La justicia ordenó a la provincia de Buenos Aires que presente en 180 días un Plan Director que contemple las obras necesarias para realizar el tratamiento adecuado de los líquidos cloacales que se vuelcan en el estuario de Bahía Blanca.

La medida cautelar fue dictada por el juez en lo Contencioso Administrativo, Agustín López Cóppola, tras una denuncia contra ABSA y las autoridades bonaerenses realizada por el abogado Lucas Beier en representación de un grupo de pescadores artesanales. También se tramita una causa contra las empresas del polo petroquímico y la prestataria del servicio cloacal que pretende la recomposición integral de los daños colectivos ambientales causados al estuario local y el cese de los vertidos contaminantes.

“La provincia de Buenos Aires, a través de ABSA, ha llevado adelante, por largo tiempo y sin solución de continuidad, conductas antijurídicas que afectan negativamente el ambiente mediante el prolongado e ininterrumpido vertido de desagües cloacales no tratados al medio marino, con alteración relevante del mismo. Asimismo viene omitiendo realizar los actos de gobierno y buena administración que permitan revertir la situación”, aseguraron los denunciantes.

A su turno, ABSA explicó que en la ría bahiense escurren tres cuencas que al momento de hacerse cargo de la concesión contaban con plantas depuradoras de líquidos cloacales muy deterioradas en Ingeniero White, Punta Alta y Bahía Blanca. En septiembre de 2010 fue deshabilitada la de White derivándose los líquidos hacia la primera cuenca donde reciben “un tratamiento primario”.

La provincia aseguró que controla la prestación del servicio de ABSA a través del OCABA y requirió “que se ajusten los valores de vuelco de efluentes a la normativa vigente”. Sin embargo, “sólo compareció el Director de Información Jurídica del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) que carece de incumbencia en el tema”.

Para el juez “ABSA S.A. se encuentra obligada a operar, mejorar y mantener las Plantas de tratamiento de desagües cloacales existentes a los fines de cumplir con los objetivos del servicio que debe prestar, pero no está obligada a invertir en nuevas plantas sin el correspondiente Plan Director que lo prevea, el que contemplará la pertinente tarifa de expansión”.

Como ese plan debe ser elaborado por el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos cada cinco años, López Cóppola dirigió su fallo contra la provincia.

Por otra parte, Beier destacó los beneficios que traería la instalación de una planta que permita reutilizar los líquidos cloacales con fines industriales que, a la vez que mejoraría la situación ambiental del estuario, aliviaría la demanda de agua potable que ingresa a Bahía Blanca y Punta Alta desde el Dique Paso Piedras al ahorrar el 25 o 30 por ciento que consume el polo. Para ello, solicitó un embargo preventivo a la provincia y a ABSA de cinco millones de dólares mensuales hasta alcanzar “un fondo de restauración” de 90 millones.

La propuesta no fue aceptaba por el juez dado que “no resulta ser la medida que mejor se ajusta al objeto cautelar pretendido, esto es, evitar el agravamiento de la situación ambiental imperante en el estuario y su recomposición”.

Foto: El Balneario Maldonado fue clausurado por la contaminación del agua. En la actualidad llena su pileta con agua de pozo.

Seis personas son acusadas de “haber dañado la salud de vecinos con pulverizaciones aéreas de plaguicidas” en un juicio que data de la causa inicial que data del 2003, en la que 70 vecinos y vecinas son querellantes. El caso se ubica en el barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba y, ya elevado a juicio oral aunque sin fecha aún, tendrá lugar en la Cámara Séptima del Crimen de Córdoba integrada por los vocales Víctor María Vélez, Ricardo Iriarte y Carlos Ruiz,y el Fiscal de Cámara Marcelo Altamirano.

Un comunicado emitido por la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) expresó que “por primera vez en Argentina se busca relacionar los daños a la salud sufridos por vecinos, tras quedar expuestos a los plaguicidas que habían sido pulverizados en un campo colindante al barrio”.

Durante una entrevista con FM De la Calle, el presidente de la FUNAM diferenció este proceso judicial de otro anterior que “era por violación a normas. Es decir, si se habían utilizado plaguicidas que estaban autorizados o no. No se analizó la relación entre plaguicidas y salud, que es lo que se va a revisar ahora. En este caso, en el caso de encontrar culpable a las personas, hay penas de 20 años de prisión”.

