Integrantes de organizaciones ambientales de la ciudad participaron ayer en la Cámara de Diputados de un encuentro para debatir un proyecto de ley que logre “un equilibrio entre salud y comunicaciones” en la regulación de radiofrecuencias, “fijando límites de protección similares a las normativas más estrictas implementadas en distintos Estados” para mejorar “la calidad y objetividad de la información brindada a los usuarios sin perjudicar la eficacia o factibilidad de los servicios”.

Gladys Girotti, presidenta de Salud Ambiental en Acción y vocera del nutrido grupo de agrupaciones que participaron de la jornada consultiva, comentó a FM De la Calle que el encuentro surgió tras el “escandaloso proyecto 1941 que trataba de que las telecomunicaciones móviles fueran nombradas de interés público nacional y, de esta manera, podían poner antenas en las propiedades de todas las personas sin necesidad de pedir autorización”.

Las ONG´s y sindicatos, con el acompañamiento de lxs legisladorxs Gabriela Troiano, Carlos Rubín, Diana Conti y Carolina Gailalrd, revisaron y reimpulsaron una iniciativa que ya fue presentada en 2011, 2012 y 2014 por lxs diputadxs Verónica Benas y Antonio Riestra sin lograr su tratamiento. “Hicimos algunas modificaciones que creíamos necesarias pero los fundamentos son los mismos solo con mayor aval científico”, explicó Girotti.

Las jornadas consultivas contaron con la participación del dr. Ignacio Casas Parera, especialista en neurooncología, jefe del Departamento de Neurología del Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, quien analizó la incidencia de tumores del sistema nervioso central; la dra. María Inés Sasiain, integrante del consejo directivo de CICOP, quien se refirió al costo que representaría al Estado un incremento eventual en el número de pacientes oncológicos. Por otra parte, el bioquímico Eduardo Legaspe explicó los efectos biológicos de las radiofrecuencias y el ingeniero Guillermo Defays discutió los aspectos técnicos involucrados en la normativa.

Girotti destacó que profesionales de la salud se involucren en el tema dado que muchas veces “reconocen a sus pacientes que la causa de su enfermedad pueda ser por las antenas pero al momento de tener que salir a investigar y hablar públicamente no quieren meterse en discusiones”.

El Concejo prorrogó plazos para que las empresas adecuen sus antenas

Durante la entrevista, la titular de Salud Ambiental en Acción se mostró sorprendida por la prórroga de los plazos para que las empresas ajusten su tecnología a la normativa local. “La ordenanza 17.130 pedía que en el plazo de noventa días las empresas presentaran la declaración jurada de todo lo que tenían instalado y a partir de ahí había 18 meses para adecuación de la tecnología que tenían instalada más lo que vayan a instalar para bajar los niveles de potencia”.

 “Nos sorprendió que el miércoles, sin que haya llegado con tiempo como para que los concejales pudieran analizar la situación, se pidiera un plazo de prórroga para la presentación de estas obligaciones que tenían las empresas y darles un plazo de 24 meses. Son cosas que no entendemos, en primer lugar, por qué ampliar rápidamente los plazos, que llegue a la mañana algo para votar al mediodía que los concejales no tienen tiempo para analizar y muchos ni siquiera saben lo que es una torre antena, la mayoría no intervino cuando se votó la ordenanza en 2013. En segundo lugar, ¿para qué quieren prórroga en una ordenanza que está suspendida? Recordemos que la Municipalidad, el gobierno anterior, no presentó apelación en su defensa cuando la judicializó por quinta vez Telecom, dejó que se vencieran los plazos cuando en las cuatro veces anteriores había sido respaldada por la justicia federal”, se preguntó Girotti.

Adhieren a la iniciativa presentada en el Congreso las ONG’s Aletheia por la Vida, Nuevo Ambiente, Consumidores Responsables, Red de Barrios Irradiados, Vecinos Subestación  Sobral Ezpeleta, Asamblea Rigolleau, CTA Autónoma Provincia de Buenos Aires, ATE Provincia de Buenos Aires, Vecinos Autoconvocados de Campo Quijano (Salta), Vecinos autoconvocados de Gral. Güemes (Salta), AVDA  Asociación Vecinal en Defensa del Ambiente Gral. Cerri (Bahía Blanca), Sociedad de Fomento y Cultura de Villa Amaducci (Bahía Blanca), Sociedad de Fomento Ing. Pedro Pico, Ayuda-Le “Ayuda al leucémico” (Bahía Blanca), Vecinos Autoconvocados de Gral. Roca, Foro de la Niñez Bahía Blanca, FUNAM, Asociación Vecinal Dr. Enrique Finochietto Ciudad Autónoma,  ONG Ambiente Comarca (Tornquist), UETTEL (Unión de empleados y técnicos  de las telecomunicaciones) y Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca, con el valiosísimo apoyo del Servicio de Paz y Justicia que preside Adolfo Pérez Esquivel.

Trabajadorxs despedidos por el gobierno de más de 100 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en todo el país, dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, denunciaron su situación. Se trata de más “más de 170 trabajadores de los Centros de Acceso a la Justicia y los telegramas siguen llegando”.

“En Bahía Blanca se desarticuló el organismo, ya que de sus tres trabajadores 2 fueron despedidos sin justificación ni causa”.

Desde este organismo “se ofrecía a la comunidad un servicio gratuito de asesoramiento jurídico, derivación institucional, acompañamiento psicosocial y mediación comunitaria, como así también la constante articulación con los distintos organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal con el fin de garantizar el ejercicio de derechos”.

Por esto denuncian que Bahía Blanca se encuentra “sin acceso a la Justicia. El CAJ de nuestra ciudad se ve imposibilitado de poder cumplir con sus tareas como es debido, asimilándose así su situación a los más 60 Centros cerrados en todo el país por no contar con personal que los atienda, dejando a la comunidad sin este recurso fundamental que ya ayudo a más de 2 millones de personas”.

Comenzó el paro por 48 horas en la Universidad Nacional del Sur a partir de las resoluciones del último congreso de Conadu Histórica, federación que definió un plan de lucha nacional reclamando la inmediata apertura de las negociaciones que permitan un incremento salarial del 45%. Además de este miércoles y jueves, desde ADUNS se plegarán a las medidas anunciadas para el martes 29 y miércoles 30.

“La paritaria de 16 meses que nos desplazó del ciclo común de discusión de todos los estatales fue firmada, no por la Conadu Histórica, en el 2013. Hoy nuestra paritaria vence el 30 de mayo de 2016 con lo cual empezaríamos a discutir un salario a partir del mes de junio”, dijo a FM De la Calle Sergio Zaninelli, secretario general de ADUNS y gremial de la ConaduH.

La docencia universitaria, además de la apertura de paritarias, reclama la plena aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo en todas las Universidades Nacionales, derogación del impuesto a las ganancias, contra el ajuste presupuestario y en defensa de la educación pública.

Zaninelli afirmó que “si uno ve el nivel de adhesión a la medida de fuerza de hoy, claramente dejó de ser el paro exclusivo de los docentes de las escuelas medias sino que también hay un alto grado de adhesión en docentes de la universidad porque objetivamente ven que en estos primeros noventa, cien días de gobierno de Macri el ajuste al bolsillo, al poder adquisitivo de nuestros salarios, ha sido demoledor”.

Por otra parte, el congreso de ConaduH votó por unanimidad generar un encuentro con otras federaciones docentes, Conadu sería una de ellas, con la intención de coordinar un plan de lucha unificado y la redacción de un documento que describa la situación actual y los reclamos de toda la docencia universitaria y preuniversitaria.

“Se han iniciado gestiones de coordinación con otras federaciones, lo bueno es que Conadu ya ayer definió un paro de 24 horas el 30 de marzo, o sea que quizás es la primera vez en muchos años que la dos federaciones más grandes del país vayamos a un plan de lucha conjunto y eso también habla a las claras del grado de depreciación de nuestros salarios”, sostuvo el dirigente.

En tanto, las asociaciones de base de la Conadu Histórica confluirán mañana en la jornada contra la criminalización de la protesta y por la derogación del Protocolo anti piquetes lanzada por las Federaciones Universitarias de Buenos Aires (FUBA), La Plata (FULP), Comahue (FUC) y Patagonia (FUP).

