HCD: reclamos sociales y un intendente ausente

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El intendente Héctor Gay no se presentó en el Concejo Deliberante para abrir el período de sesiones ordinarias. Según Nicolás Vitalini, presidente del cuerpo, “no estaban dadas las condiciones”.

En la antesala del esperado discurso, el presidente del bloque de Unidad Ciudadana, Carlos Quiroga, manifestó:

  • “Son horas muy tristes para Bahía Blanca, el tema de la inseguridad está haciendo estragos”.
  • Invitó a que “la gente mire las sesiones por internet, porque es una buena manera de auditar nuestro desenvolvimiento”.
  • Entre los elementos a tratar en la primera sesión, esperaban que Walter Larrea defendiera un proyecto “llamando la atención sobre lo que está pasando en Cargill, pidiendo que el Concejo pueda poner a miembros del cuerpo para interceder ante la empresa (que está en lock out patronal con mucha gente al borde del despido)”. También pretendían pedir “un informe sobre por qué tardó tanto la ambulancia en el caso de la chica apuñalada en el Barrio Rucci”. Además querían preguntar cómo esta “el tema de la vacunación contra el sarampión” y pedir que “Marisco explique el desastre de los parquímetros”.


Lxs trabajadorxs estatales fueron al Concejo luego de manifestarse frente al palacio municipal. Sandra Marfil, integrante de la comisión de ATE Bahía Blanca dijo:

  • “Estamos en el HCD manifestando y apoyando a los compañeros de Cargill, la orquesta infanto juvenil…” y aseguró que desde el municipio están “haciendo recortes -como siempre- sobre los más débiles, recortando todo en los barrios, sacando lo que es contención social”.
  • También manifestó: “el gobierno no escucha, solo habla con gremios obsecuentes de los salarios a la baja, no nos va a impedir seguir protestando y manifestando porque estamos perdiendo derechos. Ningún trabajador puede estar por debajo de la línea de pobreza, tiene que tener un salario digno, no la miserable cifra que ofrece la gobernadora”.

El gremio de Aceiteros se acercó al deliberativo después de recibir la noticia del lockout patronal en las plantas de General Gálvez y Bahía Blanca. El secretario adjunto del sindicato, Diego Márquez -quien concurrió con su hijo en brazos para mostrarle a lxs concejalxs cómo perjudica a las familias la situación-, comentó:

  • “Fuimos a trabajar y pusieron un cartel en el ingreso notificándonos que por cinco días no íbamos a ingresar ni a cobrar salario. Presentamos a todos los bloques cuál era la situación y desde UC van a intentar generar algún tipo de comisión para tratar de ir a hablar con Cargill”.

vitalini

La abogada feminista y tambora de DesBandadas, Fernanda Petersen, habló frente a lxs presentes minutos después del mediodía cuando ya circulaba la noticia de que Gay no iba a hablar. Petersen exigió que el intendente apareciera y escuchara los reclamos “porque trabaja para nosotros”. Al ser entrevistada por FM De la Calle aseguró:

  • “Es una falta de respeto a cada una de las personas que están en el recinto trayendo su reclamo. […] Son problemáticas de las cuales no puede no ser sensible, más cuando ocupa un lugar de poder y público; es representante de todxs los bahienses y tiene que venir y sesionar. […] Es una cuestión institucional”.
  • “Todas las personas que estamos acá queremos escuchar qué tiene para decir, preguntar y plantear todos los conflictos. Si consideran que estos conflictos no son tales que se lo digan en la cara a la gente, pero no puede no estar presente en un día como hoy”, reiteró.
  • Respecto a los casos de las últimas semanas que tuvieron a mujeres como víctimas, dijo que es una “situación social muy grave, un desmembramiento social muy importante y creo que del Estado deberían venir las respuestas. El caso de Bustos (la joven apuñalada en el barrio Rucci), los tres chicos detenidos son menores, si vemos la foto de ellos y de la chica, son cuatro víctimas. Algo está mal y si no tomamos esta foto como una radiografía social, y nos ponemos a trabajar para solucionar esto. Nos están matando como moscas”.


