La gobernadora María Eugenia Vida anunció que la provincia tuvo en 2018 un índice de mortalidad infantil de 8,9 puntos por mil nacidos vivos, “el más bajo en la historia en el distrito”.

Sin embargo, la concejala Gisela Ghigliani (UC) expresó en la sesión de ayer que las mediciones son parciales y se deben comparar a largo plazo.

“La mortalidad infantil es una de las tasa que se utilizan para medir políticas públicas y son estándares internacionales. Va a ser la más baja porque es lógico, antes de la penicilina era otra la mortalidad, antes de la vacunas era otra. Hay que dejar en claro que, por supuesto nadie celebra que la mortalidad infantil ascienda, hay que ser honesto y decir que la medición de la mortalidad infantil tiene dos aspectos: la neonatal (de 0 a 28 días) y la post neonatal (de 28 días a un año)”, comentó.

Agregó que “esos datos todavía no están desagregados en las publicaciones del Ministerio. No es un tema menor porque, si realmente  hubo inversión, lo vamos a ver porque es la neonatal y, si tiene que ver con otros aspectos, lo vamos a ver porque es la post neonatal”.

“Ningún gobierno puede decir que la mortalidad baja por las acciones directas que hacemos en un año porque se mide en los años posteriores. Es un proceso, entonces, va reducirse. Pero decir que es por la política exclusiva del gobierno de la provincia, les diría, esperemos hasta 2021 o 2022 donde vamos a poder ver el impacto de no tener las vacunas hoy , por ejemplo, para la meningitis”.

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Silvia Godoy, destacó que los descuentos en medicamentos anunciados por el gobierno “son una medida falaz”.

“Informamos que se estaban vendiendo 100 mil unidades menos por día entonces la industria farmacéutica implementó el bono de descuento para mover los productos que estaban estancados. Es un anuncio de algo que ya se venía implementando en lo que no hay aporte del gobierno”, comentó a FM De la Calle.

“¿Por qué no se ocuparon de los beneficiarios del Plan Salud?”, se preguntó la farmacéutica. “Es gente en pobreza extrema, es un plan que está abandonadísimo y muchos pacientes no pueden tomar los medicamentos. En Bahía quedamos tres o cuatro farmacias abasteciendo y no sabemos cuándo van a estar los pagos”.

Godoy agregó que “llama la atención la disminución en  medicamentos recetados por enfermedades crónicas. Son medicamentos que la gente no los toma porque quiere. (…) Hipertensión, diabetes, son los primeros rubros que cayeron”.

En otro orden, respecto al estudio de la Agencia Nacional de Seguridad del Medicamento y de los Productos Sanitarios (ANSM) de Francia que alertó que el consumo de ibuprofeno puede agravar cuadros de infecciones, Godoy explicó que “es un medicamento de uso demasiado masivo, tenemos pocas políticas de salud en cuanto a las publicidades de medicamentos. El medicamento no es una mercancía. No puedo decirte tomáte esto que te vas a sentir re bien. La gente cree que por estar en la tele es inofensivo”.

 

Profesionales del INTA y el Conicet identificaron 18 agroquímicos en el agua de tres barrios de Pergamino. La investigación fue avalada por peritos de la Corte Suprema de Justicia y ratifica la denuncia que desde hace años vienen planteando las Madres de Barrios Fumigados de la localidad.

Agustina Aller, colaboradora de la agrupación, comentó a FM De la Calle que “en Pergamino, en los barrios periféricos a los campos es directa la fumigación, es indiscriminada. Está el pensamiento retrógrado del matayuyo, que no pasa nada. La última difamación que se da es que las madres están haciendo política con esto, que no está mal porque no hacemos política partidaria sino para que se apliquen medidas a largo plazo”.

En los últimos días la Policía Federal realizó varios allanamientos para secuestrar elementos que son utilizados para fumigar a pesar de la prohibición establecida por una medida cautelar.

“Acá el agua viene de las napas, se sabe que la contaminación del suelo pasa a las napas, el agua se sigue tomando igual y siempre se supo que tenía arsénico”, comentó Aller.

Sabrina Ortiz, una de las madres de la organización y quien lleva adelante la denuncia por la presencia de agroquímicos en la sangre de sus hijos, recibió amenazas. Aller destacó que “desde que empezó a visibilizar esta problemática hay una campaña sucia a través de punteros políticos, ahora dicen que son mentiras las fotos de los niños, las cuales fueron publicadas con autorización de las madres”.

La corvina de la foto fue capturada en los últimos días en la zona de Puerto Galván. Al parecer, el globo sanguinolento que se ve sobre uno de sus ojos sería un tumor. Profesionales consultados por FM De la Calle manifestaron la imposibilidad de detectar su origen sin realizar estudios histopatológicos.

¿Será producto de la contaminación?

En septiembre, profesionales de la UBA convocados por la justicia recomendaron la prohibición inmediata de la captura y consumo de especies del estuario bahiense y, en un corto o mediano plazo, la prohibición del vertido al estuario de cadmio, cromo, plomo y cobre.

Los altos niveles de metales pesados fueron relativizados por las autoridades municipales quienes descartaron tomar cualquier tipo de medidas. Es así que no falta quien tire una línea en la ría y se encuentre con estos peces dignos de Springfield.

En cuanto al estado de la causa judicial iniciada por la Asociación de Pescadores Artesanales en 2011, recordamos que el juez Agustín López Copola aceptó en febrero la realización de pericias sobre los procesos químicos de cada empresa como complemento de el informe elevado oportunamente por la Facultad de Agronomía de la UBA.

El 8 de marzo se aceptó a los peritos propuestos por las firmas denunciadas a partir de lo cual tendrían cinco días para aceptar el trabajo y 40 días hábiles judiciales para la presentación de las conclusiones sin posibilidad de prórrogas.

De esta manera, el próximo 27 de mayo quedaría despejado el camino para el desarrollo de los alegatos y la sentencia que el juez prometió para julio.

La Defensoría del Pueblo presentó un amparo colectivo para exigir que el Estado distribuya aceite de cannabis a los pacientes que necesitan la sustancia para el tratamiento de enfermedades.

José Luis Gil, delegado local de la Defensoría, comentó a FM De la Calle que “los amparos no son tan rápidos como se piensa, aunque ya está a la vista del fiscal y nos confirmaron la actuación del doctor Lorenzino. Será para todas las personas que acrediten que lo necesitan”.

Actualmente, las alternativas que quedan son el autocultivo penalizado o la importación. “Está mal decirlo pero si uno lo tiene que hacer lo hace. No podemos infringir la ley porque hay laboratorios públicos que deberían hacer este tipo de aceite, queremos que el Estado cumpla con la ley que debería cumplir”.

La Defensoría cuestionó que, además del incumplimiento de la ley por parte del gobierno nacional, los laboratorios de producción pública de medicamentos nucleados en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) no están produciendo ni comercializando actualmente cannabis para uso medicinal, terapéutico y/o de investigación, y tampoco el INTA ni el CONICET se encuentran realizando tareas de investigación para con fines médicos y científicos.

