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Carolina Ojeda dijo a FM De la Calle que hace 30 días vive una pesadilla. Contó que su hijo Axel está detenido desde el 31 de agosto por un robo con armas que no cometió.

“Precisaban llevar a alguien, agarraron a un pibe y le arruinaron la vida”, afirmó. Intervienen la fiscala Claudia Lorenzo y la jueza de Garantías Marisa Promé.

 

Ojeda relató que suele salir a caminar con su hija por la zona de El Pinar. Ese día no tenía ganas y le pidió a Axel que acompañe a su hermana.

Según comentó, salieron 15:56 del domicilio ubicado en el barrio Sánchez Elias: “Suben por Bermúdez, los capta una cámara de vecinos, los capta una cámara del SIPREVI frente a la leñera, cruzan al cementerio y son interceptados por policías en moto. Lo revisan a Axel, mi hija me llama y me dice que vaya, escucho cómo la policía intenta sacarle el teléfono”.

“Me dicen que hubo un masculino que circulaba con un arma entre sus prendas, me dicen que me quede tranquila, que no tiene absolutamente nada. Me tienen 25 minutos demorada, me dicen que bajemos a la Comisaría Cuarta para ver antecedentes. Terminamos yendo, cuando baja mi hijo, entra a la comisaría, me saca un oficial y me dice que mi hijo queda detenido por robo agravado por uso de arma”, afirmó la mujer. 

Axel estuvo arrestado durante cinco días en la Cuarta, lo trasladaron al Destacamento de Palihue hasta el 7 de septiembre y al día siguiente lo llevaron a Coronel Suárez donde permanece detenido. Desde la Fiscalía informaron que la causa ya fue elevada a juicio. 

Ojeda mencionó que su hijo es asmático, que tuvo que llevarle la medicación personalmente y que solo puede comunicarse con él dos veces por semana.

Axel está acusado de robo a mano armada. La familia ofrece testigos que vieron a dos hombres en moto robar las mochilas a un grupo de adolescentes que circulaban por la zona. A partir de la identificación de una joven, la policía persiguió a uno de los implicados que volvió al lugar y finalmente escapó.

“La descripción de los delincuentes no coincide con la de mi hijo, me allanaron mi casa, buscaban pertenencias de los chicos, las mochilas, gorras, ropa y no encontraron nada. La policía cuando redacta la denuncia dice que la chica es la novia y  que estaba tres cuadras, en realidad es su hermana. Me tomé todo el trabajo que la justicia no hizo”, agregó Ojeda.

“La fiscal me denegó varios testigos que presenté. No me da explicaciones, mi hija y yo pedimos muchas veces poder declarar, estoy pidiendo el rastreo de la localización del teléfono de mis hijos, eso demuestra que nunca estuvieron en el sector del robo. Si acudo a los medios es porque no me dan respuesta. Hace 30 días que tengo a mi hijo encerrado y lo único que hace es llorar”.

“Precisaban llevar a alguien, agarraron a un pibe y le arruinaron la vida. Llevo 30 días sin ver a mi hijo, Axel está estudiando, es un chico alegre, en casa hay valores y principios, son mis únicos dos hijos, me desvivo por ellos. Acaba de cumplir 20 años en julio. Yo siempre creí en la justicia y ahora no me dejan demostrar que mi hijo es inocente”, concluyó.  

Las familias de la toma en Altos de Independencia no pudieron llegar a un acuerdo con los dueños de los terrenos porque es “impagable lo que están pidiendo”.

Se trata de 150 familias que permanecen en las tierras ubicadas en Fragata Sarmiento y Fournier . “Habíamos pedido contactarnos con los dueños, hablamos y resulta que lo que pasó fue una locura. Nos dijeron que nos iba a dar cuotas y precios accesibles y fue todo lo contrario”, señaló Yanina a FM De la Calle.

“La mayoría de acá depende del día a día, son jornaleros, albañiles, amas de casa, nos dijeron que la propuesta iba a ser accesible, nos pidieron una entrega de 120 mil pesos y 18 cuotas de 22 mil pesos y si no nos pedían lo que sea que tuviéramos a nuestro nombre en forma de pago”, comentó.

Agregó que “acá nos vamos a quedar hasta que tengamos una respuesta. Se nos rieron en la cara. Le dijimos el monto que podíamos pagar y se nos rieron en la cara. Nos bloquearon en WhastApp cuando le dijimos la propuesta”.

El acuerdo que ofrecen los vecinos es pagar el terreno a 10 años. “Podemos pagar 5 mil pesos por mes. Estamos todos cuidando nuestro lugar porque lo queremos, lo necesitamos, hay chicos, hay personas con chicos con discapacidad que no pueden pagar el alquiler”.

Por último, destacó que “sabemos y tenemos en claro que esto está mal pero necesitamos. Esto está hace años acá, esto es un basural. Nos tomaron el pelo, se nos rieron en la cara y fue una locura. Queremos llegar a un acuerdo al que todos podamos acceder”.

(Por Suteba Bahía Blanca) En la provincia de Buenos Aires 1.240.000 familias tienen problemas de vivienda. El 50% porque necesita una vivienda y el otro 50% porque necesita mejorarla o ampliarla para vivir dignamente.

En cuanto a villas y asentamientos hay registrados 1807 barrios con graves problemas sociales, urbanísticos, ambientales y de servicios públicos.

La contracara de tantas necesidades es que el Estado ha avalado las ocupaciones ilegales y la violación sistemática de las normas cuando las llevan adelante grandes emprendimientos privados de urbanización bajo la lógica del negocio inmobiliario. En los últimos años en la Provincia se han construido 500 barrios privados sin permiso pero cuentan con apoyo estatal para grandes inversiones en infraestructura que proveen los servicios y la pavimentación de calles de acceso.

Son habituales también las excepciones a los Códigos de planeamiento urbano que promueven las intendencias y respaldan Concejos Deliberantes para facilitar la construcción de lujosas propiedades horizontales y barrios cerrados sobre áreas de humedal. En Bahía hace poco se aprobó una excepción al Código para habilitar la construcción de una torre de 20 pisos en Sarmiento al 1300 donde estaba la fábrica de colchones Fabra Fons. La ganancia para los inversores inmobiliarios por estos pisos de lujo se estima en 9 millones de dólares.

La triste paradoja del capital coloca en situación de “derecho” a los grandes negocios con la tierra mientras las necesidades de miles para que se cumpla con el derecho constitucional a la vivienda son estigmatizadas como delitos.

La pandemia, además de los padecimientos que origina sobre la salud pública, ha profundizado estas desigualdades. La pérdida de trabajos estables y temporarios y el aumento del precio de los alquileres agravan las penurias del déficit habitacional.

