(Por Noemí Giosa Zuazua – Fotos: Magalí Agnello) En su casa del barrio Juan López, en Bahía Blanca, Mónica Dambolena, costurera, 49 años, no para de dar vueltas. Hace menos de 24 horas enterró a Juan Cruz, su hijo, tras cuatro días de agonía. El 17 de octubre del 2010 había tenido un accidente en el trabajo y, cuando lo ingresaron a la guardia, su vida estaba prácticamente concluida. “¿Su hijo se quemó con gas?”, la interrogó la médica. “Tiene el 95% quemado”. Mónica no podía entender: ¿se refería al 95% del brazo, de la pierna? “Hablo del cuerpo completo, señora”, le dijo la médica. “Lo único que no tiene quemado son las plantas de los pies porque llevaba zapatos, y el lado del bolsillo donde tenía la billetera”. Juan Cruz murió el 21 de octubre.
Tenía 25 años, era el segundo de una escalera de seis hermanos, tres varones y tres mujeres. No bien consiguió trabajo en la empresa Camin Cargo Control SA, en 2008, se independizó y se mudó con un amigo de la escuela técnica donde estudiaba Seguridad e Higiene. Juan Cruz tenía gustos de pueblo: se juntaba con amigos los sábados, salía a guitarrear por los bares de Bahía. Y, los domingos, no faltaba a los almuerzos familiares.
Mónica, en verdad, conocía pocas cosas del trabajo de su hijo -sería, se dijo, por un pacto de confidencialidad que firmó al entrar-. Sabía que tomaba muestras de hidrocarburos de barcos que llegaban al Puerto de Ingeniero White. Que los guardaba en un dúplex que Camin Cargo Control alquilaba en un barrio residencial de Bahía. Que prestaban este servicio a empresas de El Polo Petroquímico de Bahía Blanca, un concentrado de corporaciones trasnacionales que producen hidrocarburos, fertilizantes y resinas plásticas. Empresas que cotizan entre los primeros puestos de facturación del país, que generan 1700 empleos estables, contaminación, y también muertes laborales.
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¿Qué es un Polo?
Un polo petroquímico suena, además, poderoso. Este lo es. De los siete polos del país, es el más importante. Se instaló entre mediados de los años 70 y los 80, con empresas de propiedad estatal o mixta financiadas por el Banco Nacional de Desarrollo. De la región de América Latina, después de los dos brasileños en Salvador de Bahía y en Río Grande del Sur, ocupa el tercer lugar.
A diferencia de los polos de los Estados Unidos, que deben alejarse de las ciudades por lo menos 100 kilómetros, este queda a ocho de la ciudad de Bahía Blanca, con 300.000 habitantes, y a escasos 100 metros de los barrios de Ingeniero White, un pueblo portuario de 12.000 vecinos que hace años era de pescadores artesanales.
Durante una década de búsqueda de justicia por su hijo, Mónica Dambolena reconstruyó una historia atravesada por contaminación de alto riego, muertes laborales, inspecciones silenciadas y expedientes que se esfuman alrededor de El Polo Petroquímico de Ingeniero White, el más importante del país.
Su ubicación no es casual. En Ingeniero White confluyen los tres gasoductos que vienen de las cuencas Austral y Neuquina. Por sus serpientes de acero viaja la principal materia prima de las petroquímicas: el gas natural.
Desde la Ruta Nacional Nº 3, entrando al pueblo por la Avenida 18 de Julio, un cartel con el título “Polo Petroquímico”, y el nombre de seis empresas, da la bienvenida al complejo. Entre olores a cloro, a azufre o a putrefacción de los hidrocarburos, descansan, trabajan y, sobre todo, resoplan las antorchas y las chimeneas de ese dragón inmenso apodado El Gigante.
Excepto YPF, hoy las plantas que lo habitan son de capital privado transnacional. Ahí, dos grupos empresarios producen las resinas para la industria plástica. Uno es Petroquímica Bahía Blanca PBB-Polisur, propiedad 100% de la americana Dow Chemical. Es una de las petroquímicas más importantes del mundo la que compró estas plantas al Estado argentino, cuando el gobierno de Carlos Menem las privatizó. La llaman “La Dow”. La recuerda la historia como la empresa que, junto a Monsanto, fabricó el herbicida que usó Estados Unidos para matar a tres millones de vietnamitas y dejar medio millón de chicos con malformaciones: el famoso Agente Naranja.
