Vecinos y vecinas que se oponen al proyecto de cocheras en la Plaza del Sol se reunieron con Tomás Marisco, secretario de Movilidad Urbana, y con el ingeniero forestal Pablo Bianco, director de Espacios Públicos.

“Las promesas que hemos obtenido son las de restitución del agua, ABSA ya hizo la reparación de la cañería. Nos garantizaron que en un período que puede llevar seis meses, van a mejorar la iluminación, a poner cestos, a ocuparse del mantenimiento del espacio”, comentó a FM De la Calle Nora Marfil, integrante de la asamblea vecinal.

El proyecto de las cocheras es una iniciativa privada, “pensamos que de ninguna manera se puede llevar adelante porque no hay presentado un estudio de impacto ambiental y como sabemos que las napas son muy altas, sería catastrófico socavar y meter las máquinas excavadoras porque se rajarían todos los edificios”.

Por otro lado, la vecina mencionó que pretenden llevar adelante los trámites para declarar al espacio patrimonio histórico: “Nos oponemos a la mala fama que se le hace y que los ‘trapitos’, que son los lavacoches, son personas respetuosas, colaboran con nosotros proporcionándonos el agua, pensamos que la Municipalidad tendría que tener el cuenta la situación de estas personas desde la parte del servicio social, muchas están en situación de calle”.

Marfil dijo que “se está elaborando un proyecto alternativo de intervenciones y modificaciones beneficiosas para la plaza, no solo para el cuidado de lo existente sino de las posibles reformas que tenderían a hacer la plaza más accesible y visible”.

Por último, la vecina comentó que organizaron una grilla de actividades gratuitas para continuar habitando la plaza.

Los clubes Olimpo y Villa Mitre fueron sancionados por el Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior del Consejo Federal tras los incidentes ocurridos en la previa del clásico del domingo pasado.

“Se puede apreciar la responsabilidad de ambos clubes por el comportamiento inapropiado de sus simpatizantes en relación con la organización del partido”. Sus estadios fueron clausurados por tres fechas y deberán jugar los próximos tres partidos sin público. Además, se les impuso una multa por el valor de 200 entradas generales por tres fechas.

El asesinato de un hincha de Olimpo, heridos graves y daños en cercanías a la sede social villamitrense fue el saldo del enfrentamiento entre barras abonado por la inacción policial.

El tribunal destacó que los incidentes se produjeron luego del banderazo aurinegro frente al Carminatti, “permitido por los dirigentes del club”, desde donde la columna se dirigió hacia Villa Mitre.

En sus descargos los clubes deslindaron responsabilidades y advirtieron que el operativo de seguridad estuvo a cargo de la Policía Bonaerense, específicamente de la Comisaría Cuarta.

Los dirigentes de Villa Mitre atribuyeron culpas a un “grupo de inadaptados partieron desde el estadio Carminatti (…) desplazándose 30 cuadras sin tener intervención policial alguna”. Olimpo adujo que al no ser local no dirigió el operativo ni podía contratar seguridad.

Desde el Tribunal afirmaron que “nos debemos un sincero debate para alejar a los violentos de las canchas y no perjudicar, en lo deportivo y en demasía, a los clubes que no pueden controlar el ímpetu y accionar delictivo de los verdaderos culpables”.

Esta tarde se realizará una marcha en demanda de justicia por el asesinato de Emanuel Castillo. Convocada por familiares del hincha de Olimpo, comenzará con una concentración frente a la Municipalidad a las 19.

Este año fallecieron al menos ocho niños y niñas menores de un año y medio de la comunidad wichí de Salta por causas evitables.

“Estamos mal, el gobierno está ausente. Como pueblos originarios estamos abandonados. No hay solución para las comunidades, necesitan agua, comida y trabajo”, manifestó a FM De la Calle Modesto Rojas, cacique de la Comunidad wichí Fwolit (también conocida como Kilómetro 5, cercana a la ciudad de Tartagal) e integrante de la Asociación Indígena de la República Argentina (AIRA).

“No es de hoy que los chicos mueren en esta época del año”,  declaró Josefina Medrano, ministra de Salud salteña.  Al respecto, Rojas comentó que “hay zonas que ni la ministra ni gente de Salud han recorrido, elaboraron el informe como si hubieran recorrido todo. Ayer fui a una comunidad y encontré unos chicos llenos de granos en la cabeza, que no mientan, que digan la verdad, que no fueron a todas las comunidades”.

“Se está multiplicando las muertes de los chicos, la desnutrición de chicos y grandes, no hay trabajo y han prohibido el corte de madera, ellos cortaban palo santo y tenían un montón de artesanías para mantener a su familia. El gobierno nos dijo que nosotros como indígenas somos taladores, pero no prohíben el desmonte. Los desmontes producen las inundaciones”, comentó el cacique.

Respecto a las fumigaciones señaló que “hay mucha gente que se puso firme, que no se movieron, a veces están a 200 metros del desmonte. Cuando fumigan contaminan a todos, chicos y grandes. Las avionetas pasan y fumigan”. Dijo que ante la falta de agua potable, se busca la forma de conseguirla y generalmente es juntando de los pozos de agua vecinos en envases de agrotóxicos que recolectan de las grandes fincas.

En relación a la visita a Salta del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, afirmó que “jamás se ha reunido con nosotros como dirigentes comunitarios, él no quiso dialogar conmigo, yo lo iba a llevar donde corresponde, donde más necesitan ayuda. Dialogó con el intendente, con gente de provincia pero a las comunidades no fue. Estoy disconforme,  hay gente que no tiene documento que jamas van a recibir nada”.

El desembarco de una nueva misión del Fondo Monetario para renegociar la deuda con funcionarios del Ministerio de Economía motivó una serie de protestas en el país. En la ciudad tuvo su capítulo en la Plaza Rivadavia.

El economista Francisco Cantamutto explicó las tensiones de la nueva negociación: “Martín Guzmán hasta ahora lo que ha hecho es pedir el apoyo para renegociar, no ha declarado qué es exactamente lo que va a hacer, se le busca dar sostenibilidad a la deuda con el pago. Esta idea no incluye repudiar alguna parte de la deuda, sin embargo, dentro de la coalición hay desacuerdos y hay sectores que quieren ir más lejos”.