Entre docentes muchas de nuestras compañeras y compañeros deben trabajar al menos un cargo para poder pagar el alquiler, desempeñando el segundo para lograr la subsistencia diaria sin poder llegar a tener una vivienda propia que impida el desgaste cotidiano al que se ven sometidas. El derecho a la vivienda les está literalmente negado. Y esto se evidencia cuando en promedio se necesitan 362 sueldos mínimos de $16875 para acceder a un terreno de U$D 60000. Básicamente 30 años de sueldos mínimos.

SÍ AL DERECHO A LA VIVIENDA.

En la entrega de bolsones en las escuelas los y las docentes verificamos día a día cómo se multiplican las necesidades más acuciantes.

Por citar sólo un informe alarmante la Unicef estima que a diciembre 2020 la cantidad de niñas y niños pobres pasaría de 7 a 8,3 millones. Pertenecen a familias que tienen que resolver minuto a minuto cómo subsistir y entre las penurias cotidianas está muchas veces, el techo que los ampare y la posibilidad de cumplir con los resguardos frente al coronavirus.

Sin dejar de repudiar a todo aquel o aquella que quiera lucrar con las necesidades de las personas, sí decimos con toda nuestra fuerza que criminalizar la lucha por la tierra va de la mano con la negación de derechos.

Los mismos políticos que en campaña enarbolan discursos sobre la igualdad ahora compiten en declaraciones amenazantes y discriminadoras.

La estigmatización y criminalización, parecen ganarle a aquello que nuestra legislación garantiza como derechos.

Por ejemplo el artículo 36 de la Constitución provincial marca con toda claridad: “la Provincia promoverá el acceso a la vivienda única y la constitución del asiento como bien de familia; garantizará el acceso a la propiedad de un lote de terreno apto para erigir su vivienda familiar única”.

Tampoco se acuerdan, claro, de la ley provincial 14449 de Acceso Justo al Hábitat que define el derecho a la vivienda y a un hábitat digno y sustentable.

Por contrapartida la apropiación de tierras públicas por parte de quienes más tienen ha sido norma en la historia nuestro país comenzando la que se llevó adelante sobre la base del genocidio primero, seguido del reparto entre pocos propietarios de centenares de miles de hectáreas de tierras comunitarias indígenas y campesinas.

Nuestra ciudad también es y ha sido testigo de estas apropiaciones de tierras fiscales para la especulación inmobiliaria y el lucro privado, contando en estos casos con las complicidades políticas y judiciales Si las pandemias del siglo XXI creadas por el capitalismo exigen distanciamiento, luchemos y exijamos al estado la tierra y la vivienda para vivir dignamente y para producir nuestros alimentos.

Exijamos nuevas escuelas y hospitales públicos, nuevos barrios y planes de construcción de viviendas Y rodeemos de solidaridad y apoyo a las genuinas recuperaciones de las familias que reclaman por el derecho a la tierra junto a las facilidades para poder pagarlas.

La tierra es de lxs que la habitan y la trabajan.

“Con respecto a las dos áreas de Covid, tanto clínica médica como terapia, estamos completos. Al momento que se libera una cama inmediatamente se ocupa por otro paciente. Esto es de hace 15 días”, dijo el vicedirector de la Clínica Raúl Matera, Pablo Casella, a FM De la Calle.

Agregó que realizan el seguimiento domiciliario de cien pacientes: “Sabemos que entre cinco y siete van a requerir el hospital y hoy no tenemos cama. Esto es a corto plazo. Hay que bajar la circulación, sé que genera en muchos sectores una insatisfacción pero el panorama, si esto no se cumple, es mucho peor.

El Hospital Privado del Sur, desde este domingo y por diez días, no recibe pacientes con coronavirus o casos sospechosos porque tiene “rebasada” el área Covid. Solo atienden urgencias.

Con respecto al personal, Casella mencionó que “los trabajadores de la salud estamos en más de un hospital, cualquier cosa que sucede en uno repercute en nosotros, tenemos algunos aislados por contactos estrechos, pero no se ha dificultado el trabajo”.

“Es un problema porque no hay reemplazo, tenemos abierta la inscripción para tomar personal de enfermería y no hay gente porque están ocupando lugares en otros hospitales”, agregó el médico.

En el caso de la Clínica Matera, la mayoría de les pacientes destacó “son empleados de comercio que están en edad de actividad de trabajo, están en el rango de 40 a 55 años, son adultos jóvenes. Todos nuestros pacientes son sintomáticos, en este momento cuatro de ellos están en terapia, tenemos otros cinco que están en área de clínica médica que son para casos moderados”.

Casella agregó que además hay “71 personas positivas en seguimiento domiciliario y 30 pacientes sospechosos a la espera de hisopados. El número de pacientes fuera del hospital es 101”.

En relación a las medidas tomadas a nivel nacional mencionó que “al inicio, cuando se hizo la cuarentena, fue fundamental si no no nos hubiésemos podido armar en esta situación”.

“Cuando empezamos no teníamos áreas para Covid, áreas de aislamiento, prácticamente se armó una nueva terapia intensiva. Veo un quiebre grande cuando en julio empezaron las aperturas y ahí, inmediatamente, se disparó el número. Septiembre fue un momento álgido y complejo que coincide con la mayor circulación”.

En tanto, sobre gestión local, el médico afirmó que “si bien las herramientas que tenemos, por ejemplo las fases, no son las que uno quisiera, son las únicas que tenemos. Entiendo que el dueño de un restaurante esté preocupado y cómo no estarlo, tienen que traernos otra alternativa. Estamos intentando evitar un problema futuro a corto plazo. La política, sobre todo la que tiene que ver con la salud, tendrían que ver qué hacen”.

“Hay que bajar la circulación, sé que genera en muchos sectores una insatisfacción pero el panorama, si esto no se cumple, es mucho peor. Tenemos cien pacientes en seguimiento domiciliario y sabemos que entre cinco y siete van a requerir el hospital y hoy no tenemos cama. Esto es a corto plazo”, sentenció.

Por último, y respecto a los testeos a nivel local mencionó que “no tenemos acceso a la cantidad que se realizan. Creo que cuando uno más encima esté sobre la población realizado testeos inmediatamente puede aislar a los pacientes asintomáticos que dieron positivo y evitar el contagio horizontal. Además, evita que las consultas se multipliquen por pacientes sintomáticos que llegan a la guardia de los hospitales”.

El comunicado del Hospital Privado del Sur

“Se comunica a la población que la capacidad de respuesta de nuestro personal de salud, la disponibilidad de camas y de recurso humano y tecnológico para asistir pacientes afectados de COVID-19 se encuentra colmada y comienza a afectar la asistencia de pacientes portadores de otras enfermedades que también requieren atención especializada y de alta complejidad.

