“Respondiendo a intereses electorales , los gobiernos  no se exponen fácilmente a irritar a la población con medidas que pueden afectar al nivel de consumo o poner en riesgo inversiones financieras”

“…hacer creer a todos que son libres mientras tengan una supuesta libertad para consumir, cuando quienes en realidad poseen la libertad son los que integran la minoría que detenta el poder económico y financiero”

Laudato SI

(Por Laura García Vazquez) Cop21 fue la sigla de la Conferencia sobre el Cambio Climático de París que se conoce oficialmente como la 21ª Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), órgano de la ONU responsable del clima, cuya sede se encuentra en Bonn, Alemania. La Conferencia también funcionó como la 11ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto.

Según los medios “La COP21 finalizó exitosamente con la adopción del Acuerdo de París, que facilitará que 195 países puedan reducir sus emisiones y adaptarse a un clima diferente.”

El conocido como Acuerdo de París al que se ha arribado el sábado 12 de diciembre pasado en el marco de la COP21 es celebrado con bombos y platillos, pero, quiénes celebran?  veamos algunos datos concretos:

China va a seguir aumentando sus emisiones, al menos hasta el año 2030 por ende las emisiones continuarán aumentando a nivel mundial.

Los países no estarán internacionalmente obligados a cumplir con sus objetivos expresados en las Contribuciones ni se establecen sanciones para los mismos.

El primer balance del Acuerdo de París se realizaría recién en 2023 (dentro de ocho años)

Dentro del mismo acuerdo hay un desfasaje entre los niveles de disminución de las emisiones de gas de efecto invernadero prometidos por  las partes (los países) y las metas a alcanzar que se señalan en el mismo acuerdo.

Hay un excesivo énfasis en señalar que los países llamados “desarrollados” tienen que ayudar a los países “en desarrollo” a “adaptarse” al cambio climático.

Nada se dice con respecto a la justicia ambiental y la deuda climática ocasionada por los países más poderosos, es decir “más desarrollados” del mundo. Han sido Estados Unidos y la Unión Europea quienes imponen su postura en este punto protegiéndose y protegiendo a sus empresas de los juicios por daños causados al clima mundial, la desaparición de glaciares y la subida del nivel del mar.

Nada se dice con respecto a las prácticas extractivas más peligrosas y contaminantes, entre ellas el fracking o fractura hidráulica, lo cual también conlleva un contrasentido en sí mismo.

No quedan compromisos vinculantes de reducción de emisiones.

La sobre-oferta actual de combustibles fósiles y su precio barato, y también la deforestación, hacen improbable que se limite el aumento de temperatura, contrariamente a lo proclamado en París. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera seguirá aumentando.

Es decir, el objetivo principal no ha sido logrado, al menos, no por ahora, desconociendo la gravedad y la urgencia del tema.

Decía Naomi Klein hace unos días:

“…el tiempo es tan corto, que no vamos a llegar a donde tenemos que ir con pasos de bebé.

Communities should own and control their own renewable energy projects. Las comunidades deben poseer y controlar sus propios proyectos de energía renovable.

We have to go for it, on all fronts, and tell a coherent story about how all of our issues are connected by a different set of values about how we should treat one another and the natural world that is the source of all life. Tenemos que ir a por ello, en todos los frentes, y contar una historia coherente sobre cómo todos nuestros problemas están conectados por un conjunto diferente de valores acerca de cómo debemos tratarnos unos a otros y el mundo natural que es la fuente de toda vida.

Friends, time is not just short. Amigos, el tiempo no es sólo corto. We have run out of time. Nos hemos quedado sin tiempo. This is our historical moment. Este es nuestro momento histórico.”

Evo Morales participó de la Cumbre presentando las extensas  conclusiones  de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y defensa de la Vida realizada en octubre de este año 2015 en Cochabamba, Bolivia, que dice, entre otras cuestiones, en su extenso texto:

” La colonización atmosférica con la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, producto de la excesiva e irracional industrialización de los países desarrollados, ha quebrado el equilibrio en la Madre Tierra. Si la temperatura se incrementa más allá de los 1,5 grados centígrados estaremos viviendo una catástrofe planetaria. Ante la impunidad de los delitos de los países contra la Madre Tierra, es una necesidad inmediata contar con un sistema jurídico internacional que castigue a los países que no cumplen con sus compromisos internacionales de proteger la integridad de la Madre Tierra.”

“El capitalismo ha contraído múltiples deudas con la humanidad y con la Madre Tierra, como ser la deuda climática, deuda social y deuda ecológica. Los países capitalistas y desarrollados han profundizado la brecha entre ricos y pobres que existen en el mundo, han impulsado la expropiación y la usurpación de recursos naturales de los pueblos y países del Sur, han acumulado la riqueza, en detrimento del bienestar de nuestros pueblos, deteriorando su riqueza espiritual y moral.”

En su breve intervención en París, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, expresó con claridad la necesidad de señalar tanto las causas del calentamiento global así como denominar la triada del individualismo, el egoísmo y el consumismo como la “plaga” que destruye la humanidad.

Desde Argentina, en este momento donde nuestro país se destaca por contribuir a lo que algunos denominan el fin de ciclo de los “gobiernos progresistas” en América Latina (me refiero a las recientes elecciones ganadas por Mauricio Macri y la alianza Cambiemos) , creemos necesario, una vez más, reflexionar sobre el tema que nos ocupa y las responsabilidades de estos gobiernos y preguntarnos:

¿Han podido, al menos establecer como idea, otro modelo de desarrollo que no responda al lenguaje de los poderosos del mundo, sean estos países o empresas transnacionales?

Para desarmar  las trampas deben ofrecerse alternativas que puedan contradecir de forma concreta  los argumentos de las mismas.

Por eso es necesario salir de la lógica de que para lograr vida digna para toda la población la única forma posible es la expansión del consumo, cuando en realidad lo que hay que expandir son los derechos y para que estos derechos sean visibilizados es necesario dar una batalla cultural que ponga la vida humana como la prioridad a cuidar. De allí en más, y como consecuencia de esta premisa cuidar la Madre Tierra de Evo Morales o la Casa Común del Papa Francisco es un deber insoslayable.

¿Si el IndividualismoEgoísmoConsumismo es una plaga, no hay que combatirla con todas nuestras fuerzas?

Se nos sigue ofreciendo el modelo de desarrollo tradicional, con todo lo que implica como la única forma de combatir la pobreza, y esto es una burda mentira. Nunca nos mostrarán la diferencia real, económica y ecológica, entre una economía dominada por la industria automotriz, basada en el automóvil particular e individual y lo que significaría un sistema de transporte público democrático, económico y ecológico que asegurara derechos de la población y calidad de vida. Este simple ejemplo demuestra quién manda y determina nuestras conductas. Las categorías tradicionales con respecto al poder continúan plenamente vigentes, lo que ha cambiado es el modelo cultural cuyo basamento es la plaga a la que se refiere Evo Morales, entonces, el mayor desafío consiste en combatirla para defender la vida.

Cuando el Acuerdo de París hace hincapié en la “ayuda” que deben brindar los países “desarrollados” a los países “en desarrollo” lo que se pretende seguir es un modelo basado en la dominación y que traerá, quizás, un negocio más, el de la “Economía Verde” dentro de la cual los países “desarrollados” “ayudarán” a los países “en desarrollo” a “adaptarse” al cambio climático, que no es una fatalidad como se pretende mostrar sino el resultado de un sistema, de un orden mundial injusto e inhumano.

Dice el Acuerdo de París en su Artículo 2:

“El presente Acuerdo, al mejorar la aplicación de la Convención, incluido el logro de su objetivo, tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza,…”

Nuestro nuevo gobierno, el encabezado por el ingeniero Mauricio Macri, sostuvo, también como objetivo, pobreza 0, y, según dicen, para lograrla, casualmente, también necesitamos “desarrollo” y por lo tanto infraestructura, y por lo tanto “inversión privada y extranjera” y, por lo tanto, endeudamiento, y, por lo tanto, en nuestra condición de país dependiente condicionarán nuestras políticas los que vienen a “ayudarnos” y quizás, esto disminuya la pobreza, cuyo “objetivo” era llevarla a 0. Obviamente son eufemismos calcados y correspondientes entre el texto del Acuerdo de París y el discurso del flamante gobierno argentino.

Tantas comillas son necesarias para poner en cuestionamiento la realidad a través de las palabras utilizadas. El cambio climático sigue siendo un tema crucial para la humanidad y construir una alternativa una necesidad urgente.

