“Es otra chanchada del fiscal allanar un espacio donde se está cultivando y produciendo desde el Estado y lo público”, señalaron desde la Federación de Organizaciones Cannabicas (FOCA), respecto de los allanamientos realizados por Mauricio Del Cero en Tornquist.

Tras los operativos se secuestraron diez plantas de marihuana que eran retiradas de la sede del organismo por dos concejales de Cambiemos que a su vez integran agencia del INTA. Ambos quedaron aprehendidos y fueron trasladados a Bahía Blanca.

Se trata del ingeniero agrónomo Federico Labarthe, presidente del Concejo Deliberante de Tornquist, y de Cristian Raising concejal radical, autor de la ordenanza que autoriza al Ejecutivo municipal a hacer “todas las gestiones necesarias para el uso exclusivamente medicinal, terapéutico y de investigación de la planta de cannabis”.

Vecinos y vecinas de dicha ciudad se manifestaron en favor de los ediles. Del Cero destacó que “no encontraron elementos de producción de cannabis”, por ende, les imputó el delito de tenencia simple.

“El fiscal Del Cero está haciendo una persecución sistemática a usuarios y cultivadores, creemos que se maneja ante el paradigma de la guerra contra las drogas, que es una política que ha fracasado en todo el mundo. Con el agravante de que el INTA como los laboratorios públicos y el CONICET, en la Ley de Cannabis Medicinal 27.350 los nombra como los lugares donde se puede producir el cannabis. Nos manifestamos repudiando esta actitud del fiscal y la persecución hacia cultivadores de la región”, señaló Juan Merino, integrante de FOCA.

Merino agregó que “los recursos que emplean se podrían utilizar para combatir el narcotráfico a gran escala. Esto puede ser un discurso, que sirva como marketing, que el fiscal crea conveniente tener esta estrategia para posicionarse en medios, para hacerse famoso, pero lo que está haciendo es generar lo contrario. De hecho, está demostrado por el apoyo popular que tuvo en la localidad”.

El Concejo Deliberante aprobó esta tarde por unanimidad la declaración de la emergencia sanitaria en el partido de Bahía Blanca.

Entre las diversas actividades que se suspendieron o postergaron por el riesgo de coronavirus se vio afectada la visita de Nora Cortiñas prevista para este viernes.

Desde la Secretaría de DD.HH. de la CTA Regional Bahía Blanca lamentaron “informar que se SUSPENDE la presentación del libro ‘NORITA, la madre de todas las batallas’. Tomamos la resolución a partir de la declaración de la emergencia sanitaria municipal y el levantamiento de las actividades públicas masivas, pero sobre todo, cuidando a nuestra querida Norita. La actividad será reprogramada para cuando su agenda lo permita”.

Hace instantes, el Comité de Contingencia para Coronavirus, aseguró que se ha notificado un nuevo caso sospechoso en la ciudad. Se trata de un joven de 23 años que se encuentra en internación y aislamiento en un centro de salud, según protocolo, a la espera de los resultados diagnósticos.

La ordenanza votada en la sesión de este jueves comprende las siguientes medidas:

1- Restricción, en principio por 15 días, de las actividades que tengan alta concentración de gente y que no sean fundamentales para el funcionamiento de la ciudad.

Se prohíben los recitales y eventos culturales masivos, mientras que los espectáculos deportivos podrán realizarse pero sin público.

2- Restricción de visitas a geriátricos, principalmente a quienes viajaron al extranjero en las últimas dos semanas. También se otorgará una licencia de 14 días a los trabajadores municipales mayores de 65 años, embarazadas e inmunodeprimidos.

3- Se recomienda a responsables de cines, teatros, salas de juego y centros culturales que funcionen con algunas restricciones, por ejemplo que se ocupen butacas y filas de por medio.

También, se sugiere a bares y restaurantes que readecuen la distribución de las mesas (más separadas) para cumplir la distancia necesaria para el no contagio.

La Municipalidad informó que se están reforzando las medidas de concientización sobre higiene personal con el lanzamiento de una campaña de comunicación masiva sobre prevención. “Queremos pedirle a quienes viajaron al exterior que se queden en sus casas por 14 días, y si tienen síntomas consulten con su médico. Y a todos los vecinos que extremen las medidas de higiene”, dijo el intendente Héctor Gay.

“Apelamos a la responsabilidad de los organizadores y dueños de espacios de asistencia de público y a la colaboración ciudadana en general, seamos conscientes de que es fundamental la participación de todos para prevenir el Coronavirus”, resaltó.

Según lo establecido en el proyecto, la emergencia sanitaria quedará efectiva por el periodo de tiempo en el cual se mantenga la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud.

Más información en www.bahia.gob.ar/coronavirus.

La presidenta del bloque del Frente de Todos en el HCD, Gisela Ghigliani, se refirió a una serie de proyectos vinculados a la perspectiva de género incluidos en la Agenda 2020 de Mujeres, Género y Diversidades.

“Lo que queremos con esto es ponerlo a consideración, que se discuta, que lo ampliemos y lo mejoremos. No podemos detenernos a recolectar números porque sino hacemos política publica a posterior. Estas son distintas líneas en las cuales vemos cómo abordar la problemática”, dijo a FM De la Calle.

La concejala comentó que “la ordenanza del Cupo Laboral Trans no se implementa, ni siquiera estamos discutiendo la reglamentación, eso también lo vamos a reclamar. Tenemos ordenanzas sobre soluciones habitacionales para víctimas de violencia, está promulgada y reglamentada, nos falta información sobre cómo se está implementando”.

“Para mí es un clásico que los presupuestos de Cambiemos son horribles y es obscena la subejecución, no por eso vamos a dejar de insistir en estas temáticas. No es aprobar por aprobar, preferimos que nos digan que no”.