El HPS, un hospital históricamente preparado para asistir problemas cardiovasculares agudos y complejos, afecciones cerebrovasculares y quirúrgicas en general, descompensación de enfermedades clínicas, pediatría, atención integral del parto y neonatología; desde los inicios de la pandemia y cumpliendo con los protocolos emanados de las máximas autoridades sanitarias provinciales, dispuso un amplio sector para asistir pacientes contagiados de SARS-Cov2 que supera lo recomendado y sugerido por las mismas.

Hoy dicha capacidad instalada se encuentra rebasada, la concurrencia de pacientes sospechosos o contagiados a nuestro servicio de emergencia es cada vez mayor y la asistencia telefónica por el equipo del hospital aumenta día a día en forma alarmante, se suma a ello nuestro recurso humano disminuido por aislamientos, licencias, por enfermedad y al límite de su respuesta física y psicológica pese a la intensa y prolongada preparación previa.

En virtud de esta situación nos vemos obligados a informar que, a partir de mañana y por el término de 10 días, se limitará la atención por guardia a sólo urgencias quirúrgicas, traumatológicas, pediátricas, cardiovasculares, partos y recién nacidos”.

Hoy se conmemora el Día por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito lleva adelante una acción virtual para exigirle al Gobierno nacional la aprobación del proyecto de ley.

“El movimiento feminista y de las disidencias sexuales seguimos pidiendo al Ejecutivo que apruebe el proyecto. Es urgente y esencial el acceso al aborto desde una práctica segura y el Estado es el garante para que eso ocurra. Sobre todo para que los sectores vulnerados tengan acceso a la información y a una práctica segura”, comentó Sandra Di Seri, integrante de la Campaña y del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional.

Agregó que “desde el Ejecutivo plantean que el sistema de salud está estresado. Decimos que aprobar la Interrupción Voluntaria del Embarazo descomprimiría el sistema de salud, sabemos por datos duros que al año ingresan 50 mil mujeres al hospital por haber tenido prácticas inseguras que generan diferentes tipo de infección, muchas de ellas graves y muchas ocupan camas de terapia intensiva”.

El proyecto de la Campaña está vigente y con estado parlamentario: “Modifica el sujeto al cual favorecería la ley, ahora incluye a todas las personas con capacidad de gestar. Retira un artículo donde considerábamos la objeción de conciencia, no corresponde al menos en nuestro proyecto esa posibilidad para los antiderechos”.

También propone “no penalizar ni el acceso a la práctica ni a la persona que la garantiza. Es hasta las 14 semanas, sería importante que el Estado respete después de esas 14 semanas no penalizando, que busque otros mecanismos para sortear la decisión de las personas con capacidad de gestar en ese sentido”.

En un comunicado oficial, la Campaña señala que “nuestro proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, impulsado por más de 700 organizaciones de diversa índole, debe aprobarse de manera urgente. Apelamos a los poderes públicos a que esta necesidad sea una realidad y un derecho efectivo. No queremos más muertes ni cárcel por abortar, niñas torturadas ni abortos inseguros. Exigimos el reconocimiento de nuestro derecho a decidir”.

“Los trabajadores y las trabajadoras de la música transitamos esta situación agobiados por una política criminal por parte de las autoridades municipales”, afirmó la Unión de Musicxs del Sur.

El gremio sostiene que el intendente, Héctor Gay, y la directora del Instituto Cultural, Morena Roselló, el 11 de agosto aprobaron “de manera irresponsable permisos precarios para actividades que involucran el quehacer musical”. Aunque según indicaron “no estaban autorizadas según el protocolo provincial” salvo para localidades en Fase 5.

“¿Quién se haría responsable de la situación de salud de nuestros compañeros y de nuestras compañeras? ¿Qué ART se haría cargo de su suerte? ¿Quién iba a suministrar los instrumentos sanitarios? ¿Dónde el transporte seguro que prevé la normativa provincial? ¿Qué protocolos específicos según el instrumento musical del cual se trate? ¿Cómo se aprueba un protocolo si no se consulta a la organización gremial del sector en cuestión?”, se preguntaron.

El reclamo del sector estaba previsto en el plan de contingencia presentado al inicio de la pandemia, “que se ejecutara el presupuesto vigente en actividades que no requirieran la presencialidad y, a su vez, que los contenidos generados acompañaran a las políticas sanitarias en materia de salud mental de la población”.

Por último, mencionaron que no están pidiendo “ningún privilegio: se pide simplemente que se ejecute el magro presupuesto previsto en actividades que son necesarias y que pueden llevarse adelante de manera no presencial”.

“No es cierto que no hay presupuesto dado que se amplió la planta política del Instituto Cultural y se designó a un nuevo funcionario, Rubén García, en un organismo que no existía hasta entonces como es la Dirección de Cultura en el Espacio Público”.

Uno de los policías de la localidad bonaerense de Mayor Buratovich que retuvo en la ruta a Facundo Astudillo Castro el día en que fue visto con vida por última vez recibió un mensaje a su celular de parte de otro efectivo de esa jurisdicción en el que le dijo “si se hace el pajero, que lo bajen”, informaron este domingo fuentes de las investigación.

“Mensaje recuperado de un policía (si se ase el pajero vajalo –sic-) asesinos hijos de p—a”, publicó esta tarde en su cuenta de Twitter Cristina Castro, la madre de la víctima, aunque la mujer no dio precisiones sobre el emisor ni el receptor de ese mensaje.

Leandro Aparicio, uno de los letrados que representa a la madre de Facundo, confirmó a Télam la existencia de esa frase recuperada a través del análisis de las comunicaciones entre los policías investigados pero también se excusó de brindar mayores detalles para preservar el avance de la pesquisa.

Sin embargo, una fuente de la investigación explicó a Télam que ese mensaje fue recibido por el oficial Mario Sosa cuando se encontraba en la ruta el 30 de abril último, (día en que desapareció Facundo), alrededor de las 10.11 y luego de hacer una consulta a la Subestación Comunal de Buratovich.

De acuerdo a la investigación, Sosa y la oficial Jana Curuhinca fueron los dos efectivos que retuvieron al joven cuando transitaba por la ruta hacia la ciudad de Bahía Blanca aunque ellos afirmaron que luego de infraccionarlo por violar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) lo dejaron seguir.

Según la fuente consultada, a partir del análisis de las comunicaciones que realizó Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración, cuando los efectivos que estaban en la ruta consultaron a la Subestación, una oficial que se encontraba allí le mandó luego un mensaje a Sosa en el que le indicó que otro oficial pedía que le pasaran a él “los datos completos y la foto” y un segundo en el que señaló “y si se hace el pajero que lo bajen”.

