El plenario de la Conducción Nacional de la CTA Autónoma consideró la grave situación que soportan las trabajadoras y trabajadores ante la brutal política de ajuste del gobierno de Mauricio Macri. Desde todas las provincias llegaron las denuncias del impacto social por suspensiones y cesantías, agravadas con un incremento inflacionario y tarifazos que afectan a la mayoría de la sociedad.

Al mismo tiempo se enfatizó en denunciar que los ganadores de la política oficial son los grandes productores y exportadores del campo, la minería y la industria, los grandes bancos, los acreedores externos y especuladores de todo tipo, lo cuales componen una selecta minoría en detrimento de la mayoría de la sociedad. En este sentido, se subrayó también el hecho de que la política económica es clara y alientan una reforma laboral regresiva, en consonancia con una ofensiva de las clases dominantes a escala mundial.

En este contexto, las y los dirigentes y referentes que participaron de todo el país consideraron en un documento conjunto: “A casi ocho meses de gobierno queda definida la protesta y el conflicto social, expresado en el Paro Nacional del 29 de abril, convocado en unidad de acción por las Centrales sindicales y de trabajadores, la fuerte iniciativa por una ley anti despidos, el veto presidencial y la respuesta de las dos CTA y otras organizaciones sindicales y sociales del pasado 2 de junio”.

“Esta simultaneidad de acciones es una evidencia de la potencialidad del movimiento obrero que está desafiado a convocar en el corto plazo un gran Paro Nacional, el cual la CTA Autónoma viene construyendo con plenarios regionales en Cuyo, el Litoral, el NOA y seguiremos en el resto del país en unidad de acción con todos los que quieran luchar contra las políticas del gobierno y las clases dominantes”.

Luego de la reunión, se brindó una conferencia de prensa en la que se informó sobre las distintas medidas resueltas en el marco de un momento de enorme gravedad por la ofensiva del gobierno de Mauricio Macri y la impunidad empresarial y de las clases dominantes.

En este sentido, el secretario general de la CTA-A, Pablo Micheli, ratificó la convocatoria a un Paro Nacional en unidad de acción en el corto plazo al tiempo que sostuvo que desde la Central se “apoyarán todas las luchas contra los despidos y suspensiones, el ajuste y los tarifazos a lo largo y ancho del país, tal como la convocatoria del 7 de agosto de San Cayetano a Plaza de Mayo convocada por movimientos sociales, el paro de ATE del 11 de este mes y la Marcha Federal”.

En relación a los recientes anuncios de Mauricio Macri sobre las obras sociales, Micheli fue rotundo: “Se equivocan si piensan que van a cambiar plata por conquistas de los trabajadores. No van a parar con eso el clamor que viene de todas las asambleas de todos los sectores de trabajo y movimientos sociales que están acosados por un ajuste terrible a través de la inflación, tarifazos, despidos y jubilaciones indignas. Con este panorama, es impensables que con las medidas que se anunciaron ayer, y que no es más que reclamar lo que se les debe a los sindicatos, se va a parar la conflictividad en nuestro país”.

Por último, el líder de la CTA-A comentó que se movilizarán este mediodía a la Corte Suprema de Justicia para “expresar nuestras propuestas contra el aumento de tarifas y protagonizar el #ruidazonocturno contra el tarifazo”.

José Luadi, integrante de la Coordinadora contra los tarifazos, convocó a la movilización contra el ajuste que se realizará este jueves a las 20 en Plaza Rivadavia y destacó que “nuestra preocupación sobre las tarifas del gas, la luz y el agua es que van a tener un carácter confiscatorio. Si tengo que usar el 35% del salario promedio en Argentina para pagarlas algo no voy a pagar o algo no voy a consumir”.

Por FM De la Calle comentó que la intención es “hacer una convocatoria atrayente donde las organizaciones sociales, los sindicatos, marchen por delante, los partidos políticos por detrás, donde no tengamos esa discusión tonta de repetir algunas cuestiones que no fueron del todo claras en la última movilización. El ejercicio de la unidad es complejo pero requiere necesariamente de muchísima paciencia, elaboración, debate, cuestiones que tienen que volver a ser fraternales entre nosotros porque con la economía como está vamos a un segundo semestre más complejo que el que pasó”.

“¿Qué va a pasar cuando a miles de argentinos se les corte la luz, el gas o el agua? ¿Qué reacción vamos a tener? Acá la discusión no es a quién votamos. En las últimas elecciones muchos argentinos votaron por el mal menor. Muchos lo votaron a Macri pensando que era el mal menor porque Scioli era la continuidad del gobierno anterior y muchos votaron a Scioli como el mal menor de que Macri fuera presidente. Pero la boleta no va a venir discriminada entre kirchneristas-antikirchneristas, antimacristas-promacristas, marxistas o liberales. Va a venir para todos exactamente igual”, dijo.

En cuanto a la audiencia pública realizada en Mar del Plata aseguró que, “aunque no físicamente, estuvimos al lado de las CGT y las CTA y nos contiene el discurso de José Rigane porque lo que tenemos que discutir sobre la energía es si es un bien social, si se puede vivir o no sin energía, si seguimos arrastrando la concesión de los noventa donde somos clientes y si podemos pagar podemos pagar y si no no podemos pagar”.

“Por supuesto que tiene un costo y tendremos que discutir cómo financiarlo. No estamos hablando de un costo cualquiera, de cosas de las que se puede prescindir, estamos hablando de que la gente necesita realmente energía para poder desarrollarse “, agregó el integrante de la Corriente Comunista Watu.

El dirigente calificó como “una burla” que el municipio haya estado representado por el secretario de Infraestructura y ex gerente de EDES, Guillermo Manrique. “¿Es el mismo o es otro que el que nos mintió con la inversión de los 27 millones de EDES en 2011 que nunca se realizó? ¿Es el mismo que le presentó un mamarracho de plan de emergencia el 6 de enero de 2012 a Bevilacqua o es otro? ¿Hacía falta? Si total el municipio iba a llevar un funcionario que iba a levantar la mano y decir señorita, señorita, yo estoy de acuerdo con el ajuste. ¿Manrique cuándo va a defender los intereses de los bahienses si es una hombre educado y financiado por la empresa?”.

De cara al segundo ruidazo afirmó: “Estamos muy contentos porque a la última reunión realizada en Cáritas se ha sumado un conjunto mayor de organizaciones a las que nos veníamos juntando y vamos a construir una movilización para el 4 de agosto con la misma consigna que se cerró el acto fuera de la audiencia pública en Mar del Plata: unidos contra el ajuste y los tarifazos”.

