesinato, y que se debían encontrar a lxs culpables.

Lxs mismxs culpables, que aún hoy siguen sin aparecer, porque no se dejan encontrar o porque no se lxs busca bien. A propósito de esto, la hipótesis que sostienen los Almada también está vinculada al delegado de White, Marcelo Acosta, quien tendría relación con el caso.

Viendo y considerando que aún no se hizo justicia, amigxs y familiares organizaron una nueva movilización, pacífica como siempre, pero algo diferente esta vez, que comenzó a las 13 y finalizó cerca de las 19 del sábado. Se hizo un mural en la Escuela Técnica N°1, ubicada en Dasso y Cabral. Allí, varios movimientos dieron el presente y pintaron en una de las paredes, la frase “Como una estrella fugaz fue tu andar por este mundo, pero tu llama indeleble nunca se apagará” y un retrato de Ángel. Además, la Orquesta Escuela junto a otrxs artistas, dieron una muestra musical y acompañaron en lo que fue una hermosa tarde.

Se vivió un ambiente cálido, en todo sentido. Un atardecer soleado que acompañó muchas risas, emoción, amor y alegría. También se leyeron algunos poemas, y se pintaron remeras y carteles.

Finalmente, el grito de todxs lxs que asistieron: “Ángel Almada PRESENTE, ahora y siempre”.

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Pronósticos reservados para la evolución económica

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(Por Julio Gambina) La información actualizada que ofrece el FMI es un llamado de alerta sobre la evolución de la Economía Mundial. El resultado del plebiscito británico para salir de la Unión Europea, el BREXIT, le agregó “incertidumbre” a la economía mundial, dice el FMI en la revisión a la baja de las proyecciones de evolución económica del sistema mundial.[1]

Destaca el informe que el principal impacto estará en Gran Bretaña y Europa pero también en las principales potencias del capitalismo mundial y como novedad, en los llamados países “emergentes”.

Estos países “emergentes”, durante un buen tiempo luego de estallada la crisis mundial capitalista en 2007/08 fueron receptores de los flujos internacionales de capital y por lo tanto aparecían “por afuera de la crisis”. El espejismo del crecimiento económico en estos países inducía opiniones erróneas sobre la territorialidad de la crisis.

Los nuevos datos derivados de la caída de los precios de las commodities, entre otras cuestiones, morigeran el crecimiento y en algunos casos se procesa la recesión (Brasil caerá 3,3% este año), contribuyendo al deterioro de los indicadores económicos regionales y globales.

Respecto de América Latina se asume una leve mejoría en el marco de una tónica de escepticismo sobre el futuro inmediato, con una opinión satisfactoria sobre el restablecimiento de una lógica pro mercado y liberalización, especialmente derivada de la situación en Argentina.

“En Argentina, la transición a un marco de política macroeconómica más coherente y creíble sigue avanzando, y debería afianzar las perspectivas de crecimiento a mediano plazo, aunque el impacto adverso en la actividad a corto plazo ha sido mayor de lo previsto. El ajuste de los precios relativos en el primer semestre de 2016 —tras la depreciación del tipo de cambio y el alza de las tarifas de los servicios públicos— ha acelerado la inflación y perjudicado el consumo privado. Ahora la actividad económica probablemente empezará a recuperarse hacia finales de 2016, a medida que la inflación se modere gradualmente, que se estimule el gasto y que se reduzcan las tasas de interés. Se prevé que la orientación más acomodaticia de las políticas monetaria y fiscal promueva el crecimiento en 2017, pero que complique el cumplimiento de las metas fiscales y de inflación anunciadas este año”.[2]

La Revista The Economist destaca el programa pro mercado del gobierno Macri, al tiempo que llama la atención sobre la recesión, coincidiendo con la proyección del FMI de una caída del 1,5% del PBI de Argentina para este 2016. El punto de partida de la evaluación ponderada es la modificación cambiaria, la eliminación de las restricciones a la compra venta de divisas, el acuerdo con los acreedores externos y la eliminación o reducción de las retenciones. Son esos los puntos de coincidencia de la Revista británica y el organismo internacional. Ambos llaman la atención sobre la inflación inducida bajo la nueva política económica y especialmente el conflicto social a ello vinculado.