“A priori parece ser que lo que buscan hacer es una suerte de extensión de plazos y reducción de tasas de intereses que permita, primero, iniciar una fase de crecimiento para luego pagar. Pero, por otro lado, está la posibilidad de que los acreedores externos se dispongan a este juego y si eso no se logra se puede acelerar la situación. A partir de abril la cantidad de vencimientos no pueden ser cumplidos con las reservas que hay disponibles. Si no se llega a un acuerdo se corre el riesgo de que se entre en default entre abril y junio de este año”.

Cantamutto comentó que “la deuda contraída con la dictadura es el origen de las distintas reestructuraciones que se han venido dando hasta ahora, incluso está judicializado el megacanje del 2001, el canje del 2005 y del 2010. Arrastra una cantidad de juicios que no han sido cerrados y que, por lo tanto, no se puede dar por sentado el carácter legal y legítimo de la deuda. Ademas de eso, recordemos que durante el período de cambiemos se han constituido desfalcos como el de Caputo con el bono a 100 años colocado a un fondo de inversión que él mismo administraba”.

Hay por lo menos dos irregularidades en la deuda: “La primera es que se le prestó a la Argentina más de lo que se le podía prestar y, en otro sentido, se le prestó para financiar la fuga de capitales. Esto está comprobado de ante mano. Esto vulnera el estatuto en al menos dos ejes que daban cuenta del apoyo geopolitíco de EE.UU. al gobierno de Macri. Luego es un poco una doble vara pretender que al negociar no puede haber quita o que una extensión de los plazos tenga que forzar a reformas estructurales”.

¿Qué es la deuda odiosa? “La doctrina de la deuda odiosa es aplicable, Alexander Sack aclara que aplica en todos los casos en que los gobierno la hayan contraído contra los intereses del pueblo. Esto aplica en que Cambiemos se financió la fuga al mismo tiempo que todes perdíamos nuestro salario, nos precarizaban, no quedábamos sin laburo, sin jubilaciones. No es una utopía, si vamos a dar una disputa hay que considerar que no darla implicaría pagar una deuda ilegal, ilegítima, e impagable”.

La familia del hincha de Olimpo asesinado este domingo antes del clásico con Villa Mitre pidió colaboración para identificar al autor del disparo mortal y convocó a una marcha pacífica para este viernes a las 19.

En el marco de la investigación por el homicidio de Sergio Emanuel Castillo se realizó un allanamiento en calle Italia al 2000. Tras el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad del CEUM y de vecinos particulares se logró identificar a la persona en cuya vivienda no se encontró el arma aunque sí se secuestró un celular.

El intendente Héctor Gay, en declaraciones a LU2, señaló que no fue “ni consultado para cortar una calle”. “No nos preguntaron absolutamente nada”, dijo y delegó responsabilidades en la A. Pre. Vi. De.

En las últimas horas se conoció que Alejandro Barreto fue separado de su cargo como titular en la Policía Distrital y que será reemplazado por Gonzálo Bezos.

Por otro lado, el barrio Villa Mitre vivió ayer una tensa tarde tras la circulación por redes sociales de rumores sobre la posible aparición de hinchas de Olimpo que luego del sepelio de Castillo. La Policía realizó un operativo en el centro del barrio, varios comercios cerraron sus persianas y hubo poco movimiento vecinal.

Circuló una carta en redes sociales firmada por un villamitrense anónimo en la que manifiesta: “Fueron a maltratar nuestros símbolos más sagrados, a destrozar nuestras pertenencias y amenazar a todos nuestros vecinos. Algunos ineptos cuestionan que el partido se haya continuado, ¿se imaginan lo que hubiera pasado si realmente nuestros 7 mil vecinos veían cómo estaban destrozando nuestro barrio? En el medio la policía… con 33 cuadras de por medio en donde podrían haber frenado la caravana, pero no… les faltó tenderles una alfombra mostrándoles el camino hasta la sede”.

El juicio contra cuatro represores civiles que integraron la Alianza Anticomunista Argentina en nuestra ciudad debía comenzar este miércoles. Sin embargo, trámites sobre la prueba que se admitirá en el séptimo debate por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca provocaron su postergación.

“Pareciera que no hay audiencia pero no nos llegó ninguna notificación de la suspensión”, dijo esta mañana a FM De la Calle el fiscal auxiliar Pablo Fermento. En horas de la tarde el secretario del tribunal confirmó verbalmente a Fiscalía que el debate no iniciará.

La banda paraestatal estuvo en nuestra región al mando de los fallecidos Rodolfo “Fito” Ponce y Remus Tetu, en época de los hechos diputado nacional del Frente Justicialista de Liberación y rector interventor de la UNS, respectivamente (foto).

Los acusados que llegarán al banquillo son Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. Héctor Oscar Chisú falleció a fines de 2019.  Se les imputa el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, el homicidio en un pasillo de la UNS del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

La actividad de la patota paraestatal dejó como saldo más de cuarenta homicidios, la proscripción de los centros de estudiantes, el cierre del comedor universitario, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otros aspectos.

El juez federal Walter López da Silva continúa demorando la definición de la situación procesal del ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Néstor Luis Montezanti, indagado en la misma causa.

Días atrás, el Tribunal Oral comenzó la evaluación de la prueba que admitirá en el debate, presentó dudas respecto de algunas de ellas y dio lugar a las partes para que brinden su opinión en un plazo de 48 horas. “Nosotros contestamos el viernes y la defensa pidió una prórroga que entiendo que la van a conceder porque era un plazo muy breve. Esto en principio perjudicaría el inicio mañana”, manifestó Fermento.

“Es importante la voz de los familiares. Por más que puede parecer redundante o superfluo, siempre es necesario que cuenten cuáles son las consecuencias de estos hechos, cómo se vivieron, qué produjeron. Son pertinentes para definir la existencia de la asociación ilícita y cuantificar la pena que, para nosotros ya desde este momento, consideramos que es la máxima”.

