Pasaron dos semanas de indefiniciones por parte de las autoridades locales y provinciales a pesar de las advertencias del sistema de salud ante el rápido aumento de casos de Covid.

Hoy la ciudad está finalmente en Fase 2. Sin embargo, desde la cooperativa que gestiona el Centro Cultural La Panadería decidieron solidariamente adelantarse y cerrar sus puertas el último fin de semana.

“Vemos que en la ciudad explotó en forma más que evidente el virus y el sistema sanitario está pidiendo colaboración porque los hospitales no están dando a basto. Analizamos que, en realidad, lo que estamos generando es movimiento de gente en un momento en el que el sistema pide a gritos frenar la circulación”, dijo Alberto Rodríguez a FM De la Calle.

Agregó que “no tenemos ningún tipo de apoyatura de quienes deberían estar señalando los riesgos y a su vez ayudarnos a que podamos tomar medidas y no sufrir lo que sufrimos económicamente”.

En febrero comenzaron las actividades, talleres y espectáculos, “se estaba dando ’15 cajones’ los viernes y otras 3 obras más. Habíamos hecho una inversión importante en sanitización del espacio, estábamos listos para los cuidados que teníamos que tener, las funciones se estaban dando cumpliendo las medidas. Las entradas se reservaban telefónicamente, con separación entre butacas. Estuvimos con el aforo del 30 y el 50% y volvimos al 30%. El público cumplía y en ningún momento se sacaba el barbijo”.

Por otro lado, Rodríguez mencionó que “el sector cultural ha tenido una sola apoyatura que ha sido a partir de Nación, del Instituto del Teatro y del Ministerio de Desarrollo. Provincia tuvo un solo aporte, llego a los 2 o 3 meses, se demoró en el Municipio, son 48 mil pesos, nada más que de agosto. De mantenimiento son 20 mil lo que tenemos por mes. Ya este año estamos mirando a ver cómo lo vamos a llevar adelante”.

Consultado respecto a la propuesta de implementar una sobre tasa a los sectores económicos que no se perjudicaron o se vieron favorecidos por la pandemia, Rodríguez opinó que “hoy podemos decir que son extraordinarias por la pandemia, está situación extraordinaria post pandemia también la vamos a tener”.

“Esta bien una tasa a quienes han seguido ganando en plena pandemia, pero y ¿después? La post pandemia, el hambre y la falta de trabajo hacen que el impuesto a la riqueza no tuviera que ser extraordinario. Habría que empezar a pensar en una tasa anual para ayuda a merenderos, comedores, generar políticas de trabajo y en lo cultural también”.

Desde hace un año, alrededor de 400 familias esperan por un plan que les permita acceder a las tierras que ocupan en Don Bosco al 3900.

Parte de los lotes habían sido entregados en comodato por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado a la Unión Ferroviaria para la construcción de viviendas. Eso nunca ocurrió y vecinas y vecinos comenzaron a lotear.

“Estamos organizados, hemos hecho manzanas, somos más de 390 familias. No supimos más nada del Ferro, nunca se comunicaron, tampoco la Municipalidad, han firmado un acuerdo para ceder las tierras a la gente que está ocupando. Seguimos como al principio”, comentó a FM De la Calle Carina, una vecina del barrio .

A principios de marzo, el Municipio informó sobre la firma de dos convenios con el presidente de Trenes Argentinos Infraestructura (TAI), Alexis Guerrera, para el uso de tierras ferroviarias. El primero se trata de un predio ocioso que será utilizado para la construcción de instalaciones y desarrollar actividades de protección ambiental. En el segundo, las tierras serán destinadas a la inclusión social a través de proyectos deportivos.

Carina agregó que una “parte iban a ceder para emprendimientos y otra parte para viviendas, supuestamente a quienes estamos ocupando no nos iban a mover. La Unión Ferroviaria tenía 5 años para hacer un proyecto de vivienda y por lo que tengo entendido nunca se hizo por presupuesto”.

Las familias decidieron comenzar a lotear los terrenos para intentar obtener la conexión a los servicios. “En Tierras Argentinas están conectados a la red de Puertas del Sur, mucha presión de gua no hay. Del lado de Don Bosco no se han podido enganchar porque nos denuncian. Están la mayoría a vela” .

Muchas familias viven precariamente “porque tienen miedo que los saquen, y muchas por la pandemia y la desocupación ya se fueron instalando”.

“Hay gente que alquilaba y que con la desocupación no les quedó otro remedio que ocupar. Hay gente desocupada, otros que tienen su trabajo pero alquilan y hay muchos que no les da el presupuesto para seguir alquilando”, dijo la vecina.

Comentó que “seguimos con el merendero, estamos todos los sábados desde las 16 en Pampa Central y Calvo. Recibimos donaciones, ropa, alimento, chapas, tirantes, todo sirve”.

El economista Francisco Cantamutto explicó los alcances de la denuncia presentada por el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, sobre el acuerdo con el FMI.

La “querella criminal” contra funcionarios macristas había sido anunciada por el presidente Alberto Fernández y recayó en el Juzgado Federal a cargo de María Eugenia Capuchetti

Los denunciados son “el ex presidente Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, en su rol de Ministro de Hacienda; Luis Andrés Caputo en su doble carácter de Ministro de Finanzas y Presidente del Banco Central; y finalmente Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris como Presidentes del Banco Central.

Se les imputa “defraudación por administración infiel agravada por ser cometida en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales públicos”.

“La querella es algo de lo que no hay antecedentes, en esta demanda no están incluidos los funcionarios del Fondo porque tienen inmunidad diplomática”, comentó Cantamutto a FM De la Calle.

Agregó que “la movida que está haciendo el gobierno no va por el lado de poner un castigo o una amenaza a futuros gobiernos que planeen hacer lo mismo. Las penas no serían de cárcel efectiva, tampoco es que les ocasionaría un daño patrimonial. Sí sería una suerte de amenaza y funcionaria como palanca para discutir el préstamo en el Fondo”.

El economista dijo que “en las últimas semanas se reveló que el FMI le propuso a Dujovne poner controles de capitales para evitar que el préstamo se fugara y Dujovne se negó. No solo generó daño en Argentina sino que generó daño en el FMI que le prestó la mitad del patrimonio a un país que no podía pagar”.

¿Estas denuncias van a permitir que la Argentina consiga que le condonen deuda? “No, es un elemento más de presión diplomática y social”.

Por otro lado, Cantamutto destacó que todavía no se conoce la postura de Estados Unidos. “Ha tomado relevancia la premura por lograr un acuerdo. En un principio era abril, mayo, pero ahora no va a pasar. Quieren un acuerdo que vaya en línea con un plan a 20 años sin reformas estructurales. El FMI plantea uno a 10 años y sin reformas estructurales o que solo insistan en ajuste fiscal”.

“El otro alivio proviene de que el gobierno de Biden aceptó ampliar la emisión Derechos Especiales de Giro (DEG) que es la moneda del FMI”.

