Vecinos y vecinas que se oponen al proyecto de cocheras en la Plaza del Sol se reunieron con Tomás Marisco, secretario de Movilidad Urbana, y con el ingeniero forestal Pablo Bianco, director de Espacios Públicos.

“Las promesas que hemos obtenido son las de restitución del agua, ABSA ya hizo la reparación de la cañería. Nos garantizaron que en un período que puede llevar seis meses, van a mejorar la iluminación, a poner cestos, a ocuparse del mantenimiento del espacio”, comentó a FM De la Calle Nora Marfil, integrante de la asamblea vecinal.

El proyecto de las cocheras es una iniciativa privada, “pensamos que de ninguna manera se puede llevar adelante porque no hay presentado un estudio de impacto ambiental y como sabemos que las napas son muy altas, sería catastrófico socavar y meter las máquinas excavadoras porque se rajarían todos los edificios”.

Por otro lado, la vecina mencionó que pretenden llevar adelante los trámites para declarar al espacio patrimonio histórico: “Nos oponemos a la mala fama que se le hace y que los ‘trapitos’, que son los lavacoches, son personas respetuosas, colaboran con nosotros proporcionándonos el agua, pensamos que la Municipalidad tendría que tener el cuenta la situación de estas personas desde la parte del servicio social, muchas están en situación de calle”.

Marfil dijo que “se está elaborando un proyecto alternativo de intervenciones y modificaciones beneficiosas para la plaza, no solo para el cuidado de lo existente sino de las posibles reformas que tenderían a hacer la plaza más accesible y visible”.

Por último, la vecina comentó que organizaron una grilla de actividades gratuitas para continuar habitando la plaza.

(Por Astor Vitali) Plaza Italia es el lugar histórico desde el que partieron distintas concentraciones de manifestación política. Hoy, no se puede utilizar ningún vocablo en tiempo pasado: Plaza Italia, en Santiago de Chile, es el escenario de una manifestación política con presente activo y final incierto.

Sobre las veredas laterales, algunos vendedores ofrecen máscaras de oxígeno, bebidas, patinetas, pañuelos, antiparras. Las funciones son claras: filtrar la agresividad de las gases lacrimógenos, hidratarse, estar presto para moverse en sentido ofensivo y defensivo, protegerse la cara y sobre todo los ojos, ese órgano que los carniceros –quise decir carabineros, pero así es mejor- eligieron como objeto de goce morboso.

A dos breves cuadras, avenida y puente por medio, el barrio turístico de Bella Vista es visitado por turistas y por barricadas, por curiosos y por revoltosos, por fotógrafos y por soldados. Hay boliches en este barrio que nunca paran. Pese al aspecto paquete de sus visitantes, a las cuatro de la mañana puede escucharse entre el punchi punchi –esa música inhumana- “el que no salta es paco, el que no salta es paco”, con métrica forzada, y segundos más tarde, “el que no salta es Piñera, el que no salta es Piñera”. La revuelta puede ser tan seria como divertida. Salvo para lo que no tienen con qué divertirse.

Y estoy halando de dinero, lógicamente. Lo que más me impactó de algunos espacios de concurrencia pública en Chile es la honestidad de su propuesta de civilización: el que no tiene con qué pagar, se jode. Y además, que se joda en silencio y a oscuras. Que no vaya a recordar a sus coterráneos de barrios prístinos pero sin alma, y de autos nuevos pero sin alma, que toda esa riqueza de la que disfrutan tiene origen en la pobreza que los otros padecen: en un modelo que necesita de la asimetría de ingresos y de la injusticia social.

Los shoppings son parte de la cultura de estas culturas de mercado. Un lugar donde podés encontrar de todo y tal vez, hasta te topes con buenos precios. Es curioso cómo un ser humano que vive de su salario puede encontrar alegría el hallazgo de un bajo precio, puesto que no requiere mayor ejercicio intelectual arribar a la siguiente pregunta: ¿por qué este precio es más bajo que los otros? Sin ingresar al mundo de los sabios economistas que dominan la atención de la época (¿será que sus planes resultan exitoso?), podemos decir muy rápidamente que para que un producto llegue a la góndola a precio menor que otro, alguna de las variables de producción debe modificarse a la baja. Pongamos que hay menos impuestos por el libre mercado (es decir, fábricas cerradas en Chile). ¿Alcanza esto para explicar el precio? Uno podría suponer que el capitalista pensó achicar la tasa de ganancia, pero inmediatamente estallaría en una carcajada. Entonces, sacando los insumos, los precios bajos de la industria indumentaria encuentran –en general- su explicación en la mano de obra barata. Mano de obra barata, a esa escala, es un odioso eufemismo por trabajo infantil, esclavo o semi esclavo. Es curioso, decía, que un trabajador encuentre alegría en esta operación. Claro está que siempre es mejor hacer como que uno no sabe, y simplemente pensar en el precio; nunca en el proceso que lo parió.

Por calle Pío Nono, arteria central de Bella Vista, a pocas cuadras de la casa museo de Pedro Neruda, el frente de una farmacia ofrece un síntesis visual: unas publicidad de fármacos legales conviven con las banderas de Chile, la mapuche y la bandera de Chile negra de contorno blanco (símbolo de repudio a la represión y homenaje a las víctimas fatales, heridos y violadas por el gobierno que preside Piñera). Bandera que simboliza este presente de lucha. Las dos hojas de la puerta abierta y una trabajadora que atiende el comercio de estupefacientes mira taciturna.

-¿Por qué la representa la bandera negra?

-Por lo que está pasando ahora. No hay solución. Se salió a la calle a manifestar por el abuso de todo lo que es público: la gente vive muy mal, es como si fuéramos personas sin derechos. A los jubilados no les alcanza. Y los funcionarios ganan veinticinco veces el sueldo mínimo.

Las casas gastronómicas ofrecen chorrillanas y chops. Las casas gastronómicas ofrecen chorillanas y chops por unos diez mil pesos. No puedo quitarme la referencia de la cabeza: una jubilación mínima en chile es equivalente a catorce chorrillanas con sus respectivos chops.

Por la noche, las barricadas improvisadas con bolsas de basura van corriéndose de esquina en esquina. Los carabineros hacen lo de siempre. Con el fresco de la noche, hay quien sale a caminar y pedir amablemente lo que le sobra a los que van por sus chorrillanas y sus chops. Es el caso de Sergio, quién sintetiza como el mejor analista -y probablemente no haya terminado la educación básica:

-La gente pobre y la gente rica necesitamos el mismo trato. La gente rica sale más rica y la gente pobre sale más pobre.

-¿Cómo vive un jubilado?

-El jubilado tiene que salir a trabajar igual porque apenas le alcanza. Le alcanza apenas para el arriendo y no para comer.

Sergio es soldador, desempleado.

-¿Qué pensás de las protestas?

-Está bien que se manifieste pero no con las cosas materiales. Porque ellos (por quienes trabajan en comercios) no tienen la culpa. Tienen derecho a manifestarse. Las cosas tienen que cambiar.

-¿Qué opinás de los carabineros?

-Los carabineros son lo más corrupto que hay. Le echan la culpa a la gente de los saqueos pero ellos son ladrones con uniforme.

El olor a comida en la noche de Bella Vista es igual de estridente que los graves de los bajos de los boliches. Adentro la fiesta. Afuera, la incertidumbre.