El fiscal auxiliar destacó que el Tribunal no comprende al Juicio Triple A en el marco de las otras causas de lesa humanidad que se tramitan en la ciudad. “Para nosotros forma parte de la causa madre, la 05/07. Hicimos la imputación en la Causa Ejército, que es la fuerza con la que encontramos las mayores vinculaciones por parte del grupo paraestatal”.

“Consideramos que toda la prueba de la Causa Ejército y las audiencias del juicio, las víctimas -la mayoría de las cuales eran militantes de Bahía Blanca y sufrió la persecución por parte de este grupo-, forman parte de la misma causa. Esto no es visto en el mismo sentido por el tribunal y nos pidió, entre otras cosas, que justifiquemos porqué habría que incorporar esos testimonios”.

Fermento ejemplificó: “Sobre la comunidad informativa que integraban todos los organismos de la ciudad y la región, en todas las causas se mostró cómo la actividad de inteligencia sobre las víctimas se remontaba a diez o quince años y, particularmente en los años 74 y 75 fue muy intensa. En este juicio hablamos de que uno de los jefes de la asociación ilícita, que era Remus Tetu, participaba de las reuniones de la comunidad informativa. Toda esa inteligencia, esa actividad de espionaje y de fijación del blanco, fue utilizada durante la dictadura. El rector interventor de la universidad iba a señalar gente, militantes políticos de determinada tendencia o ideología, con las consecuencias que eso tenía”.

“Varios de los miembros de esta asociación ilícita, por ejemplo los hermanos (Héctor y Miguel Ángel) Chisu, que en el 74 o 75 operaban dentro de este grupo paraestatal bajo la órbita del Destacamento de Inteligencia 181, en el 76 se incorporan como Personal Civil de Inteligencia del Destacamento y hay numerosos testimonios, sobre todo de conscriptos, que mencionan a este grupo de civiles reclutados como el grupo de confianza que utilizaba (el general Adel) Vilas para los trabajos nocturnos, cuando no utilizaban uniformes o a la tropa”, detalló el fiscal.

“Watu” Cilleruelo y el “Negrito” Jesús García.

En cuanto a la tarea investigativa sobre el accionar del terrorismo de Estado antes y después del golpe de marzo del 76, Fermento comentó que “hay grandes diferencias”.

“Cuando hablamos de la estructura burocrática del Estado directamente implementada para la tarea represiva, como fue a partir del golpe, podemos hablar de coautoría mediata y descansar en la organización reglamentaria del Estado, de las fuerzas, de las unidades militares, las cadenas de mandos. Acá tenemos un grupo paraestatal. Esto significa que el Estado no está asumiendo una tarea sino que la está delegando en un grupo que no reconoce como propio o cuyo vínculo oculta. Es el Estado actuando sin reconocer que lo hace. Se hace mucho más difícil probar o explicar las relaciones orgánicas”.

Por ello, la pesquisa apuntó a la figura de la “asociación ilícita” y su relación con los hechos juzgados y con el Estado. “Las dificultades son enormes, estamos hablando de un período histórico que no se encaró, en cuanto a la investigación, con la misma intensidad con que se hizo con el período posterior al golpe de Estado”.

“El laburo con las víctimas es más delicado, más traumático. Hay familias que nunca hablaron de esto. La impunidad genera un velo muy difícil remover para saber qué pasó, quiénes operaron. Jurídicamente es una valla para avanzar en las imputaciones directas. Sin embargo, el propósito de la Fiscalía fue no quedarse con ese impedimento sino empezar a avanzar sobre lo que solicita la asociación ilícita que es la finalidad de una empresa criminal, constituirse para hacer determinada cosa”, afirmó.

La Fiscalía probó que “la finalidad de este grupo, además de amedrentar, perseguir, hacer inteligencia, también era asesinar personas. En varios de los casos, al menos en tres de los operativos, pudimos acreditar la participación de algunos de los miembros de la asociación”.

“Se constituyó con un fin concreto en el marco de un programa que tenía alcance nacional y se estaba instrumentando a través del Batallón de Inteligencia 601 y las distintas unidades de inteligencia del país, con grupos operativos de carácter civil en el plano operativo”.

Ante la vacancia del Tribunal Oral bahiense quienes deben realizar el juicio son subrogantes. El presidente Roberto Amábile, integra la Cámara Federal local y Pablo Diaz Lacava y Marcos Aguerrido vienen del TOF de La Pampa. “Aguerrido está pronto a que se le venza la designación”, explicó Fermento, “si arranca el juicio ahora queda conformado el tribunal y si se posterga y arranca luego del vencimiento tienen que designar a un tercer juez. Además está pendiente el nombramiento del cuarto juez”.

El fiscal general Juan Pablo Fernández brindó precisiones acerca de las investigaciones que buscan determinar quién fue el autor del disparo que mató a Emanuel Castillo en el enfrentamiento en las inmediaciones de la sede del Club Villa Mitre.

“Tuvimos 38 aprehendidos, 11 menores de edad. Ayer se les recibió declaración como imputados y se negaron a declarar dos de ellos que llevaban un revólver calibre 38. Se les están recibiendo las declaraciones al resto”, comentó Fernández.

El arma se le secuestró a Gastón García y Germán Vargas, ambos imputados por tenencia de arma de guerra. Fueron indagados ayer y el fiscal Quiróz le pidió la detención al Juzgado de Garantías.

Respecto a si los detenidos pueden ser los culpables de la muerte de Castillo, el fiscal comentó que “es probable, aunque no podemos asegurar que el daño causado en la víctima sea producto de un arma calibre 38. Fueron dos personas que llevaron armas y son sospechosas de esto”.

“Se está trabajando en declaraciones testimoniales para poder determinar quién efectuó el disparo, más allá de que hubo varias personas que llevaron arma de fuego al lugar, tenemos declaraciones que escucharon varias detonaciones, no descartamos que existan otras armas que hayan intervenido en otros sucesos”, concluyó.