Cantamutto explicó que “el FMI se maneja con DEG, cada país tiene una cuota de participación y en función de eso es lo que se le puede prestar. Argentina tiene cuota bastante pequeña, comparte espacio con países del Cono Sur. En la otra punta esta EE.UU. que comparte el 16,5% de los DEG, el truco es que para cualquier decisión se requiere el 85% de los votos y sin EE.UU. no se puede hacer nada”.

Posponer los plazos de la negociación significa que “gana tanto el FMI como el gobierno, es poco probable que haya novedades antes de la elecciones”.

El secretario general de la UTA, Ricardo Pera, fue citado a indagatoria en el marco de la causa por violencia machista iniciada a fines de 2019 a partir de una denuncia de su ex pareja.

Deberá presentarse este jueves a las 11 en Moreno 25. La IPP N° PP-02-00-026646-19/00 caratulada “Pera, Ricardo Javier s/Lesiones agravadas, Amenazas” está a cargo del fiscal Juan Pablo Schmidt.

En diciembre, el ex concejal del massismo fue condenado por lesiones leves y amenazas.

La denuncia

Laura Trespando se presentó en Fiscalía el 20 de diciembre de 2019 junto a su hija de 22 años para dar cuenta de la violencia machista que padecía su familia y solicitar una medida de protección.

«No me hagas enojar negra», decía el acusado luego de golpearla, maltratarla o insultarla. Los «coscorrones» alcanzaron incluso a uno de los hijos -menor y con trastorno autista- de la mujer. Fue el fin de la relación.

La denunciante y su hija trabajaban en Bahía Transporte Sapem de donde fueron despedidas «sin causa». El entonces presidente de la empresa, Tomás Marisco, el gerente Federico Harfield y el propio intendente Héctor Gay estaban al tanto de la situación y, sin embargo, acataron las órdenes de Pera.

«Mi despido fue el paso final de todo este manoseo político y gremial para que yo no denunciara antes de las elecciones. Esto fue acordado por todas estas personas que yo nombro en esta denuncia», afirmó Trespando a FM De la Calle.

La víctima manifestó, además, que fue obligada por directivos de UTA a renunciar al sindicato y a la mutual que cubría costosos tratamientos médicos que necesitan sus hijos.

La indagatoria

En los últimos meses se incorporaron al expediente testigos, fotografías, pericias psicológicas y evidencias tecnológicas que acreditaron la denuncia y se solicitó la declaración indagatoria.

El abogado defensor, Sebastián Martínez, aportó la misma historia clínica con la que el imputado pretendió esquivar su presentación en el juicio por las agresiones ocurridas en el Concejo Deliberante.

Descartadas las excusas se lo convocó a declarar mañana ante el fiscal. Según informaron desde la querella a FM De la Calle, Martínez presentó nueva documentación de la Clínica Modelo planteando que Pera no está en condiciones y que por un cuadro de estrés debe ser atendido en un centro de salud adventista de Entre Ríos.

Hasta anoche, el fiscal Schmidt no había resuelto al respecto. Si la citación se mantiene y el dirigente de la UTA no compareciere podría ser declarado en rebeldía.

La condena anterior

Pera fue condenado a fines de 2020 a un año y diez meses de prisión de ejecución condicional por agredir a dos de sus pares en el recinto del Concejo Deliberante. Los hechos, de los cuales resultaron víctimas Sergio Massarella y Gustavo Mandará, ocurrieron durante un cuarto intermedio de la Asamblea de Mayores Contribuyentes del 2015. Fueron calificados como lesiones leves y amenazas.

El titular del Juzgado Correccional N°1, Gabriel Giuliani, determinó que el secretario general de la UTA deberá realizar «un tratamiento sicológico para abordar la problemática que subyace del hecho por el cual fuera condenado, previo dictamen que efectúe la Asesoría Pericial Departamental». Por otro lado, el ex edil no podrá «entablar contacto por cualquier medio con las víctimas».

Será esta tarde a las 19 en la Plaza Rivadavia, “Nos autoconvocamos por Úrsula y todas las víctimas de violencia machista”, dice el llamado.

Se trata de una movilización que tiene origen en el reclamo por el femicidio de la joven de 18 años de la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires. Úrsula fue asesinada por su ex pareja, Matías Ezequiel Martínez, agente de la Policía Bonaerense.

El lunes por la noche cuando amigos, amigas y familiares se presentaron en la comisaría de dicha localidad para pedir justicia, la policía disparó balas de goma e hirió a varios manifestantes desde adentro de la dependencia.

Úrsula había denunciado en, al menos, 17 oportunidades a Martínez por amenazas y violencia de género. El policía tenía una medida de restricción perimetral que había violado dos días antes del crimen.

Según datos del Observatorio Ahora que sí nos ven, en lo que va del 2021 se produjo un femicidio cada 25 horas. El 70% de los femicidas son parejas o exparejas. Cuatro de ellos son integrantes de las fuerzas de seguridad.

El concejal de Juntos por el Cambio, Federico Tucat, dijo a FM De la Calle que la Plaza Lavalle/ del Sol/ de la Memoria “no está bien” y que recibe “constantemente pedidos de mejoras, más forestación o planteos que es un lugar donde el espacio de losa es más grande que el espacio verde”.

Ayer, integrantes del oficialismo y la oposición recibieron en el Concejo Deliberante al colectivo Abrazo a la Plaza, el cual se opone a la destrucción de dicho espacio público para ubicar allí cocheras subterráneas y una nueva plaza que perderá casi todo el arbolado.

“Si lo que no se quiere generar es una isla de calor, hoy la Plaza Lavalle es una isla de calor. Quizás en la futura plaza se pueda justamente hacer lo contrario, que tenga más césped, más tierra y no tanto espacio de vereda como tiene hoy”, argumentó.

En relación al arbolado mencionó que “el privado adjunta un informe hecho por un ingeniero forestal que plantea la conservación de especies de valor patrimonial y cultural y de las palmeras. Los árboles restantes que son siete, plantea trasplantarlos dentro del mismo ámbito de la plaza, moverlos en las áreas que se van a peatonalizar en las calles de los costados, generar una recomposición de árboles, una forestación con arbustos y plantas de menor porte”.

Tucat reconoció que el estudio de las napas presentado por Fidetrust “es de 1980 y a nadie escapa que es razonable que haya un estudio más actualizado, la napa tiene una altura variable, en 1980 estaba a tres metros y ahora no se sabe”.

En relación al tránsito aclaró que “fue importante un estudio de impacto del tránsito porque generar un lugar de cocheras podría generar un impacto negativo, el informe dice que se puede generar una buena fluidez”.

“La presentación del informe técnico que sustenta que con el trabajo de ingenieros, generando una correcta intervención, no tendrían riesgo los edificio aledaños de fisuras ni rupturas. Los ingenieros nos expresaban que en términos generales es bastante simple cimentar”, comentó el concejal.

Tucat aseguró que quedó sin resolver “la cuestión de qué iba a pasar con el cementerio. Yo preguntaba si se dice que no se puede intervenir porque abajo hay un cementerio porqué se pudo intervenir antes”.