Entonces,  decimos, no es cierto que necesitamos “desarrollarnos” para vivir todos dignamente.

La Agencia Ambiental de la Municipalidad de Bahía Blanca informó que el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) infraccionó hoy a la empresa Profertil S.A. por ruidos molestos.

A las 4:40 de este martes la Guardia del CTE detectó emisiones de ruido que provenían de la empresa Profertil. Tres minutos después se comunicó con la planta para solicitar información acerca del evento, desde donde informaron que “tuvieron problemas con un compresor de vapor con apertura de su válvula de seguridad, debido a lo cual se produjo el ruido constatado”.

Una vez analizados los resultados de las mediciones, se verificó que superaban los límites permitidos. Razón por la cual se procedió a labrar un acta de inspección por falta al Art. 1 del Decreto Reglamentario 1741/96, Ley 11459 conforme Art. 1 de la Resolución 159/96 (ex – SPA) (norma IRAM 4062/84) modificada por la Resolución 94/02 (ex – SPA).

“El ruido medido fue calificado como molesto de acuerdo a la norma antes aludida. El nivel sonoro fue medido con un decibelímetro certificado, calibrado y homologado según normas vigentes y organismos competentes”, aseguró la Agencia Ambiental.

El acta de infracción será enviada junto a “un informe pormenorizado” al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS).

La empresa Dow tomó la decisión de “despedir a un mecánico. Lo responsabiliza de la explosión” ocurrida en una de sus plantas el 3 de noviembre, dijo a FM De la Calle Julio Leguizamón, titular del Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Bahía Blanca.

“Nosotros tuvimos reuniones en Buenos Aires con directivos de Dow para que nos den una explicación de esta decisión y de esta investigación porque no coincide para nada con lo que nosotros tenemos”.

Ayer, durante una audiencia en la delegación local del Ministerio de Trabajo, “la empresa ratificó el despido sin escuchar los argumentos de parte del sindicato. Nosotros estamos seguros que no es como ellos plantean”.

A las 18, un plenario de delegados definió “realizar un paro por 24 horas en Dow a partir del jueves a las 6 de la mañana, pidiendo la reincorporación del trabajador. De no tener respuesta, el conflicto puede ir aumentando”.

La ganancia empresaria por sobre la seguridad

A diferencia de la empresa, que responsabiliza a un trabajador por la explosión, la organización gremial apunta a decisiones gerenciales que priorizan la puesta en marcha de la planta en función de necesidades económicas en lugar de tomar todas las medidas de seguridad, y con ello, los plazos requeridos para garantizarla.

“Si hay que investigar, ver cuáles son las causas verdaderas, hay que tomarse todo el tiempo, hay que hacerlo. No se puede ser tan simplista de decir ´un mecánico no puso un bulón´ y listo. Es un disparate y a parte no pasó eso”.

Según el SPIQyP, “lo que generó el incidente es el mal manejo de cierta jefatura intermedia que prioriza la producción a la seguridad, a la inversa de lo que dice la política de la empresa. Ellos actúan en desesperación por arrancar las plantas. Hay que tener en cuenta que la planta estuvo parada por un incendio anterior. Se estaba reparando. Siempre pasa lo mismo. El hecho del apuro de producir. Eso les hace cometer errores como este”.

Un directivo de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), “bajo estricto pedido de confidencialidad”, reveló a un sitio especializado que la empresa analiza instalar la quinta planta atómica del país en Bahía Blanca. “De todos modos, recién se están llevando a cabo los primeros estudios de factibilidad al respecto”, sostiene la publicación.

La titular de BIOS, Silvana Buján, aseguró a FM De la Calle que un noticia similar se conoció tiempo atrás en Mar del Plata donde “hubo primero sorpresa, después posicionamientos muy claros, nadie la quiere, ni siquiera las autoridades” municipales o universitarias. “Me parece que está pasando lo mismo en Bahía Blanca, es muy raro que suceda en estos momentos donde dentro de horas todos estos acuerdos van a ser una papa caliente para el entrante sea quien sea. Yo creo que es una bomba de humo”, dijo.

Agregó que “la ficha está puesta en la participación de la gente, la licencia social, fijáte que están pasando cosas increíbles, se está logrando frenar emprendimientos mineros, cosa que antes era imposible”.

Entre los pocos detalles referidos a la planta, El Inversor informa que “la idea es que sea la primera del tipo ‘PWR’ (de uranio enriquecido y agua natural) en toda Latinoamérica” y que “contemplará un 50% de componentes nacionales. Al promover una transferencia completa de tecnología, permitirá su exportación a otros países de la región”.

En nuestra ciudad, la ordenanza 12.976 prohíbe la instalación de usinas nucleares; la importación definitiva o temporal de residuos radiactivos; las instalaciones de gestión de residuos radiactivos, incluyendo las de combustibles gastados, y los repositorios de residuos radiactivos, incluyendo los de combustibles gastados, entendiendo por repositorios de depósitos de dichos residuos como forma de disposición final.

NA-SA está a cargo de la producción y comercialización de la energía generada por Embalse, en Río Tercero, Córdoba; y por Atucha I (ahora llamada Juan Domingo Perón) y Atucha II (rebautizada Néstor Kirchner), que se ubican en Lima, dentro del partido bonaerense de Zárate. Adicionalmente, la firma es responsable de las obras de extensión de la vida útil de Embalse y de la construcción de la cuarta usina nucleoeléctrica argentina (que también estará localizada en Lima), por lo que suma un total de 1.750 megawatts (Mw) de potencia eléctrica bruta.

“Es una locura la energía nuclear en términos de todas sus características negativas. Por un lado la inseguridad que conlleva. Por otro, lo no renovable del recurso y el descomunal costo que tiene, es algo que se está cayendo a pedazos ya con la argumentación”, explicó Buján y agregó que “así como en algún momento entró el fracking como algo maravilloso que iba a salvar las economías, bueno, ya empezaron países enteros a prohibirlo por todos lados, es un problema tener que ir siempre a la cola del problema, cuando ya está instalado y le arruinaste la vida a un montón de gente”.

La integrante de la Red Argentina de Periodismo Científico opinó que “si Bahía Blanca no quiere esa central nuclear estamos en una etapa de nuestra democracia en la cual las audiencias públicas previas son obligatorias, en las cuales yo creo que aunque sea a punta de denuncia judicial uno puede lograr que alguien muestre alguna vez una evaluación de impacto ambiental, cosa que jamás la Comisión de Energía Atómica ha mostrado nunca de sus centrales construidas o en construcción, son secretos de Estado y eso es ilegal”.

Destacó el “pedigrí” de la CNEA que, en cuanto a “la parte tecnológica satelital, de energías alternativas, es fantástica” aunque “por el lado nuclear los muchachos hacen agua feo, han dejado pasivos ambientales por todo el país, jamás se hicieron cargo de nada y lo han reconocido oficialmente después de mucho tironeo de sus distintos emprendimientos mineros. Por ejemplo de uranio, están absolutamente abandonados, han empezado tímidamente una remediación que según sus propios cálculos va a llevar un siglo y pico en una de sus minas en Malargüe. Lo demás está completamente abandonado, la gente sigue viviendo alrededor con polvillo de minería de uranio volando por ahí y drenajes de ácido sulfúrico bajando por los ríos a lugares tan aislados como Carlos Paz”.

En cuanto al costo de generación de este tipo de energía, Buján comentó que por un lado está la respuesta de “cualquier gobierno que apueste a la energía nuclear”, que podría equipararse al valor de la producida por una hidroeléctrica o una central termoeléctrica tradicional de combustible fósil.

“La verdadera, si a fin de mes revisas lo que ganaste, lo que invertiste y lo que tenés que gastar a futuro, no te da de ninguna manera. Porque en la cuenta trucha no estás poniendo lo que no gastaste en remediar la basura que dejaste por ahí, las grandes minas de uranio abandonadas que tiene la CONEA, no consideran el transporte, los riesgos de seguridad, no consideran más que la construcción peladita de cuánto vale la vasija, la mano de obra, los caños, el hormigón y el terrenito. A futuro, cero. Y a futuro estamos hablando de miles y miles de años de un repositorio que no existe para poner los residuos nucleares gastados allí que voy a tener que cuidar de alguna manera por miles de años”.

La especialista concluyó que “no tenemos ética diacrónica, o sea, en el tiempo, el humano se manda la macana porque total se va a morir pronto y los que vienen después que se arreglen. Ese es un poco el concepto de los que están haciendo fracking, de los que contaminan aguas, de los agrotóxicos, los que vengan después que vean cómo lo pueden resolver”.