Son diez ítems de propuestas: un Programa Mujeres Conductoras del Transporte Urbano de Pasajeros, un Protocolo Interno de Actuación en Situaciones de Violencia de Género y/o Discriminación. Además, la creación del Programa de prevención y erradicación del acoso callejero y de una  comisión permanente de “Mujeres, Género y Diversidad” en el Concejo Deliberante.

Por otro lado, le solicitarán al Ejecutivo el cumplimiento de la Ley Micaela, la pronta respuesta del expediente referido al Programa de Prevención del Acoso a Mujeres en bares y confiterías y propondrán la creación de una guía de lenguaje no sexista para las comunicaciones oficiales.

Se incluye, además, la creación de Centros de Atención Integral y Territorial de las Violencias por motivo de Género en Cerri, Ing. White y Cabildo; la modificación en el reglamento del HCD para licencias por nacimiento y adopción; y, por último, un homenaje a  María Luisa Cosentino de Pastorino, primera concejala mujer de Bahía.

Las distintas organizaciones culturales, sociales y sindicales, espacios y personalidades independientes y los partidos políticos que suscribimos el presente, reiteramos y confirmamos el categórico rechazo a la derogación de las Ordenanzas: 12.711 y sus modific. (Instituto Cultural), 19.038 (Eventos artísticos y culturales de organización regular y continuidad en el tiempo), 18.486 (Espacios culturales independientes y regulación de los mismos), 9.116 y modif. (Fondo municipal de las artes).

Cada una de ellas fueron elaboradas con la participación de amplios sectores de la comunidad cultural, política y social, quienes tuvieron como meta el desarrollo de la vida cultural de los y las bahienses, asegurando un presupuesto público que ejecute las necesidades del sector, a través de la participación, el diálogo y el consenso en el seno de los organismos creados con dicho fin.

Se ha logrado dar jerarquía a un sector que habitualmente queda postergado en el diseño de políticas públicas.

La primera ordenanza elaborada en este marco fue en el año 1996, y desde entonces la comunidad cultural ha continuado trabajando tenazmente en pos de mejorar las condiciones del teatro, la música, la literatura, y demás manifestaciones culturales de Bahía Blanca, luchando contra toda renuencia gubernamental.

Sin embargo, la decisión del Gobierno de Héctor Gay de “borrar” la historia bahiense alcanzó el “tope” de la negación y ninguneo al sector cultural y a la sociedad toda. Esto quedó de manifiesto en la sesión del HCD del día 10 de Enero de este año, al presentar un proyecto de ordenanza que únicamente contenía la derogación las citadas ordenanzas, con la intención de sustituirlas por un programa de Cultura Abierta. Proyecto que NO se ha elaborado formalmente.

Es decir, la gestión Gay primero deroga y luego elabora, SIN dar lugar a participación, diálogo, opinión u aportes de la cultura bahiense. Pretende derogar las ordenanzas que justamente garantizan el control social del presupuesto público del sector cultural, herramienta que da vida a nuestra democracia.

Si bien la derogación pretendida se frustró en dicha oportunidad, para el gobierno quedó “postergada” con el compromiso de generar encuentros o mesas de diálogo con el sector cultural para presentarles el nuevo programa. Hasta la fecha se realizó una única reunión, en la que el gobierno manifestó su intención de pasar a manejar discrecionalmente el presupuesto que hoy es regido por las normas que él descalifica.

Por todo ello, las distintas organizaciones y partidos políticos manifestamos:

porque nos oponemos al vaciamiento de la cultura bahiense;

porque defendemos la democracia y las herramientas que como ciudadanos tenemos para participar en las políticas públicas culturales y controlar los actos del gobierno;

porque se trata del ejercicio efectivo de los derechos culturales de los y las bahienses;

porque para ejercerlos, necesitamos un presupuesto público acorde a las necesidades del sector;

porque para nosotros la Democracia vale;

porque para ejercerla, las voces de los ciudadanos y las ciudadanas son imprescindibles;

por todo ello es que nos oponemos a la derogación de las citadas ordenanzas, y peticionamos que el Gobierno Municipal convoque a mesas de trabajo, para mejorar y sumar derechos culturales, y no para cercenarlos.

Firmas:
Partido Político Vecinalista Integración Ciudadana – Frente de Todxs – CTA.T – Frente de Todxs Bloque de Concejales – Ate Verde y Blanca – Virginia Linares – Carlos Favaro- Espacio Progresistas en Red – Ana Concepción Civitella – CTA.A Pcia BsAs – Suteba Celeste – Mov.Mayo – Cardumen – Casa del Pueblo Socialista para la Victoria – Nuevos Vientos – Ángela Morandi – S.O.S.B.A. (Sind. Obras Sanitarias Pcia. De Bs.As) – S.P.V.N. Sind. Del Personal de Vialidad Nacional) – SatSaid (Sind. Arg. De Televisión, Serv. Audiovisuales Interact, y Datos) – SADOP (Sind. Argent. Docentes Privados) – Unión Ferroviaria – Frente Feminista Nacional y Popular – ADUNS (Asoc. De Docentes de la UNS) – APA (Asoc.del Personal Aeronáutico) – ATILRA (Asoc. De la Industria Lechera de la Rep. Argentina) – SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor) Secc. B.Bca. – ADEF B.Bca – CGT – ADEF (Asoc. Empleados de Farmacias) – Secasfpi Anses – Juventud Sindical de CGT – UPCN Nación – UOMA (Unión Obrera Molinera Argentina) – UJPE (Unión Jerárquicos Petroquímicos) – UGS (Unión Gráfica del Sur) – UECARA (Unión Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina) – SSIP (Sindicato de Seguridad e Investigaciones Privadas) – APOPS (Asociación Personal de los Organismos de Previsión Social) – Asociación Bancaria Bahía Blanca – SICHOCA Sindicato Choferes de Camiones – UOSA (Unión Obrera Salinera Argentina) – Unión Personal de Panaderías – La Máquina Radial – SUTEP (Sindicato Único de Trabajadores de Espectáculos Públicos) – S.T.I. Gas (Sindicato Trabajadores de la Industria del Gas) – APyME Bahía Blanca (Asociación Pequeños y Medianos Empresarios) – AMET (Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica) – AEFIP (Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos) – ATUNS (Asociación Trabajadores Univ. Nac del Sur) – UTEDYC (Unión Trabajadores de entidades civiles y deportivas) – Red de Comunicadoras de Bahía Blanca – URGARA Unión de recibidores de granos y anexos de la Rep. Arg. – Partido Justicialista – Mujeres Peronistas Unidas – APM Bahía Blanca (Agentes Propaganda Medica) – Sandra Mónica Reñones – Hemisferio Derecho Ediciones – FM De la Calle – Comedor Corazones Solidarios – CTA Bahía Blanca – Acciones feministas – Jorge Cascallar, Coordinador de Envión – Coordinadora de Centros de Estudiantes de Artística – Centro de estudiantes del Conservatorio de Música de Bahía Blanca – Movimiento Arte y Cultura – Asociación de Murgas y Agrupaciones de Carnaval Bahiense – Desbandadas – Talleristas del Teatro Municipal – Asociación de Trabajadorxs de Museos – Red Local contra la Violencia de Género – La Bordó No Docentes UNS – Bahía Blanca Che – Assad Gabriel , artista plástico y bajo consumo colectivo fotográfico – OCB (Observatorio Cultural Bonaerense) – FEMI es Cultura Junín- TAMI (Trabajadores y Amigos de la Música Independiente de Junín) – Libros para todos Arte al Fondo Literatura, región San Miguel, Malvinas y José C. Paz – Géneros y Disidencias Nuevo Encuentro Bahía Blanca- Nuevo Encuentro Bahía Blanca – ECI ( Espacios Culturales Independientes) – UMSUR (Unión de Músicos del Sur)- Asociación Argentina de Actores B.Blanca.