Mientras que Sosa, estando el móvil aún detenido en la ruta, le respondió minutos después con un “dale”.

Fuente: Télam.

La Cámara Federal ordenó a la jueza Gabriela Marrón convocar a una audiencia para escuchar a Cristina Castro y a un grupo de testigos de la causa por la desaparición forzada de Facundo que son hostigados por la Policía Bonaerense.

Es en el marco de un habeas corpus presentado por la Comisión Provincial por la Memoria. La medida fue rechazada “in limine” por Marrón e involucra a cuatro amigues de Facundo, a Cristina Castro y a sus abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio.

“Estamos esperando la audiencia que corresponde, ver cuáles son las medidas que las personas quieren pedir, no todas prefieren tener custodia. Nos costó bastante llegar a una medida de protección”, dijo a FM De la Calle la abogada de la CPM, Margarita Jarque. 

La Cámara revocó el fallo de primera instancia con los votos de Silvia Fariña y Pablo Candisano Mera, quienes se opusieron al primer voto de Roberto Amábile.

Jarque mencionó que los hechos que originan el habeas corpus configuran “hostigamiento con una metodología bastante conocida en la policía que son rondines, pasada de patrulleros, parar el patrullero detrás de las casas, pegarle los patrulleros sobre sus autos a su círculo íntimo”.

También se contemplan los episodios sufridos por los abogados y “la muerte del perro de Facundo, en el caso de Cristina. Son prácticas conocidas en las causas donde la policía está imputada y desea cubrir de un manto de impunidad lo que pasa”.

La abogada destacó que no entienden el porqué de la decisión de la jueza dado que “ ha habido un caso, el de Marcelo González, en el que interpusimos un habeas corpus a su favor, rápidamente se avocó a eso y se dictaron las medidas de seguridad”.

En relación a las novedades de la semana, mencionó que “sabemos que se realizaron algunas pruebas respecto del hallazgo de la mochila y del móvil Etios, eso generó pruebas de laboratorio que estamos esperando. Ha llegado una parte importante de la prueba telefónica que estamos analizando”. 

Jarque destacó que “teníamos un informe de Policía Federal que era muy parcial respecto de teléfonos policiales, se insistía en un informe que cruce el contenido telefónico con los AVL y algo de eso es lo que ha llegado con un análisis más profundo que el de la Federal y sin consideraciones”.

Por último, respecto de la autopsia señaló que el informe final tiene fecha para el 1 de octubre. “Sabemos que por el estado en el que se encontró el cuerpo puede ser que arroje información acerca de la data de muerte y el medio y puede ser que eso tenga cierta debilidad por que es mucho el tiempo y el deterioro. Tendremos que ver qué dicen los expertos y la doctora Creimer que podrá adherir a ese dictamen o hacer el propio”.

La semana pasada, un grupo de especialistas expusieron de manera virtual frente a representantes de la Comisión de Salud del Concejo Deliberante para avanzar hacia el tratamiento de una ordenanza que regule el acceso al cannabis con fines medicinales y terapéuticos.

Actualmente, hay tres proyectos de ordenanza presentados sobre el tema: uno por parte del oficialismo, otro de parte de la Red de Profesionales para el estudio del Cannabis (REPROCANN) y, por último, la propuesta de Cultivo mi Propia Medicina.

La defensora oficial Fabiana Vannini señaló a FM De la Calle que la principal diferencia entre los tres proyectos existentes es que el del oficialismo no contempla el autocultivo.

“El autocultivo, por muchísimas razones, no es delito y que la Municipalidad lo regule trae beneficios: en primer lugar, proteger el derecho a la salud y acceso a la medicina y, en segundo lugar, que el Estado no derroche recursos persiguiendo este tipo de casos”, apuntó. 

Entre los argumentos por los que el autocultivo no debe ser considerado delito, la profesional enumeró: “Por el marco legal constitucional que es el derecho a la salud. En segundo lugar, porque esta el marco legal nacional con la ley 27350, que -si bien prevé un solo caso de epilepsia refractaria-, lo cierto es que reconoce el fin medicinal y paliativo de la planta. Y por último, hace 11 años la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad del artículo 14, que pena o persigue a quienes consuman o hagan uso de estupefacientes para uso personal”.

“Si vos estás en un registro de cultivadores, vas a estar protegido en caso de un allanamiento. Y el órgano perseguidor, el Ministerio Público Fiscal, sabrá que tu finalidad es el autocultivo y que no tiene destino ilegítimo, y no es delito para la ley de estupefacientes”, argumentó.

Vannini agregó que si no es por la vía del autocultivo el Estado debería igualmente garantizar el acceso medicinal de la planta. “Hay proyectos que miran esa cuestión y tal vez en un futuro sea el propio Estado el que provea el medicamento. Hoy el Estado no esta preparado para fabricar. Tenés que importarlo y está previsto solo para el caso de epilepsia refractaria. Y es carísima, es un frasquito que sale 250 dólares por mes”.

Por último, resaltó “la mirada de género es muy importante. Somos las mujeres las que tenemos el rol de cuidadoras, somos las que nos ponemos esta lucha al hombro y también me gusta destacar que la primera organización que se hizo famosa en Argentina es Mamá Cultiva. Son las que ponen el cuerpo cuando les toca la detención. Es la mujer la que se pone en riesgo porque son las mamás las cultivadoras”.

Tras el procesamiento de Néstor Luis Montezanti en la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A, dos de sus denunciantes comentaron el fallo en diálogo con FM De la Calle y advirtieron que se derrumbó el mito de que el ex camarista era “intocable y todopoderoso”.

La imputación judicial había sido realizada por la Fiscalía en 2015. Previamente, Alberto Rodríguez fue querellado por el represor tras ventilar su pasado en una reunión del Consejo Superior de la UNS y Dante Patrignani padeció tres demandas luego de pedir su juicio académico.

“Todo este proceso fue muy largo, a veces uno pierde la esperanza de tener alguna respuesta, que es mínima a lo que fue este personaje dentro de la universidad”, dijo Rodríguez. Patrignani señaló que “costó bastante” llegar a esta instancia pero se derrumbó el “mito de que era poderoso e intocable”.

Rodríguez agradeció a Montezanti por haberle iniciado la querella porque “gracias a su prepotencia se creía que iba a poder pasar a la historia como lo que no es: un abogado triunfante. Apenas es un miserable que inició un juicio, lo perdió y, a partir de ahí, se hace la presentación en Cómodoro Py ante Oyarbide por la causa de lesa humanidad de la Triple A donde se lo imputa a el también”.

