En Bahía Blanca existe una histórica deuda de los gobiernos de turno, vinculada a la generación de políticas locales que promuevan el acceso justo al hábitat. Con solo recorrer los barrios de la periferia del ejido urbano municipal, se constata esta injusticia que va en aumento y su resolución debería ser prioritaria para las gestiones municipales venideras, ya que afecta a decenas de miles de vecinos que merecen condiciones de vida digna.

Pareciera que vivimos en una ciudad donde existen “ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”. Por este motivo solicitamos un proceso urbanístico, político y social para crear una Bahía más justa, equilibrada, más vivible para todos.

Entendemos que toda política que promueva el acceso justo al hábitat (social) en el ámbito local debe apuntar a generar un plan rector, de raíz participativa y profesional, que contemple políticas reparatorias (porque hay mucho para reivindicar con urgencia) y sobre todo, políticas anticipatorias (para evitar escenarios no deseados, donde la más afectada siempre es la población más vulnerable).

Entendemos por políticas reparatorias todas aquellas que tengan por objetivo “generar las condiciones para que las villas y asentamientos se vayan transformando en barrios integrados al resto de la ciudad, con condiciones habitacionales adecuadas, lo que es un obligación del Estado en sus distintos niveles y un derecho de la sociedad”.

En tanto, las políticas anticipatorias deben a apuntar a “generar planes, programas y proyectos que permitan el acceso temprano de los sectores populares a soluciones integrales para un hábitat digno”.

Para llevar adelante estas políticas de acceso justo al hábitat en el ámbito local, adherimos a los principios rectores señalados en la ley provincial 14.449 (Acceso justo al hábitat), que son:

– El derecho a la ciudad y la vivienda

– La función social de la propiedad

– La gestión democrática de la ciudad

– El reparto equitativo de cargas y beneficios en los procesos de desarrollo urbano

En base a lo expresado, presentamos diez puntos, para con los cuales solicitamos el compromiso en las futuras políticas de hábitat a implementar por parte del nuevo gobierno municipal que asumirá la intendencia el 10 de diciembre próximo.

1- Ante los violentos y confusos hechos de desalojo compulsivo que se vienen sucediendo, es urgente garantizar que se aplique correctamente y extensivamente el “Protocolo de actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad” de la Suprema Corte de Justicia Provincial (del 17/04/2019), que protege y garantiza derechos en estas situaciones.

2- Contemplar la creación de la subsecretaría de Hábitat Social, dentro de la secretaría de Infraestructura o afín, en estrecha vinculación con la secretaría de Desarrollo Social o afín, desde donde impulsar las políticas sociales de hábitat, a cargo de la gestión de un Fondo Municipal de Desarrollo Urbano, a crearse por ejemplo, a partir de una reorganización tributaria municipal con sentido social.

3- Reactivar inmediatamente el Consejo Local del Hábitat, que responda al espíritu de la ley 14.449 y de la ordenanza que lo creó. Este Consejo debe estar abierto a la discusión política y en su composición indispensablemente deben estar los agentes y organizaciones que trabajan en territorio y además, tener poder de decisión en cuanto a los presupuestos asignados (coordinando también con la subsecretaría de hábitat social el manejo del Fondo Municipal de Desarrollo Urbano), en tanto que otros organismos como colegios profesionales y universidades hagan su aporte desde lo técnico.

4- Crear mesas inter-barriales (consultivas y vinculantes) para la producción de las políticas de hábitat. La urbanización debe hacerse siempre con participación vecinal. Las complejidades del momento solo pueden ser resueltas desde la proximidad con los sectores vulnerados.

5- Elaborar un diagnóstico participativo de situación sobre la problemática del hábitat en la ciudad y los recursos potenciales o existentes para su resolución. Una herramienta básica para enriquecer dicho diagnóstico es la reapertura y actualización del Registro de demanda de tierra y vivienda para aquellos que no pueden resolver el acceso al suelo y/o la vivienda por cuenta propia o través del mercado.

6- Elaborar un plan de integración socio-urbanística de villas y asentamientos (provisión de infraestructura, equipamiento, conectividad, cultura, educación, deporte, etc.)