El otro grupo, también privatizado, hoy es de capitales brasileños: Unipar Indupa. Sus plantas productivas son enjambres de cañerías de distintos diámetros que se entrecruzan y forman torres de destilación, por donde fluyen líquidos y gases.
Buena parte de nuestra vida moderna depende de lo que sale de aquí. Las resinas que produce El Polo son en polvo, o en millones de globitos livianos de color blanco – pellets- que compran las empresas plastiqueras y que funden a alta velocidad o con calor. Los pasan por grandes máquinas con moldes que escupen botellas de lavandina, cepillos de dientes, cajones de recolección de frutas, juguetes, armazones de anteojos, ropa de cuero sintético, paragolpes de autos, jeringas, tarjetas de crédito. El plástico de la vida misma.
Hasta las prótesis para el cuerpo humano, las válvulas para el corazón o los vasos
sanguíneos vienen de este lugar. El plástico convive con nosotros mucho más cerca de lo
que pensamos.
Otras cuatro empresas completan el escenario. Las plantas de TGS y de Mega SA, que producen etano, el insumo que usa Dow para las resinas. La empresa Profertil -mitad canadiense y mitad de YPF- fabrica fertilizantes de urea granulada. Y, al final del recorrido, a 30 cuadras de la ciudad de Bahía, está la refinería de la ex-Petrobras, que hace dos años compró el grupo holandés Trafigura. Allí se hacen las naftas, en la planta ubicada frente al barrio de vecinos Loma Paraguaya, y al Jardín de Infantes Nº 926.
Para quienes todavía trabajan en sus empresas, pertenecer a El Polo tiene sus beneficios. En mayo de 2019, un operario que entraba a Unipar Indupa sin antigüedad ganaba en bruto $70.000. Los beneficios son el 60% del salario básico. Son solo para los empleados estables. Los subcontratados -“los otros”- cobran menos, comen en otros comedores, tienen ropas y herramientas de seguridad de menor calidad, hacen las tareas de mayor riesgo. Los “unos” pertenecen al sindicato de Petroquímicos, los “otros” pertenecen a Uocra.
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¿Cuando El Polo paga, qué paga?
Al igual que el plástico, El Polo está metido en todas partes. Quien quiera conocer las intimidades del pueblo que vocifera contra El Polo, una de las personas señaladas para visitar es María Rosa – Tití – Sedrani.
Nativa de White, Titi inauguró en 1982 un salón de peinados -Mari Mau- en la calle Guillermo Torres, donde solo corta a caballeros: “Los varones son más fieles -dice, ajena a la corrección política-. “Si están conformes, no te abandonan”.
Alta, flaca, corte biselado con mechas rubias, Titi es mucho más que peluquera. Hoy, con 67 años, hijos, sobrinos y nietos, es una de las que luchan contra el avance de El Polo en el barrio. Para que nadie dude de sus ideas, en la puerta de la peluquería, Titi ató una sábana blanca con letras rojas que da la bienvenida: “Pan y trabajo, el Fondo al carajo”.
Con voz de cigarro, habla sin pelos en la lengua: “Cuando empezaron a llegar las empresas, no teníamos idea de lo que iba a pasar”. Lo primero que notaron en el barrio fue una rajadura en las casas por la obra de la central termoeléctrica, que hundió las napas de agua subterránea de baja profundidad -napas freáticas-. Dicen que succionaron agua, secaron las napas, y se deprimieron.
Lucharon muchos años. Soportaron leer informes técnicos que explicaban las grietas por la forestación y el asfalto, cuando no había calles pavimentadas. “A mi casa, la grieta la quebró en dos. Recién hace ocho años, después de pelearla 26, me dieron dinero para arreglarla”, se indigna Titi.
