El director general de Cultura municipal, José González Casali, dialogó con FM De la Calle respecto a las obras que se proyectan para el Teatro Municipal. También se refirió a los cambios que pretende instrumentar el oficialismo con la derogación de las ordenanzas del Instituto Cultural, Fondo Municipal de las Artes, Espacios Culturales Independientes y Eventos Permanentes.

“Hay dos licitaciones, una de mayor monto que es electricidad y acondicionamiento actualización de sistema de sonido y equipamiento del teatro. Otra licitación es por el acondicionamiento del sistema de incendio, son 5 millones 800 mil pesos. Se abrió la licitación el 14 de febrero y, por pedido de las empresas, se prorrogó 15 días. La nueva apertura es el 4 de marzo.  Esos dos son los puntos más contundentes del informe de la UTN, sería dentro de este año la apertura”, señaló González Casali.

Respecto a las ordenanzas que pretenden derogar, el funcionario manifestó que “en el HCD se está trabajando dentro de la Comisión de Cultura. La idea es congeniar un formato que convenza a todos. Se están evaluando varias alternativas. El objetivo es el de mayor apertura y descentralización que dimos a conocer como Cultura Abierta y llevar adelante actividades a los distintos barrios”.

Consultado sobre las “nuevas voces” que buscan sumar al debate sobre las políticas culturales, el funcionario dijo que se están haciendo relevamientos y teniendo reuniones con sociedades de fomento. “A través de los delegados se concretan reuniones, antes de ayer estuve en Villa Olga y ayer en Millamapu. De esas reuniones lo que se hace es recavar información, no imponer un taller sino que manifiesten qué quieren, son intereses disimiles entre los distintos barrios, consultar qué les parece, qué tipo de público, armar y pasarles distintas propuestas”.

Respecto del presupuesto de  la ordenanza de Eventos Permanentes comentó que “es de 3 millones 100 mil pesos y es el que está determinado por ordenanza”.

En relación al Fondo Municipal de las Artes comentó que “en la última reunión terminamos de entender cómo es el sistema, el año pasado hubo una mora de algunos productores. Es financiado por un porcentaje de las entradas, hubo una mora, en la última reunión se informó que se ha llegado a un arreglo con esa persona”.

Desde el colectivo de organizaciones que conforman #VillasEnAgenda manifestaron su descontento con el aumento del boleto de colectivos aprobado por el oficialismo en la cuestionada sesión del 17 de enero. Aseguraron que la medida profundiza la situación de pobreza en la que están sumergidos los barrios de la periferia bahiense.

“Muchísimas personas trabajan de la changa y no saben si van a salir 10 o 40 veces en el mes, en estos casos ese dinero hace la diferencia. Se complica y se ajusta, hay que salir a trabajar, se realizan sacrificios, se vuelve a la bicicleta o se camina, se coordina de diferentes maneras para ir en conjunto en algún vehículo, para ir algún medio de transporte para desarrollar una actividad laboral. Ahora comienzan las clases, hay muchísimos chicos viviendo en esta situación”, comentó a FM De la Calle Francisco Coronel.

En un comunicado, las organizaciones manifestaron que “para los barrios de la periferia bahiense, el costo del transporte representa una porción importante de los ya magros ingresos y que encima lo aumenten a $40 cuando hasta enero de 2019 estaba en $18 parece un despropósito sobre todo para el sector de la población más castigado en los últimos años, también demuestra la poca imaginación en la gestión municipal para obtener ingresos y poder cubrir estos gastos desde otros sectores”.


“Además de poner en agenda el tema, planteábamos que no se nos había tenido en cuenta. No hemos sabido de organizaciones sociales que hayan podido participar y ser escuchadas al menos, habíamos presentado unas propuestas, el Consejo de la Economía Popular, por ejemplo, que funcione interdisciplinariamente, entre Municipio, Concejo Deliberante, empresas, organizaciones sociales”.

Coronel argumentó que “la pobreza no cambio en un mes. Ni va a cambiar de un mes para el otro. Se está trabajando, principalmente Pintar por el Trabajo y la Educación, eso se está haciendo en algunas provincias del país. Tenemos la esperanza que suceda aquí en Bahía. Hay muchos cargos vacantes o que no están definidos, entonces hay un proceso de reorganización en el Estado, hay cuestiones que van a demorar un tiempo”.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convocó a una Jornada Federal y Mundial a dos años del pañuelazo que dio inicio al debate legislativo en 2018. “El proyecto está en la calle”, es la consigna de cara a la apertura de sesiones legislativas del próximo 1 de marzo.

En más de 100 ciudades del país se exigirá el tratamiento urgente y la aprobación del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que presentaron el 28 de mayo de 2019. En Bahía Blanca el pañuelazo será a las 18 en Plaza Rivadavia.

La iniciativa de la Campaña es resultado del consenso de las más de 700 organizaciones feministas, de mujeres y disidencias, políticas, sindicales, artísticas, académicas y de Derechos Humanos, que confluyen en la Campaña. Recoge el debate parlamentario y social de 2018, cuando la marea verde salió a las calles a exigir aborto legal ya.

“Este 2020 la Campaña cumple 15 años. Hemos presentado 8 veces consecutivas nuestro Proyecto de Ley. El más reciente garantiza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 y consagra derechos constitucionales, adecuándose a las exigencias de Organismos Internacionales de Derechos Humanos de los que Argentina forma parte”, aseguraron.

Desde la campaña agregaron que “con el pañuelo en alto y las manos unidas, seremos millones exigiendo la aprobación de una Ley en sintonía con la equidad en el acceso a la salud integral, la atención igualitaria, la Educación Sexual Integral y el Estado laico”.

“El aborto legal es una deuda de la democracia. Un reclamo de la lucha feminista que ha marcado el devenir de millones de jóvenes en la región, que reclaman más derechos, libertad y autonomía. Nuestro reclamo trasciende fronteras, porque los abortos inseguros son un problema de salud pública que provocan muertes evitables. Nuestra demanda es por nuestro proyecto de vida autónomo y por el derecho a decidir en libertad. Por eso, ¡nuestro proyecto está en las calles!”, concluyeron.

“Vivimos en un país donde no nos pueden cuidar ni siquiera en un partido de fútbol durante 90 minutos. Lo que pasó en Bahía Blanca habla de que los operativos dan lástima”, dijo a FM De la Calle Mónica Nizzardo, fundadora de la ONG Salvemos al Fútbol.