(Por Mauro Llaneza) La Facultad de Agronomía de la UBA respondió dudas e impugnaciones que las empresas y organismos denunciados presentaron contra la pericia conocida en septiembre en el marco de la causa que investiga la contaminación del estuario.

El informe ratifica que las especies no son aptas para consumo humano y la necesidad de revisar los controles sobre el vertido de metales pesados. Antes de dictar sentencia, el juez Agustín López Coppola convocó a las partes a una audiencia que se realizará el 13 de febrero.

Lucas Beier, abogado de los pescadores artesanales, dijo a FM De la Calle que “las empresas demandadas, siguiendo lo que hizo el IADO y la propia Municipalidad, desprestigiaron el informe. (…) La Facultad les contestó diciendo que es científico, que todas las opiniones tienen sus argumentos en documentos científicos y en estudios que hicieron ellos y ratifican todo repitiendo que los peces no son aptos para consumo humano, que el estuario está grave, contaminado, y que no es posible la preservación de la vida que habita hoy el estuario”.

“Tenemos la certeza científica que los peces, crustáceos y moluscos analizados por esta Facultad y recolectados en una zona habilitada para la pesca, en donde algunas lanchas de pesca artesanal desarrollan su actividad en la actualidad, arrojaron resultados altamente preocupantes”, concluye el documento.

Beier afirmó que “el Estado lamentablemente es parte demandada y ha tomado la postura de aliarse con las empresas cuando, en realidad, el Estado somos todos y el Estado tendría que buscar el beneficio para la sociedad y dentro de sus obligaciones está preservar el ambiente”.

“Los niveles de sulfuros, hidrocarburos, fenoles, hierro, cromo, zinc, plomo y mercurio registrados en la actualidad en el estuario de Bahía Blanca se pueden considerar peligrosos para los sistemas biológicos asociados, ya que muchos de los valores exceden los niveles permitidos por la normativa”, aseguran las dras. Alicia Fabrizio de Iorio y Alicia Rendina y el ing. agrónomo Gustavo Mozeris.

También destacan que “las especies de peces y moluscos que se tomaron en el muestreo, como por ejemplo el pez sapo, ostras y mejillones que no migran por fuera del estuario, son indicadores del nivel de bioacumulación de metales pesados directamente relacionados con el ambiente circundante y es por ello que se concluye que en la proximidades del puerto de Ing. White la fauna marina recolectada está expuesta a este tipo de elementos”.

Más adelante, subrayan que “existiendo un polo petroquímico que se encuentra habilitado a arrojar sustancias nocivas y lo realiza con una carga ‘declarada’ de 11.300m3 por día (según informa ABSA en la causa Meninato el polo petroquímico consume entre agua potable y cruda más de 36.000 m3 por día), más que evidente que las sustancias nocivas ingresan cuanto menos por los efluentes de las empresas“.

Ninguna duda

Sobre consultas por la “duda razonable” mencionada en la pericia, sus firmantes advirtieron que no refiere a sus conclusiones -fundamentadas científica y técnicamente- sino que está “centrada sobre los sistemas de tratamiento de efluentes y de control por parte de los organismos públicos provinciales, así como en los niveles guía planteados para el vuelco de efluentes a la ría”.

Dado los altos niveles de concentración de metales pesados en los peces recolectados en las proximidades del polo petroquímico, lleva a pensar que alguna de las dos cosas está fallando, o los controles no son los indicados o la reglamentación no es acorde para el ambiente estuarial. Los registros históricos del CTE indican que las empresas cumplen en la gran mayoría con los límites permitidos, pero atento los indicadores de bioacumulación en peces, moluscos y crustáceos para metales pesados podemos afirmar que al menos la zona interna del estuario se encuentra en un estado vulnerable”.

Por ende, el informe plantea tres hipótesis: “a) los controles no son los adecuados, o b) los parámetros establecidos por la resolución administrativa no deberían aplicarse al estuario bahiense, o c) están ingresando al estuario metales pesados por ductos o canales no declarados o no controlados por los organismos”.

Estudios complementarios

Ante supuestas contradicciones entre la pericia y los informes del IADO, la FAUBA dice que “no es tan así”.

Describe que coinciden en la presencia de metales pesados en agua y sedimentos del estuario y en que el sistema está claramente influenciado por la acción antrópica. “La única aparente contradicción es en relación a los tejidos musculares de peces analizados por el IADO y las muestras de peces, crustáceos y moluscos analizados en el marco de este informe”.

Las diferencias entre los estudios del IADO y la pericia de la FAUBA “pueden ser complementarias ya que analizan especies y lugares diferentes y esto puede, lejos de ser contradictorio, plantear una complementación en la generación de información”.

Entre las explicaciones agregadas, la Facultad relató que “la totalidad de los ejemplares fueron formas juveniles por lo que es poco probable la migración desde una zona por fuera del estuario. Por lo tanto, de acuerdo a su ciclo biológico, los juveniles de las especies estudiadas permanecen más tiempo en el área de estudio lo cual aumenta el tiempo de exposición a posibles contaminantes de alcance local”.

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Destacan, además, que “se les consultó a los pescadores que indiquen donde ejercían habitualmente su actividad para la toma de muestras y pudimos observar que sobre el veril norte del estuario, en cercanía a la zona portuaria, existen clubes náuticos y accesos al público en donde la gente concurre a pescar desde los muelles (Club Náutico Bahía Blanca, Club de Pesca Almirante Brown y Club de Pesca General Daniel Cerri) en donde las especies obtenidas por pesca deportiva por lo general son consumidas por los pescadores”.

Finalmente, el documento afirma que “el constante dragado de mantenimiento de la profundidad del canal de navegación provoca mayor turbidez en el agua, remoción de metales pesados ocluidos y alteración de lecho marino” y, ante esto, concluye que “el dragado por sí mismo genera un daño ambiental: destruir el lecho marino, que es donde nace toda la vida marina, evidentemente genera un daño”.

“Las resistencias al neoextractivismo son todavía marginales, en el sentido de que toca zonas de pequeñas y medianas localidades lejanas a los grandes centros industriales. Hay ahí un gran desafío que es el de lograr un cambio cultural, una nueva narrativa y un diálogo con sectores sindicales, territoriales urbanos, sectores políticos de las grandes ciudades, que hoy en día son muy indiferentes a la problemática ambiental o que la desconocen en absoluto”, dijo Maristella Svampa.

La socióloga conversó con FM De la Calle a partir de su libro “Chacra 51: regreso a la Patagonia en los tiempos del fracking”, un ensayo sobre el avance de la explotación de energías extremas entre las chacras productoras de peras y manzanas de Allen, Río Negro.

Svampa mezcla, a través de su historia familiar, la literatura, la sociología y la filosofía con la militancia socioambiental.

“Hay un grave problema en la Argentina donde a diferencia de otros países no se discute sobre la fractura hidráulica así como otras actividades extractivas altamente controversiales (…) de destrucción y sacrificio de los territorios”, manifestó la investigadora del CONICET y licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba.