“Un polo energético tienen sus límites”

La asociación ambientalista Unión 20 de Agosto expresó su “rotundo rechazo” a la posibilidad de instalación de una planta nuclear y recordó que en 2002 trabajó en la elaboración de un proyecto de ordenanza consensuado en su texto y alcance durante 2003 con todos los bloques del Concejo Deliberante y aprobado a fines de 2004.

La norma prohíbe expresamente, entre otras cosas, la instalación de usinas nucleares en el partido de Bahía Blanca. “Se reguló con total responsabilidad el tránsito de material radioactivo por el distrito como también los usos permitidos de material nuclear en ciertas actividades y usos acotados como en el caso de medicina, docencia, industria, veterinaria y agricultura”.

“No rechazamos la energía nuclear para determinados usos en la sociedad que supongan por un lado un beneficio notable respecto del riesgo que signifique su utilización a esa escala, con los controles ya establecidos en los organismos del Estado, pero rechazamos rotundamente su aplicación en la producción de energía eléctrica, teniendo en cuenta los antecedentes nefastos que existieron y existen en muchos países del globo, y máxime teniendo en cuenta que el direccionamiento de producción de energía en el mundo se efectúa en el sentido de aumentar su producción a partir de energías renovables, tales como las de origen eólica, solar, hidroeléctrica o mareomotriz”, advirtió la ONG.

PARA VER: Into the eternity

Onkalo es un lugar planificado para que se pueda guardar con seguridad los residuos radioactivos de alta actividad. Una obra faraónica formada por una red de túneles perforando la dura roca a razón de 25 metros por semana, y que se sumerge hasta más de 6km de profundidad. Es el primer intento para dar una solución definitiva a los peligrosos residuos radioactivos mortales que no se ve, no se nota, ni se huele, pero que mata tras una corta exposición al mismo. Para que los residuos nucleares dejen de ser una amenaza mortal para los humanos tienen que pasar 100.000 años, este es el tiempo que los ingenieros tienen planeado ocultar estos residuos nucleares en Onkalo, pero la pregunta es: ¿Y si civilizaciones futuras encuentran estos residuos nucleares, sabrán que tienen las horas contadas?

Legisladorxs de la oposición e integrantes de organizaciones socioambientales denuncian que el kirchnerismo pretende aprobar un proyecto de ley que facilita la instalación de antenas de telefonía celular sin intervención de los municipios afectado aún más la salud de las poblaciones vecinas y beneficiando a las empresas del rubro.

“Se va a tratar en el día de mañana (por hoy) en la Comisión de Legislación General, ya se trató en la de Comunicación. Un poco hizo ruido porque si bien existen otros proyectos de leyes referidos a este tema tienen en cuenta la potencia de la antenas, o sea, tienen una restricción en cuanto a lo que puede ser perjudicial para la salud de las personas donde está colocada la antena”, dijo a FM De la Calle la diputada nacional del Partido Socialista Gabriela Troiano y agregó que “en cambio, el proyecto que salió de la Comisión de Comunicación con mayoría no contemplaría ese aspecto. Estamos preocupados porque se le facilita a las empresas la instalación de antenas si tener en cuenta la contraparte que es la salud de los habitantes”.

La iniciativa declara de interés público nacional la instalación de estructuras soporte de antenas y sus recursos asociados al servicio de las comunicaciones móviles y crea una servidumbre administrativa de telecomunicaciones que afecta al terreno y comprende las restricciones y limitaciones al dominio que sean necesarias para construir, conservar, mantener, reparar, vigilar y disponer todo sistema de instalaciones, entrada de edificios, cableado de edificios, antenas, torres, conductos, mástiles, etc.

“De esta manera, las empresas usarán y tendrán libre acceso todo el tiempo a la vivienda, terreno, local, etc., de los particulares cuyos inmuebles sean elegidos para colocar antenas, sin que pueda mediar ninguna oposición por parte del propietario. Lo mismo para propiedades del estado”, advirtieron Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca, Ayuda Le y la Asociación en Defensa del Ambiente de Gral. Cerri, entre otras.

Dichas agrupaciones manifestaron que “en el caso de Bahía Blanca desconocemos exactamente la cantidad de antenas instaladas debido a que el Municipio jamás hizo cumplir la Ordenanza Municipal 17.130 que exigía a las empresas presentar declaración jurada bajo apercibimiento de pedido de suspensión de servicio, pero estamos en una situación similar a La Plata, donde se encuentran más de 2300 antenas colocadas y en funcionamiento, estando la mayoría sin control por parte del estado provincial y los entes nacionales sobre la intensidad de los campos electromagnéticos que emiten, estados de instalaciones, seguros y permisos. Tener mayor cantidad de antenas no garantiza la mejora del servicio. El problema radica en que las empresas no realizan las inversiones equipamientos necesarios para los más de 22 millones de clientes que poseen”.

“Recordamos que en el año 2015 unos 206 científicos reconocidos a nivel mundial hicieron un llamamiento a la Organización Mundial para la Salud, solicitando que se modifiquen los parámetros porque numerosas publicaciones científicas recientes han demostrado que los CEM (campos electromagnéticos) afectan a organismos vivos a niveles muy por debajo de las directrices internacionales y nacionales. Los efectos incluyen el aumento de riesgo de cáncer, daños genéticos, estrés celular, cambios estructurales y funcionales del sistema reproductor, entre otros. Además, la relación entre radiofrecuencias y cáncer ya fue establecida en 2013 por el Equipo del dr. Hardell, médico oncólogo y científico reconocido por la OMS”.

La iniciativa firmada por Mario Oporto, Liliana Mazure, Gastón Harispe y otrxs diputadxs del oficialismo puede leerse aquí.

En distintas ciudades del país se realizó este jueves una Jornada Nacional contra la Megaminería. Actualmente unas 30 empresas transnacionales, como Meridian Gold, Tenke Mining Corporation, Barrick Gold, Xstrata Plc, Northern Orion Resources, AngloGold Ashanti y Silver Standard Resources, llevan a cabo proyectos de exploración y extracción de minerales en Argentina, todas utilizando en su mayoría personal tercerizado.

Desde Santa María, Catamarca, a pocos kilómetros de la Minera La Alumbrera, Karina Matinelli aseguró a FM De la Calle que la jornada surgió a partir del derrame de agua cianurada en Jáchal: “La verdad que es tristísimo porque le arruinaron la vida al pueblo, los productores ya no pueden producir usando el agua del río porque está totalmente contaminado no solo con el cianuro que se puede evanecer con el sol o el aire sino el tema de los metales pesados, le han dejado metales a niveles de 1400% por encima de lo que establece la OMS. La situación es desesperante”.

Las trasnacionales mencionadas arriba consumen por día alrededor de nueve toneladas de explosivos para volar las montañas, grandes cantidades de químicos como el cianuro de sodio, el arsénico y el ácido sulfúrico para separar los metales de la roca, y millones de litros de agua potable, generando la contaminación de los suelos, ríos, arroyos y acuíferos, empobrecimiento y enfermedad de los habitantes.

Las organizaciones convocantes denunciaron que la “complicidad de la gran mayoría de los políticos, incluyendo a quien será nuestro próximo “PRESIDENTE”, según las leyes 24.196 (Inversiones mineras), 24.228 (Pacto Federal Minero) y 24.224 (Reordenamiento minero), estas empresas gozan de grandes beneficios, mientras saquean nuestros bienes comunes, y envenenan a nuestro pueblo”.

“No podemos seguir permitiendo esto, debemos estar aunados en esta lucha hoy más que nunca y demostrar que no estamos de acuerdo con la economía basada en el saqueo de nuestros bienes comunes, en la generación de riquezas para muy pocos, sin importar la devastación y desempleo que estas generan. Sumáte en tu ciudad. Es momento de que se vayan”, agregaron.

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Javier Barrera, vecino de Villa Nocito, denunció el inicio de la instalación de una antena de telefonía celular de la empresa Telecom. “Llegaron unos hombres a trabajar ahí nomas de mi casa. Estaban poniendo unos postes, cuando les pregunté para qué eran, me contestaron que era para iluminar”, dijo a FM De la Calle y agregó que “fue todo instantáneo, comenzamos a preguntar, convocamos a los vecinos en el lugar donde estaban trabajando y realizamos la primera asamblea”.