Pedido de informes en el Concejo

Desde el bloque del Frente de Todos afirmaron que “entre todos debemos combatir el problema de la violencia del fútbol, alimentado culturalmente tanto por acción como por omisión en las distintas instancias sociales”.

“Es necesario empezar a bosquejar un abordaje integral que analice la evidente relación entre violencia y culturas deportivas para proponer políticas públicas que erradiquen la violencia para siempre de nuestras calles y canchas”, agregaron.

Les concejales reclamaron información a la Subsecretaría de Seguridad municipal sobre los siguientes aspectos:

– Detalle del operativo de seguridad desplegado para el clásico Olimpo – Villa Mitre;

– Conocer si existió una coordinación previa entre la Subsecretaría de Seguridad y los clubes para prevenir incidentes;

-Si la Subsecretaria de Seguridad cuenta con algún programa municipal de prevención de violencia en el fútbol en las diferentes categorías;

-Que acciones y recursos desplegó el Municipio luego de conocidos los incidentes;

-Si el Municipio cuenta con algún centro de atención a la víctima y acompañamiento a familiares y si se puso el mismo a disposición de la familia de la víctima fatal;

-Conocer si el Municipio se contactó con los propietarios damnificados por los desmanes ocurridos y si propuso alguna acción reparativa;

-Detalles de la reunión entre el Sr. Intendente Municipal y el funcionario Juan Manuel Lugones en representación de A.Pre.Vi.De.

(Por Comisión de DD HH – CTA Regional Bahía Blanca)El miércoles 12 debería comenzar el Juicio por Crímenes de Lesa Humanidad conocido como causa Triple A (Alianza Anticomunista Argentina). Pero sufre una nueva postergación por requerimientos de la defensa.

Es el primer caso, en nuestra ciudad, donde las acusaciones no recaen sobre personal militar sino sobre integrantes del grupo paraestatal liderado y armado por Rodolfo Ponce y Remus Tetu. En este caso por el crimen de David “Watu” Cilleruelo, estudiante de la UNS, secretario de la Federación Universitaria del Sur y militante de la Federación Juvenil Comunista.

Los imputados son: Raúl Roberto Aceituno, con prisión preventiva, directamente involucrado en el crimen secundando al ejecutor material “Moncho” Argibay, ya fallecido. Y, como integrantes de la “asociación ilícita”, Héctor Angel Forcelli, Osvaldo Omar Pallero y Juan Carlos Curzio.

Otro imputado, Héctor Oscar Chisu, falleció impune y queda pendiente que el Juez Federal Walter López da Silva resuelva la situación procesal de Néstor Luis Montezanti, también señalado como parte de la patota, habiendo transcurrido dos años desde la indagatoria.

Pesan también, sobre los acusados, otros veintitrés crímenes, entre ellos el de Luis Jesús “Negrito” García, preludio de los que, después del 24 de marzo de 1976, cometería la dictadura cívico-militar-eclesiástica.

El asesinato de Watu tiene una especial connotación ya que, a diferencia de otros crímenes, se cometió a plena luz del día, en presencia de testigos, y los imputados fueron formalmente contratados como “personal de vigilancia y seguridad” por el interventor Remus Tetu en la UNS (Resoluciones132, 159 y 165 de marzo y abril de 1975).

Durante los últimos cuatro años, y por decisión política del gobierno de Cambiemos, los Juicios de Lesa Humanidad sufrieron un freno favoreciendo la impunidad biológica de los represores. El compromiso permanente de los organismos y militantes de DD. HH. junto a los familiares de las víctimas, seguiremos reclamando por las condenas que merecen los responsables.

No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos!!
30.000 compañerxs detenidxs-desaparecidxs, PRESENTES!

Una persona muerta, dos heridos de gravedad y 30 detenidos fue el saldo de los desmanes ocurridos este domingo cerca de la sede del Club Villa Mitre en la previa del clásico con Olimpo.

Sergio Emanuel Castillo, hincha del aurinegro, falleció producto de un disparo de arma de fuego. El comisario Claudio Petrizán afirmó que los agresores fueron dos y están aprehendidos. “Tenemos un revólver calibre 38 secuestrado, el arma tenía 5 proyectiles, estamos aguardando una serie de cotejos para saber si es el arma que le dio la muerte”.

El secretario de Gobierno Adrián Jouglard señaló que “el Municipio no tiene participación en el control de este tipo de espectáculos, es el APREVIDE quien tiene el control”.

“Aproximadamente a las 5 de la tarde el Centro de Monitoreo avisó a la policía que había gente haciendo disturbios cerca del Carminatti. Luego, cerca de las 20, avisamos que había una concentración en Falucho y Parchappe, que estaban yendo. Quince minutos después ocurrió la desgracia. Era importante que la policía hubiera cortado el tránsito de la gente a la altura de Falucho y Parchappe,  se hubiera evitado esto”, comentó.

Por las roturas y saqueos en los negocios de la zona Petrizán comentó que hubo varios detenidos, 11 menores que ya fueron devueltos a sus familias y 25 mayores que continúan en la comisaría a disposición de la Fiscalía Nº 15.

Camila Recalde, periodista que cubrió el campo de juego para la trasmisión de Villa Mitre, señaló que “a las 5 de la tarde hubo un banderazo en la cancha de Olimpo, fue público, hubo cobertura. Los hinchas iban a ir caminando hasta Villa Mitre, todos sabíamos inclusive la policía, tengo la información de que no hubo un solo patrullero acompañando. Ahí esta el primer error, porque sabemos que si había esta cantidad de personas con camiseta de Olimpo cruzando las vías algo iba a pasar”.

“Me llama la atención de que nadie se hubiese avivado días antes porque el operativo alrededor de la cancha estuvo muy bien hecho. Recién cuando llegaron a la estación de servicio donde estuvieron los primeros incidentes, recién ahí, había un patrullero. No acompañaron durante la caravana ni había efectivos suficientes. Ya para todo esto habían roto las pantallas led, rompieron la estación de servicio, destruyeron los comercios de Garibaldi”, finalizó la periodista.