El juicio está en marcha. 45 años pasaron de los crímenes cometidos por muchos más que quienes están sentados en el banquillo. Rodolfo Ponce y Remus Tetu son los grandes ausentes. El ex diputado nacional del peronismo ortodoxo y secretario general de la CGT y el rector interventor de la UNS fueron los jefes de las bandas que asolaron las calles bahienses. Murieron impunes.

Este lunes el fiscal Pablo Fermento leyó la acusación contra Raúl Aceituno, Osvaldo Pallero, Héctor Forcelli y Juan Carlos Curzio. Los otrora bravos tripulantes de “la fiambrera” se pusieron el traje de pobres viejitos “sorprendidos” por “esta porquería” que les está pasando.

“Como todos los bahienses de esa época saben, eran los hombres de Ponce que manejaban la fiambrera, patrullaban la ciudad, decidían quién vivía, quién no, quién podía andar por las calles por las noches, quién podía opinar y quien no, imponían su forma de pensar e intimidaban y asesinaban a los que pensaban diferente. Eran agentes de este grupo paraestatal cuya historia vamos a tratar de reconstruir en este juicio”, dijo el fiscal a FM De la Calle.

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Se les reprocha haber sido parte -entre 1974 y 1975- de una asociación ilícita para cometer crímenes de lesa humanidad como parte de un plan sistemático y generalizado de eliminación de opositores políticos, amparada y provista de recursos materiales y de información por parte del Estado argentino. Aceituno está imputado, además, por el asesinato de David Cilleruelo.

“Son las 10 hs, comienza el circo”, escribió Curzio mientras escondía su rostro al flash de nuestra cámara. Minutos después, el presidente del tribunal, Roberto Amábile, provocó el aplauso del público al abrir el debate: “En lo personal, como representante de un poder del Estado, siento la necesidad de pedir disculpas por haber tardado 45 años en hacer este juicio”.

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En sus manos y la de sus pares, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava, está la posibilidad de demostrar su pesar con hechos concretos y retomar el camino de Justicia que alguna vez conoció Bahía Blanca. El primer paso podría incluir la escucha atenta a quienes tendrán que repetir una vez más sus testimonios, garantizar la agilidad del debate, la regularidad de las audiencias y la presencia de los imputados, evitando el escándalo de verlos más libres que a las propias víctimas.

Un buen inicio fue la aceptación sobre la hora de dos querellas que se sumaron a la de la Agrupación H.I.J.O.S.. La Universidad Nacional del Sur retomará la acusación por el homicidio de Watu -ocurrido en sus propias instalaciones-. El rector Daniel Vega participó de la audiencia junto al abogado Francisco Fuster. Por otra parte, Leandro Aparicio representará a la familia del obrero Luis Jesús “Negrito” García.

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La próxima audiencia marcará el inicio de las declaraciones testimoniales. Será el miércoles 25 de marzo a las 9:30 en Colón 80.

La lentitud garantiza la impunidad

“Llegó el día de poder ver a esta gente en el banquillo de los acusados, después de tantas suspensiones y de cuarenta y pico de años del crimen de Watu”, dijo el testigo y secretario de Derechos Humanos de la CTA bahiense, Dante Patrignani.

Mostró su ansiedad por decir lo que tiene para decir: “Sobre todo de las barbaridades que hizo esta gente en Bahía, de denunciar a los responsables. No solamente son los que están en el banquillo de los acusados sino la connivencia del poder sindical de la época, de Rodolfo Ponce, del rector de la universidad, Remus Tetu”.

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Mencionó a aquellos que continuaron su tarea represiva durante la dictadura como Personal Civil de Inteligencia. Es el caso de los hermanos Chisu o del ex presidente de la Cámara Federal: “Néstor Montezanti está en la etapa de instrucción de la misma causa y el juez, después de dos años, todavía tiene que definir su situación procesal. Hay de parte del Poder Judicial una lentitud que garantiza la impunidad”.

Un juicio para ver más allá

“Este juicio nos va a llevar a mirar más allá, la Triple A era simplemente el brazo ejecutor de los blancos y objetivos que otros marcaban”, dijo Julia, hermana de Luis Jesús “Negrito” García.