Cuestionó la falta de voluntad política para resolver el problema y la complicidad de la justicia, la dirigencia, las barras y la policía. Entre los reiterados casos de violencia en el fútbol, un hincha de Olimpo fue asesinado días atrás en la previa del clásico con Villa Mitre.

Señaló que “lo de los últimos fines de semana nos da una sensación de tristeza, de impotencia e indignación. Si bien la violencia social crece sabemos que en el fútbol tiene una particularidad y son los grandes negocios que tienen los barras y exponen en los partidos. Ellos tienen que dar miedo para conseguir lo que necesitan. No hay decisión política, pasan partidos, colores políticos y seguimos esperando”.

Nizzardo comentó que los responsables “tiene nombre y apellido: el dr. (Juan Manuel) Lugones de A.Pre.Vi.De. Desde siempre los que vamos a la cancha todos los fines de semana sabemos los puntos y cuestiones de los clubes que se anuncian en días previos”.

La policía bahiense aseguró que el ingreso de hinchas de Olimpo a Villa Mitre se debió a un error y que no se les ocurrió que podría derivar en incidentes frente a la sede del tricolor. “No creo en la ignorancia, no se puede aceptar esa respuesta en el operativo”, dijo la ex dirigente de Atlanta.

“Es muy difícil trabajar desde la justicia cuando la policía es cómplice. Ellos mandan a buscar pruebas a la misma policía que tuvo a cargo el operativo, tienen que buscar otra forma, que también sean investigados los propios policías de los operativos”.

Nizzardo comentó que “tienen que poner en juego la cuestión económica de los clubes, tienen que mandar un veedor. Vienen los barras e irrumpen en la comisión directiva a pedir sus cosas, muchas veces roban en los clubes. Fui comisión directiva de Atlanta entre 2002 y 2005, rompieron todo a martillazos”.

Respecto a las sanciones a Olimpo y a Villa Mitre por los incidentes que terminaron con el homicidio de Emanuel Castillo, Nizzardo declaró que “esto de la sanción es porque están reconociendo que los directivos están involucrados, sino no tendrían que sancionar a los directivos cuando una cosa pasa en la calle. Están matando a los clubes, no estoy de acuerdo con las sanciones deportivas, pasa por otro lado. Pasa por que todos los socios de los clubes nos involucremos y esto no pase”.

A días de cumplir 70 años, Rodolfo Franco asegura que está “cumpliendo un sueño que había querido desde joven”. Es el médico de los pueblos Misión Chaqueña y Misión Carboncito al norte de Salta. “Están a 5 kilómetros de distancia, hay dos enfermeros en cada salita, faltaría un enfermero más en cada una para que el resto pueda descansar”.

Franco califica la realidad como un “exterminio planificado”. “Vengo contabilizando desde el principio y conté 9 niños muertos. Son niños menores de 1 año y medio y mueren por causas evitables, por enfermedades comunes que se agravan por la desnutrición y mala alimentación”.

“Estoy muy preocupado por la falta de alimentación y de agua en la zona”. Sus pacientes, la mayoría de la comunidad wichí, acuden a él que atiende mediante un sistema abierto: “abro la puerta del consultorio y a todo el que viene lo atiendo. Vienen de otras comunidades, gente que tiene que caminar dos horas para llegar”.

Franco explica que “los wichis eran cazadores y recolectores pero con el avance de la frontera agropecuaria y de la quita de tierras han perdido sus territorios y todo el monte. Comen harinas y arroces que es lo que le dan los políticos en bolsones. Eso no es bueno para nadie. Acuden a los centros de salud donde les damos vitaminas, consejos alimentarios de como combinar alimentos o que la poca plata que tienen de la AUH puedan invertirla en legumbres”.

Recientemente la ministra de Salud salteña, Josefina Medrano, declaró que “no es de hoy que los chicos mueren en esta época del año”. “A la ministra le diría que por favor se calle, ya ha dicho varias veces cosas que no son verdad y no está muy al tanto de lo que está pasando como médica. No se si ella tiene experiencia en comunidades de la zona, tengo entendido que ella estaba en un sanatorio en Salta capital que no es lo mismo que estar acá en el medio del monte”, dice.

“Siempre minimizan la problemática desde el Ministerio, que por ser wichis deberían tener peor alimentados a sus hijos y esto termina en muertes, entonces en verano cuando hay el calor intenso y falta de agua, la diarrea los lleva a la muerte porque están débiles. Siempre se culpa a otro, es un deporte nacional”.

El médico comenta que los envases que se usan para recoger agua en la casas son de glifosato: “Hay veces que hay quienes los recogen y los venden por unos pesos. Yo creo que no se pueden limpiar, que deben quedar restos de glifosato”.

Por la carencia de recursos algunas familias migran a las ciudades, “consiguen trabajos, changas, otros van a las fincas a recoger tomates, porotos en la cosecha, otros cortan madera y la venden, hacen sillas, artesanías y muebles, con eso algunas familias se la rebuscan y pueden comer casi todos los días”.

“El progreso no es una cuestión prioritaria, para ellos la prioridad es recuperar el monte y poder vivir de manera ancestral, si tuviéramos agua se harían sus chacras, se necesita tierra y agua”, finaliza.

“La discusión es cuál es el rol del sistema, si tiene que sostener colectivamente la vejez o si las personas individualmente tienen que sostener su propia vejez. Si uno aporta para una jubilación o si percibir una jubilación es un derecho de todos los ancianos”.

En el marco del anuncio del aumento por decreto de las jubilaciones, asignaciones familiares y AUH, Nicolás Dvoskin, Doctor en Ciencias Sociales de la UBA, investigador posdoctoral en la Universidad Católica de Eichstätt, Alemania, analizó en FM De la Calle el debate sobre las políticas previsionales.

“La política que plantea el gobierno intenta priorizar relativamente a aquellas jubilaciones más bajas, el problema es que más de la mitad están por debajo de los 20 mil pesos. Lo que está en discusión es el ingreso real de las jubilaciones, independientemente de cuál es la fórmula de ajuste.  En este contexto de puente, el gobierno decidió incrementar proporcionalmente más para quienes cobran menos, el criterio de movilidad no se estableció todavía”.

Dvoskin comentó que “se están planteando diferencias de poca plata entre una cosa u otra, me parece más significativo la posibilidad de darle medicamentos gratuitos aunque no quedó claro cómo se iba a implementar. Son políticas que no intentan incrementar el ingreso sino en términos de alimentos y medicamentos que también hace a la situación de vida de jubilados”.