Poco tiempo después se apoyaron en la ordenanza N°17.130 que impide la colocación de este tipo de antenas: “Nadie controla nada de nada. Esto está prohibido por la justicia, desde el municipio y el Concejo Deliberante no pasa nada. No podemos vivir corriendo a la gente que hace estas cosas, no es nuestra función”. “No me siento en democracia porque nos están imponiendo algo que nos perjudica mucho, nadie consulta nada de nada. (…) Hablé con vecinos de Bahía Blanca y con personas de la provincia. Nos tenemos que reeducar y concientizar a la gente”, sostuvo.

Horas después de conversar con FM De la Calle, Javier informó en las redes sociales: “Primer batalla ganada, se llevaron el mono poste para el emplazamiento de la antena de telefonía y se suspendió el armado, todavía no sabemos cuál fue la razón, ni quién ordenó la suspensión. Ahora vamos por los responsables directos, seguimos con la denuncia, queremos saber quién dejó que esto ocurriera y cómo es que se saltean etapas legales con tanta impunidad y que encima, siga ocurriendo en otros barrios. Felicitaciones a mis vecinos por la decisión de seguir la lucha hasta el final, gracias a Gladys Girotti por estar cuando la convocamos, vamos a ir por la Banca 25 para Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca y por todos lo demas barrios y otro agradecimiento a Leandro Aparicio, por representarnos ante la justicia. Esta lucha sigue, estamos atentos”.


Texto: Diego García.

(Por Julia Giménez) No fue magia, ni pura coincidencia. Pasado más de un mes del derrame de cianuro en aguas sanjuaninas y a días de las nuevas explosiones de la Dow en Bahía Blanca, el modelo de desarrollo concentracionario y extractivo que se expande por el territorio latinoamericano volvió a causar estragos.

Siendo el Brasil tierras de procedencia de los grandes capitales que dirigen los destinos económicos de la región, no por eso queda exenta del destructivo modelo productivo.

El 5 de noviembre se produjo el rompimiento de dos represas de la minera Samarco, de las empresas Vale dos Ríos y la australiana BHP Billiton. Campeona por las denuncias de reiteradas violaciones a los derechos humanos y ambientales, la megamineradora Vale S.A. es la responsable el “tsunami” de barro que inundó el distrito de Benito Rodrigues, entre las ciudades de Mariana y Oro Preto, en la región central de Minas Gerais.

La quebradura de las represas lanzó 62 millones de metros cúbicos de residuos mineros y agua, dejando como saldo la desaparición de alrededor de 45 personas, la muerte de más de 30 vecinos y trabajadores de la empresa, y la destrucción de la localidad tapada por lodo tóxico.

Lejos de ser un accidente, como en tantas otras oportunidades, se trató de una catástrofe anunciada. O sea, que podría haber sido evitada.  El informe técnico realizado por el Instituto Prístino, a pedido del Ministerio Público durante el licenciamiento del proyecto, ya identificaba una serie de problemas insistentemente denunciados por los sindicatos y movimientos sociales. En este sentido, y como afirma la “Articulação Internacional dos Atingidos pela Vale” (Otro rastro de destrucción y muerte en la historia de la minería y de la empresa Vale S.A. – Nota de la Articulación Internacional de Afectados y Afectadas por Vale S.A.), lo ocurrido es “crimen”.

En contexto en que el modelo va en marcha, sin dar un paso atrás frente a las desbastadoras consecuencias que deja a su andar, las catástrofes se convierten en efímeros videos en Facebook que retratan lo anunciado y silenciado.

Mientras esto sucede, miles de dólares siguen siendo apostados a costa del destino de los pueblos latinoamericanos, y el gobierno de Minas Gerais no descansa por acrecentar los caudales de las empresas mineras.

Al ritmo del barro que arrasó con la localidad minera, el gobernador Fernando Pimentel (PT) envió a la Asamblea Legislativa de Minas Gerais, el Proyecto de Ley nº 2.946/2015, que altera el Sistema Estadual de Medio Ambiente (Sisema), con la intención de dar “mas agilidad a los procesos de licenciamientos”.

Frente a las contradicciones del modelo de desarrollo, los afectados vuelven a decir: “¡BASTA!”

La Corte Suprema hizo lugar a una acción iniciada por el senador Héctor Rubén Giustiniani y, en consecuencia, ordenó a YPF SA que haga públicas las cláusulas del Acuerdo de Proyecto de Inversión suscripto con Chevron Corporation para la explotación de hidrocarburos no convencionales en las áreas de Lomas de la Lata Norte y Loma Campana de la Provincia del Neuquén. FALLO COMPLETO.

La acción judicial fue planteada por Giustiniani luego de que YPF SA se negara expresamente a brindarle la información que había solicitado sobre ese proyecto de inversión, en especial la relacionada con la calidad ambiental y las actividades que desarrollarán YPF y Chevron en las áreas mencionadas.

La decisión, firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, recuerda que el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a través de la descripción de sus dimensiones individual y social.

Con cita de los precedentes “ADC” y “CIPPEC”, del 4 de diciembre de 2013 y del 26 de marzo de 2014, el fallo destaca que la libertad de información es un derecho humano fundamental y que abarca el derecho a juntar, trasmitir y publicar noticias y contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, que tiene por objeto asegurar que toda persona pueda conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan.

Con base en estos principios, la sentencia examina la particular situación de YPF SA. En especial, destaca que el Poder Ejecutivo Nacional no sólo dispone del 51% de las acciones de la sociedad, sino que además ejerce un rol preponderante en su gobierno y cuenta con el poder para determinar sus decisiones. Este poder se ve manifestado, entre otros aspectos, en el hecho de que la Presidenta de la Nación haya designado al gerente general y de que el Ministro de Economía forme parte del directorio.

Por ello, el Tribunal arribó a la conclusión de que la sociedad se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional y, por lo tanto, debe permitir a cualquier persona el acceso a información relacionada con sus actividades.

El fallo también destaca que la empresa desempeña importantes y trascendentes actividades en las que se encuentra comprometido el interés público, por lo que no puede admitirse, en el marco de los principios de una sociedad democrática, que se niegue a brindar información que hace a la transparencia y a la publicidad de su gestión.

Por otra parte, la decisión aclara que YPF SA no puede ampararse en normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir la obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información. Más aún si se considera que este derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que pueda cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento alas funciones públicas.

La Corte agrega que si bien en determinadas y excepcionales situaciones el derecho de acceso a la información puede estar sujeto a ciertas limitaciones, no se demostró que el caso fuese uno de esos supuestos excepcionales. En particular, remarcó que las imprecisas y genéricas afirmaciones que formuló YPF SA en la causa no eran suficientes para tener por probado que la divulgación del contenido del acuerdo pudiese comprometer secretos industriales, técnicos y científicos.

Por todas estas razones, consideró que no existían motivos que justificaran la decisión de YPF SA de rechazar el pedido de información efectuado por Giustiniani.

Finalmente, el Tribunal aclaró que por ser YPF SA la obligada por la normativa a garantizar el acceso a la información, no correspondía dar intervención en el juicio a Chevron Corporation.

La ministra Elena Highton de Nolasco emitió un voto en disidencia en el que se remitió al dictamen de la Procuración General y declaró la nulidad de las actuaciones por considerar que correspondía dar intervención a Chevron Corporation en la presente causa.

Fuente: CIJ.

El arquitecto Raúl Luisoni se refirió en el programa En Eso Estamos de FM De la Calle al proyecto de ordenanza sobre “techos verdes” que analiza el Concejo Deliberante. Según el profesional, se trata de “realizar sobre la estructura de una casa o edificio el crecimiento de plantas, ya sean nativas o adaptadas y de pequeño porte en lo posible” para no incrementar los costos.

Luisoni comentó sus aspectos positivos: “Los beneficios son varios, la aislación térmica de las superficies es uno. También evita la voladura de polvo en los días ventosos. Gozaríamos de una ciudad con menor temperatura y menor amplitud térmica. A modo personal, en la casa de uno no estaría con tanta temperatura y en la noche no despediría calor la estructura del hogar. Todo depende y es en función del clima de una ciudad”.

“En la estructura de losa es un poco más sencillo realizar un techo verde. Ahora, en la estructura de chapa es más complejo, hay que hacer una subestructura para que aguante. Igual es un gasto mayor a no realizarlo. (…) Estaría bueno incentivar a las zonas del centro y macrocentro que es donde existe mayor calor. Cuando salís para lugares más periféricos, cambia la cuestión, hay más plantas. Se está estudiando un descuento en el ABL para estimular a los consorcios de los edificios”, añadió.