Asimismo, el dirigente sostuvo que “por primera vez se va a tratar de demostrar la relación que hay entre el uso de plaguicidas y cómo eso afectó la salud”.

Por otra parte, Montenegro destacó que también “por primera vez se enjuicia a una ingeniera agrónoma”.

Se acusa a Francisco Parra (productor agropecuario), Edgardo Jorge Pancello y Gustavo Alejandro Peralta Amaya (aeroaplicadores); Javier Eduardo Amuchastegui y Fernando Ramón (propietarios de la empresa Tecnocampo que aplicó los plaguicidas) y  Alejandra del Carmen Mendizabal Pizarro (ingeniera agrónoma).

Foto: rightlivelihood.org

La presentación judicial que realizó el fiscal general Alejandro Cantaro visibilizó estudios que prueban que la ría está contaminada. Consultada al respecto, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Deliberante, Aloma Sartor, dijo a FM De la Calle que “en Bahía Blanca no tenemos un estudio general de la biomasa del estuario”.

“Nosotros tenemos estudios importantes históricos del estuario que tienen que ver con su condición físico química y mucho más débiles con las características biológicas del estuario. Recién estos últimos años se han empezado a mirar algunas cuestiones microbiológicas. Me parece muy bien que la justicia empiece a involucrarse en cuestiones del medio ambiente. Esto no se ve mucho en la Argentina. La justicia por si sola si no tiene información completa, la verdad que está renga”.

Sobre los estudios existentes, la concejala afirmó que “como novedad creo que hay un trabajo que es muy interesante que se ha hecho de toda esa información que viene realizando el CTE desde que empezó el programa en 2002. Se hizo un relevamiento de cada una de las fuentes de emisión de las industrias. Eso terminó en una publicación muy interesante. Está identificado por empresa. Lo han hecho desde la UTN. La información estaba muy dispersa”.

Por otra parte, la dirigente manifestó su preocupación en torno a la posibilidad de que el oficialismo desvirtúe el funcionamiento de la Tasa Ambiental. Según el texto de la ley provincial 12530 en su artículo 13, el destino de los fondos de este gravamen es financiar “los servicios de control y monitoreo de la calidad del ambiente”.

Según explicó la edila, “el funcionamiento del CTE se ha ido debilitando. Ahora se intenta sacar dinero de la tasa ambiental para obras y contratos. Yo en este ámbito voy a patalear todo lo que pueda, porque si esa puerta se abre es el final de un sistema de control. Si eso se convierte en un lugar donde buscar plata fácil para tapar agujeros la verdad que es muy complicado. En este momento estamos en esa discusión política. Sería muy lamentable que esto ocurriera”.

Por último, Sartor afirmó que “hace dos años que el CTE no presenta el informe de la auditoria del 2012”.

Ayer por la tarde se llevó a cabo una asamblea para tratar temas relacionados con el ambiente en el salón “El Coqueto” del Club Comercial en Ingeniero White. A la reunión asistieron vecinos y vecinas de esa localidad, Gerenal Cerri y Bahía Blanca.

Este es el informe que hizo la periodista Mariela Dobal durante el programa En Eso Estamos de FM De la Calle.

(Notas.org.ar) “Triste noticia”. Así resumía el asunto del correo electrónico enviado por la Carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires la información que desde la tarde del domingo ya circulaba por redes sociales. Norma Giarracca, docente e investigadora de la carrera, había fallecido.

Con la juventud de 70 años y un extenso currículum (académico, pero también de activismo y mucho más) Giarracca se despidió de un mundo que pensó, analizó y transformó con su aguda mirada y compromiso.

De 1969 a 1976 trabajó en el Ministerio de Agricultura, en la Dirección de Economía y Sociología Rural. Estaba entonces vinculada al Peronismo de Base. Cuando la Junta Militar tomó el poder por la fuerza en 1976, se exilió en España, Inglaterra y se radicó luego en México.

Con la vuelta de la democracia en nuestro país, se sumó a coordinar las áreas de Ciencias Sociales, Educación y Filosofía del CONICET. Con el conocimiento y experiencia acumuladas creó la cátedra de Sociología Rural y el Grupo de Estudios Rurales (GER). Más adelante fundaría también el Grupo de Estudios de los Movimientos Sociales en América Latina (GEMSAL).