7- Desarrollar nuevas áreas residenciales tales como:

1. operatorias de lotes con servicios y equipamiento comunitario, con equipos técnicos socio-constructivos que acompañen activamente cada barrio naciente,
2. construcción de viviendas, con asistencia técnica socio constructiva que acompañe activamente cada barrio.

Asimismo, las obras públicas a realizar en el marco de los procesos de urbanización deberán priorizar la contratación de trabajadores entre los vecinos y las vecinas con los que cuente el barrio, tanto para tareas de construcción como aquellas que involucren saberes técnicos y profesionales.

8- Mejorar las áreas residenciales existentes, a través de:

1. líneas de microcréditos y subsidios para la mejora o ampliación de la vivienda, de manera articulada con los programas gubernamentales y no gubernamentales ya existentes,
2. apoyo técnico durante los mejoramientos progresivos.
3. Promover el desarrollo e implementación de tecnologías alternativas ecológicas, de bajo costo y alto impacto para la mejora de la calidad de vida, en colaboración con centros de formación profesional, escuelas técnicas y universidades.

9- Optimizar el funcionamiento y las prestaciones de la “asesoría de tierras y escrituras”

10- Actualizar el registro de suelo urbanizable para zonas de promoción del hábitat social, generando tanto un banco de tierras fiscales como también identificando posibles iniciativas privadas que se enmarquen en lo señalado por la ley 14.449.

Las organizaciones sociales impulsoras de la trascendental ley 14.449 de Acceso justo al hábitat de la provincia de Buenos Aires, afirman:

“A nadie le gusta tener que tomar tierra.

A nadie le gusta llegar a un lote con los hijos pequeños

para vivir en una casita de cartón, plástico o chapa.

A nadie le gusta la humedad ni el frío.

Tampoco la incertidumbre y las amenazas de desalojo.

El asentamiento es una estrategia de lucha del sector popular y trabajador

para defender el derecho a la tierra.

Un derecho largamente vulnerado en la historia de nuestro país.

Una injusticia reiterada en los que pocos acumularon mucha tierra.

Y los más pobres no tenían lugar donde vivir con dignidad.”

Esta dura descripción también ocurre en nuestra ciudad. Por ello, las organizaciones sociales firmantes presentamos a nuestra comunidad y sobre todo a quienes se postulan para gestionar la ciudad los próximos cuatro años, estas propuestas para que nuestros vecinos más postergados puedan alcanzar esa justicia social demasiado largamente esperada.

Bahía Blanca, 7 de octubre de 2019, Día mundial del hábitat.

Firman:

Acción Bahiense Comunitaria (ABC)

Agrupación “Lo Más Sueños”

Asociación Civil “Ser Comunidad”

Asociación Civil Bahiense de Adultos Mayores y Jubilados Independientes “La Norma Pla”

Asociación Civil Madre Tierra

Cáritas Arquidiocesana Bahía Blanca

CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales.

Centro Comunitario “San Ignacio de Loyola”

Centro Social y Comunitario “El Meren”

CGT Regional Bahía Blanca

Cooperativa Las Flores

Cooperativa La Poderosa

Corriente Clasista y Combativa

CTEP

Curas en Opción por los Pobres de Bahía Blanca

El Puente – Bahía Blanca.

Feria “El Fénix”

Grupo Productores Hortícolas del Sauce Chico

Iglesia Metodista de Bahía Blanca

Interbarrial Sur

Jupic

La René Salamanca, Corriente Clasista

Merendero “Corazones Solidarios”

Merendero “Gaucho San Pedro”

Merendero “Las Colonias”

Merendero “Los Principitos”

Merendero “Sueños de Esperanza”

Movimiento de Trabajadores Excluidos MTE- CTEP

Movimiento Evita – CTEP

Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados

Movimiento Territorial Liberación – MTL

Ni un pibe menos por las drogas

Programa Social de Acción Católica Giravda

Sindicato de Camioneros

Sindicato Unido Docente de la Universidad Nacional del Sur

Somos-Barrios de Pie

Sureando

Voluntariado Universitario (UNS) de Villa Caracol

Adhieren:

Asoc. Civil Casa de Betania en Bahia Blanca

Comisión de Pastoral Social del Arzobispado de Bahía Blanca

Universidad Salesiana UNISAL

El abogado Gustavo Avellaneda dialogó esta mañana con FM De la Calle sobre las denuncias judiciales impulsadas por la Municipalidad ante la toma de terrenos en el barrio Spurr por parte de más de 400 familias.