“En un marco de decisiones macroeconómicas que reasignan miles de millones de dólares a los que más tienen, a nuestros chicos se les restringe la leche y el pan”, aseguraron el ex concejal Raúl Ayude, integrante de la agrupación Nuevos Vientos, y el ex consejero escolar Roberto Jarque, miembro de la Corriente Comunista David Watu Cilleruelo.

Los dirigentes repudiaron en un comunicado el anunciado recorte de los cupos en los comedores escolares y destacaron que “los desayunos, almuerzos y meriendas cumplen un rol indispensable para la educación de muchos de los alumnos, complementando la alimentación familiar deficiente”.

“Durante 2015 hubo 20.017 cupos de Desayuno Merienda Complementaria los que fueron recortados, según nota de la Dirección General de Cultura y Educación, a 16.578. 3.439 cupos menos. Por cada cupo se abona diariamente $3,95. Lo que correspondería a $300.000 mensuales. Durante 2015 hubo 3.815 cupos de Servicio Alimentario Escolar cuyo recorte en 2016 fue a 3.315, 500 menos. Por cada cupo se abona diariamente $6,30. Equivaldría a unos $ 70.000 mensuales”.

Ayude y Jarque recordaron que dichos montos no fueron actualizados desde 2014 y, por ende, perdieron poder adquisitivo, agravádose la situación con los aumentos de más del 40% en alimentos básicos desde noviembre hasta la fecha. “Sobre eso, el recorte”.

“Las escuelas hacen milagros para poder cumplir con su tarea con los montos recibidos, sufriendo el aumento de necesidad por la coyuntura económica actual. Con estas decisiones las autoridades provinciales y locales muestran hasta donde están dispuestos a llegar, presionan sobre las cooperadoras y docentes de las escuelas, intentando que estos se paren en la puerta del comedor para designar quien come y quién no”, manifestaron.

Para los referentes, “mientras se decide quitar retenciones al agro y a las mineras, se devalúa el peso con relación al dólar, con la consiguiente alza del valor de los alimentos básicos, aumentan los servicios, aumentan los alquileres, el detenimiento de la obra pública con el aumento del desempleo y la baja de las changas con las que muchas de las familias más humildes cubrían sus necesidades. La decisión que toma el Estado en ese sentido es de recortar los cupos de los comedores, único espacio de contención alimentaria de nuestros chicos”.

“Lejos de avanzar hacia pobreza cero, se avanza hacia un aumento de las necesidades y un recorte en los paliativos. Trabajo digno es la solución y nunca los comedores y las ayudas, pero estas asistencias alimentarias, en un marco de emergencia como este, se vuelven urgentes e indispensables”, opinaron.

Finalmente, desde sus agrupaciones exigieron “que se respeten los cupos solicitados por cada escuela, se actualicen los montos y se releven las necesidades de los comedores, ya que en muchos casos los chicos comen por turnos por faltas de utensilios o deficiencia en las instalaciones”.

Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia solicitaron la acumulación de cuatro causas en donde se investiga la responsabilidad de integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad en crímenes de lesa humanidad cometidos en el ámbito del V Cuerpo del Ejército.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal fundamentaron el pedido en aras de lograr mayor celeridad en las actuaciones y una valoración adecuada e integral del abundante material probatorio, y “en orden a la conexidad intrínseca existente entre los eventos que componen cada una de las causas mencionadas”.

Con 65 integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad sentados en el banquillo -25 de ellos ya recibieron condenas- por delitos de lesa humanidad contra 233 víctimas, la acumulación de las cuatro causas implica el primer “mega-juicio” en Bahía Blanca. El Tribunal que llevará adelante el debate oral y público de las cuatro causas posee la misma integración.

Comunidad de actuación

Los fiscales solicitaron la acumulación en el marco de la causa “González Chipont, Julio Guillermo y otros s/privación ilegal de la libertad”, en la que a fines de diciembre de 2014 la Cámara Federal de Casación Penal había rechazado los recursos interpuestos por las defensas de los distintos imputados y que actualmente se encuentra elevada a juicio, idéntico estado procesal que los otros tres expedientes. A la hora de argumentar el pedido de unificación, Palazzani y Nebbia señalaron la “estrecha conexidad” de este expediente con las causas “Ayala”, “Araoz de Lamadrid” y “Araujo” en cuanto a una comprensión acabada del fenómeno criminal que constituye su objeto procesal.

En este sentido, indicaron que quedó debidamente acreditada la “comunidad de actuación” de las fuerzas de seguridad, tanto en lo que respecta a la actividad de inteligencia como en la fase operativa desplegada por las unidades de la Armada y el Ejército Argentino, y las fuerzas represivas que funcionaron bajo la órbita de una y otra. Como contraparte, la persecución política en la actividad delictiva se centró en todos los casos, sobre víctimas que compartían grupos y espacios de militancia y actividad social, circunstancia “determinante” de la calidad de blanco del ataque contra la población.

“Como primera característica a señalar, todos los hechos sucedieron en el mismo espacio y período, como parte del mismo plan criminal de exterminio, ejecutado por las fuerzas armadas –el Ejército y la Armada-, y de seguridad estatales, en coordinación con factores civiles y eclesiásticos”, destacaron. Los representantes del MPF expresaron además que la segmentación del proceso en diferentes juicios iría en detrimento de una adecuada valoración de la prueba, ya que se impediría que el fenómeno criminal en toda su dimensión y complejidad pueda ser abordado y examinado de manera global en un acto único, “en claro perjuicio de la fiel reconstrucción de la verdad histórica, y de la íntegra ponderación de las responsabilidades penales”.

Impunidad biológica

La presentación de los fiscales hace hincapié en que, por la complejidad propia del terrorismo de Estado, la metodología adoptada en todo el país ha sido aquella por la cual en la medida en que se encuentre completa la investigación respecto de determinados hechos y sus responsables, la instrucción sea clausurada y elevada en tramos. Uno de los riesgos que se busca evitar es la denominada “impunidad biológica”, que se configura cuando la muerte impide el juzgamiento de los imputados, “máxime considerando que en las causas ‘Araoz de Lamadrid’ y ‘Araujo’ la mayoría de los encartados superan los 70 años, llevan varios años detenidos, y de no hacerse lugar a la unificación, deberán esperar por más de dos años para ser juzgados”.

El escrito de Palazzani y Nebbia menciona la resolución PGN 13/08 de la Procuración y la Acordada 42/08 de la Corte Suprema de Justicia, en la que el máximo tribunal señaló la “legítima preocupación por la demora en la sustanciación de los demás procesos en curso”, y el “legítimo derecho a una respuesta por parte de las víctimas y deudas”. Por último, pone de manifiesto que en algunas jurisdicciones la acumulación de causas se dispuso en la etapa de debate oral, como es el caso de las causa conocida como “ESMA III –o ESMA unificada-; en Córdoba, con el expediente 136/2009 “Menéndez, Luciano Benjamín; el juicio de La Perla; o incluso lo que sucedió con la causa “Plan Cóndor”, donde hay dos expedientes que no se unificaron pero que se sustancian en el mismo debate. “Una modalidad diferente pero con el mismo fin”, concluyeron.

Fuente: fiscales.gob.ar

La Secretaría de Gestión Ambiental del municipio informó ayer que el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) labró un acta de infracción a la empresa Cargill S.A.C.I. por un derrame de aceite de girasol sobre el agua del estuario en el sector de “Puerto Piojo”. La empresa comunicó que el producto se derramó durante la carga de un vagón alcanzando la descarga pluvial de la planta.

Se le imputó falta al Artículo 2 de la Ley 5965 debido a que se encuentra prohibido que las entidades públicas y privadas, envíen efluentes residuales sólidos, líquidos o gaseosos, de cualquier origen, a la atmósfera, a canalizaciones, acequias, arroyos, riachos, ríos y a toda otra fuente, cursos o cuerpo receptor de agua, superficial o subterráneo, que signifique una degradación o desmedro del aire o de las aguas de la provincia, sin previo tratamiento de depuración o neutralización que los convierta en inocuos e inofensivos para la salud de la población o que impida su efecto pernicioso en la atmósfera y la contaminación, perjuicios y obstrucciones en las fuentes, cursos o cuerpos de agua.