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Recordó que “hay una declaración del Consejo Superior del PJ de septiembre del 73 donde declaran la guerra al pueblo argentino. Después de que matan a Rucci, cerca de las elecciones que Perón gana con el 62 por ciento, ellos declaran la guerra al pueblo diciendo que había que poner orden, en un país que venía desde la dictadura anterior luchando, resistiendo”.

“Por otra parte abren una batalla campal en contra del marxismo. Marxismo para ellos era todo lo que no siguiera los lineamientos de este grupo del PJ incluyendo a los propios compañeros peronistas”.

Julia comentó que el Negrito “era solidario, en un momento se planteó ser cura, se identificó un tiempo con la Federación Juvenil Comunista y después dejó de estudiar y se proletarizó, se insertó en el sector de la construcción en la Interamerican de White”.

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“Prontamente fue delegado. En una oportunidad lo echan, la gente hace paro y si no lo reincorporaban iban a sumarse otras empresas de alrededor. Eso habla del conocimiento de la gente del lugar. Era un pibe que quizás se exponía mucho, hablaba, discutía, peleaba, no se quedaba nada que decir”.

El dilema del PJ

José Lualdi aseguró que “la Triple A fue creada por el teniente general Juan Perón. Por eso tal vez la mora tenga que ver con la complicidad que ha tenido el conjunto de la dirigencia del PJ de ocultar esta cuestión. El PJ se debate entre aceptar que Perón ideo, creó y desarrolló la Triple A o que Perón era tan irresponsable que llegó a la Argentina enfermo y no podía conducir ni el país ni su fuerza política. Esta hipótesis la descartamos porque Perón condujo el país hasta el día de su muerte”.

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El testigo que relató en la causa cómo fue la interna de la UOCRA en tiempos de la banda paraestatal afirmó que “a los jóvenes parece que le estamos contando algo novelesco, pensar que los autos de la CGT patrullaban esta ciudad como si fueran fuerzas de seguridad, intimidaban, golpeaban, mataban, mandaron al exilio a cientos de compañeros. Si todo esto se ventila, estos 45 años de porfía habrán valido la pena, más allá de la condena que los jueces decidan sobre los cuatro imputados”.

Los crímenes debajo de la alfombra

Verónica, hermana de Fernando Alduvino quien fuera asesinado la noche del 21 de marzo de 1975, dijo a FM De la Calle: “La única expectativa que tengo es que por primera vez se diga que fueron terrorismo de Estado los crímenes ocurridos en un gobierno democrático, legítimamente elegido por el pueblo, con todos los recursos para hacer las cosas dentro de la ley. Que nos hagamos cargo de esto trae luz a muchísimas muertes que han ocurrido durante gobiernos democráticos que se guardan debajo de la alfombra”.

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“Mi hermano era un librepensador, estudiaba Filosofía y Letras, le encantaba enseñar a pensar. Era un militante de la vida y un militante de la vida no puede ser muerto sacado de la cama a las dos de la mañana, por la espalda, arrodillado.  Era tan alto que lo hicieron arrodillar y le dieron 13 tiros en la nuca. Había un mensaje mafioso para el resto de la militancia: si hacés algo podés terminar como él”.

Más información en juiciobahiablanca.wordpress.com

 

 

 

(Por Astor Vitali) El centro de Santiago está tapeado. Muchos comercios con los vidrios amurados. Acorazados. Custodiando sus bienes. Acuartelados. Algunos carteles en la puerta de entrada rezan: “estamos atendiendo”.

Otros lugares de la ciudad están peleando contra la muerte: cientos de ciudadanos y de ciudadanas combaten contra los carabineros en unas batallas que tienen sus víctimas y sus símbolos. Víctimas materiales; presentes. Y una pelea simbólica de la que nadie puede escapar en Santiago, cuadra por cuadra, cartel por cartel, todo remite a que aquí se abrió los ojos y a que aquí se está luchando. Aquí se abrieron los ojos; tal vez por eso les disparen.

Según un informe publicado por el Instituto Nacional por los Derechos Humanos de Chile el 18 de febrero, “se ha constatado un total de 3.765 personas heridas en estas visitas, de las cuales en 427 casos se constatan heridas oculares, 34 de ellos con diagnóstico de pérdida o estallido ocular”.

Se trata de un reporte de balance a raíz de la observación directa de sus funcionarios y funcionarias en visitas a comisarías y hospitales, además de las acciones judiciales presentadas a nivel nacional, en el contexto de la crisis social que se inició el 18 de octubre de 2019.

En visitas a comisarías, verificaron “una cantidad de 9.545 personas visitadas en comisarías, desagregadas en 6.935 hombres, 1.475 mujeres y 1.112 niños, niñas y adolescentes detenidos tras participar de manifestaciones”.

Alexis Aguirre, Coordinador Nacional de Litigios Especializados del INDH, señaló que “como Instituto nos preocupa que durante la segunda quincena de enero continuamos recibiendo denuncias y constatando la existencia de lesiones oculares respecto de personas que ejercían de manera pacífica su derecho a manifestarse”.

Ya en noviembre del año pasado, invitado a comparecer ante la comisión encargada de analizar la acusación constitucional contra el exministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, entregó un balance de las observaciones que ha realizado el Instituto desde el comienzo de las manifestaciones sociales y aseguró que “en este mes se han presentado 74 querellas por violencia sexual, cuatro veces que en nueve años y casi el doble de querellas por otras torturas”.

Sin embargo, el centro político de Santiago –de Chile-, La Moneda, aunque vallada y rodeada de efectivos, no parece registrar la sangría institucional. Por allí todo está normal… por el momento.

Mientras me dirijo hacia otros barrios donde las barricadas y las bolsas de basura encendidas aumentan la temperatura de enero, decido hacer una parada estratégica: ¿un baño? A unas diez cuadras de La moneda, sobre unas calles en zigzag, un shopping. Entro con la certeza de encontrar algún baño público. Miro la cartelería. La cartelería me indica el rumbo.