Minutos antes de las 13, el presidente del HCD y lxs concejalxs del bloque Cambiemos bajaron a la sala para iniciar la sesión. No pudieron cumplir su objetivo porque -según Vitalini- “un grupo minoritario vino a impedir que esto se concrete”.

Desde la oposición, Gustavo Mandara (Cumplir), reflexionó:

  • “Lamentamos mucho esto, están empezando a cosechar las tempestades que sembraron en los últimos años”.
  • “Uno lamenta que determinado tipo de actitudes cuando se salen de su cauce pueden terminar siendo funcionales a aquellos intereses que se pretende combatir. Falta criterio de un poco más de respeto por las instituciones”.
  • “Hoy hay un montón de reclamos, todos reales, comprensibles, pero han generado una tormenta perfecta que no se qué va a desencadenar”.
  • Si bien aseguró no tener “expectativas de Gay, llamándome al respeto, quería escuchar con atención qué es lo que tenía para decir. Cuando uno repasa lo que dijo en 2016 y 2017 nada se cumplió”.
  • Sobre el bloque oficialista dijo que “se están empezando a dar cuenta que le brotan problemas de abajo de las baldosas, llama a la reflexión en el sentido de darle al Concejo Deliberante el rol que corresponde”.

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Licencia para comunicar: LRM920 FM De la Calle 87.9MHz

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FM De la Calle accedió oficialmente este jueves 5 de abril a una licencia de radiodifusión para seguir democratizando el aire bahiense como lo hace desde 1989.

El ENACOM adjudicó a la Cooperativa de Provisión de Servicios Culturales de Bahía Blanca Ltda. el permiso “para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia que operará en el canal 200, frecuencia 87.9 MHz., categoría F, identificada con la señal distintiva LRM920, de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires”.

La resolución del directorio del organismo fue tomada por unanimidad durante la reunión del 22 de marzo pasado y fue publicada hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Hacemos extensiva nuestra alegría y abrazo a quienes fueron y a quienes son parte de esta historia comunitaria, alternativa y popular!

 

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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

Resolución Sintetizada 2045/2018

RESOL-2018-2045-APN-ENACOM#MM – FECHA: 22/3/2018 – ACTA 32

EXPCOMFER 1104.00.0/2006

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto:

1.- Adjudicar a la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS CULTURALES DE BAHÍA BLANCA LIMITADA (C.U.I.T. N° 30-70983306-1), una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia que operará en el canal 200, frecuencia 87.9 MHz., categoría F, identificada con la señal distintiva LRM920, de la localidad de BAHÍA BLANCA, provincia de BUENOS AIRES.

2.- La licencia otorgada abarcará un período de QUINCE (15) años contados a partir de fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud de la licenciataria.

3.- Otorgar un plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos contados a partir de la publicación de la presente, para que el licenciatario envíe la documentación técnica exigida.

4.- El monto de la garantía de cumplimiento de contrato, asciende a la suma de PESOS ONCE MIL CIENTO NOVENTA ($ 11.190,00), debiendo el depósito constituirse en alguna de las modalidades prescriptas en el referido Artículo, dentro de los TREINTA (30) días corridos de publicada la resente. 5º- Establecer que dentro de los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos de publicada la presente, la estación deberá estar instalada acorde con el proyecto aprobado e iniciar sus emisiones regulares, previa habilitación conferida por este organismo.

6.- La adjudicataria deberá cumplir con el pago del gravamen correspondiente al servicio adjudicado, desde la fecha de su presentación al Régimen de Normalización, dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de otorgada la licencia, de así corresponder.

