Nueve femicidios se registraron en el país durante la última semana, tres de ellos en Mar del Plata, ciudad que concentró el fin de semana a más de 60.000 personas en el Encuentro Nacional de Mujeres que terminó bajo el reclamo #NiUnaMenos, consigna social que pide el cese de la violencia de género.

“La cifra para una semana es impresionante. Hay una toma de conciencia social, un posicionamiento que repudia y no tolera los femicidios. Quedó demostrado en la masiva marcha nacional #NiUnaMenos del 3 de junio y se profundizó ahora en el encuentro en Mar del Plata, pero a las mujeres las siguen matando”, dijo a la agencia de noticias Télam, Ada Rico, directora del Observatorio de Femicidios Marisel Zambrano de La Casa del Encuentro.

El trágico listado comenzó el martes 6 de octubre, con el asesinato en la calle de Sandra Elizabeth Costantopulos, crimen que habría sido cometido por su ex pareja Claudio Javier Soto, quien horas después del ataque se suicidó. Al día siguiente a Daiana Luisa Rodríguez, de 17 años, la balearon en la localidad bonaerense de Carmen de Areco y murió en el hospital. El sospechoso del ataque sería su novio Nicolás Cancino, de 24 años, quien también se mató.

Ese mismo día, en Bariloche, Río Negro, asesinaron por asfixia a María de la Cruz, crimen por el que está detenido como sospechoso Hernán Guillermo Cortés. El jueves 8, en la localidad mendocina de Los Corralitos se encontró el cadáver de Marlene Carruman López, de 18 años, en un pastizal. Las primeras investigaciones difundidas por medios locales hablan de que ella estaría en situación de prostitución y que la justicia investiga a un “cliente” como autor del crimen.

A las 24 horas, en Tartagal, Salta, se conoció el femicidio de Silvina Barba, de 23 años. La policía busca al posible autor del hecho, Santino Salas, de 57 años, pareja de la joven, quien estaría prófugo. El sábado 10 mataron a Rosario del Carmen Salinas en Mar del Plata. Ella había logrado una orden de restricción judicial para que su ex pareja Carlos Ruiz Díaz, no se acercara. La mujer había denunciado maltrato y se había mudado a la casa de su mamá. Allí, fue asesinada. El hombre está detenido.

“Este femicidio es uno de los tantos que nos muestran que hay que cumplir con la ley de protección integral que tenemos desde el 2009. El Estado debe ejecutar, con presupuesto, lo que la ley dice. El hombre tenía prohibido acercarse e igual la mató. La justicia debe pensar otras estrategias para cuidar a las víctimas”, analizó Rico.

Ese mismo día, en la misma ciudad, apuñalaron hasta la muerte a Claudia Sposetti, cuyo cuerpo se encontró luego de 48 horas de búsqueda. Está detenido como principal sospechoso su ex pareja Héctor Daniel Herrera. El domingo, Julieta Mena, fue asesinada a golpes en Ramos Mejía y su novio Marcos Andrés Mansilla fue detenido luego de estar prófugo. “Un vecino de Julieta dijo a los medios que escuchaba el maltrato constante. Pero avisó a la policía cuando escuchó silencio y ese silencio era la muerte de la joven”, resaltó la dirigente de la ONG.

Para la titular del Observatorio de Femicidios, la violencia de género “se acrecentó, y también, se visibilizó. Las mujeres se animan a hablar, salen a las calles a decir ¡Basta! Sin duda, esto enfurece a los agresores. Entonces, se deben profundizar las acciones preventivas y de asistencia. Es urgente. Hoy, los violentos siguen matando”.

También son nueve los niños y niñas que quedaron huérfanos esta semana, víctimas colaterales de estos nueve femicidios. Por eso “es esencial que el Parlamento debata urgente los proyectos que presentamos para quitar la patria potestad -responsabilidad parental en el nuevo Código Civil- a los femicidas y la asistencia económica inmediata para estos niños, lo que llamamos Ley Brisa”, agregó Ada Rico.

Fuente: Télam.

El diputado nacional Héctor Recalde (FpV) consideró que el titular del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Massot, y el propietario del ingenio azucarero de Ledesma, Carlos Blaquier, deberían ser “los primeros en declarar” en la Comisión Bicameral que investigará la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado, y cuya conformación cuenta con media sanción del Congreso.

“Sugerí que sean ellos dos los primeros en ser llamados a declarar por la responsabilidad que tuvieron en hechos represivos. Más adelante, la Bicameral debería citar a los directivos de las empresas Ford y Mercedes Benz”, señaló Recalde en declaraciones que reproduce ayer el diario Tiempo Argentino.

En ese sentido, el legislador apuntó que otro caso de tendría que analizar este organismo parlamentario cuando se ponga en fusiones sería el de la firma cementera Loma Negra de Olavarría, cuyo personal directivo habría estado implicado en la desaparición del abogado laboralista Carlos Moreno, durante la última dictadura cívico militar.

“Hay que poner en marcha las investigaciones porque además de los casos conocidos, seguramente van a ir apareciendo otros más. En los últimos días recibí información de particulares que se ofrecen a declarar”, sostuvo Recalde.

El mes pasado, con 170 votos a favor y sólo 14 abstenciones del bloque del PRO, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto para crear esta Bicameral y lo giró al Senado para su aprobación definitiva.

El matutino cita también las declaraciones del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, quien consideró que “cualquier caso” de complicidad civil con la última dictadura “debe ser investigado por la Justicia”.

“No se entiende la conformación de esta Bicameral. Esto es un operativo de un gobierno autoritario que impone operativos de prensa para atemorizar a la población. Ahora, a pocos días de terminar lanzan esto”, fustigó el empresario rural.

En ese sentido, Etchevehere adelantó que el próximo coloquio empresarial de IDEA, que se llevará a cabo en Mar del Plata, la entidad patronal agropecuaria que encabeza intentará “frenar la iniciativa”.

“Si van los candidatos al coloquio sería bueno preguntarles antes de las elecciones qué van a hacer con esto. Deberían tomar un compromiso antes de las elecciones porque eso es calidad institucional”, subrayó.

A modo de réplica, Recalde defendió la puesta en funciones de la Bicameral y las atribuciones del Congreso para impulsar investigaciones, al tiempo que cuestionó el papel de la SRA durante el terrorismo de Estado.

“¿Etchevehere no explicó por qué la SRA le entregó a la dictadura un predio en Junín para que funcionara un centro clandestino de detención? No hay un argumento solvente para impedir la creación de la Bicameral. La Constitución afirma que los legisladores estamos obligados a investigar para ‘afianzar la justicia’”, puntualizó.

A principios de mes se reglamentó la Ley 25.929 de Parto Respetado y fue presentado oficialmente el Observatorio de Violencia Obstétrica, impulsado por Las Casildas con el apoyo del Consejo Nacional de las Mujeres. Al final de esta nota el enlace para ingresar a la encuesta.

“La escena del parto se ha tornado muy violenta y el tipo de violencia que invade la escena está completamente naturalizada e invisibilizada. Por eso la concreción de esta iniciativa del observatorio para cuantificar y visibilizar a todas las mujeres que a lo largo y a lo ancho del país son sistemáticamente violentadas en un momento tan fundante y tan revolucionario como es parir a nuestros hijos y nuestras hijas”, explicó a FM De la Calle Julieta Saulo, fundadora de la organización de mujeres.

Agregó que “si bien este tipo de violencia está especificado en la ley 26.485 no es muy conocido entre nosotras las mujeres. Es decir, yo tengo a mi hijo de manera violenta, la mujer que vive al lado de mi casa también, nos relatamos los partos y no hay nada que discrepe, los partos fueron absolutamente violentados los dos”.

Para la militante “la información es poder y no solo empodera a las mujeres sino a las familias en general” y  si bien la ley de Parto Humanizado está vigente desde 2004, contar con la reglamentación “ha sido un gran avance en torno a los derechos sexuales y reproductivos porque viene a traer la bajada al territorio”.

“Por ejemplo, la ley estipula desde 2004 que las mujeres tenemos derecho a estar acompañadas en el parto. Cuando se reglamenta, se baja al territorio que las mujeres tenemos derecho a estar acompañadas si lo deseamos y que puede ser tanto de una mujer o de un varón y no hace falta que se acredite filiación, que sean parientes. Aparte que las instituciones privadas no pueden cobrarle un extra a esas personas por acompañar a la mujer que es lo que habitualmente sucede”, comentó.

Saulo sostuvo que “en muchos casos las mujeres que tienen a sus hijos e hijas por cesáreas entran solas al quirófano porque se habla de la asepsia y demás y en realidad no hay documentación científica que así lo avale, se basan solamente en decisiones institucionales”.