Creo haberme equivocado: dos molinetes y una boletería iluminada con un cartel: $500 (unos $40 argentinos). Sin embargo, no estaba yo equivocado sino desorientado. Era así nomás, el centro comercial ofrece un baño público a quinientos pesos chilenos. Yo los tenía pero ¿a qué baño acude alguien en pleno centro cuando lo necesita?

Por ejemplo, en nuestra ciudad, todo el mundo sabe que si sus tripas le ponen en apuros podría tomar un café y pedir el baño, o una botellita de agua. Si uno no anda con cinco e guita, también es sabido: uso el baño de la trasnacional de la obesidad y del mal gusto. Si necesito ir al baño, en nuestra ciudad, nos cagamos en Mc Donalds, y el sorete tiene hasta un gustito antiimperialista; alguna vez nosotres usamos a quienes nos usan siempre.

Pero allí no. Sin dinero, no hay derecho. Más que una metáfora de la desigualdad y de la clara existencia de ciudadanos de primera y de segunda, la boletería del baño público es la imagen más descarnada y pornográfica de un estado de cosas insoportable. El baño público clasista ayuda a comprender lo que todo el mundo sabe y el poder económico junto a sus representantes políticos aún niegan; por malcriados y por sus privilegios.

En su libro de reciente publicación Rebelión, el historiador chileno Jorge Baradit señala: “Nadie lo vio venir. Es la frase que escuchamos durante el estallido social que comenzó el 18 de octubre de 2019. La verdad es que todos lo vimos venir, solo que no sabíamos cuándo. Todos lo sentíamos como electricidad en la piel, aunque al parecer ellos no. Las señales estaban ahí, cada tres días alguien publicaba en redes sociales exactamente la misma frase: ¿Cuándo vamos a explotar y salir a las calles? ¿Cómo es que no explotamos y quemamos todo? Compatriotas quejándose día a día por la falta de reacción frente a hechos insoportables, comparándonos con el coraje de los argentinos para tomarse sus avenidas cada vez que es necesario. Es mentira que no lo vimos venir. Está lleno de entrevistas, columnas, charlas, avisos, obras de teatro, poemas, libros, canciones, documentales que lo vieron venir. Pero el poder estaba demasiado ocupado exprimiendo las últimas gotas, estirando la cuerda un poco más, sólo un poquito más. Calculando que aún se le podía quitar un gramo más de forraje a la vaca para seguir ordeñándola a todavía menor costo. Porque no solo querían todo, querían más. Quería lo que se queda entre tus dientes, las pelusas en los bolsillos y las dos semillas en las bastas de tus pantalones”.

Queda dicho. Mientras los ricos asumen que sus sistemas de desigualdad se han instalado de manera irreversible, que cada experiencia de éxito de gobierno de los ricos es una hoja más en el libro de actas del club del Fin de la Historia, la hora de los pueblos siempre aguarda, más o menos silenciosa, más o menos estridente, el detonante para estallar en mil pedazos la ilusión de sus opresores.

 

Fotos: María Florencia Laiuppa

Comenzó el juicio a cuatro represores civiles que actuaron en Bahía Blanca durante el terrorismo de Estado. Raúl Aceituno, Osvaldo Pallero, Héctor Forcelli y Juan Carlos Curzio integraron las patotas de Rodolfo Ponce y Remus Tetu.

En la primera audiencia, el fiscal Pablo Fermento leyó la acusación y los imputados se negaron a declarar. El juicio continuará el 25 de marzo a las 9:30 en Colón 80.

Más información, mañana en juiciobahiablanca.wordpress.com

Este lunes a las 10 comenzará el juicio contra integrantes de la Triple A de Bahía Blanca, a 45 años de sus crímenes contra más de cuarenta militantes políticos, estudiantiles y gremiales.

Para seguir el desarrollo del Juicio Triple A, desde FM De la Calle actualizamos nuestro blog juiciobahiablanca.wordpress.com y pusimos a disposición de nuestra audiencia el detalle sobre LA CAUSA, los IMPUTADOS y las VÍCTIMAS.

La audiencia pública será en Colón 80. Es el séptimo juicio por crímenes de lesa humanidad que se realiza en la ciudad y el primero contra civiles que actuaron en el terrorismo de Estado.

La Multisectorial por los Derechos Humanos convocó una concentración desde las 9:30.

Para unos minutos después hicieron lo propio H.I.J.O.S., Red por la Identidad y la Mesa x el Juicio y Castigo.

La banda paraestatal estuvo en nuestra región al mando del secretario general de la CGT y diputado nacional del FreJuLi, Rodolfo “Fito” Ponce, y del rector interventor de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu.

Los acusados que llegarán al banquillo son Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. Héctor Oscar Chisu falleció a fines de 2019. Se les imputa el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, el homicidio en un pasillo de la UNS del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

La actividad de la patota paraestatal dejó como saldo más de cuarenta homicidios, la proscripción de los centros de estudiantes, el cierre del comedor universitario, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otros aspectos.

Se cumplen cuatro años del homicidio de Ángel Almada en Ingeniero White. El abogado de la mamá del adolescente, Leando Aparicio, comentó en FM De la Calle los avances en las causas por homicidio y  por encubrimiento que investiga el fiscal Marcelo Romero Jardín.

La familia convocó a una marcha a las 19. Irán desde la Escuela Técnica de Ing. White hasta el puente desde el cual arrojaron al joven.

“No me cabe ninguna duda que hay un contexto relacionado con la cocaína, con gente pesada. El chico muere a 200 metros del cargamento de cocaína más grande de la historia”, apuntó Aparicio.

El abogado afirmó que “ayer, después de cuatro años, finalmente los peritos enviaron a la Fiscalía el teléfono de Ángel, el de (Horacio) Pagotto y el de ex delegado municipal (Marcelo Acosta), son 12 teléfonos que habían sido secuestrados en noviembre del 2017. Romero Jardín me dijo que habían recibido y no pueden abrir el informe desde las computadoras de la Fiscalía. Hablé con el perito y son 64 gigas que hacen falta para abrir la información”.