Esquema no contributivo vs. contributivo

“En el esquema contributivo uno accede a pensiones por haber algún tipo de contribución previa. Existe el sistema de reparto o de capitalizaciones. El de reparto es colectivo pero no deja de ser contributivo: los trabajadores activos financian a los jubilados de hoy. La otra es que básicamente uno ahorra para su propia vejez, uno aporta a una caja.  En Argentina el sistema es contributivo. Siempre hubo sistemas paralelos pero la lógica jurídica es contributiva”.

Sin embargo, el especialista señaló que en “términos reales el sistema es semi contributivo porque, por un lado, tenemos gente que accedió a beneficios sin haberse jubilado, que son las moratorias, pero bajo una especie de ficción. Tuvo que reconocerse gente que había evadido aportes y que regularizaría su situación como contribuyente en lugar de un beneficio para la vejez”.

Por otro lado, señaló que lo que hay es “un sistema que por los ingresos es semi contributivo porque la mitad de la plata que ingresa a la ANSES es de aportes y contribuciones y la otra mitad son impuestos, se financia en parte por sus recursos genuinos y en parte por sus recursos impositivos”.

La discusión de fondo

“Pienso que el sistema previsional es otro más de los sistemas de cuentas el Estado. El Estado decide cómo administra, decide si hace del sistema previsional un sistema de distribución del ingreso, si se hace de manera intergeneracional es decir, de jóvenes a viejos, o intrageneracional, entre jóvenes o entre viejos”, comentó Dvoskin.

“Yo me merezco porque aporté y se circunda jurídicamente ahí, no podemos salir de la lógica contributiva, porque el goberno kirchnerista lo tuvo que hacer disfrazando las pensiones bajo moratorias. La lógica de que el jubilado merece lo que merece porque trabajó y no porque es anciano y tiene derecho a vivir dignamente, independientemente de que haya trabajado o no”.

Vecinos y vecinas que se oponen al proyecto de cocheras en la Plaza del Sol se reunieron con Tomás Marisco, secretario de Movilidad Urbana, y con el ingeniero forestal Pablo Bianco, director de Espacios Públicos.

“Las promesas que hemos obtenido son las de restitución del agua, ABSA ya hizo la reparación de la cañería. Nos garantizaron que en un período que puede llevar seis meses, van a mejorar la iluminación, a poner cestos, a ocuparse del mantenimiento del espacio”, comentó a FM De la Calle Nora Marfil, integrante de la asamblea vecinal.

El proyecto de las cocheras es una iniciativa privada, “pensamos que de ninguna manera se puede llevar adelante porque no hay presentado un estudio de impacto ambiental y como sabemos que las napas son muy altas, sería catastrófico socavar y meter las máquinas excavadoras porque se rajarían todos los edificios”.

Por otro lado, la vecina mencionó que pretenden llevar adelante los trámites para declarar al espacio patrimonio histórico: “Nos oponemos a la mala fama que se le hace y que los ‘trapitos’, que son los lavacoches, son personas respetuosas, colaboran con nosotros proporcionándonos el agua, pensamos que la Municipalidad tendría que tener el cuenta la situación de estas personas desde la parte del servicio social, muchas están en situación de calle”.

Marfil dijo que “se está elaborando un proyecto alternativo de intervenciones y modificaciones beneficiosas para la plaza, no solo para el cuidado de lo existente sino de las posibles reformas que tenderían a hacer la plaza más accesible y visible”.

Por último, la vecina comentó que organizaron una grilla de actividades gratuitas para continuar habitando la plaza.

Los clubes Olimpo y Villa Mitre fueron sancionados por el Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior del Consejo Federal tras los incidentes ocurridos en la previa del clásico del domingo pasado.

“Se puede apreciar la responsabilidad de ambos clubes por el comportamiento inapropiado de sus simpatizantes en relación con la organización del partido”. Sus estadios fueron clausurados por tres fechas y deberán jugar los próximos tres partidos sin público. Además, se les impuso una multa por el valor de 200 entradas generales por tres fechas.

El asesinato de un hincha de Olimpo, heridos graves y daños en cercanías a la sede social villamitrense fue el saldo del enfrentamiento entre barras abonado por la inacción policial.

El tribunal destacó que los incidentes se produjeron luego del banderazo aurinegro frente al Carminatti, “permitido por los dirigentes del club”, desde donde la columna se dirigió hacia Villa Mitre.

En sus descargos los clubes deslindaron responsabilidades y advirtieron que el operativo de seguridad estuvo a cargo de la Policía Bonaerense, específicamente de la Comisaría Cuarta.

Los dirigentes de Villa Mitre atribuyeron culpas a un “grupo de inadaptados partieron desde el estadio Carminatti (…) desplazándose 30 cuadras sin tener intervención policial alguna”. Olimpo adujo que al no ser local no dirigió el operativo ni podía contratar seguridad.

Desde el Tribunal afirmaron que “nos debemos un sincero debate para alejar a los violentos de las canchas y no perjudicar, en lo deportivo y en demasía, a los clubes que no pueden controlar el ímpetu y accionar delictivo de los verdaderos culpables”.

Esta tarde se realizará una marcha en demanda de justicia por el asesinato de Emanuel Castillo. Convocada por familiares del hincha de Olimpo, comenzará con una concentración frente a la Municipalidad a las 19.

Este año fallecieron al menos ocho niños y niñas menores de un año y medio de la comunidad wichí de Salta por causas evitables.

“Estamos mal, el gobierno está ausente. Como pueblos originarios estamos abandonados. No hay solución para las comunidades, necesitan agua, comida y trabajo”, manifestó a FM De la Calle Modesto Rojas, cacique de la Comunidad wichí Fwolit (también conocida como Kilómetro 5, cercana a la ciudad de Tartagal) e integrante de la Asociación Indígena de la República Argentina (AIRA).

“No es de hoy que los chicos mueren en esta época del año”,  declaró Josefina Medrano, ministra de Salud salteña.  Al respecto, Rojas comentó que “hay zonas que ni la ministra ni gente de Salud han recorrido, elaboraron el informe como si hubieran recorrido todo. Ayer fui a una comunidad y encontré unos chicos llenos de granos en la cabeza, que no mientan, que digan la verdad, que no fueron a todas las comunidades”.

“Se está multiplicando las muertes de los chicos, la desnutrición de chicos y grandes, no hay trabajo y han prohibido el corte de madera, ellos cortaban palo santo y tenían un montón de artesanías para mantener a su familia. El gobierno nos dijo que nosotros como indígenas somos taladores, pero no prohíben el desmonte. Los desmontes producen las inundaciones”, comentó el cacique.