También se le reprochó falta al Artículo 4, Inciso d, del Decreto Reglamentario 3970/90 de la Ley 5965 por la descarga de efluentes que contienen sustancias flotantes (aceite de girasol), que cambie el aspecto natural o propio de un cuerpo receptor ni ocasionar cualquier otro inconveniente.

Finalmente Cargill faltó al Artículo 1 del Decreto Reglamentario 1741/96 de la ley 11459, por incumplimiento de la Resolución 1221/00 del OPDS, debido a que no notificó inmediatamente a la Municipalidad de Bahía Blanca sobre este hecho producido en sus instalaciones, que causó la alteración e intranquilidad de los pescadores del sector.

“Se le ha solicitado se informe acerca de las medidas a tomar por parte de la empresa para evitar que este tipo de evento vuelva a producirse. Cabe aclarar que en emergencias marítimas en eventos de contaminación, Prefectura Naval Argentina es la autoridad competente”, advirtieron desde la comuna.

El acta de infracción será enviada junto a un informe de lo sucedido al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) y a la Autoridad del Agua (ADA).

Foto: @claudioaluciani

Este lunes el Local de Comercio Justo “Reloj de Arena- Estamos a tiempo si todxs ponemos nuestro granito” festejó su quinto aniversario y lo hizo inaugurando sede en Rodríguez 78. “Es una expectativa nueva, un nuevo emprendimiento que esperemos que sea para bien, van a haber muchos productos nuevos aparte de los que estaban acostumbrados a ver en el local (del Mercado Municipal) y esperamos a todos que pasen”, dijo a FM De la Calle la emprendedora Nancy Pérez.

Desde Cáritas aseguraron que “muchos aprendizajes y el trabajo constante nos llevan al desafío de seguir creciendo y mudarnos a un lugar más amplio. En este nuevo espacio, que es el fruto del trabajo de muchas familias, se comercializarán productos de emprendimientos productivos artesanales locales. La atención estará a cargo de 10 mujeres y algunxs voluntarixs que suman a la propuesta la vinculación con otros espacios que acompañamos desde la institución (producciones de la UP N°4, un banco de insumos para serigrafía y retazos del banco de telas solidario)”.

Para las productoras que forma parte también de la Feria del Lago es otro gran desafío. “Todas han crecido en estos años y esta posibilidad de venta diaria es un salto en la escala de producción, de fortalecimiento del emprendimiento y una apuesta a la organización familiar, por todo eso que sigan acompañándonos en este tramo del camino es clave”.

“Vamos a tener plantas, artesanías, ropa deportiva, ropa colegial, cosas impresas en sublimación, serigrafía, cosas personalizadas que también se pueden hacer, tejido croché y estilo country, tejido mapuche, muchas cosas lindas van a ver”, detalló Nancy.

 Durante el encuentro se comentó que todas las emprendedoras son monotributistas sociales y que desde Cáritas continúan trabajando para pasar del permiso de funcionamiento a la habilitación permanente del espacio comercial.

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El senador provincial Andrés de Leo se refirió esta mañana a la denuncia del juez José Luis Ares respecto al “accionar dilatorio” del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible para controlar y sancionar a empresas contaminantes garantizando así la absolución de las mismas por la prescripción de las causas y aseguró que está trabajando en la reformulación de los plazos legales.

“He instruido al grupo de abogados que viene colaborando con nosotros en la tarea legislativa recabar toda la información para promover en el ámbito legislativo la modificación para que la prescripción se lleve por lo menos a un plazo de cinco años”, dijo a FM De la Calle el legislador de Cambiemos, quien se manifestó “en todo de acuerdo con Ares”.

En ese sentido, afirmó: “Me parece un despropósito que las contravenciones en materia ambiental sean tan breves, por varias razones. La primera porque es una mala señal hacia la sociedad que estas infracciones que a veces son de montos (altos) por la envergadura de las multas, puedan caerse cuando una multa menor por infracciones de tránsito tardan mucho tiempo en prescribir. En segundo lugar nos pone a resguardo de accionares negligentes o dolosas que pudieran haber existido en la administración pública”.

Respecto a las sumas que suelen aplicarse a las empresas contaminantes, Ares aseveró en su fallo que “generalmente resultan exiguas, cuando no insignificantes, en relación al poderío económico de las mismas”.

Al ser consultado al respecto, De Leo sostuvo que “quiero ser prudente, serio y responsable, no puedo caer en el facilismo de decir esto es poco o es mucho porque la verdad que no tengo los elementos para llegar a esa aseveración que ha hecho el juez, pero indudablemente de ser así, esto también sería materia de modificación. Lo que pasa es que en ese caso habría que ver si es por error de la legislación o por falta de criterio en la aplicación de los montos”.

La semana pasada se conoció la sentencia en la cual Ares absolvió del pago de 150 mil pesos a la empresa PBB Polisur por prescripción de una causa por haber emitido humos negros durante casi veinte minutos el 20 de abril de 2011 en la planta LHC I dedicada a la fabricación de polietileno en Ingeniero White. En su fallo el magistrado insistió en la necesidad de modificar las leyes en cuestión y denunció como “sospechoso el sistemático y burdo accionar dilatorio de los funcionarios del OPDS”.

Por ello, dio intervención al Ministerio Público Fiscal ante la posible comisión de delitos de acción pública, tales como abuso de autoridad, omisión o retardo de actos del oficio, violación de los deberes de funcionario público, entre otros, por parte de integrantes de dicho organismo ambiental provincial que en Bahía Blanca tiene sede en la mismísima Unión Industrial.

gay dowEste sábado se registró un episodio similar en Dow-PBB. Según la información oficial “el Comité Técnico Ejecutivo emitió un acta de infracción a la empresa PBB Polisur por la emisión de humo más allá de los valores legales permitidos. El incidente se produjo en la antorcha que funciona en la planta Cracker 1, tras un inconveniente en un instrumento de un compresor de hidrogenación”.

Al ser consultado sobre el cuestionamiento del magistrado, el titular del CTE César Pérez, opinó que “para estas causas un año puede ser poco tiempo para poder determinar o necesitamos que los entes que se encargan de aplicar las sanciones trabajen con celeridad en estos temas. Nosotros en un lapso de diez días elevamos el informe al OPDS. (…) Sabemos que hay trámites que tienen su demora porque necesitan alguna inspección u otro tratamiento, nosotros solamente ejecutamos la fiscalización de las empresas”.

Proyecto en el Concejo

El concejal Juan Manuel Martínez Eizaguirre solicitó mediante un proyecto de resolución a lxs legisladorxs provinciales que amplíen el plazo de prescripción previsto en el art. 33 del Decreto Ley 8031/73, a fin de evitar la prescripción sistemática de las causas contravencionales.

De igual modo, requirió a la gobernadora María Eugenia Vidal que intervenga para dar la mayor celeridad en la tramitación de las causas del OPDS.

“La demora en la tramitación de las causas por parte del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible suele provocar como resultado la prescripción de los procesos, quedando impunes los hechos que las originaron, con evidente perjuicio para el interés público toda vez que los infractores de las normas ambientales no reciben las sanciones previstas en el ordenamiento positivo, que entre otras funciones tiene una finalidad correctiva”, aseguró el edil.