Agregó que “en Argentina se sigue hablando de oportunidades, se sigue hablando de una visión eldoradista, como si la Argentina estuviera destinada a convertirse en una suerte de potencia energética a través de la explotación de estos yacimientos no convencionales. No se da una discusión completa o integral que incluiría precisamente diferentes aristas de los impactos socioterritoriales hasta, por ejemplo, el desplazamiento de otras actividades económicas, como es el caso de la actividad frutícola en el Alto Valle de Río Negro y en Neuquén. Hoy es Allen el que está más que amenazado y donde el avance de locaciones hidrocarburíferas es tal que hay un retroceso cada vez mayor de la actividad frutícola. Muy probablemente van a ser otras, también, las localidades impactadas por el fracking. Mientras tanto las autoridades hoy siguen negando que se haga fracking”, aseguró.

“Chacra 51” es también el reflejo de una vida dedicada al estudio de problemáticas socio-territoriales, tanto en clave nacional como latinoamericana, donde no sólo profundiza sobre las energías extremas y su impacto negativo sino también se evidencia que el proceso “es mucho más caro, tiene mucho menos rendimiento energético y produce más accidentes, no sólo de trabajadores sino también derrames. Y esto es lo que está sucediendo tanto en Vaca Muerta como en Allen”.

La socióloga desarrolla el concepto del páramo y del racismo ambiental para entender la complejidad de su enfoque.

“La imagen del páramo yo la traje a colación para dar cuenta precisamente de lo que estaba sucediendo con las chacras. El progresivo desmonte ante la crisis y la avanzada de las locaciones hidrocarburíferas. Es sabido de las transformaciones territoriales que genera la explotación petrolera ya que después la tierra no pueda utilizarse para nada y lo que deja es desierto de piedra o un páramo. Yo lo que señalo es que no hay capacidad de resiliencia alguna, no se puede recuperar, y esto es efectivamente el páramo: es una imagen muy asociada también a nuestros tiempos del antropoceno, esta nueva era geológica en la cual la crisis y la devastación ambiental amenaza la vida misma en nuestro planeta”.

Respecto al “racismo cultural” Svampa aseguró que “no hay conciencia ambiental y es muy complicado abrir esta discusión. Yo hablo de racismo ambiental también para el caso de Allen donde la indiferencia de la población e inclusive de muchos chacareros es muy flagrante. Tal es así que los impactos que están denunciando a través de distintas notas periodísticas es posible verlos ahora sobre la población rural, pobre e invisible. Por lo cual, creo que en la población hay una suerte de ‘racismo ambiental’ que hace que se minimicen los impactos porque esto todavía no ha tocado el corazón de la población más integrada y que sobre todo vive en los cascos urbanos”.

“Mientras esto perjudique a las poblaciones pobres y marginales, la gente no se va a preocupar en demasía y esto me parece tremendo, terrible y da cuenta de un cinismo o de mala fe porque la gente sabe en el fondo, le hace ruido esto del avance del fracking entre peras y manzanas. Por más que YPF sea el sponsor de la Fiesta de la Pera o que todas las pequeñas radios locales reciban la pauta publicitaria de los servicios petroleros, lo cual atenta contra la posibilidad de discutir”.

Svampa destacó que “hay que recordar que el kirchnerismo efectivamente no promovió el desarrollo de energías renovables, hizo una apuesta a fondo en los combustibles fósiles. Ahora este gobierno tiene un doble discurso, porque si bien tiene un presupuesto limitado para el desarrollo de las energías renovables, tiene un presupuesto ilimitado a favor de los combustibles fósiles, sobre todo de los no convencionales con Vaca Muerta. Así que no nos engañemos: la matriz económica argentina no va a cambiar gran cosa, porque el gobierno hace la apuesta sobre todo en Vaca Muerta y de eso son conscientes los funcionarios”.

Sobre los antecedentes de gobiernos progresistas en la región y su política socio-territorial, la escritora opinó que “implicaron una gran expectativa política en términos de nueva izquierda pero que, hacia el final del ciclo, derivaron hacia modelos de dominación más tradicional que conllevaron un fuerte proceso de concentración en los líderes o lideresas, como también en procesos que han derivado en algunos casos en gobiernos autoritarios como el caso de Venezuela. He sido muy crítica no solo de lo que tiene que ver con la matriz productiva, la economía, sino también con las dimensiones políticas de este proceso.  (…) Ha habido una suerte de solidaridad automática y acrítica en relación a estos gobiernos, diciendo que si uno le hace una crítica le está haciendo el juego a la derecha, al imperialismo, etcétera. Yo no soy de esta idea, creo que efectivamente hay que hacer ejercicio del pensamiento crítico”.

“Igualmente soy consciente de que las resistencias al neoextractivismo son todavía marginales, en el sentido de que toca esas zonas de pequeñas y medianas localidades lejanas a los grandes centros industriales, con lo cual hay ahí un gran desafío que es el de lograr un cambio cultural, una nueva narrativa y un diálogo con sectores sindicales, territoriales urbanos, sectores políticos de las grandes ciudades, que hoy en día son muy indiferentes a la problemática ambiental o que la desconocen en absoluto”, finalizó.

Sandra Crucianelli, periodista bahiense e Integrante del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) conversó con FM De la Calle sobre la investigación global denominada Implant Files, la cual reveló el peligroso negocio de los dispositivos médicos como implantes y aparatología para diagnósticos y tratamientos de salud.

“Descubrimos que había una lista de elementos observados con riesgo de muerte o de causar daños severos a los pacientes en la FDA de Estados Unidos, organismo regulador, y que cuando ese alerta estaba vigente estos equipos ingresaron al país”, comentó.

¿Por qué se permitió el ingreso de dispositivos con alerta de peligrosidad? Crucianelli aseguró que “hay dos mecanismos que están fallando. El primero tiene que ver con la falta de controles que hay en el Estado. El ANMAT, que si bien es un organismo descentralizado depende en línea directa del Ministerio de Salud de la Nación. Identificamos varios vacíos legales, por ejemplo que el ANMAT no está obligado a hacer públicos aquellos casos donde se reportan fallas en otros países. No hay ningún motivo para que mientras por un lado se escracha a la compañía o empresa que produce aceite de oliva y lo prohíben por alguna razón, no escrachan a las grandes multinacionales que facturan millones”.

Respecto al segundo mecanismo dijo que, “por un lado, está el tremendo lobby que (las multinacionales) hacen para conseguir beneficios legales como por ejemplo, para mantener estos vacíos en la legislación; el lobby que hacen en los Congresos, en los Senados…Y por el otro, estas compañías son las mismas que sobornan a médicos. Nosotros encontramos tres casos en las cortes de EE.UU perfectamente documentados, de compañías multinacionales que admitieron ante los organismos reguladores norteamericanos y ante la justicia de EE.UU.  haber pagado coimas a médicos argentinos para que indicaran ésas prótesis”.

Según pudo relevar Implant Files, por ejemplo, existen causas de prótesis mamarias que resultaron perjudiciales para mujeres a lo largo de todo el mundo.

Sobre rol de los médicos, Sandra Crucianelli opinó que tienen la obligación de contar a sus pacientes los efectos adversos o secundarios en la mayoría de los casos pero que, por el contrario, en situaciones de colocación o utilización de dispositivos eso no sucede. “Lo que aplicaría sería el código deontológico, de ética, de buenas prácticas; que deberían utilizar los médicos, pero sin embargo no siempre sucede (…). Lo que vimos en la investigación es que es información que se oculta”.