Respecto a las fumigaciones señaló que “hay mucha gente que se puso firme, que no se movieron, a veces están a 200 metros del desmonte. Cuando fumigan contaminan a todos, chicos y grandes. Las avionetas pasan y fumigan”. Dijo que ante la falta de agua potable, se busca la forma de conseguirla y generalmente es juntando de los pozos de agua vecinos en envases de agrotóxicos que recolectan de las grandes fincas.

En relación a la visita a Salta del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, afirmó que “jamás se ha reunido con nosotros como dirigentes comunitarios, él no quiso dialogar conmigo, yo lo iba a llevar donde corresponde, donde más necesitan ayuda. Dialogó con el intendente, con gente de provincia pero a las comunidades no fue. Estoy disconforme,  hay gente que no tiene documento que jamas van a recibir nada”.

El desembarco de una nueva misión del Fondo Monetario para renegociar la deuda con funcionarios del Ministerio de Economía motivó una serie de protestas en el país. En la ciudad tuvo su capítulo en la Plaza Rivadavia.

El economista Francisco Cantamutto explicó las tensiones de la nueva negociación: “Martín Guzmán hasta ahora lo que ha hecho es pedir el apoyo para renegociar, no ha declarado qué es exactamente lo que va a hacer, se le busca dar sostenibilidad a la deuda con el pago. Esta idea no incluye repudiar alguna parte de la deuda, sin embargo, dentro de la coalición hay desacuerdos y hay sectores que quieren ir más lejos”.

“A priori parece ser que lo que buscan hacer es una suerte de extensión de plazos y reducción de tasas de intereses que permita, primero, iniciar una fase de crecimiento para luego pagar. Pero, por otro lado, está la posibilidad de que los acreedores externos se dispongan a este juego y si eso no se logra se puede acelerar la situación. A partir de abril la cantidad de vencimientos no pueden ser cumplidos con las reservas que hay disponibles. Si no se llega a un acuerdo se corre el riesgo de que se entre en default entre abril y junio de este año”.

Cantamutto comentó que “la deuda contraída con la dictadura es el origen de las distintas reestructuraciones que se han venido dando hasta ahora, incluso está judicializado el megacanje del 2001, el canje del 2005 y del 2010. Arrastra una cantidad de juicios que no han sido cerrados y que, por lo tanto, no se puede dar por sentado el carácter legal y legítimo de la deuda. Ademas de eso, recordemos que durante el período de cambiemos se han constituido desfalcos como el de Caputo con el bono a 100 años colocado a un fondo de inversión que él mismo administraba”.

Hay por lo menos dos irregularidades en la deuda: “La primera es que se le prestó a la Argentina más de lo que se le podía prestar y, en otro sentido, se le prestó para financiar la fuga de capitales. Esto está comprobado de ante mano. Esto vulnera el estatuto en al menos dos ejes que daban cuenta del apoyo geopolitíco de EE.UU. al gobierno de Macri. Luego es un poco una doble vara pretender que al negociar no puede haber quita o que una extensión de los plazos tenga que forzar a reformas estructurales”.

¿Qué es la deuda odiosa? “La doctrina de la deuda odiosa es aplicable, Alexander Sack aclara que aplica en todos los casos en que los gobierno la hayan contraído contra los intereses del pueblo. Esto aplica en que Cambiemos se financió la fuga al mismo tiempo que todes perdíamos nuestro salario, nos precarizaban, no quedábamos sin laburo, sin jubilaciones. No es una utopía, si vamos a dar una disputa hay que considerar que no darla implicaría pagar una deuda ilegal, ilegítima, e impagable”.

La familia del hincha de Olimpo asesinado este domingo antes del clásico con Villa Mitre pidió colaboración para identificar al autor del disparo mortal y convocó a una marcha pacífica para este viernes a las 19.

En el marco de la investigación por el homicidio de Sergio Emanuel Castillo se realizó un allanamiento en calle Italia al 2000. Tras el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad del CEUM y de vecinos particulares se logró identificar a la persona en cuya vivienda no se encontró el arma aunque sí se secuestró un celular.

El intendente Héctor Gay, en declaraciones a LU2, señaló que no fue “ni consultado para cortar una calle”. “No nos preguntaron absolutamente nada”, dijo y delegó responsabilidades en la A. Pre. Vi. De.

En las últimas horas se conoció que Alejandro Barreto fue separado de su cargo como titular en la Policía Distrital y que será reemplazado por Gonzálo Bezos.

Por otro lado, el barrio Villa Mitre vivió ayer una tensa tarde tras la circulación por redes sociales de rumores sobre la posible aparición de hinchas de Olimpo que luego del sepelio de Castillo. La Policía realizó un operativo en el centro del barrio, varios comercios cerraron sus persianas y hubo poco movimiento vecinal.

Circuló una carta en redes sociales firmada por un villamitrense anónimo en la que manifiesta: “Fueron a maltratar nuestros símbolos más sagrados, a destrozar nuestras pertenencias y amenazar a todos nuestros vecinos. Algunos ineptos cuestionan que el partido se haya continuado, ¿se imaginan lo que hubiera pasado si realmente nuestros 7 mil vecinos veían cómo estaban destrozando nuestro barrio? En el medio la policía… con 33 cuadras de por medio en donde podrían haber frenado la caravana, pero no… les faltó tenderles una alfombra mostrándoles el camino hasta la sede”.

El juicio contra cuatro represores civiles que integraron la Alianza Anticomunista Argentina en nuestra ciudad debía comenzar este miércoles. Sin embargo, trámites sobre la prueba que se admitirá en el séptimo debate por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca provocaron su postergación.

“Pareciera que no hay audiencia pero no nos llegó ninguna notificación de la suspensión”, dijo esta mañana a FM De la Calle el fiscal auxiliar Pablo Fermento. En horas de la tarde el secretario del tribunal confirmó verbalmente a Fiscalía que el debate no iniciará.

La banda paraestatal estuvo en nuestra región al mando de los fallecidos Rodolfo “Fito” Ponce y Remus Tetu, en época de los hechos diputado nacional del Frente Justicialista de Liberación y rector interventor de la UNS, respectivamente (foto).

Los acusados que llegarán al banquillo son Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. Héctor Oscar Chisú falleció a fines de 2019.  Se les imputa el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, el homicidio en un pasillo de la UNS del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

La actividad de la patota paraestatal dejó como saldo más de cuarenta homicidios, la proscripción de los centros de estudiantes, el cierre del comedor universitario, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otros aspectos.