El lenguaje de los analistas remite a formulaciones técnicas, pero la realidad de la protesta interviene en la consideración de la realidad económica y política de la Argentina. La preocupación de las clases dominantes se asienta en el paro nacional de fines de abril y su probable recreación en el corto plazo; más aún con el clima social contra el tarifazo y el ajuste en general, que involucra a sectores medios.

Desde el poder son conscientes que el conflicto ahuyenta inversores externos que buscan “seguridad jurídica” en sus inversiones, con retornos asegurados en tiempos de incertidumbre mundial.

Resuena el interrogante entre empresarios e inversores locales y externos sobre la posibilidad del oficialismo para contener el conflicto y disciplinar a la sociedad. El protocolo de seguridad no funcionó, mucho menos si la protesta es masiva, por lo que se ensayan otras formas para la represión o el control del conflicto, especialmente con el chantaje económico exacerbado ante las restricciones de un ingreso popular disminuido.

El gobierno acelera la reinstalación de la Argentina en la liberalización de la economía mundial, precisamente cuando la globalización capitalista está cuestionada, no solo por el voto británico. El problema político es la acumulación por derecha de esta crítica, expresión manifestada por Donald Trump en EEUU, lo que exige construir una perspectiva crítica desde los pueblos para la emancipación.

Notas:

[1] http://www.imf.org/es/News/Articles… (visto el 22/07/16)

[2] http://blog-dialogoafondo.org/?p=6677 Nota de Alejandro Werner sobre las perspectivas de América Latina, del 20/07/2016. (visto el 22/07/16)

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Crece la tortura en Argentina pero la justicia no condena

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El Comité de Derechos Humanos de la ONU (CDH) acaba de publicar sus evaluaciones para el quinto informe periódico presentado por Argentina. Entre sus preocupaciones apunta al aumento de las denuncias por torturas en lugares de encierro y las prácticas violentas de la policía. En contraste con esto, se señala el escaso número de condenas a los agentes del estado responsables de estos crímenes. El CDH destaca positivamente una iniciativa de la CPM con el GESPyDH del Instituto Gino Germani de la UBA y la Procuración Penitenciaria de la Nación: la creación del Registro Nacional de Casos de Torturas y otros malos tratos (RNCT).

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) había presentado un informe alternativo con una sistematización de su trabajo y datos rigurosos sobre la provincia de Buenos Aires, señalando las graves violaciones de derechos humanos en cárceles, comisarías, institutos de jóvenes, neuropsiquiátricos, el accionar policial, la justicia y los medios de comunicación, entre otros temas.

Desde la ONU observaron con especial preocupación la violencia institucional y específicamente la penitenciaria que “se manifiesta por el elevado número de casos de tortura y malos tratos contra personas privadas de libertad, producidas incluso por la existencia de autogobierno y el escaso número de condenas de los responsables y las sanciones leves impuestas a los autores”.

En este sentido, el CDH ve de manera positiva la sanción de leyes como la que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, aunque lamenta la demora en su efectiva implementación. Del mismo modo, toma nota de la creación del Registro Nacional de Casos de Tortura (RNCT), pero lo contrasta con la no consolidación un sistema único de registro a nivel federal.

El informe inicia sus observaciones subrayando que “el Estado parte debe asegurar el fortalecimiento de las instituciones destinadas a la promoción y protección de los derechos humanos, particularmente las instituciones destinadas al proceso de memoria, verdad y justicia, a través de la participación de la sociedad civil y asignación de recursos materiales y humanos suficientes”.