Catorce chorrillanas con sus chops es la valoración del estado chileno por las personas que han construido el país durante los últimos cincuenta años. Medido así, no sorprende el estallido. La vida, para los ricos de Chile encarnados en la figura de la bestia Piñera, la vida de un pobre no vale más que catorce chorillanas por mes.

Están fritos.

 

Fotos: María Florencia Laiuppa

Los clubes Olimpo y Villa Mitre fueron sancionados por el Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior del Consejo Federal tras los incidentes ocurridos en la previa del clásico del domingo pasado.

“Se puede apreciar la responsabilidad de ambos clubes por el comportamiento inapropiado de sus simpatizantes en relación con la organización del partido”. Sus estadios fueron clausurados por tres fechas y deberán jugar los próximos tres partidos sin público. Además, se les impuso una multa por el valor de 200 entradas generales por tres fechas.

El asesinato de un hincha de Olimpo, heridos graves y daños en cercanías a la sede social villamitrense fue el saldo del enfrentamiento entre barras abonado por la inacción policial.

El tribunal destacó que los incidentes se produjeron luego del banderazo aurinegro frente al Carminatti, “permitido por los dirigentes del club”, desde donde la columna se dirigió hacia Villa Mitre.

En sus descargos los clubes deslindaron responsabilidades y advirtieron que el operativo de seguridad estuvo a cargo de la Policía Bonaerense, específicamente de la Comisaría Cuarta.

Los dirigentes de Villa Mitre atribuyeron culpas a un “grupo de inadaptados partieron desde el estadio Carminatti (…) desplazándose 30 cuadras sin tener intervención policial alguna”. Olimpo adujo que al no ser local no dirigió el operativo ni podía contratar seguridad.

Desde el Tribunal afirmaron que “nos debemos un sincero debate para alejar a los violentos de las canchas y no perjudicar, en lo deportivo y en demasía, a los clubes que no pueden controlar el ímpetu y accionar delictivo de los verdaderos culpables”.

Esta tarde se realizará una marcha en demanda de justicia por el asesinato de Emanuel Castillo. Convocada por familiares del hincha de Olimpo, comenzará con una concentración frente a la Municipalidad a las 19.

Este año fallecieron al menos ocho niños y niñas menores de un año y medio de la comunidad wichí de Salta por causas evitables.

“Estamos mal, el gobierno está ausente. Como pueblos originarios estamos abandonados. No hay solución para las comunidades, necesitan agua, comida y trabajo”, manifestó a FM De la Calle Modesto Rojas, cacique de la Comunidad wichí Fwolit (también conocida como Kilómetro 5, cercana a la ciudad de Tartagal) e integrante de la Asociación Indígena de la República Argentina (AIRA).

“No es de hoy que los chicos mueren en esta época del año”,  declaró Josefina Medrano, ministra de Salud salteña.  Al respecto, Rojas comentó que “hay zonas que ni la ministra ni gente de Salud han recorrido, elaboraron el informe como si hubieran recorrido todo. Ayer fui a una comunidad y encontré unos chicos llenos de granos en la cabeza, que no mientan, que digan la verdad, que no fueron a todas las comunidades”.

“Se está multiplicando las muertes de los chicos, la desnutrición de chicos y grandes, no hay trabajo y han prohibido el corte de madera, ellos cortaban palo santo y tenían un montón de artesanías para mantener a su familia. El gobierno nos dijo que nosotros como indígenas somos taladores, pero no prohíben el desmonte. Los desmontes producen las inundaciones”, comentó el cacique.

Respecto a las fumigaciones señaló que “hay mucha gente que se puso firme, que no se movieron, a veces están a 200 metros del desmonte. Cuando fumigan contaminan a todos, chicos y grandes. Las avionetas pasan y fumigan”. Dijo que ante la falta de agua potable, se busca la forma de conseguirla y generalmente es juntando de los pozos de agua vecinos en envases de agrotóxicos que recolectan de las grandes fincas.

En relación a la visita a Salta del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, afirmó que “jamás se ha reunido con nosotros como dirigentes comunitarios, él no quiso dialogar conmigo, yo lo iba a llevar donde corresponde, donde más necesitan ayuda. Dialogó con el intendente, con gente de provincia pero a las comunidades no fue. Estoy disconforme,  hay gente que no tiene documento que jamas van a recibir nada”.

El Tribunal Criminal Nº2 sentenció a prisión perpetua a Hernán Rogero por ser el culpable del femicidio de Aída Rosa Caballín.

“A mi hermana no me la devuelve nadie, sentimos un poco de alivio. Esto es para que no sufran más mujeres porque si este tipo seguía libre andá a saber cuántas cosas más iba a hacer”, declaró Luis Caballín.

En la sala estuvieron el juez Eugenio Casas, la jueza María Mercedes Rico y  la familia de la víctima. El fiscal Jorge Viego y el defensor oficial Germán Kiefl se ausentaron. El Tribunal aceptó el pedido de la acusación respecto a una condena a prisión perpetua por tratarse de un homicidio de un hombre hacia una mujer mediando violencia de género. La defensa había solicitado 8 años, la pena mínima por homicidio simple.

“Que se reconozca que efectivamente hubo un femicidio, que se la asesinó porque era mujer y estaba en situación de prostitución. Estábamos esperando esta sentencia”, comentó Florencia Sánchez, integrante de Bahía Contra la Trata.

La víctima era trabajadora sexual en la zona de Blandengues al 800 donde se la vio por última vez al subirse a la camioneta de Rogero alrededor de las 22:40 del 16 de julio de 2018. “Era una persona que vivió triste el último tiempo por la pérdida de su hijo. No se qué la llevó a hacer esto, le dimos todo lo que pudimos”, comentó el hermano de Caballín.

“Entendemos que es una situación de extrema violencia, la defensa decía no encontrar dónde estaba la violencia de género, está en la situación de prostitución por la cual atravesaba Aída. Los procesos de las instituciones no acompañan el proceso de la familia y el dolor pero este tipo de sentencias ayudan a encontrar un poco de paz, no solamente a la familia sino a que esto no sea un hecho que pase desapercibido”, agregó Sánchez.

 

(Por Astor Vitali) Valparaíso está convulsionada. Tiene la densidad poblacional de Bahía Blanca. Se desarrolló como centro portuario. Tiene el centro plano, una calle principal, avenida y muy amplia, basada en seis filas interminables de puesteros que venden barato: ropa, desodorantes, lentes, empanadas, pilas, linternas, chucherías, cosas para resolver la existencia al paso y bajo costo.

En Chile todo es servicio: la producción de cosas, la manufactura, apenas recuerdo lejano, aplastado por la bota del pinochetismo y la imposición de un modelo espejado deforme. Un espejo que deforma, mejor dicho: un Chile rico, vestido de progreso liberal de un lado frente al Chile hambriento en el que la riqueza no “derrama” más que balas y carabineros.

A diferencia del centro, la mayoría de la población vive sobre los cerros, en terrenos y calles que requieren de piernas fuertes para la subida a pie; primeras y frenos acondicionados para la andanza en automóvil. Para facilitar el transitar, se dispone de elevadores cada tantas cuadras, de los que se sale al centro a través de unos túneles cuyas paredes transpiran y chorrean agua sobre unos surcos laterales. La iluminación transporta la imaginación del viajero y el freso y la humedad le recuerdan a uno la vulnerabilidad de sus pulmones. Al final del túnel, como todo en Chile al final de cualquier cosa, una boletería espera por su pago y un molinete permite el paso a quienes pagan. Todo en Chile supone un billete; o peor, como contrapartida, todo en Chile supone que quien no posea forma de pago está afuera de Chile, pero adentro.