El juez federal Walter López da Silva continúa demorando la definición de la situación procesal del ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Néstor Luis Montezanti, indagado en la misma causa.

Días atrás, el Tribunal Oral comenzó la evaluación de la prueba que admitirá en el debate, presentó dudas respecto de algunas de ellas y dio lugar a las partes para que brinden su opinión en un plazo de 48 horas. “Nosotros contestamos el viernes y la defensa pidió una prórroga que entiendo que la van a conceder porque era un plazo muy breve. Esto en principio perjudicaría el inicio mañana”, manifestó Fermento.

“Es importante la voz de los familiares. Por más que puede parecer redundante o superfluo, siempre es necesario que cuenten cuáles son las consecuencias de estos hechos, cómo se vivieron, qué produjeron. Son pertinentes para definir la existencia de la asociación ilícita y cuantificar la pena que, para nosotros ya desde este momento, consideramos que es la máxima”.

El fiscal auxiliar destacó que el Tribunal no comprende al Juicio Triple A en el marco de las otras causas de lesa humanidad que se tramitan en la ciudad. “Para nosotros forma parte de la causa madre, la 05/07. Hicimos la imputación en la Causa Ejército, que es la fuerza con la que encontramos las mayores vinculaciones por parte del grupo paraestatal”.

“Consideramos que toda la prueba de la Causa Ejército y las audiencias del juicio, las víctimas -la mayoría de las cuales eran militantes de Bahía Blanca y sufrió la persecución por parte de este grupo-, forman parte de la misma causa. Esto no es visto en el mismo sentido por el tribunal y nos pidió, entre otras cosas, que justifiquemos porqué habría que incorporar esos testimonios”.

Fermento ejemplificó: “Sobre la comunidad informativa que integraban todos los organismos de la ciudad y la región, en todas las causas se mostró cómo la actividad de inteligencia sobre las víctimas se remontaba a diez o quince años y, particularmente en los años 74 y 75 fue muy intensa. En este juicio hablamos de que uno de los jefes de la asociación ilícita, que era Remus Tetu, participaba de las reuniones de la comunidad informativa. Toda esa inteligencia, esa actividad de espionaje y de fijación del blanco, fue utilizada durante la dictadura. El rector interventor de la universidad iba a señalar gente, militantes políticos de determinada tendencia o ideología, con las consecuencias que eso tenía”.

“Varios de los miembros de esta asociación ilícita, por ejemplo los hermanos (Héctor y Miguel Ángel) Chisu, que en el 74 o 75 operaban dentro de este grupo paraestatal bajo la órbita del Destacamento de Inteligencia 181, en el 76 se incorporan como Personal Civil de Inteligencia del Destacamento y hay numerosos testimonios, sobre todo de conscriptos, que mencionan a este grupo de civiles reclutados como el grupo de confianza que utilizaba (el general Adel) Vilas para los trabajos nocturnos, cuando no utilizaban uniformes o a la tropa”, detalló el fiscal.

“Watu” Cilleruelo y el “Negrito” Jesús García.

En cuanto a la tarea investigativa sobre el accionar del terrorismo de Estado antes y después del golpe de marzo del 76, Fermento comentó que “hay grandes diferencias”.

“Cuando hablamos de la estructura burocrática del Estado directamente implementada para la tarea represiva, como fue a partir del golpe, podemos hablar de coautoría mediata y descansar en la organización reglamentaria del Estado, de las fuerzas, de las unidades militares, las cadenas de mandos. Acá tenemos un grupo paraestatal. Esto significa que el Estado no está asumiendo una tarea sino que la está delegando en un grupo que no reconoce como propio o cuyo vínculo oculta. Es el Estado actuando sin reconocer que lo hace. Se hace mucho más difícil probar o explicar las relaciones orgánicas”.

Por ello, la pesquisa apuntó a la figura de la “asociación ilícita” y su relación con los hechos juzgados y con el Estado. “Las dificultades son enormes, estamos hablando de un período histórico que no se encaró, en cuanto a la investigación, con la misma intensidad con que se hizo con el período posterior al golpe de Estado”.

“El laburo con las víctimas es más delicado, más traumático. Hay familias que nunca hablaron de esto. La impunidad genera un velo muy difícil remover para saber qué pasó, quiénes operaron. Jurídicamente es una valla para avanzar en las imputaciones directas. Sin embargo, el propósito de la Fiscalía fue no quedarse con ese impedimento sino empezar a avanzar sobre lo que solicita la asociación ilícita que es la finalidad de una empresa criminal, constituirse para hacer determinada cosa”, afirmó.

La Fiscalía probó que “la finalidad de este grupo, además de amedrentar, perseguir, hacer inteligencia, también era asesinar personas. En varios de los casos, al menos en tres de los operativos, pudimos acreditar la participación de algunos de los miembros de la asociación”.

“Se constituyó con un fin concreto en el marco de un programa que tenía alcance nacional y se estaba instrumentando a través del Batallón de Inteligencia 601 y las distintas unidades de inteligencia del país, con grupos operativos de carácter civil en el plano operativo”.

Ante la vacancia del Tribunal Oral bahiense quienes deben realizar el juicio son subrogantes. El presidente Roberto Amábile, integra la Cámara Federal local y Pablo Diaz Lacava y Marcos Aguerrido vienen del TOF de La Pampa. “Aguerrido está pronto a que se le venza la designación”, explicó Fermento, “si arranca el juicio ahora queda conformado el tribunal y si se posterga y arranca luego del vencimiento tienen que designar a un tercer juez. Además está pendiente el nombramiento del cuarto juez”.

El fiscal general Juan Pablo Fernández brindó precisiones acerca de las investigaciones que buscan determinar quién fue el autor del disparo que mató a Emanuel Castillo en el enfrentamiento en las inmediaciones de la sede del Club Villa Mitre.

“Tuvimos 38 aprehendidos, 11 menores de edad. Ayer se les recibió declaración como imputados y se negaron a declarar dos de ellos que llevaban un revólver calibre 38. Se les están recibiendo las declaraciones al resto”, comentó Fernández.

El arma se le secuestró a Gastón García y Germán Vargas, ambos imputados por tenencia de arma de guerra. Fueron indagados ayer y el fiscal Quiróz le pidió la detención al Juzgado de Garantías.