7.- La licenciataria asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC, con relación a la altura de la estructura soporte de antenas a instalar y el cumplimiento de las normas correspondientes emanadas de dicho organismo. El alcance de la licencia adjudicada por la presente, se limita a los parámetros técnicos asignados, no comprendiendo obras de infraestructura civil, fiscalización del espacio del aéreo ni otros ajenos a la competencia del ENACOM.

8.- Determinar que el reconocimiento correspondiente a la emisora “FM DE LA CALLE”, de la localidad de BAHÍA BLANCA, provincia de BUENOS AIRES, establecido por la Resolución Nº 753-COMFER/06 ha decaído de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 7º de la Resolución Nº 1.366-COMFER/06, sin perjuicio de lo cual, el cese efectivo de las emisiones tendrá lugar el día en que se habilite el servicio que por la presente se adjudica.

9.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese Firmado: Miguel Ángel De Godoy, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.

NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página web de ENACOM: www.enacom.gob.ar/normativas.

Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho, Ente Nacional de Comunicaciones.

e. 05/04/2018 N° 21388/18 v. 05/04/2018

Fecha de publicación 05/04/2018

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Refugiados en Bahía: volver a empezar

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Omar Asad, integrante de la comisión directiva de la Sociedad Sirio Libanesa de nuestra ciudad, relató en FM De la Calle cómo es la vida de cuatro personas refugiadas que se instalaron en Bahía Blanca semanas atrás: Miral, un hombre de 37 años; Heikel y Roy, quienes concurren a las escuelas medias de la universidad y Ahlam la madre de los dos adolescentes.

Miral participó en la guerra que se desató en Siria el año 2011. Asad comentó que “no era militar de carrera” (estudió Economía en la universidad) y estuvo como soldado en el ejército oficial de Siria. Recibió cuatro heridas juntas de armas y dice que ‘Dios lo salvó’. “Todos esperan que sean musulmanes pero ellos  son católicos ortodoxos”.

“Tenía una vida de clase media pero, por lo que cuenta, ni la casa ni los bienes familiares han quedado en pie. Se recuperó y consiguió la posibilidad de venir porque la mamá es hija de árabes pero nació en Córdoba y a los nueve años volvió a Siria donde se casó con el padre de Miral”, mencionó Asad.

La llegada de lxs cuatro a Bahía Blanca es “gracias a la gestión de la presidenta de la Sociedad Sirio Libanesa, Susana Schbib, quien los apadrinó. Cumplió con todos los requisitos y pudo facilitarles la permanencia legal. También les facilitó una propiedad que tenía en desuso, les queda aprender bien el castellano y conseguir trabajo lo más pronto posible”.

Sobre Siria le comentaron a Omar que “era un país ‘normal’ hasta esta guerra civil que es devastadora. [Miral] me señalaba que lo que vemos por televisión es el tamaño de una uña de lo que pasa en realidad”.

Mientras mejoran su castellano y consiguen trabajo, lxs refugiadxs cocinan y venden comidas típicas de su país.

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“Si no se volvían a afiliar a la Uocra los iban a despedir”

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Desde el SITRAIC denunciaron aprietes por parte de la empresa Carcereny Construcciones S.A. y del interventor de la UOCRA, Carlos Boer a los trabajadores que están realizando la semipeatonalización de calle Alsina.

Cinco obreros fueron despedidos en el marco del conflicto que mantienen con la constructora y el Municipio. “Nunca hubo una toma de obra como ellos dicen, siempre fue en asamblea, fue un cese de actividades, nunca fue un paro de obras”, dijo a FM De la Calle Martín Parada.

La obra, autorizada por el HCD en enero del 2014 por la Ordenanza 17.421, fue puesta en marcha cuatro años después. La licitación fue otorgada a la empresa Carcenery Construcciones S.A.. “Estamos esperando respuestas del municipio porque esta empresa tiene antecedentes donde ya ha dejado a gente tirada en la calle, sin pagarle”.