-Acá fue peor porque tenemos el congreso nacional y las protestas llevan 45 días en que todos los días hay saqueos, robos. Hay una calle que se llama calle Condell, si tu vas por Pedro Montt, vas a ver todas las tiendas tapeadas, cerradas con láminas de acero inoxidable, que tienen una sola puerta pequeña donde tú puedes entrar. Todo el resto es como una ciudad del futuro… como Mad Max.

El nivel de desempleo aumenta y Esteban encuentra la responsabilidad en los desposeídos que protestan en lugar de ubicarla en las políticas económicas de los desposeedores que dejaron sin nada a quienes protestan porque no tienen nada.

Esteban, amable, servicial, el único mozo-gerente que quedó en una bonita y vacía parrilla céntrica, lamenta el actual estado de cosas.

-¿Qué opina del reclamo por una nueva constitución?

-Para mí es una equivocación del pueblo. Porque el pueblo quiere libertad. La libertad termina cuando transgreden mis derechos. Están viendo los derechos de ellos, no los míos. Hay mucha gente que tiene muchos intereses creados, en el gobierno. La que viene desde Pinochet hasta Piñera es más o menos equilibrada.

Esteban y su esposa hacen colaciones los sábados, en su casa, para “solventar los gastos”. Hasta hace unos meses ganaba 500.000 pesos chilenos. Su patrón despidió a dos trabajadores. En cambio, él pudo conservar su puesto de trabajo pero su patrón “se vio obligado” a reducir su salario a 250.000 pesos (la mitad, es decir, unos 19 mil pesos argentinos –pero con menor poder adquisitivo).

-Cuando empezó el conflicto en Santiago estaban reclamando por algo justo. Lo que no nos parece bien es el destrozo porque va en desmedro del trabajador. Si se quiere luchar contra el capitalismo, que se luche contra el capitalismo pero que no utilicen el trabajo de la gente común. Por ejemplo, en el rubro nuestro (gastronomía) bajó casi el 75 por ciento la afluencia de público.

Pegado a Valparaíso está Viña del Mar. Allí la cosa transcurre más turísticamente. En las playas hay gentes que bajaron de sus autos y turístas a los que las banderas chilenas pintadas de negro les resulta una curiosidad. Al aire libre, llenos de arena, preservados de las protestas, el turismo cacarea torsos depilados y jornadas en el gym sobre el pacífico y otros planes de quienes pueden hacer planes.

Sobre las horas de la tarde y tarde noche, los conflictos recrudecen. El centro de Valparaiso muestra una realidad que atraviesa varios centros urbanos: unas minorías presentes sostienen el conflicto, piden unas monedas a los transeúntes para aguantar la comida y esperan incólumes los enfrentamientos que tocarán durante ese día: los carabineros aparecerán con sus camiones blindados y atacarán a quienes puedan de la manera más vil. El diario dirá: maniobras disuasorias. A uno le parece más bien el pan suyo de cada día. Un ejército de desclasados gozando de la tortura.

La escena es contrastante: por las calles céntricas, algunos chilenos deciden tomarse unos chops y comer algo hablando como si nada. Necesitan mostrar que todo está normal. Pero una corrida les tensa las tripas. Pasa. Vuelven a la “normalidad”. Unos turistas preguntan por comidas típicas. De rato en rato, carabineros y pueblo corren el foco de los enfrentamientos unas cuadras más allá o más acá.

Nadie está tranquilo. Todos saben que la cosa así no va más. Quienes militan, permanecen en las calles. Muchos no creen en los partidos ni en las reformas: quieren que cambien las cosas pero no saben cómo. La izquierda clásica habla de las desigualdades en el congreso. La izquierda clásica habla. Nadie conduce. Los empresarios aprovechan para ajustar. El comercio sufre. El libre comercio aún está en pie.

Al finalizar el día, se me ocurre preguntarle a un taxista:

¿Cómo vive un laburante promedio en Chile?

-No sé cómo vive. La verdad que no sé.

 

Fotos: María Florencia Laiuppa

El desembarco de una nueva misión del Fondo Monetario para renegociar la deuda con funcionarios del Ministerio de Economía motivó una serie de protestas en el país. En la ciudad tuvo su capítulo en la Plaza Rivadavia.

El economista Francisco Cantamutto explicó las tensiones de la nueva negociación: “Martín Guzmán hasta ahora lo que ha hecho es pedir el apoyo para renegociar, no ha declarado qué es exactamente lo que va a hacer, se le busca dar sostenibilidad a la deuda con el pago. Esta idea no incluye repudiar alguna parte de la deuda, sin embargo, dentro de la coalición hay desacuerdos y hay sectores que quieren ir más lejos”.

“A priori parece ser que lo que buscan hacer es una suerte de extensión de plazos y reducción de tasas de intereses que permita, primero, iniciar una fase de crecimiento para luego pagar. Pero, por otro lado, está la posibilidad de que los acreedores externos se dispongan a este juego y si eso no se logra se puede acelerar la situación. A partir de abril la cantidad de vencimientos no pueden ser cumplidos con las reservas que hay disponibles. Si no se llega a un acuerdo se corre el riesgo de que se entre en default entre abril y junio de este año”.

Cantamutto comentó que “la deuda contraída con la dictadura es el origen de las distintas reestructuraciones que se han venido dando hasta ahora, incluso está judicializado el megacanje del 2001, el canje del 2005 y del 2010. Arrastra una cantidad de juicios que no han sido cerrados y que, por lo tanto, no se puede dar por sentado el carácter legal y legítimo de la deuda. Ademas de eso, recordemos que durante el período de cambiemos se han constituido desfalcos como el de Caputo con el bono a 100 años colocado a un fondo de inversión que él mismo administraba”.

Hay por lo menos dos irregularidades en la deuda: “La primera es que se le prestó a la Argentina más de lo que se le podía prestar y, en otro sentido, se le prestó para financiar la fuga de capitales. Esto está comprobado de ante mano. Esto vulnera el estatuto en al menos dos ejes que daban cuenta del apoyo geopolitíco de EE.UU. al gobierno de Macri. Luego es un poco una doble vara pretender que al negociar no puede haber quita o que una extensión de los plazos tenga que forzar a reformas estructurales”.

¿Qué es la deuda odiosa? “La doctrina de la deuda odiosa es aplicable, Alexander Sack aclara que aplica en todos los casos en que los gobierno la hayan contraído contra los intereses del pueblo. Esto aplica en que Cambiemos se financió la fuga al mismo tiempo que todes perdíamos nuestro salario, nos precarizaban, no quedábamos sin laburo, sin jubilaciones. No es una utopía, si vamos a dar una disputa hay que considerar que no darla implicaría pagar una deuda ilegal, ilegítima, e impagable”.

La familia del hincha de Olimpo asesinado este domingo antes del clásico con Villa Mitre pidió colaboración para identificar al autor del disparo mortal y convocó a una marcha pacífica para este viernes a las 19.

En el marco de la investigación por el homicidio de Sergio Emanuel Castillo se realizó un allanamiento en calle Italia al 2000. Tras el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad del CEUM y de vecinos particulares se logró identificar a la persona en cuya vivienda no se encontró el arma aunque sí se secuestró un celular.

El intendente Héctor Gay, en declaraciones a LU2, señaló que no fue “ni consultado para cortar una calle”. “No nos preguntaron absolutamente nada”, dijo y delegó responsabilidades en la A. Pre. Vi. De.

