El Concejo Deliberante analiza el estudio de costos del boleto de transporte público que, de aprobarse, llevaría a $38.45 el valor de la tarifa plana.

Pablo Rosenfelt, concejal del Frente de Todos, señaló a FM De la Calle que “hay un aumento del orden del 28,67%, con lo cual la tarifa plana se iría a $38,45. Si se toma el incremento más la cláusula de actualización en julio, tenemos que hablar de un aumento de 55%, si uno lo compara con la paritaria de trabajadores que usan el transporte no ha sido tal”.

Respecto de la actualización automática, el concejal dijo que “discutimos un aumento pero hay dos, de uno sabemos el porcentaje del otro no”.

El municipio estimó el monto de subsidios provinciales mediante una proyección de lo que recibió en 2019. “Calculan en un 30%, ¿qué pasaría si la provincia decide subsidiar un porcentaje más alto? Lo que planteamos es tratar de tocar este tema en las sesiones cuando ya haya una definición del Ejecutivo provincial”.

En relación al boleto estudiantil, afirmó que “la responsabilidad es del intendente, tiene que acordar lo que prometió en campaña. Me pareció de mal gusto lo que hizo la ex gobernadora que durante cuatro años no lo tuvo en agenda y cuando pierde las PASO lo promete como si no hubiera sido electa”.

Rosenfelt mencionó que en el estudio de costos se presenta una baja de pasajeros del  3% durante este año. “Vemos que la tendencia sigue siendo a la baja, hay que prestarle atención porque ante el aumento del boleto la gente busca otra alternativa. Si no buscamos otra manera de subsidios lo que estamos haciendo es desfinanciar el sistema. La discusión es quién se hace cargo del subsidio para que no todo llegue al precio final del boleto”.

A un año de la primera manifestación de los chalecos amarillos en Francia, continúan las movilizaciones contra la reforma previsional que pretende aprobar el presidente Emmanuel Macron.

Julia Giménez, licenciada en Historia y doctoranda en la Universidad Estadual de Campinas, dijo a FM De la Calle desde Toulouse, que “lo que está viviendo Francia dialoga con lo que está pasando en Chile, con un sistema que aprieta el cuello a trabajadores, lo mismo que se está dando en Brasil, cada uno con sus particularidades”.

“Francia está en un momento intenso. Lo que tenemos más en vista son las manifestaciones y huelgas, sumado a la grave crisis humanitaria con las migraciones y la situación en la que están miles de personas que llegaron a Francia. Es un gobierno que aprieta a los franceses y a quienes llegan”.

La reforma jubilatoria apunta a “universalizar la cantidad de planes y convenios por categorías que existen por jubilaciones y pensiones, tienden a deprimir la capacidad de los trabajadores al momento de iniciar su etapa de jubilación y, en algún punto, a generar y favorecer los sistemas de pensiones privados porque va a ser tan bajo lo que va a recibir cada jubilado que va a crear un sistema privado paralelo”.

“Sube la edad jubilatoria, tiende a anular todas las formas paritarias, implícitamente va a garantizar un terreno de acción para el capital financiero y privado”.

Giménez comentó que “por parte de la juventud se siente el constante cambio y falta de seguridad en sus puestos de trabajo, como está flexibilizado el sistema de pruebas cada 3 meses están cambiando el laburo”.

“Existe un nivel de contención, que le asegura condiciones de vida muy diferentes a las que estamos viendo crecer en América Latina, los barrios periféricos son cada vez más grandes, se junta la población francesa con una situación de ingreso deteriorada, con las poblaciones migrantes que ingresan que son quienes pegan los trabajos mas forzados, quienes  trabajan en construcción y limpieza”, afirmó.

Comenzaron las exposiciones de funcionarios en el Concejo Deliberante para brindar detalles del Presupuesto 2020. El primer turno fue para el secretario de Hacienda, Juan Ignacio Esandi.

“Está hecho el presupuesto y no se sabe qué va a pasar con la provincia. No sabemos cuánto va a venir de transporte, de obras públicas. El secretario de Economía dijo que para dar una mano al pasajero frecuente, no hay un peso. No hay tanta voluntad de tratar de reducir al mínimo algo tan importante como el boleto”, dijo el concejal Gustavo Mandará a FM De la Calle.


El edil del Frente de Todos comentó que “aumentan (el impuesto municipal) a todos los bahienses menos a un universo muy chiquito. ¿Cuál? El que vive en barrios privados”.

“Nos dicen 39,5% de aumento general, que es más porque también se aumenta la Tasa de Salud por otro lado. Se declama la voluntad de incentivar el empleo pero se siguen haciendo de aumentos encubiertos a la Tasa de Seguridad e Higiene. Se habló de reducirla hasta un 50% para algunas PyMEs pero cuando se hila fino de quiénes son esas PyMEs las vamos a contar con dedos de una mano. Hoy por hoy un kiosco del centro, con la facturación anual, queda afuera de cualquier beneficio de este tipo”, explicó.

Mandará señaló que el presupuesto “presupone demasiadas cosas porque esas cosas están metidas en partidas. Uno descree de un presupuesto cuando ya desde el vamos discrepa con la realidad. El presupuesto no incluye pauta salarial, no está contemplada la principal variable que es el aumento de los salarios de empleados municipales”.

Este mediodía se realizaba la presentación de los números del Instituto Cultural a cargo de Morena Roselló.

El lunes concurrirían la Secretaría de Salud y la de Movilidad Urbana y Espacios Públicos. A principios de 2020, se reanudarían las visitas con Infraestructura y Políticas Sociales.