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Impulsan la iniciativa las siguientes organizaciones: Frigorífico Incobb empresa recuperada – CTA Bahía Blanca / Dorrego – CGT Bahía Blanca Mesa Político Sindical – Coordinadora contra los Tarifazos – ADUNS – SUTEBA – ASTRAMYC – APYME – Asociación Argentina de Actores – Iglesia Metodista- Comisión de Apoyo a los Juicios – FM De la Calle – Corriente Comunista Watu – Grupo 83 Solidaridad e Igualdad -Partido Solidario – Agrupación 27 de Octubre- Agrupación 14 de Septiembre – Emancipación Sur – Colectivo Pueblo en lucha – Nuevos Vientos – GEN – MST – Cardumen – Unidos y Organizados – Nuevo Encuentro Bahía Blanca – Proyecto Nacional – Los Irrompibles – PSTU – Acciones Feministas – Agrupación Celeste de SUTEBA Bahía Blanca – Agrupación ConBAHÍA – UMSur Unión de Musicxs del Sur – “La Máquina de LU3” – LU3 Cooperativa de Trabajo Ondas del Sur Ltda.

“A pesar de los reclamos legales hechos por nuestro sindicato, hasta el día de la fecha la empresa adeuda los salarios de la primera quincena de julio”, difundió ayer la Asociación Argentina de Actores a través de un comunicado.

“No es la primera vez que la misma no da cumplimiento a un esencial compromiso como es pagar por el trabajo ya realizado del elenco de Show Match”, agregaron.

A esto, la orgnazación gremial sumó que “no corrige salarios por la extensión del programa a una hora y media tomando como base para la liquidación de haberes como si emitiera un programa de una hora, y adeuda salarios de los bailarines que participaron en la fastuosa apertura de este año y la de los años 2014 y 2015. Las irregularidades incluyen también la falta de pago por contribuciones patronales a nuestro sistema solidario de salud (Obra Social de Actores OSA) por estas deudas, poniendo en riesgo la prestación médica de actores y bailarines”.

El Consejo Integral del sindicato no encuentra justificación que “que no sea la falta de sensibilidad para con los trabajadores, ya que dicho programa es uno de los de mayor audiencia en horario central, y por lo tanto es el que cuantitativa y cualitativamente tiene el apoyo de los anunciantes. Cualquier explicación de tipo financiero que quieran dar para tapar la situación que nos afecta, no hace más que reafirmar que el hilo se corta siempre por la parte más débil: los asalariados, que son los que no pueden esperar que la cadena de pago llegue a sus bolsillos en última instancia”.

El comunicado termina asegurando que “en un momento de crisis económica como la existente, con la consiguiente pérdida del poder adquisitivo de los salarios, es paradójico ver que en el mencionado programa se parodia la triste realidad que vivimos en el país, incumpliendo la elemental obligación de garantizar la salud y subsistencia de los trabajadores que se contratan”.

Para Emancipación Sur el resultado de la audiencia pública realizada en Mar del Plata fue la convalidación del aumento de la tarifa de electricidad y tuvo un carácter ilegítimo e ilegal. “Cabe preguntarse si participar de ella sabiendo las condiciones antidemocráticas de la misma y que una amplia multisectorial se manifestó desconociéndola, no resulta en convalidar el aumento dispuesto por el gobierno”, afirmaron.

“Esta audiencia es a todas vistas antidemocrática ya que el juez Arias había dicho que por lo menos se tenía que hacer en tres ciudades de la provincia, eso ya de por sí, desde el punto de vista de los bahienses que no pudimos ir a Mar del Plata, es una restricción importantísima, además había otras condiciones, no se podía hacer preguntas y además no es vinculante”, agregó Laura García Vázquez por FM De la Calle y valoró la contraudiencia convocada por Multisectorial marplatense.

En un comunicado, Emancipación Sur destacó que “ni la luz, ni el gas ni el agua son lujos, por el contrario son servicios indispensables, que deben ser parte de una política pública que priorice los derechos de toda la población. El manejo de empresas privadas prácticamente sin control alguno por parte del estado sólo contribuye a negocios que en nada benefician a las personas”.

“También queda claro que el derecho a la energía es una cuestión de soberanía y así debe entenderse. Las acciones contra el tarifazo son imprescindibles y se volverán a visibilizar con más unidad y contundencia aún el próximo jueves 4 de agosto en todo el país”.

“Emancipación Sur realizó una charla con la presencia de José Rigane y varias acciones sobre este tema que consideramos, desde el origen de nuestra existencia, estratégico y crucial. Los concejales de Bahía Blanca fueron invitados a estas actividades, sin embargo no quieren escuchar la realidad y prefieren convalidar el aumento resultado de la audiencia pública, así como solamente proponer ‘formas de pago’ como si se tratara de cualquier artículo de consumo y no un servicio público”, manifestaron.

La delegación local del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires reconoció a Andrés Siebenhar como delegado de los trabajadores y las trabajadoras de mensajería y cadetería. “Lejos de sonar romántico, es el arduo camino que hemos recorrido, bastante en soledad, pero que hoy nos encuentra con muchos más compañeros y compañeras construyendo un gremio”, afirmaron desde Astramyc.

El próximo jueves a las 8:30 el sindicato se concentrará frente al Municipio y movilizará hacia las sedes del Ministerio y de Concejo Deliberante “para exigir la regularización de nuestras condiciones de trabajo”, contra el trabajo no registrado, por salario digno y el reconocimiento de las leyes que amparan al sector.

“La etapa que se abre es la del blanqueo y la afiliación masiva de todos los trabajadores y trabajadoras de la moto para, en el corto plazo, convocar a elecciones y establecer la seccional Bahía Blanca de nuestro gremio nacional, el Sindicato Único de Conductores de Moto de la República Argentina”, agregaron.

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En diálogo con FM De la Calle, Siebenhar dijo que “es un gran avance que hayamos conseguido esta aceptación por parte del Ministerio, veníamos ya de una lucha más o menos de tres años, sale de agruparnos con un sindicato nacional con una simple inscripción, que es Sucmra, que ya nos dio un marco de acción en lo gremial”.

“El laburo que veníamos haciendo era de militancia, íbamos construyendo desde la calle, desde el espacio donde nos movemos, convocando a los compañeros, hablándoles, dando el debate (…), en el camino fuimos construyendo buenas relaciones con otros gremios, nos solidarizamos con muchas luchas de compañeros como los aceiteros, los docentes, cualquier manifestación del sector de los trabajadores. Eso nos ha dado el reconocimiento en el campo gremial”, recordó.

El delgado aseguró que se “abre un poco más el panorama para que los compañeros estén informados sobre cómo defenderse, que hay maneras de poder luchar, que no es solamente por la vía legal sino también aunar fuerzas y darle para adelante”.

“Se lograron aumentos de salario muy importantes, lo hizo el pliego de reivindicaciones de una casa de comidas que tiene once compañeros y se hizo un buen acuerdo, son cosas que se van dando porque también nos hemos referenciado en ese sector que es muy precario”, dijo Siebenhar y agregó que “hay muchos compañeros que están con el monotributo o tercerizados, o facturan a través de los empleados, hay condiciones que son muy malas, hay que mejorarlas, va a ser una gran batalla pelear contra las patronales”.

Finalmente informó que están trabajando en un proyecto de ordenanza para presentar en el Concejo Deliberante para que las inspecciones municipales que se realicen a distintos comercios tengan en cuenta las condiciones laborales y de seguridad de sus afiliadas y afiliados.