Además, subrayó el desequilibrio de poder entre las pacientes y lxs médicxs partiendo de “la posición en la que parimos las mujeres, acostadas y atadas. Básicamente para comodidad del médico o la médica. El médico se sienta y se queda ahí mirando o interviniendo -porque lamentablemente no solo se quedan mirando sino que intervienen en el proceso-, mientras tanto las mujeres estamos con las piernas atadas, abiertas y recostadas, intentando parir. Las mujeres que así y todo pueden parir realmente es meritorio porque no tiene absolutamente nada que ver con la fisiología del proceso”.

El Observatorio de Violencia Obstétrica Argentina propulsado por Las Casildas es una iniciativa ciudadana y nacional cuya finalidad es visibilizar y difundir esta problemática y los derechos que amparan a las mujeres. La encuesta a la que se puede acceder en este link es una de las herramientas de las que disponen y su función es generar estadísticas en torno a la atención del parto/cesárea. La información es confidencial, los datos personales (nombre, apellido, dni, etc) no serán difundidos en ningún medio, los piden para garantizar la legitimidad de la consulta y evitar posibles repeticiones en el registro de los datos.

Escuchá la entrevista completa:

La organización mapuche Kumelen Newen Mapu junto a integrantes de los pueblos tonocoté, ranquel, kolla, comenchingones, guaraní y toba qom inauguró este viernes la 24º Feria Nacional de Artesanxs que se realiza hasta el lunes en Plaza Rivadavia.

Ante el escaso público presente a la hora en que se programa la intervención originaria que conmemora el último día de libertad de las naciones indígenas, manifestaron su alegría de compartir sus saberes y cosmovisión en una “carpa inmensa y blanca, símbolo de la interculturalidad” con actividades destinadas principalmente a alumnxs de primaria y secundaria (Ver agenda We Sumaj Che).

“Estamos compartiendo nuestros saberes, nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver el mundo, nuestra música. Entregándolo todo, como hemos hecho siempre. En esta plaza en donde en 1859 ardían los cuerpos de nuestros hermanos mapuches. Sin odios, pero sí recordando que aún hoy como ayer, como desde los tiempos de la colonia, como desde que llegó Colón, seguimos siendo encarcelados. Sigue nuestro territorio siendo robado. Siguen siendo corridos nuestros hermanos de sus lugares. Seguimos siendo menospreciados y no nos olvidamos que recién hace muy poquito tiempo el cacique Chaile de la comunidad diaguita salió en libertad por haber estado preso por defender su territorio, su comunidad, sus restos arqueológicos”, aseguró la vocera Wuaira González Romano.

Recordó los siete meses de acampe en Capital Federal de QOPIWINI -comunidades qom, pilagá, wichí y navaclé- en demanda territorial: “Los pueblos originarios no pueden vivir en un lugar pequeñito porque su sustento está en la tierra, allí está su medicina, allí está nuestra manera de vivir, nuestros ancestros enterrados. No nos olvidamos que Ginóbili, nuestro Ginóbili de acá, dice que compró sin saber pero no detiene la orden de desalojo para la comunidad Paichil Antriao que vive en la tierra que él compró. (…) Esta es la situación de nuestros pueblos originarios en toda Nuestramérica”.

“Los convidamos no solo a escuchar lo que tenemos para decir, creemos sin vanidad que los pueblos originarios tenemos mucho para compartir en cuanto a la manera de vida. Les compartimos para recordar, porque todos lo tenemos en nuestras células. Muchos hicieron por nosotros. Este es nuestro tiempo de lucha, de defensa de esta tierra que nos fue prestada por un rato, de defensa del aire, de defensa del agua, con nuestros hijos, porque parece que este sistema nos convida a decirnos que somos nosotros y se terminó”.

“Nuestro convite es a que se organicen, a que nos organicemos, a que armemos nuestras huertas, a que nos encontremos nuevamente en comunidad, que sepamos ser comunidad, que salgamos de detrás de una pantalla. Ese es el convite. Para ustedes, para nosotros, un solo pueblo de humanidad”, finalizó Wuaira.

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La Agencia Ambiental informó que el Comité Técnico Ejecutivo infraccionó a YPF S.A. por emisión de humos negros generados por el buque regasificador. La emisión tuvo una duración de veinte minutos con una opacidad del 60 % -según la Escala de Ringelmann- superando los límites legales de “tres minutos”. “Por un problema técnico en sus calderas tuvieron que dejar de quemar metano y pasaron a quemar fuel, lo cual provocó la emisión de humo a través de la chimenea de la caldera”, dijo César Pérez a FM De la Calle.

Agregó que “como impacto ambiental es la emisión de un material particulado fino asimilable a lo que normalmente se conoce como hollín. (…) La sanción la determina el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible de acuerdo a la historia y la gravedad. De acuerdo a lo que prevé la propia legislación esto se considera como una falta muy leve”.

Los humos negros fueron constatados ayer entre las 10:17 y 10:37 por lxs guardias del CTE Rosana Cappa y Luis Fuentes. No se recibieron llamados vecinales al 911. La Agencia Ambiental recordó que el “CTE tiene una Guardia que funciona las 24 horas, todos los días del año, la cual cuenta con cámaras domo, sensores on line, además de realizar recorridas por todo el sector industrial cada tres horas, a fin de realizar monitoreos y efectuar controles in situ”.

“Se hace el mismo tipo de controles que a las otras empresas del área petroquímica y tenemos visitas periódicas para verificar que hayan cumplimentado con todo lo que exige la ley, tanto el OPDS como la Secretaría de Energía. Con respecto a lo que es todo el movimiento del barco está a cargo el Consorcio del Puerto”, explicó Pérez.

El CTE labró un acta de infracción imputando falta al Artículo 2 de la ley 5965, Articulo 10 del Decreto Reglamentario 3395/96 conforme al anexo V, escala de Ringelmann. Luego el documento fue enviado junto a un informe para diluirse con el tiempo en el OPDS.

El juez federal subrogante Alejo Ramos Padilla procesó a un grupo de represores del V Cuerpo de Ejército por crímenes de lesa humanidad cometidos contra tres víctimas. Varios de los militares fueron condenados tras los dos primeros juicios realizados en Bahía Blanca, algunos son juzgados en la causa Armada y otros se sientan por primera vez en el banquillo de los acusados.

La mayoría de ellos habían sido indagados por el secretario Santiago Ulpiano Martínez quien, entre otras irregularidades conocidas luego de su desempeño en el Juzgado Federal Nº1, nunca resolvió su situación procesal.

Los imputados estaban presos en distintas cárceles, con arresto domiciliario en varias provincias y algunos como Jorge Norberto Igounet, Antonio Miguel Seghighi y Ricardo Baccini fueron desvinculados provisoriamente de la investigación por falta de mérito. La instrucción fue delegada en los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia.

Los procesados son coroneles, tenientes coroneles, suboficiales mayores, capitanes, sargentos y penitenciarios. Se trata de: Walter Bartolomé Tejada, Hugo Jorge Delmé, Carlos Alberto Taffarel, Jorge Enrique Mansueto Swendsen, Norberto Eduardo Condal, Jorge Horacio Granada, Andrés Reinaldo Miraglia, Alejandro Osvaldo Marjanov, Guillermo Julio González Chipont, Alejandro Lawless, Raúl Oscar Otero, Víctor Raúl Aguirre, Raúl Artemio Domínguez, Andrés Desiderio González, José Martínez, Carlos Ferreyra, Luis Delaico, Pedro Cáceres, Gabriel Cañicul y Arsenio Lavayén.

Sus tres víctimas tienen una cualidad importante que les permitió identificar centros clandestinos de detención y unir los nombres con los rostros de sus torturadores: no sólo sobrevivieron al cautiverio, sino que estuvieron secuestrados por largas temporadas y luego fueron “blanqueados” en cárceles comunes a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

Carlos Príncipi fue secuestrado el mediodía del 26 de febrero de 1977 cuando caminaba por la calle, por una patota de civil. Lo subieron a un auto a los golpes y lo llevaron al centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita. Allí fue sometido a interrogatorios bajo tortura, “submarino”, golpizas feroces, gritos y agresiones constantes durante quince meses. Estaba aislado, inmovilizado, vendado, estaqueado. Sus verdugos se burlaban diciéndole que habían matado a su compañera Patricia Acevedo. En abril de 1978 se lo llevaron en camioneta hasta la Unidad Penitenciaria 4 de Villa Floresta. Allí siguió aislado, sin poder contarle a su familia que estaba vivo, lo sometieron a un “simulacro de juzgamiento” que llevó a cabo el Consejo de Guerra Especial Estable del Comando V Cuerpo. Finalmente lo trasladaron a la Unidad Penal 21 de Ezeiza, desde donde recuperó su libertad en diciembre de 1982.

El 6 de julio de 1977 un grupo de personas armadas, vestidas de civil, entró a la casa de Hipólito Irigoyen 1451, donde vivían Rodolfo Oscar Maisonave y Ana María Germani. Además de pareja, eran militantes sociales y universitarios. Los subieron a autos distintos y los llevaron a La Escuelita. Con ellos secuestraron a Silvia Aylén, que tenía un año y cuatro meses y pasó aquella noche en el chupadero. Al día siguiente la dejaron en la casa de sus abuelos. Las primeras veces que torturaron a Maisonave con picana eléctrica, escuchó que su hija estaba en una sala contigua.