Violencia penitenciaria y prevención de la tortura

Aunque el Comité tomó nota de la creación del Registro Nacional de Casos de Tortura y otros malos tratos, se mostró especialmente preocupado por la información respecto al funcionamiento del sistema penal en el país, uno de los ejes centrales de la información remitida por la CPM.

Las requisas vejatorias, la alta tasa de violencia entre los detenidos, particularmente en la provincia de Buenos Aires, los traslados forzosos y el recurrente uso de la reclusión en régimen de aislamiento como método de castigo son algunos de los puntos que cuestiona el CDH al estado. Las condiciones de detención y los altos niveles de hacinamiento, “que se muestran incluso por la utilización de estaciones policiales como lugares permanentes de detención” se agregan a esta lista de observaciones respecto de la situación carcelaria.

Otra preocupación vinculada es que a “sólo un número reducido de víctimas de la tortura se le haya concedido una reparación tras las actuaciones judiciales. Pese a la adopción de la Ley 26.827 que creó el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en 2012, el Comité lamenta que el Mecanismo Nacional de Prevención aún no haya sido implementado”.

Entre las recomendaciones sobre estos temas solicita al Estado que adopte “medidas eficaces para mejorar las condiciones materiales de los centros penitenciarios, reducir el hacinamiento existente y responder debidamente a las necesidades fundamentales de todas las personas privadas de libertad”; que cumpla con su obligación de velar porque se investiguen todas las denuncias por torturas, “asegurar que las víctimas reciban una reparación adecuada, Implementar el sistema unificado de registros de hechos y víctimas de tortura y agilizar la adopción de las medidas jurídicas necesarias para asegurar que el mecanismo nacional de prevención sea establecido”

Detenciones arbitrarias y prisión preventiva

En otro apartado del informe, el CDH de la ONU advierte al estado Argentino sobre una práctica policial sistemática que desde la CPM se ha denunciado en reiteradas ocasiones: las detenciones arbitrarias por averiguación de identidad o antecedentes. Lo expresa de este modo: “el Comité reitera su preocupación por la normativa y prácticas de la policía para detener a personas con el objeto de averiguar su identidad sin orden judicial anterior y por un largo periodo de tiempo, sin que la persona detenida sea llevada ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer un control judicial”.

En este sentido, sugiere al Estado “tomar todas las medidas necesarias, incluyendo medidas legislativas, con el fin de combatir eficazmente las detenciones no vinculadas a la comisión de un delito. Por último el informe destaca especialmente su preocupación “respecto a la larga duración de la prisión preventiva y la alta proporción de reclusos detenidos en este régimen, lo cual alcanza más de la mitad de la población carcelaria en el Servicio Penitenciario Federal”. En la provincia de Buenos Aires, la CPM denunció en su informe anual presentado en 2015 que el índice de detenidos sin condena alcanza al 60%.

Por esto, invita al Estado a encontrar prácticas y medidas alternativas a la prisión preventiva para asegurar que este sistema de detención no sea la norma.

Conclusiones generales

En el informe se presentan además algunos puntos vinculados a otras cuestiones asociadas a la violación de los derechos humanos. Violencia de género, interrupción voluntaria del embarazo, discapacidad, identidad de género, libertad de expresión y pueblos originarios.

Para la CPM el informe tiene un valor fundamental porque llama la atención al Estado argentino respecto de su responsabilidad en la garantía de los derechos fundamentales de las personas, al mismo tiempo que sus recomendaciones deben considerarse de manera prioritaria en la definición de las políticas públicas.

Cabe señalar que el Comité de Derechos Humanos está integrado por expertos y académicos independientes de diversos países del mundo y fue creado en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en nuestro país se encuentra incorporado a la Constitución Nacional con igual jerarquía normativa.

Fuente: CPM.