De la causa por encubrimiento, las personas señaladas son “cinco policías -comisario, subcomisario y tres policías-, el ex delgado, el amigo del ex delegado y una falsa testigo. Está en el Juzgado de Garantías, tal vez este año podamos llegar a juicio. Se los acusa de apretar a los amigos de Ángel y hacerle decir básicamente que Ángel se había suicidado. Al ex delegado se le acusa por ser una especie de sheriff, llevando y trayendo testigos, yendo a buscar la partida de nacimiento del nene para presentar ante el registro y hacerlo pasar como un suicidio”.

Hipótesis 

Según la investigación de la querella, la madrugada del 4 de marzo de 2016 había dos fiestas: “Ángel estuvo siempre con Trinidad Acosta, la hija del delgado, que mintió las 3 veces que declaró. De la primera fiesta se van a otra fiesta un poco más pesada y después vuelven. Ahí alguien se lleva un teléfono que estaban usando para pasar música, hay una discusión de Ángel con las amigas y el se va. Ángel o la hija del delegado se llevan el teléfono. Ese es el celular que luego encuentran en la casa de Pagotto”.

“Desde que se van hay versiones encontradas, fue a un bar y estuvo haciendo cosas, no sabemos qué. Según una testigo, Ángel cambia un teléfono por dos cervezas. Pero esa testigo, que es quien entrega el teléfono de Ángel al otro día, ya lo había toqueteado, había sacado cosas, entendemos que ese teléfono ella lo compra a la gente que mata a Ángel”.

“Pedimos las cámaras que estaban en la DDI y los vemos (a Ángel y Trinidad Acosta) caminando juntos. Ella dice que no lo ve más y se va a la casa. Ángel ha visto cosas que no tenía que ver, con personas que no tenía que estar”.

Procedimiento

“El personal de Ferro Expreso hace la logística del procedimiento, mandan a 3 policías recién recibidas, ahí empieza el apriete a pibes de 16, 17 años, que los sacan de la cama y los llevan a declarar y los aprietan. Lo primero que advertí es que los pibes no hablan como está escrito en la causa. No dicen ‘una mirada torva’. Acá tiene que ver el delegado y  la hija, es una pieza clave que ha mentido mucho y que sabe cuáles fueron las causas por las que lo mataron, tiene que ver el ambiente de la noche de White”, finalizó Aparicio.

La sala II de la Cámara de Apelaciones rechazó el habeas Corpus presentado por la defensa de Rosalía en el cual reclamaba su liberación inmediata.

Los jueces Guillermo Petersen, Alfredo Hernán Mones Ruíz y Guillermo Emir Rodríguez no hicieron lugar al pedido de doctora Fabiana Vannini en el cual planteó que Rosalía está detenida arbitrariamente debido a que al momento de ser juzgada había prescripto acción penal.

Por otro parte, Vannini junto a Mario Coriolano, defensor oficial ante el Tribunal de Casación de la Provincia, solicitó la prisión domiciliaria ante el Tribunal Criminal N°3.

Rosalía está presa desde el año pasado en Azul. En 2005 parió en soledad y desamparo, se desmayó y, cuando despertó, la criatura había fallecido. El 19 de febrero el Tribunal Criminal Nº3 la condenó a 8 años de presión por no haberle brindado los cuidados necesarios a su beba recién nacida.

Desde este lunes serán juzgados cuatro represores civiles que integraron la Alianza Anticomunista Argentina en nuestra ciudad. Será el séptimo juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca y el primero contra civiles que actuaron en el terrorismo de Estado.

Si bien el tribunal definirá el horario este viernes, se estima que será entre las 10 y las 12 en la sede del rectorado de la UNS de Colón 80. La Multisectorial por los Derechos Humanos convocó una concentración desde las 9:30.

La banda paraestatal estuvo en nuestra región al mando del secretario general de la CGT y diputado nacional del FreJuLi, Rodolfo “Fito” Ponce, y del rector interventor de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu.

Los acusados que llegarán al banquillo son Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. Héctor Oscar Chisu falleció a fines de 2019. Se les imputa el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, el homicidio en un pasillo de la UNS del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

La actividad de la patota paraestatal dejó como saldo más de cuarenta homicidios, la proscripción de los centros de estudiantes, el cierre del comedor universitario, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otros aspectos.

En una etapa anterior de la misma causa, el juez federal Walter López da Silva demora la definición de la situación procesal del ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Néstor Luis Montezanti, indagado en febrero de 2018.

La defensora de Rosalía presentó ante la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías un Habeas Corpus reclamando la inmediata liberación de la mujer. “Consideramos que mantener a Rosalía privada de su libertad es arbitrario porque se encuentra prescripta la acción penal”, señaló Fabiana Vannini.

Los jueces Guillermo Petersen, Alfredo Hernán Mones Ruíz y Guillermo Emir Rodríguez deberán decidir en 24 horas si hacen lugar a lo solicitado por la defensa.

Rosalía parió en soledad en mayo del 2005 en Argerich, partido de Villarino. Llamó a los gritos a sus hijas para que la ayudaran y  cuando las vio corriendo y asustadas, se desmayó. Permaneció inconsciente durante horas y cuando despertó notó que la criatura había fallecido. El pasado 19 de febrero el Tribunal Criminal Nº3 la condenó a 8 años de prisión por homicidio calificado por no haberle brindado a su hija recién nacida los cuidados necesarios. Está presa en Azul desde junio de 2019.

“Habeas Corpus significa que se solicita la libertad inmediata de la persona, se considera que el encarcelamiento es ilegal o arbitrario”, comentó a FM De la Calle la abogada.