La asamblea extraordinaria de Suteba Bahía Blanca resolvió “dar continuidad a la medida de fuerza con modalidad de paro” mañana martes y convocó “a una reunión de balance y proyección de futuras acciones” a las 9 en la sede sindical de Las Heras al 300.

El gremio, que hoy se manifestó junto al Centro de Educadores Bahienses, exige la reapertura de paritarias para la recomposición salarial y el pase al básico de todas las sumas que reciben los y las maestras, el pago en tiempo y forma de todos los salarios y aumento del presupuesto educativo”.

Además decidió adherir al paro que hará el Frente Gremial el 11 de agosto y la demanda de un plan de lucha provincial, la realización de asambleas de base en todas las seccionales de Suteba y un plenario provincial de delegadas y delegados.

“Más allá de un discurso de no querer tener conflictos con el inicio de clases a principio de año, este gobierno no ha dado ninguna muestra de que esto cambie, más bien creo que hay cosas que han empeorado”, dijo la secretaria general de Suteba Gabriela Delfino.

La docente opinó que “lo peor que puede pasar es que haya reclamos históricos que no se resuelven, seguimos teniendo las exigencias para que los compañeros cobren en tiempo y forma. Tanta alusión que siempre hace a la pesada herencia esta parece que le vino muy bien al gobierno porque no han hecho nada para modificarla, son compañeros que están trabajando gratis”.

Auxiliares de la educación de ATE, que hoy tampoco concurrieron a las escuelas, se movilizaron a la ciudad de La Plata en el marco de la Jornada de Lucha de la CTA Autónoma y ratificaron el paro nacional del sector el 11 de agosto. Desde el CEB informaron que mañana la actividad será normal para sus afiliadas y afiliados.

Foto: Vanina Padin.

No solo tenemos que enfrentar a los tarifazos sino también debemos discutir los temas de fondo, dice el titular de la Federación de Trabajadores de la Energía y secretario adjunto de la CTA-A, José Rigane. Consultado por FM De la Calle explicó que esos “temas de fondo tienen que ver con el sistema energético que se implementó en Argentina desde la privatización, que significó un retroceso en el manejo de los recursos energéticos, y fundamentalmente la extranjerización”.

“Fueron las dos cosas que han venido postergando a los argentinos porque le quitaron el autoabastecimiento por falta de inversión, se desarrolló la crisis energética, hemos pasado a importar energía, combustible, y ahora estamos viviendo una época de tarifa congelada y con miles de millones de pesos de subsidio a un tarifazo”.

Este jueves se realizará el segundo ruidazo contra los tarifazos en los servicios públicos ordenados por el gobierno de la alianza Cambiemos. En Bahía Blanca la Multisectorial contra el Tarifazo y el Ajuste -conformada por unas treinta organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y políticas- convoca a las 20 en Plaza Rivadavia.

“Si queremos modificar esta situación tenemos que modificar el modelo energético porque la causa está ahí, porque este modelo trata a la energía como una mercancía, como si se tratara de un paquete de fideos que uno va a buscar a la góndola y elige de acuerdo a su capacidad económica o a la marca que le gusta. La energía es un monopolio natural. Por la vereda de cualquier usuario pasa un solo caño de luz, un solo caño de gas, un solo cable de electricidad, uno no tiene opción, no hay mercado, no hay competencia”, comentó Rigane.

El secretario de FETERA agregó que “la energía no se siembra, es un bien social que pertenece a los argentinos, no debe ser gratuita pero debe ser un servicio público y debe tener un precio accesible para que todos puedan acceder a una vida digna porque sin posibilidad de acceder al gas, a la electricidad y al agua no hay perspectiva de llegar a tener una vida digna”.

“Habría que dejar de exportar petróleo crudo, no somos un país petrolero, somos un país que tiene petróleo y el petróleo es finito como el gas. Deberíamos primero abastecer el mercado interno, desarrollar tecnología, destilerías, para obtener los combustibles especiales que estamos comprando fronteras afuera”.

En cuanto al llamado del gobierno a la presentación de ofertas para la generación de energía de fuentes renovables -que en Bahía Blanca se traduciría en la creación de parques eólicos- Rigane afirmó que serán un negocio “en tanto y en cuanto la propuesta que es abrirle la puerta a las principales empresas, sobre todo norteamericanas, que trabajan en este tema” y advirtió que “Argentina necesita una diversificación de la matriz energética porque tenemos una dependencia muy fuerte de los hidrocarburos”.

“Hemos perdido autoabastecimiento y por eso se está importando hasta 40 barcos con gas licuado que luego se convierten en gas congelado y luego en gas natural. En ese sentido, esta diversificación la necesitamos para no tener tanta dependencia de lo que son los combustibles fósiles”, dijo el dirigente aunque aclaró que dicha política no va a garantizar el abastecimiento energético: “Va a colaborar pero necesitamos desarrollar las hidroeléctricas y las plantas nucleares que son no contaminantes y que además nos pueden sacar de esta dependencia tan importante que tenemos del petróleo y el gas”.

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El espacio Interredes que nuclea a medios alternativos, comunitarios y populares acaba de dar un importante paso adelante, luego de meses de dilaciones: consiguió, a partir de la movilización del miércoles pasado, una reunión para el viernes 5 de agosto con Miguel De Godoy, titular del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

La concentración frente al organismo tuvo como ejes principales el reclamo por el pago pendiente de millones de pesos correspondientes a los concursos del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual – FOMECA- ganados por las organizaciones en 2015, y el cumplimiento de la ejecución del FOMECA 2016, que destina recursos para el sector, según lo establecido por la Ley 26.522.

Luego algunas horas de espera- mientras comunicadores, oyentes, televidentes, estudiantes y organizaciones arengaban con bombos y gritos los reclamos- referentes de Interredes consiguieron dialogar con el Director del ENACOM, Heber Martínez quien les prometió la cita formal con De Godoy que comenzaría a destrabar el conflicto.

“Hoy tuvimos una jornada de lucha en unidad con todas las redes de medios comunitarios donde se vivieron momentos de tensión ya que no fue fácil lograr que alguien del directorio nos diera respuestas. Pudimos arrancar el compromiso de reunión para jueves o viernes de la semana que viene” explicó Natalia Vinelli referente de Barricada TV.

A su vez, Fabiana Arencibia perteneciente a la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) señaló que “los resultados no hubieran sido posibles sin el acompañamiento de los 300 compañeros y compañeras que se mantuvieron firmes en la calle presionando para que nos atendieran”.

Otras de las demandas planteadas en la manifestación fueron el cese la persecución legal y los decomisos a los medios comunitarios; habilitación a los canales comunitarios que ganaron concursos públicos en televisión digital; que se respete el 33 por ciento del espectro destinado a los medios sin fines de lucro; contra la concentración de la comunicación y participación a todo el sector en la discusión de una nueva ley de medios.

Interredes está formado por la Red de Productoras Audiovisuales Comunitarias (RED PAC); las televisoras comunitarias (ParesTV, Barricada TV y Urbana TV); el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO); la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC); la red de cooperativas de comunicación RED COLMENA; y la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA); la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (AReCIA) y la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo RedCom.