“Nos parece importante alertar a la gente para que cuando se le indique este tipo de estudios o se les coloque un implante se interiorice bien (…) y le pueda pedir a su médico lo que se le llama la ‘caja negra’ del producto, la caja con todas las especificaciones, porque le está faltando entonces información al paciente”.

En cuanto a las responsabilidades, la periodista explicó que “en el 2012 hubo una disposición de la ANMAT mediante la cual se creó el listado oficial de dispositivos implantables, es decir en vez de crear una lista de dispositivos con problemas en otros países, ellos decidieron crear una lista con los que estaban ok, digamos con los que no tenían ningún reporte de eventos adversos. En la disposición dice claramente que este listado tiene que hacerse público, pero buscamos por todos lados y no lo encontramos. Fuimos a la ANMAT, hicimos entrevista y nos dijeron que era información confidencial. Así que ahí tenés otro problema; que es también la confidencialidad con la que se manejan estas cosas que son de salud pública”.

Por último, Crucianelli aseguró que ninguna de las importadoras de dispositivos presentes en Implant Files reside en Bahía Blanca, sin embargo, expresó que “en algunos casos es probable que hayan sido puesto en venta en la ciudad. Es imposible saberlo, porque esa cadena de distribución no queda registrada en ninguna base de datos que podamos consultar. Yo creo que son los médicos los que saben qué pusieron, qué usaron y de dónde lo sacaron”.

A instancias del directorio del Hospital Municipal, avanza la creación de una Fundación que se propone promover investigaciones, organizar capacitaciones para el personal profesional y no profesional y “dar apoyo” a la atención sanitaria del principal centro de salud bahiense.

Según el estatuto, “será dirigida, administrada y representada por un Consejo de Administración formado por nueve miembros” con un mandato de cuatro años y un Comité Ejecutivo de tres integrantes rentados.

La propuesta ya se discute en el Concejo Deliberante donde la oposición evalúa requerir modificaciones al texto original del proyecto. Desde la CTA denunciaron que es “el primer paso hacia la privatización de la salud en Bahía Blanca”.

Gisela Ghigliani, concejala por Unidad Ciudadana e integrante de la comisión de Salud, comentó a FM De la Calle que “ninguna fundación puede arrogarse la potestad de contratar personal, generar servicio, esa debe ser la política publica de salud. Mucho menos, que el municipio pueda disminuir la asignación de presupuesto basándose en el supuesto de que existan quienes donen o sean los benefactores aportando en esta fundación. Estaríamos corriendo al Estado de una función central”.

El miércoles pasado autoridades del hospital y concejales de Unidad Ciudadana, de PJ- Cumplir y del Frente Renovador se reunieron para analizar la propuesta. Según afirmó Ghigliani la fundación serviría para “que ingresen recursos que siempre desde el Estado son finitos, por ejemplo para infraestructura, para poder finalizar quirófanos”.

Consultado por FM De la Calle, el secretario de Salud comunal, Claudio Pastori, rechazó hacer declaraciones y advirtió que “es una decisión de la dirección del hospital”. “Me parece que hay que tener una opinión por más que sea una política del hospital. No está por fuera de la política pública de la ciudad”, dijo la concejala.

“Para esta ciudad, el Hospital Municipal es un orgullo. Cualquier/a bahiense/a sabe que, más allá de su condición económica, puede contar con ‘el Muni’ cuando su estado de salud lo requiera. En otras palabras, el derecho la salud a través del sistema público es un tema del cual los/as bahienses/as, más allá de las falencias, tenemos motivos para reivindicar”, afirmaron desde CTA.

Agregaron que “ese modelo de salud sólo puede funcionar de esta forma si permanece en el ámbito de lo público, sin influencia del sector privado. La Fundación, en cambio, abre la puerta a que los intereses de las empresas que lucran con lo que debería ser un derecho comiencen a virar el timón hacia otras prácticas”.

 

El Senado bonaerense aprobó la media sanción al proyecto de ley de Alcohol Cero. La norma prohíbe el consumo de alcohol para conductores menores de 21 años y principiantes y agrava las sanciones para conductores/as con registros superiores a los 0,5 establecidos por la normativa vigente.

La inciativa reunió los proyectos de Federico Susbielles (UC) y Walter Lanaro (Cambiemos). El bahiense explicó que “aunque nuestra propuesta inicial contemplaba el ´alcohol cero´ para todos los conductores, entendemos que el corte a los 21 años pedido por Cambiemos es al menos un primer paso, sobre el que podremos volver en el futuro cuando las cifras de siniestralidad demuestren una baja que es previsible, y entonces todos entendamos que beber y conducir es una irresponsabilidad a cualquier edad”.

“Esta ley no busca mayor punitividad sino que apunta a lograr un cambio cultural. Queremos lograr algo similar a lo que sucedió hace 15 años cuando se aprobó la ley contra el tabaquismo porque hoy vemos que a nadie se le ocurre fumar en un lugar cerrado”, dijo.

En cuanto al próximo debate en la Cámara de Diputados, Susbielles manifestó que “sabemos que no es fácil, que hay presiones y que hay llamados para que esta ley no salga, por eso le pedimos a los diputados de todos los bloques que se mantengan firmes, porque estamos defendiendo la vida de los ciudadanos bonaerenses”.

La familia de Facundo Sacoccia y otras víctimas del tránsito de la provincia presenciaron la sesión.

¿Qué establece el proyecto de ley?

-Conductores/as principiantes y menores de 21 no podrán tener alcohol en sangre

-Ordena sanciones para quienes infrinjan la ley:

A) arresto.

B) inhabilitación para conducir vehículos o determinada categoría y para conductores/as con licencia habilitante, se retiene la misma.

C) multa: cuando la infracción sea por conducción con nivel de alcoholemia en sangre, el monto de la multa se incrementará.

D) concurrencia a cursos especiales de educación vial, su incumplimiento triplica el valor de la multa.

El intendente Héctor Gay recibirá mañana a integrantes de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría, quienes reclamaron conocer su posición sobre la contaminación del estuario.

El compromiso fue asumido el lunes cuando el grupo de trabajadores se presentó en Alsina 65 para manifestar su preocupación por la pérdida de su tradicional fuente laboral.

En diálogo con FM De la Calle, el abogado Lucas Beier precisó que pretenden saber si se va a proteger el ambiente del estuario o será “como hicieron hasta ahora: controlar, monitorear pero, pese a los resultados, no hacer más que eso”.

-La Municipalidad es una de las partes involucradas en las causas judiciales, ¿qué expectativas tienen al abrir este otro camino más allá de lo que discuta la justicia?

Desde el primer momento nosotros consideramos que el camino de la gestión administrativa o del Poder Ejecutivo, del Estado, es el más idóneo. No obstante eso, como no teníamos una respuesta en su momento, recurrimos a la vía judicial. Nunca dejamos de plantear la posibilidad de un encuentro o de una gestión directa del Poder Ejecutivo porque, en el mejor de los casos, lo que va a pasar en el proceso judicial es que el juez le ordene al Poder Ejecutivo realizar algo. Lo cual después va a depender del presupuesto, de gestiones, y va a ser prácticamente empezar de nuevo.