Respecto al proyecto general dijo que “el plano de la plaza, si bien en el expediente hay diseños, son tentativos. El siguiente paso, de aprobarse, es una obra civil con una propuesta concreta. Existe la posibilidad de intervención, de trabajar de manera colaborativa y participativa, que tenga más capacidad arbórea, más espacios verdes, que contemple un anfiteatro. No hay una propuesta cerrada del dibujo de esa plaza”.

“Independientemente del ánimo de lucro de un privado sobre la plaza y las cocheras subterráneas, no creo que no podamos aprovechar la oportunidad para mejorar la plaza”.

“El área de espacios Públicos hace tiempo que viene trabajando en la reforma de la Plaza Lavalle. Aquí hay una concurrencia de cosas, de ninguna manera el privado puede venir a imponer yo quiero esta plaza, en todo caso será una propuesta. Si me tengo que adelantar a una autocrítica debería haber generado un proyecto participativo. Acepto que puede tomarse como que surge a partir de un privado pero no creo que sea así”, afirmó.

En referencia al “polo gastronómico” que se proyecta instalar en el Mercado Municipal, mencionó que “no son marcianos los que aprovechan el espacio, son vecinos y vecinos. No tengo una encuesta socioeconómica. El movimiento que tiene el pasaje Anchorena no es el mismo movimiento que tenía antes, se puede ver diversidad de personas, me parece que ha sido positivo”.

“Esos lugares dan trabajo, apuntan al desarrollo de la ciudad, no concuerdo que sea solo el beneficio de un sector, es verdad que se le da prominencia a los privados pero son los que proponen”, concluyó.

ATE denunció el despido de una trabajadora social del área de Niñez del Municipio. El gremio advirtió que la comuna incumple con la Ley de Trabajadores Municipales y la de Contrato de Trabajo dado que la profesional era monotributista hace más de un año.

“El día jueves le hicieron firmar la renovación para continuar en enero y el viernes le llegó el cese. Esta compañera está como monotributista, una ilegalidad del gobierno municipal muy importante porque a partir de este año no puede quedar nada más que el 20% de trabajadores contratados”, dijo la secretaria general Viviana Marfil a FM De la Calle.

Agregó que van a hacer presentación a nivel provincial. “Están prohibidos los despidos, el Municipio se escuda en que son contratadas. Es grave que el área de Niñez deje sin trabajo en el medio de una pandemia cuando se necesitan más trabajadores”.

“Si lleva un año y medio trabajando no puede ser monotributista tiene que ser contratada. Este es el primer caso, estamos saliendo públicamente para evitar otro despido, estamos presentándonos al Ministerio de Trabajo”.

Marfil comentó que “tenemos gente precarizada de lo peor, desde el Estado -que es el ente de control- para pasearlos de acá para allá y definir sobre la necesidad de la Subsecretaría. No existen explicaciones, se les dicen no se requieren más los servicios”.

Contexto

La trabajadora social despedida se desempeñaba en el Servicio Local de Niñez. Según informó el Consejo Local de Niñez y Adolescencia, durante la vigencia del aislamiento obligatorio se observó “malestar y agotamiento” en los equipo técnicos y se deterioró “la capacidad de respuesta, agudizada por la complejidad de los casos”.

“En respuesta a esta situación se generó una mesa de trabajo compuesta por nueve integrantes del Servicio Local a fin de cubrir, acompañar y dar respuesta, en particular, en los casos que haya compañeros que están solos o equipos incompletos”, destacó el ente.

El informe describe las siguientes consecuencias:

Desde el punto de vista de los equipos técnicos, que presentaron una posición unificada, las intervenciones durante la pandemia exponen:

  • La profundización de las debilidades y vulnerabilidad preexistentes del sistema de promoción y protección de la niñez.

a. Alejamiento de las políticas municipales en materia de niñez de los principios de integralidad, corresponsabilidad e interdisciplinariedad. El abordaje de las situaciones que llegan al Servicio Local, en la práctica carece de estos principios. Por ejemplo, hay equipos incompletos desde antes de la pandemia. Sumado a ello, se han producido cambios en los equipos (los profesionales no pueden sostener el trabajo debido a la precariedad laboral y al agotamiento por la falta crónica de recursos) lo que repercute directamente el en seguimiento de los NNA y sus familias.

b. Falta de idoneidad de quienes asumen las direcciones, sin dejar de lado que los cargos necesitarían ser concursados a fin de garantizar sus posicionamientos, esto es: asumir su función per se.

c. Recortes y desmantelamiento del sistema, en especial, en los últimos años.

d. Ausencia de protocolos claros, incluso antes de la pandemia.

e. Falta de lineamientos claros para las intervenciones. (La existencia de dichos lineamientos implica un posicionamiento técnico-teórico y la asignación de recursos).

f. Desarticulación de espacios de encuentro y de supervisión.

g. Ausencia de contextos de cuidado para niños, niñas y adolescentes y también para los trabajadores.

h. Recursos insuficientes, acompañantes terapéuticos e implican un armado “artesanal” de las intervenciones por parte de los equipos.

i. Aumento de la demanda durante el segundo bimestre de la cuarentena y mayor complejidad de los casos.

  • Precarización de las condiciones laborales, el 50% del personal es contratado.

Condiciones laborales precarizadas (el ingreso remunerativo en la actualidad corresponde exactamente a la mitad del ingreso en comparación con los trabajadores de planta llevando a cabo la misma función y cumpliendo con los mismos requerimientos). Por tal motivo, demandan el pase a planta de los contratados.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, recibió ayer a integrantes de la delegación del Fondo Monetario Internacional en el marco de la renegociación de la deuda de US$ 44.000 millones.

“Hubo una visita hace dos semanas, fue una ronda preliminar para hacer un diagnóstico, se reunió con distintos sectores socioeconómicos tratando de identificar las demandas locales y dónde está la resistencia”, explicó Francisco Cantamutto en su columna de FM De la Calle.

El economista agregó que “esto tiene que ver con cómo trabaja el FMI, suele haber una idea de que impone un programa casi forzosamente. Sin dejar de decir que hay presiones, lo cierto es que no es la manera en la que actúa el organismo”.

Cantamutto aseguró que “lo que el FMI hace es dejar que sean los propios responsables de la política económica quienes decidan cuáles van a ser las prioridades. Esto tiene que ver con lo que se habla del ‘nuevo fondo'”.

“No se sabe qué se va a pedir -enfatizó-. En primer lugar, la consolidación fiscal, el FMI ya se ha expresado. El gobierno está actuando en consecuencia como, por ejemplo, el retiro del IFE del presupuesto del año que viene”.

Señaló que “habla de mejorar una estructura impositiva pero si vemos en el acuerdo que firmó con Ecuador el mes pasado, sube el IVA. Si en Argentina el Fondo va a ir por el Fondo de Sustentabilidad de ANSES todavía no sabemos, si va a pedir reforma previsional y laboral, no sabemos pero es probable. Lo que está claro es que va por el lado de ajuste fiscal”.