La CTA Bahía Blanca rechazó el artículo 51 del proyecto de ley de Solidaridad Social que obtuvo este viernes media sanción en Diputados. La norma, suspende por 180 días las subas previstas por la ley de movilidad previsional.

El 49% de les jubilados/as de ANSES cobran la mínima de 14 mil pesos sin cubrir el costo de la canasta básica. Otro 16% perciben entre uno y dos haberes mínimos.

El secretario general, Enrique Gandolfo, dijo a FM De la Calle que “sin dudas la gestión macrista agravó la situación de los jubilados. Ponemos en cuestión la lógica de por qué se llama solidaridad social a impedir que aumente la jubilación de quienes ganan más de 19 mil pesos, como si quienes estén entre 19 y 30 mil pudiesen ser considerados ricos, para ser solidarios con quienes cobran la mínima”.

“Esto merece una consideración integral. Si el sistema previsional está desfinanciado hay que restituir los aportes patronales que fueron reducidos durante la gestión de Menem y Cavallo y que nunca más fueron subidas. Y también que haya una campaña por la registración del trabajo precarizado que no aporta y que conforma el 35% de trabajadores de la Argentina”, aseguró.

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El dirigente se preguntó “cuándo les va a tocar a los grandes grupos económicos, a los grandes bancos, empresas de energía eléctrica, de gas y petróleo, que han ganado millonadas. Además, la decisión presidencial de bajar las retenciones a las mineras y al petróleo, no solamente no castigarlos sino bajarles las retenciones”.

Integrantes del programa Envión retomaron las actividades en sus sedes luego que funcionarios municipales les “apretaran” con descontarles los días de retención de tareas y protesta en Alsina 65 por sus malas condiciones laborales.

Natalia Lunazzi, tallerista del  Envión Villa Harding Green, señaló en FM De la Calle que “sentimos que es un apriete, que si nos tocan en el bolsillo es presionarnos más en esta situación de precarización en la que estamos”.

“El viernes nuestro coordinador nos comunicó que se nos iban a descontar los días que habíamos hecho al retención de tareas, y nos pedían la buena voluntad de volver a trabajar”.

“El lunes y martes estuvimos reunidos en asamblea y allí fue que la mayoría concordamos que habían muchos compañeros que no podían cobrar menos de los 14 mil pesos que cobramos, que apenas nos alcanza para vivir. Volvimos a nuestros lugares de trabajo, pero queremos que se sepa que es por esta situación”, comentó.

Lunazzi agregó:  “Así como se nos pidió la buena voluntad de volver al lugar de trabajo, aunque siempre seguimos cumpliendo nuestros horarios laborales, esperemos que ellos tengan la buena voluntad de tomar la decisión política de volver atrás con el recorte de los días que consideran que no fuimos a trabajar”.

“Ayer nos recibió la subsecretaria de Niñez (Juliana Cerritelli). Hasta ayer era una decisión tomada el descuento. Ahora estamos a espera de que esto se revierta, seguimos organizados como para seguir llevando adelante este reclamo, veremos de qué manera. Por lo pronto volvimos a sede, dándole las pocas actividades que podemos a los chicos. Los jóvenes y familias de los barrios siempre supieron que era justo el reclamo que llevamos adelante”.

Un nuevo lote de la yerba cooperativa Titrayju recibió este lunes el local de comercio justo Reloj de Arena en Rodríguez 78.

El producto llega a Bahía Blanca por gestión de Cáritas, institución que solo recarga el costo de envío. Sin embargo, el valor de la yerba aumentó alrededor de un 65% y el gerente comercial de la cooperativa misionera explicó porqué a FM De la Calle.

Juan Carlos Domínguez dijo que “la causas son varias: el aumento de los salarios de quienes trabajan en la cooperativa, en el molino, aumento de tarifas -de luz sobretodo-, después los insumos que aumentan día a día. La yerba se exporta muchísimo al exterior y eso hace que la demanda aumente, cuando hay mucha demanda y poca oferta aumenta el precio. Es un combo”.

“Yo no quiero vender yerba mate a granel sino productos que tengan trabajo y producción y la yerba mate lo está demostrando. Hay un montón de otros productos de la agricultura familiar que se pueden hacer y se están intentando hacer. Eso hace al desarrollo de un pueblo y de una región”.

“A los productores que son de la cooperativa se les paga el precio justo, también la gente que trabaja en el molino y en las oficinas se le paga lo que corresponde. Es la manera de trabajar en armonía y que se pueda hacer las cosas bien”, comentó.

Domínguez afirmó que “ha aumentado el consumo interno de la yerba. Pensamos que se debe también a la gran crisis económica que estamos pasando, sobretodo quienes tienen menores recursos que por ahí toman más mates para engañar el estómago. El mate es una infusión rica en minerales pero que no da saciedad”.

La Cooperativa Río Paraná hace más de 30 años que está radicada en Misiones integrada por pequeños productores. Producen otros alimentos que comercializan en la Feria Franca de la provincia, pero la yerba es lo que se hace visible en Buenos Aires y los grandes centros urbanos.

“Lo nuestro es muy artesanal, eso hace a la calidad. Nuestras máquinas son lentas porque no llegamos económicamente a cambiarlas, tardamos más tiempo, tenés más mano de obra, cuando todo esto se balancea y se saca el precio juega un poco en contra”.

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional publicó su informe anual en el cual destaca las victimas fatales del último año del gobierno de Cambiemos.