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor y ex concejal, Ricardo Pera, fue denunciado por su ex pareja por lesiones agravadas y amenazas.

Laura Trespando se presentó en Fiscalía el 20 de diciembre junto a su hija de 22 años para dar cuenta de la violencia machista que padecía su familia y solicitar una medida de protección, la cual le fue denegada por el dr. Juan Pablo Schmidt.

“No me hagas enojar negra”, decía el acusado luego de golpearla, maltratarla o insultarla. Los “coscorrones” alcanzaron incluso a uno de los hijos -menor y con trastorno autista- de la mujer. Fue el fin de la relación.

La denunciante y su hija trabajaban en Bahía Transporte Sapem de donde fueron despedidas “sin causa”. El presidente de la empresa, Tomás Marisco, el gerente Federico Harfield y el propio intendente Héctor Gay estaban al tanto de la situación y, sin embargo, acataron las órdenes de Pera.

“Mi despido fue el paso final de todo este manoseo político y gremial, de todos estos meses para que yo no denunciara antes de las elecciones. Esto fue acordado por todas estas personas que yo nombro en esta denuncia”, afirmó Trespando.

La víctima manifestó, además, que fue obligada por directivos de UTA a renunciar al sindicato y a la mutual que cubría costosos tratamientos médicos que necesitan sus hijos.

El ex concejal será juzgado en agosto por las amenazas y golpes denunciados por otros dos ediles tras una sesión para tratar un aumento del boleto de colectivos en 2015.

Laura Trespando brindó su testimonio a FM De la Calle.

“Quiero denunciar lo que estoy viviendo para poder darle también ayuda a las mujeres que vienen atrás mío”, dijo. Su relación con Ricardo Pera comenzó en diciembre de 2012 y duró casi seis años.

Yo venía de una separación, de perder a mi papá, me había mudado a una casa más pequeña que la que estaba. No teníamos muchos recursos, estábamos bastante solas con mis hijas, que son las que siempre me acompañaron en todo. Él salió de la galera y empezó a ayudarnos. Primero aparecía con un telefonito, después empezó a venir a cenar, con sus risas y sus cuentos. La verdad que me inundó de amor y de ilusión. Pensé: al fin, después de tantos años de estar mal, conozco a mi compañero y a la persona que va a caminar conmigo y ya no va a ser tan pesado.

Todo empezó porque por ahí yo tendría alguna reunión familiar con mi mamá o con mi hermana y él ya no quería que fuera. O si iba a algún lado era una discusión o ‘te la pasás en la calle, ¿qué tenés que hacer? ¿qué necesitas? ¿no te alcanza con lo que te doy?. Era imposible tener una reunión de amigas porque para él no era necesario. Si iba a su casa no podía agarrar el teléfono -yo iba fin de semana por medio- y si mis hijas me necesitaban o querían decirme una mínima cosa yo no podía contestarles.

Si necesitaba ir al mercado iba pensando ‘que no me llame, que no me llame’. Y si me llamaba me decía ‘yo siempre te tengo que enganchar en la calle’, me decía ‘por qué no te organizás mejor, salís del trabajo, pasás por la leche y no tenés que andar dando vueltas’. No quería que estuviera en la calle para nada. Mi vida empezó a ser el trabajo, mi casa y la suya. No tenía otra cosa. Ni siquiera cumpleaños de mis hermanos ni de nadie. Todo era una discusión si yo quería hacerlo. Y si iba a algún lugar de esos lo hacía sin que se entere para evitar una pelea, para evitar… cualquier cosa.

¿Eso lo tornaba más violento?

Sí, obvio. Empecé a evitar todas esas situaciones pero cuando por ahí no me daba cuenta o no la podía evitar, venía el “coscorrón” -como él le llamaba- o un castigo laboral o empezaban los gritos y las amenazas constantes.

No recurrí nunca a ningún lado porque si yo hablaba era una desagradecida, una mal parida. Cuando estuvimos bien fuimos construyendo mi casa para ir en algún momento a vivir juntos. Cuando terminé de construirla, él no vino a vivir conmigo. Pero como me ayudó mucho en lo económico -en realidad no me ayudó porque la casa era para los dos- cuando se enojaba me decía ‘bueno, vendé todo, te vas a alquilar’. Y yo pensaba a dónde voy a ir, otra vez pierdo todo. Por ese miedo seguí sosteniendo mi relación. Además, siempre me dijo que me iba a ver de rodillas, que él no iba a parar hasta verme de rodillas.

¿Vos estabas trabajando en Bahía Transporte Sapem y tenías un rol como delegada de UTA?

Sí. Fui durante tres años delegada de UTA, hasta que me hicieron renunciar cuando yo decidí separarme.

¿Estabas rodeada tanto en lo privado como en lo laboral?

Totalmente.

¿Cuándo terminás con esa relación y decidís hacer la denuncia?

Yo rompo con eso porque en una de las últimas peleas él me pegó en casa y estaban los nenes. Estaban en el living y no vieron la situación, pero estaban. Por el miedo, no solo a que ellos vieran sino a que siguiera, presioné la alarma para que sonara, tiene un botón de emergencia. Empezó a sonar, él se asustó y se fue. Pensé para mí: esta es la última vez que tengo que permitir esto en casa.

Uno de mis hijos tiene autismo y él en dos ocasiones lo golpeó. Hasta ahí era. No solamente venía sufriendo en daños o amenazas permanentes o en maltrato, que ya era nuestra forma de relación. No me di cuenta, llegó un punto en que pensé que era así la forma de relacionarse, venía de dos fracasos y empecé a pensar que era yo.

Conversando con amigas, con gente que quiero, o con mi hija que en algún momento se enojó conmigo por las cosas que yo permitía, vi que eso no es natural, normal. Pero cuando estaba viviendo eso no… seguí nada más.

¿Cómo es tu situación laboral y económica hoy?

Perdí el trabajo, perdí todo sustento. Además, ella (Ndr: su hija) que también fue despedida comenzó a trabajar en una heladería y Ricardo llamó al dueño para que la despidan. Y así pasó.