Esta mañana la empresa Lucaioli despidió a decenas de sus trabajadores. “Nos habían prometido que a pesar de que lo que todos saben de cómo viene la situación con la empresa que no iba a haber despidos (…) son unos mentirosos, estamos hablando de más de cincuenta compañeros de Comercio y más de veinte de Camioneros”, dijo un dirigente sindical frente la sede de Patricios al 800.

Roberto Arcángel, dirigente del Sindicato de Camioneros afirmó que “a las diez de la mañana nos comunican que había 160 despidos de los cuales 24 eran de camioneros. Más allá de eso, de haber venido planeando algunas dificultades que tenían, en ningún momento nos sentamos a ver si podíamos encontrar alguna otra forma de poder paliar toda la situación porque acá estamos involucrados todos”.

Fue “una decisión unilateral, que no tienen otra alternativa según ellos pero decidieron todo ellos, el despido de los trabajadores y la forma de pago de la indemnización en cuotas, creemos que pueden existir otras alternativas”.

Un trabajador comentó “se venía viendo hace un año más o menos, Lucaioli había empezado a hacer un vaciamiento en el Centro de Distribución de Cerri, cada vez peor, de ocho camiones que se recibían por día se empezaron a recibir cinco, cuatro, tres y esta última semana o mes nada casi. Hoy nos avisaron a doce en el horario de mañana que quedábamos afuera y otros tantos a la tarde. Creo que unos treinta compañeros de Camioneros y no sé cuántos más de Empleados de Comercio, no manejo el número pero más de sesenta personas seguro”.

Semanas atrás la empresa bahiense cerró las sucursales de Río Grande y Tolhuin en Tierra del Fuego después de nueve años de presencia y despidió a todos sus trabajadores y trabajadoras. El secretario adjunto del Centro Empleados de Comercio de Río Grande, Daniel Rivarola, manifestó entonces que “no hay problema en el pago de las indemnizaciones, pero el local se levanta y se va de la isla”.

El lunes no comenzarán las clases porque los gremios saldrán a la calle a protestar por la falta de respuesta a sus demandas por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal. CEB, SUTEBA y ATE realizarán una manifestación en Plaza Rivadavia y se movilizarán por el centro de Bahía Blanca.

“La realidad es que nuevamente nos ponen en este brete de tener que llegar a una medida de fuerza cuando hace ya bastantes meses estamos pidiendo que se nos convoque a reunión tal como se había firmado en el acuerdo en febrero con la cláusula de monitoreo de la inflación en lo salarial y las obras de infraestructura y los reclamos históricos que venimos haciendo”, dijo a FM De la Calle Paula Repetto desde el Centro de Educadores Bahienses.

La maestra afirmó que “volvemos a la misma historia de siempre, escuchaba que estaban preocupados porque no hay docentes que quieran tomar cargos o que no hay docentes en la provincia. No es así, están pero nadie quiere tomar cargos porque hay gente que tomó en marzo y todavía no cobró el salario, es insostenible”.

“No tenemos ninguna suma en negro, tenemos un básico de 3948 pesos pero de bolsillo cobramos 7000. Un maestro que recién se inicia, con julio trabajado, al quinto día del mes de agosto va a tener un promedio de aumento de 800 pesos, con lo cual iríamos a un sueldo de bolsillo de 7800. Lo que pedimos es una recomposición del salario, tenemos un código que es el 455 de 1800 pesos que pedimos que pase al básico, esto va a tener un impacto sobre toda la antigüedad que cada docente tenga y sobre su cargo escalafonario”, explicó Repetto.

Suteba Bahía Blanca convocó una asamblea extraordinaria a las ocho en el salón de actos de la Primaria 2 de Vieytes y Colón para considerar “la continuidad de la medida de fuerza el martes 2 y un plan de acción unificado contra el ajuste”. Luego, participarán de la movilización conjunta con el Centro de Educadores Bahienses “para reclamar al gobierno la reapertura de paritarias, el pago de salarios adeudados y la inversión inmediata en infraestructura escolar”.

Desde la seccional bahiense de ATE informaron que se sumarán a la medida de fuerza provincial del gremio para reclamar la devolución de los descuentos por los días de paro, el rechazo a la oferta salarial, un aumento digno y paritarias sin irregularidades y contra la Ley de Emergencia Administrativa, el Plan de Modernización y las políticas de la Dirección General de Escuelas. Además exigen mayor presupuesto para salud, educación y políticas de inclusión social, el pase a planta de trabajador@s con contratos precarios y nombramientos en áreas críticas.

Hoy volverán a verse las caras dirigentes del Sindicato Argentino de Televisión y de las cámaras patronales de los cables. Será en plena vigencia de la conciliación obligatoria exprés que el gobierno otorgó a las empresas la semana pasada, horas antes de que comience el paro declarado por todas las seccionales gremiales de país.

Más de ocho mil trabajadoras y trabajadores del SATSAID realizaron el miércoles una Jornada Nacional de Lucha por la Dignidad del Salario con epicentro en la Plaza Congreso en Buenos Aires y con movilizaciones en Bahía Blanca, Córdoba, San Juan, Mendoza, San Luis, Rosario, Santa Fe, Chaco y Jujuy, entre otras. En nuestra ciudad la marcha partió desde Cerri y San Martín, pasó frente a las sedes de Cablevisión y BVC y culminó en Plaza Rivadavia con una radio abierta junto a FM De la Calle, la cual podrá revivirse desde las 21 por la 87.9 o por delacalle.org con reemisiones el sábado a las 12 y el domingo a las 13.

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El secretario adjunto del sindicato, Horacio Tolza, comentó que la paritaria comenzó hace 45 días con un reclamo del 42% de aumento salarial. Las cableras ofrecieron 29% y subieron hasta 33%. El 17 de julio el plenario general del gremio llamó al paro. “Lo hicimos para el 20, lo coordinamos, y el 19 a las 22 horas teníamos la conciliación obligatoria presentada. Nos llamó muchísimo la atención, nunca nos había pasado eso. Al entrar en conciliación pusimos todo el respeto del sindicato hacia el Ministerio pero ahora nos estamos movilizando y esperaremos la reunión del 29”, dijo el camarógrafo.

Tolza aseguró que “estamos luchando contra grandes medios, no es que luchamos contra hormigas sino que son elefantes gigantes. Estamos en la calle, compañeros, compañeras, todos presentes tratando de llevarlo adelante. (…) Es Cablevisión, está Pierri, está Vila, gente que es difícil, y también tenemos los cables del interior que son las cooperativas que tampoco son nada fácil, manejan todo un pueblo desde la luz, el velatorio y el cable”.

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“¿Por qué marchamos?”, se preguntó el secretario gremial Octavio Alvarado. Respondió que era “porque no estamos dispuestos a resignar ninguno de nuestros derechos”, porque “no vamos a aceptar la extorsión del ministro de Hacienda ni la falsa opción de trabajo o salario”, para “que sepan el señor ministro y el aprendiz de tirano berreta que tenemos en la Rosada que acatar la ley no significa que estemos dispuestos a negociar la baja de nuestros salarios como pretende la patronal” y, entre otras cosas, porque “nos ha costado mucho esfuerzo y lucha llegar hasta aquí”.