“No estamos judicializando una demanda de tierras, estamos judicializando una usurpación. Esto es un delito. La obligación que tiene el municipio es denunciarlo”, afirmó.

Ante el incumplimiento del derecho constitucional del acceso a una vivienda digna y reconociendo la inexistencia de políticas municipales que atiendan el déficit habitacional, aseguró que la disyuntiva se resuelve “como se está resolviendo: en las elecciones”.

El funcionario comentó que el 8 de agosto tomaron conocimiento del inicio de una toma en Spurr y actuaron “como siempre”: se acercaron al lugar con la policía y procedieron a “limpiar” el lugar.

El mismo día, por la tarde, un grupo más nutrido concretó la toma. La policía detuvo a 19 personas “porque hubo resistencia a la autoridad”. Por flagrancia, la causa se abrió en la justicia provincial.

El lunes 12, las y los manifestantes concurrieron a Alsina 65. Conversaron con el subsecretario de Gobierno, Francisco Fernández Solari, y el propio Avellaneda. “Fuimos claros que no podíamos disponer de las tierras que no son municipales. La Municipalidad no da tierras para la construcción de vivienda ni da tierras para que hagan ningún tipo de emprendimientos públicos o privados. Tenemos la custodia de la tierra pública”.

Según el funcionario “se le ofrecieron los paliativos que ofrece la Municipalidad para estos casos. La posibilidad de un alquiler y la posibilidad de que haya una mejora habitacional” mediante la construcción de una pieza en la vivienda en la que hacinan las familias demandantes.

Inconformes, afirmaron que volverían a ocupar los terrenos. “Y fue lo que terminaron haciendo el día lunes que tomamos conocimiento del audio. Aconteció tal cual se reprodujo el audio de la forma que había asesorado el abogado interviniente”, dijo Avellaneda sobre el audio difundido por el jefe de la policía y La Nueva Provincia en el cual el abogado Leandro Aparicio conversa con representantes de la toma.

El martes la comuna realizó una denuncia en el Juzgado Federal. “La Municipalidad no tiene intervención porque está en un trámite judicial y a resultas de lo que ordene el juez”.

-¿Para el municipio es solo una cuestión policial-judicial?

Se les dieron todas las posibilidades a las personas que querían ocupar, las facilidades y los programas que tiene el municipio en ejecución para que desistan de la usurpación.  Es muy difícil negociar con 300 personas, están en pie de exigencia. Si hay una orden judicial que indique que el municipio debe hacer un censo e intervenir Políticas Sociales, haremos lo que el  Juzgado diga. Pero la situación de ocupación tiene que ser debidamente judicializada porque es un delito.

-La Suprema Corte indicó que la provincia y los municipios deben establecer protocolos de actuación para estos casos. ¿Han trabajado en alguna consideración en este sentido que pueda aplicarse al caso puntual?

Hemos generado un protocolo propio en función de las experiencias de estos años. Es un protocolo que no se ciñe precisamente al de la Corte. El de la Corte es más específico cuando intervienen muchas familias. En este caso no se puede aplicar porque es justicia federal. En otras modalidades se ha aplicado el protocolo del municipio que ha sido la intervención en el sector, la posibilidad de darles alguna respuesta. Esto pasó en la toma de Miramar, a las personas que estaban ocupando allí se les otorgó terrenos para construir, salvo a una sola persona que negaba a salir. Yo soy uno de los que estuvo en la toma del otro día. Estuve viendo la modalidad de la toma, la cantidad de menores, cantidad de mujeres y entendimos que no era aplicable el protocolo y que teníamos que ir por vía judicial.

-¿La Municipalidad tiene política de vivienda?

No, te voy a dar un dato para que entiendas. Bahía es la única localidad de la provincia que más extensión de tierras estatales tiene -por ferrocarriles, Vialidad- y no podemos disponerla porque están en manos de la ABE, Administración de Bienes del Estado. Ese organismo dispone lo que se hace.

-Si ustedes tienen la custodia y están pensado en avanzar en un proyecto con el Club Villa Mitre, ¿no tienen capacidad de tramitar la disposición de esas tierras para la construcción de viviendas?