Fui a ver al intendente con la denuncia en la mano para que me reciba. Está al tanto de toda esta situación porque Sapem es en su mayoría municipal. No me recibió porque supuestamente para él esto es una cuestión personal. Yo creo que excedió lo personal, todas las personas de mi empresa sabían lo que estaba pasando y vieron las veces que iban y me retiraban de mi oficina y me obligaban a renunciar a mi cargo o a la mutual o a la afiliación.

¿Eso cuándo ocurrió?

Yo decido separarme de él y lo primero que hace es hacerme renunciar a mi cargo de delegada del gremio. Un par de meses después despide a Maite. Como yo sigo sin querer volver con él, me hace renunciar a la mutual. Yo dependía de eso para los costos de mi hijo. Después me hace renunciar a la afiliación. Quedo totalmente desprotegida en mi lugar de trabajo. En Sapem si no sos afiliado al gremio quedás afuera casi inmediatamente, así funciona. Yo coordinaba el sector de monitoreo.

¿Cómo te hacen renunciar?

Estaba sentada en mi oficina y aparecen dos compañeros suyos, el secretario adjunto y el secretario gremial. Me piden que renuncie con una hojita y yo les dije que no quería renunciar, que me quedaba sin cobertura para F.. Ellos lo conocen, hacemos un tratamiento en Buenos Aires de estimulación magnética transcraneal en INAC. Me dijeron que no, que ellos tenían que llevar esa hoja firmada y que no había opción, que no tenían explicación que darme y que hasta ahí había llegado mi momento. El secretario adjunto me dijo: ‘firma calladita así no te pasa nada’. Firmé y se fueron.

Yo siempre trabajé del lado del gremio, representando a mis compañeros, no les había faltado nunca. Siempre trabajé a la par de ellos, a pesar de que no me permitían estar en asambleas o convocatorias por mi condición de mujer.

Y así fue…

¿Y de Sapem te echaron?

Me quisieron hacer renunciar. Ricardo me obligaba a renunciar pero no quise. Me empecé a asesorar, el gerente y el presidente me decían que no renuncie. Me derivaron a distintos sectores, a Tránsito y Transporte…

¿Federico Harfield y Tomás Marisco estaban al tanto de toda la situación?

Claro, obvio, ellos estaban al tanto de todo. De hecho, Marisco en una de las venidas del gremio a la Sapem me vio demasiado sensible y me derivó al Departamento de Género. Me recibieron tres veces y también estaban al tanto de todo. Creo que no pudieron cuidarme. Tomás en cierta forma hizo lo posible para derivarme y no dejarme sin empleo pero finalmente no quedó otra, todos acataron su orden.

¿Renunciaste?

No, me despidieron sin causa.

¿Cómo te sentís hoy?

¿Cómo me siento hoy? Totalmente sola. Cuando cuento que se trata de Ricardo Pera todas las personas que podrían ayudarme no pueden. Porque tienen miedo o por intereses creados no me pueden ayudar. Fui a hablar con mi abogada y me dijo que si estaba fuerte me acompañaba.

¿Tuviste algún tipo de consecuencia?

Sí, él me mandó a decir por terceros que desestime la denuncia, que los muchachos me van a hacer mierda. Esas fueron las palabras que me llegaron. En esta denuncia presenté audios, fotos, pero bueno, no me dieron la perimetral.

¿Con qué argumento?

Que los golpes eran viejos.


Si vos o alguien que conocés vive alguna situación de violencia, llamá gratis al 144 o contactate con la Red Local de Violencia de Género [email protected]

(Por Giuliana Crucianelli) Durante la segunda jornada del juicio por el femicidio de Aída Rosa Caballín las partes presentaron los alegatos. Hernán Rogero se negó a declarar.

El acusado estuvo presente durante la audiencia aunque no acudirá el jueves próximo a la lectura de la sentencia. La Fiscalía solicitó la prisión perpetua y la defensa pidió ocho años, la pena mínima por homicidio simple.

En su alegato, el fiscal Jorge Viego argumentó que hay elementos probatorios suficientes para demostrar la figura de homicidio perpetrado de un hombre hacia una mujer mediando violencia de género.

Destacó que, por la forma que se encontraba el cuerpo de la víctima, el asesinato pudo haberlo realizado una sola persona. Señaló que cuando Rogero huyó de Blandengues al 800 “el hecho ya estaba cometido y procedió a descartar el cuerpo”.

En la Sprinter se encontraron cabellos que “coinciden morfológicamente con los de Caballín y eso habla de una mecánica de violencia dentro del vehículo”. Sin embargo, no se realizaron las pruebas de ADN necesarias para acreditar que esos cabellos pertenecieran a la víctima.

La Fiscalía afirmó que se “cosificó a la mujer en función de la actividad que realizaba”. Viego señaló que durante el allanamiento Rogero se desmayó cuando oficiales encontraron las sogas similares a las halladas en la víctima, lo cual acreditaría su culpabilidad. Asimismo, se contempló como antecedente el testimonio de la ex pareja quien aseguró que existió violencia durante la relación.

La defensa, a cargo de German Kiefel, solicitó el homicidio simple y argumentó que no hay motivación para considerar el agravante por femicidio. Señaló que no se acreditó el móvil que indique que es un caso de violencia de género.

Destacó que, en todo caso, la Fiscalía debería haber solicitado la figura del femicidio no íntimo que establece el Código Penal en el artículo 80 inciso 4. El abogado sumó como atenuantes la carencia de antecedentes ante la justicia, el buen concepto que tenía el empleador de Rogero sobre el acusado y la adicción a la cocaína.

El jueves a las 12, el juez Eugenio Casas y las juezas Claudia Fortunati y María Mercedes Rico, a cargo del Tribunal Criminal 2, leerán la sentencia contra Rogero, quien permanece en prisión preventiva.

El bloque del Frente de Todos propuso la creación de una Mesa Multidisciplinaria para la modificación del Código de Edificación.

Participarían empresarios, trabajadores, colegios profesionales, Departamentos de Ingeniería Civil de la UNS y la UTN, Ejecutivo Municipal y Concejo Deliberante.