Tenemos el caso en Argentina de lo que pasó con el Riachuelo, con la causa donde se creó la ACUMAR, donde pese a la sentencia de la Corte, desde el 2006 hasta la actualidad, está todo igual que antes. Con denuncias penales a los funcionarios por incumplimientos, con sanciones, con multas, pero la contaminación sigue.

Queremos evitar que suceda algo más o menos parecido y, si es posible, acordar algo con la administración que sea posible de cumplimiento y que sea realmente un beneficio. Lo que se puede realizar es: si bien hay una gran cantidad de empresas que están arrojando sustancias que generan un agravamiento de la situación, el mayor problema que tenemos son las cloacas de Bahía, entonces si podemos eliminar esa fuente de contaminación sería una gran mejora para la calidad ambiental. Y un compromiso de las empresas en reducir sus desechos más la eliminación de la cloaca sería un gran beneficio.

-Les van a hablar de los avances de la obra que lleva adelante ABSA…

Una obra importante, sin lugar a dudas. Pero en realidad lo que están tratando ahí son las materias orgánicas, que obviamente generan una gran contaminación, principalmente lo que es la demanda biológica de oxígeno. Pero también por las cloacas van muchísimas sustancias que no son orgánicas, o sea, muchos de los metales pesados que se encontraron en los peces también ingresan por el sistema cloacal.

Entonces, no está ni siquiera en proyecto hacer un tratamiento de esas sustancias y, como te dije, eso sumado al polo petroquímico más grande de Sudamérica que tenemos acá, genera prácticamente una conjunción perfecta para la contaminación.

-Más allá de que el juez no se dé por enterado, ese polo petroquímico más grande de Sudamérica pretende crecer aún más y no hay ningún tipo de reparo al planteo que ustedes hacen.

No, no, es como si no pasara nada. Obviamente lo importante de un juez es la sentencia. Antes, son todas pequeñas medidas que puede tomar y no estamos muy lejos de la sentencia. Ahí es donde realmente el juez se expide y donde el juez emite su dictamen y el juez habla. Pero, más allá de la sentencia, podría haber tomado alguna medida cautelar que la rechazó. Y bueno, del Poder Ejecutivo auspician estas inversiones de empresas del polo petroquímico y nunca se toca el tema de la calidad ambiental que ya hoy es mala y constantemente se sigue agravando. Lo lógico es que dentro de un año esté peor que hoy y así sucesivamente y más aún si el polo petroquímico va a crecer.

-Si el intendente ratifica lo que viene manifestando la Municipalidad en la causa o incluso lo que fueron las declaraciones de la subsecretaria de Gestión Ambiental en cuanto a la inexistencia de riesgo para la salud, ¿hay algún camino a seguir o pretenden ratificar la falta de interés de cambiar el rumbo por parte del municipio?

El paso a seguir nuestro tendría que hablarlo con la gente. Acá hoy principalmente, este pedido de reunión fue porque ya se encuentran en un estado bastante preocupante los pescadores, hablo del estado económico. Se  aproximan las fiestas y ellos ya lo están previendo y para ellos siempre es un problema llegar a fin de año y no tener plata ni para comprar un pan dulce, les afecta muchísimo.

Es una fecha bastante clave y ya me están llamando para decirme ‘Lucas acordáte que vienen las fiestas’, les empieza a agarrar como una desesperación. Sinceramente no hemos hablado, por lo pronto el jueves nos reuniremos con el intendente, va a ir un grupo de 4 o 5 nada más, nos pidieron eso desde la Municipalidad. Y si se puede trabajar en conjunto bienvenido sea y si hacen como hicieron hasta ahora de imaginarse que este conflicto no existe, seguirán ellos tomando las medidas que sean necesarias y yo desde la parte judicial también seguiré insistiendo.

-La subsecretaria Chanampa lo que decía, sintetizándolo a modo de título, es “yo comería sin problemas pescado de la ría’. Ahora, en la circulación de la pericia, la Municipalidad advirtió que hay ciertas alertas respecto a algunas especies por parte del Comité Técnico Ejecutivo, ¿cómo es eso?

Sí. Chanampa, más allá de lo desafortunado y poco político de su expresión, primero se contradice con los informes de la Municipalidad y, segundo, miente. Porque dice que el SENASA controla la presencia de metales pesados, lo cual no es verdad y, además de eso, la propia Municipalidad -no lo hizo público porque obviamente ellos quieren mantener todo lo más oculto posible- pero ya emitió un informe diciendo que las ostras del estuario no son aptas para consumo y recomiendan a toda la población no consumirla. Hoy la ostra invadió prácticamente todo el estuario.

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Desde Cerri, Punta Alta, cualquiera puede acercarse a la costa y recoger ostras fácilmente, sabemos que es un alimento bastante rico y supuestamente saludable, entonces muchos se acercaban, las sacaban de la costa y las consumían. Bueno, la Municipalidad desaconseja esto por la mala calidad que tienen y por el peligro que puede implicar ingerir consumir estas sustancias.

Está en el expediente, lo tuvieron que poner como una especie de defensa, como diciendo: ‘la Municipalidad ya advirtió esta situación’. Pero la realidad es que yo me enteré por el expediente, nunca había escuchado de ningún informe ni hablar a Chanampa ni a nadie andar diciendo esto en los medios. Así que sí, es una contradicción grande que tiene la funcionaria y no creo que lo salga a aclarar.

-¿La Municipalidad asegura que lo sabía pero no lo difunde?

Uno de los pilares del derecho ambiental, justamente, es la información ambiental. Como ciudadanos tenemos derecho a la información y el estado tiene la obligación de informar. No sé si recordarás que en 2010 salió a la luz el acuerdo de confidencialidad que tenía el IADO con la Municipalidad. O sea, el IADO no puede publicar nada si previamente no lo autoriza la Municipalidad.

Todo el tema ambiental es muy complejo, sabemos los intereses que hay en juego y por eso tomar una decisión, que el Estado diga ‘esto no va a ser más una reserva natural, acá no se pesca nunca más y va a ser un basural’… Bueno, que tomen la decisión y después se verá, pero la realidad es que no hacen ni una cosa ni la otra, ponen como pantalla eso del CTE, los monitoreos, los controles que todos sabemos no sirven para nada.

Lo sabemos con certeza científica porque después de 20 años de controles los resultados dieron 40 veces por encima de lo permitido, entonces los controles sirvieron para poco. No sé si la decisión del Ejecutivo hoy es continuar así o realmente cambiar un poco el rumbo.

(Por Mauro Llaneza) La justicia rechazó medidas cautelares solicitadas por la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría en el marco de las causas que investigan la contaminación del estuario.

En el ámbito federal se negó llamar a indagatoria a directores de empresas del polo petroquímico, ABSA y funcionarios del OPDS, el Municipio y el Consorcio del Puerto y prohibir el vertido de efluentes o, en su defecto, conformar una mesa de abordaje de la problemática que establezca un plan de saneamiento.