Respecto a si los detenidos pueden ser los culpables de la muerte de Castillo, el fiscal comentó que “es probable, aunque no podemos asegurar que el daño causado en la víctima sea producto de un arma calibre 38. Fueron dos personas que llevaron armas y son sospechosas de esto”.

“Se está trabajando en declaraciones testimoniales para poder determinar quién efectuó el disparo, más allá de que hubo varias personas que llevaron arma de fuego al lugar, tenemos declaraciones que escucharon varias detonaciones, no descartamos que existan otras armas que hayan intervenido en otros sucesos”, concluyó.

Pedido de informes en el Concejo

Desde el bloque del Frente de Todos afirmaron que “entre todos debemos combatir el problema de la violencia del fútbol, alimentado culturalmente tanto por acción como por omisión en las distintas instancias sociales”.

“Es necesario empezar a bosquejar un abordaje integral que analice la evidente relación entre violencia y culturas deportivas para proponer políticas públicas que erradiquen la violencia para siempre de nuestras calles y canchas”, agregaron.

Les concejales reclamaron información a la Subsecretaría de Seguridad municipal sobre los siguientes aspectos:

– Detalle del operativo de seguridad desplegado para el clásico Olimpo – Villa Mitre;

– Conocer si existió una coordinación previa entre la Subsecretaría de Seguridad y los clubes para prevenir incidentes;

-Si la Subsecretaria de Seguridad cuenta con algún programa municipal de prevención de violencia en el fútbol en las diferentes categorías;

-Que acciones y recursos desplegó el Municipio luego de conocidos los incidentes;

-Si el Municipio cuenta con algún centro de atención a la víctima y acompañamiento a familiares y si se puso el mismo a disposición de la familia de la víctima fatal;

-Conocer si el Municipio se contactó con los propietarios damnificados por los desmanes ocurridos y si propuso alguna acción reparativa;

-Detalles de la reunión entre el Sr. Intendente Municipal y el funcionario Juan Manuel Lugones en representación de A.Pre.Vi.De.

(Por Comisión de DD HH – CTA Regional Bahía Blanca)El miércoles 12 debería comenzar el Juicio por Crímenes de Lesa Humanidad conocido como causa Triple A (Alianza Anticomunista Argentina). Pero sufre una nueva postergación por requerimientos de la defensa.

Es el primer caso, en nuestra ciudad, donde las acusaciones no recaen sobre personal militar sino sobre integrantes del grupo paraestatal liderado y armado por Rodolfo Ponce y Remus Tetu. En este caso por el crimen de David “Watu” Cilleruelo, estudiante de la UNS, secretario de la Federación Universitaria del Sur y militante de la Federación Juvenil Comunista.

Los imputados son: Raúl Roberto Aceituno, con prisión preventiva, directamente involucrado en el crimen secundando al ejecutor material “Moncho” Argibay, ya fallecido. Y, como integrantes de la “asociación ilícita”, Héctor Angel Forcelli, Osvaldo Omar Pallero y Juan Carlos Curzio.

Otro imputado, Héctor Oscar Chisu, falleció impune y queda pendiente que el Juez Federal Walter López da Silva resuelva la situación procesal de Néstor Luis Montezanti, también señalado como parte de la patota, habiendo transcurrido dos años desde la indagatoria.

Pesan también, sobre los acusados, otros veintitrés crímenes, entre ellos el de Luis Jesús “Negrito” García, preludio de los que, después del 24 de marzo de 1976, cometería la dictadura cívico-militar-eclesiástica.

El asesinato de Watu tiene una especial connotación ya que, a diferencia de otros crímenes, se cometió a plena luz del día, en presencia de testigos, y los imputados fueron formalmente contratados como “personal de vigilancia y seguridad” por el interventor Remus Tetu en la UNS (Resoluciones132, 159 y 165 de marzo y abril de 1975).

Durante los últimos cuatro años, y por decisión política del gobierno de Cambiemos, los Juicios de Lesa Humanidad sufrieron un freno favoreciendo la impunidad biológica de los represores. El compromiso permanente de los organismos y militantes de DD. HH. junto a los familiares de las víctimas, seguiremos reclamando por las condenas que merecen los responsables.

No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos!!
30.000 compañerxs detenidxs-desaparecidxs, PRESENTES!

Una persona muerta, dos heridos de gravedad y 30 detenidos fue el saldo de los desmanes ocurridos este domingo cerca de la sede del Club Villa Mitre en la previa del clásico con Olimpo.

Sergio Emanuel Castillo, hincha del aurinegro, falleció producto de un disparo de arma de fuego. El comisario Claudio Petrizán afirmó que los agresores fueron dos y están aprehendidos. “Tenemos un revólver calibre 38 secuestrado, el arma tenía 5 proyectiles, estamos aguardando una serie de cotejos para saber si es el arma que le dio la muerte”.

El secretario de Gobierno Adrián Jouglard señaló que “el Municipio no tiene participación en el control de este tipo de espectáculos, es el APREVIDE quien tiene el control”.

“Aproximadamente a las 5 de la tarde el Centro de Monitoreo avisó a la policía que había gente haciendo disturbios cerca del Carminatti. Luego, cerca de las 20, avisamos que había una concentración en Falucho y Parchappe, que estaban yendo. Quince minutos después ocurrió la desgracia. Era importante que la policía hubiera cortado el tránsito de la gente a la altura de Falucho y Parchappe,  se hubiera evitado esto”, comentó.

Por las roturas y saqueos en los negocios de la zona Petrizán comentó que hubo varios detenidos, 11 menores que ya fueron devueltos a sus familias y 25 mayores que continúan en la comisaría a disposición de la Fiscalía Nº 15.

Camila Recalde, periodista que cubrió el campo de juego para la trasmisión de Villa Mitre, señaló que “a las 5 de la tarde hubo un banderazo en la cancha de Olimpo, fue público, hubo cobertura. Los hinchas iban a ir caminando hasta Villa Mitre, todos sabíamos inclusive la policía, tengo la información de que no hubo un solo patrullero acompañando. Ahí esta el primer error, porque sabemos que si había esta cantidad de personas con camiseta de Olimpo cruzando las vías algo iba a pasar”.

“Me llama la atención de que nadie se hubiese avivado días antes porque el operativo alrededor de la cancha estuvo muy bien hecho. Recién cuando llegaron a la estación de servicio donde estuvieron los primeros incidentes, recién ahí, había un patrullero. No acompañaron durante la caravana ni había efectivos suficientes. Ya para todo esto habían roto las pantallas led, rompieron la estación de servicio, destruyeron los comercios de Garibaldi”, finalizó la periodista.

