(Por Astor Vitali) El 11 de agosto, el intendente, Héctor Gay, habilitó por decreto actividades culturales tales como arte callejero, streaming cultural y clases en salas de danza y baile. El día 19 se agregaron bibliotecas (para entrega y retiro) y musicoterapia. Las habilitaciones se llevan a cabo a través del otorgamiento municipal de “permisos precarios”. ¿Con qué protocolos?
La comunicación oficial señala que serán “estrictamente observadas las normativas presidenciales, provinciales y municipales”. Sin embargo, el protocolo para la realización de streaming cultural aprobado por la provincia de Buenos Aires está previsto para fase 5. En el boletín oficial emitido el lunes por la gobernación se ratifica que la ciudad permanece en fase 4. El municipio está desfasado.
Se supone, según la difusión de prensa oficial de la intendencia, que deberán cumplirse los “protocolos de actuación en materia sanitaria producto de la pandemia del denominado Covid-19, recomendando a los responsables de las actividades cuyo funcionamiento precario se autorizó a través del presente que, en caso de no cumplirse lo establecido, se procederá al retiro de la autorización para funcionar”.
Invitamos a ustedes a que ingresen y busquen los “protocolos” que pone a disposición el municipio en http://www.bahia.gob.ar/coronavirus/protocolos/.
Al día de la fecha, se observan en el sitio a modo de “protocolos” algunos documentos tipiados en archivos sin caracterización oficial. No subieron en cambio el protocolo aprobado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires (el vigente realmente). En el documento titulado “Normativa y protocolo único para actividades artísticas y culturales sin público” RESO 2020 260 GDEBA MJGM con fecha del 10 de junio de 2020 y vigente al momento actual: “el gobierno de la provincia aprueba la apertura de actividades artísticas y culturales. Será para los municipios que estén en fase 5 y serán sin público”.
¿Por qué se otorgan a nivel municipal permisos precarios durante la fase 4 sobre actividades que la provincia determinó para fase 5? Si la autoridad sanitaria a nivel provincial considera riesgoso habilitar esas actividades durante la fase que atravesamos ¿qué criterio sanitario utilizaron el intendente, la directora del Instituto Cultural Morena Rosselló y el secretario de Salud, Pablo Acrogliano?
Para mayor aclaración, el documento de la gobernación adjunta el comunicado oficial en el que Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia y e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, manifestó que “esta primera apertura a las actividades culturales sin público y en municipios en fase 5, es el primer paso, prudente y gradual, hacia el retorno de algunas actividades culturales, y surge del diálogo entre el Ministerio con el sector cultural provincial. Aspiramos así a devolver actividad a un amplio espectro de actividades culturales en aquellos municipios que puedan cumplir con los requerimientos”.
En su afán por combatir a los trabajadores y trabajadoras de la cultura, la “topadora” Rosselló comenzó a desplegar una batería de medidas –del tipo chasquibúm- para llenar el Facebook, el Twitter y el Instagram de chispazos poco estruendosos. Luego de una presentación ante la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, realizada por organizaciones gremiales de la cultura, los espacios culturales independientes y el Comité de Emergencia Cultural -integrado por concejales de todos los mandatos democráticos configurados desde el año 1983-, en el que se denuncia vulneración de derechos laborales y culturales, desde el Instituto Cultural modificaron algunas conductas.
Por un lado, comenzaron a tomar actas de las reuniones. No se asombre; no lo hacían. La institucional es el hecho artístico más destacado de la gestión cultural actual. Y es probable que no lo hicieran porque de las reuniones nunca se llevó nadie una resolución concreta a los problemas planteados. Uno de los requerimientos de la presentación ante la Defensoría era, precisamente, que mostraran las actas de las reuniones que decían haber mantenido con todos los sectores. Por otra parte, en línea con la denuncia de vulneración de derechos laborales, el instituto pasó de no haber pagado un peso por el trabajo de los y las artistas que realizaron su labor en el Ciclo “Cultura en Casa” (sí, el estado fomentando el trabajo sin retribución económica) a pagar una suma de tres mil pesos en lo que variaron en llamar “Cultura online”.