María del Carmen Verdú dijo a FM De la Calle que “indudablemente estamos hablando de la gestión más represora de la Argentina desde la dictadura cívico militar eclesiástica”.

“Se mantiene -como ha ocurrido siempre- que las dos modalidades más importantes, que abarcan el 90% del total, son en lugares de detención y la vía pública por gatillo fácil. Estar detenido o caminar con pinta de joven pobre. Una particularidad en este momento que estamos enfrentando es la crisis carcelaria más grande los últimos años”.
Verdú comentó que “es una situación explosiva, en los últimos cuatro años se duplicó la población carcelaria en la provincia de Buenos Aires. Esto también ha sido reconocido a nivel nacional y es igual en el resto de las provincias del país”. Una de las categorías es “femicidios de uniforme”, casos de víctimas mujeres relacionadas con situaciones de violencia machista y patriarcal. “Ese es un dato muy interesante que se mantiene estable y en alza en los últimos años. En los últimos diez días hubo tres femicidios en los que el femicida, además de un macho violento, es un uniformado. Una de cada cinco mujeres víctima de femicidio es también víctima del aparato represivo estatal porque el femicida es un integrante de las fuerzas de seguridad”. Señaló que “es llamativo porque no hay otra ocupación u oficio que tenga tal incidencia en materia de femicidios. Esto demuestra que la violencia machista patriarcal y la estatal se potencian”.
Respecto al nuevo gobierno nacional, Verdú opinó que “estamos difundiendo una lista de medidas que, no solamente son muchas, sino que hay que tomarlas todas. Porque estaría muy bien, como anunció la ministra Frederic que está analizando derogar la resolución que habilita a la policía a disparar por la espalda o la de los ofensores de trenes que permite detenciones arbitrarias”.
“Estaría fenómeno que lo deroguen, pero si a la vez no retira del Congreso el proyecto de Código Penal, que establece las mismas normas en el art. 34 o se mantiene el conjunto de facultades para detener personas arbitrariamente que tienen todas las policías del país, es muy difícil lograrlo”.

En el marco de la Emergencia Social, el gobierno suspendió la ley de Movilidad Jubilatoria por 180 días y anunció el pago de dos bonos de 5 mil pesos para jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo. Serán dos desembolsos: uno en diciembre y otro en enero.

Para liquidar el adicional se estableció una curva con escalas intermedias entre la jubilación mínima (de 14.068 pesos) y el tope de 19.068 pesos, por la cual los jubilados y pensionados cobrarán la diferencia hasta llegar a ese máximo.

Marcos Wolman, secretario de Previsión Social de la CTA, dijo a FM De la Calle que “en el mes de marzo estaba establecido que el incremento que se tenía que aplicar es del 11,56% y en el mes de junio se calcula al 15%”.

“Si se mantiene en suspenso la aplicación de la ley de actualizaciones trimestrales, esto significa que en el lugar de la aplicación de los porcentajes correspondientes de aumento que tiene que ver con el semestre anterior, va a estar determinado por decretos de aumentos trimestrales a criterio del Poder Ejecutivo a través de una comisión de distintos sectores”.


El dirigente destacó que “esto genera que nuevamente entremos en el achatamiento del sistema previsional. Van a recibir los 10 mil pesos entre diciembre y enero. Las jubilaciones no son subsidios, son sustitutos del salario y del ingreso. Cuando en el salario se retiene el 11% para contribución patronal ese fondo va a contribuir un salario diferido durante la vida activa para recibir la jubilación”.

Wolman señaló que “la canasta básica de un adulto mayor es de 40 mil pesos, la establece la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. Una demanda que se hace permanentemente es que no puede haber un haber mínimo jubilatorio que no cubra la canasta básica. Hoy queda delimitado a un sector de jubilados, cuando se habla de cifras que no tiene que ver con la cifras de un adulto mayor”.

“Hace que la mayoría de adultos mayores, que son los que cubren el 40% de consumo de medicamentos del país, ya no estén en condiciones de poder comprarlo, esto requiere muchas medias de fondo como tener laboratorios propios, producir genéricos nacionales. Todo aumento es bienvenido, pero que no se puede seguir con el criterio de diferenciaciones internas”.

El ex concejal y dirigente de Nuevos Vientos, Raúl Ayude, analizó en FM De la Calle el proyecto de Presupuesto 2020 que ingresó la semana pasada al Concejo Deliberante.

Un 75 por ciento de los fondos son destinados a las secretarías de Gobierno, Salud e Infraestructura. En una ciudad con un tercio de su población en la pobreza, las Políticas Sociales apenas superan el 8%.

Ayude mencionó que este presupuesto crece un 50%, “un 92% de los recursos son de origen municipal, un 26% son de origen provincial y lo que venía de origen nacional baja a un 29%. De dónde salen estos números de provincia y Nación no se sabe.

“Intendencia crece, duplica su presupuesto, se incorpora lo que antes era Modernización y Gobierno Abierto y un Instituto de Innovación que estaría dirigido por Leonardo Valente, que articularía con universidades y CONICET”.

“Los niveles de incidencia son los mismos. Hacienda crece por debajo, tiene un 8% de diferencia, tiene que ver con que cosas que había bajo su órbita están en otras secretarías. Gobierno crece porque se incorpora la OMIC y Seguridad y Protección Ciudadana. Infraestructura y Políticas Sociales siguen igual. Vos podrías volcar todos los recursos al área más sensible pero esta gestión no se caracterizó por eso”, destacó.