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor y ex concejal, Ricardo Pera, fue denunciado por su ex pareja por lesiones agravadas y amenazas.

Laura Trespando se presentó en Fiscalía el 20 de diciembre junto a su hija de 22 años para dar cuenta de la violencia machista que padecía su familia y solicitar una medida de protección, la cual le fue denegada por el dr. Juan Pablo Schmidt.

“No me hagas enojar negra”, decía el acusado luego de golpearla, maltratarla o insultarla. Los “coscorrones” alcanzaron incluso a uno de los hijos -menor y con trastorno autista- de la mujer. Fue el fin de la relación.

La denunciante y su hija trabajaban en Bahía Transporte Sapem de donde fueron despedidas “sin causa”. El presidente de la empresa, Tomás Marisco, el gerente Federico Harfield y el propio intendente Héctor Gay estaban al tanto de la situación y, sin embargo, acataron las órdenes de Pera.

“Mi despido fue el paso final de todo este manoseo político y gremial, de todos estos meses para que yo no denunciara antes de las elecciones. Esto fue acordado por todas estas personas que yo nombro en esta denuncia”, afirmó Trespando.

La víctima manifestó, además, que fue obligada por directivos de UTA a renunciar al sindicato y a la mutual que cubría costosos tratamientos médicos que necesitan sus hijos.

El ex concejal será juzgado en agosto por las amenazas y golpes denunciados por otros dos ediles tras una sesión para tratar un aumento del boleto de colectivos en 2015.

Laura Trespando brindó su testimonio a FM De la Calle.

“Quiero denunciar lo que estoy viviendo para poder darle también ayuda a las mujeres que vienen atrás mío”, dijo. Su relación con Ricardo Pera comenzó en diciembre de 2012 y duró casi seis años.

Yo venía de una separación, de perder a mi papá, me había mudado a una casa más pequeña que la que estaba. No teníamos muchos recursos, estábamos bastante solas con mis hijas, que son las que siempre me acompañaron en todo. Él salió de la galera y empezó a ayudarnos. Primero aparecía con un telefonito, después empezó a venir a cenar, con sus risas y sus cuentos. La verdad que me inundó de amor y de ilusión. Pensé: al fin, después de tantos años de estar mal, conozco a mi compañero y a la persona que va a caminar conmigo y ya no va a ser tan pesado.

Todo empezó porque por ahí yo tendría alguna reunión familiar con mi mamá o con mi hermana y él ya no quería que fuera. O si iba a algún lado era una discusión o ‘te la pasás en la calle, ¿qué tenés que hacer? ¿qué necesitas? ¿no te alcanza con lo que te doy?. Era imposible tener una reunión de amigas porque para él no era necesario. Si iba a su casa no podía agarrar el teléfono -yo iba fin de semana por medio- y si mis hijas me necesitaban o querían decirme una mínima cosa yo no podía contestarles.

Si necesitaba ir al mercado iba pensando ‘que no me llame, que no me llame’. Y si me llamaba me decía ‘yo siempre te tengo que enganchar en la calle’, me decía ‘por qué no te organizás mejor, salís del trabajo, pasás por la leche y no tenés que andar dando vueltas’. No quería que estuviera en la calle para nada. Mi vida empezó a ser el trabajo, mi casa y la suya. No tenía otra cosa. Ni siquiera cumpleaños de mis hermanos ni de nadie. Todo era una discusión si yo quería hacerlo. Y si iba a algún lugar de esos lo hacía sin que se entere para evitar una pelea, para evitar… cualquier cosa.

¿Eso lo tornaba más violento?

Sí, obvio. Empecé a evitar todas esas situaciones pero cuando por ahí no me daba cuenta o no la podía evitar, venía el “coscorrón” -como él le llamaba- o un castigo laboral o empezaban los gritos y las amenazas constantes.

No recurrí nunca a ningún lado porque si yo hablaba era una desagradecida, una mal parida. Cuando estuvimos bien fuimos construyendo mi casa para ir en algún momento a vivir juntos. Cuando terminé de construirla, él no vino a vivir conmigo. Pero como me ayudó mucho en lo económico -en realidad no me ayudó porque la casa era para los dos- cuando se enojaba me decía ‘bueno, vendé todo, te vas a alquilar’. Y yo pensaba a dónde voy a ir, otra vez pierdo todo. Por ese miedo seguí sosteniendo mi relación. Además, siempre me dijo que me iba a ver de rodillas, que él no iba a parar hasta verme de rodillas.

¿Vos estabas trabajando en Bahía Transporte Sapem y tenías un rol como delegada de UTA?

Sí. Fui durante tres años delegada de UTA, hasta que me hicieron renunciar cuando yo decidí separarme.

¿Estabas rodeada tanto en lo privado como en lo laboral?

Totalmente.

¿Cuándo terminás con esa relación y decidís hacer la denuncia?

Yo rompo con eso porque en una de las últimas peleas él me pegó en casa y estaban los nenes. Estaban en el living y no vieron la situación, pero estaban. Por el miedo, no solo a que ellos vieran sino a que siguiera, presioné la alarma para que sonara, tiene un botón de emergencia. Empezó a sonar, él se asustó y se fue. Pensé para mí: esta es la última vez que tengo que permitir esto en casa.

Uno de mis hijos tiene autismo y él en dos ocasiones lo golpeó. Hasta ahí era. No solamente venía sufriendo en daños o amenazas permanentes o en maltrato, que ya era nuestra forma de relación. No me di cuenta, llegó un punto en que pensé que era así la forma de relacionarse, venía de dos fracasos y empecé a pensar que era yo.

Conversando con amigas, con gente que quiero, o con mi hija que en algún momento se enojó conmigo por las cosas que yo permitía, vi que eso no es natural, normal. Pero cuando estaba viviendo eso no… seguí nada más.

¿Cómo es tu situación laboral y económica hoy?

Perdí el trabajo, perdí todo sustento. Además, ella (Ndr: su hija) que también fue despedida comenzó a trabajar en una heladería y Ricardo llamó al dueño para que la despidan. Y así pasó.

Fui a ver al intendente con la denuncia en la mano para que me reciba. Está al tanto de toda esta situación porque Sapem es en su mayoría municipal. No me recibió porque supuestamente para él esto es una cuestión personal. Yo creo que excedió lo personal, todas las personas de mi empresa sabían lo que estaba pasando y vieron las veces que iban y me retiraban de mi oficina y me obligaban a renunciar a mi cargo o a la mutual o a la afiliación.