Cantamutto recordó que “el organismo está tratando de ordenar una crisis de deuda a nivel mundial. Todos los acreedores, el FMI y otros organismos multilaterales, explican poco de las deudas, las mayores vienen de uno de los países que no se sienta en la mesa: China. Por otro lado, los acreedores privados que no tienen organismo ni mecanismo de control. La deuda ha empeorado sus indicadores a raíz de la caída del PBI del último año y depende de lograr reestructurar los tramos que siguen”.

(Por Astor Vitali) Ayer, intentando reflexionar fuera de la lógica estúpida de la grita, referimos al peronismo, al antiperonismo y al no peronismo. Acerca del antiperonismo sostuvimos: “El antiperonismo está desplegando un discurso violento y sus dirigentes deben resolver si quieren seguir camino a sus antecesores del 55, es decir, a aquellos capaces de masacrar a su propio pueblo o serán capaces de hacer política. Si optan por lo segundo, necesitarán formar cuadros puesto que su dirigencia actual es conceptualmente paupérrima”. Lo ocurrido en las últimas horas en torno al debate de la accesibilidad en espacios públicos es un caso ejemplificado, a través de la figura de Tomás Marisco.

En las últimas horas, Mara Recondo, del Observatorio de Discapacidad de Bahía Blanca, señaló que en las intervenciones de calle Anchorena y Plaza de la Resistencia y la Memoria (Lavalle) la Secretaría de Movilidad Urbana de Bahía Blanca, a cargo de Tomás Marisco “no convocó al Observatorio de Discapacidad de Bahía Blanca para el pedido de opinión sabiendo que fue un pedido que se le hizo a Héctor Gay”. Agregó que “sería importante que podamos brindar nuestra opinión como usuarios antes de que terminen la obra. El art.4 de la Convención de los Der.PCD establece la participación ciudadana”.

Es decir, una parte integrante de un ente pensado para aportar a las políticas públicas está cumpliendo su función, es decir, observando problemas ante una acción de urbanización del gobierno municipal. La respuesta correcta para un funcionario público ante una manifestación de estas características debería ser disculparse por haber incurrido en la falta de planificar y ejecutar sin tomar en cuenta la opinión del órgano que fue creado a tal fin y ponerse a disposición para realizar las modificaciones pertinentes en dicho espacio público. Ahí debería terminarse la historia.

En cambio, el funcionario público Tomás Marisco decide declarar en Frente a Cano que el planteo le pareció “raro” y que “no me ha sonado el teléfono ni me ha llegado una nota personal por parte de ellos”. Hay que decir que consta que el observatorio pidió ser consultado para la toma de definiciones de estas características. Por otra parte ¿qué tiene de raro que una integrante del observatorio de discapacidad haga observaciones sobre aspectos discriminatorios de una planificación urbana? ¿No es precisamente esa su función?

No contento con buscar confrontación en lugar de consensos, el funcionario sostuvo que ahora “es un lugar es mucho más amigable, más seguro y más accesible”(sic). Para profundizar el encono, nuevamente decide ocupar un lugar de tribuna política en vez de su rol de funcionario público y afirma: “Quiero creer que no hay una intencionalidad detrás de esto” y que la integrante del observatorio “está en todo su derecho de recurrir a la vía judicial. No sé si es un reclamo de ella o de todo el Observatorio quiero creer -que el reclamo- no es personal, ni político, ni partidario”.

En este punto se incurre en el intento de estigmatización, sugiriendo que un planteo que es válido desde todo punto de vista, estaría motivado, según intenta instalar Marisco, por motivaciones políticas partidarias. A este respecto, ocurre lo que siempre ocurre: una persona que accedió a un cargo público mediante la vía electoral (partidaria) confunde a la ciudadanía achacando un sesgo negativo a la militancia partidaria e intentando descalificar a través de la incorporación de un elemento maniqueo que no era parte de la discusión. Es decir, en su rol de funcionario público, lo que Marisco debería discernir es si el planteo que hace Recondo debe ser reconocido en tanto es legítimo y legal y ya. Si se incurrió en una acción discriminatoria: corregirla. En lugar de eso, mostrando absoluta incapacidad política para dirimir un conflicto de lo más normal, se ocupa de perseguir mediáticamente a quien está haciendo una observación sobre políticas de urbanización, es decir, cumpliendo su función.

Pero la brutalidad política no tiene límites. En la misma entrevista, una persona que tiene rango de secretario redobla la apuesta y dice: “es una muestra de lo que vamos a llevar cabo en Arribeños, Beltrán, en la plaza y en el Mercado Municipal”. O sea, además de me importa nada lo que diga el observatorio, vamos a seguir haciendo lo mismo aunque sea incorrecto. Fiel a la política de manipulación pseudo estadística, Marisco sostiene que “para el 85 y 90 por ciento (de la población) tuvo una aceptación excelente”. Es decir, si un sector manifiesta desaprobación por motivos tan válidos como su derecho a la accesibilidad ¿se jode porque el resto está de acuerdo?

Recondo dejó en claro en sus declaraciones a través de la red social Twitter que “la accesibilidad es un derecho humano”.

Esta discusión de un tema en apariencia menor da cuenta del carácter autoritario del ejercicio del poder y del lugar que ocupan los espacios de participación ciudadana como el observatorio para Juntos por el Cambio: pura formalidad. Hacen lo que definen puertas adentro del gabinete sin tomar en cuenta ninguna opinión de la comunidad.

No es lo mismo militar la tribuna que ejercer la función pública. En la función pública, ante una observación de un órgano de participación comunitaria basado en preceptos de toda validez y legitimidad, el gobernante debe admitir sus errores y corregir. Elegir la hostilidad hacia la propia ciudadanía es elegir la anti política. Ese tipo de dirigentes produce la escuela antipopular. Esa política de confrontación contra la comunidad tiene un solo derrotero: el ataque a la comunidad. Si la derecha vernácula tiene en sus planes continuar en la vida política, deberá rever la calidad de dirigentes que pone en lugares tan sensibles para la vida en comunidad. La política es una herramienta para mediar posiciones y llegar a consensos. La actitud de este funcionario, por el contrario, representa la anti política y la chabacanería propias del patrón de estancia.

Una mujer denunció que su hija fue victima de una golpiza en la comisaría de Mayor Buratovich luego de ser detenida en el Partido de Villarino. Se trata de personal de la misma sede policial que detuvo a Facundo Castro el 30 de abril.

Luciana Giménez relató que “así como hicieron con Facundo lo están haciendo con mi hija. No tienen derecho, la golpearon toda, me la mandaron toda moretoneada, no se podía levantar de la cama”. 

“¿Van a desaparecer a otra criatura? Veinte años tiene mi hija, tengo una nieta también, voy a ir hasta las últimas consecuencias. Lo hicieron con Facundo ¿ahora lo van a hacer con mi hija? ¿Qué quiere la policía de Buratovich? ¿más jóvenes muertos?”.

Agregó: “Me la golpearon a puñetazos, patadas, golpes en el estómago. El señor policía Pasos, que es de Luro y trabaja en Buratovich me va a tener que dar explicaciones, la policía me va a tener que dar explicaciones de porqué le pegaron”. 