Envión

“En Envión había 5 millones pesos en 2019. En 2020 hay 3 millones. Son recursos provinciales, entonces no solo que no se actualizan por inflación sino que bajan un 30%. Ahí hay un ruido, está por debajo, ¿cómo lo va a compensar?”.

Cultura

“Otra de las áreas que llama la atención es la del Instituto Cultural que figura como Instituto, no como Secretaría de Educación. Dentro de ese presupuesto, el Fondo de las Artes se actualiza, pasa de 2 millones a 2 millones y medio, no acompaña la inflación.

A diferencia del monto destinado a los Espacios Culturales Independientes, el Fondo Municipal de las Artes y los Museos pierden con la inflación.

Planta municipal

“Hay menos personal en planta permanente. Hay tres formas de contrato: planta, temporarios y contrataciones de servicios. El año pasado se incorporaron casi 100 temporarios. Bajaron la cantidad de personas en planta permanente. Hay cargos sin cubrir o hay cargos que eliminaron”.

Fondo Educativo

“El Fondo crece, es más o menos lo esperable, lo que no queda muy en claro es cuáles son los destinos. Aparece en distintas secretarías. Tampoco queda claro dentro del Instituto Cultual, aparece un dinero del Fondo Educativo que está destinado a la administración. El municipio debería administrarlo con su propia estructura sin generar un gasto del Fondo. Hay parte que va a comedores, a San Roque, al Hospital Municipal. El municipio siempre tuvo la tentación de usar eso para pagar cosas que ya estaban pagas con fondos municipales”.

Publicidad

“Hay dos ítems: uno es publicidad y otro publicidad  vial de Bahía Conduce. Entre las dos suman 32 millones para 2019 pero se gastaron 70 millones, más del doble. Para el 2020 hay 38 millones entre los dos. Resta ver cuál es el criterio”.

Secretaría de Movilidad Urbana y Espacios Públicos

“Tiene que ver con parques y con la administración de transporte. El subsidio para el transporte aparece en ese área. Hay programas de seguridad vial, el fondo de recuperación y mantenimiento de arbolado, el estacionamiento medido y pago, ordenamiento de transito, paseos públicos. Estos ítems pasaron de Infraestructura a esta Secretaría. Lo que se va a discurrir ahí es la reforma del sistema público de transporte”.

La economista Agostina Costantino explicó de qué se trata el nuevo aumento a las retenciones e impuestos a las compras en el exterior y cómo afecta al sistema recaudatorio.

“Respecto a las retenciones hay un aumento y un cambio en la forma de cálculo. Recordemos que Macri había fijado un monto fijo en pesos, eran 4 pesos por dólar. Eso quería decir que con cada devaluación lo que pagaba el exportador era cada vez menos. Un último anuncio que hace Fernández es que va a pedir, como parte de esta ley de emergencia, que ese tope aumente 3 puntos porcentuales más y que lo recaudado se transfiera al ANSES”, afirmó.

Costantino agregó que “en el caso de exportaciones de bienes primarios se aplica un impuesto que hace que el tipo de cambio efectivo que recibe el exportador es menor al tipo de cambio oficial. El motivo más importante es que, aún si el gobierno prendiera fuego los impuestos recaudados por gasto exterior y retenciones y no los usara para nada, aún así, tiene efectos redistributivos. Porque las retenciones bajan el precio interno de los bienes que exportamos que en este caso son alimentos”.

“Este cálculo de las retenciones lleva al valor del 2016, no es que se llevan a los valores más altos de retenciones durante la crisis del 2008. Si bien es una proporción del 30%, ese porcentaje es fijo. Es distinto a las que se plantearon en otro momento que se ajustaba el porcentaje a la venta de soja”.

¿Podrían segmentarse las retenciones en base a los producido como reclaman los sectores de la agricultura familias y los pequeños productores?

“Cualquier diseño de segmentación del cobro de impuesto, produce instantáneamente incentivos a que los más grandes generen una serie de artimañas para eludir esos pagos. No quiere decir que no se puedan aplicar otro tipo de medidas para lograr la segmentación. No se puede hacer a través de impuesto pero sí de subsidios. Se le cobra por igual pero se le devuelve a través de créditos, insumos, material de trabajo, etcétera”.

Por otro lado, hay un segundo anuncio que “es el mal llamado dólar tarjeta, un impuesto a los consumos y pagos realizados en el exterior. Turistas en el extranjero y pagos que se hacen a consumos en Argentina pero a empresas del exterior”.

“No es un dólar tarjeta porque no es un tipo de cambio distinto. El problema central es la salida de divisas del país y la falta de entrada. Una forma que tiene el gobierno de disminuirlos es encarecer los gastos en el exterior, una manera sería establecer un tipo de cambio. Por ejemplo si para hacer turismo en exterior el tipo de cambio fuera de 80 pesos. Otra forma es establecer un impuesto, el tipo de cambio sigue siendo el oficial y hay un impuesto.  La diferencia de uno con el otro es es que no solo frenas salida de divisas en el exterior sino que además recaudás”.

Trabajadores de la cooperativa de la EcoPlanta de Cerri se reunieron con concejales para expresarles su preocupación ante el vencimiento del contrato a fines de diciembre y la intención del Municipio de convocar a otra cooperativa para que realice el reciclado.

Pablo Rosenfelt (Frente de Todos) comentó a FM De la Calle que “en primera instancia nos manifestaron su honda preocupación porque en unos días expira el contrato de la cooperativa  con la EcoPlanta, nos decían que estaba tratando de contratar a otra cooperativa que no tenia nada que ver con ellos. Nos dicen que el gobierno ha vaciado sistemáticamente de recursos e insumos la EcoPlanta y por eso no pueden trabajar”.