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“Uno siempre está del otro lado, siempre está poniendo el micrófono y prestando la cámara para que se hagan visibles los reclamos que no terminan de ser sino otra cosa que los de uno mismo que es un trabajador o una trabajadora más y vive lo mismo que cualquier persona que tiene una familia atrás, que sabe que el salario ya no alcanza como antes, que las peleas se tienen que dar desde otro lugar porque hay una realidad distinta”, afirmó la periodista Gisela Estremador.

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El delegado de Cablevisión Jorge Diomedi destacó que “esto ha hecho que todos los trabajadores de televisión se puedan a unir para tener este porcentaje que estamos pidiendo. Nos parece que es una cifra que está por debajo de la inflación real pero las empresas no quieren dar más del 33%. Es mucha la diferencia que hay así que seguiremos en la lucha, estamos tranquilos, como estamos acá todos los trabajadores, creo que esta unión que tenemos se la debemos mucho a Carlos Arrigoni”.

“Los últimos doce años se amplió a cantidad de empleados porque se amplió la obra. Hay un dineral puesto en las redes, se hizo un enlace directamente de Buenos Aires a Neuquén con redes propias para no pagar un transporte lo que generó muchísimo trabajo, peleando para que no sea todo contratista, meterlos dentro del convenio. Tienen bolsillo de payaso, pueden pagarlo”, dijo Laly Serra sobre la empresa de Clarín que posee 250 cables en el país y acumula aumentos tarifarios del 44% en lo que va del año.

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Liliana Villa encabeza la Secretaría de la Mujer del SATSAID y recordó que cuando se afilió “éramos muy pocas mujeres y a nivel local menos todavía, con el surgimiento de los cables fuimos incorporándolas, hoy somos muchas y es un orgullo”. Luchando por la igualdad de género lograron traspasar las tareas administrativas para alcanzar los trabajos operativos “que cambian todo fundamentalmente”. Tanto Villa como Analía Izquierdo padecieron alguna vez violencia de género y laboral en Canal 7 y las oficinas de BVC, respectivamente. “Estamos tratando de abrirnos un lugar donde podamos tener los mismos derechos, pero que realmente se cumplan”, dijo Izquierdo.

Voces de apoyo. Dirigentes de gremios y agrupaciones políticas locales manifestaron su solidaridad durante la radio abierta: Néstor Alende (Asociación Judicial Bonaerense), Sergio Zaninelli (ADUNS), Hugo Astorga (Sindicato de Trabajadores Telefónicos), Rodrigo Bahía (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), Ana Canullo (CTA Bahía Blanca-Dorrego), Laura García Vázquez (CTA-A Pcia. Buenos Aires), Mauricio Rasquete (Agrupación Jauretche), Joni Landa (ASTRAMYC) y Carlos Ferrari (APYME).

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FOTOS: Manifestación, Luis Ángel Salomon. Radio abierta, FM De la Calle.

“Los aumentos son una fenomenal transferencia de recursos a las grandes empresas multinacionales productoras y distribuidoras y un saqueo al bolsillo”, así comienza el comunicado emitido por la Federación de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica-CTA), en torno al aumento de tarifas.

“El gobierno nacional impuso aumentos en las tarifas de agua, luz y gas que llegaron a multiplicar hasta por 20 su valor, en algunos casos. Sumado al avance inflacionario y a los aumentos de precios de la canasta básica, la opción para muchos sectores sociales se transformó entre comer o pagar los servicios. Y ante esta opción, fue creciendo la protesta popular en todo el país. El malestar social es tan grande, que hasta la Justicia tuvo que dictaminar fallos que suspendieron momentáneamente los aumentos.

El gobierno pretende acallar los reclamos disponiendo a último momento que los aumentos tengan un techo del 400%. Esto significa que hay que multiplicar por cinco los valores de la factura del mismo mes del año pasado. ¿Qué sector de la clase trabajadora multiplicó por cinco sus ingresos en el último año? Simplemente, ninguno.

El gobierno afirma que la situación se debe a que no se actualizaron las tarifas durante los últimos años, por lo tanto las empresas no tuvieron rentabilidad suficiente y no pudieron hacer las inversiones para producir más energía. Con lo cual, hoy no hay gas suficiente y se debe importar para abastecer el consumo. Nada más alejado de la realidad que esta afirmación.

Mientras el precio internacional del petróleo no supera los 45 dólares por barril, en la Argentina se les garantiza un precio de casi 70 dólares el barril. El costo de producción del barril de petróleo en la Argentina ronda los 14 dólares. Se les garantiza entonces, ganancias o rentabilidad de más del 400%. Ya el gobierno anterior les garantizó a las petroleras -muchas de ellas multinacionales- que en la Argentina cobren un precio sostén de casi el doble.

También en el gas, mientras que el precio de referencia en América del Norte es de alrededor de 2 dólares el MBTU, en Argentina se les garantiza 5,2 dólares el MBTU del gas ya perforado y 7,5 dólares el gas recientemente extraído. El costo de extracción o producción en la Argentina es de 1,9 dólares el MBTU. Aún con estas súper ganancias, no hicieron las inversiones en todos estos años y hoy no hay gas suficiente. El gobierno anterior les garantizó -con los llamados subsidios- estas súper ganancias. El actual gobierno, además de aumentarles el precio de producción en el gas y la electricidad, ahora nos transfiere en las facturas el costo de las súper ganancias de las empresas multinacionales productoras y distribuidoras. Por esto los aumentos son tan desmesurados.

Es tal el aumento, que para muchas familias es impagable y para muchas pequeñas y medianas empresas implica estar al borde de la quiebra.

La crisis energética es producto de otro desfalco: el de la privatización a precio vil durante el menemismo de las empresas estatales, YPF, Gas del Estado, Hidronor, Agua y Energia, luego vaciadas por los dueños privados bajo el gobierno de De La Rúa, rescatadas sobre la base de subsidios millonarios durante la gestión del kirchnerismo y que continúan en el actual gobierno.

Con servicios deplorables, que en pleno siglo XXI cubren las necesidades de apenas el 60% de la población, mientras se siguen llevando en pala los subsidios, ahora pretenden que además les paguemos tarifas más caras que en el primer mundo con todos sus libros contables cerrados, contratos secretos (Chevrón) y concesiones que no garantizan el suministro, ni en invierno, ni en verano.

CONADU Histórica repudia estos aumentos escandalosos de las tarifas, que además se hicieron al margen de las audiencias públicas que establece la ley. Por ello, apoyamos los reclamos populares que a lo largo y ancho del país se impulsan desde las distintas organizaciones sociales, sindicales y vecinales, y convocamos a nuestras Asociaciones de Base a sumarse a la coordinación de toda acción que le diga NO AL TARIFAZO hasta imponer su derogación.

– Abajo el tarifazo.

– Que se abran todos los libros de las privatizadas que saquearon el país.