En el fuero contencioso administrativo se rechazó prohibir la pesca -tal como sugirieron los expertos-, difundir el resultado de la pericia realizada por la Facultad de Agronomía de la UBA que concluyó que las especies no son aptas para el consumo humano, prohibir ampliaciones y nuevas radicaciones industriales y la distribución de dividendos de las empresas.

Los representantes de los pescadores habían solicitado a la justicia federal la citación a indagatoria a los directores de ABSA S.A., Compañía Mega S.A, Solvay Indupa SACI, Cargill S.A.,  Petrobrás Argentina S.A., Profertil S.A., Dow Argentina S.A., Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y a funcionarios del OPDS y la Secretaría Ambiental de Bahía Blanca.

“Los directores de cada una de las empresas han tomado la decisión, con conocimiento y voluntad, de instalarse en una zona con características morfológicas particulares que provocan que el agua no sea renovable, que asimismo es una zona de reproducción y cría de muchas especias marinas y en donde se ha instalado una ‘polo petroquímico’, sabiendo que cada una de las empresas incorporan sinérgicamente sustancias nocivas al ambiente”, denunciaron.

No hay estudios que certifiquen que el aporte individual de contaminantes de cada empresa del polo petroquímico genere daño ambiental en un área sin renovación de agua y donde se reproducen y crían muchas especies marinas.

Sin embargo, los directivos decidieron instalarse allí y “continuar produciendo y arrojando sus desechos industriales constantemente al estuario” sabiendo que su “aporte no es el único” y que “la sumatoria de todos los desechos industriales son los que realmente importan cuando se debe prevenir la contaminación”.

Por ello, el abogado Lucas Beier y el fiscal Alejandro Cantaro solicitaron oportunamente la prohibición del vertido de sustancias no permitidas o la conformación de una mesa con todas las partes para establecer un plan de saneamiento.

La jueza Gabriela Marrón, a instancias del fiscal subrogante Horacio Azzolín, falló que aun con el resultado de la pericia realizada por la UBA y la Policía Federal es “prematuro” aceptar las medidas cautelares.

En el fuero contencioso administrativo los pescadores artesanales insistieron al juez Agustín López Coppola que dicte medidas precautorias ante el riesgo para la salud de la población por la contaminación y para frenar el crecimiento de las empresas que lo generan.

En todos los casos el magistrado sostuvo que, a pesar de las conclusiones de la pericia de la FAUBA, “nada ha cambiado” para alterar los argumentos con los cuales había rechazado acciones similares en 2009.

“Sabiendo que el estuario no admite más carga de contaminantes y que este proceso judicial seguramente durará muchos años más hasta tener una sentencia firme, el dictado de una medida cautelar es la única medida idónea para cumplir el mandato legal y constitucional de prevenir más efectos nocivos”, le reprochó el abogado Lucas Beier en su apelación.

Más allá de la pericia, en nueve años y decenas de miles de fojas, la causa incorporó resoluciones ministeriales, del Comité de Control y Monitoreo y documentos en los cuales las propias empresas reconocen “la constante y continua deposición final de sustancias peligrosas en el estuario”.

“¿Que sería más prudente, preventivo y responsable ante la afirmación científica de que existe un concreto riesgo en la salud de la población pasible de consumir estas especies que prohibir su captura y consumo?”, se preguntó el abogado.

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El juez argumentó que la pericia está en etapa de “bilateralización” -durante la cual las partes analizan el estudio- y si bien el análisis “será ampliado y explicado luego de las impugnaciones”, vale destacar que ya no es posible pedir su nulidad.

El magistrado rechazó dar a publicidad los resultados de la pericia y advertir a la población sobre los riesgos del consumo de peces del estuario aunque aclaró que la querella podría realizarlo por su cuenta y destacó que, de hecho, la noticia fue difundida por los medios de prensa.

En su apelación, Beier recordó al juez que “ningún acto de las partes puede suplir los actos de imperio del juez que, dicho sea claramente, son también actos de gobierno” y que sobre su cabeza pesa “cumplir los objetivos y principios de la Política Ambiental Nacional”.

López Coppola se contradijo al no impedir ampliaciones y nuevas radicaciones industriales que utilicen el estuario para descargar sus efluentes argumentando que los pescadores no informan sobre una fecha precisa de inicio o existencia de proyecto en ese sentido.

“La consideración de lo público y notorio por parte del juez es errónea por parcial pues ha considerado la difusión mediática de ciertos aspectos de la pericia de la UBA pero no ha considerado que, previamente, se viene informando por los mismos medios de prensa que existen concretas intenciones de grupos empresarios, inclusive parte de las empresas demandadas, de invertir sumas millonarias en ampliaciones industriales en el Polo Petroquímico Bahía Blanca, complejo industrial que tiene al estuario homónimo como cuerpo receptor de todos sus detritos nocivos y contaminantes”.

El punto no solo alcanza a firmas del polo sino de cualquier industria cuyos residuos líquidos lleguen por la red cloacal a la ría sin tratamiento. Por obvio, excluyen de la prohibición reclamada a “las que lo hacen en forma clandestina”.

Integración Ciudadana presentó un proyecto en el Concejo Deliberante para modificar la ordenanza que regula la instalación de torres para antenas en la ciudad. La norma fue aprobada por unanimidad y sin debate en julio tras la derogación de la regulación resistida por las empresas.

Cambiemos, Unidad Ciudadana, PJ Cumplir y el Frente Renovador establecieron límites en algunos espacios e instituciones pero habilitaron su ubicación en clubes.

Para IC, fuerza que participó de la elaboración de la derogada ordenanza 17.130, “cuando se modifica un régimen novedoso de regulación en forma contraria al vigente el debate no puede estar ausente” como ocurrió.

Su proyecto propone extender “los ámbitos restringidos para la instalación de las antenas, establece el régimen de doble lectura con debate, participando los sectores interesados para la afectación de los espacios públicos, espacios verdes, bienes del dominio municipal y los convenios de uso a título oneroso de inmuebles donde se ubiquen las antenas”.

“El HCD se obligará a aplicar ese sistema previsto en su reglamento interno notificando a las organizaciones que se inscriban en un registro habilitado al efecto de los despachos de comisión que aprueben o desestimen la localización. Convocando a un plenario de comisiones que hayan despachado el expediente todo ello con carácter previo y obligatorio a la convalidación del acuerdo”, afirmaron desde la Comisión de Acción Política de la agrupación.

Por otra parte, advirtieron que “el pase del pedido de localización e instalación a Saneamiento Ambiental no puede quedar restringido a evaluar la emisión a nivel sonoro. Por ello se extiende a todos los impactos ambientales en el marco de la competencia ambiental municipal”.

“Se propone que el convenio con el ENACOM no puede limitarse a las mediciones específicas sino que debe constituirse en una obligación subordinando la aplicación de la ordenanza a su existencia y que el incumplimiento de la normativa ambiental determina la falta de permiso o su revocación, atento el carácter precario de este acto administrativo de autorización”.

Algunos sectores eclesiásticos no solo se posicionaron en contra reforma de la ley de Educación Sexual Integral sino que además continúan haciendo lobby para frenar la discusión en el Congreso. Esta situación se hace evidente en el audio viralizado en el cual Jorge Sennewald, representante de la Alianza de Iglesias Cristianas- Evangélicas afirma que dialogó con Macri y Vidal para evitar el avance del proyecto.