“Pedimos que el oficialismo consiga una reunión con (el subsecretario de  Gestión Ambiental Matías) Insausti y con el delegado de Cerri. El discurso oficial fue cambiando, lo que pedimos es que a la brevedad tengamos certidumbres y que el subsecretario nos diga cuáles son sus planes para la EcoPlanta, no solo por este tema de la cooperativa”.

De la reunión participaron Carlos Quiroga, Carlos Moreno Salas, Pablo Rosenfelt y Lucía Martinez Zara por el Frente de Todos y por el oficialismo las concejalas Soledad Martínez y María Laura Biondini.

“Los trabajadores se muestran predispuestos a aumentar el reciclado y la producción. El municipio no provee insumos, no se hace el separado de residuos como corresponde y nos comentaron que en alguna oportunidad tuvieron que alquilar con su sueldo un camión porque no había. El sueldo es de 15 mil pesos”, finalizó el edil.

(Por Brenda Daney* y Sebastián Janeiro**) Tras cuatro años de la Alianza Cambiemos, el FOMECA sigue vivo. Paralizado primero y subejecutado después, el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual deberá ser una de las políticas públicas que el nuevo gobierno ponga en valor prioritariamente para garantizar la diversidad y el pluralismo en el sistema de medios.

La mutilada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) establece en el artículo 97 que se debe destinar específicamente y de forma concursable el 10% de los fondos recaudados en concepto de gravámenes a “los servicios de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de pueblos originarios”. Con el FOMECA, los medios comunitarios y de pueblos originarios contaron por primera vez en su historia con una política pública de fomento destinada exclusivamente a promover su desarrollo y sostenibilidad. Esta discriminación positiva les permitió acceder a equipamiento técnico; mejorar la infraestructura física de sus emisoras; fortalecer los procesos de gestión organizacional; y realizar producciones audiovisuales de calidad, que aportan a la diversidad, el pluralismo, la construcción de ciudadanía y la inclusión social.

El FOMECA comenzó a implementarse en julio de 2013. Hasta 2019 la recaudación del fondo según la LSCA acumuló más de $1.500 millones. Sin embargo, en seis años solamente se asignó al fondo más de $640 millones de los cuales se pagaron tan solo $340, es decir alrededor de un 23% del fondo previsto por ley. Así, el FOMECA posee un remanente (dinero no ejecutado) que supera los $1000 millones, que debería reasignarse en los futuros concursos, tal como reclaman desde hace años las redes de medios comunitarios, populares y alternativos. https://www.farco.org.ar/trabajadores-y-trabajadoras-de-medios-comunitarios-y-populares-sin-nada-que-festejar/

Cambiemos intervino y disolvió la autoridad federal de aplicación para dar lugar a un ente gubernamentalizado que despidió a más de 400 trabajadorxs y jibarizó al área encargada del FOMECA. En paralelo, se encargó a la SIGEN una auditoría “integral” sobre los fondos otorgados entre 2013 y 2015, que duró siete meses y sirvió para congelar los pagos de años anteriores y frenar nuevos concursos por casi un año. A partir de ahí se demonizó a la comunicación comunitaria e indígena y se cuestionó la pertinencia del Estado para apoyar y promover al sector. Además, se hiper burocratizaron los mecanismos y requisitos para presentarse, se cuestionaron las rendiciones con objeciones arbitrarias e infundadas, y se instauraron procesos administrativos interminables que prolongaron aún más los tiempos del FOMECA. En 2019 aún se pagan concursos de 2017 y todavía no se saldaron deudas de 2014 y 2015, las cuales son afectadas por la espiral inflacionaria.

Resulta vital que el nuevo gobierno comience a revertir la política comunicacional que durante cuatro años buscó asfixiar y vaciar a los más de 330 medios y proyectos comunitarios e indígenas. Para ello, será imprescindible: pagar las deudas del pasado y reasignar el dinero remanente de años anteriores; llamar a concursos con más frecuencia atendiendo a las demandas prioritarias de los medios; simplificar y agilizar los procesos de presentación y análisis; establecer reglamentos estables y acordes a las necesidades y características del sector no lucrativo; capacitar y acompañar presencialmente; nombrar jurados idóneos y vinculados a la temática; y restituir a los medios comunitarios e indígenas su lugar de participación e incidencia en los organismos de promoción y aplicación. Porque #SinMediosComunitariosNoHayDemocracia.

* Profesora de Filosofía (UBA) – @Brendinit1

** Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA) – @sajaneiro

Publicado en La ventana de Página/12

Trabajadoras y trabajadores de la Cooperativa EcoPlanta pidieron la Banca 25 del Concejo Deliberante luego que la Subsecretaría de Gestión Ambiental les comunicara que se sumará otra cooperativa. A fin de año se vence el contrato con el Municipio.

“Quieren traer a la cooperativa Manos Argentinas. Esto se estaba gestando desde agosto y a nosotros nos comunican hace una semana. No queremos perder la identidad, hace 20 años que estamos acá. Si no dejamos que nos absorba Manos Argentinas, dejarían en la calle a 22 personas”, señaló a El Diario de Cerri, Silvana Viana, presidenta de la Coooperativa EcoPlanta.

El delegado de Cerri, Raúl Martín, señaló que “el 31 de diciembre finaliza el contrato que tiene la cooperativa para prestar servicios. La EcoPlanta tiene capacidad para 70 personas, están trabajando aproximadamente 20. La intención es que convivan las dos cooperativas”.