Giménez relató que su hija “tiene problemas de adicción” pero que “no tienen derecho a golpearla y maltratara”. “¿Quiénes se creen que son? Yo soy una madre luchadora y voy a sacar la cara por ella, no les tengo miedo, basuras. Me voy a enfrentar a todos ustedes como lo hizo Cristina Castro. Si se me la mataban ustedes no me la iban a devolver”. 

“La policía de Burato está acostumbrada a golpear a los jóvenes, nadie te ayuda. Esto es tierra de nadie. La policía hace y deshace a su antojo”,, afirmó.

(Por Ricardo Vicente López) El mes de agosto parece ser un momento en el que se han realizado hechos de mucha importancia para los Estados Unidos. Recordé, en una nota anterior, el salvajismo de Hiroshima y Nagasaki. Ahora voy a recordar el origen de un concepto difícil para digerir hoy: el Destino Manifiesto, de claro origen en el fundamentalismo religioso. En un agosto anterior, del año 1845, mostrando un fundamentalismo temprano, el periodista estadounidense John L. O’Sullivan [[1]] (1813-1895) publicó una artículo titulado “Anexión”. Su objetivo fue apoyar la incorporación por la vía militar de Texas al joven Estado norteamericano. El concepto de Destino Manifiesto aparece, en el país del Norte, como argumento muy importante para justificar la conquista del famoso Far West (Lejano Oeste, también denominado salvaje oeste para justificar las masacres de los pueblos originarios de la época). No era la primera vez que se lo utilizaba.

El historiador estadounidense Frederick Merk (1887-1977), profesor de la Universidad de Harvard, confirmó en sus investigaciones que el concepto Destino manifiesto había nacido de la tradición puritana inglesa: «Un sentido de la misión de redimir al Viejo Mundo con un alto ejemplo que desarrolla las potencialidades de una nueva tierra para la construcción de un nuevo cielo. Fue recuperado por un ministro puritano de nombre John Cotton (1585-1652), quien escribió en 1630:

Ninguna nación tiene el derecho de expulsar a otra, si no es por un designio especial del cielo como el que tuvieron los israelitas, a menos que los nativos obraran injustamente con ella. En este caso tendrán derecho a entablar, legalmente, una guerra con ellos así como a someterlos.

John L. O’Sullivan, utilizó el argumento, dos siglos después, para justificar el plan que se había puesto en marcha de conquistar todas las tierras que se encontraran al oeste. La capacidad publicitaria de Hollywood la convirtió, a través de una extensa filmografía, en una tarea evangelizadora y civilizadora necesaria para la consolidación de la democracia liberal. Tarea que se logró gracias a los Winchester a repetición [[2]] que les daba una superioridad muy importante en la guerra de exterminio contra los pueblos originarios de esos territorios. El periodista lo justificaba con estas palabras:

«Todo el continente nos ha sido asignado por la Divina Providencia, para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino. No es una opción para los norteamericanos, sino un destino al que éstos no pueden renunciar porque estarían rechazando la voluntad de Dios. Los norteamericanos tienen una misión que cumplir: extender la libertad y la democracia, y ayudar a las razas inferiores… Luego, debe llevar la luz del progreso al resto del mundo y garantizar su liderazgo, dado que es la única nación libre en la Tierra».

En cumplimiento de ese designio invadieron Florida en 1818 y compran ese territorio a España. Extienden la expansión por todo el Oeste, desde el Río Bravo hasta Canadá. Ocupan Hawái, intentan invadir Cuba en 1841. Paralelamente aplican, desde 1823, la Doctrina Monroe, por medio de la cual: «ningún territorio del continente americano podía ser ocupado por potencias europeas». Es notable que esa doctrina, en la práctica, no se les aplicara a las colonias francesas, inglesas, holandesas o danesas existentes. Es probable que, según la interpretación de entonces, el Destino Manifiesto incluyera a todos los países nórdicos y puritanos.

El término reapareció en la década de 1890, principalmente usada por los Republicanos, como una justificación teórica para la expansión estadounidense fuera de América del Norte. También fue utilizado por los encargados de la política exterior de EEUU en los inicios del siglo XX. Algunos comentaristas políticos han considerado que determinados aspectos de la Doctrina del Destino manifiesto, particularmente la creencia en una «misión» estadounidense para promover y defender la democracia a lo largo del mundo, continúa teniendo una influencia en la ideología política estadounidense.

Uno de los ejemplos más claros de la influencia del concepto de Destino Manifiesto se puede apreciar en la declaración del presidente Theodore Roosevelt (1858-1919) en su mensaje anual de 1904:

«Si una nación demuestra que sabe actuar con una eficacia razonable y con el sentido de las conveniencias en materia social y política, si mantiene el orden y respeta sus obligaciones, no tiene por qué temer una intervención de los Estados Unidos. La injusticia crónica o la importancia que resultan de un relajamiento general de las reglas de una sociedad civilizada pueden exigir que, en consecuencia, en América o fuera de ella, la intervención de una nación civilizada y la adhesión de los Estados Unidos a la Doctrina Monroe [[3]] puede obligar a los Estados Unidos, aunque en contra de sus deseos, en casos flagrantes de injusticia o de impotencia, a ejercer un poder de policía internacional».

El presidente Woodrow Wilson (1913-1921) continuó la política de intervencionismo de EEUU en América, e intentó redefinir el Destino Manifiesto con una perspectiva mundial. Wilson llevó los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial con el argumento de que «El mundo debe hacerse seguro para la democracia». En 1920 en su mensaje al Congreso, después de la guerra, Wilson declaró:

«Yo pienso que todos nosotros comprendemos que ha llegado el día en que la Democracia está sufriendo su última prueba. El Viejo Mundo simplemente está sufriendo ahora un rechazo obsceno del principio de democracia (…). Éste es un tiempo en el que la Democracia debe demostrar su pureza y su poder espiritual para prevalecer. Es ciertamente, por el Destino Manifiesto de los Estados Unidos, que estamos obligados a realizar el esfuerzo por hacer que este espíritu prevalezca».

Sin embargo, Hiroshima y Nagasaki, la guerra de Korea (1950-1953) y de Vietnam (1955-1975), puso en dudas la idea de que fueran los estadounidenses un pueblo diferente a los demás. Que la necesidad de la defensa de unos ideales tan elevados no fueran más que la cobertura de la mera codicia o expansión demográfica. La imagen democrática de los EEUU se vio seriamente dañada por el hecho de apoyar a gobiernos dictatoriales, con generales que llegaron a proclamar en público su admiración por Hitler, y a realizar bombardeos masivos o cometer matanzas contra la población civil indefensa.

Aceptación y rechazo de la tesis del Destino Manifiesto

El Destino Manifiesto no fue una tesis abrazada por toda la sociedad estadounidense. Las diferencias dentro del propio país acerca del objetivo y consecuencias de la política de expansión determinaron la resistencia de sectores importantes de la ciudadanía.