Fue también en su intensa vida investigadora principal del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, coordinadora del Grupo de Trabajo de Desarrollo Rural de CLACSO y directora de la Maestría de Investigación Social de la UBA, además de ser representante por el claustro de profesores en la Junta de Carrera de Sociología.

Su preocupación principal y objeto de estudio fue el modelo agropecuario. Su enfoque, vinculado a la revalorización de los sujetos del campo, los campesinos y pequeños productores principalmente, y la crítica al modelo de agronegocios, la ubicaron como una referencia intelectual no sólo para la academia, sino también para los movimientos sociales y organizaciones del sector.

Desde la docencia, incentivó a generaciones y generaciones de futuros sociólogos. En la página web del GER – GEMSAL Giarracca escribía sobre los estudiantes: “Todos ellos nos desafiaron a que fuéramos mejores docentes, que relacionáramos la rigurosidad con un espacio placentero que incite a reflexionar, leer, trabajar, sin perder la alegría”.

La despedida de sus colegas

En Facebook, varios docentes e investigadores con los que compartió los pasillos del Instituto Gino Germani y la ex sede de Marcelo T. de Alvear de la Facultad de Ciencias Sociales, la recordaron con emoción y cariño.

Marcelo Langieri, ex coordinador técnico de Sociología, uno de los primeros en dar a conocer la triste noticia dijo: “Su muerte es una pérdida enorme para la sociología y para el movimiento popular. Especialmente el movimiento campesino que tuvo en ella una de las voces más lúcidas y comprometida”. “Su mirada aguda nos informó, entretuvo y emocionó permanentemente. Se fue una luchadora y una maestra”, agregó.

Por su parte, la directora de la carrera de Sociología, Alejandra Oberti, comunicó por correo electrónico el fallecimiento de Giarracca: “Es una gran pérdida para nuestra Facultad. Su vocación docente nos acompañó durante décadas formando y transmitiendo no solo saberes sino también un fuerte compromiso con la Universidad pública”.

Maristella Svampa, con quien compartió reflexiones y preocupaciones, recordó: “Hace unos diez días hablamos por última vez por teléfono. Fue por lo de Ayotzinapa, para avisarme que estaban los familiares de las victimas acá en Buenos Aires. Norma, una vez más, infaltable en su compromiso”. Además, expresó: “Hemos perdido a una gran compañera de luchas, de afectos, de pensamiento”.

“Uno se da cuenta cuando alguien es respetado”, reflexionó Ernesto Meccia, autor de La cuestión gay. Un enfoque sociológico y Los últimos homosexuales. Sociología de la homosexualidad y la gaycidad. “Una vez”, recordó, “subió una foto con sus nietos jugando y ella sentada en el piso, lo más pancha”. “Norma a la altura de las circunstancias”, comentó Meccia a esa imagen.

Norma Giarraca escribió e incomodó. Discutió a fondo los problemas y las debilidades del actual modelo de agronegocios y las comunidades rurales. Pensó el país desde un ángulo novedoso y profundo. Y marcó, en su paso, a centenares de personas que tuvieron el gusto de compartir sus reflexiones y enseñanzas.

Usuaria incansable de las redes sociales, su último tuit fue sobre la movilización del pasado 3 de junio por #NiUnaMenos: “No fue una marcha más -decía- fue una práctica decolonial”.

Allí también la despidieron innumerables personas. Desde estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, hasta colegas investigadores y activistas ambientales de distintos lugares del país y el continente, la conmoción sacudió unos cuantos hogares y círculos sociales del país.

Su muerte no será tapa de diarios, pero desde Notas la recordamos como una intelectual que comprometida con su tiempo.

Compartimos a modo de homenaje, su intervención en la Audiencia Publica por la Soberanía Alimentaria, en el anexo de la Cámara de diputados del 26 de Octubre de 2010.

La Asociación de Pescadores Artesanales apeló la resolución de la jueza Gabriela Marrón que derivó a la justicia provincial el pedido de la Fiscalía de prohibir la contaminación del estuario por parte de las empresas del polo y ABSA.

