(Por Francisco J. Cantamutto) Se cumplió ya una década del canje de deuda que el kirchnerismo enarbola como gran logro. Las concesiones que envalentonaron al capital hasta hoy.
Cuando los recursos externos escasean, la lógica del endeudamiento eterno cobra su dimensión más evidente: porque puestos contra la pared, los gobiernos eligen pagar intereses y refinanciar deuda, o sostener el gasto social (educación, salud, etc.). Al elegir la primera de esas opciones extremas, el gobierno de la Alianza alimentó la crisis, y para todos fue evidente el problema. Cuando el breve presidente Rodríguez Saá declaró en el Congreso el default de la mitad de la deuda –que ya era un hecho, antes de su anuncio-, señaló al pasar la necesidad de investigar la deuda. El anuncio quedó en la nada.
Duhalde, en cambio, postuló una nueva idea: “hacer a los acreedores socios del crecimiento”. Pagando puntualmente, buscó mostrar que el problema no estaba en la deuda en sí, sino su rol, que debía supeditarse a la producción. Con esta lógica negoció durante un largo año con el FMI. Su ministro de economía, Lavagna, funcionó como puente operativo para llevar esta misma lógica al gobierno de Kirchner: pagar todo lo que se pueda, y que los acreedores sigan prestando, pero ahora, para invertir productivamente. El incumplido sueño keynesiano: la inversión se financió, especialmente en esos años, con ganancias de las empresas, que tanto obtenían, que les alcanzó para invertir, desendeudarse y acumular recursos improductivos.
¿Cómo se traducía en la negociación esta “asociación productiva”? El elemento novedoso y tentador del canje de 2005 fue la incorporación de bonos atados al crecimiento del PBI: toda vez que el país crecía, le pagaba más a los acreedores. Por supuesto, a esta “asociación” se sumaba en premio, el reconocimiento de intereses caídos, y nuevos intereses. Se redujeron las jurisdicciones de aplicación, pero se mantuvieron dos extranjeras, incluyendo Estados Unidos. Y, por sobre todas las cosas, contra lo que reclamábamos en el 2001 y lo que votamos en la consulta popular de 2003, se produjo un nuevo reconocimiento de deuda espuria.
¿Era gratuito? Claro que no. El canje lo que hizo fue convalidar una vez más la expoliación ilegítima de la deuda, alargando los plazos de pago, pero no mucho más. Como diversos cálculos han mostrado, no hubo quita alguna sobre los montos totales. A cambio de esto, el país obtuvo… básicamente nada. Mientras los recursos externos eran abundantes –mezcla de mayores precios externos, mayor producción exportable, importaciones deprimidas, etc.- no se percibió el peso de este arreglo: parecía que todos podían ganar. Pero cuando la billetera empezó a apretar, desde 2010, la dinámica cambió. El superávit fiscal desapareció, y para mantener el arbitraje del Estado, era necesario encontrar otras fuentes de recursos.
Por eso el gobierno comenzó a desesperarse por obtener nuevos préstamos, aceptando peores condiciones. Así se reabrió el canje en 2010, a pedido de Barclays, Deutsche y Citibank, llegaron más tarde los arreglos en el CIADI, los pagos a REPSOL, el arreglo con el Club de París, etc. Estos acuerdos no generaron nuevos ingresos de divisas, pero facilitaron la emisión de nuevos bonos, incluso, desde el año pasado, en dólares. Se cumplía la promesa de Kirchner, volver a los mercados de deuda, lo que se quiso desde el inicio.
Pero tanta promesa de pagos, tentó a los especuladores de mayor calaña. Aparecieron así los fondos buitres, comprando deuda a precios irrisorios y demandando en cortes ajenas para obtener pagos ingentes. El gobierno contestó: “Queremos pagar, pero no nos dejan”. La respuesta, por supuesto, fue como sangre fresca para el carroñero, que se ensañó: “Si prometen pagar todo lo que puedan, habrá que ver cuánto es eso que pueden”. La disputa jurídica se extendió al encontrar en un tribunal de Nueva York al juez Thomas Griesa, siempre dispuesto a favorecer a los acreedores. El fondo buitre de Paul Singer lo explotó hasta el máximo, y detrás aparecieron otros fondos a buscar su parte.
Desde enero de este año, venció la cláusula RUFO que hubiera permitido al 93% de los acreedores que canjearon su deuda en 2005 o 2010 exigir las condiciones logradas por Singer. Pero una vez vencida, los reclamos, y los fallos de Griesa, continuaron, basándose en una interpretación particular de las cláusulas de pari passu típicas de los contratos. Esto permitió la aparición de los “me too” (“yo también”, en inglés), nombre que grafica el caprichoso reclamo. Son 500 dueños de 5.400 millones de dólares en bonos, que podrían ir hasta los 6.500 millones con los intereses. Si bien el monto total no es un problema irresoluble, tal como con el MNL Capital de Singer, el asunto es que genera incentivos, como repetimos en la jerga económica. Incentivos a reclamar cualquier título, a no aceptar ningún canje, a no tener el menor cuidado con la ilegalidad de los instrumentos que lo sustentan.
Los holdouts, los fondos buitres, los “yo también” y su juez estrella Griesa exigen y reclaman a la Argentina, y tras todo este tiempo y recursos invertidos, no irán por menos de lo que pedían. El gobierno argentino, mientras tanto, trata de sortear la red de trabas legales, para continuar pagando la deuda. La disputa con una fracción minúscula de los acreedores le permite continuar pagando el total de las ilegales e ilegítimas acreencias. Incluso más, atacar a adversarios internos: se descubrió recientemente que el Grupo Clarín tenía dos empresas (VLG Argentina y Grupo Clarín Services) en la misma sede que los fondos buitres, el 1209 de Orange Street en Wilmington, estado de Delaware, Estados Unidos. Una cueva de lavadores de dinero denunciada en el propio país del Norte.
Pero el ruido de esta disputa no debe oscurecer el panorama grande: la continuidad en los pagos, en el endeudamiento –que financia fuga de capitales, no inversiones-, en el mecanismo ilegal e ilegítimo de subordinación al mundo. El pago de intereses de deuda creció un 32% del primer trimestre del año pasado al mismo período de este año, según informó el Ministerio de Economía. Este es uno de los componentes que fuerza al déficit fiscal, que alcanzó los 17.428,6 millones de pesos en marzo pasado. Mientras la prensa del capital insiste con que el problema está en los subsidios a los/as trabajadores/as, no podemos dejar de insistir: la deuda es una de las formas más perversas de transferencia de recursos del pueblo argentino a la especulación mundial. La comisión recientemente creada para investigar la deuda no ofrece ninguna garantía. Los candidatos presidenciales de más presencia sólo insisten en “normalizar” la relación, esto es, continuar las promesas de pagos, algunos, incluso más allá de lo posible.
Por eso tenemos que presionar para que anule la deuda. Del miércoles 3 al viernes 5 de junio se realizará en Buenos Aires la Primera Conferencia Internacional sobre Deuda, Bienes Comunes y Dominación, para debatir sobre el flagelo y la necesidad de una salida definitiva al problema.