Los estados del noreste creían mayoritariamente que Estados Unidos debía llevar su concepto de “civilización” por todo el continente mediante expansión territorial. Además, para los intereses comerciales estadounidenses, la expansión ofrecía grandes y lucrativos accesos a los mercados extranjeros y permitía así competir en mejores condiciones con los británicos. El poseer puertos en los dos océanos facilitaba el comercio con Asia.

También había grupos políticos que veían peligrosa la extensión territorial desmesurada; creían que su sistema político y la formación de una nación serían difícilmente aplicables en un territorio tan extenso. Esta posición generó un debate entre líderes demócratas y los republicanos expansionistas: se discutían sobre cuánto territorio debía ir adquiriéndose; el problema se reducía a un criterio administrativo.

Otro punto de discusión fue el empleo de la fuerza. Algunos líderes políticos (cuyo máximo exponente histórico fue James K. Polk [[4]] (1795-1849) no dudaron en intentar anexionarse el mayor territorio posible aún a riesgo de desencadenar guerras (como de hecho pasó) con otras naciones. Otros se opusieron (aunque tímidamente) al uso de la fuerza, basándose en que los beneficios de su sistema bastarían por si solos para que los territorios se les unieran voluntariamente.

La Doctrina del Destino Manifiesto pasó a un segundo plano después de la Segunda Guerra Mundial, pero adquirió un aspecto más militarista con una expresión más dura del Pentágono en su proyecto de dominación global. Hoy, cuando todo parece indicar que la pasada grandeza de los EEUU está en decadencia, esos delirios mesiánicos se van esfumando lentamente.


[1] Se graduó como abogado en la Universidad de Columbia; su empresa de mayor éxito fue la creación 1837 de la Revista Estados Unidos y Democrática Revisión, con sede en Washington.

[2] Arma creada en 1866 cuyo nombre, producto de su amplia difusión, pese a no ser el primero en su tipo, llegó a ser sinónimo de “fusil de repetición”. 

[3] La doctrina sostenía el eslogan «América para los americanos».

[4] Es considerado el último presidente fuerte de la época anterior a la guerra civil. Pudo lograr durante su mandato todos los objetivos nacionales e internacionales que se había propuesto. Cuando México rechazó la anexión de Texas a los Estados Unidos, dirigió una guerra sumamente exitosa contra él en la que le arrebató todo lo que ahora se conoce como Suroeste de Estados Unidos.

A través del Banco Central, el gobierno argentino instrumentó nuevas medidas de controles cambiaros que afectan la compra de dólares ahorro. Francisco Cantamutto, economista y columnista de FM De la Calle, explicó de qué se tratan las nuevas disposiciones.

“El cupo de 200 dólares se mantiene, contabilizan las compras para ahorro y el pagos de servicios en dólares. A través de esta contención se le aplica una nueva percepción adelantada, una retención adelantada, no es un nuevo impuesto, del 35%”, señaló. 

Agregó que si “quien compra esos dólares es monotributista o paga impuesto a las ganancias esa percepción se le descuenta de lo que tiene que pagar después. La lógica es adelantar la recaudación y minimizar la evasión. Si no sos monotributista o no pagás impuesto a ganancias o bienes personales, eso se te devuelve al final del año, ya que la lógica que unifica tiene que ver con subirle el precio y evitar que lo vendas en el mercado informal”. 

¿Esto genera problemas para las empresas?

“No. Todo lo que tiene que ver con compras o ventas al mercado exterior se maneja por el dólar comercial oficial que es el de 80 pesos. Es un precio que, según señalan en el gobierno, las cámaras empresariales no están discutiendo. El Central les exigió a las empresas reestructurar sus deuda en dólares para que se paguen a lo largo de tiempo.

¿Cuál es el obejtivo?

“Se busca proteger las reservas que son escasas. Si no se hacía algo como esto había que ir a pedir un préstamo Swap con China que paga tasas bastante altas. O desmontar el control y hacer como hizo Prat Gay en el 2016 y el efecto fue devaluación, inflación y el precio lo pagamos entre todos todas”. 

¿Qué pasa con las plataformas que se cobran en dolares: Netflix, Spotify, Amazon?

“Esto te utiliza parte del cupo de 200 dolares. La mayoría de estas plataformas cuestan uno, dos, diez dólares. Esto se restaría de esos 200 dólares disponibles para la compra. Luego circulan tutoriales que en los casos de Netflix o Spotify habría manera de pagarlo en pesos. Eso habría que tramitarlo con las empresa mediante atención al cliente”. 

Rol de los medios

“La prensa hegemónica salió a vender miedo, hablando del super cepo. Detesto hablar de cepo para hablar de un control cambiario. Un cepo es un instrumento de tortura; comprar dólares no es un derecho humano, es una posibilidad. Sí hay que defender la posibilidad de poder tener ahorros, y que esos ahorros no sean pulverizados a través de distintos mecanismos. Ahora, que este mecanismo tenga que ser el dólar no es ninguna obligación”, apuntó. 

Mercado legal vs. ilegal

El economista explicó que en los últimos meses se generó la práctica de comprar dólares en el sistema financiero formal y vendernos en el mercado ilegal, “algo que todo el mundo conoce, y desde el punto de vista de la ley es ilegal”.

“Lo que se hacía y se generalizó, es que se detectaron cuentas de personas con niveles bajos de ingresos,que tenían cuentas y compraban dólares, que se trataba de un engaño. Le hacían abrirse esa cuenta, les depositaban un dinero, con eso compraban dólares y se lo volvían a vender a esa gente a cambio de una comisión. Esto se conoce como colero. Casi 5 millones llegaron a comprar dólares, en medio de una crisis terrible. A tratar de desmontar estas cuestiones es a lo que apuntaban estas medidas”

Problemas reales

“Hay una campaña de pánico sobreactuada, a mí me importa ver cómo hago para pagar servicios, el alquiler. Tengo el salario congelado hace meses, la capacidad de ahorro no es un problema central ahora”, comentó Cantamutto. 

Respecto al debate de estas nuevas medidas y la falta de implementación del Impuesto a las Grandes Fortunas, mencionó que “esta muy bien controlarlo, cambiar la cultura de ahorro en dólares lleva tiempo. Pero si solamente se apunta a los sectores medios se está errando, y hasta ahora el gobierno no ha mostrado ningún énfasis en lugar de torcer la pulseada en favor del pueblo a los grandes capitalistas y finacistas, las grandes corporacioines, que operan con algunas restricciones pero no han pagado el pato de la boda”.

Leandro Aparicio, abogado de Cristina Castro, confirmó a FM De la Calle que este medio día se tomará declaración a un pescador que encontró este sábado, en cercanías de General Cerri, una mochila con dos celulares (Blackberry y Nokia). el documento, “el carnet de conductor de Facundo Castro y unas monedas”.

El lugar en el que se habrían encontrado estos objetos, estaría ubicado a unos “quince minutos desde la estación Aguará por un camino paralelo a la vía, subiendo en algunas ocasiones a la vía y transitando por la vía algunos metros, volviendo a tomar ese camino paralelo hasta llegar a un lugar en el que hay algunas huellas de motos. Nos dice este señor -el pescador- que alguna gente va a pescar con redes cuando sube la marea. Él habría ido hasta ahí para ver si se podía ir a pescar al otro día”. Geográficamente, el sitio se encuentra “por lo menos a cinco kilómetros” del punto donde se encontró el cuerpo de Facundo, en Villarino Viejo.