Señaló que ya plantearon la prescripción y “el Tribunal nos resolvió desfavorablemente con un argumento bastante cuestionable. Ahora planteamos esta cuestión ante la Cámara, si nos hacen lugar Rosalía puede recuperar la libertad y si no iremos con recurso de Casación para discutir la resolución desfavorable”.

“El delito por el que se la condena está prescripto, pasó el plazo que el Estado tenía para condenar que es 12 años. El Tribunal entendió que plazo es de 15 años, en base a una interpretación bastante forzada”.

En el recurso presentado, la defensa argumentó que “parece innecesario tener que recordar la raigambre constitucional y convencional que posee la actuación del Estado respecto de minorías desprotegidas en el complejo aspecto de la pobreza y de género que resulta el marco de la supuesta comisión del hecho que se imputa. Por ello, la única solución justa y adecuada a derecho y a la perspectiva de género que corresponde al caso es admitir la presente acción de Habeas Corpus, declarando prima facie prescripta la acción penal”.

Por otra parte, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur exigió al rectorado que se presente cómo amicus curiae en la causa de forma inmediata para exigir la liberación de Rosalía. “Nuestra Universidad es directamente responsable de la situación de precariedad laboral de Rosalía, cabe aclarar que el temor a perder el empleo fue la causal del estado anímico por el que atravesó su embarazo y parto”, comentaron en referencia a la ex trabajadora del frigorífico La Gleba. La Comisión Provincial por la Memoria interpondrá el mismo recurso.

Por último, Vannini comentó que “Rosalía está tranquila, bastante angustiada pero lo que quiere es que salga lo antes posible la orden de traslado a Bahía para estar cerca de la familia. El traslado depende del servicio penitenciario y el cupo que tenga la Unidad 4. Contestaron que no tienen lugar. Eso es cierto, en el pabellón femenino están con algún problema de sobrepoblación”.

El Comité de Solidaridad con Chile, Bolivia y Pueblos Latinoamericanos presentó una denuncia penal contra la dictadura boliviana por crímenes de lesa humanidad. Lo hizo invocando el principio de jurisdicción internacional ante el Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca a cargo de Walter López da Silva.

Las organizaciones que integran el comité afirmaron que “desde la instauración de la dictadura de la autodesignada presidenta Janine Añez, con el apoyo de la derechas locales, los Estados Unidos y el Estado de Israel, los hermanos bolivianos han sido víctimas de una innumerable cantidad de violaciones a los derechos humanos, dejado un triste saldo de personas muertas, heridas y desaparecidas, agresiones físicas, manifestaciones racistas y odio fomentado por los medios masivos de comunicación y las autoridades”.

El secretario de DD.HH. de la CTA, Dante Patrignani, dijo a FM De la Calle que “se presentó la denuncia en mesa de entradas, estuvieron revisándola y se aceptó la demanda. Ahora esperaremos qué respuesta hay. El objetivo principal que teníamos era avanzar con algunas cuestiones para visibilizar esto y por eso nos damos por satisfechos”.

“Sabemos que se presentó en Córdoba por parte de una asociación de ex detenidos políticos y en Buenos Aires por parte de la comitiva que viajó a Bolivia en la que participaron compañeros de distintas organizaciones. Sería bueno que esto se replique para que algún juez le de trámite. Es nuestro aporte, modesto pero nos parece que teníamos que hacerlo”.

En la demanda se propone una serie de testigos que padecieron el accionar de las fuerzas golpistas, encabezados por el ex presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales. “Esperamos aporte al conocimiento de los hechos, el señalamiento y juzgamiento de los culpables y la reparación a las víctimas”.

El IPC Online registró un incremento del 2,45% en los precios de febrero en relación a enero. El informe destaca el impacto local del aumento del transporte urbano de pasajeros en el capítulo de mayor aumento.

El 17 de febrero el oficialismo recurrió a una concejala suplente para cubrir la banca de Gabriela Schieda y alcanzar el quórum, a pesar de que la edila radical estaba en el Concejo Deliberante. En la sesión extraordinaria -cuya validez hoy investiga la justicia- se aprobó, además, el Presupuesto 2020 y la venta de un tomógrafo.

El incremento del boleto impulsado por el intendente Héctor Gay y la UTA se aplicó el 30 de enero y se reflejó en la suba del 6,5% del rubro Transporte y Comunicaciones del IPC Online. El resto de los capítulos se mantuvo con variaciones muy bajas, sobre todo Alimentos y bebidas, incluyendo un poco común descenso en Otros bienes y servicios.

Los capítulos que registraron alzas lo hicieron en el siguiente orden: Transporte y comunicaciones (6,50%), Vivienda y servicios básicos (2,27%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,63%), Indumentaria (1,59%), Alimentos y bebidas (1,57%), Esparcimiento (0,62%), Educación (0,32%) y Atención médica y gastos para la salud (0,13%). Como se mencionó al inicio, el capítulo de Otros bienes y servicios registró una baja del orden del -0,52%.

La variación de precios fue menor al mes pasado y acumula en el corriente año 5,51%. Se debe mencionar que el mes de enero fue corregido cerrando finalmente en 2,99% y no en 2,93% como había sido publicado originalmente. Por su parte, la inflación acumulada durante los últimos 12 meses llega a 53,91%, siendo más baja que la registrada en enero.

La asamblea de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur exigió al rectorado que se presente como amicus curiae en la causa de forma inmediata para exigir la liberación de Rosalía.

“Nuestra Universidad es directamente responsable de la situación de precariedad laboral de Rosalía, cabe aclarar que el temor a perder el empleo fue la causal del estado anímico por el que atravesó su embarazo y parto”, manifestaron sobre la ex trabajadora de La Gleba condenada a ocho años de prisión.

Este miércoles la defensa oficial apelará el fallo y pedirá la libertad en compañía de diversas organizaciones que se sumaron a la demanda de “ni una presa más por la justicia patriarcal”. Será a las 12 en Estomba 34.

