La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó la falta de mérito del dueño de La Nueva Provincia, Vicente Massot, imputado por crímenes de lesa humanidad, y declaró abstracto el pedido de nulidad de lo actuado por el abogado Claudio Pontet, quien benefició al empresario en marzo de 2015.
Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia habían cuestionado aquel fallo ante la Alzada local, cuyo ex presidente Néstor Luis Montezanti presentó ayer la renuncia al cargo -en el cual estaba suspendido- jaqueado por un jury que le reprocha su pasado como personal civil de inteligencia del Destacamento 181 y sus vínculos con la Triple A. Con la lectura del veredicto establecida para el próximo jueves, el Ministerio de Justicia deberá decidir si acepta o rechaza la dimisión. En la causa Massot se había involucrado para exonerar al juez Álvaro Coleffi.
Ayer, Pablo Candisano Mera y el camarista marplatense Jorge Ferro firmaron la sentencia y dijeron que, “por el momento”, no se encuentra acreditada la responsabilidad de Massot como coautor de los homicidios de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola y de haber efectuado “aportes esenciales” en los secuestros, torturas y asesinatos de otras 35 personas a través de tareas de acción psicológica desplegadas por su multimedio.
Pablo Candisano Mera.
En cuanto a la validez de la intervención de Pontet, Candisano Mera validó sus actos y afirmó que su designación no adolece de vicio alguno y, en ese sentido, el Consejo de la Magistratura solo se limitó a no ratificarla”. Ferro contrapuso que el letrado “no estaba en condiciones legales ni reglamentarias para acceder a tal cargo” aunque coincidió en que finalmente el pedido fiscal, con el juez fuera de la causa, “cae en abstracto”.
Los magistrados manifestaron que las operaciones psicológicas, según su lectura de las normativas militares, eran planificadas y desarrolladas por los uniformados y que “el control y fiscalización gubernamental de los medios de comunicación en la lucha contra la subversión también estaba consagrado reglamentariamente”.
“No es posible considerar como lo hacen los fiscales que toda esta responsabilidad recayera en una empresa privada, o en un civil, siendo más lógico y razonable, a la par de legal y reglamentario, que el Jefe de Operaciones de la Zona 5 se valga de aquellos elementos que le puedan resultar útiles en su planificación, resultando La Nueva Provincia ineludible en esta ciudad y alrededores, especialmente por su posición en el mercado local y su enfoque ideológico abiertamente expuesto”, dijo el autor del primer voto.
El veredicto compartió la “cuasi legalidad de la época” planteada por Pontet reconociendo los decretos del gobierno de Isabel Perón para “aniquilar la subversión”. “En ese marco de violencia política, dado fundamentalmente por el accionar, por un lado, de agrupaciones como Montoneros y el ERP y, por el otro, de grupos parapoliciales apañados por el Estado como la Triple A, el golpe militar no fue resistido por la sociedad, sino más bien aceptado, en algunos casos con resignación, en otros con entusiasmo, en especial en los medios de prensa”.
Como “para ciertos sectores de la sociedad”, entre ellos la empresa de la familia Massot, “la subversión armada era un peligro actual, real y palpable, por lo que la acción psicológica militar sobre ella, solo tendría que acentuar el miedo sin necesidad de convencer. Por ello es que no puede considerarse acreditado que el diario y/o sus directivos tuvieran un conocimiento previo y certero respecto de la realidad de la lucha contra la subversión”, entendió Candisano.
Al amparo de la “libertad de prensa”, agregó: “De allí también que la línea editorial, si bien no era muy diferente antes, alentara y proclamara la necesidad de aniquilar la subversión de la que legítimamente podían sentirse blanco, y dicho mensaje no era más que el oficial y, aún sin saberlo, hasta legal, según los cánones de legalidad de la época”.
La Fiscalía ubicó al actual director del diario dentro del “núcleo duro” de administración del multimedios, en una segunda línea compartida con su hermano Federico, subordinada a la madre de ambos, Diana Julio. Para ello destacan su carácter de dueño, de ser el encargado de representar internacionalmente a la empresa, de queintervino en forma directa y personal en los conflictos laborales haciendo labrar actas notariales, que tuvo reuniones con jerarcas de las fuerzas represoras y que cobraba sueldo como editorialista. Los jueces opinaron que nada de ello fue probado.
Por ejemplo, su rol de correo entre los genocidas Guillermo Suárez Mason y René Azpitarte, en medio de una interna militar, no significa “elemento cargoso alguno, pues dada la presencia prácticamente hegemónica del diario a nivel local y regional, resulta razonable que guardaran buenas relaciones con las distintas autoridades asentadas en la ciudad, ya sean nacionales o provinciales, civiles o militares”.
“La extensa y compleja imputación fiscal fue tratada en profundidad por el a quo y descartada por falta de elementos probatorios que la confirmen, pues no se ha acreditado que el imputado tuviera algún grado de participación en los hechos endilgados, teniendo en cuenta la edad, lugar de residencia y su actividad al momento de los hechos”, culminó Candisano Mera.
Jorge Ferro.
El marplatense Jorge Ferro, presidente del Tribunal Oral que ordenó investigar el rol de La Nueva Provincia tras condenar a 17 represores del V Cuerpo de Ejército, firmó que “hasta el momento no se han podido acreditar” los delitos imputados, “pues la sola circunstancia de publicar ciertas ideas más afines a gobiernos dictatoriales o una línea editorial que muestra el perfil que sostiene el diario La Nueva provincia, no obstante que no se compartan tales ideales, por sí solo no dan la idea acabada de haber formado parte del plan criminal y formar una asociación ilícita a partir del Terrorismo de Estado”.
“Si bien he dicho en la causa N° 982 que le resulta arbitraria la consideración que los militares ‘utilizaron’ a La Nueva Provincia y admitieron una acción psicológica, imputar por ahora a todos los directores de diarios sería aplicar la lógica de libre convicción ya que, insisto, hasta el momento no se valoró elemento alguno que lo acredite”, escribió.
En la misma línea, subrayó que “tampoco ha sido demostrado ni siquiera indiciariamente” que “el imputado asumió voluntaria y conscientemente su parte en el plan delictivo, realizando actividad de inteligencia, en las especialidades de selección de blancos, construcción del enemigo, actividad psicológica de persuasión, compulsión y sugestión de la población, enmarcada incluso en los reglamentos militares, hasta el momento y con la indulgencia de las pruebas que exige este estado procesal”.