Germani fue alojada en una casilla rodante o vagón ubicado en el predio de La Escuelita, donde estuvo sola y tabicada. Estuvo con su hija y la custodia de los guardias. Cuando se llevaron a la beba, empezaron los interrogatorios con corriente eléctrica y los tormentos con connotación sexual. Volvió a encontrarse con su esposo unos días después, en el Batallón de Comunicaciones 181.

Después de un Consejo de Guerra, los dos fueron trasladados a cárceles comunes. Maisonave fue llevado a la Unidad Penitenciaria 6 de Rawson y luego reintegrado a la Unidad de Villa Floresta. Germani se quedó en la UP4 hasta que la trasladaron a la Unidad 2 de Villa Devoto, para regresarla finalmente a la UP4. La pareja siguió presa incluso en democracia: fueron liberados el 14 de junio de 1984.

Fuente: FM De la Calle e Infojus.

(Por Alfredo Grande) La Marcha Patriótica, luego recaratulada como Himno Nacional Argentino, en su segunda estrofa era contundente: “Se levanta a la faz de la tierra / una nueva y gloriosa Nación / coronada su sien de laureles / y a sus plantas rendido un león”. León o leona, la Nación nueva y gloriosa se levantaba sobre la madrastra ibérica rendida a sus pies. Previo paso a pisotearla sin piedad por los numerosos crímenes contra la humanidad que los ejércitos españoles cometieron en estas tierras. Genocidio que disfruta de la impunidad de los cementerios.

Penosa y culposamente todas las estrofas que marcaban a fuego al invasor godo fueron censuradas. “En los fieros tiranos la envidia / escupió su pestífera hiel / su estandarte sangriento levantan / provocando a la lid más cruel.” Cuando la Marcha devino renga y se empezó a cantar el Himno, la libertad quedó marcada como el grito sagrado. Paradoja fundacional de la nueva Nación ya que la marca de lo sagrado impide toda libertad.

La cruz y su copartícipe necesaria, la espada, son la matriz imprescindible para que se impongan todos los mandatos y se mancillen todos los deseos. Incluso el deseo de libertad. La libertad por mandato no es libertad, sino sometimiento a las bulas laicas de los poderes de turno. Los derechos humanos por mandato del Estado son la mejor forma de encubrir los privilegios de la casta gobernante. La pestífera hiel de los fieros tiranos sigue usando todo tipo de desodorantes, enjuagues bucales, pastas dentales, a los fines de ocultar nauseabundas pestilencias. Los laureles democráticos siguen coronando nuestras sienes, pero ahora son de plástico. Garantía total aunque nunca le devolvemos su dinero.Las diversas formas de fraude, incluso el electoral, han sido protagonizadas por esbeltos y esbirros integrantes de los partidos autodenominados populares. Y nacionales. No recuerdo si Menem fue expulsado del Partido Justicialista. Un nervigenol ahí. Y el fraude no es la antesala de la maduración y la superación. Fraude es frustración y engaño. Ante esa cría sólo cabe esperar el tronar de algún escarmiento. No lo habrá y el verdugo de ayer podrá ser el gobernador de mañana. Y el Presidente.

La votación cada dos y cuatro años es una coartada para un crimen perfecto. ¿Cuál es el mejor sistema de gobierno para perpetrar aberraciones no democráticas, al estilo del cianuro en un río? La democracia. La mejor manera de ocultar un elefante en la calle Florida es llenarla de elefantes. O de demócratas. Que ocultarán con absoluta perfección trompas y colmillos. De la nueva y gloriosa Nación hemos arribado a “La Democrática”, corporación republicana. Los partidos políticos son empresas, los clubes deportivos son empresas, los artistas top son empresas, algunos programas de radio y tv son empresas. Y cuando digo empresas digo “emprendimientos lucrativos”. “Véndale a un capitalista la idea de la revolución y hará dinero con ello”. Creo que lo escribió Marx. Les vendieron a los capitalistas la idea de la democracia y hacen muchísimo dinero con ello. Por eso todos acuerdan en la redistribución de la riqueza pero muchísimos menos con impedir la acumulación de las riquezas.

Algunos jubilados pagan impuestos a las ganancias. Otro fraude que me hace dudar de que nuestros mayores estén cuidados. Pero la renta financiera está exenta, los magistrados del Poder Judicial no pagan ningún impuesto y sus empleados tampoco. Como dice el Himno, la igualdad es noble. Porque de popular no tiene nada. El Mercado de Votos une a las mercancías candidatos con los clientes ciudadanos (de cuarta). La Gran Corporación que es el Estado nos dice que éste es un país con buena gente, o en su versión local de la ciudad de Buenos Aires, donde en todo estás vos. Como sabemos que en este país hay gente aborrecible y que nadie puede estar en todo, la única conclusión es que no estamos en nada y que las biblias seguirán llorando junto a un calefón, aunque Metrogás no lo permita.

La República Corporativa incluye a estamentos intocables y absolutamente corruptibles. Desde la Sociedad Rural, pasando por el laberinto del terror de los bancos, incluso nacionales, los intermediarios de todo desde alimentos hasta voluntades populares, las castas burocratizadas de todos los Estados, que obviamente no somos todos, las mega empresas de la comunicación, que no solamente mienten, sino que falsean y distorsionan. La República tal como la padecemos es una Corporación de Corporaciones. Pero que la sabiduría de siglos de la derecha conservadora, reaccionaria y asesina, bien supo bautizar como “La Democrática”.

Al decir de Chomsky, en esa “ilusión necesaria” transcurre nuestra vida. Lo que he denominado el “alucinatorio social y político” Tres tristes candidatos de la alcurnia reaccionaria, sostienen discursos compatibles con “La Democrática”. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por corporativo. Si al menos cuando votamos pudiéramos recordar que los tiranos no dejan de escupir su pestífera hiel, la memoria histórica de nuestros héroes asesinados, torturados y desaparecidos, volverá a tener sentido. El sentido de que “si no cambiamos todo, no cambiamos nada”.

Se conocieron ayer dos resoluciones judiciales que condenaron a cuatro años de prisión a los proxenetas Juan Carlos Alcaráz y Ubaldo Roque López por explotación económica de la prostitución ajena. El primer caso fue ratificada por parte de la Cámara de Apelaciones bahiense la sentencia en primera instancia recibida por el regente de El Pibe de Oro y, en el otro, una jueza correccional mandó a la cárcel al encargado del privado Top Secret que se promocionaba en la web BahíaLove.

El pibe prostituyente

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca confirmó la condena a cuatro años de prisión a Juan Carlos Alcaráz por explotación económica de la prostitución ajena en el local nocturno “El Pibe de Oro”. El proxeneta había sido hallado culpable, en primera instancia, por el titular del Juzgado en lo Correccional Nº 2 Gabriel Rojas.

Los camaristas Pablo Soumoulou y Guillermo Giambelluca rechazaron la apelación del abogado particular Sebastián Martínez argumentando que “el consentimiento de la víctima carece de cualquier relevancia jurídica y que la conducta allí reprobada queda configurada aun cuando en la explotación económica de la prostitución mediare consentimiento del sujeto pasivo”.

En la causa se comprobó la explotación de la prostitución de varias mujeres de nacionalidad dominicana, paraguaya y una argentina en el paraje popularmente conocido como “el Pibe de Oro”, a la vera de la ruta Nacional Nº3.

La situación fue comprobada en un allanamiento realizado el 14 de septiembre de 2013 por parte de personal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº14, la Policía Federal y la Dirección de Migraciones. Se detectó la presencia de varios clientes y ocho mujeres a quienes se les retenía el importe de entre 100 y 150 pesos que significaba cada “pase” en las habitaciones del lugar.

El propio Alcaráz se encargaba de cobrar y lo registraba en planillas o notas diarias. Además, se tuvo en cuenta como prueba de cargo la gran cantidad de preservativos hallados, las solicitudes de habilitación suscriptas por el encartado, las anotaciones de los “servicios sexuales” y las declaraciones de los efectivos policiales e inspectores de la Dirección de Migraciones.

Entre la prueba se destacan publicaciones en internet y redes sociales del condenado -con su propia foto incluida- en las que se requería: “se solicita señoritas C/ o S/ experiencia, para casa de cita o cabaret Pibe de Oro. Ofrezco muy buena remuneración y vivienda incluida. Las interesadas deben comunicarse al nro. que figura en mi perfil”. En su domicilio particular de Fitz Roy 438 de Bahía Blanca, se constató la existencia de documentación que lo vinculó directamente a la explotación de la actividad prostibular.