Patrigani reconoció que el procesamiento “costó tiempo y juicios”. “Me hizo tres demandas: una en el fuero civil, que me obligó a pagar una suma por haber herido su buen nombre y honor -que está apelada en la Suprema Corte-; otra junto a mi abogada Mónica Fernández Avello en la justicia penal por revelar secretos políticos y militares por haberle ventilado el legajo en inteligencia, causa fallada a favor nuestro; y una tercera por haber provocado daños frente a la Cámara Federal por unos afiches que aparecieron con su famosa imagen con la gorra, que por supuesto también falló el juez Ramos Padilla a favor mío”.

“Esas son las medallas que se lleva uno en la lucha. Me sorprendió la noticia ayer, ya habiendo pasado tanto tiempo no esperaba que pudiera ser procesado. Seguramente esto va a ser largo, va a requerir mucho esfuerzo y militancia para que pague sus responsabilidades”, agregó.

Rodríguez recordó que “este hombre fue parte de la acción intelectual dentro de la acción criminal. Estaba vinculado a los grupos empresarios, a los sindicatos, a la universidad a través de Remus Tetu y a la UTN a través de (Emilio) Garófoli”.

Respecto del juicio académico, Patrignani mencionó que “todos los jurados que se nombraron se excusaron, no quisieron meterse con Montezanti y se fue alargando hasta que cumplió los 70. Por ley está obligado a jubilarse, en ese momento presentó un escrito ante la Cámara Federal pidiendo que se cayera su juicio académico por su jubilación, a pesar de ello la Cámara se lo rechazó. El juicio académico estuvo en vigencia aun después de jubilarse pero se fue diluyendo”.

En ese sentido, Rodríguez destacó las dificultades que tuvo para encontrar un abogado para que lo represente en la querella que tramitó el juez José Luis Ares. “Recorrí a penalistas de Bahía Blanca y ninguno aceptó defenderme en el juicio de Montezanti. Tuve que terminar yendo a la Defensoría Pública. Hasta qué punto la miserable actitud de este tipo hace a la miserable actitud de aquellos profesionales que se niegan a defender a una persona de Montezanti. Algunos por amistad, otros porque habían tenido un problemita con él, todos tenían un argumento pero ninguno aceptó mi defensa”.

“No me cabe duda que en la universidad y los pasillos tribunalicios sabían de qué tipo estaban hablando, algunos fue por miedo y otros por mala gente. Así que no puedo ser optimista, fue impune jubilado como juez, impune jubilado en la universidad. Esperemos que la justicia alguna vez sea justa, simplemente. Tengo el derecho a tener tantas dudas después de 45 años”, sostuvo.

Esta tarde se realizará la primera reunión de la paritaria docente provincial. Suteba Bahía Blanca advirtió que será «luego de ceder al amotinamiento de la Policía Bonaerense otorgando $44000 de inicial más $5000 y de que 15 sindicatos se pronunciaron por la apertura».

Si bien no hubo consulta a las bases por parte de las autoridades de Suteba, desde la conducción local estiman que debería reclamarse «el 40% de aumento al básico y a todas las sumas».

«El salario docente es el que cobramos por cargo, por cuatro horas. Siempre estuvo por debajo de la línea de pobreza, lo que hace que haya que recurrir a dos cargos. Otra situación que nos preocupan son la condiciones laborales en las que nos desempeñamos y la situación de alumnos que quedaron por fuera del sistema educativo. Esto también debería ser discusión en la paritaria», dijo a FM De la Calle Gabriela Delfino.

Respecto de la intención de Juntos por el Cambio de volver a las aulas, Delfino afirmó que “las idas y vueltas del ministro Trotta hacen que una pueda llegar a temer que esto sea una consideración importante. Verdaderamente esperamos que el Frente Gremial Docente se oponga a esta situación porque las condiciones no estaban dadas antes, mucho menos ahora”.

“Ni oficialistas ni opositores se preocuparon por la educación pública, por que se hubiera exigido y se hubiera puesto todo para que este proceso en pandemia se llevara adelante. No existió la voluntad política para que alumnos y docentes tuvieran dispositivos y conectividad”.

“Si están preocupados funcionarios y oposición que pongan dinero y voluntad política para que todos chicos y chicas tenga computadoras e internet para la continuidad pedagógica. El resto es pura sarasa”.

La Red de Espacios Culturales Independientes hizo público un comunicado en el cual denuncia la “falta de ejecución del presupuesto municipal afectado por ordenanza para el sector” y manifiestan la “burocracia del estado provincial y nacional”

“La red está en una situación de colapso, es muy triste lo que nos pasa y no hay respuesta”, comentó a FM De la Calle Elisardo Tunessi, referente de la Red ECI.

Agregó que hace tiempo reclaman la emergencia cultural y denunciaron “inclusive el intento de derogación de ordenanzas culturales desde enero. No se ejecutan las ordenanzas (vigentes) ni el presupuesto y lo tomamos normal. Advertimos también la burocracia tanto de provincia como de Nación ya que nos aprobaron subsidios el Instituto Nacional del Teatro, para cinco espacios, y hasta ahora cobró uno solo. Estamos en septiembre, uno puede entender y saber que las demandas deben ser muchísimas que estamos en un estado de emergencia”.

Tunessi apuntó que “me llamaron desde provincia con algunas molestias por el comunicado. Les dije que entendía toda la emergencia pero no publiquen que se están ocupando cuando en realidad estamos en septiembre y a los espacios la luz, el alquiler, el gas, desde marzo sigue llegando y no les piden tanta burocracia. Lo que hacen es afectarnos en nuestra dignidad”. 

Por otro lado, advirtió que “los concejales de Juntos por el Cambio lanzaron un comunicado en solidaridad con los espacios culturales de Tandil que quedan fueran del catálogo de Turismo y Cultura en la provincia. Ahora, esos mismo concejales ¿por qué no se ocupan de lo que pasa en Bahía? Han intentado una suerte de separatismo y se niegan a declarar una emergencia cultural”. 

El juez Walter López da Silva procesó al ex presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, por haber integrado la Triple A y participado en la toma de la Facultad local de la UTN que la patota comandada por Rodolfo Ponce realizó el 26 de agosto de 1974.

Al ex docente de la UNS se le trabó un embargo por tres millones de pesos y no se le dictó prisión preventiva. Montezanti había sido declarado en rebeldía por burlar en varias ocasiones los llamados a una indagatoria que se concretó en febrero de 2018.

Dos años y siete meses después, López da Silva lo calificó como “autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita, en concurso real con el delito constitutivo de lesa humanidad de intimidación pública”.

El magistrado concluyó que los principales puntos de ataque de la Triple A eran los gremios y las organizaciones estudiantiles. “El programa de persecución se dirigía a la eliminación de un enemigo, conceptualizado como ‘apátrida’, ‘marxista’ o ‘subversivo’, buscando en cualquier expresión de activismo y oposición política en los ámbitos estudiantiles, sociales, culturales, políticos y gremiales”.