En las últimas horas se conoció que Alejandro Barreto fue separado de su cargo como titular en la Policía Distrital y que será reemplazado por Gonzálo Bezos.

Por otro lado, el barrio Villa Mitre vivió ayer una tensa tarde tras la circulación por redes sociales de rumores sobre la posible aparición de hinchas de Olimpo que luego del sepelio de Castillo. La Policía realizó un operativo en el centro del barrio, varios comercios cerraron sus persianas y hubo poco movimiento vecinal.

Circuló una carta en redes sociales firmada por un villamitrense anónimo en la que manifiesta: “Fueron a maltratar nuestros símbolos más sagrados, a destrozar nuestras pertenencias y amenazar a todos nuestros vecinos. Algunos ineptos cuestionan que el partido se haya continuado, ¿se imaginan lo que hubiera pasado si realmente nuestros 7 mil vecinos veían cómo estaban destrozando nuestro barrio? En el medio la policía… con 33 cuadras de por medio en donde podrían haber frenado la caravana, pero no… les faltó tenderles una alfombra mostrándoles el camino hasta la sede”.

El juicio contra cuatro represores civiles que integraron la Alianza Anticomunista Argentina en nuestra ciudad debía comenzar este miércoles. Sin embargo, trámites sobre la prueba que se admitirá en el séptimo debate por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca provocaron su postergación.

“Pareciera que no hay audiencia pero no nos llegó ninguna notificación de la suspensión”, dijo esta mañana a FM De la Calle el fiscal auxiliar Pablo Fermento. En horas de la tarde el secretario del tribunal confirmó verbalmente a Fiscalía que el debate no iniciará.

La banda paraestatal estuvo en nuestra región al mando de los fallecidos Rodolfo “Fito” Ponce y Remus Tetu, en época de los hechos diputado nacional del Frente Justicialista de Liberación y rector interventor de la UNS, respectivamente (foto).

Los acusados que llegarán al banquillo son Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. Héctor Oscar Chisú falleció a fines de 2019.  Se les imputa el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, el homicidio en un pasillo de la UNS del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

La actividad de la patota paraestatal dejó como saldo más de cuarenta homicidios, la proscripción de los centros de estudiantes, el cierre del comedor universitario, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otros aspectos.

El juez federal Walter López da Silva continúa demorando la definición de la situación procesal del ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Néstor Luis Montezanti, indagado en la misma causa.

Días atrás, el Tribunal Oral comenzó la evaluación de la prueba que admitirá en el debate, presentó dudas respecto de algunas de ellas y dio lugar a las partes para que brinden su opinión en un plazo de 48 horas. “Nosotros contestamos el viernes y la defensa pidió una prórroga que entiendo que la van a conceder porque era un plazo muy breve. Esto en principio perjudicaría el inicio mañana”, manifestó Fermento.

“Es importante la voz de los familiares. Por más que puede parecer redundante o superfluo, siempre es necesario que cuenten cuáles son las consecuencias de estos hechos, cómo se vivieron, qué produjeron. Son pertinentes para definir la existencia de la asociación ilícita y cuantificar la pena que, para nosotros ya desde este momento, consideramos que es la máxima”.

El fiscal auxiliar destacó que el Tribunal no comprende al Juicio Triple A en el marco de las otras causas de lesa humanidad que se tramitan en la ciudad. “Para nosotros forma parte de la causa madre, la 05/07. Hicimos la imputación en la Causa Ejército, que es la fuerza con la que encontramos las mayores vinculaciones por parte del grupo paraestatal”.

“Consideramos que toda la prueba de la Causa Ejército y las audiencias del juicio, las víctimas -la mayoría de las cuales eran militantes de Bahía Blanca y sufrió la persecución por parte de este grupo-, forman parte de la misma causa. Esto no es visto en el mismo sentido por el tribunal y nos pidió, entre otras cosas, que justifiquemos porqué habría que incorporar esos testimonios”.

Fermento ejemplificó: “Sobre la comunidad informativa que integraban todos los organismos de la ciudad y la región, en todas las causas se mostró cómo la actividad de inteligencia sobre las víctimas se remontaba a diez o quince años y, particularmente en los años 74 y 75 fue muy intensa. En este juicio hablamos de que uno de los jefes de la asociación ilícita, que era Remus Tetu, participaba de las reuniones de la comunidad informativa. Toda esa inteligencia, esa actividad de espionaje y de fijación del blanco, fue utilizada durante la dictadura. El rector interventor de la universidad iba a señalar gente, militantes políticos de determinada tendencia o ideología, con las consecuencias que eso tenía”.

“Varios de los miembros de esta asociación ilícita, por ejemplo los hermanos (Héctor y Miguel Ángel) Chisu, que en el 74 o 75 operaban dentro de este grupo paraestatal bajo la órbita del Destacamento de Inteligencia 181, en el 76 se incorporan como Personal Civil de Inteligencia del Destacamento y hay numerosos testimonios, sobre todo de conscriptos, que mencionan a este grupo de civiles reclutados como el grupo de confianza que utilizaba (el general Adel) Vilas para los trabajos nocturnos, cuando no utilizaban uniformes o a la tropa”, detalló el fiscal.

“Watu” Cilleruelo y el “Negrito” Jesús García.

En cuanto a la tarea investigativa sobre el accionar del terrorismo de Estado antes y después del golpe de marzo del 76, Fermento comentó que “hay grandes diferencias”.

“Cuando hablamos de la estructura burocrática del Estado directamente implementada para la tarea represiva, como fue a partir del golpe, podemos hablar de coautoría mediata y descansar en la organización reglamentaria del Estado, de las fuerzas, de las unidades militares, las cadenas de mandos. Acá tenemos un grupo paraestatal. Esto significa que el Estado no está asumiendo una tarea sino que la está delegando en un grupo que no reconoce como propio o cuyo vínculo oculta. Es el Estado actuando sin reconocer que lo hace. Se hace mucho más difícil probar o explicar las relaciones orgánicas”.

Por ello, la pesquisa apuntó a la figura de la “asociación ilícita” y su relación con los hechos juzgados y con el Estado. “Las dificultades son enormes, estamos hablando de un período histórico que no se encaró, en cuanto a la investigación, con la misma intensidad con que se hizo con el período posterior al golpe de Estado”.

“El laburo con las víctimas es más delicado, más traumático. Hay familias que nunca hablaron de esto. La impunidad genera un velo muy difícil remover para saber qué pasó, quiénes operaron. Jurídicamente es una valla para avanzar en las imputaciones directas. Sin embargo, el propósito de la Fiscalía fue no quedarse con ese impedimento sino empezar a avanzar sobre lo que solicita la asociación ilícita que es la finalidad de una empresa criminal, constituirse para hacer determinada cosa”, afirmó.

La Fiscalía probó que “la finalidad de este grupo, además de amedrentar, perseguir, hacer inteligencia, también era asesinar personas. En varios de los casos, al menos en tres de los operativos, pudimos acreditar la participación de algunos de los miembros de la asociación”.

“Se constituyó con un fin concreto en el marco de un programa que tenía alcance nacional y se estaba instrumentando a través del Batallón de Inteligencia 601 y las distintas unidades de inteligencia del país, con grupos operativos de carácter civil en el plano operativo”.

Ante la vacancia del Tribunal Oral bahiense quienes deben realizar el juicio son subrogantes. El presidente Roberto Amábile, integra la Cámara Federal local y Pablo Diaz Lacava y Marcos Aguerrido vienen del TOF de La Pampa. “Aguerrido está pronto a que se le venza la designación”, explicó Fermento, “si arranca el juicio ahora queda conformado el tribunal y si se posterga y arranca luego del vencimiento tienen que designar a un tercer juez. Además está pendiente el nombramiento del cuarto juez”.