El gigantismo de El Polo llega hasta el Hospital Menor, al que le dona algún instrumento; avanza en las escuelas, en las que entrega material escolar a los chicos, y entra en el deporte: en el Club Huracán financió la cancha de pasto sintético, y la infraestructura de las canchas de inferiores. “Ellos, con esos programas de Responsabilidad Empresaria, se meten en todas las instituciones que pueden”, se lamenta Titi, y remarca que los aportes de El Gigante son arbitrarios: “Nosotros necesitamos que hagan en el hospital una sala para quemados, porque esto es una bomba de tiempo”.
No todos los vecinos están dispuestos a luchar como Titi. Muchos no quieren problemas: “Entre la radio LU2 -de la que fue muchos años periodista el intendente actual Héctor Gay- y el periódico La Nueva Provincia, les lavan la cabeza”, se lamenta la peluquera.
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“¿Señora, cómo podemos arreglar esto?”
En la familia de Juan Cruz Manfrendini, el joven que murió en el 2010 producto de una explosión, varios están vinculados a El Polo. Su papá Federico, hoy jubilado, trabajó en Indupa durante treinta años. El cuñado de Juan Cruz trabaja en una de las empresas de El Polo. Su hermano y su hermana trabajan en el restaurante de El Consorcio del puerto, vinculado a El Polo. Su primo político -Maximiliano Metz-, era jefe zonal de Camin Cargo Control, la empresa a la que El Polo subcontrata servicios, y es quien le consiguió el trabajo. En la práctica, su jefe.
Ese domingo 17 de octubre, el día de la tragedia, los Manfredini y los Metz almorzaban como festejo del Día de la Madre: Mónica y su hermana -esposa de Metz- agasajaban a su mamá. A las cinco de la tarde, un llamado telefónico paralizó la reunión: le avisaron a Maximiliano Metz que su primo había tenido un accidente.
Una hora antes, al dúplex de la calle Cuyo 1388, llegaba Juan Cruz en búsqueda de garrafas. Su primo y jefe, Maximiliano Metz, en pleno almuerzo familiar, lo mandó a tomar muestras de hidrocarburos a un buque que había amarrado en el puerto. Juan Cruz entró al departamento con el recorrido habitual: subió la escalera, abrió la puerta del cuarto donde almacenaban garrafas llenas y vacías, encendió la luz y, en una décima de segundo, una explosión lo envolvió en una sola llama. Consiguió bajar a la calle y un policía lo auxilió: “Me dio su celular y me dijo que llamara al jefe y le avise”, declaró después el oficial.
En la vida de Mónica todo cambió. Cuatro días de agonía de su hijo, en los que no se movió del hospital esperando un milagro. Por allí pasaron amigos de Juan Cruz, familiares, compañeros de trabajo. Todos opinaban: que en el dúplex había concentración de gases; que los vecinos se venían quejando del olor a podrido; que la culpa era de Metz; que el presidente de la empresa, Marcelo Camín, lo alquiló para vivienda y no estaba habilitado. Juan Cruz, decían, era una víctima de la tercerización y la precarización laboral.
Mónica discutía con ella misma. De todo eso, ¿qué era verdad?
El mismo día del entierro, Marcelo Camín, presidente de la empresa, viajó desde Buenos Aires a Bahía Blanca y la citó a Mónica en un hotel. Buscaba convencerla de que Juan Cruz había manipulado incorrectamente una garrafa, y no se había puesto las ropas reglamentarias. Al final, la pregunta que faltaba: “¿Señora, cómo podemos arreglar esto?”. Mónica mareada de dolor, y también indignada: “¿Arreglar, qué cosa?”, le dijo, “solo se puede arreglar si mi hijo vuelve a la vida”. En ese momento, juró pelear hasta conocer la verdad.
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Mónica Dambolena sabía que llegar a la verdad dependía de ella. ¿Podía su sobrino, Maximiliano, ser el culpable de la muerte de su hijo? ¿Por dónde empezar a investigar?