El Club Villa Mitre presenta un proyecto para ese sector, la Municipalidad no da el ok. Lo que hace es la gestión ante el ABE con la presentación del proyecto.

-¿Ustedes reconocen que hay una demanda legítima de necesidad de vivienda en la ciudad?

En la ciudad y el país.

-¿Desde el municipio tienen capacidad de acompañar la demanda de estas familias, de resolverlo de una manera que no sea a través de la justicia?

No, estas llevando esto a otro terreno. Nosotros no estamos resolviendo la parte de vivienda por parte de la justicia.

-¿Usted habló del pago de un alquiler o la ampliación de una pieza?

Sí, porque esos son los programas que tiene vigente el municipio.

-¿El alquiler cuánto dura?

Depende de cada circunstancia. No es mi área la que define cuánto dura un alquiler. Es la Secretaría de Políticas Sociales.

No estamos judicializando una demanda de tierras, estamos judicializando una usurpación. Esto es un delito. La obligación que tiene el municipio es, ante la existencia de un delito que afecta los bienes del Estado, denunciarlo.

-Pero ante la necesidad de una vivienda…

La necesidad de la vivienda es una cosa, el delito es otra. La necesidad de vivienda es innegable. Creo que no hay programas públicos que impulsen la construcción de viviendas desde el municipio de Bahía Blanca. Por una cuestión presupuestaria, por lo que sea. Lo que hizo mucho el municipio es regularizar situaciones irregulares, entrega de escrituras a vecinos que hacía muchos años que estaban.

-Esa es una muy buena política pero involucra a personas que ya tienen una casa, no atiende a la falta de vivienda…

No tengo conocimiento de que haya una política específica de construcción de viviendas del municipio. Eso no habilita a que la gente venga, cometa un delito y yo no lo pueda denunciar. Uno es una cuestión política y lo otro es una cuestión judicial.

No te voy a negar la necesidad de vivienda en Bahía, en la provincia y en el país. Se puede cuestionar al municipio la falta de política en ese sentido. Pero el Estado tiene la obligación de tomar cartas en el asunto.

-Lo que pasa es que el Estado tiene la obligación de brindar ese derecho, ¿cómo se resuelve?

Como se está resolviendo, en las elecciones.

(…)

-¿Por qué se habla de usurpación y no de posesión?

Porque entendemos que se ha hecho de forma organizada, instigada por parte de un profesional y con el soporte de un organismo sindical como la CTA, que ha estado presente en la reunión de la Municipalidad, estaba el señor Gandolfo. La conferencia de prensa del abogado la hace desde la CTA, por lo cual, hay un soporte para que digan vayan y ocupen. Sabiendo que pertenece a otro, se hace un hecho ilícito.

-Pero es pacífica, no es violenta…

No, nadie está hablando de violencia.

-El fiscal dijo que se puede interpretar que como es masiva es violenta.

Eso es una interpretación de la justicia y ahí no puedo intervenir.

-Lo escuché a usted diciendo lo mismo…

Entiendo que la modalidad de la ocupación, de la forma que ha sido instigada y llevada adelante, no es una ocupación pacífica.

(…)

-¿Cuándo habría posesión?

La posesión que estamos acostumbrados a ver, requiere de un elemento fundamental que es el tiempo. Estoy ocupando durante 20 años de forma pacífica e ininterrumpida, tengo derecho a presentarme ante un juez y decirle “tengo derecho a que esta tierra sea mía”. Eso es usucapión.

Si llevo 19 años y el dueño me quiere sacar, hasta el plazo de 20 años el poseedor sigue siendo poseedor. Acá no están poseyendo, están ocupando.

-¿Qué opina de la difusión ilegal del audio de Aparicio?

El audio se difundió, no sé si es legal o ilegal.

-¿Si a usted le pasa que en algún medio, o por la vía que sea, se difunde una conversación suya con un cliente cómo la califica?

Pasó en esta toma, los chicos que conversaron con nosotros nos grabaron, se difundió en varios lados y sabemos que puede pasar. Hoy no escapa a nadie, hay que estar seguro de lo que se conversa.

-¿Y qué pasa cuando esa información la difunde el jefe de la policía?

No me consta.

-A mí me consta, se lo puedo mostrar cuando quiera. En el chat de prensa de la policía el jefe Claudio Petrizán envió el audio de esta conversación.