Días atrás, desde el sindicato manifestaron que la obra no tenía las medidas de seguridad necesarias. “Dos compañeros han tenido distintos accidentes: uno ha caído en un pozo trabajando con el martillo neumático y tenemos un compañero que la semana pasada salió lastimado con una amoladora por no tener protección, que eso lo tiene que brindar la empresa”.

“La Municipalidad sigue mirando para otro lado, como siempre. Al SITRAIC no lo han atendido, siempre han atendido a la UOCRA. Esto es clarito, dos más dos es cuatro, está metida la UOCRA, los empresarios y como cómplice el municipio”, finalizó el dirigente.

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Siguen prescribiendo causas por contaminación ambiental

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El juez José Luis Ares absolvió a Petrobrás en una infracción por contaminación ambiental. Nuevamente “las injustificadas demoras” del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible en el trámite del expediente llevaron a la prescripción de la causa. Ares subrayó la “irregularidad” y remitió el fallo al jefe de Gabinete de la gobernadora María Eugenia Vidal.

La petrolera debía pagar 70 mil pesos de multa por la emisión de olores a hidrocarburos y azufrados el 3 de febrero de 2011. Ese día el OPDS llamó a la empresa a hacer su descargo aunque recién la condenó el 24 de mayo de 2012 cuando “ya se había cumplido el plazo de prescripción”.

“Sin embargo, inexplicablemente, ese decisorio del órgano administrativo recién se notificó a la firma imputada el 10 de marzo de 2017 y recién se concedió el recurso el 22 de junio de 2017, habiéndose producido una incomprensible e injustificada demora en la tramitación del proceso, en un largo camino hasta su arribo a esta sede judicial, lo que recién ocurrió el 27 de febrero del corriente año”, afirmó Ares.

En marzo de 2016, el juez ya había planteado el problema al absolver a PBB Polisur del pago de 150 mil pesos por la prescripción de una causa por emisión de humos negros durante casi veinte minutos el 20 de abril de 2011. En aquella sentencia insistió en la necesidad de modificar las leyes y denunció como “sospechoso” al “sistemático y burdo accionar dilatorio de los funcionarios del OPDS”. Incluso se remitió a la Fiscalía ante la posible comisión de delitos de acción pública, tales como abuso de autoridad, omisión o retardo de actos del oficio, violación de los deberes de funcionario público.

En el fallo Petrobrás -del 14 de marzo pasado- recuerda que, en su opinión, “de ningún modo el código de faltas policiales tiene aplicación en estos casos que versan sobre contravenciones que afectan el ambiente. Por el contrario, si bien la normativa específica no prevé plazos de prescripción, debo destacar que la Ley 11720 de residuos especiales (art. 56) establece en tal sentido el plazo de cinco años, al igual que la Ley Nacional 24051, que establece el régimen de desechos peligrosos (art. 52). Dicha normativa, por regir la misma problemática, es la que debe ser tenida en cuenta en estos casos”.

“No obstante mi opinión, la que dejo a salvo, entiendo que debo aplicar la doctrina de la Corte provincial, dada la ubicación institucional de la misma, a que es una posición más favorable para la imputada y por razones prácticas a fin de evitar dispendio jurisdiccional, dado que un pronunciamiento en sentido contrario a aquella doctrina será revocado en instancias superiores”, concluyó.

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Nuevo intento de amedrentamiento contra FM Alas

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Este fin de semana lxs compañerxs de FM Alas publicaron un comunicado que informaba sobre un incendio en los cimientos de la construcción de su nueva sede. Esto ocurre luego de reiterados episodios de amenazas, dos de ellos precisan “que nos iban a prender fuego la radio” según aseguró Guido Augello, periodista e integrante del colectivo.