Las redes sociales le abrieron el camino. Un antiguo compañero de trabajo de Juan Cruz, por Facebook, la ayudó a entender. La casa matriz de Camin Cargo está en Texas, Estados Unidos, y tiene filiales en 15 países de América Latina, como se constata en la página web de la empresa. En Argentina, el presidente, Marcelo Camin, es sobrino del presidente general, Héctor Camin, de los Estados Unidos. Como se probó luego en el juicio, ese dúplex era un depósito clandestino. La empresa se ocupa de extraer y de guardar muestras de los hidrocarburos que venden Petrobras, TGS, Mega y Profertil, en resguardo de la calidad, por si los compradores reclaman. Cuando había que analizarlas en Buenos Aires, las mandaban por la empresa de pasajeros Plusmar, mintiendo sobre el contenido, para abaratar costos.
En los mails que estaban en la computadora de su hijo y que involucraban a Marcelo Camin, presidente de Camin Cargo Control SA, Mónica descubrió que para ahorrar dinero la empresa enviaba muestras explosivas de hidrocarburos en los micros de pasajeros.
Así empezó Mónica a descifrar los mails que estaban en la computadora de su hijo y que Maximiliano Metz mandaba a Marcelo Camin y a otros integrantes de la empresa: “En los últimos meses se han roto varias muestras de hidrocarburos, tanto en la terminal de Bahía Blanca como en el micro, como en Retiro; hasta aquí hemos tenido suerte, porque los operadores de encomiendas siempre me han creído cuando les digo que se trata de “agua de perforaciones contaminada”. Si en algún momento nos toca alguien con la más mínima idea de olor a nafta o textura de un gas-oil, sonamos. Ningún surveyor envía muestras por micro, todos tienen servicio privado para esos movimientos. Sin llegar a pensar en el incendio de un micro y todo eso, si nos hacen una denuncia, ni Cúneo Libarona nos salva”. Firmado: Maximiliano Metz.
El rompecabezas de responsables que Mónica empezó a armar llegaba al Consorcio de Gestión del privatizado Puerto de Bahía Blanca y a la Municipalidad. En la causa civil que luego iniciarán los Manfredini contra el Consorcio y contra la Municipalidad, patrocinada por el doctor Hugo Fernández, que todavía no tiene fallo, se les adjudica responsabilidad por no haber cumplido con su obligación de controlar el destino de las muestras de residuos peligrosos.
Más de 20 años llevaba El Polo en Ingeniero White. Otros trabajadores habían muerto en estas empresas. En septiembre de 2004, murió Nicolás Bernat, de 24 años, estudiante de Ingeniería Mecánica. Trabajaba para la contratista Narelco SA prestando servicios en la planta de Petrobras. La chispa de una amoladora alcanzó los productos con los que Nicolás limpiaba las piezas. En el 2010, murió Fabián Monterroso, a los 46 años, al caer en una pileta de agua caliente en la empresa ex Solvay-Indupa. Prestaba servicios para la tercerizada Desler SA. Murió con el 90% de su cuerpo quemado. En el 2011, Cesar Benítez, de 24 años, paraguayo, trabajaba para la subcontratista IGM. Murió sepultado en un pozo de más de 13 metros de profundidad prestando servicios en la empresa Louis Dreyfus. En el mismo año, murió Ariel Quinteros, de 40. Trabajaba en un tablero en la terminal Bahía Blanca del Puerto de Ingeniero White y recibió una descarga eléctrica que le provocó quemaduras en el 40% de su cuerpo. En enero de 2012, murió Pablo Díaz, con 32 años: trabajaba para la empresa contratista Vale. Un rayo cayó en una zona sin pararrayos. Dos operarios
sufrieron quemaduras; Díaz murió quemado. En el 2017, le siguió Darío Marillan. Trabajaba para una contratista de Cargill. Se dijo que murió por causas naturales.
Nadie se había metido con estas empresas hasta que Mónica Dambolena y la familia Manfredini decidieron pelear por justicia.
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El controlador que terminó quitándose la vida
En uno de los cuartos de su casa chorizo de la ciudad de Bahía Blanca, el 14 de octubre de 2012, un ingeniero agrónomo de 40 años, llamado Martín Negri, se pegó un tiro.
Trabajaba como inspector del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), del que depende la habilitación, supervisión, penalización o clausura de las empresas contaminantes. Martín Negri estaba encargado de los controles ambientales a las empresas de El Polo. En sus funciones, instruyó la clausura de la empresa Dow Chemical por escapes, registró denuncias contra Indupa, también contra Petrobras por sus deficiencias y por trabajar con una habilitación vencida hacía ocho años. El OPDS las desestimó.