(Por Francisco J Cantamutto) La política económica de Cambiemos se ha destacado por generar un notable aumento de la inflación, superando con creces cualquier herencia. El ataque al bolsillo.
Pocos fenómenos económicos tienen un impacto tan visible y directo como la inflación, notable en las compras cotidianas, que permiten a cualquiera tener una noción. Y sin embargo, la discusión científica sobre su medición y sus causas es compleja, normalmente en el debate por marcados sesgos ideológicos.
Los últimos años han sido muy prolíficos en este debate, debido a la evidente reaparición del fenómeno. Argentina tiene una larga historia con la inflación, encontrando incluso episodios hiperinflacionarios que sirvieron de excusa para programas económicos muy regresivos: el ocasionado por Celestino Rodrigo en 1975 (prolegómeno de la avanzada neoliberal), las explosiones en la sucesión de Alfonsín a Menem (1989 y 1990, prolegómeno de la Convertibilidad). La lógica es relativamente simple, y no por eso menos efectiva: crear caos económico para justificar medidas regresivas, vendidas como la solución. Sin que nos hayamos siquiera acercado a una híper, lo cierto es que la dinámica inflacionaria de dos dígitos que arrastramos desde hace algunos años sirvió de excusa a la entonces oposición para fomentar el programa de ajuste que hoy aplican en el gobierno.
Es posible que la explicación más difundida de la inflación es la promovida por el neoliberalismo, repetida hasta el hartazgo: el Estado gasta de más y para financiarse usa la “máquina de imprimir billetes”, lo que genera inflación. Cuando además se acusa al gobierno de populista, se repite otro anatema neoliberal –legado de un pésimo estudio de Dornbusch, autor muy leído en los cursos de macroeconomía básica- que es señalar que este gasto estatal busca redistribuir “lo que hay”, dañando la producción. El legado último del populismo sería entonces estancamiento e inflación. No es difícil ver –no hay que ser economista para entenderlo- que se trata de un dogma político, que se esfuerza por enseñar que el más mínimo intento de modificar la situación social se paga caro (ver si no, la evidente avanzada política sobre los gobiernos populares de la región).
El mérito neoliberal es haber vuelto sentido común este dogma, que se pretende como argumento aún cuando carece de pruebas. La ventaja política es simple y perversa: siempre desde un punto de vista liberal, se presenta al Estado como una entidad ajena, separada incluso, extraña a la sociedad, cuyo accionar siempre es opresivo. Si hay inflación, la culpa no tiene que ver con clases o dinámicas propias de la sociedad y el mercado: se trata del monstruo que imprime billetes. Y si este es el problema, la solución es su subversión: evitar que emita billetes, evitar que gaste.
El programa de Cambiemos es explícito y claro en esto: el ataque a la inflación viene por la vía de reducir cierto gasto público y evitar monetizar lo que quede. La reducción del gasto está expresada en el recorte de subsidios de las tarifas y los despidos masivos, mientras que otros gastos no se tocan –como los sueldos de funcionarios políticos. Para evitar emitir por el saldo restante, su proyecto es financiarlo con deuda: por ello el énfasis obsesivo del gobierno para arreglar con los fondos buitres. Vale aclarar que la nueva toma de deuda financiaría el mismo programa de ajuste, incrementando sus costos vía intereses, con lo cual ese camino sólo lleva a mayores problemas que los actuales.
¿Y qué está pasando con la inflación? Son conocidos los problemas de credibilidad que arrastra el INDEC desde la intervención en 2007. Como “solución”, el nuevo gobierno ha procedido a un “apagón” de información, dejándonos sin datos hasta agosto. Si usamos los datos de las consultoras privadas, auspiciados en el Congreso, o el del instituto de estadística de CABA, el resultado es incontrovertible: la inflación, aunque alta, venía desacelerándose el último año, y a partir de noviembre ha sufrido una marcada aceleración. Esto significa, sin dudas, que Cambiemos le agregó varios puntos a la “herencia”.
¿Cómo los agregó? Mediante el anuncio de la devaluación en campaña, su puesta en práctica inmediata al asumir, la quita de retenciones y liberación de cuotas para la exportación de productos de la canasta básica, el aumento de tarifas de electricidad (y anuncio de aumento de gas y transporte), la nueva devaluación de febrero y la desarticulación del programa Precios Cuidados (despidos filmados incluidos). Todas resoluciones del nuevo gobierno que elevaron la inflación, que son de su exclusiva responsabilidad.
Los datos relevados muestran que estas medidas han acelerado el ritmo de aumento de precios. Haciendo números redondeados, la tasa mensual fue del 4% en diciembre y enero, y 5% en febrero. Ese ritmo marca un 35% de inflación respecto del año pasado. Pero si extendemos este ritmo al resto de 2016, indicarían un incremento total del 60%. Un trabajo firmado por Panigo, Rosanovich, García y Monteagudo –provenientes de diversas universidades nacionales- calculan que el efecto dispar de esta aceleración, que afecta particularmente a las clases populares, debido a la mayor incidencia de la canasta de alimentos y servicios básicos en su consumo, que son justamente los rubros de mayor aumento relativo (frente a otros servicios). Así, calculan que en CABA, mientras que quienes se ubican en el primer decil de la distribución de ingresos (los hogares más pobres) perdieron casi 24% de su ingreso en los últimos meses, quienes se ubican en el decil 10 (los hogares más ricos encuestados), perdieron “apenas” el 11%. Es decir, el costo de la inflación no se reparte parejo. Vale recalcar que en este cálculo no incluye –debido al alcance de la encuesta- a los verdaderos ricos del país, los dueños de las grandes empresas, quienes difícilmente hayan perdido.
Es que, en última instancia, son los despidos y la reducción del salario real los que llevarán a una caída de la demanda y una recesión –ambas ya en curso. La recesión será la que ponga límite al aumento de precios. El gobierno contribuye activamente a esta recesión, al elevar la tasa de interés de referencia del Banco Central al 38%, con la excusa de atraer capitales, lo que hace inviable cualquier inversión productiva. Al evitar monetizar, genera iliquidez, lo que impulsa la recesión. De allí que las expresiones sobre el impulso a la inversión, y la toma de deuda como salida al ajuste son simples engaños, como nos acostumbró Cambiemos desde la campaña. El ajuste ya está en curso, y las políticas de este gobierno van en esa misma dirección.
Qué parte de este programa es perversidad y qué parte ideología pura, es difícil de determinar. Lo que queda claro es que es un programa a favor de unos pocos. Quizás su crítica a la inflación durante el kirchnerismo era que no lo hacían con suficiente brutalidad.

(Por Laura García Vazquez) El presidente Mauricio Macri en su discurso frente a la Asamblea Legislativa dijo: el año del Bicentenario sin nombrar la palabra Independencia. Similar “olvido” sucedió durante su jura, en este caso la olvidada fue la palabra “patriotismo”.

Como hemos venido señalando, y en esto las palabras ganadas o perdidas son cruciales, en una economía gobernada por los países dominantes con el papel destacadísimo de las empresas llamadas “transnacionales” defender el “interés nacional” en sentido soberano es una condición de defensa fundamental para cualquier país dependiente y nosotros somos uno de ellos. Por eso la política basada (solamente) en llevar adelante negocios privados y extranjeros  es funesta para los países dependientes, como el nuestro.

Este período, el de los primeros meses de gobierno de Cambiemos, está produciendo muchos daños, pero, es necesario señalar el daño cultural que promueve hacia toda la sociedad en lo que representa la desaparición simbólica del país, de la nación, de la soberanía, no solamente por la falta de un proyecto sino también por las ausencias simbólicas de los intereses que todos los argentinos debiéramos defender. Me refiero puntualmente a la palabra Independencia, justamente, en el año del Bicentenario. El gobierno profundiza la dependencia y no pronuncia la palabra Independencia, es decir, la hace “desaparecer”.

Este hecho trajo a mi pensamiento una frase de John Berger, de su libro “Modos de ver”:  “Una persona o una clase que es aislada de su propio pasado tiene menos libertad para decidir o actuar que una persona o una clase que ha sido capaz de situarse a SÍ misma en la historia. “

Parece una trampa del destino, una ironía cruel de la historia, algo que todos nuestros hermanos que han dado la vida por la descolonización de nuestro país no merece, que el año 2016, el del Bicentenario de la declaración de nuestra INDEPENDENCIA nos encuentre en esta situación, con un gobierno recientemente elegido que cínicamente habla sólo de la igualdad de oportunidades, un concepto inconsistente si contemplamos el aumento de los alimentos en estos meses y lo comparamos con los salarios, y también habla, de esperar años para que lleguen las “supuestas mejoras”, mientras todas sus medidas económicas han empobrecido al pueblo y profundizado la desigualdad. No hay medidas compensatorias, porque, según el presidente Mauricio Macri,  todo depende de cada uno.

El juez correccional José Luis Ares absolvió del pago de 150 mil pesos a la empresa PBB Polisur por prescripción de una causa por haber emitido humos negros durante casi veinte minutos el 20 de abril de 2011 en la planta LHC I dedicada a la fabricación de polietileno en Ingeniero White. En su fallo el magistrado insistió en la necesidad de modificar las leyes en cuestión y denunció como “sospechoso el sistemático y burdo accionar dilatorio de los funcionarios del OPDS”.