Radio Alas existe hace treinta años en El Bolsón y los últimos veinte habitó una casa antigua en el centro que “lamentablemente tuvimos que dejar en diciembre para empezar a construir un lugar propio para la radio. Estuvimos recibiendo amenazas telefónicas a lo largo de 2017 por la cobertura de lo ocurrido con Santiago Maldonado y Rafael Nahuel y otros proyectos extractivos de la zona que intentó avalar el intendente (loteos privados en reservas naturales)”. Esto generó una relación “muy tensa” entre la radio y el gobierno municipal, detalló Augello.

“Si hubiesen querido prender fuego el lugar anterior hubiera sido bastante complicado, en este caso parece que ante la facilidad [de la nueva ubicación] consumaron el hecho” dijo y explicó que el día 30 habían puesto los tirantes “de lo que iba a ser el piso de la nueva construcción, fue el primer material inflamable que se puso en el lugar”.

“Esa misma noche fueron algunos individuos con la intención de romper estos tirantes y luego decidieron armar una fogata -iniciado con una publicación de “Prensa del Pueblo”- que por suerte no se propagó mucho. Las pérdidas materiales no son tantas, nos queda claro el mensaje mafioso, si la intención hubiese sido robar podrían haberse llevado materiales de construcción”, comentó el periodista.

Esta no es la primera vez que sufren amenazas en la zona, incluso hay antecedentes de emisoras radiales incendiadas: “Radio Activa y Radio Patagonia Andina se encontraban en su momento cubriendo y teniendo una opinión en contra de proyectos relacionados con Joe Lewis y fueron prendidas fuego”. También el centro comunitario del paraje rural Mallín Ahogado -donde se reúne la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra- sufrió cinco siniestros.

El integrante de FM Alas afirmó que la responsabilidad “de esta situación y de cualquier cosa que pudiera ocurrir” es de la “Fiscalía del Bolsón, el poder judicial provincial y el poder ejecutivo provincial, que tienen la obligación de protegernos y de generar el espacio donde nosotros podamos llevar adelante la comunicación”.

“Tenemos denuncias de todas las amenazas del año pasado, nos presentamos como querellantes, propusimos medidas para que la Fiscalía pueda dar con las personas que nos estaban amenazando, llevamos un perito propio y lo rechazaron, pruebas contundentes de la titularidad de los números de teléfono que se habían contactado con los mensajes intimidatorios y desde la Fiscalía no se intento avanzar”, concluyó.

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Siguen sin investigarse las torturas en Malvinas

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Ernesto Alonso, integrante del CECIM La Plata y ex combatiente de Malvinas, se refirió a la causa que investiga las torturas ejercidas por las fuerzas armadas contra los soldados durante la guerra con Inglaterra. La Comisión Provincial por la Memoria adhirió al pedido de indagatoria a represores.

La causa fue iniciada en 2007, tiene más de 120 hechos denunciados, alrededor de 90 militares imputados y ni una sola indagatoria. “Aquí hay una política ausente con respecto a lo que debería continuar siendo el proceso Memoria, Verdad y Justicia (…). Es inadmisible que todavía estemos pidiendo que se investigue”, manifestó.

En el año 2015 fueron desclasificados los archivos secretos de la guerra de Malvinas en donde se da cuenta de los vejámenes a los que se veían expuestos los soldados por parte de los militares.  Alonso sostuvo que “hay testimonios, las actas de recepción firmadas por los propios soldados, que denuncian estos hechos, hay actuaciones de justicia militar que denuncian estos hechos y hay todo un montaje de inteligencia para encubrir estos hechos y órdenes de los propios jefes de la dictadura para que no se sepa la verdad. Todo esto también está en la causa”.

Consultado sobre qué visión tienen respecto de la política de Cambiemos en materia de soberanía argumentó que “lamentablemente estamos retrocediendo” y que “estamos recorriendo caminos ya transitados, erróneos de la política exterior de la República Argentina”.