Desde el 2000 el reciclado funciona bajo contratos que se renuevan cada seis meses. Viana comentó que la entidad está conformada por “fomentistas, gremialistas, gente del pueblo, que vieron nacer la EcoPlanta”.

“Queremos defender la EcoPlanta junto con la cooperativa. La cooperativa la ha peleado muchísimo, no fueron años fáciles. La situación es crítica porque más allá de que defendemos lo nuestro, somos 22 familias sin trabajo. La respuesta va a ser se quedan sin trabajo porque quieren, no queremos perder nuestra identidad que es la cooperativa EcoPlanta”.

El Foro Nacional Agrario expresó su apoyo al aumento de las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Manifestó que es necesaria una redistribución “sobre todo en momentos de Emergencia Social y Alimentaria “.

Nahuel Levaggi, integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra, comentó que “quienes ganan más tiene que aportar para que se realicen políticas públicas para redistribuir y más si esos sectores están en favor de la especulación”.

“Entendemos que el monto de las retenciones tiene que ser segmentado, pagar más quienes más tienen y menos quienes menos tienen y, de esta manera, fortalecer las cooperativas agrarias y que esas redistribuciones sirvan para fomentar a estos pequeños sectores, no a los pules de siembra”.

Agregó que “mucho de lo que se está discutiendo no tiene que ver con medidas reales sino un sentido común de combate, agitado por el poder y medios que utilizan esta medida como excusa para fogonear a un determinado sector”.

Levaggi señaló que “el gobierno tiene que entender que no hay un solo campo, que la Mesa de Enlace no es el único interlocutor. Tenemos para aportar alimentos sanos a precio justo, somos los que producimos alimentos y podemos dar de comer, con política pública podemos garantizar mayor acceso de alimentos a las poblaciones urbanas, no podemos seguir gastando dinero del Estado y comprando alimentos en los grandes concentrados”.

“La necesidad de avanzar hacia la promoción de la agroecología, garantizar el acceso a la tierra de los productores, créditos blandos para el acceso a la tierra. En vez de pagar alquiler podrían pagar la cuota de crédito y garantizar que el productor pequeño produzca más y que el consumidor pague menos”.

Noelia es mamá de un niño de tres años con retraso madurativo. Denunció que la obra social Incluir Salud, ex PROFE no cubre el tratamiento que necesita para comprar la medicación que vale 73 mil pesos.

“Lautaro tiene retraso madurativo global, aun no tiene su diagnóstico, piensan que es algo genético, fuimos al Hospital Ramos Mejía, le sacaron una muestra de sangre, la dejaron para analizar porque nosotros no teníamos obra social”.

El niño “tiene movimientos involuntarios, necesita tomar su medicación que es la única que le controla los movimientos, hace poquito me llegó su pensión. Cuando fui con la orden para ver si me la podían cubrir me dicen que no porque sale 73 mil pesos. En el Penna me dijeron que me la compraban por única vez porque no entraba en el vademécum. La caja le dura tres meses”.

La madre señaló que concurrió a la Municipalidad: “No me dieron respuesta, me mandaron a la calle Chiclana, me dicen que tampoco entra porque sale muy caro. Fui a IOMA  para ver si me cubría la medicación, me dijeron que no saben. Fui a todos lados, ya no se qué hacer. Por suerte, una señora de Punta Alta me donó una tableta, si se queda sin pastillas no camina, no habla, no juega, está todo el día con movimientos. En su momento quería empezar a caminar y se quedó sin la medicación y no pudo caminar”.

Esta semana ingresó al Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto 2020. La gestión Gay pretende “profundizar la calidad de servicios y optimizar los costos, especialmente en mantenimiento urbano y gestión de residuos”.

Entre recursos locales, provinciales y nacionales la comuna contará con más de 9 mil millones de pesos. “El escenario económico que atraviesa nuestro país desde hace más de un año, configura un contexto de incertidumbre”, dice el documento.

El Instituto Cultural fue presupuestado a pesar de la intención del jefe comunal de derogar la ordenanza que lo regula y fusionar el área con Educación en una nueva secretaría. Dicho rango tendrá Movilidad Urbana y Espacio Público que estará a cargo de Tomás Marisco. Desaparece Modernización y se degrada Seguridad.

Los fundamentos por área advierten que la Jefatura de Gabinete “profundizará en 2020 su rol de articulador de las secretarías operativas”. El ex gerente de Profertil, César Tomassi, continuará con la “planificación estratégica y control de gestión y mejora continua”.

En materia de recaudación, Juan Ignacio Esandi se propone detectar “bases imponibles no declaradas o subdeclaradas y contribuyentes no inscriptos o inscriptos en forma irregular”. Economía intensificará “controles de propiedades no declaradas”.

Al nuevo secretario de Gobierno, Andrés Jouglar, le tocará “articular las políticas del municipio sobre el territorio”. Buscará llevar servicios a las Delegaciones e intensificar controles de tránsito en zonas prohibidas del microcentro, radares y alcoholemia.

El titular del radicalismo, Emiliano Álvarez Porte, bajó un escalón en un área que el municipio subraya es de “complementación y apoyo al rol provincial”. No habrá novedades en Seguridad, se controlarán espacios públicos, eventos, buscarán “cercanía” y promoverán tecnologías como alarmas vecinales, botón de pánico para comercios y transporte público.