BahiaLove

Por otra parte, este martes se conoció un fallo de la jueza correccional María Laura Pintos quien condenó a  Ubaldo Roque López a cuatro años de prisión por facilitación de la prostitución de personas mayores de edad y explotación económica de la prostitución ajena. Los hechos fueron constatados hace un año y desde entonces el proxeneta está detenido en la Unidad 19 de Saavedra donde completará su pena.

La causa se inició a partir de una denuncia anónima al teléfono de la oficina del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en la cual se informó de la existencia de un “privado” en Luiggi 554.

En un allanamiento a la vivienda la Policía Federal ratificó que el lugar se hacía llamar “Top Secret” y era publicitado en la página web prostituyente BahiaLove. Allí se encontraban al menos tres mujeres de distinta nacionalidad que, según estimaciones judiciales, recaudaban entre dos mil quinientos y tres mil pesos por día por la explotación de sus cuerpos.

Durante el procedimiento se hallaron cuatro clientes y el proxeneta condenado de 42 años, domiciliado en Newton 2864. El delincuente fue aprehendido “al ser sorprendido en flagrante delito de facilitación y explotación de la prostitución ajena. El lugar fue clausurado por orden judicial y se secuestró la recaudación del día ($2500) y, también, numerosa cantidad de preservativos, cuaderno de pases y diversas anotaciones relacionadas con la actividad”.

El titular de la Asociación de Empleados de Comercio, Miguel Aolita, dijo que “sin ninguna duda” se sintió sorprendido por el procesamiento del ex secretario gremial de la entidad, Héctor Forcelli, en el marco de la causa Triple A “porque más allá que se rumoreaban algunas cuestiones, no el caso de que podía llegar a quedar detenido”.

“Forcelli fue un dirigente de Empleados de Comercio, ya no lo es, ya no lo era ahora, ya estaba jubilado. Igualmente desde el momento de la intervención en el año 2013 había finalizado su mandato como comisión directiva del gremio. Sus abogados tendrán que llevar adelante la causa y hacer la defensa correspondiente”, manifestó.

Aolita aseguró que lo conoció cuando él trabajaba en la Cooperativa Obrera y por la actividad “intersindical” que compartían como dirigentes de Punta Alta y Bahía Blanca. Luego se excusó de opinar sobre el pasado “porque por una diferencia de edad no viví épocas anteriores”. Tiempo atrás la concejala radical Aloma Sartor también se escudó en que “era chica” cuando le consultaron sobre la participación en el terrorismo de Estado del director de La Nueva Provincia, Vicente Massot.

“Cacarulo” está procesado con prisión preventiva por el juez federal subrogante Alejo Ramos Padilla, acusado de integrar la Triple A, la cual en el fallo fue definida como una asociación ilícita para cometer crímenes de lesa humanidad entre 1974 y 1975.  Además del ex basquetbolista se encuentran detenidos Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Oscar Chisu y Raúl Roberto Aceituno. En la misma causa está imputado el suspendido camarista y ex agente civil de inteligencia del Ejército, Néstor Luis Montezanti, quien hoy faltó por cuarta vez a una indagatoria convocada por Ramos Padilla.forcelli intendencia

El dirigente sindical y ex directivo de la Asociación de Empleados de Comercio Alberto Brandán aseguró que Forcelli lo recibió armado en el rectorado de la UNS al concurrir a una entrevista con el interventor Remus Tetu. Forcelli estaba adentro de la sala y no intervino, era “el mandadero nada más”.

Brandán recordó que “tenía una trayectoria -siempre dentro de la CGT- como un matón, un tipo que andaba siempre buscando pleitos con los empleados de comercio. Nosotros en ese tiempo teníamos muchos problemas, era otro tipo de actividad sindical, más presiones y bueno la vivíamos también los empleados de comercio”. En aquellos años el matón “recibía las dádivas de la gente de la CGT, del que estaba en ese momento, del secretario de turno” que era Rodolfo “Fito” Ponce y luego habría empezado a “incursionar en comercio”.

En su defensa, el ex mano derecha del histórico dirigente Ezequiel Crisol, sostuvo que en la época de los hechos militaba en la Juventud Peronista, se dedicaba a jugar al básquet “y que su principal changa era ser empleado de comercio”. Comentó que trabajó como preceptor en la Escuela de Comercio “hasta que un teniente de navío de la marina lo dejó cesante” y que “nunca vio ni conoció al rector de la UNS Remus Tetu”, cuyo plantel de “personal de seguridad” integró junto al resto de los procesados.

Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia pidieron en abril que se investiguen 22 homicidios perpetrados por parte de grupos paramilitares entre 1974 y 1975 “en los ámbitos históricamente más propensos a la movilización político-social: los sectores gremiales y estudiantiles”. Aquella solicitud fue luego ampliada con la imputación contra los cinco civiles por “haber formado parte de una asociación ilícita destinada a la erradicación y eliminación, mediante el uso de la violencia y la intimidación, de toda expresión de activismo político, estudiantil, laboral y gremial contraria a sus ideas”.

Cuando el intendente electo Cristian Breitenstein burló la voluntad popular y prefirió hacer carrera junto al gobernador Daniel Scioli, el empresariado y “las fuerzas vivas” bahienses fueron a respaldarlo. A la derecha del jefe comunal se ubicó el custodio de Tetu (foto). Durante aquella campaña, Forcelli fue “el dueño de casa” que recibió a los candidatos del Frente para la Victoria en Empleados de Comercio (video).

(Por Giuliana Crucianelli) Durante los días 10, 11 y 12 de octubre se llevará a cabo el 30º Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de Mar del Plata. Se espera que concurran alrededor de 55 mil de todos los puntos del país.

A lo largo del fin de semana están pactadas numerosas actividades culturales, tales como espectáculos de danza, expresión corporal, obras de teatro, bandas, marchas y 65 talleres sobre diversos temas relacionados a las mujeres, tales como sexualidad, anticoncepción, violencia, mujeres de los pueblos originarios, crisis sociales, organizaciones barriales, educación, trata de personas, mujeres y salud mental, VIH- Sida y más.

La modalidad del encuentro es autoconvocado, horizontal, federal, autofinanciado, plural y democrático. La iniciativa surge en el año 1985 cuando un grupo de mujeres luego de presenciar la Clausura de la Década de la Mujer en Kenia, decide reunirse para tratar diversas problemáticas que involucran a las mujeres de nuestro país, donde al igual que en el resto del mundo sufren una marcada desigualdad.

A partir de ese momento, se realizó el encuentro en diferentes provincias y año a año la cantidad de participantes fue cada vez mayor. Al encontrarse intercambian experiencias individuales para identificarse como colectivo con problemas que pueden solucionar entre todas.

“La mujer que vuelve tiene los mismos problemas que dejó al partir, pero ya no los ve de la misma manera, sabe que miles como ella creen posible cambiar las relaciones que la oprimen, desde familiares, hasta sociales y todas juntas luchan por hacerlo posible”, reza en el sitio oficial del evento http://30encuentromdp.wix.com/30encuentromdp#!30encuentromdp/c4nz

El domingo a la madrugada cinco personas resultaron detenidas durante cuatro allanamientos realizados de manera simultánea en un “privado” bahiense y un cabaret y otras dos propiedades en Ing. White. Como resultado, nueve víctimas en situación de vulnerabilidad -ocho oriundas de Paraguay y una argentina- fueron rescatadas.

En los procedimientos participaron José Nebbia, a cargo de la Fiscalía de Instrucción N°2 de Bahía Blanca y de la Unidad de Derechos Humanos, e integrantes de ambas dependencias del Ministerio Público. Este lunes estaban previstas las declaraciones indagatorias a los detenidos.

La pareja dueña del “departamento privado” ubicado en Bahía Blanca, donde se explotaba sexualmente al menos a dos mujeres trans de nacionalidad paraguaya -una de ellas con su situación migratoria irregular-, fue detenida por efectivos de Prefectura Naval Argentina, quienes fueron acompañados por el Programa de Rescate de Víctimas del delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia de la Nación y de la Dirección Nacional de Migraciones.

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) colaboraron con los representantes del Ministerio Público. La investigación había comenzado por la denuncia de una víctima, quien había logrado escapar.

Los otros operativos se concretaron en el local “El gran Burlesque” -en donde se detuvo al encargado y se rescató a siete mujeres- y en dos propiedades de la ciudad de Ingeniero White. En una de las viviendas, los uniformados aprehendieron a un hombre y a una mujer, quienes serían los propietarios del prostíbulo según la documentación hallada y la investigación previa.

Los allanamientos fueron la conclusión de una pesquisa que estuvo a cargo del fiscal Antonio Castaño -quien se encontraba a cargo de la Fiscalía N°2-  antes de que Nebbia fuese designado en esa dependencia.