“Lo comparo esto con aquellos acuerdos firmados en los años ’90, los acuerdos de Madrid, que le permitieron al imperialismo británico avanzar en la explotación de recursos naturales. Lamentablemente la política de Cambiemos (…) está nuevamente beneficiando los intereses y la política británica en el Atlántico Sur”.

“Nuevamente están embargando el futuro de los argentinos en un área riquísima. Estamos hablando del conflicto más importante a escala global por la cantidad de kilómetros cuadrados que están en disputa. No son solamente las Islas Malvinas, Sandwich, Georgias del Sur, sus mares circundantes, lo peor aún es la tercera fase que se plantea Gran Bretaña que es avanzar hacia la Antártida. En el 2040 vence ese Tratado Antártico y si no consolidamos una política efectiva sobre la cuestión Malvinas, defendiendo los intereses de los argentinos, también vamos a perder la Antártida porque ese es el objetivo final de los británicos ”, aseguró.

Acompañamiento de la CPM

Hace casi once años, el Centro ex combatientes Islas Malvinas (CECIM La Plata) denunció en el juzgado federal de Río Grande, Tierra del Fuego, las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas contra soldados argentinos durante la guerra. En la causa hay 105 denuncias por hechos de torturas, vejaciones y malos tratos que incluyen estaqueamientos, enterramientos y exposición al frío extremo y el hambre, entre otras prácticas, y más de 90 oficiales y suboficiales señalados como responsables.

El año pasado, el CECIM La Plata reiteró la solicitud de indagatoria para los militares Eduardo Flores, Pedro Pierre, Gregorio Cabrera, Rodolfo Cionchi, Osvaldo Vega y Reynaldo Oliver. Hoy, como querellante de la causa, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un escrito ante el juzgado federal adhiriendo al pedido solicitado por el centro de ex combatientes.

Asimismo, a raíz de las nuevas pruebas que surgen de un informe de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad, la CPM también solicitó que se cite a declarar al teniente Eduardo Ferrer, a los cabo primero Miguel Ángel Benítez y Fernando Scicchitano, y al cabo Néstor Marmallon. Este informe, realizado a partir del entrecruzamiento de archivos desclasificados y requerimientos obrantes en la causa, permitió identificar nuevas víctimas e imputados y se suma como un elemento de prueba para avanzar con las solicitudes de indagatoria.

Después de tantos años de dilación para avanzar en el juzgamiento de estos crímenes, la CPM volvió a remarcar la “imperiosa necesidad de contar en la presente investigación con avances en la determinación de responsabilidades penales”. En ese sentido, y con el objetivo de impulsar la causa, el organismo se había presentado como querellante el año pasado.

A 36 años de la guerra, la condena por los hechos de muertes, torturas y malos tratos cometidos en las islas por los militares argentinos contra sus propios soldados sigue siendo una deuda pendiente de nuestra democracia.
Estos crímenes de lesa humanidad deben ser juzgados y sancionados sin demora. El paso del tiempo genera más impunidad y revictimiza a los conscriptos que padecieron estas graves violaciones de derechos humanos y sus familias.

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Fiscal de la impunidad: impugnan candidatura de Ulpiano Martínez

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Organismos de derechos humanos locales y nacionales exigieron al Senado que no convalide la designación de Santiago Ulpiano Martínez como fiscal federal de nuestra ciudad porque sería “un claro retroceso en el proceso de memoria, verdad y justicia contra los crímenes del terrorismo de Estado”.

El abogado de la APDH, Walter Larrea, dijo a FM De la Calle que “esto tiene que ver con el clima de época que se vive con toda la cuestión del ‘curro de los derechos humanos’, tal cual lo denominó el presidente Macri, y es premiar o ungir en funciones de mayor responsabilidad a aquellos funcionarios que precisametne no se caracterizaron por darle impulso y dinamismo a los procesos judiciales vinculados al esclarecimiento de la verdad y las responsabilidades penales”.