– Nacionalización bajo control de trabajadores y consumidores de los servicios públicos y la energía”.

Fuente ACTA.

 

(Por Francisco J Cantamutto) La masiva movilización convocada por la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) el miércoles 20 ganó presencia en los medios. La columna de más de 20.000 compañeros realizó un raid por los ministerios de Desarrollo, Infraestructura, Trabajo y Energía con sendos reclamos. El gobierno, sin voluntad alguna de retrotraer las medidas centrales que provocan el ajuste social, apenas convoca a futuras reuniones para dialogar, dilatando el problema. Sólo en el ministerio de Trabajo se obtuvo un logro, al ser habilitado -tras meses de negociación- la línea 1 del programa para todas empresas autogestionadas. El gobierno, responsable por los aumentos de las tarifas, alega ahora que no tiene potestad sobre los entes reguladores como para establecer políticas de cuidado a los sectores vulnerables, previniéndolos de cortes de servicio. La lectura que la propia CNCT hizo de esta protesta es que solo golpeando entre todos/as se podrá doblar la voluntad del gobierno. Por eso, igual que antes los clubes de barrio, mantienen su compromiso dentro de la multisectorial.

Justamente, el sábado 23 se realizó en Luján la primera reunión de multisectoriales del país. Asistieron alrededor de 32 multisectoriales de todo el país, representadas en 400 personas que dedicaron todo el día para comentar su actividad hasta el momento, compartir información y estrategias, así como  debatir el camino a seguir. Lo que se inició hace apenas pocos meses como un intento de organizar el descontento social ante el ajuste, mostró capacidad real de crecimiento en convocatoria y de coordinación de iniciativas. La presencia de mayoría de multisectoriales del interior del país mostró que se trata de un problema auténticamente federal, que se valoró en tanto tal: las acciones territorializadas y descentralizadas son muy importantes para acercar a la población no organizada, sin perjuicio de unificar algunas iniciativas. Las multisectoriales actúan como verdaderos foros del pueblo, a la vez que escuelas de política.

Del debate surgieron diversos acuerdos, como buscar mayor eficacia de toma de decisiones, superando el momento -importante pero limitado- de la mera catarsis. En lo que afecta a esta semana, se prevé un nuevo ruidazo/cacerolazo para el jueves 4 por la noche. Se afirmó la voluntar de realizar la Marcha Federal desde diversos puntos del país, siempre bajo el reclamo contra el tarifazo y fuera Aranguren como representante del sector. Incluso se habló de iniciar una consulta popular vinculante para la revisión del ajuste tarifario.

La multisectorial de CABA, por su parte, está avanzando en la organización de una audiencia pública por el tema. Dado que el gobierno se niega a convocar, y cuando lo hace, replicando la metodología de lo ocurrido con el Subte, lo hace a último minuto, sin darle publicidad, en día y horario laboral para dificultar la participación, la Multisectorial decidió mostrar que el pueblo tiene capacidad de organizarse incluso para estas iniciativas. Así se podrán hacer públicos los argumentos sobre el tema, dando transparencia al bloqueo de información del gobierno: ¿cuáles son los costos reales de producción del sector? ¿a dónde han ido los millonarios subsidios otorgados años anteriores y este mismo año? ¿qué garantías de inversión existen, cuáles son los planes de mejora? ¿por qué deben financiar esas inversiones los usuarios? Estas son apenas algunas de las preguntas que el gobierno debería responder para discutir un aumento de precios.

Aranguren ha declarado que el objetivo primario de estos aumentos es “recomponer las ganancias” de las empresas del sector, lo cual explica que las millonarias transferencias no se hayan reducido, y que el déficit fiscal haya crecido durante los meses de Cambiemos. El gobierno alega ahora que las audiencias no serían necesarias porque el aumento se originó en el aumento del precio en boca de pozo, y el mecanismo de consulta se prevé para aumentos en los demás tramos del servicio (transporte, distribución). Llamativamente, el gobierno de la transparencia toma por ciertos los costos declarados por las empresas sin ningún comprobante o auditoría. Y estos aumentos golpean en toda la cadena.

Por eso, el mismo día jueves 4 de agosto, antes de plegarse al ruidazo de la noche, la Asociación de Taxistas (CTA) estará marchando al ministerio de Energía para reclamar por una baja en el precio del GNC en surtidor, convocando al mediodía a todos los usuarios afectados. La suba de combustibles y energía golpea a todo el transporte e impulsa la inflación. Con ese mismo criterio, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha implementado un nuevo aumento del precio del Subte, llevando el precio a $7,50. Un aumento de más de 700% desde que el PRO asumió el gobierno del distrito de la capital. Estos aumentos son usados como extorsión para discutir mejoras salariales posteriores con los trabajadores, lo que ha sido una disputa constante. Por eso el Sindicato de Trabajadores de Subte y Premetro, bajo la concepción de que el transporte es un derecho y no una mercancía, realizará una protesta el miércoles, abriendo las cabeceras del Subte entre las 7 y las 8 de la mañana, para volver a hacerlo entre las 17 y 19 horas, convocando a un ruidazo. A esa iniciativa se sumarán los comunicadores populares, que este mismo miércoles a las 16 hs. tienen prevista una manifestación ante el ENACOM, por incumplimiento de la ley por parte del gobierno, que no habilita las licencias y los fondos para los medios comunitarios.

Este clima de sistemáticos reclamos por parte de diversos sectores está haciendo mella en el gobierno. A pesar de presentarse como indemne, el asedio permanente de la protesta está haciendo efecto. De otra manera no se explica el súbito affaire entre el presidente Macri y el conductor televisivo Tinelli, que alimenta el paralelo de estos días con el turbulento 2001 que culminó con la salida adelantada de De la Rúa. Un gobierno que no respeta siquiera sus alianzas electorales -relegando a sus socios políticos-, que se cierra en un programa cada vez más corporativo, que pierde capacidad de control en el Congreso -la semana pasada se votaron 4 declaraciones contra el tarifazo en el Senado- y que enfrenta una movilización social creciente, compone una imagen política que conocemos.

Integrantes del espacio INTERREDES se manifestarán mañana frente al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para reclamar la millonaria deuda del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) que el organismo mantiene con decenas de medios comunitarios, populares y alternativos.

“Es una situación realmente sorprendente, no porque no esperásemos una política un tanto hostil del macrismo hacia el sector de medios comunitarios sino porque no esperábamos que se interrumpiera el Estado de alguna manera, por ejemplo, para lo que son los FOMECA”, dijo a FM De la Calle Lionel Martín, integrante de AMARC Argentina.

El FOMECA es un fondo creado mediante la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual que, a pesar de las modificaciones impuestas por el gobierno, se mantiene vigente. Hubo convocatorias públicas, participaron jurados externos, seleccionaron proyectos ganadores y las organizaciones rindieron sus gastos de acuerdo a lo que esa ley determina. Sin embargo, hasta la fecha el Estado no sólo no ha transferido el dinero adeudado de los FOMECA 2015, sino que a siete meses del inicio de su gestión continúa sin ejecutar el presupuesto 2016.