“En ese contexto y bajo esa modalidad operativa sería donde el rol de Montezanti habría sido relevante para el logro de los objetivos dentro del entramado y organización de la asociación ilícita, tanto con su participación en la toma de la UTN como luego en calidad de Personal Civil de Inteligencia del Destacamento 181 del Ejército Argentino, pues habría desempeñado actividades en los estratégicos ámbitos académicos y gremiales en los que la asociación desplegaba su accionar y desde donde habría efectuado sus aportes al plan”, afirmó el juez.

Da Silva sostuvo que “nos encontramos ante la organización u asociación compuesta por tres o más personas que requiere el tipo penal, cuyo mínimo se ha superado dado que además del imputado Montezanti, los fallecidos Remus Tetu, Rodolfo Ponce, Jorge y Pablo Argibay, se encuentra previamente acreditada -siempre con las características de provisoriedad de esta etapa- la participación en ella de Raúl Roberto Aceituno, Héctor Oscar Chisu, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero”.

Destacó que la modalidad operativa y la logística implementada permitían que “por el carácter civil de sus integrantes la actividad se diluyera en la presencia del propio

Estado, que colocaba sus estructuras al servicio de la tarea represiva, mediante el suministro de agentes, armas, información y recursos económicos o bien la garantía de no interferencia y de impunidad, lo que permitió la permanencia durante un prolongado tiempo de esta asociación criminal”.

El fallo se detiene en la participación del ex camarista en la toma de la UTN “en su carácter de profesor y en reunión con otros integrantes de la asociación ilícita que portando armas realizaban gestos provocadores invitando al alumnado a ingresar al recinto en tono socarrón y de burla” y afirma que “estuvo destinada a actuar sobre el ánimo público, vale decir, sobre el ánimo del conjunto de manifestantes reunidos” en contra de la intervención de la institución por el sector que respondía a al ex diputado nacional Rodolfo Ponce.

La causa es impulsada por los fiscales Miguel Ángel Palazzani, José Nebbia y Pablo Fermento. Este último es quien lleva adelante la acusación en el debate oral en curso contra otros cuatro ex integrantes de la banda parapolicial.

López Da Silva indicó que Montezanti deberá “someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación”, fijar un domicilio del cual no podrá ausentarse por más de 48 horas sin previa autorización y entregar sus pasaportes, dado que se sostiene la prohibición de su salida del país.

La Policía Federal será la encargada de extraerle “tres juegos de fichas dactiloscópicas –con entintado parejo y en forma rodada-“.

Por otra parte, el magistrado delegó en la Fiscalía la continuidad de la investigación sobre los hechos que damnificaron a Jorge Omar Riquelme Esparza de los cuales por el momento se dictó su falta de mérito.

Luciana Giménez denunció que el oficial Salvador Pazos (foto) y otra mujer policía de Mayor Buratovich detuvieron a su hija y la golpearon en la comisaría. En diálogo con FM De la Calle, dijo que “la violentaron de tal manera que hoy le duele todo el cuerpo, la amasaron a palos”.

“Estaba en el inodoro haciendo pis, le dijo hijo de puta y la levantó de los pelos. Una persona que estuvo al lado de ella me contó lo que pasó cuando estuvo dentro del calabozo y cuando ella pidió ir al baño. No me voy a callar estas cosas, lo he escuchado con otros chicos que han ido al calabozo y los han amasado a palos como a mi hija”, afirmó.

La mujer destacó que su hija puede “contarla y vivir un día más” pero “hay chicos que ya no están más, como Facundo. No me estoy agarrando de eso, hay mucha violencia institucional, hay mucha mafia, hay drogadicción en el medio. La mafia es la misma policía de Villarino. Me han llamado para amenazarme, por eso estaba quieta, me dijeron ‘sé dónde trabajás y que tenés a tu hija'”.

“Es como dijo Cristina, nosotros somos pobres, más que la vida, ¿qué nos van a hacer?”, dijo en referencia a la madre de Facundo Castro, quien enfrenta a la Bonaerense en la búsqueda de verdad y justicia por la desaparición y muerte de su hijo.

La trabajadora del INTA Hilario Ascasubi explicó que su hija tiene consumo problemático de alcohol y drogas, el domingo se desvaneció, un vecino la ayudó a levantarse y cuando volvía a su casa se asustó al ver un patrullero e intentó ingresar a una vivienda.

“Sé que mi hija no entró a robar, lo ha hecho con violencia como lo hace en mi casa, ella tiene esos estados cuando toma alcohol. Me importa mi hija, tiene 20 años y una bebé por criar, tiene posibilidades, no me brindaron ayuda desde los 11 años hasta acá para poder internarla, ni ayuda emocional ni de ningún tipo. La vengo peleando como puedo”, dijo.

Agregó: “Nadie tiene un libro de cómo ser madre o padre, he buscado ayuda en el pueblo, en la parte de Villarino en la Comisaría de la Mujer, en la comisaría normal y en la Municipalidad donde están las asistentes sociales”.

Comentó que “en varias oportunidades me he tenido que ir de mi hogar para aislarla de toda esta gente que consume, he tenido que mandar a mi hija a Santa Rosa con su papá, siempre protegiéndola”.

El domingo a las dos de la tarde Larisa fue a hacer una consulta médica por un dolor de muelas y luego iba a caminar con una amiga. Horas después pasaron por un bar y alrededor de las 23 salió para su casa.

“Ella dice que venía sola y atrás Axel, el amigo que viene como queriendo alcanzarla. Aparentemente en algún lugar se desvanece, pasa otra amiga que le avisa a una amiga mía que estaba tirada, que había un paisano que la quería levantar. Viene para mi casa, ven el móvil de la policía, ella dice que golpea la puerta de una casa pidiendo que le abran la puerta, para mí se equivocó de domicilio porque no estaba en sus cabales, como no le abren patea la puerta para entrar porque se asustó”.

Pasada la medianoche Giménez concurrió a la comisaría y se encontró con la familia a cuyo domicilio había querido entrar su hija. “Les dije que tenía problemas, les pedí disculpas en nombre de mi hija, como mamá”.

“No me dejaron verla, empiezo a preguntar ‘¿Larisa estás bien?’. Me dice ‘sí má, acá estoy’. ¿Por qué te detuvieron?, le digo, estábamos a un paso y medio del calabozo. Me dice que no la dejan ir al baño”.

Por la mañana le llevó ropa y galletitas, “no pensé que mi hija estaba tan golpeada. (…) Parece que ella insultó, tiene esas reacciones violentas, no porque sea mi hija voy a ocultar esas cosas, pero no por eso la institución donde fue detenida tiene derecho a golpearla y maltratarla de la manera en que le pegaron y me negaron verla”.