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#Teteada masiva en Bahía

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“Tres de cada diez personas consideran que está mal amamantar en público. Lo que vamos a tratar de visualizar con esta teteada masiva que vamos a hacer en el Teatro Municipal son los beneficios de la lactancia materna, los del parto natural para tener una buena lactancia y el impulso urgente de que exista una licencia por maternidad de seis meses y no de un mes y medio como tiene Argentina”, dijo a FM De la Calle Nadia Fernández desde el Círculo de Mujeres de Bahía Blanca.

La tarde del 12 de julio Coni Santos salió del Banco Nación de San Isidro luego de hacer cola por más de una hora con su bebé de 9 meses en brazos y se sentó en una plazoleta cercana para atender el reclamo de alimento por parte de su hijo. Al rato, dos mujeres de la Policía Local intentaron detenerla con el argumento de que está prohibido amamantar en público.

Constanza se negó y prefirió alejarse para no molestar aún más al bebé con la actitud policial. Luego quiso denunciar la situación, entre otros lugares, en la Comisaría de la Mujer donde le negaron esa posibilidad ante la inexistencia del delito. El hecho causó indignación y se viralizó en las redes sociales donde se multiplicaron las convocatorias a tetazos y manifestaciones similares en distintos puntos del país.

“Me parece raro que personal de las fuerzas de seguridad pretendan que una mamá salga de una plaza, de un espacio público, porque le resulta inapropiado, indecoroso, que esté dando la teta. Creo que igual es una apreciación particular de estas dos mujeres policías y salieron a defender desde Posse, que es el intendente de San Isidro, y Ritondo a nivel provincial como apaciguar un poco las aguas porque salió por todos lados esto de la teteada masiva. Pero bueno, llegan tarde”, agregó Fernández.

Además, opinó que “estaría bueno que se le dé curso de capacitación sobre lactancia al personal que está en contacto con la comunidad”.

En cuanto a las ventajas de la lactancia materna, Nadia agregó que “se genera un vínculo especial con ese bebé que tiene una salud mucho mejor que uno que se cría a mamadera, si no queda otra se trata de apoyar a esa mamá que tiene que dar leche de fórmula por una razón equis pero deberían existir dulas, puericultoras, en todas las maternidades y lugares donde podamos consultar. Las primerizas generalmente tienen dificultades y salen de los hospitales sin saber amamantar”.

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ATE rechazó acuerdo salarial

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La Federación de Gremios Estatales Bonaerenses (salvo AEMOPBA), UPCN y SOEME aceptaron esta semana un aumento salarial del 16% hasta el 30 de septiembre alcanzando, según informó la provincia, un 31% desde enero a octubre en comparación con diciembre de 2015. ATE y CICOP rechazaron la oferta por “insuficiente” frente a la inflación mayor al 40%. En provincia impulsan un paro para el 1 de agosto.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Oscar de Isasi, destacó ayer por FM De la Calle que si bien el gobierno reconoció que el suyo es el gremio con mayor cantidad de afiliadas y afiliados esto “no alcanza” porque “si se juntan otros gremios y suman tienen mayoría y eso fue lo que pasó”.

“Es un aumento de 1268 pesos -si no me equivoco- para los auxiliares de la educación para este trimestre, de 1000 pesos promedio para los administrativos y de 1500 pesos para quienes trabajan 48 horas en los hospitales públicos que son enfermeros y enfermeras. No le voy a poner más calificativos, quien está escuchando en Bahía sabe lo que eso significa, un auxiliar pasaría a tener un salario mínimo de 9500, si alquila y tiene dos hijos mucho más que argumentar no hay. Por eso lo rechazamos categóricamente y planteamos que se haga una nueva oferta”, afirmó.

Para el dirigente, al no ser retroactivo, el aumento salarial “ni siquiera nos permite recuperar lo que hemos perdido en el primer semestre”. Por otro lado, aseguró que desde ATE plantearon “que no se descargue la crisis sobre los trabajadores y se reinicie el proceso de pase a planta permanente de miles de trabajadores que hoy no tienen estabilidad y que se derogue el Decreto 618 que congela las vacantes”.