“Y no tanto contra militares sino fundamentalmente la cobertura y el manto de impunidad sobe los actores civiles. El caso de Vara y Massot son emblemáticos en ese sentido y tanto el dr. Martínez como el dr. Fernández Moreno -que ungía como secretario del juzgado- han tenido una responsabilidad cabalmene demostrada”, agregó.

Los organismos recordaron que Martínez fue nombrado por la Cámara Federal de Apelaciones como juez subrogante del Juzgado Federal N°1 el 5 de junio de 2012. “En dicho cargo, incurrió en graves irregularidades en relación a la investigación de crímenes de lesa humanidad, intentando procurar la impunidad de sus responsables”.

“Rechazó constantemente pedidos de indagatoria a genocidas realizados por el Ministerio Público Fiscal en las causas en las que se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en el ámbito del V Cuerpo del Ejército. Pese a que la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca le ordenaba llevar adelante las indagatorias, Martínez continuaba en su negativa, violando así la ley procesal. En muchos casos, debió inhibirse de continuar investigando por su conocida relación de cercanía con los imputados”.

También lo responsabilizaron por haber “garantizado impunidad a Aldo Omar Vara -capellán del Comando del V Cuerpo del Ejército-, quien en los Juicios por la Verdad reconoció haber tenido contacto con ex alumnos de la ENET °1 en el centro clandestino de detención La Escuelita para obtener información y evitar que denunciaran los delitos de los que habían sido víctimas”.

“En abril de 2013 los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia pidieron su detención, la cual fue rechazada por Martínez. En agosto de 2013, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca revocó dicha decisión y Martínez, en lugar de ordenar la inmediata detención de Vara, se apartó de la causa. Esto permitió a Aldo Vara profugarse en Ciudad del Este, República del Paraguay, donde finalmente fue detenido por Interpol el 28 de abril de 2014, falleciendo poco tiempo después”.

“También demoró el llamado a indagatoria de Vicente Gonzalo María Massot, dueño del diario La Nueva Provincia. El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca había ordenado que se indague acerca de su responsabilidad en los asesinatos de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. Por lo tanto, el Ministerio Público Fiscal pidió a Martínez que abra la instrucción correspondiente, a lo cual se negó sin siquiera llamar a Massot a indagatoria. Dicha resolución fue revocada por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, ante lo cual Martínez se inhibió de continuar entendiendo en la causa”.

“Martínez se negó a investigar los delitos sexuales cometidos en la órbita del V Cuerpo del Ejército, lo cual había sido requerido por el Ministerio Público Fiscal, sosteniendo que dichos crímenes no eran de lesa humanidad. Esta decisión fue revocada también por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. Frente a dicha resolución, en lugar de citar inmediatamente a indagatoria a los imputados, Martínez siguió tomando medidas dilatorias”, advirtieron.

Afirmaron además que “estas gravísimas irregularidades fueron denunciadas ante el Consejo de la Magistratura por parte del Ministerio Público Fiscal, la Asociación Civil H.I.J.O.S. Bahía Blanca y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Como consecuencia, el Consejo definió no ratificar la designación de Santiago Ulpiano Martínez como juez subrogante”.

“Actualmente, Santiago Ulpiano Martínez está siendo investigado por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por su actuación en el Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca, en el marco de una denuncia realizada en diciembre de 2014 por los fiscales de dicha jurisdicción. Al postularse para el cargo de vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Martínez no lo informó al Consejo de la Magistratura”.

“La actuación de Santiago Ulpiano Martínez como juez subrogante puso en riesgo el proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia que debemos defender y por el que hemos sido reconocidos como ejemplo en el mundo”, concluyeron.

El documento lleva las firmas de Abuelas de Plaza de Mayo, APDH, APDH Bahía Blanca, APDH La Matanza, Asociación Buena Memoria, CELS, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, H.I.J.O.S. Bahía Blanca, H.I.J.O.S. Capital, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Red por el Derecho a la Identidad Bahía Blanca.

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