Fuente: fiscales.gob.ar

Concejalxs del Frente Progresista Cívico y Social denunciaron antes de las primarias la existencia de domicilios falsos en los padrones de 2013 y 2015. De cara a las elecciones generales presentaron más pruebas ante la justicia de Bahía Blanca para que se investigue una supuesta “asociación ilícita”. Una de las personas acusadas es el funcionario público del Registro Civil de Monte Hermoso, Oscar Adrián Bertín.

“Estamos ante una asociación ilícita que a través de la colaboración de distintas personas tiene el objetivo de comprar votos con dineros públicos o con vales de nafta y acarrear a la gente”, dijo a FM De la Calle el abogado Leandro Aparicio y explicó que dicha organización estaría integrada por “funcionarios públicos y punteros” y “un sinnúmero de personas que han accedido a cambiar su domicilio y concurren a votar a Monte Hermoso una vez cada dos años”.

En la presentación judicial lxs concejalxs Carolina Bertazzo -candidata a intendenta por Cambiemos- y Victorio Dupuy manifiestan que “entendiendo que existían irregularidades acerca de la cantidad de electores y realizando una investigación pormenorizada, pudimos establecer que estos nuevos electores, tienen domicilios inexistentes, donde no existen construcciones, o donde viven familias que se domicilian en Monte Hermoso, pero en dicho domicilio aparecen una cantidad indeterminada de electores, por lo que entendemos que lo mismo se debe a una adulteración del domicilio a fines de poder votar a favor de un partido determinado”.

“Bertazzo fue candidata a concejal hace dos años y en las primeras PASO gana y en la segunda, al mes y medio, tiene la misma cantidad de votos, inclusive ciento y pico más, pero el oficialismo aumenta su caudal en cuatrocientos y pico. Ellos también empiezan a observar en Monte Hermoso, que es un pueblo chico, cómo muchas personas después van a preguntar por tal o cual funcionario al que le van a pedir dinero a la unidad básica”, manifestó.

Como dato relevante muestran el flujo de votantes entre los padrones del 2013 y 2015. Según el Censo 2010 la población de Monte Hermoso era de 6494 habitantes de lxs cuales estaban habilitadxs a votar por edad 4791 personas; el padrón del 2013 creció un 43% en electorxs respecto al censo 2010 y para 2015 un 60% más.

A su vez, la comparación entre los padrones de las últimas dos elecciones indican que dejaron de tener domicilio en el balneario 916 electores y a su vez existen 1712 nuevos (140 electores entre 16 y 17 años, aumento demográfico).

“Hemos presenciado en los últimos actos eleccionarios una procesión de votantes que lo hacen en combis contratadas y pagadas por el oficialismo de Monte Hermoso. El mismo funcionario del Registro Municipal ha brindado su domicilio -en el que vive junto con su esposa Sotelo Rosana Julieta, consejera escolar por el Frente para la Victoria y sus dos hijos- para que personas que no se domicilian en Monte Hermoso ‘posean’ su dirección en la calle Bahía Blanca 1053”, advierten.

cuadro monte

De Temuco a Bahía Blanca: los sueños inconclusos. Carlos y Sonia son hermanxs de Víctor ‘Lalo’ Oliva, inmigrante chileno de Temuco que vivió en Bahía Blanca desde 1974 y fue asesinado por la Triple A en 1975. Visitaron el estudio de FM De la Calle para invitar a la comunidad bahiense -el pasado 23 de septiembre- a una charla que dieron junto a Guido Bello, Jessica Visotsky, Dante Patrignani y Pablo Fermento de la Unidad Fiscal.

La actividad se realizó en el marco de los 40 años de la Operación Cóndor en el Cono Sur y fue organizada por la CTA, la Coordinadora por el Juicio a Montezanti, la Iglesia Metodista y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la UNS.

Ya se realizaron actividades en Chile, Uruguay, Paraguay. En nuestro país, se recuerda en paralelo con los juicios de lesa humanidad y, a nivel local, con el juicio académico a Néstor Montezanti, docente universitario recientemente suspendido por su participación en la última dictadura militar como Personal Civil de Inteligencia (PCI).

Durante la entrevista Carlos explicó qué cosas hacía su hermano, cuáles eran sus intereses, dónde militaba, por qué fue un perseguido político y por qué lo asesinaron.

“Lalo respondía a los estímulos de la época. Empezó a militar desde muy joven en la enseñanza media y luego en la Universidad Católica de Temuco dentro del Movimiento de Izquierda Revolucionario. Era un dirigente estudiantil y representaba al estudiantado de Temuco en el Senado. Militó hasta que llegó el golpe”.

La Universidad en la cual estudiaba lo consideraba un “sujeto peligroso” y esto, en parte, explica su exilio a la Argentina. Aquí transitó por las ciudades de Cipolletti, Buenos Aires y Bahía Blanca. Durante el tiempo que estuvo en nuestra ciudad, Lalo se inscribió en la carrera de Filosofía de la UNS, al tiempo que se vinculó al Partido Revolucionario de los Trabajadores. “Hasta que fue secuestrado en Cipolletti y lo asesinaron. En La Plata, en el Archivo Provincial por la Memoria, hay información que indica que la (policía) Bonaerense –en vinculación con la DINA- lo identificaba como jefe de célula del PRT”, agregó Carlos.

olivaJessica Visotsky es doctora en Historia y hace tiempo investiga el accionar de la Triple A en la UNS, puntualmente, las complicidades civiles. “Víctor es uno de esos 50 estudiantes que fueron víctimas del terrorismo de Estado”, expresó.

“En los últimos años se ha tomado conciencia de la memoria y de que estos juicios no pueden prescribir. Las organizaciones hemos luchado para que se haga justicia. En Chile se han creado cárceles que parecen hoteles para los acusados. Las penas han sido tan bajas, un insulto a la familia”, dijo por su parte Sonia.

En Chile se aplica una figura sui generis de media prescripción a los delitos de lesa humanidad, la única excepción son a los delitos cometidos por la cúpula de la DINA, con los cuales sí se aplica penas efectivas. “La Corte Suprema de Santiago acaba de condenar a 10 años a 3 carabineros con condena efectiva en caso de derechos humanos, es inédito en causas regionales. Hay luces, muchas sombras, nadie nos dijo que esto era fácil. Hay más retrocesos que avances. Entendemos que tenemos una responsabilidad moral, ética y política de llevar adelante estas causas, este es nuestro desafío”, agregó Carlos haciendo referencia a los procesos judiciales que se están desarrollando al otro lado de la cordillera.

La muerte de Lalo no es casualidad. Las fuerzas de la dictadura lo secuestraron y asesinaron porque él reunía un perfil particular: “era un inmigrante, militante, estudiante; fue elegido por la Triple A en alianza con la DINA. En algunos apuntes que estuve releyendo, me percaté de que la Bonaerense tenía información sobre él, lo tipifican como ex militante del MIR de Chile, antes de cometer el crimen. Esto lo hacía vulnerable porque acá no tenía mucha protección”, señalaron Carlos y Dante Patrignani haciendo referencia al hecho de que, después que asesinaran a Víctor, hubo una diáspora inmediata en Chile producto de ese terror.

Finalmente, los familiares de Víctor reconocieron la labor de la Iglesia Metodista en el pasado reciente y en el presente luchando por la justicia y la verdad: “hay que reconocer la labor que ellos tuvieron para acoger a exiliados chilenos en el ‘73,’74,’75. Más que nada porque hoy en día, ellos colaboran para que opere una justicia que no sea a medias”.

El CONICET y la Universidad Nacional del Sur aportarán tres millones de pesos para una convocatoria a proyectos de investigación dedicados a la evaluación integral de los recursos hídricos para consumo humano en la región.

“El convenio se firmará para realizar un estudio integral del problema. Nos comprometimos con especialistas del CONICET en realizar un documento, que llevará 2 años de realizado, para tener una vista más general de la problema”, explicó a FM De la Calle Sergio Vera, secretario de Ciencia y Tecnología de la UNS.

Por otra parte, el funcionario informó que se encuentran “trabajando en el estudio de la calidad del agua, en la cantidad y en la diferentes fuentes actuales y alternativas. Con respecto al reciclado, queremos planificar, entre otras cosas”.

“La idea es convocar a un grupo de investigadores  de diferentes áreas, que elaboren un informe con base científica para tener un documento final. Sabemos que hoy en día la información es muy escasa”, remarcó.

Con respecto al informe que toman como plataforma realizado por Obras Públicas sostuvo que si bien pasaron 30 años “es más que obvio pensar que las cosas cambiaran pero el sentido es el mismo”.

“El próximo paso es mostrar las propuestas de los especialistas. La idea es tener 5 proyectos. Luego, con la documentación, la decisión es política”, finalizó.

Foto: El rector universitario Ricardo Mario Sabbatini y el  presidente del CONICET Roberto Salvarezza firman el convvenio (UNS).

Aportes ante el escenario de unas elecciones sin alternativa.

(Por Laura García Vazquez)

Nos encontramos frente a elecciones pero sin alternativa.