“No hacer lugar a la medida, pese a tener certeza científica que las sustancias que arrojan están cuanto menos generando un peligro a la salud pública, si no es que ya se ha generado un daño concreto, es permitir que las empresas o sus directores continúen cometiendo un delito, fracasando el derecho penal, no solamente porque no se ha podido disuadir que se cometa el delito, sino además porque pese a todo el esfuerzo realizado por esta parte querellante, fiscalía, y científicos que han aportado con sus estudios y declaraciones testimoniales, la justicia permite que se siga delinquiendo”, aseguró el abogado Lucas Beier en la apelación que puede leerse aquí.

La jueza se basó en el fallo “Scröeder” de la Corte Suprema que remitió a la justicia ordinaria el análisis de una acción colectiva por daño ambiental. Sin embargo, desde la querella se asegura que esto no obstaculiza la competencia penal federal “pues en aquel proceso se pretende el cese de la contaminación y la reparación integral del daño ambiental y esta causa procura la represión del delito de envenenamiento, adulteración o contaminación de modo peligro para la salud mediante la utilización de residuos peligrosos”.

El punto de discusión es si existe o no interjurisdiccionalidad. En el caso “Scröeder” se pide el saneamiento del estuario limitando efectivamente el debate al ámbito portuario provincial. Por otra parte, “la conducta típica penada por la ley de residuos peligrosos y que es objeto de investigación en la presente causa, es contaminar el ambiente poniendo en riesgo la salud pública, y la interjurisdiccionalidad exigida por la CSJN para estos casos, no es que el ambiente dañado se encuentre en más de una jurisdicción, sino que el peligro para la salud pública se extienda a más de una”.

Especialistas de la UNS declararon que existen cinco especies de peces de importancia económica que son capturadas para consumo humano dentro y fuera del estuario, migran entre mar abierto y el estuario durante sus épocas reproductivas y “los vertidos de residuos peligrosos que se imputan a las denunciadas contaminan, adulteran y envenenan su hábitat”.

Es decir, una pescadilla, un lenguado, una corvina, un pejerrey o un gatuso capturados fuera de las 12 millas de la zona costera de la provincia o en la costa del sur de Brasil o de Rawson, “posiblemente haya nacido y se haya alimentado los primeros meses de su vida en la zona interna del estuario. Y si ese pez se alimentó con crustáceos, cangrejos, o sardas contaminados por mercurio, plomo, cromo y cadmio (todas sustancias tóxicas presentes en el ambiente del estuario), por efecto de la bioacumulación, al momento de ser capturado en la provincia de Río Negro tendrá en sus músculos e hígado esas sustancias tóxicas, poniendo en peligro la población de otras provincias y hasta de otros países”.

Esta mañana, en diálogo con el programa En Eso Estamos de FM De la Calle, el abogado Lucas Beier explicó los alcances de la apelación y los próximos pasos de la causa.

Lo aseguró Ana Colantonio del Grupo Ambientalista Partido de Tres Arroyos en referencia a la posibilidad de que el Grupo Delmo, de capitales australianos, explote la Cuenca Carbonífera Claromecó.

Según expresó días atrás a FM de la Calle el diputado Ricardo Vago, el método de explotación “es encender carbón bajo tierra y a partir de ahí, con los gases, generar a través de turbinas energía eléctrica”. Se trata de “un método poco usado en el mundo y que ha generado la contaminación de napas en Australia”.

Ayer por la tarde, el geólogo ex trabajador de YPF Roberto Ochandio ofreció una charla sobre la “Explotación de gas de yacimientos carboníferos” en Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos. La dirigente de GAPTA, organización que convocó a la actividad, afirmó a FM de la Calle que “el problema es el escape de los gases que tiene el carbón”.

Colantonio dijo que involucraron “a la Secretaría de Medio Ambiente para que se enteren qué es lo que pasa. Volvimos a hacer otro petitorio para que la provincia no lo lleve adelante”. Según la vecina, una de las preocupaciones que expresa la comunidad es que “nosotros no somos una zona hidrocarburífera. Va a quitar identidad regional y sabemos lo que pasa con la contaminación”.

Vecinos y vecinas de Ingeniero White convocan a una Asamblea Popular el domingo 7 de junio a las 16 en la confitería El Coqueto del Club Atlético Comercial.