El fiscal general Juan Pablo Fernández brindó precisiones acerca de las investigaciones que buscan determinar quién fue el autor del disparo que mató a Emanuel Castillo en el enfrentamiento en las inmediaciones de la sede del Club Villa Mitre.

“Tuvimos 38 aprehendidos, 11 menores de edad. Ayer se les recibió declaración como imputados y se negaron a declarar dos de ellos que llevaban un revólver calibre 38. Se les están recibiendo las declaraciones al resto”, comentó Fernández.

El arma se le secuestró a Gastón García y Germán Vargas, ambos imputados por tenencia de arma de guerra. Fueron indagados ayer y el fiscal Quiróz le pidió la detención al Juzgado de Garantías.

Respecto a si los detenidos pueden ser los culpables de la muerte de Castillo, el fiscal comentó que “es probable, aunque no podemos asegurar que el daño causado en la víctima sea producto de un arma calibre 38. Fueron dos personas que llevaron armas y son sospechosas de esto”.

“Se está trabajando en declaraciones testimoniales para poder determinar quién efectuó el disparo, más allá de que hubo varias personas que llevaron arma de fuego al lugar, tenemos declaraciones que escucharon varias detonaciones, no descartamos que existan otras armas que hayan intervenido en otros sucesos”, concluyó.

Pedido de informes en el Concejo

Desde el bloque del Frente de Todos afirmaron que “entre todos debemos combatir el problema de la violencia del fútbol, alimentado culturalmente tanto por acción como por omisión en las distintas instancias sociales”.

“Es necesario empezar a bosquejar un abordaje integral que analice la evidente relación entre violencia y culturas deportivas para proponer políticas públicas que erradiquen la violencia para siempre de nuestras calles y canchas”, agregaron.

Les concejales reclamaron información a la Subsecretaría de Seguridad municipal sobre los siguientes aspectos:

– Detalle del operativo de seguridad desplegado para el clásico Olimpo – Villa Mitre;

– Conocer si existió una coordinación previa entre la Subsecretaría de Seguridad y los clubes para prevenir incidentes;

-Si la Subsecretaria de Seguridad cuenta con algún programa municipal de prevención de violencia en el fútbol en las diferentes categorías;

-Que acciones y recursos desplegó el Municipio luego de conocidos los incidentes;

-Si el Municipio cuenta con algún centro de atención a la víctima y acompañamiento a familiares y si se puso el mismo a disposición de la familia de la víctima fatal;

-Conocer si el Municipio se contactó con los propietarios damnificados por los desmanes ocurridos y si propuso alguna acción reparativa;

-Detalles de la reunión entre el Sr. Intendente Municipal y el funcionario Juan Manuel Lugones en representación de A.Pre.Vi.De.

(Por Comisión de DD HH – CTA Regional Bahía Blanca)El miércoles 12 debería comenzar el Juicio por Crímenes de Lesa Humanidad conocido como causa Triple A (Alianza Anticomunista Argentina). Pero sufre una nueva postergación por requerimientos de la defensa.

Es el primer caso, en nuestra ciudad, donde las acusaciones no recaen sobre personal militar sino sobre integrantes del grupo paraestatal liderado y armado por Rodolfo Ponce y Remus Tetu. En este caso por el crimen de David “Watu” Cilleruelo, estudiante de la UNS, secretario de la Federación Universitaria del Sur y militante de la Federación Juvenil Comunista.

Los imputados son: Raúl Roberto Aceituno, con prisión preventiva, directamente involucrado en el crimen secundando al ejecutor material “Moncho” Argibay, ya fallecido. Y, como integrantes de la “asociación ilícita”, Héctor Angel Forcelli, Osvaldo Omar Pallero y Juan Carlos Curzio.

Otro imputado, Héctor Oscar Chisu, falleció impune y queda pendiente que el Juez Federal Walter López da Silva resuelva la situación procesal de Néstor Luis Montezanti, también señalado como parte de la patota, habiendo transcurrido dos años desde la indagatoria.

Pesan también, sobre los acusados, otros veintitrés crímenes, entre ellos el de Luis Jesús “Negrito” García, preludio de los que, después del 24 de marzo de 1976, cometería la dictadura cívico-militar-eclesiástica.

El asesinato de Watu tiene una especial connotación ya que, a diferencia de otros crímenes, se cometió a plena luz del día, en presencia de testigos, y los imputados fueron formalmente contratados como “personal de vigilancia y seguridad” por el interventor Remus Tetu en la UNS (Resoluciones132, 159 y 165 de marzo y abril de 1975).

Durante los últimos cuatro años, y por decisión política del gobierno de Cambiemos, los Juicios de Lesa Humanidad sufrieron un freno favoreciendo la impunidad biológica de los represores. El compromiso permanente de los organismos y militantes de DD. HH. junto a los familiares de las víctimas, seguiremos reclamando por las condenas que merecen los responsables.

No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos!!
30.000 compañerxs detenidxs-desaparecidxs, PRESENTES!

Una persona muerta, dos heridos de gravedad y 30 detenidos fue el saldo de los desmanes ocurridos este domingo cerca de la sede del Club Villa Mitre en la previa del clásico con Olimpo.

Sergio Emanuel Castillo, hincha del aurinegro, falleció producto de un disparo de arma de fuego. El comisario Claudio Petrizán afirmó que los agresores fueron dos y están aprehendidos. “Tenemos un revólver calibre 38 secuestrado, el arma tenía 5 proyectiles, estamos aguardando una serie de cotejos para saber si es el arma que le dio la muerte”.

El secretario de Gobierno Adrián Jouglard señaló que “el Municipio no tiene participación en el control de este tipo de espectáculos, es el APREVIDE quien tiene el control”.

“Aproximadamente a las 5 de la tarde el Centro de Monitoreo avisó a la policía que había gente haciendo disturbios cerca del Carminatti. Luego, cerca de las 20, avisamos que había una concentración en Falucho y Parchappe, que estaban yendo. Quince minutos después ocurrió la desgracia. Era importante que la policía hubiera cortado el tránsito de la gente a la altura de Falucho y Parchappe,  se hubiera evitado esto”, comentó.

Por las roturas y saqueos en los negocios de la zona Petrizán comentó que hubo varios detenidos, 11 menores que ya fueron devueltos a sus familias y 25 mayores que continúan en la comisaría a disposición de la Fiscalía Nº 15.

Camila Recalde, periodista que cubrió el campo de juego para la trasmisión de Villa Mitre, señaló que “a las 5 de la tarde hubo un banderazo en la cancha de Olimpo, fue público, hubo cobertura. Los hinchas iban a ir caminando hasta Villa Mitre, todos sabíamos inclusive la policía, tengo la información de que no hubo un solo patrullero acompañando. Ahí esta el primer error, porque sabemos que si había esta cantidad de personas con camiseta de Olimpo cruzando las vías algo iba a pasar”.

“Me llama la atención de que nadie se hubiese avivado días antes porque el operativo alrededor de la cancha estuvo muy bien hecho. Recién cuando llegaron a la estación de servicio donde estuvieron los primeros incidentes, recién ahí, había un patrullero. No acompañaron durante la caravana ni había efectivos suficientes. Ya para todo esto habían roto las pantallas led, rompieron la estación de servicio, destruyeron los comercios de Garibaldi”, finalizó la periodista.