Al menos, los que queremos, para sintetizarlo: un país dueño de lo suyo y que reparta de manera justa sus bienes. O, dicho de otra manera, un país emancipado con verdadera justicia social.

Así como las consecuencias económicas de la dictadura genocida cívico-militar se consolidaron recién durante el gobierno de Menem, hoy, en pleno siglo XXI sufrimos las consecuencias de la década de los 90: la falta de políticas democráticas y soberanas, la actividad política desprestigiada y un modelo que no sale del neocolonialismo extractivista, es decir, mandan las transnacionales y basta señalar el derrame de cianuro recientemente producido por la Barrick Gold en Veladero, en la provincia de San Juan y todas las circunstancias que rodearon este gravísimo hecho.

El descrédito hacia la política que siente gran parte de la población se traduce en una delegación del poder de decisión en la clase política, que, es la misma desde el año 1983, más allá  de variaciones de los nombres de los partidos. No sólo no avanzamos en una democracia participativa sino que las circunstancias actuales dificultan aún más estas posibilidades. No hay reclamos contundentes y masivos ante esta realidad. La fragmentación, que sigue avanzando también se hace sentir en este punto.

Se vota en relación al poder que se ostenta y poco importan las propuestas políticas.

El grave problema es que los desafíos que enfrentamos, los veamos o no, requieren el cuestionamiento sobre el  modelo productivo necesario para lograr los enunciados previos: un país dueño de lo suyo y que reparta de manera justa sus bienes.

La dependencia, que no es cuestionada más allá del discurso oficial se manifiesta en el modelo que describe perfectamente José Rigane, secretario adjunto de la CTA Autónoma cuando dice:

“El modelo de ahí surgido que perdura hasta nuestros días continuó afianzándose en el marco de la democracia formal, con el desarrollo de la megaminería, el monocultivo de la soja y la explotación de los hidrocarburos no convencionales (fracking entre ellos), poniendo en peligro nuestros recursos de agua y tierra. La exportación, la depredación y la contaminación son la base fundamental de este modelo económico que impera en Argentina, con el peligroso condicionante de que no es un modelo económico definido o decidido por los argentinos, sino todo lo contrario, es un modelo impuesto en la región y a nivel mundial.”

Participación, el principal objetivo..

 El principal problema es la indiferencia como evidencia concreta de sectores que son imprescindibles para lograr construir alternativas y luego transformar la realidad.

Ojalá me equivoque, pero creo que el modelo cultural (consumismo, individualismo, narcisismo, irresponsabilidad) representa la mayor acumulación al servicio de que se prolongue la anestesia social cuando el próximo gobierno realice los ajustes económicos necesarios.

Los derechos otorgados a la población aumentan coincidentemente con el grado de participación en estas democracias representativas, formales y burocratizadas que vivimos, por esto mismo, disminuyen de la mano de la indiferencia y del poco compromiso ligados a una cultura que fomenta diariamente la pasividad y la indiferencia hacia lo político y social.

El relativismo dominante también es un problema, donde todo es relativo sólo importa la satisfacción personal e inmediata. O, en todo caso, el interés familiar o de un grupo al que pertenezco por alguna particularidad en común, pero se dificulta enormemente pensar en los derechos humanos de toda la población y sobre todo, de los más desfavorecidos.

A esto agregamos la cultura narcisista o autorreferencial que con las redes sociales está al alcance de todos y confunde, por ejemplo: ser un luchador con parecer o mostrarse como un luchador. Es fácil perderse en el camino de la imagen y la apariencia.

Otro problema lo constituye la fragmentación que sigue su curso, por eso muchas demandas y reclamos sociales se diluyen a pesar de un gran esfuerzo realizado. Cada acción a favor de construir una alternativa emancipatoria, o de al menos señalar y denunciar los males de la dependencia representa hoy un enorme esfuerzo y reconocerlo y reconocernos a los que intentamos esto dairiamente resulta primordial.

Por todo esto, la participación necesaria a la que nos referimos tendrá que ver con lo nacional, y cuando decimos nacional no estamos hablando del estado nacional sino del territorio argentino y sus múltiples naciones, es decir, junto con los pueblos originarios.

Los límites del progresismo en Latinoamérica y su actual proceso

Para los que aspiramos a un país dueño de los suyo y que reparta de manera justa sus bienes,  se suma irremediablemente la integración autónoma de América Latina, como la única forma concreta de obtener soberanía de forma integral.

Creemos que el ciclo dominado por los gobiernos progresistas está agotado, y eso puede verse en múltiples síntomas en los diferentes países. Por tomar dos ejemplos muy diferentes pero ambos significativos: el ajuste en Brasil es uno, los rasgos autoritarios del Frente Amplio en Uruguay explicitados en el decreto de esencialidad de la educación ( que tuvo su vuelta atrás) y la violencia policial desplegada en el desalojo de los estudiantes que ocupaban la sede del CODICEN en el marco de la lucha por presupuesto para la educación, es otro.

Lo negativo de esto es la prontitud, tanto en tiempo como en medidas con la que estos gobiernos han encontrado sus propios límites. Lo positivo, es la posibilidad de avizorar que para lograr los objetivos que ya enunciamos al comienzo de esta nota, hacen falta otro tipo de propuestas políticas, otro tipo de gobiernos, otro tipo de procesos protagonizados por la población en su conjunto.

Pedir inversión, como hacen nuestros principales candidatos a presidente acá en la Argertina, desde la condición de la dependencia implica que esta será privada y extranjera, y por lo tanto vendrá de la mano del saqueo y la contaminación. Lo importante es visualizar el modelo productivo que proponemos como alternativo para nuestro país. Y de eso no se habla en esta campaña, ninguno de los candidatos lo hace.

La dificultad de construir una alternativa necesaria

Se ha hablado mucho de la falta de unidad de sectores, organizaciones y referentes que se supone que acordamos en general, hoy en día ese es un problema ínfimo ya que aunque nos juntáramos todos no somos significativos (es decir, con poder de incidir y avanzar en los cambios que necesitamos) en organización política ni si de lo que se trata es de representar una parte de la población, y menos aún si queremos representarla electoralmente.

Es decir, que la propuesta política alternativa que responda al primer enunciado es una tarea pendiente.

Por ende, el verdadero problema es cómo, ante esta evidencia, y hablando desde la humildad pero también desde nuestro modo de ver la realidad, logramos que un sector de la población se involucre, es decir, se comprometa a actuar para ser parte del cambio necesario.

Esta participación resulta imprescindible porque no creemos en las formas en las que el poder político, al menos en forma mayoritaria,  se viene construyendo y organizando, ya que estas formas responden a un modelo cultural y  por lo tanto tienen sus mismas características: clientelares, demagógicas,  individualistas, discrecionales, burocráticas,  corruptas,  consumistas, individualistas y egoístas e involucran, en sí mismas, un proyecto que no es el nuestro. Y hasta que no se desarrolle otra forma de construir poder no habrá cambios importantes. Y esto será avanzar en la democratización de la democracia.

Duele decirlo, pero el mayor mérito del kichnerismo, en su aspecto de conservador de la dependencia, ha sido dividirnos a los que tenemos intereses comunes.

Como la participación es la clave, la primer tarea es lograrla y ojalá, en estos años que vienen, logremos que esta sea producto de la conciencia y la solidaridad y no de la necesidad urgente.

El aumento del empleo luego de la contracción de 2014, que a su vez fue precedida por un período prolongado de estancamiento, y la disminución de la desocupación son los hechos sobresalientes del panorama laboral del aglomerado Bahía Blanca-Cerri (BBC) en el segundo trimestre de 2015.

La conclusión surge de la comparación con igual período del año pasado realizada en el marco del proyecto de investigación “Problemática laboral del aglomerado Bahía Blanca-Cerri” dirigido por Gustavo Burachik, docente de la UNS e integrante del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS-CONICET).

“La magnitud del aumento del empleo en BBC no deja de ser una sorpresa cuando se tienen en cuenta otros indicadores locales y nacionales. La evolución laboral del aglomerado BBC resultó, según el INDEC, más favorable que la del promedio nacional. El segmento laboral más dinámico fue el de los trabajadores de hasta 29 años. Los datos también muestran un aumento de la subocupación, lo que puede ser interpretado como un indicio sobre las características de una parte de los nuevos puestos de trabajo creados”, afirma el boletín.

En los últimos trimestres, explica el documento, “la tasa de desocupación de la fuerza de trabajo femenina de hasta 29 años en el aglomerado BBC, ha tendido a igualarse con la tasa nacional, situada actualmente en torno al 16%. Esta convergencia ya se había evidenciado para los varones en dicho tramo de edad. Esto explicaría por qué la tasa de desocupación bahiense ya no se sitúa sistemáticamente por encima del promedio nacional, como solía ocurrir. Conviene tener presente que pese al aumento del empleo, la desocupación de las mujeres jóvenes sigue superando al promedio del aglomerado (120% más alta) y lo mismo ocurre con los varones de ese tramo de edad (62% mayor al promedio)”.