La débil Subsecretaría de Gestión Ambiental, a pocos meses de la conmoción causada por la explosión en Dow, propone “una nueva gestión en Proceso Apell y CTE”. Matías Insausti pondrá su atención en “el Programa Integral de Gestión Ambiental (PIGA) en coordinación con la Secretaría de Educación (sic) y Bahía Ambiental Sapem”. Se eliminarán las campanas de los puntos limpios y se lanzarán Puntos Sustentables.

La Secretaría de Infraestructura intentará “mejorar las condiciones de uso tanto de las calles como de los espacios verdes”. Para realizarlo gestionará consorcios vecinales, fondos municipales o “posible financiamiento provincial y nacional”. La política de Vivienda vuelve a referirse a los complejos de Sutiaga, UOM Y Petroquímicos -falta entregar un 4%- y “se continuará la gestión de nuevos complejos con financiamiento de Provincia y Nación”.

Uno de los puntos del área anuncia la continuidad de tareas de mantenimiento en edificios comunales y “prevé una fuerte inversión en las instalaciones del Teatro Municipal, con el fin de dotarle seguridad y tecnología”.

Políticas Sociales tampoco anuncia novedades. La secretaria Vanina González sostiene que “la comunidad bahiense se encuentra atravesada por el escenario social y económico” y por ello apuntan a fortalecer a “las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social”.

Se mencionan “proyectos que fomentan la inclusión socio-económica y el auto valimiento”, mejoramiento habitacional y un nuevo director para Adultos Mayores. A contrapelo del Consejo Local de Niñez que reclama la emergencia para niñas/os y adolescentes, Políticas Sociales afirma que “se despliegan los recursos en las modalidades requeridas para su atención, acompañamiento y bienestar; focalizándose, de manera diferencial, en la necesidad acuciante e imperiosa de intervención integral sobre abuso sexual”.

Pablo Acrogliano, pone el foco de la Secretaría de Salud en la atención primaria. Proyecta reorganizar “el primer nivel de atención de modo que los establecimientos hospitalarios públicos y privados puedan hacer una asignación más adecuada y más eficiente de sus recursos destinándolos a las acciones de atención de la salud propias del segundo y tercer nivel”.

El Instituto Cultural habla de afianzar la coordinación con el área educativa y anuncia que inaugurará el “dispositivo móvil equipado” comprado tiempo atrás para “consolidar la presencia del arte y la cultura” en los barrios con “la consecuente contratación de servicios artísticos locales, regionales y nacionales”.

Menciona la puesta en valor de edificios del área “con especial hincapié en el acondicionamiento del Teatro Municipal y en la elaboración del proyecto para la construcción del depósito de obras de arte del patrimonio artístico municipal”.

En respuesta al colectivo de artistas que resiste el desguace cultural, Ricardo Margo se autocita: “La actividad cultural abarca mucho más que la propuesta artística escénica y hoy nos encontramos con una Bahía Blanca de amplia oferta a sostener y profundizar, abarcando la conciencia de que vivimos en una ciudad turística y de referencia”.

La Secretaría Privada, transformada en Secretaría General en 2019, volverá a su denominación original se encargará del protocolo y la agenda del intendente y absorverá parte de las funciones de la desaparecida Secretaría de Modernización de Elisa Quartucchi.

La flamante Secretaría Movilidad Urbana y Espacios Públicos que conducirá Tomás Marisco promete elaborar proyectos que mejoren “el transporte, el estacionamiento, la circulación vehicular, medios alternativos de movilidad y la educación vial”. Le tocará reconfigurar el sistema de transporte público de la ciudad mediante la licitación de todas las líneas.

Durante los próximos días se anunciará el cronograma de visitas al Concejo Deliberante donde se analizará en detalle los números que acompañan estas proyecciones.

Paola Ariente, quien acaba de terminar su mandato como concejala del PJ Cumplir, visitó los estudios de FM De la Calle y realizó un balance de la labor parlamentaria.

Se refirió a cuestiones vinculadas a obras y hábitat y a la problemática ambiental cuya Comisión Asesora no se reunió en más de un año.

Ariente destacó que el oficialismo promovió un vaciamiento de los espacios de discusión.

Comisión Asesora Ambiental

Una de las temáticas que trabajó Ariente fue la ambiental desde las comisiones de Control y Preservación del Medio Ambiente y la Asesora Ambiental. Esta última, fue presidida por Leandro Santomassimo quien la desactivó en noviembre de 2018.

“Lo que veo, también en provincia, es sistemático, hay un vaciamiento de los lugares de discusión. No creen en la discusión, por lo tanto, han tratado de minimizar esos ámbitos. La Comisión Asesora Ambiental es un ámbito de discusión, donde van los concejales, las organizaciones, las universidades, las fuerzas de toda la ciudad.

“Se discute, no solamente del polo petroquímico, sino de cualquier cuestión ambiental: residuos, la comisión de animales, se discutía la calidad de agua, del aire. Se discutieron los dos primeros años, el tercero se interrumpió, el cuarto no se hizo.

“En todas las comisiones que dependían del oficialismo no se pudo avanzar”, dijo Ariente y explicó que el reglamento interno de la Comisión Asesora Ambiental establece que solo el presidente puede convocarla. “En mi caso, en la Subcomisión de Residuos seguimos trabajando”.