En el plano político, Luisoni recibió el apoyo de la concejala Elisa Quartucci: “Se interesó en el tema y consultó al Colegio de Arquitectos. Durante años tratamos de darle un marco legal, que tenga una serie de beneficios, públicos y privados y además, que la gente lo entienda”.

“En Rosario y Capital Federal están legislados. Hay varios puntos de país donde ocurre. Acá pasó en una casa del barrio Palihue recuerdo. Todo depende del clima, realmente es muy difícil que haya un verde absoluto”, sentenció.

Texto: Diego García.

El fin de semana circuló por Facebook un comunicado de la empresa Profertil dando cuenta de “una falla en la turbina del compresor de aire de la planta de amoniaco” que provocó un “fuerte ruido”, el cual se agregaba que las autoridades estaban “debidamente informadas”. Sin embargo, vecinxs whitenses se quejaron por la falta de comunicaciones a la población.

El coordinador del Comité Técnico Ejecutivo, César Pérez, aseguró en FM De la Calle que “es normal que eso suceda en estas plantas de proceso” y que no ameritaba difundirse desde la comuna. Además, se refirió a la multa que finalmente le impondría el Municipio a la empresa Dow por no informar oportunamente sobre la explosión e incendio registrada en una de sus plantas la semana pasada.

“El único comunicado que hemos recibido de Profertil es de ayer a la tarde en el cual nos comunicaban que estaban poniendo en marcha sus unidades”, sostuvo Pérez. En las redes sociales, la empresa había dicho el sábado: “A las 19 horas del día de hoy se produjo una falla en la turbina del compresor de aire de la planta de amoniaco. A raíz de esto se pudo percibir un fuerte ruido. En el curso de las acciones que a continuación se sucederán por esta parada imprevista de la planta podrá observarse mayor luminosidad en las antorchas de proceso y, eventual y esporádicamente, un incremento del nivel sonoro habitual. Las autoridades municipales, provinciales y nacionales están debidamente informadas como es habitual en estas maniobras”.

“Son secuencias operativas y las mismas protecciones por proceso que por alguna causa han parado el equipo, el compresor, es normal que eso suceda en estas plantas de proceso”, afirmó el titular del CTE y agregó que “una falla puede determinarse que un instrumento detectó alguna variable fuera de lugar en el compresor, entonces, por seguridad automáticamente mandan a parar el compresor, eso es propio de todo lo que es el funcionamiento de esta máquina”.

En cuanto a la comunicación del episodio, que se limitó solo a la voluntad de la empresa en las redes sociales, Pérez comentó que “muchos de esos comunicados los recibimos nosotros vía el sistema de radio que tenemos con la empresa”. ¿No amerita que se lo comunique a la comunidad?, se le preguntó. “No, no”, respondió.

Luego de este mediodía, Profertil reportó a los medios por correo electrónico: “La compañía informa que, normalizada la situación que dio origen a la salida de servicio del Complejo, se han iniciado las maniobras de puesta en marcha de las unidades productivas de urea y amoniaco. Durante este proceso podrá observarse una mayor luminosidad en antorchas como así también, eventual y esporádicamente, un incremento del nivel sonoro. Las autoridades municipales, provinciales y nacionales están debidamente informadas según lo acostumbrado en estos casos”.

Multa a Dow

Si bien en principio la Agencia Ambiental y el CTE descartaron infraccionar a Dow PBB Polisur por la explosión e incendio en una de sus plantas (foto), el viernes resolvieron enviar al Tribunal de Faltas una denuncia por incumplimiento del Plan de Respuesta a Emergencias Tecnológicas.

“A través de todo lo que es la legislación nacional y provincial no teníamos ningún elemento para poderla sancionar. Sí después corroborando los datos y la secuencia de llamados en el Proceso APELL del Plan de Respuestas a Emergencias Tecnológicas (PRET) observamos que la empresa no había hecho un comunicado dentro de los treinta minutos como lo dice el Plan. Se le está imputando una falta por la ordenanza municipal 17.087”, dijo Pérez.

La empresa debió dar explicaciones sobre lo que estaba sucediendo el martes 3 en Dow dentro de los treinta minutos posteriores a la explosión a través de Radio Nacional. El Juzgado de Faltas podrá aplicarle una multa de entre cincuenta y cien sueldos municipales.

Por otra parte, el coordinador del CTE sostuvo que el PRET depende de tres componentes: “Las empresas, la comunidad en la cual están incluidos los equipos de respuesta, llámese Bomberos o Defensa Civil y la Municipalidad. Hay un protocolo en el cual iniciado el evento, si no lo categoriza la empresa en función de lo que puede estar sucediendo, se hace una primera categorización de un Nivel 1 y después se va viendo si es necesario o no aumentar de nivel”.

“El Proceso APELL tiene un coordinador que desde hace un año no ha sido nombrado, estando a cargo del CTE y por tener cierta relación con el proceso y por tener la guardia que son los primeros que están en la emergencia, transitoriamente estoy yo como coordinador y llevando adelante el desarrollo y las actividades de las tres comisiones que tiene el proceso”, relató.

En la explosión de Dow la categorización fue de Nivel 1 aunque se registraron tres heridos. “No teníamos certeza si había o no heridos, con lo cual estábamos en un Nivel 1. Cuando ya estaba todo controlado el fuego, ahí recién nos avisan que había una persona un poco aturdida por el ruido, nada más. Teniendo en cuenta eso, se evaluó junto con el director de Defensa Civil que no era necesario subir al Nivel 2. Sí después finalizado y dado por concluido el PRET, que fue alrededor de las 16:10, sí hubo dos personas que tenían algún golpe en la mano pero el evento ya había finalizado”.

El Nivel 2 hubiese implicado la conformación de un “comité móvil” integrado por representantes de Defensa Civil, Policía, Dow y el municipio “para seguir cuál es el avance del incidente hasta tanto finalice”.

Que la empresa haya informado tarde la existencia de heridos, para el titular del CTE, estaría dentro de la misma infracción elevada al Tribunal de Faltas aunque todavía “la comisión de Respuesta a Emergencia del Plan APELL” debe “determinar si todos los protocolos también se siguieron con respecto a los avisos”.

(Por Julieta Ortiz de Rosas) La licenciada en Historia e investigadora de la UNS y del Conicet, Emilce Heredia Chaz, visitó el estudio Heinrich y Loyola de FM De la Calle para compartir con los y las oyentes de En Eso Estamos, sus recientes investigaciones acerca de la relación que las empresas del complejo petroquímico construyen con las comunidades de Ingeniero White y Bahía Blanca.

Las investigaciones académicas que desarrolla Heredia Chaz se articulan con su participación en diversos espacios sociales y políticos que pusieron en discusión los modos de producción del polo y el puerto locales en los últimos años, como fueron la instalación del buque regasificador en cercanías a Ingeniero White en el 2008 y la propuesta de extensión del dragado del canal principal de la ría hasta General Cerri en el 2012. Ambas obras con graves consecuencias ambientales.

En ese mismo año también participó, junto a organizaciones sociales y políticas, en la confección de un Estudio de Salud Ambiental en la localidad de Ingeniero White. El objetivo de este censo fue conocer con mayor precisión en qué condiciones se encuentran la salud del ambiente y de los vecinos/as que conviven con el polo.

“Es necesaria la investigación para darle rigurosidad científica a los conocimientos que queremos generar y disputar otra ciudad, otra forma de pensar el desarrollo. Es necesario buscar herramientas para repensar y hacer la ciudad”, sostuvo, en referencia a la necesidad de poner en diálogo constante las ideas y una práctica transformadora. Desde el enfoque de la ecología política se puede repensar el trabajo del complejo portuario e industrial en función de, por un lado, la apropiación que realiza sobre los bienes comunes como el agua y el espacio urbano y, la colectivización de los efectos contaminantes, por el otro.

Debido a los discursos hegemónicos que defienden las actividades del polo, se vuelve cada vez más difícil instalar otro discurso que cuestione su forma de producir, anticipando que genera impactos negativos para el ambiente y la vida de las personas. “Hay que deconstruir la ingeniería social petroquímica que interviene en la comunidad como un dispositivo de gestión de la conflictividad socioambiental. Las empresas transnacionales saben que al producir generan ese conflicto, por eso, para anticiparse, desarrollan dispositivos de Responsabilidad Social Empresaria”, expresó la entrevistada.