Aparicio se pregunta ¿cómo aparece todo por pescadores: el esqueleto, una mochila, un maxilar?”. Sostiene que “en lo que es la causa no tenemos ninguna duda de que lo desaparece la policía de la provincia de Buenos Aires. En cuanto a cómo después aparecen las cosas, quién las planta, cómo las ponen, si alguna gente ya sabe que tiene que ir a buscarla, tenemos algunas certezas y algunas dudas”.

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Lugar donde se encontró la mochila de Facundo

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Hoy, la querella está “tranquila, acumulando prueba. Hay seis personas en el núcleo central sobre las que hay evidencia de sobra”. Hoy habrá una reunión en la que fiscalía dará a conocer las acciones a desarrollarse en la semana.

Acerca de la accesibilidad del sitio en cuestión, el abogado sostiene que “es para gente que conoce el lugar. Ninguno de nosotros puede ir hasta ahí. Es un lugar casi inaccesible si no sabés a dónde vas. Sin un guía no podés llegar hasta ahí”.

A su vez, infirió que “había mucho interés en salir a buscar y rastrear” advirtiendo que, desde el punto de vista de la querella, creen que “hay que rastrear toda la zona pero también convocar a otros cuerpos de peritos más complejos, obviamente con Marcos Herrero, para determinar qué es lo que hay adentro de toda esa zona, si hay más cadáveres, más cuerpos, que no sabemos por qué están ahí”.

No saben si ese lugar ya estaba rastrillado dado que la fiscalía en cabeza de Santiago Ulpiano Martínez no daba información a la querella respecto de las medidas concretadas. Esta situación cesó a partir de la incorporación de los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin, incorporados por la Procuraduría.

Cristina Castro confirmó Facundo usó esos modelos de celular. Ahora, las medidas de análisis de prueba sobre esos elementos las llevará adelante la DATIP.

El gobierno logró cerrar dos tramos del canje de la deuda externa. El economista y columnista de FM De la Calle, Francisco Cantamutto, explica qué implica el acuerdo y qué panorama hay por delante.

“El primer acuerdo es en moneda extranjera bajo legislación extranjera, que logró una aceptación del 93% que con la aplicación de cláusulas de acción colectiva llegaba hasta el 99%. Quiere decir que si alcanza una mayoría de bonos que son canjeados, el resto o toma esa decisión o se queda con papeles que no valen nada. En el segundo tramo el canje que era con moneda extranjera bajo legislación argentina, se realizó con una ley que aplicaba las mismas condiciones que bajo a ley extranjera, con el 98% de adhesión”, explicó. 

Enfatizó que “estamos hablando de 189 mil millones de dólares fueron negociados, equivale al 58% de la deuda total. Una re estructuración bastante grande y amplia, y en términos de monto más grande que la del 2005”. 

Por un lado se generó un ahorro “de unos 34 mil millones de dólares, equivale a una quita nominal del 18%. Está basada en los intereses, no en quita de capital. Se corrieron los vencimientos próximos. De 59 mil millones que vencían, 56 se patearon para adelante, lo cual hace que la necesidad de dólares para este gobierno sea significativa. En el siguiente mandato, sea de quien sea, se provocaba un ahorro de 15 mil millones. Pero en los siguientes tramos del 2029 en adelante se acumula más deuda de la que había antes”. 

Todavía resta la negociación con el FMI al que se le deben 44 mil millones, organismo que no está dispuesto a discutir una quita.

Las opciones son dos, la primera es “un préstamo de tipo stand by, de tres años como el actual, y la segunda es un acuerdo de facilidades extendidas que dura 10 años. Este último sería por el cual estaría yendo. Si fuera otro stand by de 3 años en el próximo gobierno no hay ahorro y hay vencimientos que no sabríamos cómo hacerlo”.

Cantamutto señaló que “el problema de un acuerdo de facilidades extendidas requiere de reformas estructurales. ¿Por ganar vencimientos vamos a aceptar que el FMI nos imponga reformas? Se va a enviar una ley al congreso para ver cuál va a ser la propuesta, es un hecho inédito en la historia argentina”. 

“¿Cómo se va a considerar esta agenda con, por ejemplo, la recuperación de ciencia y técnica y presupuesto? Hace dos años los asesores del gobierno hablaban de la necesidad de avanzar a un esquema más regulado de controles cambiarios, de comercio administrado, de fondo de impulso a las exportaciones con mayor contenido tecnológico, de control selectivo de las importaciones, todo eso no solo que no sólo que no está en marcha sino que en la negociación con el FMI se descartaron”. 

Finalmente, el economista destacó que “en donde hay un hueco gigantesco es el tema fiscal, todos los grupos del actual gobierno insistieron en que era necesario una reforma fiscal integral, donde aumentara el IVA a los bienes suntuarios, aumentar el impuesto a los bienes personales, gravar los patrimonios, las grandes fortunas, hacer pagar a los grandes ganadores incluyendo a los bancos. Nada esto ha avanzado. En este marco, hay una agenda pendiente que incluso se puede recuperar desde quienes hoy son gobierno, que es importante revisar de cara a las negociaciones que siguen”. 

La Policía Bonaerense detuvo anoche a cinco militantes del Partido Obrero tendencia quienes estaban realizando una pintada exigiendo justicia por Facundo castro. Luego de ser retenides durante varias horas en la Comisaría Primera fueron liberados.

“Es un atropello, pretenden amedrentar a los jóvenes que se movilizan por este reclamo y denuncian precisamente la violencia policial que rodea el caso de la desaparición y muerte de Facundo”, aseguraron.

Organizaciones políticas, como la CTA y partidos del Frente de Izquierda, acercaron su apoyo a la sede policial de calle Berutti.

“El repudio tuvo eco en toda la provincia y la Comisión Provincial por la Memoria presentó un pedido de liberación en el Juzgado de Garantías.

Denunciamos esta provocación de la bonaerense y hacemos cargo al Intendente Gay por lo sucedido. Esta intimidación no pasará y por el contrario será un factor de repudio y convocatoria para que haya justicia por Facundo y para el juicio y castigo a todos los responsables de su muerte”.

Por otro lado, Cristina Castro difundió que durante la tarde se produjo otra detención en Carmen de Patagones. Se trató de la militante mapuche Elizabeth Loncopán, quien había participado de una pegatina de afiches exigiendo justicia por la muerte de Facundo.

La madre de Facundo, Cristina Castro, informó hace instantes que “hasta el miércoles” no estarán disponibles los resultados del ADN realizado a los restos hallados el 15 de agosto en Villarino Viejo.

“Me lo confirmó la jueza Marrón recién, no sé de dónde sacaron esa noticia. Asimismo el servicio de antropología forense me acaba de llamar”, aseguró en su cuenta de Facebook.