¿Eso cuándo ocurrió?

Yo decido separarme de él y lo primero que hace es hacerme renunciar a mi cargo de delegada del gremio. Un par de meses después despide a Maite. Como yo sigo sin querer volver con él, me hace renunciar a la mutual. Yo dependía de eso para los costos de mi hijo. Después me hace renunciar a la afiliación. Quedo totalmente desprotegida en mi lugar de trabajo. En Sapem si no sos afiliado al gremio quedás afuera casi inmediatamente, así funciona. Yo coordinaba el sector de monitoreo.

¿Cómo te hacen renunciar?

Estaba sentada en mi oficina y aparecen dos compañeros suyos, el secretario adjunto y el secretario gremial. Me piden que renuncie con una hojita y yo les dije que no quería renunciar, que me quedaba sin cobertura para F.. Ellos lo conocen, hacemos un tratamiento en Buenos Aires de estimulación magnética transcraneal en INAC. Me dijeron que no, que ellos tenían que llevar esa hoja firmada y que no había opción, que no tenían explicación que darme y que hasta ahí había llegado mi momento. El secretario adjunto me dijo: ‘firma calladita así no te pasa nada’. Firmé y se fueron.

Yo siempre trabajé del lado del gremio, representando a mis compañeros, no les había faltado nunca. Siempre trabajé a la par de ellos, a pesar de que no me permitían estar en asambleas o convocatorias por mi condición de mujer.

Y así fue…

¿Y de Sapem te echaron?

Me quisieron hacer renunciar. Ricardo me obligaba a renunciar pero no quise. Me empecé a asesorar, el gerente y el presidente me decían que no renuncie. Me derivaron a distintos sectores, a Tránsito y Transporte…

¿Federico Harfield y Tomás Marisco estaban al tanto de toda la situación?

Claro, obvio, ellos estaban al tanto de todo. De hecho, Marisco en una de las venidas del gremio a la Sapem me vio demasiado sensible y me derivó al Departamento de Género. Me recibieron tres veces y también estaban al tanto de todo. Creo que no pudieron cuidarme. Tomás en cierta forma hizo lo posible para derivarme y no dejarme sin empleo pero finalmente no quedó otra, todos acataron su orden.

¿Renunciaste?

No, me despidieron sin causa.

¿Cómo te sentís hoy?

¿Cómo me siento hoy? Totalmente sola. Cuando cuento que se trata de Ricardo Pera todas las personas que podrían ayudarme no pueden. Porque tienen miedo o por intereses creados no me pueden ayudar. Fui a hablar con mi abogada y me dijo que si estaba fuerte me acompañaba.

¿Tuviste algún tipo de consecuencia?

Sí, él me mandó a decir por terceros que desestime la denuncia, que los muchachos me van a hacer mierda. Esas fueron las palabras que me llegaron. En esta denuncia presenté audios, fotos, pero bueno, no me dieron la perimetral.

¿Con qué argumento?

Que los golpes eran viejos.


Si vos o alguien que conocés vive alguna situación de violencia, llamá gratis al 144 o contactate con la Red Local de Violencia de Género [email protected]

(Por Giuliana Crucianelli) Durante la segunda jornada del juicio por el femicidio de Aída Rosa Caballín las partes presentaron los alegatos. Hernán Rogero se negó a declarar.

El acusado estuvo presente durante la audiencia aunque no acudirá el jueves próximo a la lectura de la sentencia. La Fiscalía solicitó la prisión perpetua y la defensa pidió ocho años, la pena mínima por homicidio simple.

En su alegato, el fiscal Jorge Viego argumentó que hay elementos probatorios suficientes para demostrar la figura de homicidio perpetrado de un hombre hacia una mujer mediando violencia de género.

Destacó que, por la forma que se encontraba el cuerpo de la víctima, el asesinato pudo haberlo realizado una sola persona. Señaló que cuando Rogero huyó de Blandengues al 800 “el hecho ya estaba cometido y procedió a descartar el cuerpo”.

En la Sprinter se encontraron cabellos que “coinciden morfológicamente con los de Caballín y eso habla de una mecánica de violencia dentro del vehículo”. Sin embargo, no se realizaron las pruebas de ADN necesarias para acreditar que esos cabellos pertenecieran a la víctima.

La Fiscalía afirmó que se “cosificó a la mujer en función de la actividad que realizaba”. Viego señaló que durante el allanamiento Rogero se desmayó cuando oficiales encontraron las sogas similares a las halladas en la víctima, lo cual acreditaría su culpabilidad. Asimismo, se contempló como antecedente el testimonio de la ex pareja quien aseguró que existió violencia durante la relación.

La defensa, a cargo de German Kiefel, solicitó el homicidio simple y argumentó que no hay motivación para considerar el agravante por femicidio. Señaló que no se acreditó el móvil que indique que es un caso de violencia de género.

Destacó que, en todo caso, la Fiscalía debería haber solicitado la figura del femicidio no íntimo que establece el Código Penal en el artículo 80 inciso 4. El abogado sumó como atenuantes la carencia de antecedentes ante la justicia, el buen concepto que tenía el empleador de Rogero sobre el acusado y la adicción a la cocaína.

El jueves a las 12, el juez Eugenio Casas y las juezas Claudia Fortunati y María Mercedes Rico, a cargo del Tribunal Criminal 2, leerán la sentencia contra Rogero, quien permanece en prisión preventiva.

El bloque del Frente de Todos propuso la creación de una Mesa Multidisciplinaria para la modificación del Código de Edificación.

Participarían empresarios, trabajadores, colegios profesionales, Departamentos de Ingeniería Civil de la UNS y la UTN, Ejecutivo Municipal y Concejo Deliberante.

La presentación fue acompañada de un pedido de informes solicitando precisiones acerca del estado de la obra de Caronti 33, luego del  fallecimiento del obrero Víctor Manuel Plaza, y de la internación de su compañero Kevin Ring Lares, producto de la caída de un montacargas en la edificación.

También  expresaron la preocupación del bloque por la muerte de de Mónica Haring como consecuencia  del impacto de una madera que cayó desde la obra de Gorriti al 100.

Las concejalas y los concejales peronistas instaron a modificar los controles de seguridad en las obras mediante la colaboración de Municipio y Ministerio de Trabajo de la Provincia para garantizar el cumplimiento de las normativas.

“Creemos que una mirada interdisciplinaria y transversal nos posibilitará realizar la respectiva actualización normativa y reforzar los controles de seguridad en obras”, señalan en la resolución.