“La evolución laboral según sexo y tramo de edad en el promedio de los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH fue muy diferente. En contraposición con el aglomerado BBC, el segmento más dinámico fue el tramo de 30 a 64 años, mientras que el empleo entre los jóvenes de ambos sexos se contrajo. La población activa se movió, como cabría esperar, en sintonía con el empleo: se redujo entre los jóvenes de ambos sexos, donde las oportunidades de empleo disminuyeron y se mantuvo o incrementó entre los trabajadores de entre 30 y 64 años para los que las chances de inserción fueron más favorables”, agrega.

cuadro empeoEn un apartado referido a la situación laboral de lxs jóvenes, Burachik y su asistente Nicolás Saguí repasan las principales actividades de lxs bahienses de entre 18 y 29 años. El comercio destaca como único sector de fuerte peso tanto entre las mujeres como entre los varones. Las demás actividades muestran cierta especialización por género. Entre las mujeres jóvenes predominan los empleos en hoteles y restaurantes, servicio doméstico, enseñanza y sector salud. Entre los varones, en cambio, predominan los puestos de trabajo en la construcción, la industria, el transporte y la administración pública.

En el período 2011/14 la cantidad de mujeres jóvenes ocupadas parece haber disminuido, en especial en los primeros dos rubros principales. En el mismo período el volumen de ocupación de jóvenes varones se incrementó levemente y, a diferencia de lo ocurrido con las mujeres, sin un perfil sectorial definido.

“Los datos permiten observar que la principal forma de precarización o desprotección laboral de los jóvenes no reside en el carácter limitado del tiempo de contratación (empleos con tiempo de finalización) sino en la falta de cobertura de obra social, descuentos jubilatorios y derechos como el aguinaldo y los días por enfermedad. Mientras que 11% de las mujeres y 17% de los varones tienen empleos con tiempo de finalización, un 40% de los varones y un 44% de las mujeres jóvenes ocupadas carece de obra social o de descuento jubilatorio”.

El informe destaca que “una parte sustancial de los puestos de trabajo creados entre 2007 y 2014 para los trabajadores masculinos correspondió a la categoría cuenta propia” y que “la contracción del empleo femenino y joven afectó enteramente a los puestos de trabajo en relación de dependencia; sorprendentemente, en medio de este ajuste, las ocupaciones por cuenta propia se mantuvieron estables”.

Por último, los números indican que el porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan “se ha estabilizado en un nivel elevado”. Mientras que para el total de los aglomerados se observa una leve disminución tanto entre las mujeres como entre los varones, los indicadores de lxs ni-ni para Bahía Blanca y Cerri “lucen también bastante resistentes a una baja sustancial”.

Al parecer, el plan nacional de desarme no ha calado hondo en la justicia de Bahía Blanca. Santiago Ulpiano Martínez, el apenas secretario letrado que hasta junio pasado subrogaba el juzgado federal 1 de Bahía y tenía bajo su guarda a todos los aproximadamente 70 represores bahienses, mantenía a más de una docena de ellos detenidos en sus casas y con armas cargadas en el placard. Quedaron al descubierto el mes anterior, cuando Alejo Ramos Padilla, el juez subrogante que reemplazó a Martínez, cruzó los nombres de los reclusos que tenían detención domiciliaria con el registro de portadores de armas que lleva el R.E.N.A.R.

Así comprobó que dieciséis detenidos por violaciones a los derechos humanos en la ciudad portuaria del sur gozaban de ese riesgoso privilegio. Expeditivamente, ordenó los allanamientos, pero los resultados no fueron los mejores: sólo en cinco de los dieciséis casos las fuerzas de seguridad dieron con las armas de fuego que los reos habían declarado tener. El panorama fue detallado en un informe que el juzgado incorporó a un incidente de la causa 15000005/2007, al que accedió Infojus Noticias.

Santiago Ulpiano Martínez y el abogado Claudio Pontet fueron apartados por el Consejo de la Magistratura en junio de este año, denunciados por poner palos en la rueda de los juicios por delitos durante la última dictadura y por fallos exprés favorables para algunos sospechosos de fuste como el empresario mediático Vicente Massot. Cuando Ramos Padilla asumió la subrogancia, encontró al juzgado en una situación alarmante: los plazos de muchas prisiones preventivas y sentencias estaban vencidos, había indagatorias pendientes hasta de dos años antes, y se encontraron más de 40 panes de droga en la terraza del juzgado y más de ochenta pistolas, revólveres y escopetas, algunas con municiones, sueltas por el despacho.

Pero el caso de los condenados o procesados por crímenes en la última dictadura fue la gota que rebalsó el vaso. Ramos Padilla ordenó quitarle las armas y revocar la prisión domiciliaria, excepto a quienes por su estado de salud tienen razones de fuerza mayor. Tener armas, “acredita objetivamente un incremento de envergadura de los riesgos procesales, ya sea de entorpecimiento de la investigación o del peligro de fuga”, concluye el magistrado.

Los cinco presos armados

Raúl Oscar Otero era un oficial del Batallón de Comunicaciones 181 que lideraba la compañía de Combate. Tenía bajo su mando un grupo de soldados especialmente entrenados para la “lucha contra la subversión”. Entre sus hombres más certeros, estaba el subteniente Videla y un cabo primero de apellido Peralta a quien apodaban “el loco de la guerra” porque siempre estaba lleno de armas entre sus ropas. Otero tenía la credencial de Legítimo Usuario vencida, y estaba inhabilitado desde el año 2013 por el R.E.N.A.R.

El ex cabo José Marcelino Casanovas fue detenido en noviembre de 2013 en la ciudad patagónica de Zapala, acusado de varios secuestros agravados y un homicidio. La fiscalía federal de Bahía Blanca le imputa, además, haber ejercido violencia sexual sobre una mujer secuestrada. Entre las armas que tenía en su poder, había una Bersa calibre 22 con balas en la recámara. El R.E.N.A.R. no había hecho la inhabilitación preventiva.

Alberto Magno Nieva, ex Sargento de Infantería del Quinto Cuerpo de Ejército, integró el “Equipo de combate” y está procesado, además de por secuestros y torturas, por el homicidio calificado de Luis Alberto Sotuyo, Dora Rita Mercero de Sotuyo, Roberto Adolfo Lorenzo y Nancy Griselda Cereijo. Desde 1976 hasta 1978, obtuvo 100 puntos sobre 100 en los informes de calificaciones firmados por los generales René Azpitarte y José Antonio Vaquero: tenía muy buena puntería. El conscripto Norberto Cevedio lo oyó decir —y lo declaró en la justicia— que “había limpiado” a Sotuyo y por eso no quería ser visto por los familiares de la pareja que iban al V Cuerpo de Ejército buscando información sobre su destino. Nievas, con un estado de salud estable, tenía una credencial de legítimo usuario vencida desde 2002. Una de las armas registradas no fue hallada mientras revisaban su casa y tenía un arma Ballester calibre 22 cargada.

Walter Bartolomé Tejada fue condenado a prisión perpetua el 6 de noviembre de 2012. Se le probó ser responsable de sustracción, retención y ocultamiento de menores; cientos de privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos y homicidio calificado por alevosía de tres personas. No tenía credencial de legítimo usuario y estaba inhabilitado por el R.E.N.A.R. desde el año 2013.

Pedro José Noel es un oficial retirado de la Policía Bonaerense que fue apresado en febrero de 2012. Hasta 2011 había tenido trabajo: era el director de la Biblioteca Popular “José Hernández” de la localidad de Cerri, cercana a Bahía Blanca. Al igual que Casanovas, Noel fue acusado por haber ejercido violencia sexual sobre dos mujeres. El hombre tenía una credencial de legítimo usuario vencida desde 2005, y estaba inhabilitado por el R.E.N.A.R. Una de las armas que le encontraron —una Taurus calibre 38— estaba lista para disparar.

Los once que “no las tenían”

Los once presos restantes, ensayaron excusas más o menos insólitas para explicar por qué no tenían las armas declaradas. A seis de ellos —Juan Manuel Bayón, Oscar Lorenzo Reinhold, Mario Alberto Gómez Arenas, Gustavo Abel Boccalari, Vicente Antonio Forchetti, Luis Alberto Farías Barrera—, les revocaron sus prisiones domiciliarias. Bayón —condenado a prisión perpetua— y Gómez Arenas respondieron varios días más tarde, a través de sus abogados, que las armas estaban bajo la custodia de sus hijos.

Boccalari mostró un documento privado, de un traspaso informal de las armas a la casa de su garante. A Forchetti, que está alojado en el penal de Ezeiza y pidió la prisión domiciliaria, será difícil que se la acepten. Farías Barrera jura haber extraviado cinco armas de fuego registradas a su nombre, pero ni siquiera hizo la denuncia. Reinhold ni siquiera se molestó en dar explicaciones.