Martín afirmó que “con la excusa de una auditoría nos vienen pateando hace meses, ya hubo varias reuniones con distintas autoridades de ENACOM y que el mes que viene que dentro de dos meses y así llegamos casi hasta agosto y no se está pagando buena parte de lo que se había concursado en 2015. Es un derecho que sigue vigente a pesar de las modificaciones de los decretos a la ley de comunicación audiovisual y que los funcionarios están incumpliendo”.

“Imaginensé una escuela, un hospital o lo que sea que el Estado diga vamos a hacer una auditoría y entonces suspendemos todo. Para otras cosas han sido muy rápidos y muy veloces, en esto por lo menos muestran el desinterés en fomentar nuestro sector. (…) Tuvimos toda la paciencia y la voluntad de diálogo que podíamos tener pero ya dijimos que es preocupante la situación porque se pone en peligro la libertad de expresión de muchos medios, fuentes de trabajo en distintos punto del país, hay muchas radios que tenían como parte de sus presupuestos estos fondos que habíamos ganado en buena ley”, agregó.

Desde INTERREDES -espacio compuesto por AMARC, FARCO, RNMA, Red Colmena, Pares TV, Barricada TV, Urbana TeVe y Red PAC- sostienen que “el diálogo de Cambiemos” se traduce en “ahogo financiero y decomisos para los canales y las radios comunitarias, persecución de la justicia a trabajadores de la comunicación, mayor concentración para los actores dominantes del mercado”.

Por eso convocan a movilizar en Capital y otras ciudades para que el Gobierno Nacional: pague las cuotas FOMECA adeudadas por los concursos ganados en el año 2015, cumpla con la Ley 26.522 y ejecute el presupuesto destinado a nuestro sector para este 2016; habilite a los canales comunitarios que ganaron concursos públicos en televisión digital; cese la persecución legal y los decomisos a los medios comunitarios; y respete el 33 por ciento del espectro destinado a los medios sin fines de lucro. Además se rechazará la concentración de la comunicación en curso y se exigirá participar en la discusión de una nueva ley de medios.

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Días atrás se confirmó el traspaso de Ferrobaires a la órbita de Nación, a partir de la creación de una Unidad Operativa que en seis meses deberá absorber el material rodante y los recursos humanos de la empresa estatal bonaerense cuyos servicios están suspendidos a fines de junio.

José Orellana, delegado de La Fraternidad en Ferrobaires adelantó a FM De la Calle que “de las formaciones viejas hay que olvidarse, eran un riesgo permanente, con mantenimiento mínimo o nulo, pura adrenalina era para nosotros, siempre pensábamos que cualquier día podía partirse un coche e ir al campo, se baja rápido desde Lamadrid, son velocidades de 80 kilómetros, en las curvas pensás que se parte el coche y es una masacre”.

“Está bien que haya pasado esto, lo que no esperábamos es un corte tan abrupto”, dijo y agregó que “nos interesa el trabajo, es la única forma que tenemos de ganarnos la vida (…) lejos está de nuestra parte quedarnos en casa esperando que pasen las cosas”.

Orellana informó que este lunes sesionó en Mar del Plata la Comisión Organizadora de Transporte, se esperanzó en que “termine esto de una vez por todas”, aunque “no hay fecha del comienzo de la circulación o la normalización de los servicios, creemos que va a ser antes de septiembre”.
“Está visto que se toman su tiempo. Sabremos luego quiénes quedamos en el camino, no sé en el caso mío, yo ya tengo 32 años de servicio y 55 de edad, pero ese es otro tema.

Antiguamente en Ferrocarriles nos jubilábamos con 55 años y 30 de aporte, en esta empresa Ferrobaires, en razón de haber sido transferidos al estado provincial no existían las categorías, no existían las jubilaciones de privilegio, razón por la cual nos habían llevado a los 60 años. Creemos que va a haber cambios al respecto”, afirmó.

En cuanto a las características que tendrán los servicios en manos del Estado nacional “nos han dicho muy poco pero han sido bastante precisos porque los pasos se han ido cumpliendo. Nuestro gremio nos informa casi diariamente al respecto, creemos que va a haber tres formaciones para la vía Lamadrid y algún Materfer o algo más liviano para la vía Pringles por su estado”.

En su opinión podría tratarse de llegada y salida vía Pringles los miércoles y viernes, martes y jueves arribo y partida vía Lamadrid y por el mismo camino llegada el sábado con salida el domingo. “Si ponen más trenes mejor, cada tren representa más trabajo”.

“De las formaciones viejas hay que olvidarse, era un riesgo permanente, con mantenimiento mínimo o nulo, pura adrenalina era para nosotros, siempre pensábamos que cualquier día podía partirse un coche e ir al campo, se baja rápido desde Lamadrid, son velocidades de 80 kilómetros, en las curvas pensás que se parte el coche y es una masacre. Está bien que haya pasado esto, lo que no esperábamos es un corte tan abrupto”, dijo Orellana.

Para el delegado de La Fraternidad los precios se modificarán “porque lo otro era irrisorio, con 150 pesos llegabas a Buenos Aires. Creo que se debe apuntar a la seguridad del pasajero, si bien el capital humano es lo más barato por lo visto, era una locura circular con esos coches, la verdad que tuvimos mucha suerte”.

“Siempre empezamos las cosas al revés, una casa no se comienza a construir desde el techo, las concesionadas han hecho poco y nada por las vías, creo que mínimamente para mantenerlas en algunos casos. Ferroexpreso que mantiene las velocidades que recibió en algunos lugares cuando era Ferrocarriles Argentinos, no así Ferrosur que tiene la vía Pringles en un promedio de 45 kilómetros, lo saqué hasta Olavarría que es lo que conozco”.

Finalmente, el dirigente manifestó su preocupación por el futuro de los trabajadores de los talleres Maldonado porque no fueron capacitados para mantener las unidades compradas a China ni tienen las instalaciones correspondientes. “Esa es la razón por la cual el chino que viene los sábados va a suplir gasoil a Ing. White, tienen combustibles especiales esas máquinas y cargan en White, en la base o en la playa o en Ferroexpreso Pampeano”.

Lo reconoció Raúl Zylberzstein, Presidente de la Federación Económica de la Ciudad de Buenos Aires (FECIBA) en consonancia con el informe de INDECOM difundido durante las últimas horas. Destacan que la falta de competitividad, a raíz de la caída en las ventas, la presión tributaria e impositiva, las subas en las tarifas y los costos financieros, entre otras variables, fomenta cada vez más la economía no registrada y la precariedad contractual.

El directivo certificó los datos difundidos hace pocos días por el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM), cuyo sondeo se realizó sobre un muestreo de 816 pymes de las principales regiones del país, comparando el primer semestre del 2016 con igual período del 2015. Ese sondeo arrojó un aumento del trabajo informal de más de un 40%, siendo que el 29,3% de las pequeñas y medianas empresas pasó a no registrar el total o parcial de las horas trabajadas, y que el 13,3 % trasladó varios trabajadores a contratos de prestación de servicios bajo el régimen del monotributo.