La presentación fue acompañada de un pedido de informes solicitando precisiones acerca del estado de la obra de Caronti 33, luego del  fallecimiento del obrero Víctor Manuel Plaza, y de la internación de su compañero Kevin Ring Lares, producto de la caída de un montacargas en la edificación.

También  expresaron la preocupación del bloque por la muerte de de Mónica Haring como consecuencia  del impacto de una madera que cayó desde la obra de Gorriti al 100.

Las concejalas y los concejales peronistas instaron a modificar los controles de seguridad en las obras mediante la colaboración de Municipio y Ministerio de Trabajo de la Provincia para garantizar el cumplimiento de las normativas.

“Creemos que una mirada interdisciplinaria y transversal nos posibilitará realizar la respectiva actualización normativa y reforzar los controles de seguridad en obras”, señalan en la resolución.

Concejales y concejalas del Frente de Todos anunciaron la presentación de dos denuncias penales  en relación a la sesión en la  cual se aprobó el aumento del boleto de transporte público y el Presupuesto 2020.

“En el primer día después de la feria judicial se han realizado dos denuncias penales, una por abuso de autoridad en la figura del presidente del cuerpo, Fernando Compagnoni y la segunda por usurpación de cargo contra la señora Anabella Castillo que fue quien ocupó la banca en esta sesión”, comentó la presidenta del bloque Gisela Ghigliani.

Por otro lado, comentaron que se va a “realizar una presentación en Suprema Corte de Justicia pidiendo la nulidad de la sesión y, en consecuencia, de todos los actos que surgieron de ella”.

Luis Calderaro señaló que “las conductas que se sucedieron el 17 de enero en la sesión extraordinaria revisten configuraciones que tienen que ver con delitos penales. La sesión es de nulidad absoluta y genera actos nulos e inexistentes, con la gravedad de que se votó el Presupuesto de Gastos y Recursos que es la madre de las ordenanzas”.

“Este bloque siempre trató de ser edificante y estuvo dispuesto a votar, pese a adelantar nuestra opinión negativa.  Sí estábamos dispuestos a dar quórum para que tengan la garantías de poder gestionar conforme a derecho como lo hicimos con la Fiscal e Impositiva”.

Ghigliani dijo que “vamos a presentar en el Tribunal de Cuentas que en esa sesión que consideramos irregular e ilegal se aprobó el Presupuesto y la venta del tomógrafo del Hospital Municipal”.

El aumento del boleto está vigente desde el jueves pasado y solo quedaría sin efecto en caso de que la justicia lo disponga.

Trabajadores/as de la Cooperativa EcoPlanta recibieron una carta documento mediante la cual el secretario de Gobierno, Adrián Jouglard,  les comunicó que a partir de 1 de marzo “rescinde el Convenio de Colaboración relativo a la ‘Ecoplanta’”.

El conflicto se originó en diciembre cuando la Subsecretaría de Gestión Ambiental informó que iban a sumar a la cooperativa Manos Argentinas. El delegado de Cerri, Raúl Martín, señaló en aquel entonces que “la intención es que convivan las dos cooperativas”.

“Nosotros estábamos esperanzados de que iban a estar las dos cooperativas. El viernes nos retiramos y nos vinimos cada uno a su casa, no pudimos conversar. Ellos saben y juegan con las necesidades que tiene la cooperativa. No nos va a quedar otra que pasar a ser de Manos Argentinas”, comentó a Radio Altos Silvana Viana, presidenta de la Cooperativa EcoPlanta.

Agregó que “no queríamos perder la identidad pero ante la necesidades, vuelven a jugar con nuestro trabajo. Lo que más nos duele es que nos trataron como tontos, nos pasaron por arriba. Como principal responsable lo pongo al delegado Raúl Martín, nos dijo que se está tratando desde agosto”.

“No estamos de acuerdo con esta decisión”, dijo a FM De la Calle la concejala Lucía Martínez Zara. Comentó que convocaron a una Mesa de Consenso y Trabajo de la cual participaron trabajadores/as, concejales/as y miembros del Ejecutivo.

“Lo que advertimos es que mucho de los problemas no tenían que ver con el trabajo del personal sino que había cuestiones de logística que el Municipio no estaba cumpliendo. No le llegaba la basura en tiempo, por lo tanto no tenían el material para trabajar. Tuvimos varias reuniones, hemos asistido cada vez que nos convocaron. Siempre pensamos en resolver el conflicto a través de propuestas concretas, alternativas jurídicas para que las dos cooperativas pueda convivir”, destacó.

Desde el bloque presentaron dos propuestas: “El municipio puede contratar a estas dos cooperativas, si fuera mayor la producción se podría contratar otra cooperativa más. Por otro lado, podría crearse un Consorcio de Colaboración donde las cooperativas se unen con un fin en común y ambas mantienen su identidad”.

IPC Online informó un 2,93% de incremento en los precios durante enero. La inflación acumulada durante los últimos 12 meses llega a 55,57%, la más alta registrada por el relevamiento virtual desde 2014.

El capítulo Esparcimiento se mantuvo estacionalmente activo todas las semanas totalizando un aumento del 8,10%. Hubo “una baja significativa del -3,16%” en Atención médica y gastos para la salud debido a la baja de la cuota de algunos sistemas de salud prepago coincidente con la baja en diversos medicamentos.

Los capítulos que registraron alzas lo hicieron en el siguiente orden: Esparcimiento (8,10%), Otros bienes y servicios (3,84%), Alimentos y bebidas (3,24%), Transporte y comunicaciones (2,63%), Indumentaria (2,56%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (2,38%), Vivienda y servicios básicos (1,93%) y Educación (0,39%).

Desde este jueves rigen las nuevas tarifas del transporte público. Mañana a las 20:30 se realizará una protesta frente al Palacio Comunal de Alsina 65.

La tarifa plana para la 1° sección será de $38,45; la 2° $43,22, la 3° 45,45 y la 4° $73,40. Para la categoría A de pasajeros frecuentes (80 pasajes), el boleto costará $21,15, para la categoría B (60 pasajes) $28,84 y para la categoría C (40 pasajes) $32,68.