Los otros cinco mantuvieron sus prisiones domiciliarias. Luis María Delaico explicó que sus armas fueron secuestradas por el Juzgado de Instrucción 26 de la C.A.B.A. Enrique Braulio Olea demostró que una inhibición general de bienes del Juzgado Federal n° 2 de Neuquén le impide traspasarlas. José María Martínez devolvió sus tres revólveres a la Delegación Bariloche del R.E.N.A.R. Osvaldo Antonio Laurella Crippa se acogió a la entrega voluntaria del Programa Nacional del R.E.N.A.R. Y Carlos Andrés Stricker aportó documentación que prueba que entregó las suyas al R.E.N.A.R.

Fuente: InfojusNoticias.

Foto: Sol Vázquez.

Días después que el Tribunal Oral Federal bahiense absolviera a Juan Suris y una decena de personas imputadas por tráfico de drogas gracias a una deficiente investigación y mal uso de las escuchas telefónicas, el juez correccional José Luis Ares advierte que “el problema con los narcotraficantes no es si se los castiga con veinte años de prisión o con perpetua, el problema es que no se los atrapa, y sólo caen los que se dedican a la venta de droga al menudeo, que serán reemplazados de inmediato; o peor aún, los adictos que son víctimas y necesitan ayuda y no represión, como lo ha puesto de resalto la Corte Nacional”.

“Los publicitados secuestros de drogas sólo representan el 10 % del total que se trafica. Entre otras cosas es necesario cortar el circuito económico del narcotráfico mediante el estricto control del lavado de activos”, sostiene el profesor de Derecho Procesal Penal (UNS)y agrega que “se puede inundar las ciudades de policías pero si no se los capacita adecuadamente ni se ataca decidida y sistemáticamente la corrupción, nada se logrará”.

“Yo veo el futuro repetir el pasado.
Yo veo un museo de grandes novedades”.
“El tiempo no para”, Cazuza (1958-1990).

Así como un Estado debe tener una política seria, coherente y  a largo plazo en materia económica, sanitaria o educativa, también debe poseer una política criminal, es decir un conjunto de medidas que se deben implementar para la lucha contra el delito. Se trata de un manojo de decisiones y de normas, a fin de poner en acción instrumentos y estrategias con objetivos a mediano y largo plazo. Así como el delito es multifacético, multicausal y dinámico, también dinámicas deben ser las políticas públicas en esta materia. No es lo mismo el robo a un comercio por  parte de un solitario ladrón que la sustracción organizada de automotores para comercializar sus autopartes; no es lo mismo la violencia de género que el tráfico de drogas ilegales.

Si bien no se encuentra incluido estrictamente en las decisiones de política criminal, es necesario revertir la pobreza y la marginación, a través de la inclusión, el trabajo y la educación. Sin embargo, el fenómeno delictivo no es un asunto inherente a la pobreza, sino que la criminalidad a gran escala está organizada por sectores que no pertenecen precisamente a los guetos marginales, contando en muchos casos con protección o complicidad activa oficial. Por eso, las decenas de mercados ilegales se pueden y se deben atacar de muchas maneras no estrictamente penales, como por caso a través de controles administrativos, aun cuando el delito se vaya “corriendo”, pues el delincuente busca la impunidad y la actividad que resulte más sencilla, más rentable y menos riesgosa.  Por ejemplo, si se controlan estrictamente los desarmaderos suelen reducirse los robos de automóviles; es una obviedad que si nadie comprara televisores o celulares  de procedencia dudosa, disminuirían los robos de estos objetos pues no habría donde colocarlos, y esto se relaciona con  problemas éticos y de educación.

Alberto Binder sostiene que a falta de políticas de seguridad se desarrollaron estrategias de doble pacto. Es decir, un primer pacto de la dirigencia política con las fuerzas de seguridad,  y un segundo pacto de éstas con organizaciones o sectores criminales para mantener cierto equilibrio, permitiendo la gobernabilidad y obteniendo beneficios. Según el mismo autor, esto se ha vuelto impracticable, entre otras razones, porque la policía no puede asegurar ya el control territorial de la criminalidad. Otra de las disfunciones consiste en la autonomía de las fuerzas policiales, sin efectiva conducción política.

A falta del diseño de una política criminal seria, constante en sus grandes líneas pero dinámica en atención a la mutación del delito, desde ciertos sectores políticos, en especial en tiempos electorales, se simplifican las cuestiones y se proponen soluciones sencillas para problemas complejos, tales como la baja de la edad de imputabilidad, el aumento de penas, la restricción de la excarcelación, más policías, patrulleros y cámaras de video vigilancia.

El aumento de penas ya se implementó varias veces, en especial con las “leyes Blumberg” de 2004. ¿Hasta dónde se puede llegar?, ¿hasta que casi todos los delitos tengan la pena del homicidio?, ¿hasta que todo delito grave se  castigue con prisión perpetua? Al margen que ello violaría la Constitución, ya el Marqués de Beccaria -en el siglo 18- escribía: “la certeza de un castigo, aunque éste sea moderado, hará siempre mayor impresión que el temor de otro más terrible pero unido a la esperanza de la impunidad…”. El problema con los narcotraficantes no es si se los castiga con veinte años de prisión o con perpetua, el problema es que no se los atrapa, y sólo caen los que se dedican a la venta de droga al menudeo, que serán reemplazados de inmediato; o peor aún, los adictos que son víctimas y necesitan ayuda y no represión, como lo ha puesto de resalto la Corte Nacional. Los publicitados secuestros de drogas sólo representan el 10 % del total que se trafica. Entre otras cosas es necesario cortar el circuito económico del narcotráfico  mediante el estricto control del lavado de activos.

La muletilla de la “puerta giratoria” no tiene correlato con la realidad; se han construido nuevas cárceles y éstas desbordan de presos, con serias deficiencias, afectando la dignidad de las personas y sin que la mayoría de los internos pueda acceder al trabajo y a la capacitación, que aleja la probabilidad de recaída en el delito (véase al respecto el documento de la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires, “Aspectos salientes de la problemática penitenciaria en la Pcia. de Bs. As.”, junio de 2015, en www.reddejueces.com). En realidad, existe un abuso de la prisión preventiva de presuntos inocentes, generalmente de sectores vulnerables, que piden fiscales y otorgan jueces y no por cierto de  delincuentes de “cuello blanco” (expresión acuñada por Edwin Sutherland).  Esto ha sido puesto de resalto por el Papa Francisco en cuanto aludiera  a la forma abusiva de la detención preventiva previa a la condena como adelanto de pena.

La  rebaja en la edad para perseguir a los menores es otro fuego de artificio  de mercadotecnia, pues la intervención de adolescentes de 14 y 15 años en delitos graves resulta insignificante, y los de 16 ya son punibles. Asimismo, el procesar a un menor no implica mandarlo a la cárcel pues -por mandato de normas constitucionales-  la prisión resulta la última opción y por el más breve plazo. Por otro lado, varios de los países más violentos de nuestro continente han fijado la edad de persecución penal en 12 años, sin ningún resultado en los índices delictivos (ej. Venezuela, Honduras, El Salvador, México).

Se puede inundar las ciudades de policías pero si no se los capacita adecuadamente ni se ataca decidida y sistemáticamente la corrupción, nada se logrará. La prensa ha acuñado el neologismo “narco-policías”, refiriéndose especialmente a los escandalosos casos de altos jefes cordobeses y santafesinos. Sin ir tan lejos, ¿no tuvimos en esta ciudad a los “comisarios del millón de dólares” condenados por sentencia firme?, ¿alguien podría poner en duda que ese dinero era la paga por protección e impunidad, y que se repartiría en otras esferas? Existe también, muchas veces, deficiencias y demoras en las investigaciones criminales (con enormes dosis de hechos graves no esclarecidos), excesiva delegación en la policía, y  afectación a la duración razonable de los procesos, especialmente en los tribunales superiores.

En definitiva, creo que  el diseño de políticas públicas en materia de seguridad es una tarea ardua y compleja que requiere de la intervención  de personas especializadas y experimentadas. Es necesario contar con información fidedigna del fenómeno delictivo en los distintos lugares y en sus diversas modalidades; se requiere planificación, coordinación y control para evitar abusos y asegurar eficacia. Resulta imprescindible, finalmente, coordinar los distintos niveles, sin olvidar el sensible problema carcelario y la inserción social del expresidiario.

Los argentinos no deberíamos dejarnos engañar nuevamente. No hay soluciones mágicas ni sencillas para problemas complejos; no se puede hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Más prisión no es más seguridad, sino lo contrario. Existe una tensión permanente entre el Estado de policía y el Estado de Derecho, que es ni más ni menos que cumplir la constitución, el reglamento del juego democrático. Es falsa la contradicción entre garantías y eficiencia. Se puede ser eficiente en la prevención y represión del delito sin desmedro de las garantías que resguardan a la persona humana, y asegurándose, a través de múltiples controles, que se condena con absoluta certeza al culpable.