Resistencias a las privatizaciones

Trazando una línea histórica, el complejo petroquímico nació como una iniciativa estatal a comienzos de los ’70, en aquél entonces era una Sociedad Anónima con mayoría estatal. “Había una incipiente política en relación con la comunidad, pero no estaba sistematizada como pasó durante las privatizaciones. Allí se expande territorialmente hacia Ingeniero White y hay un salto en el impacto socio-ambiental. En simultáneo, el polo desplegó mecanismos que apuntaron a legitimar su funcionamiento y eso se concretó con las articulaciones que inició con empresas de comunicación como REX y La Nueva Provincia: “Es la época en que los medios sacan los suplementos especiales como el del Día del Petroquímico, de la Responsabilidad Social Empresaria y Del medio ambiente. Dentro de las empresas, a su vez, se crean departamentos abocados a cuestiones que trabajen la relación con el Estado, la comunidad y los medios”, explicó.

Sumado a eso, las privatizaciones de la Administración General de Puerto y la Junta Nacional de Granos generaron un alza en los índices de desempleo. Los escapes de cloro y amoníaco desde Solvay Indupa en el 2000 terminaron de coronar el descontento: “entre los relatos de las personas resonaba la crítica de que ‘encima que nos contaminan, ¡ahora tampoco nos dan trabajo!’. Luego de este incidente, las empresas petroquímicas se nuclearon en la Asociación Industrial Química de Bahía Blanca para dedicarse con mayor fuerza a la Responsabilidad Social empresaria.

“Los vecinos pedían la erradicación del polo petroquímico. Se hacen asambleas y piquetes para evitar el acceso al polo. Luego, empieza a haber una diversidad de posiciones: radicales a favor de la erradicación del polo y quienes piden control. El Estado municipal selecciona este último pedido durante el gobierno de Tunessi. Por otra parte, el proceso APELL ya estaba en funcionamiento desde 1996; es un programa de la ONU en relación con la catástrofe de Bhopal, cuando una empresa que fabricaba pesticida generó 20.000 muertes”, agregó.

Frente a una eventual evacuación masiva, los habitantes de Ingeniero White no cuentan con vías de escape seguras, ya que la rotonda de acceso suele colapsarse por el tránsito de camiones. “La infraestructura está pensada para el desarrollo portuario y no de la ciudad. En White hay exiliados ambientales, de gente que se ha tenido que ir porque vivir es una constante preocupación”.

Cambios en las condiciones de trabajo.

En relación al trabajo, es importante hacer la diferencia entre el empleo directo (el registrado) y el indirecto. “El directo está en 1.100 desde que se amplío el polo y el indirecto es de 2.200, que son los trabajadores precarizados, como el caso de Juan Cruz Manfredi. Cada 1000 personas que trabajan en Bahía Blanca, sólo 10 lo hacen en el polo”.

Las fuentes de trabajo que genera el polo son uno de los argumentos principales a la hora de que empresas, Estado y diversas posturas sectoriales defiendan su permanencia. Sin embargo, los números reales se alejan bastante de ese objetivo: “de toda la torta, las empresas se llevan 95,97 %. Sólo un 3% se destina a remuneraciones laborales y el resto que queda, es para cubrir tasas municipales”.

Otra de las cuestiones vinculadas a la producción de las empresas polo, es preguntarse cuánta agua potable utilizan. “El anuncio de la obra de Río Colorado para traer agua, está en relación con el polo. Ya cuando el polo se amplió en los años ’90, empezó a consumir agua del dique Paso de las Piedras. Me pregunto, ¿se necesita agua para la ciudad o para el polo? Además, ¿de dónde sale el dinero para las obras?”, expresó Heredia Chaz, en relación con los recientes anuncios del gobierno de la provincia de Buenos Aires de construir el acueducto ‘Río Colorado-Bahía Blanca’, como una respuesta al desabastecimiento hídrico que padecen las localidades del sur bonaerense.

Clima de elecciones

Durante la entrevista se escucharon dos audios que pertenecían a dos de los principales candidatos a ocupar el cargo de intendente: Héctor Gay, del frente Cambiemos y Gustavo Feliú del Frente para la Victoria.

Esto es una parte de lo que reflexionó luego de escuchar al candidato de Cambiemos: “Héctor Gay con su programa Por Bahía es parte de esa maquinaria de expresión que se puso en funcionamiento a mediados de los ’90 con la privatización del polo. Continuamente hay ansias refundadoras de la ciudad, la tercera iba a ser con el dragado o con Vaca Muerta. El tiempo presente es pateado hacia el futuro”.

Y esta otra porción, luego de analizar el discurso del candidato oficialista: “El kirchnerismo marcó antes y después del neoliberalismo. Hay que problematizar las continuidades que hay. En Bahía Blanca, donde están las industrias petroquimicas y las empresas del agronegocio, las lógicas dominantes son de continuidades. Hay empresas transnacionales como Bunge, Cargill y Dreyfus que dejan poco en términos de impacto económico”.

 Escuchá la entrevista completa:

Ayer a las 14 10 una explosión sacudió Ingeniero White y barrios lindantes. Tres trabajadores fueron hospitalizados. Según informó la empresa DOW, donde se produjo el hecho, la situación estuvo fuera de peligro hacia las 15 30.

Sin embargo, el Comité Técnico Ejecutivo emitió un comunicado recién a las 20 30, es decir, seis horas después del siniestro.

Hoy a las 13 vecinxs de White llevarán a cabo una “sentada pacífica en la rotonda de PBB”. Una de las preocupaciones es cómo actuar en caso de emergencia. Durante la tarde de ayer fuimos a recorrer la vecina localidad. En general, lxs vecinxs manifestaron su preocupación por la falta de información y, en función de eso, la incertidumbre respecto de qué hacer ante una situación donde la desinformación y la incertidumbre van de la mano. “Si hay una situación de emergencia no tenemos vías de salida” de la localidad. Sostienen que “el proceso apell” no sirve.

“Ayer estaba tranquila en casa durmiendo a mi hijo. Más que la explosión sentí un temblor. Como estoy acostumbrada me quedé escuchando a ver si volvía a escuchar ruido. Automáticamente empezó a sonar la sirena de los bomberos. Ahí me empecé a preocupar y a averiguar. No salí, busqué en las redes sociales”, dijo Cintia, vecina de White, a FM De la Calle.

“Es la segunda vez que pasa en el mismo reactor. La primera vez pasó a mediados de octubre. El mismo reactor”, agregó.

“Lo que hice fue dirigirme al CTE. En ese momento (Cesar) Pérez (responsable del organismo) no estaba, obviamente. Me atendió uno de los chicos que está de controlador y me explicó más o menos la situación. Así me enteré. Pero realmente fue un caos porque después te vas enterando de todo. En ese momento no tenía a mi hijo en el jardín pero padres que tenían chicos en los jardines empezaron a llamar desesperados y tengo entendido que los propios maestros confinaron a los chicos después de escuchar el ruido. La onda expansiva se escuchó hasta Villa Nocito. Esto fue muy grave y no lo digo yo, me lo dijo gente del CTE”.

Preocupada por la participación vecinal en pos de la búsqueda de salidas a la problemática, Cintia remarcó que “esto sigue. No se sabe por qué explotó la primera vez ese reactor. Todavía están esperando las pericias. Por lo tanto, si pasó en octubre vamos a saber por qué pasó esto el año que viene”.

Escuchá la nota completa:

Por su parte, esta mañana la empresa DOW informó a través de REX Comunicaciones lo siguiente:

A menos de 9 horas de ocurrido el evento,  reportado el 3 de noviembre, en la planta de polietileno de baja densidad (LDPE), compartimos  información reunida, luego de un análisis aún preliminar del incidente, con la intención de aportar algunas aclaraciones, en la medida de nuestras posibilidades actuales:

–       A las 14.10 hs se produjo una pérdida de etileno seguida de incendio en la zona de reacción de la planta de Polietileno de Baja Densidad (LDPE) ubicada en la Av. 18 de julio.

–       Por el momento no estamos en condiciones de definir las causas, las que están siendo investigadas mediante un proceso que involucra a especialistas locales e internacionales.

–       A las 14.12 hs las autoridades del CTE recibieron el primer llamado de la empresa, reproduciendo la información que dentro de las plantas se estaba transmitiendo por radio a través del canal de emergencia.