Pero sobre todo, tal vez por haber considerado que era necesario revertir la mala prensa que la sola difusión del “Operativo demolición” que encabeza Rosselló sobre el andamiaje cultural democrático y su cuerpo legal, se lanzó una ofensiva mediática basada en la idea de “volver a la actividad”. Para esto, solicitó a distintos sectores que acercaran “protocolos” para comenzar a funcionar. Sin embargo, como se observa claramente en el protocolo único aprobado por provincia, lo que publican en la página oficial municipal no garantiza la seguridad de los y las habitantes de la ciudad, por la precariedad de los permisos entregados.
En términos generales, volver a la actividad artística con normalidad implicaría la existencia de un mundo normalizado. En términos particulares, cada actividad tiene infinitos matices. Como queda dicho, al menos hasta el mes de abril del año próximo no hay garantía de vacuna disponible. En ese lapso de tiempo, en lugar de mandar a trabajar en condiciones donde no se garantiza acceso a ART, insumos, asistencia sanitaria, transporte, elementos técnicos, el gobierno debería destinar los recursos presupuestados –que no han sido mayormente ejecutados- para llevar adelante un plan de contingencia coordinado con el conjunto de las organizaciones existentes.
Para peor, en las declaraciones juradas que constan en los “protocolos” municipales se deja claro que “el que suscribe deslinda de responsabilidad a los docentes y al establecimiento, en caso de contagio del COVID-19, asumiendo los riesgos que implica tomar la clase”.
El reclamo de “que vuelva la actividad económica” es un reclamo patronal. Los trabajadores y las trabajadoras de cualquier sector reclaman no ser expuestos de manera innecesaria y el cuidado de sus derechos por parte del estado a partir de políticas activas. Los sectores informales y precarizados –que representan unas cuarenta y nueve mil personas en la ciudad- no reclaman por volver al trabajo: se ven forzados a realizar tareas para morfar. Es bien distinto. Y los ciudadanos olvidados de su ciudadanía, sin techo, indigentes, niñes sin orientación, hacen lo que pueden. No reclaman reapertura: sobreviven.
No es saludable confundir los reclamos patronales con los intereses de quienes trabajamos. Son bien distinto. Quienes trabajamos reclamamos nuestro derecho a la salud, sin exponernos por mera carrera lucrativa. En el ámbito cultural, habilitar actividades fuera de fase implica que el gobierno se desliga de la ejecución de recursos para la protección del sector. Podrían haber hecho a través de un plan de contingencia que verdaderamente proteja la salud de los trabajadores y de las trabajadoras de la cultura, no exponiéndoles innecesariamente, no desligándose de su responsabilidad política, no tirando la pelota con un mensaje peligroso: “dale, metele, abrí no más y vamos viendo”.
Es muy probable que el dueño de un restaurant quiera “abrir”. Es muy improbable que el conjunto de trabajadores y de trabajadoras transite su jornada gustoso de estar expuesto, cuando pueden elaborarse alternativas. En el ámbito de la cultura ocurre lo mismo. Las patronales quieren apertura. Quienes trabajan quieren trabajar, pero no de cualquier precio, mucho menos pagándolo con la salud.
El gobierno no invirtió un peso de lo que tenía presupuestado en materia cultural en ninguna de las propuestas y alternativas que acercaron los trabajadores y las trabajadoras. Por el contrario, lo que hizo fue habilitar “protocolos” que nada tienen que ver con lo aprobado por la autoridad sanitaria provincial, mandando a la gente a laburar sin ninguna garantía. El protocolo vigente supone la habilitación de la actividad cultural para la fase cinco, mientras la ciudad está en la fase cuatro. Lo hizo en el mes de agosto, período de tiempo en el que, según el propio secretario de salud municipal, creció el número de contagios con mayor rapidez y elevando el promedio de contagios diarios. Y lo hizo de una manera tan precaria como los permisos que otorga.