“La verdad que cada día que pasa más indignación tenemos en Ingeniero White. Somos un pueblo olvidado. Como vieron ayer, otra vez la nube fue para otro lado. Lo que más bronca me da es que dicen que no es tóxico para la población. Ya sabemos que no es vapor de agua lo que larga, como siempre nos dice”, dijo a FM de Calle Claudia Schlaps.

Acerca de la convocatoria informó que “estamos a full organizando la asamblea popular whitense. No tenemos mucha difusión. No estamos avalados por nadie que tenga dinero para hacer tanta propaganda”.

Respecto de la presentación judicial que hizo la fiscalía encabezada por el dr. Cantaro, la vecina expresó que “sentimos que estamos un poquito más apoyados. Vamos a tratar todos los temas. Acá el tema es la salud. Los chicos están todos con broncoespasmo, problemas de alergia, distintos tipos de cáncer. Hay varios temas y mucha gente que puede tratar su granito de arena, de qué manera comprometer al vecino para seguir en la lucha”.

César Pérez, titular del Comité Técnico Ejecutivo, informó a FM de la Calle que ayer “la empresa Petrobras tuvo un problema con un compresor, esto produjo que en el reactor del catalítico tuvieran una emisión de vapor con material particulado, que es lo que la gente vio, y posteriormente a eso tuvieron un problema con la caldera, con lo cual tuvieron la emisión de humos negros con una opacidad de cien por ciento”.

El Comité labró un acta a la firma puesto que “el tiempo de emisión de las dos nubes superó lo que prevé la legislación, que es de un minuto. En el caso del humo negro superó los cuatro minutos”.

Sobre la nube negra el funcionario explicó que “el humo se genera a través de una mala combustión” y respecto al material particulado afirmó que “la cartilla de seguridad nos estaba indicando que no hay impacto toxicológico de este producto”.

Por último, Pérez dijo que “no se activó la sirena porque no había riesgo para la salud de la población”. Ver video.

Hugo Dubois es uno de los cartoneros que forjó hace ocho años la Cooperativa de Cartoneros del Sur. Actualmente perciben por su labor una remuneración de $ 480 semanales. La organización denuncia que no recibe un subsidio “prometido por el municipio”.

El trabajador dijo a FM De la Calle que vienen “complicados de hace ya un tiempo largo. Creo que desde el momento que le mintieron a la gente diciendo ‘vamos a formar cooperativas para procesar los residuos’. Hoy en día estamos muchísimo más complicados por la falta de eficiencia que hay en el municipio. Hay gente en la secretaría que no tiene ni idea de la problemática, no solamente del tema de los cartoneros sino del medio ambiente y de la contaminación que se está generando”.

En este sentido, el reciclador explicó que “Bahía Blanca genera 340 toneladas diarias de residuos y se están enterrando. Eso es una cadena que a futuro nos va a perjudicar a toda la sociedad. Porque tenemos gente que es incompetente en cada puesto que desarrolla. No se ha presentado nunca un proyecto o un plan para procesar los residuos dando trabajo digno a los cartoneros”.

Dubois aseguró que “la sociedad tiene que participar muchísimo más del tema, no solamente de los cartoneros, sino de los residuos”.

En los próximos días se realizará una asamblea abierta al conjunto de cartonerxs para tratar los pasos a seguir.

La jueza María Gabriela Marrón se declaró incompetente para tratar la denuncia presentada por el fiscal Alejandro Cantaro por contaminación en la ría. La Fiscalía General había requerido a la titular del Juzgado Federal Nº2 la “inmediata prohibición” del vertido en la Ría de Bahía Blanca de efluentes sólidos, gaseosos o líquidos, consecuencia del proceso industrial de las empresas del polo petroquímico y ABSA. La presentación agregaba documentación a la Causa 135623/2011 “MENINATO, Rolando (PBB Polisur S.A.) y otros s/ inf. Ley 24051” originada años atrás por pescadores artesanales de la localidad portuaria ante la disminución de peces en el estuario.

Según dijo el fiscal denunciante a FM De la Calle “lo llamativo es que la razón por la cual se declara incompetente es por una causa anterior también por el saneamiento de la ría. La causa había llegado hasta la Corte Suprema de Justicia que es la que define, cuando la justicia se traba en esta cuestión de ver quien es competente, y la Corte resolvió que tenía que ser la provincia”.