Por ello, dio intervención al Ministerio Público Fiscal ante la posible comisión de delitos de acción pública, tales como abuso de autoridad, omisión o retardo de actos del oficio, violación de los deberes de funcionario público, entre otros, por parte de integrantes de dicho organismo ambiental provincial que en Bahía Blanca tiene sede en la mismísima Unión Industrial.

“Algo está fallando en la sistemática normativa y/o en su interpretación, en cuanto a la proporcionalidad y razonabilidad, cuando la acción contravencional por cruzar un semáforo en rojo o contaminar con la combustión de un automóvil, tiene un plazo de prescripción de cinco años y la acción por contaminar el ambiente a través de una planta industrial prescribe al año, dada una interpretación analógica (que no comparto), por existir un vacío legal”, escribió Ares.

El magistrado sostuvo que “existió una incomprensible e injustificable demora en la tramitación del proceso, en un largo y tortuoso camino hasta” sus manos: “la resolución sancionatoria, que como se dijo fuera dictada el 9/05/12, recién se notificó a la empresa imputada el 22/11/13, es decir un año y medio después. El recurso de apelación fue interpuesto el 2/12/13 y recién fue concedido el  9/12/14, es decir un año después. Y el ingreso a este juzgado, previo registro y sorteo por parte de la Cámara Penal departamental, se produjo un año después, el 9/12/15”.

Ares afirmó que “es esta cuestión de la calidad de vida de mis convecinos y los riesgos implicados en la actividad industrial en esta ciudad, que posee un enorme complejo petroquímico, la que genera preocupación por la cancelación de toda posibilidad de sancionar a las empresas que de algún modo contaminen el ambiente”.

“Es que sin perjuicio de que resulte difícil establecer el grado de motivación en la norma por parte de las empresas, y el efecto preventivo de la amenaza de sanciones pecuniarias, que generalmente resultan exiguas, cuando no insignificantes, en relación al poderío económico de las mismas, lo cierto es que con un plazo de prescripción de un año siempre la acción contravencional se va a extinguir sin poderse ejecutar las multas aplicadas, si es que se aplican, por cuanto las enormes, incomprensibles e injustificadas demoras en la tramitación de estos procesos por parte del OPDS, en casos que, en su mayoría no presentan complejidad y se resuelven con las actas y el descargo, hacen que muy probablemente lleguen a los juzgados correccionales ya operada la prescripción (como en el presente caso), o bien ello ocurra al recurrir la empresa a las instancias superiores (Cámara y Suprema Corte)”, falló.

La resolución firmada a principios de marzo fue enviada no solo a las autoridades de la Fiscalía General platense, a cargo de Héctor Ernesto Vogliolo, sino también a las autoridades políticas locales y provinciales en la figura del ministro de Gobierno bonaerense, Federico Salvai, el intendente Héctor Gay y el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Vitalini.

El fiscal Gustavo Zorzano imputó a tres ex funcionarios del gobierno de Gustavo Bevilacqua por su responsabilidad en la muerte de Daiana Herlein tras la caída de una rama sobre su cabeza en el Parque de Mayo.

Se trata de los ex directores de Parques Municipales Marcelo Caramelli y Oscar Abraham, acusados de homicidio culposo e incumplimiento de deberes de funcionario municipal y del ex titular de la Agencia Urbana, Marcelo Lenzi, a quien se le achaca el incumplimiento de sus deberes.

“Es un avance, esperamos que a partir de estas indagatorias, específicamente la que pueda aportar el señor Abraham, pueda llegar a decir en la justicia lo que ya ha dicho en el Concejo Deliberante acerca de las maniobras realizadas por (el ex secretario privado del intendente Martín) Laplace, enviado por Bevilacqua imagino, para que consiga un contacto en Buenos Aires y frene la causa”, dijo a FM De la Calle el abogado Leandro Aparicio.

El representante de la familia de la adolescente agregó que “estamos convencidos que no tiene la misma responsabilidad Abraham que Caramelli. Caramelli estuvo durante mucho tiempo en el parque, sabía todo lo que pasaba, en el parque lo que hacía era coimear, pedir plata para sacar árboles, no sacar los árboles que tendría que haber sacado, vender árboles nuevos a distintos hornos. Abraham estuvo solamente un mes y pico y creemos que él no tenía conocimiento de lo que estaba pasando, tuvo buena voluntad como para no solamente ponerse a disposición de la familia después del incidente sino decir las cosas que dijo”.

“También queremos probar cómo la municipalidad trató de encubrir cuando mandaron a sacar el árbol después de que cayó sobre la nena. Esa circunstancia también se la dijo la misma Lorena Zerneri el mismo día y el fiscal, a 25 cuadras de donde estaba él con un coche oficial a las 11 de la mañana un día hábil, no se tomó la molestia de ir a corroborar lo que le estaba diciendo la víctima sino que dijo ‘yo no puedo desconfiar de la gente que está haciendo su trabajo'”, comentó.

El abogado no descartó que en las próximas instancias la mamá y el papá d Daiana soliciten el cambio de la acusación que pesa sobre los ex funcionarios de homicidio culposo a homicidio doloso.

“Porque alguien no hizo lo que debía hacer murió alguien”

A dos años de la muerte de Daiana, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad en su última sesión un proyecto de ordenanza por el que se reserva el nombre de “Daiana Herlein” a un sector del Parque de Mayo de nuestra ciudad. La iniciativa del ex edil Manuel Mendoza no había reunido los votos con la composición anterior del cuerpo.

“Tiene que ser un reconocimiento para que especialmente quienes cumplimos la función pública aprendamos de lo que pasó con Daiana Herlein, y si va a tener algún efecto didáctico el Paseo Daiana Herlein va a ser que cuando pasemos por allí nos acordemos qué fue lo que pasó y cuánto tenemos que aprender de lo que pasó”, declaró el concejal Gustavo Mandará y destacó que por “esta tragedia, accidente, llámenlo cómo quieran” y “porque alguien no hizo lo que debía hacer, murió alguien”.

El presidente del bloque del FpV recordó también que las acciones del gobierno del ahora diputado nacional del Frente Renovador, Gustavo Bevilacqua, derivaron en una “larga serie de desaciertos que sometieron a la ciudad a un dolor político como me parce no hubo antecedentes”.

(Por Jorge Cardelli y Julio C. Gambina)

I

El ataque a los derechos de los/as trabajadores/as es una política explícita y deliberada del gobierno Macri, en los marcos de la profundización de la dependencia, por lo que es necesario discutir qué tipo de Central necesitamos.

A más de dos meses, las medidas anunciadas son claramente a favor de las empresas más concentradas y monopólicos: devaluación que no cesa y por ahora en torno a los 16 pesos por dólar (70% desde los 9 pesos por dólar); quita de retenciones que favorece a los exportadores y agrava el déficit fiscal; acuerdo con los fondos buitres en camino y con incremento de la deuda pública por lo menos en 15.000 millones de dólares; sumados a otros préstamos por 5.000 millones de dólares.

Parte de las medidas son los despidos de estatales y la habilitación a cesantías y suspensiones en el sector privado; la burla de actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y tirar las reformas impositivas hacia adelante; desfinanciamiento del Estado para agravar la crisis fiscal y así fundamentar el ajuste. Situación agravada con la presentación y aplicación del protocolo de represión en el marco de la vigencia de la ley antiterrorista y la criminalización de la protesta.

La inflación en curso es expresión de la impunidad de los fijadores de precios y la respuesta del gobierno se concentra en política monetaria restrictiva ejercida desde el BCRA y búsqueda de deuda pública por el Ministro de Economía. Mientras tanto, la carestía la sufren los de abajo, los sectores de menores ingresos que somos la mayoría de la sociedad. El tarifazo energético es expresión del traslado de la crisis inflacionaria sobre el pueblo.

Para nosotros, compañeros afiliados a la CTA Autónoma, es un momento para profundizar nuestro carácter de Central clasista, anticapitalista y antiimperialista.

Es un momento para más unidad y más  debate fraterno sobre el momento y los desafíos políticos. El mayor desafío que tenemos es promover la unidad del Movimiento popular. Para esto es clave la unidad de nuestra Central. Por eso sostuvimos el paro de ATE y otras organizaciones sindicales del 24/2 y promovimos la máxima unidad de acción posible para enfrentar el ajuste en la nueva situación generada desde el gobierno Macri.