La denuncia contra Petrobras anticipó una tragedia. En esa refinería de petróleo, el 10 de agosto de 2011, a la una de la mañana, murió Adrián Valente, con 44 años, por una explosión en la sala de descanso de los empleados. El accidente fue por una de las irregularidades denunciadas por Martín Negri, por la que había dictaminado la clausura de la empresa. Después de esta explosión, Negri fue relevado de su cargo, y más tarde despedido.
En marzo de 2012, el ingeniero agrónomo publicó una carta levantada por la red social Taringa! y por el blog Corrupción Argentina; algunos de sus fragmentos también fueron reproducidos por medios digitales locales y blogs. Allí, Negri denuncia el maltrato laboral que sufrió de su jefa, en el OPDS. A los siete meses de esa carta, Negri, que según dicen se sentía perseguido, se suicidó.
El ingeniero dejó grabadas en un celular Nokia las conversaciones que mantuvo con su jefa durante dos años. Ese material hoy lo tiene Leandro Aparicio, el abogado que llevó el caso de la muerte de Adrián Valente: “En las grabaciones queda claro cómo opera el OPDS. Martín Negri habla de los “cieguitos”, como los inspectores que, intencionalmente, pasan por alto irregularidades, y también de los “caranchos”, los inspectores que aplican a las empresas un sistema de presiones para no sancionarlas, a cambio de la entrega de sobres con dinero”, explica el abogado.
El caso de Martín Negri en poco tiempo estará en los cines. Aparicio se lo tomó muy a pecho y se transformó en el realizador integral de un documental ficcionalizado que se estrenará en las salas en el año 2021. El caso de la muerte del trabajador Adrián Valente fue archivado por el fuero penal: la ART determinó que Valente no estaba en su lugar de trabajo, por lo que no le correspondía indemnización. La Justicia encontró que la empresa no era responsable.
Las muertes laborales registradas en esos años tienen rasgos parecidos: los trabajadores prestaban servicios para alguna empresa tercerizada por El Polo y las condiciones de seguridad laboral no eran las adecuadas. Todas las demandas se cerraron antes de llegar a juicio. Algunos juicios fueron evitados por los acuerdos monetarios de las empresas con las familias obreras de los trabajadores muertos. Otras demandas fueron desestimadas y archivadas por los fiscales que encontraron al trabajador culpable por su muerte.
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Aguas que no has de beber
A las empresas, además, se las acusa de otros daños. Por ejemplo, de contaminar las aguas de la ría y de destruir el recurso pesquero. En los últimos tiempos, es común en la bahía pescar lenguados con manchas, peces sin ojos, sin aletas, monstruos marinos deformados por los desechos del mar. El abogado Lucas Beier es el patrocinador de las demandas judiciales de 51 pescadores: “En el 2009, iniciamos cuatro demandas contra las empresas Dow Chemical, Profertil, Petrobras, Mega, TGS y Cargill. Una de las demandas también es contra el Consorcio del Puerto de Bahía Blanca, contra Aguas Bonaerenses SA –ABSA– de la Municipalidad de Bahía Blanca y contra el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, todas por la contaminación de la ría”, aclara el abogado.
En septiembre de 2018, se publicó el veredicto de la pericia que encargó el juez a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba). Ratifica que las especies no son aptas para consumo humano por la cantidad de fenoles, hierro, cromo, zinc, plomo y mercurio. Muchos valores exceden hasta 140 veces los permitidos.
Recomienda a la Justicia prohibir inmediatamente la captura y el consumo de especies del estuario y, en un corto o mediano plazo, prohibir que se continúe arrojando al estuario cadmio, cromo, plomo y cobre.