Le sugiero que hable con el comisario Petrizán.

-¿Cuál es su opinión como profesional? ¿Cómo se califica?

Habría que ver la circunstancia en la que se hizo, no lo sé. Yo tomé conocimiento a través de un audio difundido en los medios públicos donde se dio cuenta de esta situación. Dicen que el día lunes va a haber una toma. Yo voy sobre los hechos, no voy sobre la legalidad e ilegalidad del audio.

Integración Ciudadana manifestó que la respuesta del municipio ante la toma de terrenos en Spurr por parte de más de 400 familias “no hace más que desviar el problema sin hacerse cargo de la realidad bahiense”.

La abogada María de los Ángeles Rosón señaló que “tanto el secretario de Gobierno (Fernando Compagnoni) como (Héctor) Gay han referido que el fundamento de la actuación de vecinos es únicamente una cuestión política”.

“Esto es, una vez más, una demostración de no hacerse cargo de esta realidad acuciante de un sector de la población que es el que menos recursos tiene, que no tiene en empleo y que sufre los avatares de las políticas de este gobierno”.

Rosón dijo que “para este gobierno hacer valer la ley es aplicar la ley Penal, es dar intervención a la justicia de Faltas. Entendemos que hay una criminalización de la pobreza”.

“La actitud del Municipio es congruente con la seguida en todas las expulsiones desplegadas durante el actual gobierno. Es decir, una clara manipulación de la ley, ejercer un rol sancionador evitando hacerse cargo de la pobreza y de los vecinos que no tienen acceso a sus necesidades básicas”, reza el comunicado.

Para la dirigente, “no hay acciones anteriores a esta situación, esto es desencadenante, no siguen ningún protocolo”.

Respecto a las indicaciones de la Suprema Corte para casos como este, destacó que “se tiene que hacer un informe socioambiental, tomar contacto con las familias, quiénes son, ¿son 400 familias que nacieron de un día para el otro en un estado de vulnerabilidad? El Estado tiene que intervenir previamente. Desde luego que debe ser dificultoso. Ahora, mucho más dificultoso es afrontar el problema”.

“No habrá aumento para las familias con créditos UVA”, twiteó esta tarde el presidente Mauricio Macri. Afirmó que “para acompañar a quienes compraron su casa a través de un crédito hipotecario UVA, estamos manteniendo el valor de sus cuotas por cuatro meses. Hasta diciembre, la cuota que pagarán será igual a la que pagaron en agosto”.

Por la mañana, la bahiense Florencia Ruppel adelantó que una decisión de estas características les daría “un respiro” a las familias afectadas por las corridas del dólar.

“Estamos pidiendo que se revea el sistema, llamamos a la eliminación del UVA porque no hay revisión del capital ajustable que es lo que yo le debo al banco. Mi capital ajustable aumentó 2600 pesos en un día y medio. No hay visibilidad, realmente estamos esperando el anuncio oficial en los bancos. Mientras anuncian esto, mi capital ajustable sigue aumentando”, dijo a FM De la Calle.

Ruppel comentó que tienen “comunicación con los bancos y ni ellos saben, la medida anterior fue oficializada pero no había comunicación a los bancos. Muchos medios levantan la nota pero a nosotros no nos dijeron nada”.

Un anuncio similar realizado por la gobernadora María Eugenia Vidal en abril “fue tomada en cuenta en el Banco Provincia pero los anuncios de Macri no, estamos esperando”.

Señaló que ” La cuota estoy pagando es el doble de lo que saqué. Mi crédito fue el monto máximo que podía tener mi marido con su recibo de sueldo. Yo tomé el crédito en 2017, el año pasado hubo una corrida del dólar en julio o agosto, nosotros los sufrimos en septiembre y octubre. De 400 pesos que se venía incrementando pasó a incrementase 750. Representa el 28% del ingreso familiar. En caso de que pasara el 30%, que era lo que decía la medida de Vidal, con el Bapro íbamos a tener ese reajuste”.

Desde la organización Sureando destacan que la urbanización y acceso a la vivienda no es una problemática de agenda política y que tampoco se destina el presupuesto suficiente para garantizar un hábitat digno a cientos de familias.