El certificado de atención del médico policial que acompaña esta nota muestra que ayer se constataron diferentes tipos de lesiones en la cabeza, el tronco, el cuello y los miembros superiores e inferiores de la joven.

Giménez se comunicó con el Juzgado de Familia de Bahía Blanca para denunciar los hechos y pedir ayuda. Tenía que llevarla a un psiquiatra pero no podía ser en el hospital de Buratovich a donde no la habían revisado el día anterior: “¿Qué me iban a decir si volvía, que mi hija se golpeó en otro lado?”.

Hizo su descargo mediante las redes sociales y recibió el llamado de asistentes sociales, quienes le indicaron que haga la denuncia penal. “Me comunico con Luciano Peretto y Cristina Castro para ver dónde tengo que hacer la denuncia y que no tapen esta violencia institucional”.

Comentó que funcionarios municipales “aparecieron cuando estaba en la entrevista con el psiquiatra con mi hija. ¿No me podían haber esperado en mi casa como corresponde si tantas ganas tenían de hablar conmigo? Se aparecieron como si fuera una delincuente, pararon como cinco autos para sacarse una simple foto que va a andar rondando por todos lados”.

“Acá se vende porro, se vende falopa, trabajan para la policía. Pasará en todo ámbito social, pero esto es un pueblo chiquito donde todo se sabe. La cantidad de pibes que consumen, esos mismos pibes van llevando a otros, pero porque alguien grande trae la droga acá. Me da una lástima y una terrible indignación que les estén cagando la vida como lo están haciendo y no poder hacer nada”, sostuvo.

Giménez afirmó que “el pueblo tiene miedo, en las marchas de Facundo había cuarenta personas. Hay gente que tiene campo y trae carne para el consumo y no le tiene que dar explicaciones a nadie, esta gente los coimea con otro animal porque la próxima vez que te encuentren te saca todo. Así funcionan acá”.

Una mujer denunció que su hija fue victima de una golpiza en la comisaría de Mayor Buratovich luego de ser detenida en el Partido de Villarino. Se trata de personal de la misma sede policial que detuvo a Facundo Castro el 30 de abril.

Luciana Giménez relató que “así como hicieron con Facundo lo están haciendo con mi hija. No tienen derecho, la golpearon toda, me la mandaron toda moretoneada, no se podía levantar de la cama”. 

“¿Van a desaparecer a otra criatura? Veinte años tiene mi hija, tengo una nieta también, voy a ir hasta las últimas consecuencias. Lo hicieron con Facundo ¿ahora lo van a hacer con mi hija? ¿Qué quiere la policía de Buratovich? ¿más jóvenes muertos?”.

Agregó: “Me la golpearon a puñetazos, patadas, golpes en el estómago. El señor policía Pasos, que es de Luro y trabaja en Buratovich me va a tener que dar explicaciones, la policía me va a tener que dar explicaciones de porqué le pegaron”. 

Giménez relató que su hija “tiene problemas de adicción” pero que “no tienen derecho a golpearla y maltratara”. “¿Quiénes se creen que son? Yo soy una madre luchadora y voy a sacar la cara por ella, no les tengo miedo, basuras. Me voy a enfrentar a todos ustedes como lo hizo Cristina Castro. Si se me la mataban ustedes no me la iban a devolver”. 

“La policía de Burato está acostumbrada a golpear a los jóvenes, nadie te ayuda. Esto es tierra de nadie. La policía hace y deshace a su antojo”,, afirmó.

El bloque de concejales de Juntos por el Cambio emitió un comunicado en el que “rechazan rotundamente” la vuelta a la Fase 3 por “no aportar ninguna solución y solo agravar la ya delicada situación económica”.

Por su parte, la presidenta del bloque del Frente de Todos, Gisela Ghigliani, dijo a FM De la Calle que “estamos en esta situación porque se subestimó la realidad epidemiológica de la ciudad. Es preocupante que sigan no mirando la situación en la que está la ciudad producto de no haber tomado las medidas necesarias”.

Desde el oficialismo manifestaron que el cambio de fase “es una decisión que provoca un nuevo golpe a la economía local y de nuestras pymes, comercios, bares, restaurantes, gimnasios”.

El intendente Héctor Gay afirmó ayer que la Fase 3 no tendría buenos resultados. Ghigliani destacó que de esta manera “renunció a todo tipo de gestión para que podamos estabilizar parámetros epidemiológicos y lograr el funcionamiento. Ya dijo que le parece que en situaciones como la nuestra esto no funciona, entonces esto genera incertidumbre”.

La concejala señaló que en la última reunión de la Comisión de Reactivación de Actividades los representantes de su bloque plantearon que “no íbamos a considerar ninguna actividad nueva para ver cómo evolucionaba la pandemia en nuestra ciudad”.

Por último, señaló que “la Municipalidad es la primera responsable de las políticas de cercanía con articulación de provincia y nación, en apoyo logístico y epidemiológico. El teléfono está abierto para hablar con funcionarios de provincia o la ministra de gobierno. El intendente no puede decir que hay sorpresa de esta situación”.

El comunicado de Juntos por el Cambio

RECHAZAMOS VOLVER A FASE 3. NO FUNDAN A NUESTROS COMERCIOS, PYMES Y EMPRESAS.

El Gobierno Nacional, de manera inconsulta y arbitraria, sin atender las particularidades de nuestra ciudad, decide retroceder a Bahía Blanca a Fase 3. Una decisión que provoca un nuevo golpe a la economía local y de nuestras pymes, comercios, bares, restaurantes, gimnasios y otras actividades que generan trabajo.

Desde el bloque de concejales de Juntos por el Cambio rechazamos rotundamente esta medida por no aportar ninguna solución y solo agravar la ya delicada situación económica y social de nuestra ciudad.

No hay registros de que el aumento de casos confirmados de Covid-19 provenga de los rubros a los que hoy se les prohíbe trabajar. Y son ellos quienes deben responder a costa de su propia economía, frente a la improvisación y a la falta de ideas de los gobiernos nacional y provincial, quienes siguen con su única estrategia, que evidentemente fracasó: la cuarentena y el cierre de actividades.

Es extremadamente injusto e improvisado que se cierren estas actividades, y por eso manifestamos nuestro rechazo al cierre de las mismas, en el convencimiento de que el comercio, los gimnasios, los bares y restaurantes, las salas de baile, los natatorios y tantas otras actividades, han hecho un enorme esfuerzo e inversión y han cumplido con todas las normas de protección y bioseguridad que garantizan el resguardo de los empleados y clientes.