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor y ex concejal, Ricardo Pera, fue denunciado por su ex pareja por lesiones agravadas y amenazas.

Laura Trespando se presentó en Fiscalía el 20 de diciembre junto a su hija de 22 años para dar cuenta de la violencia machista que padecía su familia y solicitar una medida de protección, la cual le fue denegada por el dr. Juan Pablo Schmidt.

“No me hagas enojar negra”, decía el acusado luego de golpearla, maltratarla o insultarla. Los “coscorrones” alcanzaron incluso a uno de los hijos -menor y con trastorno autista- de la mujer. Fue el fin de la relación.

La denunciante y su hija trabajaban en Bahía Transporte Sapem de donde fueron despedidas “sin causa”. El presidente de la empresa, Tomás Marisco, el gerente Federico Harfield y el propio intendente Héctor Gay estaban al tanto de la situación y, sin embargo, acataron las órdenes de Pera.

“Mi despido fue el paso final de todo este manoseo político y gremial, de todos estos meses para que yo no denunciara antes de las elecciones. Esto fue acordado por todas estas personas que yo nombro en esta denuncia”, afirmó Trespando.

La víctima manifestó, además, que fue obligada por directivos de UTA a renunciar al sindicato y a la mutual que cubría costosos tratamientos médicos que necesitan sus hijos.

El ex concejal será juzgado en agosto por las amenazas y golpes denunciados por otros dos ediles tras una sesión para tratar un aumento del boleto de colectivos en 2015.

Laura Trespando brindó su testimonio a FM De la Calle.

“Quiero denunciar lo que estoy viviendo para poder darle también ayuda a las mujeres que vienen atrás mío”, dijo. Su relación con Ricardo Pera comenzó en diciembre de 2012 y duró casi seis años.

Yo venía de una separación, de perder a mi papá, me había mudado a una casa más pequeña que la que estaba. No teníamos muchos recursos, estábamos bastante solas con mis hijas, que son las que siempre me acompañaron en todo. Él salió de la galera y empezó a ayudarnos. Primero aparecía con un telefonito, después empezó a venir a cenar, con sus risas y sus cuentos. La verdad que me inundó de amor y de ilusión. Pensé: al fin, después de tantos años de estar mal, conozco a mi compañero y a la persona que va a caminar conmigo y ya no va a ser tan pesado.

Todo empezó porque por ahí yo tendría alguna reunión familiar con mi mamá o con mi hermana y él ya no quería que fuera. O si iba a algún lado era una discusión o ‘te la pasás en la calle, ¿qué tenés que hacer? ¿qué necesitas? ¿no te alcanza con lo que te doy?. Era imposible tener una reunión de amigas porque para él no era necesario. Si iba a su casa no podía agarrar el teléfono -yo iba fin de semana por medio- y si mis hijas me necesitaban o querían decirme una mínima cosa yo no podía contestarles.

Si necesitaba ir al mercado iba pensando ‘que no me llame, que no me llame’. Y si me llamaba me decía ‘yo siempre te tengo que enganchar en la calle’, me decía ‘por qué no te organizás mejor, salís del trabajo, pasás por la leche y no tenés que andar dando vueltas’. No quería que estuviera en la calle para nada. Mi vida empezó a ser el trabajo, mi casa y la suya. No tenía otra cosa. Ni siquiera cumpleaños de mis hermanos ni de nadie. Todo era una discusión si yo quería hacerlo. Y si iba a algún lugar de esos lo hacía sin que se entere para evitar una pelea, para evitar… cualquier cosa.

¿Eso lo tornaba más violento?

Sí, obvio. Empecé a evitar todas esas situaciones pero cuando por ahí no me daba cuenta o no la podía evitar, venía el “coscorrón” -como él le llamaba- o un castigo laboral o empezaban los gritos y las amenazas constantes.

No recurrí nunca a ningún lado porque si yo hablaba era una desagradecida, una mal parida. Cuando estuvimos bien fuimos construyendo mi casa para ir en algún momento a vivir juntos. Cuando terminé de construirla, él no vino a vivir conmigo. Pero como me ayudó mucho en lo económico -en realidad no me ayudó porque la casa era para los dos- cuando se enojaba me decía ‘bueno, vendé todo, te vas a alquilar’. Y yo pensaba a dónde voy a ir, otra vez pierdo todo. Por ese miedo seguí sosteniendo mi relación. Además, siempre me dijo que me iba a ver de rodillas, que él no iba a parar hasta verme de rodillas.

¿Vos estabas trabajando en Bahía Transporte Sapem y tenías un rol como delegada de UTA?

Sí. Fui durante tres años delegada de UTA, hasta que me hicieron renunciar cuando yo decidí separarme.

¿Estabas rodeada tanto en lo privado como en lo laboral?

Totalmente.

¿Cuándo terminás con esa relación y decidís hacer la denuncia?

Yo rompo con eso porque en una de las últimas peleas él me pegó en casa y estaban los nenes. Estaban en el living y no vieron la situación, pero estaban. Por el miedo, no solo a que ellos vieran sino a que siguiera, presioné la alarma para que sonara, tiene un botón de emergencia. Empezó a sonar, él se asustó y se fue. Pensé para mí: esta es la última vez que tengo que permitir esto en casa.

Uno de mis hijos tiene autismo y él en dos ocasiones lo golpeó. Hasta ahí era. No solamente venía sufriendo en daños o amenazas permanentes o en maltrato, que ya era nuestra forma de relación. No me di cuenta, llegó un punto en que pensé que era así la forma de relacionarse, venía de dos fracasos y empecé a pensar que era yo.

Conversando con amigas, con gente que quiero, o con mi hija que en algún momento se enojó conmigo por las cosas que yo permitía, vi que eso no es natural, normal. Pero cuando estaba viviendo eso no… seguí nada más.

¿Cómo es tu situación laboral y económica hoy?

Perdí el trabajo, perdí todo sustento. Además, ella (Ndr: su hija) que también fue despedida comenzó a trabajar en una heladería y Ricardo llamó al dueño para que la despidan. Y así pasó.

Fui a ver al intendente con la denuncia en la mano para que me reciba. Está al tanto de toda esta situación porque Sapem es en su mayoría municipal. No me recibió porque supuestamente para él esto es una cuestión personal. Yo creo que excedió lo personal, todas las personas de mi empresa sabían lo que estaba pasando y vieron las veces que iban y me retiraban de mi oficina y me obligaban a renunciar a mi cargo o a la mutual o a la afiliación.

¿Eso cuándo ocurrió?

Yo decido separarme de él y lo primero que hace es hacerme renunciar a mi cargo de delegada del gremio. Un par de meses después despide a Maite. Como yo sigo sin querer volver con él, me hace renunciar a la mutual. Yo dependía de eso para los costos de mi hijo. Después me hace renunciar a la afiliación. Quedo totalmente desprotegida en mi lugar de trabajo. En Sapem si no sos afiliado al gremio quedás afuera casi inmediatamente, así funciona. Yo coordinaba el sector de monitoreo.

¿Cómo te hacen renunciar?

Estaba sentada en mi oficina y aparecen dos compañeros suyos, el secretario adjunto y el secretario gremial. Me piden que renuncie con una hojita y yo les dije que no quería renunciar, que me quedaba sin cobertura para F.. Ellos lo conocen, hacemos un tratamiento en Buenos Aires de estimulación magnética transcraneal en INAC. Me dijeron que no, que ellos tenían que llevar esa hoja firmada y que no había opción, que no tenían explicación que darme y que hasta ahí había llegado mi momento. El secretario adjunto me dijo: ‘firma calladita así no te pasa nada’. Firmé y se fueron.