Damian Funk dijo a FM De la Calle que “las villas y asentamientos son alrededor de 32, más del 10% de la ciudad vive en esas condiciones. No es prioridad para las políticas públicas que se avance en cuestiones de integrarlas urbanística y socialmente. Esto debe hacerse con participación vecinal, debe involucrar infraestructura, equipamiento, seguridad en la tenencia de la tierra, debe ser sustentable en el tiempo”.

“En los últimos años esto se ha profundizado. En términos concretos cuando vemos el presupuesto, cada vez es menos el  que se adjudica a política públicas relacionadas al hábitat y se subejecuta”.

Sureando tiene tres ejes principales de trabajo: “Acompañar las demandas de los vecinos, tratar de avanzar con proyectos que puedan mejorar el espacio -ya construimos una biblioteca, plantamos más de 300 frutales, hemos revocado espacios de fútbol- y el tercero es avanzar en el análisis de presupuestos y revelamientos, para tener números concretos. En el Barrio Evita hay más del 50% de la población que tiene necesidades básicas insatisfechas, el 46% vive en condiciones de hacinamiento. Ese número en la ciudad es del 6,2%”.

El Barrio Evita surgió entre 2006 y 2007 y es una de las zonas en la cual más creció la ocupación de tierras: “Son familias empujadas a esta situación. La zona sur tiene tierras anegadas, tierras inundables. En 2006 hicimos un revelamiento con el RENABAP, que arrojó que vivían 260 familias. En el 2018 el barrio se duplicó, hay más de 500 familias, desde calle Juncal hasta Harris. En los últimos cuatro años, en las últimas cuadras del barrio se observan las viviendas más precarias que es lo que veíamos cuando comenzó”, señaló Funk.

Por último, comentó que “el empleo alcanza para subsistir, de parte del Estado hay gran ausencia por responder a estas cuestiones estructurales y de fondo. Se van tapando cuestiones menores, parches, el delegado avanza en mejorar algunas calles, está muy bien, pero las cuestiones de fondo no se reparan. Con este gobierno, con el anterior, vemos que esas cuestiones se mantienen y siguen. No puede ser que muchas familias no tengan agua potable, no entra el camión de la basura, hay cuatro contenedores para 500 familias, pasan tres o cuatro días y están que explotan”.

En Puertas del Sur un grupo de vecinas y vecinos necesita materiales para finalizar la construcción de un merendero y alimentos no perecederos para el acompañamiento de más de cien familias.

“Tenemos un merendero que funciona en un container de chapa de diez por diez. En verano hace muchísimo calor y ahora en invierno el frío pasa por todos lados, sumado a que está roto y se nos llueve, se nos estropean las cosas. Si queremos hacer un ropero para juntar ropa no podemos por que se nos moja”, comentó Roxana a FM De la Calle.

“Puertas” surgió como un asentamiento en la década del 90 cuando se instalaron las primeras viviendas de chapas. “Al lado del container estamos haciendo un merendero, llegamos hasta la capa aisladora. Nuestra única entrada de dinero es por venta de empanadas y pizzas”, dijo la vecina.

“Llevamos cartas, planos y el proyecto al Municipio y nos dicen que en este momento tienen prioridad las viviendas. Nos están dando la copa de leche para 60 familias pero tenemos anotadas 102 familias. Cuando no tenemos colaboración se da lo que se tiene por orden de llegada. Nos duele pero es lo que podemos”.

En el barrio continúan los problemas con la acumulación de basura. La situación se agravó ahora por el estado de abandono de las calles que impide que los camiones de Sapem Ambiental entren a retirar los contenedores.

En cuanto a la ayuda municipal, Roxana comentó que “si tenés casa de material te dicen que hay otros que viven en un rancho de chapa y que tienen prioridad. Si  justo tu marido consiguió trabajo en blanco te dicen que hay otra gente que está peor. Hay gente que tenía la tarjeta celeste del Plan Vida y se la sacaron. A varias familias ahora le dan la tarjeta azul que son 195 pesos por mes y no te alcanza para nada”.

En Tierras Argentinas, lindante a Puertas de Sur, “sufren con el tema de la luz, han hecho cartas pidiéndola  y nada. Edes no llegaba porque tenían los cables bajos, subieron las palmeras, y ahora Edes no va por el mal estado de las calles”.

Cualquier donación de materiales para la construcción del un nuevo merendero puede acercarse hasta Pacífico 4300.