El aire también está enrarecido. Los vecinos de White viven con miedo por los desastres químicos. Las nubes tóxicas de cloro, los escapes de amoníaco y las explosiones de las petroquímicas alteraron sus vidas. El censo de salud del año 2012, organizado por la comunidad y dirigido por profesionales médicos y psicólogos, mostró una tasa de enfermedades respiratorias mayor de lo esperado, sobre todo en chicos de 6 años, que también tienen un mayor índice de diarreas. La frecuencia de abortos espontáneos resultó 14 veces mayor de lo esperado. Los médicos registran un aumento en los casos de cáncer en la ciudad, y en edades más tempranas. Para monitorearlo, están construyendo una plataforma para georreferenciar el cáncer.
A raíz del escape de gas cloro del 20 de agosto del 2000, producido por la empresa Unipar Indupa, los vecinos de White se organizaron para presentar demandas judiciales. El abogado patrocinante es el doctor Manuel Sáez: “Entre los años 2001 y 2003 se abrieron alrededor de 240 causas judiciales que demandan a las empresas PBB-Polisur, Solvay-Indupa y Profertil. Se reclama una indemnización por la desvalorización de las viviendas y un resarcimiento económico por el deterioro en la calidad de vida a causa de las enfermedades, los ruidos, los olores y los temores cotidianos”, pero todo va muy lento, aclara Sáez.
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“Lucho por justicia para Juan y para todos los juanes”
Durante nueve años y seis meses, el eje de las vidas de la mamá de Juan Cruz, de su papá, Federico, y del resto de su familia giró en torno al reclamo de justicia.
El primer acto público que marcó el camino fue a los 10 días de su muerte. El 1 de noviembre de 2010, en el cumpleaños 26 de Juan Cruz, Mónica y la familia llamaron a una misa, y convocaron a una marcha de silencio. Más de 300 personas recorrieron el centro de Bahía con pancartas que decían: “A Juan Cruz lo mató la precarización laboral”.
Desde que hablaron con el primer fiscal de la causa, Emilio José Marra, se dieron cuenta de que la pelea no sería fácil. “El fiscal nos dijo: «Manfredini, la justicia no es para los pobres, lo importante es lo que van a cobrar»”, recuerda Mónica. El mismo fiscal recomendó que el juicio fuera abreviado para los principales acusados: Maximiliano Metz y Marcelo Camin. Cuando la carátula es de Homicidio Culposo, la Justicia recomienda a los fiscales el debate oral. Un juicio abreviado evita el debate público y puede resultar en menor condena.
Mónica y Federico lucharon para cambiar de fiscal y encaminar la causa penal. Ellos se ocuparon de la investigación. Buscaron testigos, compañeros de trabajo, vecinos, policías, bomberos, secretarias, médicos y expertos en sustancias peligrosas que declararan en la causa. Recorrieron abogados, tribunales, expedientes. Mandaron cartas a la prensa. Se entrevistaron con funcionarios. Dieron notas a periodistas. Pidieron pericias. Presentaron informes.
Hasta el papa Francisco llamó a Mónica por celular para darle fuerza, después de que ella le mandara una carta.
En Bahía Blanca, organizaron más de 60 marchas. Homenajearon a Juan Cruz en la puerta del dúplex. Pintaron un mural en la esquina de Alfonsina Storni y Manuel Alberti, de Bahía. Empapelaron la ciudad con sus afiches. Lo que le había pasado a Juan Cruz les pasaba a tantos otros, en muchas empresas: “Yo lucho por justicia para Juan y para todos los Juanes que están precarizados como él”, dice Mónica.
Aunque no lo sabían, ellos también luchaban por un juicio emblemático. Al parecer, no se encuentran antecedentes. El director del Departamento Jurídico de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, el abogado laboralista Horacio Meguira, afirma que no existen en el país empresarios privados condenados penalmente por muertes laborales.
El abogado laboralista Eugenio Biafore reconoce, al menos hasta el año 2014, un solo caso de Homicidio Culposo con condena efectiva por una muerte laboral, aplicada a las autoridades de la Universidad de Río Cuarto por la muerte de un trabajador estatal al explotar un laboratorio. En el caso de Camin Cargo Control, se trataba de llevar hasta el banquillo a un empleador privado acusado de una muerte laboral. A un empleador que, además, era contratista de El Gigante Polo Petroquímico de Bahía Blanca.