También reconocieron falta total o parcial del pago de contribuciones jubilatorias y de obra social, y que tienen la esperanza de poder regularizarse en una eventual moratoria.

La mayoría afirmó que los principales motivos tienen que ver con evitar suspensiones y despidos, o el fin de tratar de mantener la actividad hasta poder superar la crisis.

Al respecto, Zylberzstein expresó que “todos estos datos no hacen más que poner de manifiesto la dimensión del problema y las pésimas regulaciones estatales” porque explicó que “ni los empresarios ni los trabajadores son culpables de esta situación, que es originada por un sistema perverso que resta competitividad y que obliga a buscar rentabilidad a través de esos mecanismos para poder subsistir”.

El dirigente explicó que “el sistema aplasta a las pymes desde hace décadas” pero dijo que “no se manifestó durante los años anteriores con esta misma vehemencia porque existía una restricción externa de importaciones que ocultaba bajo la alfombra esta falta de competitividad”, pero también reconoció que “esas políticas traían alta inflación, baja inversión y nula capacidad de exportación industrial”. Sin embargo, señaló que, “en la actualidad, sacar subvenciones, quitando poder adquisitivo a la gente, y abrir las importaciones sin modificar la estructura productiva, es un atentado que causa precarización y mortalidad de las pymes”.

El referente del sector aseguró que “es casi imposible para las pequeñas empresas sobrevivir al sistema actual, siendo que abarca los salarios y los impuestos más altos de la región, una costosa y conflictiva Ley de Riesgos del Trabajo, un ausentismo del 15 % promedio, aumentos desmedidos de las tasas y comisiones de los bancos y las tarjetas de crédito;  y la energía más cara del mundo”. Además consideró como otro punto en contra de trabajo formal que “en nuestro país se da el mismo tratamiento a las empresas de mano de obra intensiva que a las de capital, lo cual, sumado a un régimen de monotributo que no contempla los salarios pagados y empuja a la informalidad, hace que dar trabajo no sea competitivo”.

Si bien el informe de INDECOM había arrojado que “el 91,6 % de los trabajadores dijo que aceptó las nuevas condiciones de precarización laboral por el temor que le genera la posibilidad de perder el empleo”, el titular de FECIBA explicó que “el crecimiento del trabajo en negro no depende sólo de los empresarios porque hay empleados que proponen no estar en blanco o registrar menos horas de trabajo para que no se le apliquen los descuentos (jubilatorios y de obra social, ni los impositivos, como el impuesto a las ganancias) o para poder acceder a algún tipo de asistencia económica por parte del Gobierno”. También agregó que “hay muchos trabajadores que prefieren hacer “changas” cerca de sus casas, aún ganando menos dinero, para evitar los elevados gastos de transporte y comida que actualmente les quitan gran parte de sus ingresos”.

Zylberzstein reiteró que “la precarización avanza en momentos de crisis porque las pymes y los trabajadores buscan sobrevivir en el marco de una perversa estructura que se construyó durante décadas” y concluyó diciendo que “el Gobierno Nacional y toda la dirigencia política deben tomar nota urgente de esta crítica situación y dejar de promover pequeñas leyes que no terminan de resolver los grandes problemas, para dar de una vez por todas un debate serio acerca de la estructura impositiva que se debe tener en pos de lograr un país industrializado y de pleno empleo registrado”.

En Bahía Blanca la aplicación “universal” del boleto educativo anunciado la semana pasada por la gobernadora María Eugenia Vidal no tendrá impacto al menos en el corto plazo. La primera etapa alcanza al alumnado de escuelas primarias y secundarias y estudiantes de la Universidad de La Plata pero financia solamente las líneas provinciales.

Para que el estudiantado bahiense puede gozar del beneficio establecido por la Ley 14.735 el municipio debe destinar unos quince millones de pesos. En la actualidad las alumnas y los alumnos de las escuelas primarias y secundarias públicas o de gestión pública cuentan con un 50% de descuento y quien concurren a terciarios o universidades un 40% sobre la tarifa plana de 8,80 pesos. Para ello se destinan alrededor de quince millones, trece de los cuales fueron tomados del Fondo Educativo.

“Subsiste un debate que tiene que ver con el financiamiento de esta gratuidad, de este beneficio, y va a haber que darlo a nivel local porque esto que anunció la gobernadora no está estrictamente dirigido a servicios municipales sino que tiene alcance sobre jurisdicción provincial”, dijo a FM De la Calle el ex gerente y ahora asesor de Bahía Transporte SAPEM, Adrián Saschrgorodsky.

El funcionario advirtió que aún no tuvieron acceso al texto de reglamentación de la Ley para saber si la provincia enviará fondos a los municipios y explicó que “por encima de lo que hoy demanda el transporte público, generar esa gratuidad implicaría un desembolso, cualquiera sea el origen del recurso, del orden de los 15 millones de pesos al año si nos manejamos con base en la tarifa actual. Para el año próximo imagino que con algún incremento tarifario que se va a dar a nivel país, esa cifra puede incrementarse en algún porcentaje”.

La Federación de Gremios Estatales Bonaerenses (salvo AEMOPBA), UPCN y SOEME aceptaron esta semana un aumento salarial del 16% hasta el 30 de septiembre alcanzando, según informó la provincia, un 31% desde enero a octubre en comparación con diciembre de 2015. ATE y CICOP rechazaron la oferta por “insuficiente” frente a la inflación mayor al 40%. En provincia impulsan un paro para el 1 de agosto.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Oscar de Isasi, destacó ayer por FM De la Calle que si bien el gobierno reconoció que el suyo es el gremio con mayor cantidad de afiliadas y afiliados esto “no alcanza” porque “si se juntan otros gremios y suman tienen mayoría y eso fue lo que pasó”.

“Es un aumento de 1268 pesos -si no me equivoco- para los auxiliares de la educación para este trimestre, de 1000 pesos promedio para los administrativos y de 1500 pesos para quienes trabajan 48 horas en los hospitales públicos que son enfermeros y enfermeras. No le voy a poner más calificativos, quien está escuchando en Bahía sabe lo que eso significa, un auxiliar pasaría a tener un salario mínimo de 9500, si alquila y tiene dos hijos mucho más que argumentar no hay. Por eso lo rechazamos categóricamente y planteamos que se haga una nueva oferta”, afirmó.

Para el dirigente, al no ser retroactivo, el aumento salarial “ni siquiera nos permite recuperar lo que hemos perdido en el primer semestre”. Por otro lado, aseguró que desde ATE plantearon “que no se descargue la crisis sobre los trabajadores y se reinicie el proceso de pase a planta permanente de miles de trabajadores que hoy no tienen estabilidad y que se derogue el Decreto 618 que congela las vacantes”.

“Hoy para nombrar un camillero en el Penna no tenemos cargo, solo podría ingresar por el contrato autónomo de la Ley de Emergencia Administrativa que le quita derechos porque expresamente dice que no implica derechos de la Ley 10.430 y que no genera ningún tipo de expectativa de continuidad laboral, es decir, que ni sueñe que alguna vez pase a planta permanente”.