La mayoría de los vecinos y vecinas se han comprometido con el cumplimiento de las medidas de cuidado sanitario y epidemiológicas y, si bien es cierto que estamos frente a una situación sanitaria delicada, que nadie puede desconocer, no se le puede pedir más esfuerzos a los y las comerciantes de nuestra ciudad, que ya no dan más, después de 180 días de inactividad.

Pedimos que con responsabilidad nos sigamos cuidando, entre todos, y principalmente a los grupos de riesgo y adultos mayores, generando una convivencia inteligente entre la actividad económica de nuestra ciudad y el cuidado de la salud, trabajemos juntos en buscar soluciones pero sin culpar a las familias de Bahía que solo quieren trabajar.

 

“Me resulta de un nivel de ignorancia, de falta de solidaridad espantoso. ¿En base a qué dicen lo que dicen’ La falta de empatía es notable. Creo que debería ser fase 1 total”, dijo el médico y columnista de FM De la Calle, Horacio Romano, sobre el rechazo del oficialismo a la vuelta a Fase 3.

En un comunicado Juntos por el Cambio señaló que el el cierre de actividades y al cuarentena “fracasó”.

“Esto es inentendible, esta clínica y científicamente comprobado, ya hay trabajo, que dicen que cuando aumenta la movilidad aumentan los contagios. Hay evidencia de esto, en todos los lugares donde se aumenta la actividad, la gente sale más, deja de tomar algunos recaudos y aumenta la transmisión del virus”, apuntó Romano. 

El médico explicó que “esta enfermedad se presenta en la mayor parte con cuadros leves y da esta falsa seguridad de que no pasa nada y se puede seguir. Pero cuando agarra a gente susceptible le va mal, tan mal que muchas se mueren. Para el sistema de salud y para la ciudadanía representa un enorme problema porque satura todo”. 

En relación a los números oficiales de las últimas semanas, Romano destacó que “si te retrotraes a diez días atrás, era 40% el número de ocupación de camas y cuando el intendente dijo que no pasaba nada era poco. Ese calculo de camas es erróneo, ingresan camas que no son para adultos, camas de pediatría”. 

El panorama también se complica para pacientes internados por otras patologías. “Tenés pacientes que no son Covid que están ocupando camas. En el 147 no estamos dando a basto a atender todos los llamados, pedimos disculpas pero hay un desborde del sistema, las llamadas son muchas”. 

Por último, ejemplificó los alcances del aislamiento con la experiencia de otros países. “En España, por ejemplo, el virus casi no salió de Madrid hasta que abrieron y empezaron a vacacionar y ahora están incendiados y van por la segunda ola. Estados Unidos está incendiándose con la segunda ola nuevamente, está rebrotando, con alta tasa de mortalidad”.

Este domingo la Policía Bonaerense apostó un patrullero frente a la vivienda del abogado Luciano Peretto. Horas antes, Leandro Aparicio recibió una carta documento de un comisario intimándolo a abstenerse de hacer declaraciones “ofensivas y agraviantes” hacia los efectivos de la fuerza provincial.

Pedirán una medida colectiva de protección federal hacia quienes tienen relación con la causa. Peretto ya había sido amenazado por el subcomisario Pablo Reguilón. La justicia provincial abrió dos causas por los aprietes y allanamientos ilegales contra la ex novia y el ex cuñado de Facundo.

“Mi hijo entra  a mi casa diciéndome que había un patrullero en la puerta. Y era verdad. Yo no creo más en las casualidades. Cuando llamé a Asuntos Internos me dicen que es porque están haciendo un operativo en el acceso de Luro. Vivo a seis cuadras de uno de los accesos”, comentó Peretto en declaraciones a Radio Altos. 

El abogado afirmó que dejó su hogar durante la jornada pero “tuve que volver  a dormir porque no tengo otro lugar, estoy preocupado. Tengo miedo porque la semana pasada tuve que testificar en una causa por amenazas de un policía, estoy preocupado por mí, por la gente de Luro, por los amigos de Facundo”.

Peretto informó que los amigos de Facundo que brindaron testimonio en la causa son perseguidos por patrulleros, los intimidan de madrugada cuando salen de la cervecería artesanal donde trabajan, colocan coches policiales con las lucen apagadas frente a sus domicilios e incluso han sido seguidos por efectivos en sus vehículos particulares. “No le asignamos un carácter casual si no estrictamente intimidatorio”, dijo.

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Por su parte, Leandro Aparicio recibió una carta documento firmada por el comisario inspector de la Bonaerense, Miguel Ángel Reynoso, en la que lo intima a que “se abstenga de realizar actos o expresiones que resulten ofensivas y agraviantes para los integrantes de las Policías de Buenos Aires (sic)”.

El jefe policial señala que de no rectificar Aparicio sus dichos, presentará acciones por calumnias e injurias ante el fuero Criminal y Correccional y Civil y Comercial.

“Como le dice Escohotado a Andres Calamaro: ‘No hay que confundir la valentía con la temeridad’. Uno no quisiera terminar en un cementerio clandestino de la bonaerense acompañada de cadáveres sin identificar como Facundo. Ni ser empalado como Natalia Mellman, ni asesinado y desaparecido por negarse a robar como Luciano Arruga ni desaparecido en una comisaría como Miguel Bru. Ni que les pase nada a sus familiares queridos. Pero en el último lugar en el que les podría temer sería en este contexto. No voy a gastar 500 pesos ni perder media hora en ir al correo para explicarle a este sorongo los alcances del fallo Kimel. Sigamos con lo importante que es meter presos a los que asesinaron y desaparecieron a Facundo”, retrucó el abogado.

“Los tenemos rodeados”

Días atrás, Cristina Castro dijo a un equipo de FM De la Calle que viajó a Pedro Luro: “Siempre dije que la primera etapa era encontrarlo, que me lo devolvieran. Ahora me lo han devuelto, he cumplido la primera etapa, él está en casa ahora. Sé dónde buscarlo, se dónde está, tengo donde ir a llorar. Ahora sigue la otra etapa, estamos cada vez más cerca de meter a todos esos asesinos detrás de las rejas, porque son asesinos, no son más que eso”.

La madre de Facundo sostuvo que con la incorporación de los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin cambió “muchísimo” el trámite de la investigación. Entre otras cosas, la escucharon por primera vez, corrieron a la Policía Federal y dieron mayor relevancia a la Datip. “Se han recuperado nuevos mensajes de los teléfonos de los policías, muchos muy incriminatorios. Estamos muy cerca ya de ellos, los tenemos rodeados”.

La injusticia y la memoria de su hijo son el motor de Cristina. “Se ensañaron con un pibe de 22 años cuando muchos de los involucrados también son pibes. Pibes que los vemos acá en Luro y jamás hubiéramos imaginado que serían tan atroces, que tuvieran la mente tan podrida y el corazón tan retorcido para hacer lo que hicieron”.