“Hoy para nombrar un camillero en el Penna no tenemos cargo, solo podría ingresar por el contrato autónomo de la Ley de Emergencia Administrativa que le quita derechos porque expresamente dice que no implica derechos de la Ley 10.430 y que no genera ningún tipo de expectativa de continuidad laboral, es decir, que ni sueñe que alguna vez pase a planta permanente”.

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AMIA: “La causa es el inventario del mal”

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Raúl Woscoff, asesor de la Unidad AMIA, aseguró en el marco del 22º aniversario del atentado a la mutual judía que los juicios en ausencia a los sospechados del crimen y la creación de una comisión investigadora propuesta por APEMIA no son alternativas excluyentes sino “complementarias” para alcanzar la verdad.

En diálogo con FM De la Calle el ex concejal calificó a la investigación como “el inventario del mal” porque “están todas las irregularidades habidas y por haber patentizadas en esa causa”.

“La secretaría colabora con la Unidad Fiscal, propone medios de prueba relacionadas incluso con la causa en sí que continúa en trámite donde estamos tratando de reflotar pistas o situaciones que no fueron debidamente investigadas, que tiene que ver con la conexión local y relacionado con el aspecto internacional, como saben la causa está paralizada porque hay una acusación contra iraníes que no prospera en función de los pasos procesales que hay que dar porque falta cooperación de la República Islámica de Irán”, explicó.

Woscoff opinó que “el juicio en ausencia permitiría evitar esa parálisis porque de esta manera la impunidad queda totalmente consagrada” y apoyó “la idea de que se constituya una comisión nacional en el Congreso, que se la denomina genéricamente como la CONADEP de la AMIA, si bien aquí a diferencia de la CONADEP ya los juicios y las investigaciones están en trámite. El propósito de obtener la posibilidad de desclasificar la información y de fijar responsabilidades de los organismos nacionales o internacionales lo compartimos”.

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Teléfono para las telefónicas

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Frente a la sede de la empresa Telefónica de Berutti 54 se concentrarán desde las 15 trabajadoras y trabajadores de telecomunicaciones y se movilizarán luego en demanda de una mejora salarial. La protesta será fuera del horario laboral porque rige la conciliación obligatoria en la paritaria del sector.

Desde el Sindicato de Obreros Empleados y Especialistas de los Servicios e Industrias de las Telecomunicaciones de Bahía Blanca, Hugo Astorga informó a FM De la Calle que exigen un incremento del 39% y un bono alimentario que compense el desfase registrado durante el primer trimestre.

“La única propuesta concreta de la empresa ha sido un 20% para el salario de julio y diferir algunos números para el primer semestre del año que viene. Si bien la paritaria nuestra compete desde el 1 de julio al 30 de junio entendemos que ha habido un impacto terrible sobre los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores que debe ser subsanado en el transcurrir de este 2016”.

Recordó que “el propio ministro de Economía anunció que la inflación prevista hasta diciembre es del 42%, vemos que hemos percibido un 7,8% en abril y algún 1 o 2% en enero que fue una suma fija”. La protesta será en simultáneo con otra que tendrá lugar en Neuquén.

La movilización pretende esclarecer a la comunidad “respecto a la falta de respuesta al reclamo salarial efectuado a las compañías de telecomunicaciones, abarca a Telefónica, a Telecom, a Movistar, a Personal y también debería abarcar a Claro que se está negando a aceptar el convenio colectivo de trabajo que represente en las telecomunicaciones a sus trabajadores. (…) No sé si estarán afiliados porque Claro -valga la redundancia- tiene una clara persecución  hacia sus trabajadores por cualquier forma de sindicalización”.

Finalmente, Astorga destacó que esperan que el Senado transforme en ley el proyecto de participación en las ganancias empresariales que ya obtuvo el aval de la Cámara de Diputados.

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