–       La emergencia fue categorizada Nivel 1 dentro del marco del Proceso APELL. Esto significa que el evento estuvo confinado, acotado en todo momento dentro de los límites de la unidad operativa en cuestión y sin implicar riesgos para la comunidad cercana. Para este tipo de categorización, no está previsto que se active la sirena comunitaria, ubicada en Ing. White.

–       La situación fue controlada por la brigada de emergencia interna con apoyo de dos dotaciones de bomberos de Ing. White y una de Prefectura.

–       El final de la emergencia se declaró a las 15.30 hs. En total participaron unas 50 personas, utilizando equipos propios y de los cuerpos externos.

–       Los sistemas automáticos de parada de planta y de respuesta a emergencia se activaron inmediatamente y se conformó el equipo de crisis del complejo para dar soporte a la contención del evento.

–       Dentro del conjunto de empleados propios y contratistas, hubo 3 personas afectadas. Una de ellas, que se encontraba cerca del lugar del evento, fue atendida por aturdimiento y retirada en camilla para estudios más completos en el Hospital Privado del Sur. Las otras dos, que se encontraban en edificios linderos dentro del complejo, fueron asistidas por contusiones en sus manos. Los exámenes posteriores no revelaron lesión alguna. Los accidentes fueron catalogados como casos de primeros auxilios y ninguno de ellos se encuentra hospitalizado.

–       La planta se encuentra parada, en condición segura. El resto del complejo está en operación normal.

–       Se están evaluando los daños, comenzando las tareas de limpieza y remoción necesarias para proceder con la investigación del incidente.

–       Las autoridades de control fueron debidamente informadas y puestas en conocimiento de las acciones tomadas. Se hicieron presentes en la planta y realizaron las inspecciones visuales pertinentes.

–       Los medios de comunicación locales recibieron información a requerimiento.

–       En principio podemos reportar daños materiales localizados en la planta, laboratorio de control de calidad y sector de logística.

–       Queremos destacar y felicitar públicamente la capacidad de respuesta y  el profesionalismo del personal propio que participó en el control de la emergencia,  como así también a los grupos de Bomberos Voluntarios de Ing. White y de la Prefectura Naval Argentina.

–       Asimismo ponemos énfasis en que todas las barreras de protección y los sistemas de detección y respuesta se activaron de acuerdo con lo previsto con el objetivo de minimizar impactos a la seguridad de personas, instalaciones, medioambiente y comunidad cercana.

–       Entendemos que eventos de estas características generan preocupación en nuestra ciudad y seguimos a disposición para aportar y completar todas las aclaraciones que resulten necesarias.

–       Continuaremos compartiendo el estatus de la situación a medida que progresemos en la investigación y en las acciones necesarias hasta reanudar la operación normal de la planta.

Alrededor de las 14 se registró una explosión y posterior incendio en la planta DOW del Polo Petroquímico. Las instalaciones fueron evacuadas. Una persona fue hospitalizada por aturdimiento y otras dos sufrieron traumatismos en sus manos.

Vecinxs de la zona y trabajadorxs de plantas linderas salieron a la calle preocupadxs porque “temblaban los vidrios y volaban fierros por el aire”, según sostuvieron distintos testimonios a FM De la Calle. Mientras tanto, personal de la firma, Bomberos de White, Defensa Civil y Prefectura Naval se trabajan para apagar el incendio.

Cabe recordar que el 9 de octubre el CTE infraccionó a PBB POLISUR S.A (DOW Argentina) por falta de aviso inmediato de un evento de fuego ocurrido en la misma planta de producción de polietileno de baja intensidad.

Actualizaciones:

Para este miércoles a las 13 fue convocada una SENTADA VECINAL en la ROTONDA de PBB y el CORTE PACÍFICO de una de las ENTRADAS MÁS IMPORTANTES a la EMPRESA DOW.

La información brindada por el CTE a las 20:30

12212431_899071810170581_1471977689_nLa Agencia Ambiental de la Municipalidad de Bahía Blanca informa que el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) actuó inmediatamente ante la explosión e incendio ocurrido en la planta de Polietileno de Dow Argentina, hoy a las 14:10 hs.

A través de Defensa Civil se activó el Plan de Respuesta a Emergencia Tecnológica (PRET) categorizando a la emergencia de nivel 1. No fue necesario activar las sirenas comunitarias ni enviar los mensajes masivos de texto, debido a que no se preveían consecuencias que pudieran afectar a la población, tal como es indicado en el Proceso Apell. Cabe aclarar que tanto las sirenas comunitarias como los SMS alertan a los vecinos y los llaman a confinarse y a tomar distintas medidas de autoprotección.

A las 16:10 luego de concluida la emergencia y previa recorrida por la zona afectada, Defensa Civil dio por finalizada la emergencia.

Se recibieron 80 llamados de vecinos de distintos puntos de la ciudad al teléfono de emergencias 911. Personal del CTE se comunicó con ellos a fin de informarles sobre lo ocurrido y lo actuado por el organismo.

Hubo una persona atendida y derivada al hospital por aturdimiento y dos personas con posible traumatismo de manos.

La planta se encuentra parada, se solicitó a la empresa un informe técnico completo de  las causas que originaron el incidente,  como así también informar previamente a la puesta en marcha para realizar una inspección.

La versión oficial de la empresa difundida a las 16:30

Dow cumple en informar que en el día de la fecha a las 14.15 hs, por causas que aún no se pueden determinar, se produjo una explosión con un incendio en la zona de reacción de la planta de Polietileno de Baja Densidad (LDPE) ubicada en la Av. 18 de julio.

La situación fue controlada por la brigada de emergencia interna con apoyo de los cuerpos de bomberos de Ing. White y de Prefectura, declarándose el final de la emergencia a las 15.30 hs. Los sistemas de parada de planta y de respuesta a emergencia se activaron inmediatamente y se conformó el equipo de crisis del complejo para dar soporte a la contención del evento.

Hubo una persona atendida y derivada al hospital por aturdimiento y dos personas con posible traumatismo de manos por pérdida de estabilidad. El resto del complejo está ajustando su operación debido a la posible afectación de áreas comunes. Las autoridades de control fueron debidamente informadas y en conocimiento de las acciones
tomadas.

El juez José Luis Ares ordenó desmantelar la antena de telefonía celular 4G instalada en Agustín Álvarez y Rizzo. Fue en el marco del amparo presentado por la Asociación Civil Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca contra Telefónica Móviles Argentina S.A., la Municipalidad y el Club de Equitación. Deberá ser en el plazo de tres meses bajo apercibimiento de una multa de cinco mil pesos por cada día de incumplimiento.

El magistrado remitió la causa a la Fiscalía para investigar al intendente Gustavo Bevilacqua y los titulares de la Agencia Urbana, Planificación y Desarrollo y la Agencia Ambiental por posibles delitos violación, omisión o retardo de los deberes de funcionario público.

“Hay certeza científica acerca de la peligrosidad que acarrea la antena en cuestión, por lo que el principio preventivo exige tomar las medidas necesarias para proteger el derecho a la salud de los potenciales afectados y el derecho a un ambiente sano. Pero a mayor abundamiento, destaco que incluso en caso que la apreciación o convicción respecto de ese peligro fuera dudosa, sería imprescindible tomar la misma decisión por aplicación del principio precautorio que rige en materia ambiental”, aseguró el juez correccional.

Ares dejó sin efecto el certificado de prefactibilidad y el permiso otorgado por la comuna para “instalar y hacer funcionar la antena en cuestión, y ordenar que se cumpla la Ordenanza Municipal 17130 y declarar la inhabilitación para la emisión de señal o radiación alguna a través de dicha antena en dicha ubicación, para lo cual se comunicará esta decisión al organismo controlador, OPDS”.

“Comenzamos con una fuerte convicción y mucha valentía. Se conformó la ONG Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca como una muestra de nuestra solidaridad, no queriendo que nuestro problema se traslade a otro barrio tal como nos propuso el intendente Bevilacqua, de sacarla de nuestro barrio e instalarla en otro. Quisimos en cambio trabajar para solucionar un problema que tiene solución, con compromiso político e inversión económica, colocando las antenas fuera del ejido urbano e instalando la tecnología adecuada para que la señal llegue a nuestros teléfonos en bajos niveles de emisión que no perjudiquen la salud y a los seres vivos”, dijeron lxs vecinxs denunciantes en Facebook.

La relocalización de la antena deberá realizarse tras una evaluación de impacto ambiental y el cumplimiento de la mencionada ordenanza en sector “fuera de la planta urbana y alejado de los centros de reunión”. El Club de Equitación deberá abstenerse “de colocar en su predio por sí o a través de terceros antenas de telefonía celular que emitan ondas electromagnéticas” en violación a la normativa local.