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El juicio y el veredicto
Según Fernández, abogado patrocinante de los Manfredini, un mes antes del juicio y por intermedio de sus abogados, Marcelo Camin le ofreció a la familia Manfredini US$70.000, que rechazaron. El 6 de mayo de 2019, a las 9.30 de la mañana, en el Palacio de Tribunales de la calle Estomba de la ciudad de Bahía Blanca, se abrió el juicio oral.
En la puerta de los Tribunales, un afiche lo hacía presente: “A Juan Cruz lo mató la precarización laboral: Pedimos justicia”. En la sala judicial del tercer piso, la mirada de Juan Cruz se proyectaba desde una pancarta y varias remeras. En el centro de esa sala, estaba el juez José Luis Ares dispuesto a abrir el juicio. A su espalda, una cruz y una bandera. A la izquierda, el acusado Marcelo Camin y sus dos abogados defensores. A la derecha, estaban los Manfredini, su abogado Hugo Fernández y el fiscal Gustavo Zorzano. Frente al juez, 30 asistentes que querían oír y acompañar. El cargo era por Homicidio Culposo.
Había citados 67 testigos por los Manfredini, parte querellante. Por la defensa de Marcelo Camin, un solo testigo: un perito.
Se declaró, se argumentó, se preguntó, se repreguntó. Los peritos, los policías y los bomberos fueron contundentes: en ese dúplex, había almacenadas garrafas con sustancias peligrosas e incompatibles; su mezcla era letal. Las garrafas no parecían cerradas herméticamente. Lo que se produjo la tarde del 17 de octubre de 2010 fue una deflagración: se mezclaron nitrato de amonio y fuel-oil, la misma fórmula química de la bomba que hizo estallar la AMIA. El oxígeno que entró al abrirse la puerta y el calor de la chispa al prender la luz produjeron la explosión seguida de llama incendiaria, que levantó una temperatura de 1200 grados.
La defensa de Marcelo Camin argumentó que todo había ocurrido porque Juan Cruz manipuló una garrafa incorrectamente y sin las ropas reglamentarias. El testigo que citaron lo respaldó con el análisis de su pericia: Juan Cruz estaba agachado, manipulando la garrafa. Los responsables eran Juan Cruz y su jefe directo, Maximiliano Metz. Pero el médico que trató a Juan Cruz fue claro: por la forma y la cantidad de quemaduras, se descartó que estuviese agachado, estaba parado.
Después de una semana de declaraciones, el 20 de mayo de 2019, a las 11 de la mañana, se leyó el veredicto que declaró a Marcelo Camin culpable del homicidio: por su responsabilidad en la empresa, por la imprudencia con la que actuó poniendo en riesgo al vecindario, por priorizar reducir costos antes que la seguridad de los trabajadores y por llevar a la muerte a Juan Cruz Manfredini.
Sin embargo, por no tener antecedentes y por haber dado la cara frente a los padres de la víctima, se le aplicaron 3 años de prisión, por lo cual así se dejó su ejecución en estado condicional. Además, 5 años de inhabilitación, 30 horas de cursos de seguridad e higiene y 50 horas de trabajos no remunerados a favor del Estado. También, el pago de una multa por $50.000.
Al mes fue condenado Maximiliano Metz, a 2 años y 9 meses de prisión, también con ejecución condicional, y 7 años de inhabilitación.
Los abogados de Marcelo Camin y de Maximiliano Metz apelaron a los fallos judiciales.
El empresario Marcelo Camin era contratista de las empresas de El Polo. Sin embargo, en todo el proceso penal, ninguna de estas empresas fue juzgada. Queda todavía por resolverse una causa civil en contra de ellas, del Consorcio del Puerto y de la Municipalidad de Bahía Blanca.
Para Mónica, la mamá de Juan Cruz, el resultado no fue justo: “Veo que las empresas tienen más poder que el Poder Judicial. Yo, al perder a mi hijo, perdí la paz. Confiaba en que los culpables recibirían condena efectiva, pero la Justicia me quitó la esperanza. Lo que no pudieron quitarme es la fe: en algún momento, los culpables van a caer”.
Nota publicada originalmente en Revista Brando.
Acabás de leer una versión reducida de la crónica de Noemí Gioza Zuazua.