Las/os trabajadoras/es somos los creadores de la riqueza social que es apropiada fundamentalmente por los sectores más concentrados del capital local y por el capital imperialista. Por lo que no solo se trata de disputar las orientaciones políticas al gobierno Macri, sino al poder económico, político y social de las estructuras del capitalismo mundializado de los monopolios.

II

Resulta imprescindible discutir el modelo de organización de las/os trabajadoras/es. El régimen capitalista se ha modificado sustancialmente en el último tiempo, desde la ofensiva neoliberal de los centros imperialistas del capitalismo a partir de la crisis mundial de los 70´. En nuestro país promovió la Dictadura Genocida del 76 cuyas consecuencias se proyectan hasta nuestros días, por lo que ante este 40° aniversario del golpe promovemos la organización de iniciativas de movilización unitarias que articulen al movimiento popular.

El principal motivo del terrorismo de Estado apuntó a debilitar al movimiento obrero, su lucha y su organización. La propuesta era desorganizar y desarticular al movimiento gestando salidas individualistas, acompañadas de flexibilización laboral, salarial, precariedad y variados procesos de tercerización y fragmentación de la condición laboral.

Este proyecto continuó con el menemismo en los 90 y contó con la complicidad de muchos dirigentes sindicales. Ante eso nos propusimos responder en 1990 con un nuevo modelo sindical y no dudamos en confrontar con el unicato hegemónico de la CGT. Fuimos por la organización de una nueva Central, que además de desafiar los límites del posibilismo y el sindicalismo de negociación, tuviera como horizonte la autonomía y la libertad y democracia sindical.

El posibilismo fracasó en todo el mundo y destruyó la rica tradición combativa del movimiento obrero, subordinando la estrategia de la clase obrera a la ofensiva capitalista.

Más que nunca debemos orientar nuestro accionar desde los intereses y las necesidades de las/os trabajadoras/es, rompiendo las fronteras de lo posible e imaginando las condiciones de unir al conjunto de la clase, gran parte de la cual está fuera de los sindicatos.

Nuestra respuesta fue y es hacia el conjunto de las/os trabajadoras/es y por eso no somos Central sindical y si una Central de trabajadoras y trabajadores.

III

Necesitamos discutir porqué ganó Macri y su coalición para entender la etapa que nos toca enfrentar.

El gobierno obtuvo votos sustentados en el deterioro del consenso electoral al kirchnerismo, y que este espacio político no reconoce ni errores ni limitaciones de su proyecto que abrió las puertas al gobierno Macri.

Más aún, algunos buscan chivos expiatorios en quienes fuimos críticos en estos 12 años previos, desde la lucha por la democracia y la libertad sindical, en la búsqueda de la construcción de un nuevo modelo sindical que imaginamos con la CTA en su fundación.

Por eso es que el momento actual acrecienta nuestra definición por un nuevo modelo sindical, sustentado en la libertad y la democracia en nuestras organizaciones, que tienen que abrir las puertas a todas y todos las trabajadoras y trabajadores, inclusive a los movimientos sociales, a Pueblos originarios y organizaciones de defensa de derechos ambientales, civiles, de consumidores, etc.,  y no cerrarse corporativamente como reclama el viejo sindicalismo.

Pensamos que es momento de fortalecer al sindicalismo y especialmente a la Central en el carácter de expresión necesaria de la convocatoria a las/os trabajadoras/es en momentos de extensión de la informalidad y la súper explotación de la fuerza de trabajo.

En ese marco, sostenemos que la unidad de acción no es nueva, ni de la última etapa, sino histórica en el movimiento obrero local y mundial. Ahora debe privilegiar articulaciones de nuestra Central con otras organizaciones sindicales y con los movimientos populares. La unidad propuesta con la CTA de los trabajadores es en la lucha y no supone planteos de unidad orgánica.

La unidad de acción tiene años de existencia y no se la puede apropiar nadie y menos expropiando el contenido decidiendo arbitrariamente a quienes se excluye y a quienes no de la actividad unitaria.

Nuestros debates en la CTA están asociados a la caracterización del presente, pero también a un balance de estos 12 años, de la crisis del 2001 y en definitiva de la ofensiva de los centros imperialistas del capitalismo en 40 años desde el golpe de la dictadura genocida. En año del bicentenario de la independencia recuperamos la lucha de los pueblos originarios y de todas las generaciones que propusieron alternativas soberanas contra toda forma de dominación.

Somos conscientes que los motivos que nos convocaron a conformar la CTA siguen vigentes y que no es tiempo de refugiarse en las organizaciones sindicales, por muy grandes que ellas sean o crean ser. Lo estratégico es la CTA, su nuevo modelo sindical y la pretensión de articular un bloque popular amplio en la perspectiva histórica de la lucha por la emancipación social.

IV

El gobierno Macri promueve la función esencial del Estado capitalista por las ganancias, la acumulación y la dominación en condiciones de crisis mundial del capitalismo, que integra las diferentes dimensiones: alimentaria, energética, medio ambiental, económica, financiera, civilizatoria.

Por eso el gobierno Macri se muestra amigable con el imperialismo y los principales jefes de Estado del capitalismo mundial, tanto como con los principales dueños y ejecutivos de las transnacionales de la producción y los servicios, especialmente la banca, a quien se le apunta como muleta para sustentar este momento crítico del capitalismo local y global.

Su propuesta se asienta en los cambios regresivos construidos desde hace 40 años y no modificados esencialmente en tiempos constitucionales, aún con el discurso crítico al neoliberalismo de estos últimos años. Por eso alentamos una gran movilización unitaria para este próxima 24/3 en repudio al golpe genocida y sus consecuencias sobre nuestro pueblo, y muy especialmente contra la ley antiterrorista y el protocolo de la represión.

Desde la concentración y extranjerización construida en estos años y profundizada en la actualidad, pretenden ir por más en la consolidación del modelo productivo, de desarrollo y consumo, basado en el agro-negocio, saqueo de nuestros recursos naturales y súper-explotación de los trabajadores. Ello nos convoca a discutir y disputar consenso sobre otro modelo productivo y de desarrollo, para lo que es imprescindible la fuerza de los trabajadores y en consecuencia alentar el nuevo modelo sindical propuesto de nuestra CTA. Nuestro programa es el de la soberanía popular y ante la crisis alimentaria y energética sostenemos la propuesta de la soberanía alimentaria y energética, por los derechos a la alimentación y la energía.

La cuestión no es macrismo vs. kirchnerismo como estas fuerzas pretenden instalar. El Kirchnerismo se asume como el límite de lo posible y el macrismo como el “gran cambio”. Así se constituyen como par binario que disputa todo el espacio político. Nosotros pretendemos ir más allá, construir una verdadera propuesta política alternativa e irrumpir con decisión y voluntad en la disputa del espacio político.

Nuestro desafío es la autonomía del movimiento obrero, por eso la unidad de acción contra el ajuste y la promoción de la lucha anticapitalista. La autonomía es uno de los pilares en materia de principios desde la fundación de la CTA. Es autonomía de los gobiernos, de las empresas y de los partidos políticos.

Estamos desafiados a romper ese carácter binario de la política institucional expresado en las elecciones de noviembre del 2015. El proyecto alternativo emerge más allá de la polaridad macrismo y kirchnerismo.

Pretendemos partir de lo reivindicativo concreto para disputar consenso social para otra sociedad contra y más allá del capitalismo y sus estructuras de dominación imperialista.

Nos proponemos la participación activa de la Central y el movimiento popular en la toma de decisiones, en el Consejo del salario, el empleo y la productividad, que sigue siendo un objetivo fundamental de nuestra CTA Autónoma la lucha por un Pueblo sin Hambre y sin Pobreza; la recuperación de las instituciones de la seguridad social y previsional, así como el protagonismo en todos los espacios que están asociados a la vida de las/os trabajadoras/es y de los pueblos originarios.

Aspiramos a una sociedad que privilegie el interés de la mayoría contra todo intento de reposicionar el libre comercio, aspiración sostenida desde el derrotado ALCA y que ahora se manifiestan en los acuerdos del Mercosur con Europa o la Alianza del Pacífico. Son todas formas de privilegiar el interés de los grandes capitales hegemónicos del sistema mundial.