Las principales modificaciones, aprobadas por unanimidad en la Cámara de Diputados provincial, apuntan a “crear un espacio curricular propio de la ESI para hacerlo efectivo y, por otro lado, determinan el carácter de la ley, que sea laica y científica y que trabaje contra cualquier tipo de opresión y discriminación”.

“Que haya una comisión en el ámbito del Ministerio de Educación que sea de centros de estudiantes, sindicatos, organizaciones de mujeres y de diversidad sexual para discutir los contenidos y revisar que se cumpla la ley”, señaló Guillermo Kane, autor del  proyecto.

Por otro lado, un sector de las iglesias evangélicas está a favor de estas reformas y mostró el desacuerdo con respecto al documento en el que el Consejo de Educación Cristiano Evangélico rechaza la ESI.

“Hay cierta violencia simbólica que se ejerce cuando este tipo de opiniones se plantean como univocas. Nosotros no solamente aceptamos sino que adherimos a este posicionamiento de ampliación de derechos que provee el Estado”, comentó Leonardo Félix, pastor de la Iglesia Metodista Central de Buenos Aires.

Hace tres meses que estas reformas podrían haber sido debatidas en el Senado provincial, sin embargo, “la Comisión de Educación que encabeza Cambiemos nunca la ha colocado en debate y cuando una senadora lo pidió sobre tablas, Cambiemos lo rechazó mandándolo de vuelta a la comisión. Todo está sucediendo de acuerdo lo que cuenta el pastor en el audio”, sentenció el diputado Kane.

Con respecto a la campaña #ConMisHijosNoTeMetas, lanzada por sectores antiderechos,  Félix aseguró que “argumentar que la familia es la única responsable de la educación sexual es no poder escuchar ni atender, algo que está reconocido como una problemática sociológica, psicológica, afectiva y emocional en quienes son víctimas del abuso sexual infantil”.

Por último, el pastor argumentó que “es importante salir de ese discurso patriarcal, machista y hasta misógino, que no solamente niega como sujeto de derecho a las mujeres, sino que también lo hace con los nenes y con las nenas”.

La reforma de la Ley de Educación Sexual Integral tiene dictamen en la Cámara de Diputados. Mientras tanto, sectores eclesiásticos evangélicos se oponen a estos cambios bajo la consigna #ConMisHijosNoTeMetas.

Graciela Morgade, decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA  e integrante del equipo que planificó contenidos de la ley actual, comentó a FM De la Calle las modificaciones propuestas.

“La ley que está vigente (26.150) es obligatoria.  El artículo 5 fue una negociación política para que saliera en su momento. La ley tiene una línea que dice que las instituciones educativas podrán adaptar los contenidos a su ‘ideario institucional’ y esa parte es la que tomaron algunas instituciones con una interpretación caprichosa y solo enseñan educación sexual respecto a su idearios”, señaló Morgade.

La reforma establece, además, que los contenidos tienen que ser “laicos y científicos” y actualiza los contenidos en relación a otras normas vigentes como la Ley de Trata, Parto Respetado, de Protección Integral contra la Violencia hacia las mujeres, Matrimonio Igualitario e Identidad de Género.

Por último, determina que los contenidos podrán brindarse en forma transversal y en espacios curriculares específicos como talleres semanales o materias de ESI.

“La ESI se apoya en un conjunto importante anterior de leyes que establecen con mucha claridad lo que significa que el Estado sea el garante de derechos, lo que dice básicamente la Convención de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Estos debates de los grupos evangélicos tienden a confundir a la población”, comentó Morgade.

Desde la llegada de Cambiemos al gobierno, el Programa Nacional de ESI está siendo deesmantelado. Para 2018 cuenta con menos del 40% de los recursos que tenía en 2015 según datos de CTERA.  Sin embargo, el Consejo Federal de Educación aprobó que en octubre comiencen nuevamente las capacitaciones a docentes y alumnado.

“Casi el 70% de los casos de abuso infantil se producen dentro de marcos familiares en los que los niños y las niñas están con personas con las que tienen confianza y esas son las personas que abusan. Si nosotros no tuviéramos herramientas para intervenir esos niños y niñas quedarían indefensos y no habría instancia jurídica que estuviera por sobre la familia”, dijo la decana.

“El error más grande es creer que si la familia no tiene el formato que establece esa creencia no es una familia y no hay amor”, concluyó.

El Concejo Deliberante convocará al Comité Técnico Ejecutivo (CTE) y a responsables del Plan Integral de Monitoreo (PIM) del Instituto Argentino de Oceonagrafía luego que se conociera la pericia judicial de la Facultad de Agronomía de la UBA, la cual recomendó la inmediata prohibición de la pesca y consumo de peces de la ría y del vertido de contaminantes.

“Lo peor que podemos hacer es dejar que pase el tiempo, no decir nada, no hacer nada y esperar a que la justicia resuelva. Con las tecnologías que hay, en pleno siglo XXI, no se puede desconocer que hay un impacto real sobre la ría y que ese impacto tiene que empezar a ser mitigado”, dijo a FM De la Calle la concejala Paola Ariente.

La edila del PJ Cumplir agregó que “la pericia demuestra algo que se viene comentando e inclusive por los informes medioambientales hechos por el CONICET y el IADO, que hay presencia de metales y otros contaminantes, lo que hay es una diferenciación en los valores”.

“Los informes que se vienen haciendo por parte del CTE tienen que ver con una toma sistemática de muestras y la pericia son tomas puntuales que se hicieron en un día y a una hora determinada. Para disipar cualquier duda, tendríamos que poner en la misma condición una serie de muestras sostenidas en el tiempo para poder evaluar si lo que está diciendo uno u otro es verdad o mentira para llevar certezas a la sociedad y ver cómo hacemos para empezar a mitigar los efectos que está teniendo la actividad propia del ser humano en la ría”, dijo.

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La integrante de las comisiones de Medio Ambiente y Asesora Ambiental propuso “sacar a licitación pública el nuevo estudio del estuario con alguien que no esté involucrado ni en una causa judicial ni en un informe medioambiental para ver si es real”.

“Más allá de la recomendación de no comer el pescado (la pericia) hace otras que pueden ser susceptibles de que se tomen en cuenta, que es la incorporación de caudalímetros las 24 horas para que con la tecnología que hay la recolección y la toma de la muestra sea totalmente objetiva. (…) Eso se podría implementar y el CTE cuenta con los fondos”.

Ante la intención de ampliar el polo petroquímico, Ariente aseguró que es un debate urgente: “¿Cuánto está capacitada ambientalmente Bahía Blanca para recibir más impacto del que tiene?”.

Por el momento

El integrante del IADO Jorge Marcovecchio dijo en relación a la presencia de metales pesados que la ría “es un sistema impactado pero que no pone en crisis la salud humana, por el momento”. Apuntó a ABSA y afirmó que “un problema muy concreto que sí hay que atender rápidamente” es el “bacteriológico”.