El gremio ya realiza los trámites para participar bajo la misma figura legal, la cual le permitiría “aportar información o conocimiento generado y proporcionado, ya sea de modo escrito con una opinión legal, testimonios o informes”.

Rosalía fue condenada por la muerte de su bebé, al cual no pudo cuidar tras parir sola por haber sufrido un desmayo. “Nuestra Alta Casa de estudios debe reparar el daño que causaron las condiciones laborales en que tenía a esta trabajadora”.

“Tenemos como ADUNS y como UNS un deber moral de aportar en esta situación que ha afectado no solo a Rosalía R. sino también a sus hijos, quienes son víctimas de las violaciones a los derechos fundamentales de Rosalía, dos de ellos menores de edad y toda una familia, oriunda de Argerich y de una historia de ser trabajadores de la UNS, como lo fue el propio padre de Rosalía”, afirman en la nota dirigida al rector Daniel Vega y a la secretaria de Derechos Humanos, Andrea Montano.

Recuerdan que Rosalía “criaba sola a sus cuatro niñxs, trabajaba en jornadas de más de 12 horas diarias, totalmente precarizada, sin acceso a derechos sociales que gozamos las y los trabajadores. Cabe destacar que el lugar de residencia, Argerich, es zona semi rural, sin salas médicas, ni ambulancia”.

El intendente Héctor Gay negó haber estado al tanto de la situación de violencia machista padecida por Laura Trespando. La mujer denunció en diciembre a su ex pareja y titular de la UTA, Ricardo Pera, por lesiones agravadas y amenazas.

“No sé en el caso de Marisco, no en mi caso, nunca me llegó eso, no conozco a la persona y nunca me llegó. Es una decisión que está en la justicia”, dijo el jefe comunal tras la apertura de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante

La denunciante y su hija trabajaban en Bahía Transporte Sapem de donde fueron despedidas “sin causa” por presiones del acusado.

En su declaración en Fiscalía, Trespando aseguró que el presidente de la empresa, Tomás Marisco, el gerente Federico Harfield y el propio intendente Héctor Gay conocían el contexto de violencia. Los primeros, ofrecieron asistencia desde la oficina de Género comunal y posibles traslados aunque le soltaron la mano tras la victoria de Cambiemos en octubre.

“Mi despido fue el paso final de todo este manoseo político y gremial, de todos estos meses para que yo no denunciara antes de las elecciones. Esto fue acordado por todas estas personas que yo nombro en esta denuncia”, afirmó Trespando.

La víctima declaró que el 3 de diciembre Harfield la convocó a las oficinas de Bahía Transporte Sapem donde junto a un abogado y una escribana le notificaron su despido. “Que no existía otra opción. Que solo recibían órdenes”, le dijeron.

Firmó en disconformidad y se dirigió a la Municipalidad: “Concurrió al despacho del intendente Héctor Gay, donde Rubén Gómez -secretario de éste- le manifestó que no la iba a atender porque era un tema personal y no se iba a involucrar”.

“No es así, nunca habló conmigo, nunca me llegó la denuncia. Es posible que esté en la Sapem porque es un organismo autárquico pero respetuoso absolutamente de la justicia”, respondió Gay ante la pregunta de la periodista Virginia Pascual.

-¿No estaba al tanto de lo que ella estaba padeciendo?

-No, en absoluto.

Una música callejera denunció por redes sociales que inspectores municipales le labraron un acta por “ruidos molestos” por la denuncia de un vecino. Le informaron que debía conseguir la habilitación correspondiente para seguir trabajando.

“Me dijeron que si no me iba y me llegaban a encontrar de nuevo, me iban a multar”, dijo a FM De la Calle Rocío Saavedra.

Esta mañana se reunió con el Director de Planificación Urbana, Daniel Arrigo Reale,  y con el director de Cultura, José González Casali. “Ellos se encargan de efectuar los permisos para estar en la calle. Me dijeron que no podían creer lo que estaba pasando porque querían fomentar el arte en las calles y no que lo sacaran. Me están tramitando un permiso que me van a entregar en dos o tres días.  Si uno no tiene permiso no puede tocar en la vía pública”.

“Me dijeron que le avise a los músicos que vea y que se acerquen a Planificación que van a empezar a extender permisos a artistas para que si vienen inspectores municipales no nos puedan sacar”, comentó.

La artista se refirió, además, a la reunión que mantuvo con el presidente de la Comisión de Cultura del HCD, Carlos Quiroga, en la cual se le manifestó que impulsarán una ordenanza “para que esté permitido tocar, siempre y cuando no sea en horas de descanso, y que nos ayude a seguir trabajando y mantener nuestra fuente laboral”.

La Asociación Argentina de Actores, la UMSur y la Red de Espacios Culturales Independientes manifestaron su descontento luego de que se les negara la entrada al Concejo Deliberante para escuchar el discurso de Héctor Gay en la apertura de sesiones ordinarias.

“Cuando no tenemos invitación o no estamos acreditados, el ciudadano común no entra. Es una política de Juntos por el Cambio poner vallas en lugares públicos para que el público no tenga acceso a actos de gobierno. No es la primera vez que esto ocurre en Bahía”, dijo a FM De la Calle la delegada de Actores, Belén López.

“Nuestra intención era escuchar qué tenían para decir, estar atentos al discurso y conocer la propuesta política y qué importancia o rol va a cumplir la cultura en Bahía Blanca y nos interesaba escucharlo de boca del intendente”.

Respecto a la Mesa de Dialogo convocada ante el intento de derogación de las ordenanzas del Instituto Cultural y otros programas del área, López afirmó que “no nos han llamado para nada, no sabemos en qué estado está el proyecto superador del cual nos hablaron. Ese silencio no sabemos si es porque están trabajando, para mantenernos calmos o para que las cosas sucedan en el momento inesperado”.

“Hay que ver si se están sentando la Comisión de Cultura en su totalidad, yo eso lo desconozco y no podría afirmarlo. Estamos en estado de alerta y movilización desde el primer momento”, concluyó.