Nosotros estamos por instalar la consigna de que otro mundo es posible, y por eso luchamos y nos organizamos por la reforma agraria, la defensa y promoción del hábitat asociado a la autogestión, como a todas las demandas sustentadas desde el movimiento popular.

Sustentamos la iniciativa de luchar por construirnos como sujetos para el cambio y al mismo tiempo construir el programa articulador de todas las proposiciones que constituyen al movimiento popular. Será esa nuestra contribución a la construcción de alternativa.

Desde la reivindicación por la participación en la toma de decisiones y nuestra convicción por discutir el modelo productivo de consumo y de desarrollo, es que nos proponemos ir más allá en la disputa del poder.

V

Convocamos a recuperar los sueños y la imaginación creativa de los 90´, que nos otorgó en la CTA la mística de la disputa del poder y nos presentó en sociedad como expresión de una nueva institucionalidad popular.

Debemos analizar críticamente lo que hace dos décadas nos permitió romper con el unicato sindical y luego, con la iniciativa del poder se promovió la división política y orgánica de la Central.

Hoy estamos desafiados, como en los inicios de los 90´ para pensarnos críticamente y definir una amplia política de alianza en la lucha contra el Estado capitalista y el poder empresario del capitalismo, siempre desde la autonomía de gobiernos, patrones y partidos.

No se trata solo de un análisis nacional o local, sino que es un desafío mundial y que también discute el movimiento obrero. Están los que defienden el viejo modelo sindical desde la lucha por lo posible y los que se definen en una amplia unidad de acción para intentar lo imposible en la lucha de la clase obrera contra el capitalismo y el imperialismo.

Debemos continuar y profundizar nuestra política de unidad y lucha con diferentes organizaciones y movimiento sociales en un sentido multisectorial. Y en este plano ratificar la vigencia del programa de los 33 puntos elaborados  por la Multisectorial que integra nuestra Central.

Por eso debemos retomar el espíritu originario de la Central, relativo a la autonomía de todas las centrales internacionales del movimiento obrero y promover sólidos vínculos con todas las centrales y sin la asociación a una en especial, lo que se manifiesta en el espíritu que compartimos en el Encuentro Sindical Nuestra América, ESNA.

La agresión del gobierno Macrí es fuerte. Es tiempo de respuesta en unidad de un amplio movimiento popular que fortalezca a la CTA como núcleo organizador de la ofensiva que necesitamos para superar el momento y construir el poder del pueblo.

Los dos sectores en que se expresa la CGT en Bahía Blanca llegaron a un acuerdo respecto de que “el próximo titular de la Delegación del Ministerio de Trabajo en nuestro medio, debe provenir de las filas sindicales”.

A través de un comunicado, esta central obrera informó que solicitaron “una urgente reunión al intendente Héctor Gay para terminar de definir al sucesor de Carlos Moreno”.

El abogado y dirigente de La Bancaria, Walter Larrea, es una de los dirigentes “de consenso” que estas organizaciones sindicales proponen para ocupar el cargo.

Al respecto, Larrea dijo a FM De la Calle que “es un espacio de contención y de garantía de los derechos de los trabajadores en el marco de la conflictividad y me atrevería a decir inclusive de la prevención ante las eventuales diferencias que pudieran surgir. Llegado al caso del conflicto el Ministerio tiene la función de velar por el sector más desprotegido”.

“El tema es que desde los gremios estamos planteando que, por esta características de la naturaleza de la delegación ministerial, no es lo mismo la presencia de un funcionario, profesional o no, que se erija como una suerte de tercero imparcial” a que el lugar sea ocupado “por una persona representante de los sindicatos”.

La concejal del FpV, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Honorable Concejo Deliberante del partido de General Pueyrredón (Mar del Plata) y referente política de La Cámpora, Marina Laura Santoro, dijo a FM De la Calle que  “a las 0:59 (del domingo) impactaron cinco disparos de un arma de guerra sobre el frente de nuestro local. Es el local central de la agrupación. Queda en pleno centro de Mar del Plata en calle 9 de julio y 20 de septiembre”.

Durante la mañana de hoy, asistieron a una conferencia de prensa en repudio de lo sucedido “representantes del poder político, legislativo, dirigentes de todos los partidos políticos, una representación en nombre del obispo, la universidad nacional, la universidad privada, un fiscal provincial, el poder judicial. O sea que hemos logrado, gracias a Dios, un repudio de la gran mayoría del poder político de Mar del Plata y de toda la sociedad”

“Esto es lo que hace falta, porque estos grupos son una minoría organizada cada vez más violenta, los que están operando y perpetrando estos hechos repudiables vengan de quién vengan. Han recibido hoy el repudio de toda la sociedad en su conjunto”.

nuevo enucentroPor su parte, ayer a las 14:40 referentes de Nuevo Encuentro denunciaron, a través de una conferencia de prensa acompañada por personalidades de la política, movimientos sociales y la cultura, otro ataque con armas de fuego cuando se encontraban reunidxs en la inauguración de un nuevo local en el barrio de Villa Crespo (Padilla y Gurruchaga), el sábado por la noche.

Fueron heridas dos mujeres, una de 30 años y otra de 19. La última, llevaba a su hermana menor en brazos al momento del ataque. Ambas fueron derivadas al Hospital Durand y se encuentran fuera de peligro.

Durante la tarde hoy, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recibió al titular de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, quién reclama al gobierno argentino que repudie enérgicamente el atentando a esta organización política democrática. También participaron de la reunión Gabriela Cerruti y el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada.

(Por Francisco J Cantamutto) El viernes pasado, el ministro Prat Gay presentó ante la comisión de Presupuesto y Hacienda la propuesta oficial de arreglo con los buitres. Una entrega sin reparos.

Continuando el camino del Gerente de la Nación, que abrió las sesiones ordinarias del Congreso el martes, el ministro Prat Gay fue el viernes a presentar el pre-acuerdo con los fondos buitres a la comisión de Presupuesto y Hacienda. La propuesta, que se difundió en la edición matutina del diario La Nación antes de ingresar al Congreso, va en línea con lo que ya conocíamos del pre-acuerdo negociado en Nueva York. El gobierno abiertamente pidió por un tratamiento veloz, que permita tener dictámenes –por mayoría y minoría- para tratarlo en pleno del Congreso esta misma semana. Un apuro evidente para poder cumplir con la exigencia del juez Griesa de tener el acuerdo cerrado antes del 14 de abril, para que el acuerdo tenga validez.

El borrador de proyecto tiene 17 puntos, que incluyen la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, y la habilitación para emitir nueva deuda por 15.000 millones de dólares. Como ya explicamos, la derogación de las leyes apunta a un acuerdo político amplio, que el gobierno se está esforzando en conseguir (la actividad de Marcos Peña en este sentido es frenética). El Frente Renovador ha hecho críticas tibias para poder obtener algo a cambio en la negociación: al igual que el resto de los gobernadores peronistas, están interesados en conseguir fondos de la co-participación para sus alicaídas finanzas. El Frente para la Victoria tampoco tomó posición contundente, disponiéndose a negociar. El Frente de Izquierda, en cambio, ya expresó su repudio.

La presencia del ministro en la comisión tuvo su momento mediático ante los cruces con su predecesor en el cargo y actual diputado, Axel Kicillof. Más allá de las chicanas, el intercambio puso de soslayo algunas continuidades reales. Prat Gay defendió el acuerdo como “una cuestión de Estado”, lo que se acerca de manera evidente a la declaración del pago de deuda como de  “interés público”, tal como figura en la Ley de Pago Soberano del kirchnerismo. Se trata, en efecto, de una auténtica política de Estado, de continuidad que excede a las fuerzas políticas en el gobierno, garantizando los intereses de los acreedores por encima de los vaivenes nacionales. Tal como Prat Gay retrucó a Kicillof, la gestión de este último convalidó los pagos al Club de París, a REPSOL y los juicios ante el CIADI. El actual acuerdo de Cambiemos es apenas una versión menos camuflada de este mismo rumbo.