Explosión en Dow y controles al polo

La ex concejala afirmó que en cuanto al control de las empresas del polo, luego de la explosión en Dow, “cambió que la justicia por primera vez intervino de oficio. Me hubiera gustado que así como se intervino con Dow se hubiera intervenido en otras cuestiones de mayor peligrosidad. La justicia aparecía como un ente alejado y solamente accedía por las faltas ambientales y si cobra o no una multa. Todo lo demás me parece que hay que revisarlo, el tema de la comunicación hay que revisar, si bien es cierto que hay una resolución del OPDS que dice que la empresa atiene hasta dos horas para comunicar, es obvio que el OPDS tiene que hacer una resolución general pero Bahía tiene una particularidad que está dado por la ley, me parece que el OPDS tendría que sacar una reglamentación para las empresas de la Ley Tunessi.

“Las empresas también van a tener que tomar como un llamado de atención que hoy es Dow pero le puede pasar a cualquiera, ellos también tienen que mejorar su comunicación. Los controles se hacen, el CTE trabaja con gente idónea, hay guardias ambientales que están por concurso, que tienen formación, cámaras de monitoreo, quizás se necesitan más. Se está haciendo una trabajo desde hace mucho años, no hay otro igual en Argentina, me parece que el trabajo está bien hecho .

“Estas cuestiones tendrían que minimizarse a cero, tener un Polo implica riesgos, uno tiene como Estado que minimizar y tender a ese cero. Entre eso está la comunicación. La primera vez que llegamos al CCyM, a las dos reuniones llegó el intendente, (Pablo) Romera nos dijo que iban a poner en marcha un programa municipal para que la comunicación sea más eficiente dentro de los eventos y realmente no vimos que se haya hecho.

“Hoy hay descoordinación porque el CTE informa al Municipio y el Municipio informa a la gente. Creo que se resolvió políticamente, llamando a concurso del nuevo director del CTE. En realidad el CTE es un ente creado pero que tiene autoridades políticas por encima que, a mi entender, no fueron suficientemente concisos para dar su opinión, delegaron todo en una persona técnica y lo que pedía la comunidad era una respuesta política”.

Recolección, acopio y reciclado de residuos

Consultada sobre la demorada implementación de la separación domiciliaria de residuos, Ariente manifestó que para ello “debería existir una disposición final diferenciada. Hoy es limitada, tener la EcoPlanta no alcanza. Estuvo casi tres años sin poder vender sus producciones, entonces tiene acopio. Tenés que saber qué vas a hacer con eso, lo siguiente es una gran campaña de concientización, todos los días. Si hay algo que se tiene ahora es conciencia ambiental. Bahía tiene un gran indice de residuos por personas, que uno pueda empezar a sacar de esa bolsa de residuos, es menos que va al relleno sanitario y es menos lo que paga el Municipio por tonelada y más recursos para otras áreas. Todo el presupuesto se va en disposición de residuos, en relleno y en la Tasa Ambiental que es un fondo afectado y queda muy poco disponible para hacer cualquier otra cosa”.

Acceso al hábitat

Por otra parte, Ariente presidió la Comisión de Obras Públicas y Urbanización. Uno de los logros que destacó fue la aprobación de la adhesión a la Ley de Hábitat.

“La ordenanza de Hábitat es una modificación de la ley de Ordenamiento Territorial de Buenos Aires donde te habilita indicadores distintos, da distintas cantidades de superficies que son lotes más pequeños, no se necesita factibilidad para lotear, introduce el concepto de plusvalía, es decir,  si el proyecto está pidiendo un indicador que no está poder compensarla para integrar a villas y asentamientos.

“El concepto es que el hábitat va mucho más allá que llevar cloacas, gas, luz y asfalto. Implica también llevar economía, producción, centros de esparcimiento. Es una ley que tuvo un quiebre en la provincia, Bahía ya tenía algunas cosas. Lo que hicimos fue adaptar e incorporar lo que Bahía tenía como propio”.

El nuevo ministro de Salud, Gines González García, anunció un nuevo “Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo”.

Mariana Romero, directora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, participó de la redacción y explicó a FM De la Calle que “había que adaptarlo al nuevo Código Civil y Comercial, sobre todo respecto al conocimiento de niñas y adolescentes, a nueva evidencia científica y a precisar los alcances de la objeción de conciencia”.

“La objeción de conciencia es individual, la obligación del personal que objeta es la de derivar a otro personal que esté dispuesto y en el caso de que ese personal esté en una institución en que no haya otra persona capacitada debe intervenir igualmente”, dijo.

El primer protocolo fue elaborado en 2007. Romero señaló que “en la medida que la evidencia científica o el contexto normativo ha ido cambiando es necesario adaptar el protocolo. Es una herramienta muy importante. A los equipos de salud nos da legitimidad, nos conduce, aclara los procedimientos, en qué momento hay que intervenir y cómo, cómo tiene que ir de alta, cuáles son nuestras obligaciones. Es una guía de trabajo”.

Señaló que el ministro se comprometió a presentar el protocolo en la reunión del Consejo Federal de Salud y espera el respaldo de la mayor parte de las provincias.

“Es probable que haya judicialización, estaremos ahí para confrontar esos argumentos como hemos estado en otros momento. Lo importante es que la política pública tiene que actuar de acuerdo a la ley. Este protocolo no obliga a la mujer a abortar ni a continuar un embarazo. El deber de la autoridad sanitaria es cumplir con lo que está en el Código Penal”.

Por último, respecto de la resolución judicial que prohíbe la venta de Misop 200 en farmacias apuntó que “el Ministerio y ANMAT ya respondieron porque estaban involucrados y hay presentaciones desde la sociedad civil también. Hoy no se puede conseguir Misop 200. Hay otras presentaciones, otros nombres comerciales. Ocurre que como droga el Misop es el único. Eso no quiere decir que no esté disponible en los centros de salud, la resolución es nada más que para las farmacias”.