“Respecto al teórico alto contenido de algunos metales en peces de la zona podría decir que en estas últimas décadas hemos analizado ocho o nueve mil ejemplares de peces, entre los cuales sin duda hemos encontrado diez, doce, quince, que han tenido valores altos. Ahora, desde el punto de vista estadístico esto no es una cosa para alarmar a la población”, agregó.

Marcovecchio manifestó sobre la pericia judicial que “es un análisis que hicieron sobre un poco más de una docena de muestras pero no dicen concretamente ni dónde se tomaron, ni cómo se tomaron, ni en qué condiciones, etcétera”.

A las 19:40, el servicio de prensa de la Municipalidad de Bahía Blanca informó que la “ex refinería Petrobrás”, cuya actual titular es la firma Trafigura, sufrió “un principio de incendio y explosión en área de proceso. Se accionó sirena de planta. Se decreta P.R.E.T. (Plan de Respuesta a Emergencias Tecnológicas) Nivel 2. Se solicita ayuda externa. Bomberos de Ingeniero White en el lugar”.

Para esto, los grupos de WhatsApp de todo tipo en el sur de la provincia de Buenos Aires se hiper congestionaron. Fueron y vinieron fotografías y videos caseros con imágenes temibles: una refinería prendida fuego en el contexto de un Polo Petroquímico en Bahía Blanca.

A las 21:15, el municipio volvió a informar: “continúa la quema del producto, se trata de LPG (gas licuado de petróleo). Hay dos poli traumatizados controlados y uno con un golpe en el talón. Los tres son trasladados al Hospital Municipal”.

Sin embargo, información no oficial señala que podría no tratarse de un gas sino de que el incendio tuvo origen en la rajadura de una línea de nafta, es decir, combustible líquido.

A las 22:15, el municipio asegura que “continúa la quema de producto” que “no afecta al medio ambiente” y que “la maniobra durará aproximadamente una o dos horas más”.

Los 3 heridos “fueron dados de alta y enviados a sus domicilios particulares”.

¿De qué planta se trata?

La empresa holandesa Trafigura S.A. tuvo en vilo a más de doscientas familias durante algunos meses. Movilizaciones, reuniones con el intendente, utilización de la banca 25 e involucramiento de funcionarios de alto nivel en estados provincial y nacional, fueron algunos escenarios donde se desarrolló el conflicto.

El 6 de julio, Gabriel Matarazzo, titular del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustible (SPGyB), adelantó a FM De la Calle que la empresa no tiene “ninguna intención de poner en marcha la planta” ya que para ponerla en funcionamiento requería de la planta de empleados. A su vez, sostuvo que aducir que no dan los números “es una estupidez total”.

Luego de tires y aflojes, se llegó a un acuerdo en base a unas decenas de retiros voluntarios y jubilaciones la reincorporación de operarios bajo nuevas condiciones.

Actualización: 22.40 se extinguió el fuego. Baja la emergencia al nivel 1.

¿Qué tipo de alerta se emitió?

Según el procedimiento estipulado, el Nivel 2 (amarillo), son accidentes que producen daños y victimas en la instalación industrial,  con repercusión exterior leve. Los accidentes de nivel 2 activan el P.R.E.T.

Toda la información este martes de 10 a 13 en En eso estamos,

el periodístico de FM De la Calle (87.9 Mhz). 

“Yo comería los peces”, dijo la subsecretaria de Gestión Ambiental, Adriana Chanampa, a Canal 7 ante la recomendación de prohibir la pesca y el consumo que realizaron expertos de la UBA. El dr. Horacio Romano advirtió que “un vaso de agua te puede quitar la sed y mil litros de agua te pueden ahogar, es una cuestión de proporciones”.

“El cadmio en el riñón del hombre se concentra por 10 mil, 1 se traforma en 10 mil. Con lo cual, si en el agua detectás poco y nada pero llegás a comer ese tipo de peces con ese nivel de plomo y lo comés seguido, indudablemente podés tener consecuencias graves. El tema es con qué frecuencia te alimentás de eso, si comés un pez por año probablemente no te pase nada y si lo comés dos veces por día sí tengas consecuencias graves”, dijo el médico clínico a FM De la Calle.

El resultado de la pericia solicitada en el marco de las causas judiciales que pescadores artesanales impulsan contra las empresas del polo petroquímico, el Municipio, la Provincia de Buenos Aires, ABSA y el Consorcio de gestión del Puerto concluyó que la presencia de metales pesados en especies de peces de explotación comercial, “tienen serias consecuencias para la salud humana, como por ejemplo el saturnismo con efectos neurotóxicos ocasionado por la bioacumulación de plomo o cáncer ocasionado por la bioacumulación de cadmio”.

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Romano explicó que “el saturnismo es una enfermedad que da la acumulación de plomo en el organismo. Tiene varias características, las puede haber agudas, alguien que se intoxica en la época cuando las pinturas tenían plomo o los linotipistas que trabajaban en las imprentas se intoxicaban con esto de manera aguda o crónica”.

“Y están aquellos problemas para la salud, fundamentalmente en niños, que da la acumulación de pequeñas cantidades de plomo a lo lago del tiempo. Lo que da es retardo mental, dificultades para el aprendizaje, una serie de cuestiones neurológicas severísimas, muchas veces no detectadas, la mayor parte de las veces sin un cuadro claro y sin cifras adecuadas”.

Agregó que “la intoxicación por plomo de todos los habitantes que rodean al Riachuelo, de todos los chicos, es altísima. Por lo cual, trastornos neurológicos y de aprendizaje pero también trastornos óseos, en el crecimiento, etcétera”.

En cuanto al impacto en la ría local, Romano destacó que “no solamente está impactada sino que tiene efectos sobre la biota, sobre los seres vivos, muy importantes. El párrafo este nombra lo bioacumulable. Una cosa es medir como se mide hasta ahora, cuánto plomo o metales pesados -cadmio, cobre y demás- hay en el agua, cuánto puede haber en el barro, pero también cuánto hay en los organismos vivos”.

“Son metales pesados, por lo tanto, en general van al fondo. Estos son comidos por bichitos chiquititos, después por pecesitos más grandes y, por último, en la cadena trófica, el pez más grande y después el hombre. En cada caso se acumula. Multiplicadas por 10, empezás con 1 y terminás con 1000”.

“El cadmio en el riñón del hombre se concentra por 10 mil, 1 se traforma en 10 mil. Con lo cual, si en el agua detectás poco y nada pero llegás a comer ese tipo de peces con ese nivel de plomo y lo comés seguido, indudablemente podés tener consecuencias graves. El tema es con qué frecuencia te alimentás de eso, si comés un pez por año probablemente no te pase nada y si lo comés dos veces por día sí tengas consecuencias graves”, dijo el médico.

Romano destacó que el problema no es solamente en la ría: “Para mí el tema que incluso trasciende es el aire, porque este plomo y este cadmio también está en la tierra hasta 30 kilómetros de Bahía Blanca. Esto dicho por informes del CONICET y del propio CTE. Hay tierra contaminada en distintos lugares de Bahía hasta 40 kilómetros, a la altura de Cabildo, donde uno puede encontrar plomo y cadmio. Con lo cual, una de las cuestiones es la capacidad que tiene, por ejemplo el cadmio, de ir por el aire, no solamente por el agua”.