Desde el Juzgado Federal emitieron el siguiente comunicado, en línea con lo anunciado por la madre del joven desaparecido, tras la filtración de la supuesta confirmación de la identidad publicada por medios nacionales.

“Solo hablamos luego de informar a la familia y eso no lo hicimos aún. Es un protocolo del EAAF no informa identidad hasta no informar a la familia”, afirmaron desde el área de Prensa del Equipo Argentino de Antropología Forense.

La identidad y la causa de la muerte de la persona cuyos restos óseos fueron encontrados el sábado en Villarino Viejo “no podrá saberse de inmediato, toda vez que depende de estudios complementarios” a la autopsia que se realizará el próximo martes.

La misma comenzará a las 9 -pudiendo extenderse al día siguiente- en el Laboratorio de Antropología Forense del EAAF. “La mamá de Facundo, Cristina Adriana Castro Alaniz, corresponde hacer saber que no podrá presenciar la autopsia, siendo su representante la perito de parte, Dra. Emma Virgina Creimer”.

“Sin perjuicio de lo cual, el Laboratorio del EAAF cuenta con una sala -con las comodidades necesarias- donde Cristina podrá permanecer el tiempo que desee mientras se lleva adelante la pericia ordenada, tanto el día martes, como miércoles, o el tiempo que ella demore”, resolvió la jueza Gabriela Marrón.

Agregó que la querellante “será informada en lenguaje claro, en esa oportunidad o cuando así lo desee, por miembros del EAAF, del procedimiento que se llevará a cabo, de los estudios complementarios que se ordenen y de los tiempos estimados para conocer los resultados”.

El estudio genético, por su parte, se realizará en el Laboratorio de Genética Forense del EAAF en Córdoba. La pericia estará a cargo del EAAF y contará con la participación de profesionales especializados de: el EAAF, del Cuerpo Médico Forense, CONICET, Universidad de Quilmes, Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires y la perito de parte, propuesta por la querella. También participará personal auxiliar, fotográfico y operador de video.

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La jueza, quien presenciará la medida junto a su secretaria Paula Riganti, prohibió “el uso de celular o cualquier otro medio audiovisual dentro del Laboratorio, que no fuera el previsto para la realización de la pericia”.

Se utilizará un equipo de filmación fijo y móvil, y toma de fotografías, los
que serán operados por personal auxiliar, que documentarán el desarrollo íntegro del procedimiento. Las copias de ese video y fotografías les serán entregadas a cada uno de los peritos intervinientes, junto con el dictamen final al que se arribe.

Todos los nombres de la pericia

Del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) participarán el Dr. Luis Fondebrider, antropólogo forense y director ejecutivo del organismo; la Lic. Analía Simonetto, antropóloga forense, coordinadora del Laboratorio de Antropología Forense; la Dra. Mercedes Salado Puerto, antropóloga forense, coordinadora de Identificación; el Dr. Luis Bosio, médico forense y la Lic. Gala Maruscak, antropóloga forense y asistente/fotógrafa pericial.

En cuanto al Cuerpo Médico Forense (CMF), intervendrán el Dr. Roberto Cohen, médico forense; el Dr. Alejandro Rullan Corna, médico forense; la Dra. Marta Maldonado, odontóloga forense; el Dr. Jorge Pereyra, radiólogo forense, y un técnico en radiología; y la Lic. Mariana Selva, antropóloga forense.

Por parte del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) participará la Dra. Nora Maidana, análisis de Diatomeas.

De la Universidad del Centro, Pcia. de Buenos Aires (UNICEN), participarán especialistas en Tafonomía: Dra. María Amelia Gutiérrez, Ciencias Naturales; Dra. María Clara Álvarez, arqueóloga; Dr. Cristian Ariel Kaufmann, Ciencias Naturales; y como personal auxiliar fotógrafos y operadores de video.

Asimismo, Emma Virginia Créimer, especialista consultora en Medicina Legal, fue designada como perito de parte y aceptó el cargo bajo juramento.

Alberto Brandán, dirigente de la Asociación Empleados de Comercio, declaró que Héctor Forcelli era un hombre del secretario general de la CGT, Rodolfo Ponce, que actuaba como seguridad del interventor de la UNS, Remus Tetu.

“Empleados de Comercio no tenía relación con ellos. Los comentarios es que eran los chicos malos de la actividad. No teníamos tiempo para andar evaluando la actividad de cada uno, éramos un sindicato de trabajo”, afirmó en el juicio a integrantes de la Triple A.

Las próximas audiencias serán los días 25, 26 y 27 de agosto con transmisión en vivo por youtube. Están imputados, además de Forcelli, Raúl Aceituno, Juan Carlos Curzio y Osvaldo Pallero.

“Teníamos bachillerato para adultos en el gremio, lo habían cerrado y fuimos a hacer la gestión con (Ezequiel) Crisol a Colón 80. En la entrada estaba Forcelli en su actividad de custodio, con arma y todo”.

El encuentro fue en el primer piso del rectorado y “duró segundos” porque, cuando ingresaron al despacho, “estaba el interventor y fuimos recibidos de mala manera. Le dijimos a qué íbamos, abrió un cajón, sacó una pistola y dijo: ‘ahora mandamos nosotros’. No éramos gente de violencia ni de armas, siempre de trabajo”.

Consultado por la relación entre Tetu y Ponce respondió “no tengo idea” pero afirmó que la gente del diputado nacional y secretario de la CGT estaba en la UNS: “Forcelli era gente de él”.

-¿Escuchó hablar de la Triple A?, preguntó la abogada de H.I.J.O.S. Mónica Fernández Avello.

Escuchar sí, pero no conocía a sus miembros.

-¿Nunca supo de algún caso de la Triple A en Bahía Blanca?

No.

Al defensor oficial Gustavo Rodríguez le respondió que “para nada” Forcelli había trabajado para “mi secretario general” Ezequiel Crisol.

Así se desdijo explícitamente de estas declaraciones publicadas por FM De la Calle en noviembre de 2011. “Cuando estaba yo en el sindicato no había ningún tipo de relación con Forcelli, después no sé por qué motivo empezó a incursionar y llegó a secretario gremial, lo llevó Crisol pero no sé cuál es el compromiso de Crisol para ponerlo a Forcelli dentro del staff de directivos que había, no tengo la menor idea, habría que preguntarle al secretario general cuál es el compromiso que tuvo”.

Brandán no recordó que el histórico dirigente peronista haya sido perseguido por la dictadura aunque supuso que no porque “era un dirigente sindical de importancia, muy querido por todos, lo respetaban”.

Ezequiel Crisol murió a los 96 años el 14 de junio de 2014. Fue secretario general de la Asociación Empleados de Comercio durante 46 años. La Nueva Provincia lo despidió como un “dirigente especial”. Héctor “Cacarulo” Forcelli fue secretario gremial de la AEC y presidente de la Subcomisión de Automovilismo.

Foto cabecera: Forcelli (detrás) junto al ex secretario general de Empleados de Comercio Ezequiel Crisol (derecha). En el cuerpo de la nota: Forcelli, Crisol y Juan María Traverso.

*Testimonio correspondiente a la audiencia del 29 de julio.