En efecto, el “equipo Cambiemos” no tiene reparos en dar cuenta de su intención de gobernar para unos pocos poderosos. El Financial Times –genuino representante mediático del poder financiero estadounidense- editorializó que este arreglo se trataba de una conquista de los fondos buitres. En esa nota, se explicó que estos operadores estarían obteniendo ganancias que van de 846% hasta 3.186% del capital invertido, un negocio formidable que no tiene nada que ver con los supuestos recortes que promociona Prat Gay. Los fondos buitres están obteniendo ganancias siderales por este arreglo, que percibirán en efectivo. Una bicoca de 11.648 millones de dólares, que se obtendrían mediante nuevos bonos, que pagan el 7,5% de interés anual –por los que se pide autorización al Congreso. Es la emisión de deuda más grande de un país periférico en los últimos 20 años. El remanente por el que se pide autorización tiene que ver con otros fondos que aún no entran al arreglo (en Nueva York, Alemania y Japón, principalmente). Es decir, la farsa no termina aquí, sino que las entregas continuarán.

Según el ministro, se espera que tras arreglar con estos fondos, Argentina podrá endeudarse al 6% de interés, lo que representaría un punto y medio menos que lo que paga actualmente. Esto resulta interesante, porque nos explica cuál es el beneficio esperado de este arreglo, que sería el endeudamiento más barato. Ahora bien, para que los intereses ahorrados superen el costo de este arreglo, habría que emitir nueva deuda por… ¡778.933 millones de dólares! Esto es aproximadamente (usamos el último dato oficial conocido) el triple de la deuda pública actual, o diez veces la deuda pública externa. O, puesto de otra manera, es cerca de dos PBI completos de Argentina. Una auténtica locura: la única manera de “amortizar” el arreglo con los buitres sería endeudarnos hasta la médula.

Cuando el ministro habla de que es la única vía para frenar el ajuste, simplemente está chantajeando. Aunque los perfiles de vencimiento de esta nueva deuda van de los 5 a los 30 años, los pagos de intereses anuales consumirán fondos públicos que deberán quitarse de otros usos, llevando, de manera directa, al ajuste. Dado que el gobierno entiende que la presión fiscal argentina es excesiva, no se pueden prever incrementos de la tributación: ¿a qué tasa debería crecer el país para que el Estado tenga fondos para pagar esta deuda sin ajustar? A una tasa mayor a la que promete por intereses, es decir, por encima del 7,5% anual, lo cual constituiría una auténtica proeza en el marco global recesivo actual. Si el país no crece a esas tasas y el Estado no aumenta la recaudación, no queda otra salida que el ajuste. Es decir, arreglar con los buitres significa más ajuste.

El argumento de que la deuda se utilizará para invertir en infraestructura es simplemente una pantalla para negociar con los gobernadores. La inversión pública, salvo por contados insumos, se paga en pesos, por lo que la deuda en dólares no es necesaria para financiarla. Y, de cualquier modo, está por verse que los mercados estén dispuestos a prestar más fondos después de la gigantesca emisión de bonos para pagarle a los buitres.

Argentina no tiene por qué aceptar este arreglo. No traerá ningún beneficio económico al país, aunque sí suculentas ganancias a los peores actores del sistema financiero internacional. Argentina no se cae del mundo por no aceptar este acuerdo, más bien cae al abismo en caso de aceptarlo. La deuda que se reclama es ilegal, ilegítima y usurera. El fallo de Griesa es cuestionable por todos sus ángulos: Argentina no tiene por qué aceptarlo como válido. Detener los pagos y auditar es el camino: no sólo por legítimo y legal, sino por económico.

El sábado por la tarde, militantes políticos lanzaron en Bahía Blanca la Corriente Comunista David Watu Cilleruelo. Lo hicieron a través de un encuentro del que participaron referentes y distintos espacios sociales, sindicales y políticos de la región y el país a quienes se les entregó un documento con las principales ideas que expresan los objetivos del espacio.

En ese marco, José Lualdi, quien fue por mucho tiempo Secretario General del Partido Comunista Regional Bahía Blanca, expresó los motivos del lanzamiento del espacio político por fuera del PCA. De esta forma, el dirigente explicó que no fueron solo las definiciones de “voto táctico” las que alejó a este grupo político de la organización, sino prácticas “inaceptables para cualquier persona que se diga de izquierda” que cerraron los debates internos.

Por su parte, Gabriel Cena hizo referencia a quiénes integran este espacio y cómo proponen su trabajo militante al servicio de diversas construcciones sindicales y sociales de la comunidad.

Finalmente, hubo una ronda de opiniones en línea con el objetivo del encuentro de recoger miradas acerca de la necesidad de construir una alternativa política desde los sectores críticos del capitalismo y la posibilidad de intervenir también en la lucha electoral a tales efectos.

Participaron también referentes nacionales como Carlos Chile (CTA), Néstor Jeifetz y Carla Rodríguez (MOI) y referentes del Movimiento Territorial Liberación.

 

Así definió la CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego al fallo del juzgado en lo Correccional Nº3 de Bahía Blanca, a cargo de la Jueza Susana Gonzalez La Riva, en el marco del juicio oral contra 5 trabajadores que tomaron en 2012 el frigorífico Villa Olga.

“Se consumó un atropello contra el legítimo derecho a la protesta social de los trabajadores. En la sentencia se condena a uno” de ellos, “Hugo Cartagena y se absuelve a los otros cuatro acusados. Se le imputa al trabajador el delito de ‘usurpación’, al tiempo que se restituye la propiedad del frigorífico a la familia Siracusa”.

Para el abogado de dos de los trabajadores criminalizados, Claudio Lofvall, el juicio “nunca debió haber llegado al ámbito penal ya que se trata de un conflicto que debía dirimirse en la justicia laboral”.

A través de un documento, la CTA recordó que “en el 2012 la legislatura bonaerense votó una ley que lo declaraba de ‘utilidad pública sujeto a expropiación´. En aquel momento se hizo un acto en las puertas del frigorífico con la presencia de los diputados del FpV Sonia Larraburu y Marcelo Feliú y se hicieron promesas de reactivación. Las mismas nunca se efectivizaron ni tampoco se concretó la expropiación. Ahora bien, en todo esto, los trabajadores no tienen responsabilidad alguna. Llama la atención que nadie del sector político que impulsó la ley estuviera en el juzgado”.

Criminazliación de la proyesta

Para la CTA, “la sentencia sienta un precedente en tanto criminaliza la decisión de 187 trabajadores despedidos en el 2012 de defender sus puestos de trabajo ante el vaciamiento patronal”. Además, el texto expresa que “en un momento en que se producen despidos tanto en el ámbito estatal como el privado, la justicia produce un fallo por el cual inclina claramente la balanza a favor de las patronales”.

Para la fiscal Olga Herro, según se puede escuchar en el audio extraído de una entrevista otorgada a este medio, no había ningún conflicto laboral que justifique la toma y se mostró únicamente abocada a observar el delito de usurpación sin contemplar el contexto en el que se llevó adelante la medida de fuerza. En este sentido, la central sostuvo que “usurpación es apoderarse injustamente y de forma violenta de una propiedad o de un derecho que pertenece a otra persona. Los trabajadores no se apoderaron de nada ni utilizaron la violencia. Frente a una patronal que primero los explotaba obligándolos a asociarse a una cooperativa fraudulenta y luego los despedía y comenzaba a llevarse las máquinas de trabajo para vaciar la planta acordaron conjuntamente la defensa del trabajo”.
Enrique Gandolfo, referente de la CTA regional, dijo a FM De la Calle que “nosotros hablamos de una justicia direccionada en este caso desde la fiscalía y convalidad por la jueza en el sentido de que hay una justicia que se saca la venda, abre bien abiertos los ojos y decide con una mano premiar a los empresarios, le devuelve la propiedad que había sido declarada de utilidad pública y sujeta a expropiación y por otro lado castiga a los laburante”.

“La fiscal, cuando habla de los trabajadores, habla de esta gente. No es gente como ella”.

Reforzando lo antedicho, el dirigente que estuvo presente en los pasillos palaciegos contó que, mientras esperaban la lectura del fallo, “a dos metros de los trabajadores estaba la familia Siracusa (dueños de la firma). Pasa la fiscal: abrazos, besos con la familia, con la abogada. Un rato después la sentencia le da la razón a la patronal”.