Yo siempre trabajé del lado del gremio, representando a mis compañeros, no les había faltado nunca. Siempre trabajé a la par de ellos, a pesar de que no me permitían estar en asambleas o convocatorias por mi condición de mujer.

Y así fue…

¿Y de Sapem te echaron?

Me quisieron hacer renunciar. Ricardo me obligaba a renunciar pero no quise. Me empecé a asesorar, el gerente y el presidente me decían que no renuncie. Me derivaron a distintos sectores, a Tránsito y Transporte…

¿Federico Harfield y Tomás Marisco estaban al tanto de toda la situación?

Claro, obvio, ellos estaban al tanto de todo. De hecho, Marisco en una de las venidas del gremio a la Sapem me vio demasiado sensible y me derivó al Departamento de Género. Me recibieron tres veces y también estaban al tanto de todo. Creo que no pudieron cuidarme. Tomás en cierta forma hizo lo posible para derivarme y no dejarme sin empleo pero finalmente no quedó otra, todos acataron su orden.

¿Renunciaste?

No, me despidieron sin causa.

¿Cómo te sentís hoy?

¿Cómo me siento hoy? Totalmente sola. Cuando cuento que se trata de Ricardo Pera todas las personas que podrían ayudarme no pueden. Porque tienen miedo o por intereses creados no me pueden ayudar. Fui a hablar con mi abogada y me dijo que si estaba fuerte me acompañaba.

¿Tuviste algún tipo de consecuencia?

Sí, él me mandó a decir por terceros que desestime la denuncia, que los muchachos me van a hacer mierda. Esas fueron las palabras que me llegaron. En esta denuncia presenté audios, fotos, pero bueno, no me dieron la perimetral.

¿Con qué argumento?

Que los golpes eran viejos.


Si vos o alguien que conocés vive alguna situación de violencia, llamá gratis al 144 o contactate con la Red Local de Violencia de Género [email protected]

(Por Giuliana Crucianelli) Durante la segunda jornada del juicio por el femicidio de Aída Rosa Caballín las partes presentaron los alegatos. Hernán Rogero se negó a declarar.

El acusado estuvo presente durante la audiencia aunque no acudirá el jueves próximo a la lectura de la sentencia. La Fiscalía solicitó la prisión perpetua y la defensa pidió ocho años, la pena mínima por homicidio simple.

En su alegato, el fiscal Jorge Viego argumentó que hay elementos probatorios suficientes para demostrar la figura de homicidio perpetrado de un hombre hacia una mujer mediando violencia de género.

Destacó que, por la forma que se encontraba el cuerpo de la víctima, el asesinato pudo haberlo realizado una sola persona. Señaló que cuando Rogero huyó de Blandengues al 800 “el hecho ya estaba cometido y procedió a descartar el cuerpo”.

En la Sprinter se encontraron cabellos que “coinciden morfológicamente con los de Caballín y eso habla de una mecánica de violencia dentro del vehículo”. Sin embargo, no se realizaron las pruebas de ADN necesarias para acreditar que esos cabellos pertenecieran a la víctima.

La Fiscalía afirmó que se “cosificó a la mujer en función de la actividad que realizaba”. Viego señaló que durante el allanamiento Rogero se desmayó cuando oficiales encontraron las sogas similares a las halladas en la víctima, lo cual acreditaría su culpabilidad. Asimismo, se contempló como antecedente el testimonio de la ex pareja quien aseguró que existió violencia durante la relación.

La defensa, a cargo de German Kiefel, solicitó el homicidio simple y argumentó que no hay motivación para considerar el agravante por femicidio. Señaló que no se acreditó el móvil que indique que es un caso de violencia de género.

Destacó que, en todo caso, la Fiscalía debería haber solicitado la figura del femicidio no íntimo que establece el Código Penal en el artículo 80 inciso 4. El abogado sumó como atenuantes la carencia de antecedentes ante la justicia, el buen concepto que tenía el empleador de Rogero sobre el acusado y la adicción a la cocaína.

El jueves a las 12, el juez Eugenio Casas y las juezas Claudia Fortunati y María Mercedes Rico, a cargo del Tribunal Criminal 2, leerán la sentencia contra Rogero, quien permanece en prisión preventiva.

(Por Giuliana Crucianelli) “Yo viví un infierno con él, sabe muy bien lo que me hizo pasar a mí y a mi familia. Estoy segura de que fue él”, declaró ayer la ex esposa de Hernán Rogero, imputado por el femicidio de Aída Rosa Caballín, ocurrido el 16 de julio de 2018.

En la primera jornada del debate se escucharon ocho testimonios de la Fiscalía y cuatro de la defensa. Este viernes se desarrollarán los alegatos y a fines de la semana próxima habrá sentencia.

Rogero está imputado por homicidio calificado por ser perpetrado por un hombre a una mujer mediando violencia de género. Intervienen el Tribunal Criminal Nº2 a cargo de Eugenio Casas, Claudia Fortunati y María Mercedes Rico; el fiscal Jorge Viego y el defensor oficial Germán Kiefel.

La víctima era trabajadora sexual en la zona de Blandengues al 800 donde se la vio por última vez al subirse a la camioneta de Rogero alrededor de las 22:40 del 16 de julio de 2018. Personal de la DDI pudo, a través de las cámaras de seguridad de vecinos de la zona, seguir el recorrido de la combi hasta cercanías del lugar donde aparece el cuerpo de Caballín en el barrio Los Chañares.

Dos testigos que formaron parte del operativo dieron cuenta de que en el lugar donde se encontró el cuerpo había huellas de un vehículo con ruedas duales, las cuales coinciden con las de la camioneta que manejaba Rogero. También constataron que el acusado realizó una primera visita a Caballín en calle Blandengues, luego se retiró y, minutos más tarde, volvió a acercarse al lugar y ella subió al vehículo.

Personal de la DDI declaró haber realizado el recorrido de todas las cámaras de seguridad de la zona hasta Ayacucho 7500. El vehículo pertenecía a la empresa para la que trabajaba Rogero y contaba con un GPS que se desactivó segundos después de las 23 y se encendió en el domicilio del acusado minutos antes de las 24. En dicho lapso ocurrió el femicidio.

Fue de mucha utilidad una cámara de seguridad de un comercio que tomó la imagen de una camioneta Sprinter en el semáforo de Sixto Laspiur y Nicolás Pérez a las 23:01, segundos después de desactivarse el GPS. Metros más adelante, apareció tirado el celular de Caballín, encontrado por un vecino a la mañana siguiente. A partir de allí, se pudo reconstruir el rastro del vehículo y cotejarlo con los datos del software de seguimiento que tenía la empresa propietaria de la camioneta. Por otro lado, se constataron en el allanamiento a la casa de Rogero rastros de soga similares a las utilizadas para asesinar a Caballín.

Vecinos de la cuadra señalaron que la víctima “no era una persona conflictiva”, que la veían regularmente y que a uno de ellos le llamó la atención salir a fumar y no encontrarla. Un testigo afirmó ver el primer acercamiento de la camioneta de Rogero el día del hecho.

Ningún testimonio pudo acreditar si Caballín y Rogero se conocían con anterioridad, aunque una ex pareja de la víctima declaró que tuvieron internado al hijo de ambos en el Hospital Penna mientras el acusado trabajaba en la cocina.