Juntos por el Cambio logró la aprobación de la ordenanza el 17 de enero pasado en una escandalosa sesión del Concejo Deliberante. Ante la falta de quórum por parte del Frente de Todos y del bloque Arturo Illia, el oficialismo convocó a la edila suplente Anabella Castillo para reemplazar a Gabriela Schieda.

“El intendente Héctor Gay cometió un atropello sin antecedentes en la historia democrática de la ciudad. Hizo una TRAMPA berreta y artera: reemplazar a una concejala opositora con una oficialista no resiste el menor análisis. Lo que vivimos es de una gravedad inusitada y se resolverá por las vías que corresponda, pero no puede perderse de vista que esta BARBARIDAD tiene como única finalidad desviar la atención sobre los temas centrales”, dijeron entonces desde la oposición.

En un comunicado agregaron que “Gay no vaciló en hacer cualquier cosa para aumentar el boleto de colectivo, perdonándole al mismo tiempo una deuda multimillonaria a grandes compañías telefónicas y bajándoles las tasas”.

En la misma sesión, Juntos por el Cambio aprobó sin discusión el Presupuesto 2020.

Un obrero de 57 años murió y otro de 20 sufrió graves heridas al caer un montacargas desde el piso 12 de un edificio en construcción en Caronti 34. Se trata de Víctor Manuel Plaza y Kevin Ariel Ring Lares, quien es atendido en la terapia intensiva del Hospital Municipal.

En el caso interviene la Fiscalía a cargo de Cristian Aguilar, quien esta mañana apuntó a la responsabilidad de la empresa como principal garante de las medidas de seguridad. “Estas cosas suceden por falta de cumplimiento”, afirmó.

Aguilar dijo que “lo importante es analizar, a través de los peritos, cómo funciona ese montacargas y cuáles son las medidas de seguridad que hay que tener para evitar que estas cosas sucedan”.

“Se cortó la linga y se precipita a planta baja el montacargas aparentemente”, agregaron esta tarde fuentes policiales.

El concejal Carlos Quiroga (FdT) afirmó que “con esta tragedia suman diez los ‘accidentes’ en obras de construcción desde 2016. El saldo trágico es de tres personas muertas y diez heridas, la mayoría de gravedad”.

“Es hora de que el gobierno del intendente Gay asuma su responsabilidad y refuerce los controles. No se trata de reclamar nuevas ordenanzas sino de la decisión política de aplicar las existentes.
Tres muertos y diez heridos en lo que va de la gestión Gay, es demasiado”, agregó.

“El oficialismo se compromete a no continuar con el proyecto de derogación de ordenanzas y a trabajar en una propuesta cultural superadora que, en un tiempo estipulado, sera analizada y discutida con las partes que venimos llevando adelante esta mesa de diálogo”, señalaron desde la UMSur, la Asociación Argentina de Actores y la Red de Espacios Culturales Independientes.

Durante la mañana de ayer, fueron recibidos por el secretario de Gobierno César Tomassi, el presidente del Concejo Deliberante Fernándo Compagnoni, el jefe del bloque oficialista Nicolás Vitalini, la directora del Instituto Cultural Morena Llanca Rosselló, el presidente de la comisión pertinente del cuerpo deliberativo Carlos Quiroga (FdT) y quienes integran dicha comisión, Analía López (FdT), Lucía Pendino (JpC), Silvina Cabirón (JpC) y Soledad Martínez (JpC). Participó también la edil Gabriela Schieda del bloque unipersonal Arturo Illia. También asistieron integrantes del nuevo organigrama del Instituto Cultural.

La intención era derogar cuatro ordenanzas claves para el sostenimiento democrático cultural: la reglamentación que crea el Instituto Cultural, la ordenanza del Fondo Municipal de las Artes, la que regula el funcionamiento de los Espacios Culturales Independientes y la del Fondo de Eventos Permanentes.

“Acordamos  que no se derogue hasta tanto no siga habiendo otra mesa de diálogo, donde presenten el proyecto en forma concreta y donde nosotros podamos aportar y contemplar lo que consideramos con los acuerdos e incluso discutir la forma en la cual se va a presentar el proyecto”, señaló Belen, Lopez, delegada de la Asociación Argentina de Actores.

Agregó que “hay un proyecto abierto, una intención de trabajo, pedimos que antes de derogar cualquier tipo de ordenanza exista una ordenanza no solo superadora sino concreta, que no la hay. Lo presentado hasta el momento es solo una derogación”.

Por su parte, Astor Vitali, secretario general de la Unión de Músicxs del Sur manifestó que “en principio si no hubiéramos movilizado esto lo hubieran impuesto de una manera autoritaria, ese proyecto no esta escrito, hay que señalar la honestidad de(l secretario de Gobierno, Cesar) Tomassi que dijo que el objetivo era quitar el carácter de recurso afectado de los fondos, es decir poder utilizar recursos que estaban destinados a cuestiones consensuadas por la comunidad a través de estas ordenanzas”.

“Ellos hablan de ampliar la participación de la comunidad que ya estaba contemplado en esta ordenanzas, con lo cual los argumentos no justifican la derogación de ninguna de las ordenanzas vigentes que son el cuerpo legal construido desde la democracia hasta hoy. Si nos sorprendió lo de los recursos afectados. Este acuerdo que implica que no se trate en la próxima sesión, aunque esto no puede levantar el estado de alerta de la comunidad porque nos va a tener que tener en una posición muy critica respecto de qué tipo de proyecto vamos a discutir en esta mesa de negociación”, argumentó Vitali.

Finalmente, el músico destacó que “quedamos en un próximo encuentro donde se van a establecer los posibles acuerdos, pedimos que se supedite no presentar el proyecto de derogación hasta que no haya un acuerdo con la comunidad. Así se construyen los acuerdos democráticos no al revés”.

Este viernes a las 18:30 se llevará a cabo una asamblea en El Tablado, Chiclana 453, con el objetivo de definir los pasos a seguir.

 

Foto: Juan Caputo