El funcionario del Ministerio Público recordó que la máxima instancia judicial “tardó diez años en resolver eso y la jueza (Marrón) dice que después que está resuelto esto ya no había discusión al respecto y entonces nosotros debíamos haber promovido esto a la justicia provincial”.

Sin embargo, Cantaro afirmó que “la realidad es que si esa causa llegó hasta la Corte es porque la justicia federal se declaró incompetente y la justicia provincial se declaró incompetente. Todos nos lo queremos sacar de encima”.

Por otra parte, el fiscal informó que “nosotros apelamos esa resolución y decimos que el precedente no es aplicable y que la política criminal de la Procuración General de la Nación ha variado. Ahora está claro lo que la procuradora hizo en la causa de contaminación por parte de Papel Prensa”, en la que sostiene “que para que intervenga la justicia federal tiene que haber interjurisdisccionalidad en las afectaciones. La procuradora dice ‘invirtamos los términos ¿por qué el que demanda o denuncia tiene que probar la interjurisdiccionalidad y no que lo pruebe otro?'”.

Por otra parte el abogado de vecinxs de la planta de Petrobras, Leandro Aparicio, sostuvo esta mañana que “esto es una estrategia cómoda de algunos funcionarios que no empieza ahora. Empieza con la causa del escape de cloro y amoníaco. El procedimiento es el mismo. El fiscal provincial se la pasa al federal, el federal al provincial y hasta que llega hasta la Corte Suprema que la determina a los cuatro años se prescribe la causa”.

Finalmente, el letrado instó a “sacarle la careta a estos delincuentes de los jueces. No puede ser que la causa de Bornemann (ex gerente de Dow) hace 17 años que esté. ¿Qué intereses hay ahí?”

El diputado provincial del Partido Socialista en el Frente Amplio Progresista, Ricardo Vago, dijo a FM de la Calle que “en el encuentro internacional Anti Fracking que tuvimos en Entre Ríos, surgió a través de ONGs ambientalistas, la existencia de dos páginas de las empresas australianas Delmo Group, Delmo Argentina y Claromeco Energía que plantaban que tenían una concesión para explorar 600 mil hectáreas en la zona de la Cuenca Carbonífera Claromeco”.

El legislador informó que intentaron “buscar algún nivel de resolución o información oficial” a través de pedidos de informe.

Consultado sobre el método de explotación que utilizaría Vago explicó que “es encender carbón bajo tierra y a partir de ahí con los gases generar a través de turbinas energía eléctrica”. Se trata de “un método poco usado en el mundo y que ha generado la contaminación de napas en Australia”.

El dirigente encabeza una campaña para que “las comunidades de la zona tomen conocimiento de esta problemática”. El objetivo de la difusión es “obligar a las autoridades de la provincia, que es la dueña del subsuela, a que clarifique si esto está pensado para engañar a futuros inversores o está puesto preparando un decretazo cuando termine el periodo de gobierno”.

Organizaciones sociales y ambientales invitan a participar de una reunión en apoyo a la comunidad de White en pie de lucha. Se tratará el tema de la contaminación ambiental y la presentación judicial que hizo contra el Polo Petroquímico y ABSA la unidad fiscal del Dr. Cantaro. Será hoy a las 18 horas en Saavedra 750.

Por otra parte, según un comunicado firmado por Graciela Zubini, la Asamblea Popular Autoconvocada de 730 vecinos de Ingeniero White “se realizará el próximo 7 de junio a las 16 horas en la confitería ‘El Coqueto’ del Club Comercial en Ingeniero White”. La convocatoria invita a “sumarse a los 32 años e lucha de los whitenses para que se respeten los derechos a la vivienda, a la salud y a un medio ambiente sano”.