A su vez, declaró Luciano Luna, amigo de Caballín, quien afirmó que la llevaba todos los días hasta Blandengues y luego la pasarla a buscar. También informó que le llamó la atención cuando le escribió un mensaje alrededor de las 24 y ella no contestó. Luna fue quien recuperó el celular de la víctima.

Llamativamente, el abogado defensor preguntó al personal de la DDI si cuando encontraron el cuerpo la víctima tenía toda la ropa y si se le encontraron lesiones en la cara y pidió dejar constancia de que entre las pertenencias había preservativos. Por otro lado, solicitó testigos que declararon que el acusado tenía adicción a la cocaína. Sin embargo, nadie constató que durante los hechos el imputado estuviera bajo consumo.

Entre hoy y mañana se desarrollará el debate oral y público contra Hernán Rogero por el asesinato de Aída Rosa Caballín. Lo juzgará el Tribunal Criminal Nº 2 por homicidio calificado por ser perpetrado por un hombre a una mujer mediando violencia de género.

El fiscal Jorge Viego determinó que el 16 de julio de 2018 alrededor de las 22:39, la mujer subió por su propia voluntad a un Mercedez Benz Sprinter y Rogero la mató intencionalmente por asfixia mecánica, utilizando para ello una soga en el cuello.

Luego, el hombre se descartó del cuerpo de la mujer en la vía pública, en immediaciones de calle Ayacucho a la altura del 7500. “Todo eso sucedido en un contexto de violencia de género basado en una relación de desigualdad de poder entre un hombre y una mujer”, sostiene en la investigación.

La instrucción logró determinar que cerca del cuerpo había huellas de un rodado con características particulares y establecer que ese vehículo seguía su marcha y realizó una vuelta en “U” para retirarse del lugar, sin encontrarse huellas de pisadas en el sector.

Se precisó que la víctima era trabajadora sexual y que solía estar en inmediaciones de Blandengues y Almafuerte. De esa manera se realizó en rastreo mediante las cámaras de seguridad del lugar desde donde se obtuvo filmaciones en las que se observa un vehículo utilitario que coincidiría con las huellas recogidas en el lugar donde se encontró el cuerpo.

Además se destacó el aporte de filmaciones de otras cámara de seguridad perteneciente a los vecinos de las inmediaciones, gracias a las cuales se pudo completar el cuadro de situación.

También se realizaron tareas para logar la identificación del vehículo perteneciente a la empresa Ronan Transportes, el personal policial se entrevistó con el dueño de la firma que aportó los registros del GPS y los datos del chofer.

En los registros del GPS, se detecta que el vehículo al mando de Hernán Rogero estuvo en inmediaciones de Blandengues y Almafuerte la noche del 16 de julio donde la mujer habría subido, se retiraron por calle Sixto Laspiur, se corta la señal del GPS y más tarde retoma el registro de localización cuando el vehículo ya se encontraba estacionado en la casa del imputado, sobre la calle Alemanes del Volga.

(Por Saira Millaqueo, activista trans) Morir en en la esquina es un fantasma que nos ronda todas las noches cuando una travestis sale a prostituirse. No hay noche que no pienses si vas a volver, si te van a golpear o si vas a pasar una situación de mierda con un cliente.

La muerte nos persigue todo el tiempo, en la noche la muerte es más cercana. La sentís en el momento que llega el primer auto de la jornada, la sentís cuando se asoma un machito caminando o un grupo de ellos en un auto.

Conocemos la cara más perversa de la impunidad machista porque actúa sobre nuestros cuerpos y vidas sin alarmar, sin empatizar a la sociedad.

Aunque es de noche las infamias y violencias las travestis las sufrimos en el día también. Al final lo que sucede en la noche es el reflejo de lo que nos hacen en el día. Confinadas a esa oscuridad se sobrevive. Con la muerte al lado, hasta que te choca de frente y te entierra los puñales como en algún momento lo pudiste imaginar.

Y cómo me voy a defender, lo habré pensado de mil maneras. Estamos toda la vida diseñadas para afrontar la muerte y formateadas a esquivarla. La impunidad machista nos acosa y paraliza nos clava la más inmunda indiferencia sin poder defenderte. El mandato machista familiar nos empuja a desaparecer en esas esquinas. Hasta que llega la muerte en primera persona y cumple el designio, nos toma de la forma mas brutal.

Sin remordimientos, lo primero que se piensa es que si murió en una esquina es porque se lo buscó.

¿Alguien puede pensar que nosotras elegimos esto? Nos depositaron ahí y lo sabemos sobrellevar, nos reinventamos armando enredaderas de secretos y tejes que nos han hecho sobrevivir a la mas oscuras noches.

¿Si sentimos miedo? La necesidad no conoce de miedos. La urgencia no conoce miedos.

Nos cuesta la vida sobrevivir en los esquemas en el que nos depositaron y nos siguen depositando.

Sobrevivimos con coraje por que al miedo nos lo comemos del hambre que tenemos.

Me resulta doloroso el pensamiento de saber que presentimos cuál es nuestra hora en una esquina.

¿Se imaginan vivir con ese reloj que nos acorrala? Llegar a acostarte es un triunfo.

Pienso en todo esto con la imagen de Roberta en mi cabeza y la de todas mi compañeras. Las que están y las que no. Es dolorosísimo tener que estar contando esto pero me da miedo, mucha impotencia a la vez porque no sabes cuando te puede caer a vos. Como dije antes estamos muy cercanas con la muerte.

La encrucijada de la que las travestis no salimos, quien tiene esa solución es el Estado con sus acciones. Está bien claro que ahí en esas esquinas lo que se necesita no es más violencia, sino que resguardo y reparación. Por que ademas una cosa es que se describa las vivencias de las personas en situación de prostitución y otra es hablar de trabajo sexual.

Venimos de un gobierno que promovió la indiferencia como política de estado. Hoy se sueña en revertirlo. Mientras tanto solo hay una verdad las travestis venimos arrastrando historia de esta practicas, por eso es que necesitamos que nuestras demandas sean tomadas con urgencias. Porque hay mucho por reparar y la única forma es siendo practicxs a la hora de entender la realidad.

Ojalá el rostro de Roberta Carabajal sea el último que tengamos que lamentar por muertes que se pueden evitar. Justicia por ella. Justicia por todas aquellas que merecían una vida libre de violencia y olvido.

El bloque del Frente de Todos propuso la creación de una Mesa Multidisciplinaria para la modificación del Código de Edificación.

Participarían empresarios, trabajadores, colegios profesionales, Departamentos de Ingeniería Civil de la UNS y la UTN, Ejecutivo Municipal y Concejo Deliberante.

La presentación fue acompañada de un pedido de informes solicitando precisiones acerca del estado de la obra de Caronti 33, luego del  fallecimiento del obrero Víctor Manuel Plaza, y de la internación de su compañero Kevin Ring Lares, producto de la caída de un montacargas en la edificación.

También  expresaron la preocupación del bloque por la muerte de de Mónica Haring como consecuencia  del impacto de una madera que cayó desde la obra de Gorriti al 100.

Las concejalas y los concejales peronistas instaron a modificar los controles de seguridad en las obras mediante la colaboración de Municipio y Ministerio de Trabajo de la Provincia para garantizar el cumplimiento de las normativas.

“Creemos que una mirada interdisciplinaria y transversal nos posibilitará realizar la respectiva actualización normativa y reforzar los controles de seguridad en obras”, señalan en la resolución.