Por Julio Gambina, Director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA (IEF-CTA).
El debate sobre las paritarias transita en simultáneo con el conflicto sindical y en esta semana fueron noticia los trabajadores aceiteros, los docentes universitarios, los bancarios, del transporte, entre los más visibilizados.
Pero también intervino el gobierno corrigiendo las deducciones del impuesto a las ganancias sobre la cuarta categoría, con una clara señal orientada a negociaciones salariales en torno al 25%, la inflación estimada para el 2015 según el propio Ministro de Economía.
Al mismo tiempo se asegura desde el gobierno que las paritarias son sin techo, algo que discuten los mercantiles que no lograron la homologación de un acuerdo de actualización por el 30% y que, negociación mediante con el Ministro de Economía, podrían cerrar en 26% más adicionales, redondeando el 28%. Algo similar podría ocurrir con el gremio de la construcción.
El conflicto está vinculado a la distribución del ingreso y de la riqueza, especialmente con la lógica argumental de Daniel Yofra, el Secretario General de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso de la República Argentina, que dice que “acá siempre se habla de cuánto quiere ganar un trabajador y nunca se habla de cuánto gana una empresa. Lo que nosotros proponemos es que pongamos todos los números sobre la mesa a ver si la empresa puede pagar el sueldo que reclamamos. Seguramente va a significar que los empresarios ganen menos, bueno, esa es la historia.”[1]
Yofra confirma que “acá hay una lucha de clases de la que nadie quiere hablar. ¿Por qué una empresa que en 2014 facturó 26 mil millones de pesos como Cargill, o 20 mil millones como Dreyfus no quiere dar un aumento?”.
La lucha de clases no es una cuestión teórica pasada de moda, como sostienen muchos. La lucha de clases alude a la concreta contradicción entre capitalistas y trabajadores en la disputa por el ingreso y la riqueza socialmente generada.
Es curioso como pretenden los ideólogos de las clases dominantes hacer creer que la categoría sustentada por Carlos Marx para explicar el motor de la historia y de los cambios en el marco del régimen del capital es una antigüedad. Aun cuando nieguen la realidad conflictiva de la relación de explotación, en el lenguaje directo del dirigente sindical se expresa con crudeza la lógica distributiva del capitalismo.
Empresarios y trabajadores disputan históricamente el producto del trabajo humano y el Estado capitalista interviene en esa disputa, con su política fiscal, cambiaria, monetaria, de ingresos, en fin, con el conjunto de la política económica para sustentar el funcionamiento del capitalismo.
Por eso, la intervención del Ministro de Economía anunciando ajustes en el impuesto a las ganancias y la resolución 3770 de la AFIP publicada y difundida el jueves 7 de mayo, asume la demanda de actualización del mínimo no imponible para quienes perciben salarios entre 15.000 y 25.000 pesos mensuales. Según Axel Kicillof, ello supone una mejora de los ingresos actuales entre el 4 y el 6%, con una resignación de ingresos tributarios del orden de los 6.000 millones de pesos anuales.
La lógica del anuncio apunta a morigerar la demanda salarial por lo menos en esos porcentajes, algo que las patronales en negociación paritaria ven con agrado. El acuerdo de los mercantiles y albañiles parece darle la razón.
La disposición de la AFIP establece 6 categorías de mínimos no imponibles en la franja salarial entre 15.000 y 25.000 pesos mensuales. Es una actualización que supone mejoras de ingresos para los trabajadores involucrados en esa franja de salarios, claro que son actualizaciones previas a los acuerdos paritarios que se obtengan en las negociaciones en curso.
Ello significará a futuro mayores aportaciones al ente recaudador y no resuelve la cuestión de fondo, la que remite al necesario ajuste de ingresos salariales y del mínimo no imponible desactualizado desde hace años, y más aún, a una reforma tributaria que elimine lo que se considera un impuesto al salario.
Por otra parte, desde los trabajadores se insiste es que no se trata de ajustar los salarios a la inflación pasada, presente o futura, sino de aumentar los ingresos salariales de los trabajadores, asociado al costo de vida en condiciones satisfactorias para el trabajador y su familia. En ese sentido recurrimos nuevamente al dirigente de los aceiteros cuando señala que: “No hay razones para aceptar un techo. El supuesto argumento es que la inflación no va a superar el 24 o el 30 %. Pero eso, en la medida en que vos tengas un sueldo digno. Si tenés un sueldo miserable, le aplicás la inflación y seguís teniendo un sueldo miserable”. Sobre esa base, los aceiteros cerraron paritarias en el 2014 por 38% y ahora demandan un “aumento del 42,5 % lo que equivale a llevar a 14.931 pesos el sueldo de un peón sin calificación que ingresa a una planta”, mientras las empresas ofrecieron un 24 %, lo que llevó al conflicto actual de paro por tiempo indeterminado.
Ante la falacia de que los aumentos de salarios generan inflación, Daniel Yofra se interroga si “¿La plata en el bolsillo de un empresario no genera inflación y en el bolsillo nuestro sí? Son pensamientos, ideología, obviamente. Nosotros no coincidimos y reclamamos lo que es nuestro.”
El conflicto sindical es una realidad y escala en la perspectiva de un nuevo paro nacional que incluye a dirigentes enrolados en el oficialismo, caso de los dirigentes metalúrgicos, atravesados por el reclamo de la base trabajadora y las conciliaciones obligatorias para mediar en la distancia entre demanda sindical y oferta patronal.
Fuente: http://www.agenciacta.org/