Franco Cabrera es estudiante de Artes Visuales y participa de la Asamblea Ambiental del Sur AUKAN.
Esta mañana dijo a FM de la Calle sobre la reunión convocada para hoy que “es plantearnos un escenario nuevo en la ciudad como movimientos socio ambientales. A través de distintos relevamientos como ha sido el Censo de Salud Comunitario donde estuvimos trabajando bajo la dirección de la doctora Selva Lamtzev, como un antecedente concreto en donde se veía que las condiciones de salud de los whitenses habían desmejorada ostensiblemente en relación a la de los bahienses en general, aunque podemos decir que todos estamos en contacto con el mismo aire y naturalmente sufrimos lo que esta ciudad tiene como característica de ser una ciudad con mucha cercanía a un Polo Industrial”.

Cabrera explicó que “se ha ido acrecentando la preocupación de la gente por ver que esto no tiene ningún camino de mejoramiento de esas condiciones.

En ese marco hay que inscribir lo que la justicia está planteando a través de la fiscalía de Cantaro que es que ya existen muchos estudios y pruebas que dan cuenta de la contaminación sistemática”.

Con motivo del 139º aniversario de la Localidad de Gral Daniel Cerri, se realizarán visitas grupales guiadas al ex frigorífico CAP cuatrero s. Las visitas serán coordinadas por la Asociación Vecinos en Defensa del Ambiente Gral Daniel Cerri. Además participarán la Asociación Conservacionista del Sur, Guardianes del Estuario y alumnos de la carrera de Turismo de la Universidad Nacional del Sur. Será los días 30 y 31 de Mayo entre las 13 y las 17 horas.

Julio Alessandroni, integrante de AVDA, dijo a FM de la Calle que “se va a hablar sobre la historia de la CAP y el estuario”.

Por otra parte, consultado sobre las preocupaciones actuales de la comunidad, el dirigente afirmó que “hay algunos proyectos que no son buenos para el pueblo, como la termoeléctrica Brown, que no da trabajo y el prejuicio que trae sobre el ambiente no beneficia a nadie sino unos pocos. No nos oponemos al progreso, pero no queremos que vengan empresas petroquímicas, químicas como le ha pasado a Ingeniero White”.

Foto: caminandolapampa.blogspot.com.ar

En el día de ayer se realizó una audiencia en el Juzgado Contencioso Administrativo ante el juez Agustín López Cóppola en la que participaron representantes de ABSA, la Provincia de Buenos Aires, el OPDS y los abogados locales, junto al representante legal de los pescadores artesanales.

“El objetivo de la audiencia es en el marco de una medida cautelar que nosotros solicitamos en la demanda civil con el fin de que se conforme un fondo para que ABSA o la Provincia realicen las plantas de tratamientos de las cuencas de Punta Alta y la mayor de Bahía Blanca, explicó el abogado de la Asociación de Pescadores, Lucas Omar Beier a FM de la Calle.

Durante el primer tramo del encuentro ABASA manifestó “que el tratamiento que tiene es suficiente para este ambiente”. Sin embargo, “en el transcurso de la audiencia quedó bien en claro que eso no es suficiente. Reconocieron que era necesario hacer nuevas inversiones, lo que pasa es que no cuentan con los fondos. Por eso solicitamos que se los intimen para que en algún momento hagan este fondo”.

El abogado explicó que “la finalidad e la audiencia era si podíamos llegar a una especie de acuerdo. Esto no dio resultado, no hubo compromiso. Así que el juez ahora va a resolver si nos hace lugar a la medida cautelar o no”.

En el día de ayer el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, anunció que se decretará la regulación del mercado de semillas, luego de una reunión en el Ministerio de Agricultura.

“Venimos peleando desde el año 2012 porque no se modifique la Ley de Semillas. El anuncio de Aníbal Fernández expresa que se modifica la Ley en beneficio de las corporaciones. Cosa que no sólo es una lectura nuestra sino que ya Monsanto y la Asociación de Semilleros Argentinos manifestaron su satisfacción” con el decreto, expresó el coordinador para América Latina de GRAIN.

El farmacéutico afirmó que “este DNU aparece como un intento de mediar entre un conflicto que hay entre Monsanto y los productores de soja. Muchos de ellos firmaron hace dos años un contrato de regalías extendida con la empresa, comprometiéndose a que cuando cosechan la soja, le van a declarar cuánto grano van a guardar y usarlo como semilla. La mayoría no lo hizo. Y en estos últimos meses Monsanto está parando los embarques de soja y en la entrada de las aceiteras para ver si allí ese tipo de soja y cobrar regalías extendidas a los productores”.

Como freno a este conflicto, el gobierno tenía la posibilidad de declarar que “los contratos de regalías extendida son ilegales”, como lo hizo el Uruguay.

Sin embargo, según el Vicente, el decreto “nace de reconocer la validez de esos contratos de regalías extendidas. Trata de quedar bien con los sojeros diciendo que solamente se cobrarán regalías sobre las semillas pero también con Monsanto avanzando en algunos puntos de modificar la ley de semillas vigente”.

Esto no representa “un consenso con la sociedad”.

Organizaciones que conformar la Campaña contra la Nueva Ley Monsanto de Semillas emitieron un comunicado expresando su punto de vista.

Este día “Nace como una iniciativa de todas las víctimas y las comunidades afectadas de la selva amazónica ecuatoriana que sufrieron la atroz contaminación ambiental que les dejó Texaco y posteriormente Chevron”, explicó Martín Álvarez, integrante el Observatorio Petrolero Sur.

Por su parte, Álvarez recordó que se produjo “un juicio muy grande que se llevó a niveles internacionales. La empresa está condenada por el gobierno ecuatoriano a pagar 19 mil millones de dólares. La firma se fugó de ese país dejando ningún activo, por lo que es prófuga de la justicia de ese país”.

Esta información llegó a Argentina “momentos antes de que el gobierno decidió que Chevron fuera su socio para desarrollar en Loma Campana el primer “play” de no convencionales con la técnica de fractura hidráulica”.

Por su parte, el dirigente añadió que “Chevron tiene un antecedente en el país que es bastante grave. En Neuquén tiene el yacimiento El Trapial que fue el segundo más grande del país. Entre el 2007 y7 el 2011 Chevron generó una desinversión impresionante girando divisas a sus casas centrales mayores de lo que producía. Sin embargo, Chevron no sufrió la misma suerte que Repsol. Es decir, los argumentos por los cuales se le expropió a Repsol hubiesen sido válidos para expropiarle a Chevron y a otras compañías más. Entonces estamos viendo que el desarrollo de los no convencionales sí o si tenía que venir de la mano de una transnacional como Chevron porque tenía este carácter de impunidad”.

En este sentido, Álvarez insistió en recordar que “el gobierno de Argentina le dio a Chevron impunidad judicial, porque acá, cuando se le hizo un embargo de sus activos en función del juicio que tiene con la víctimas ecuatorianas, la procuradora General de la Nación le sugirió a la Corte Suprema que le dé vía legal. Con lo cual la Corte determinó que Chevron Argentina era una subsidiaria que nada tenía que ver con Chevron Corporation. Semanas después Chevron Argentina volvió a ser Chervron Corporation”.

Los asambleístas Miguel Ángel González y Miguel Argentino Pérez, fueron sometidos hoy y hasta el viernes a la etapa de juicio oral por la muerte del motociclista Walter Maulucci en Arroyo Verde. La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, se movilizó hasta la Cámara Federal de Paraná, para protestar ante el comienzo del debate por el cual se acusa a los dos vecinos por “homicidio culposo”.

Norma González es una de las asambleístas que se acercó hasta Paraná y en diálogo con FM de la Calle recordó los hechos que derivaron en esta instancia judicial. “Una noche antes de la marcha que hacemos todos los años en el mes de abril como protesta por la pastera, venía un señor del Uruguay en moto. Le pidieron por favor que no siguiera porque había una niebla cerrada y que fuera despacio. El señor no hizo caso. Cuando llegó al puesto de Gendarmería los gendarmes también le pidieron que no siguiera. El señor tampoco hizo caso. Cuando llegó a la altura de Arroyo Verde los que tenían que correr un acoplado habían dejado una pequeña punta hacia el costado de la ruta. Este señor, como no veía nada, se lo llevó por encima y se mató”.

Respecto de los imputados, González explicó que “esa noche en Arroyo Verde había más o menos 200 personas, colegios que estaban acampando, policías, un puesto de gendarmería. Uno de los señores que está enjuiciado hacía un ratito que había llegado. El otro estaba durmiendo en la casilla. Fueron enjuiciados injustamente, simplemente por el hecho de estar ahí”.

Foto: noalaspapeleras.com.ar