“La ordenanza fue sancionada por la presión de los organismos y de la gente, estuvo cajoneada en el Concejo Deliberante y no la quisieron aplicar. Cuando quisieron, le introdujeron modificaciones para tener ellos una parte del control y poder tener la cometa, lo único que les importa acá es el diezmo, el quince por ciento que manotean”, aseguró el abogado de la ONG Leandro Aparicio en relación a los funcionarios municipales.

Si bien el fallo es apelable, el letrado explicó que “la concesión del recurso es con efecto devolutivo” y no suspensivo, por lo tanto, la empresa deberá proceder a quitar la antena hasta tanto termine definitivamente la causa.

antena

(Por Julio Gambina) En vísperas de las elecciones de renovación presidencial, se procesan problemas económicos que atraviesan fenómenos coyunturales y otros estructurales. Algunos se asumen en la discusión electoral, especialmente en la lógica de retomar la senda del crecimiento; y otros, especialmente los estructurales aparecen ocultos o escasamente tratados, aun cuando la sociedad demanda su atención.

Se destacan entre estos últimos los relativos al modelo productivo, con escasa visibilidad en el debate electoral, aun cuando tienen fuerte presencia en el conflicto social y en la discusión por otra sociedad.

Entre ellos, sobresale el episodio promovido por la Barrick Gold y el derrame de solución con cianuro en San Juan, que movilizó a buena parte de la población, especialmente en la ciudad de Jáchal, la zona directamente afectada. La novedad es la represión y detención a los protagonistas del bloqueo para el ingreso a la mina Veladero, la más importante en la producción de oro en la Argentina. Es un episodio que genera múltiples debates entre el activismo crítico a la mega-minería y la sociedad que asiste con asombro al cambio de clima respecto al consenso previo a la gestión política de estas inversiones externas y su efecto de saqueo. Aún está pendiente la opinión judicial y los estudios técnicos sobre el asunto y se habilitó un debate escamoteado hasta el momento, con escasa intervención y opinión de los principales aspirantes a ocupar la presidencia en el próximo periodo gubernamental, entre 2015 y 2019.

Algo similar remite al bloqueo, que ya acumula más de dos años, a la planta que Monsanto pretendió instalar en Malvinas Argentinas, Provincia de Córdoba. Los tres candidatos presidenciales al frente de las encuestas sostienen el modelo agrario de industrialización para la exportación fundado en el paquete tecnológico abastecido por transnacionales de la alimentación  y la biotecnología. Las opiniones críticas se sostienen desde el activismo social y político con relativo éxito en la discusión pública, aun cuando existen extendidas voces entre pobladores, campesinos, productores, comunidades, técnicos, profesionales y ámbitos académicos en la discusión sobre la soberanía alimentaria, más allá de la difundida seguridad alimentaria, que a diferencia de la anterior, no discute el modelo agrario.

Tanto la mega-minería como el modelo sojero y agrario, son aspectos trascendentes del modelo productivo y de desarrollo en la Argentina, ampliamente elogiados por sus mentores, los inversores externos y sus socios locales, como estratégicos para el crecimiento y el desarrollo de la economía. En rigor, para sus ganancias y lógica de acumulación de poder económico y político. Algo similar ocurre con la explotación de los hidrocarburos no convencionales, ámbito en el que se esperan ingresos de capitales externos para la explotación y superación de la crisis derivada del déficit energético de la Argentina. Adicionemos que se trata de un sector que acaba de recibir beneficios sustanciales en el precio de sus productos, muy por encima del precio internacional de los hidrocarburos, aun cuando lleva meses la caída del precio en el ámbito mundial.

Durante años se sostuvo la importancia del fuerte ingreso de las inversiones para la realización de la mega minería a cielo abierto y solo ahora aparecen más visibles los efectos regresivos sobre la sociedad y la naturaleza. Es cierto que el asunto estuvo anticipado en Esquel en 2003, contra el intento de radicar una inversión cercana en la ciudad, y más recientemente en las denuncias contra la explotación del cerro Famatina en La Rioja, o las denuncias y resistencias por La Alumbrera en Catamarca. Pero el derrame en San Juan evidenció al país el riesgo del modelo productivo de saqueo sobre nuestros bienes comunes.

En el mismo sentido debe considerarse el cambio productivo en el agro, consolidado con la autorización al uso de transgénicos en la década del noventa, que permitió la expansión de la frontera agrícola sojera para la exportación. Ese fenómeno motivó la salutación a las autoridades argentinas de los directivos de Monsanto, principal proveedor del paquete tecnológico para el funcionamiento del modelo agrario en el complejo de la soja. Hoy es cuestionado por un amplio movimiento social que incluye a los pueblos fumigados y al sector productivo asociado a la agricultura familiar y comunitaria, y no solo por razones económicos, sino también sociales y culturales asociados al modo de desarrollo.

Con matices se afronta la cuestión industrial, ya que todo parece reducirse en el debate electoral a la necesidad del ingreso de capitales externos para la inversión, con escasa discusión del carácter dependiente de insumos estratégicos que supone el sector integrado en la economía mundial, el que definen las transnacionales y sus socios locales. Lo que no aparece es la necesidad de discutir un modelo industrial que resuelva insuficiencias históricas que promueven la dependencia y el atraso, asociado a lo cual se inserta el debate sobre los sujetos de la industrialización, algo en lo que pueden intervenir los protagonistas de las fábricas recuperadas, las cooperativas de producción y los emprendimientos autogestionarios. A ellos se puede sumar a un amplio abanico de pequeños empresarios subordinados productivamente a la lógica hegemónica del gran capital fabril, local y extranjero.

En el modelo productivo y de desarrollo está el corazón de los que se necesita discutir. Sin embargo, son aspectos alejados del debate electoral, que solo se concentra en la lógica de lo visible en materia de política económica: evolución de los precios, especialmente de las divisas; la confianza en las inversiones externas y la reinserción en el sistema financiero, con más deuda pública, todo para superar la desaceleración económica y la caída de la producción manufacturera.

No es menor discutir sobre la inflación, sus impactos y medidas correctivas sobre impuestos, especialmente de la 4ta categoría en ganancias, o el sentido y destino del gasto público; pero son todas medidas derivadas de las cuestiones estructurales, en general ausente en el debate electoral y presentes en la demanda de la sociedad que aspira a la organización de otro modelo de producción y de desarrollo. Será algo a definir en el proceso de la lucha y la disputa cotidiana por otra sociedad, una cuestión que trasciende la contienda electoral.

Eduardo Mena, integrante de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría de Bahía Blanca y denunciante de la contaminación del estuario por parte de las empresas del polo petroquímico y ABSA, aseguró a FM De la Calle que no hay novedades en la causa y que el juez Agustín López Coppola “no tiene tiempo para atendernos”.

“Hace ya cinco años y no hay novedades, no hay movimientos. Las empresas siguen contaminando. Hemos hecho pruebas tan simples como agarrar un vaso de agua de lo que sale de las empresas, meter una lombriz adentro y se muere”, afirmó.

El pescador insistió en que junto al resto de los denunciantes quieren “ver un cambio, por lo menos que dejen de contaminar, más allá de la fuente de trabajo que me la arrebataron”. “Que una causa no avance por ahí es entendible con los términos judiciales, pero que sigan contaminando me parece un asesinato. Y no solo es el tema pescadores, se contamina toda Bahía Blanca, Villalonga, Punta Alta, porque esto es por agua y por aire”, declaró.

En cuanto a la actividad ictícola Mena explicó que “está muy pobre, ya casi no hay pesca, la mayoría -incluyéndome a mí- hemos salido a buscar otros trabajos como lo que es limpiar patios, cartonear y, algunos, trabajos ilícitos”. A la pérdida de la fuente laboral tradicional se suman las dificultades que les genera pelear judicialmente por sus derechos porque “ya no te toman en ningún lado”.

Mena sostuvo que tampoco encontraron respuestas en ámbitos políticos: “Promesas hemos tenido del Municipio, de todos lados, pero la única respuesta que hemos tenido es cuando hemos hecho disturbios, hemos quemado gomas, hemos hecho cortes. Lo cual yo lo he hecho pero no es de mi agrado, a mí se me enseñó a trabajar no a ir por la justicia, por lo legal. Yo entiendo que hay mucho poder por delante pero la contaminación sigue, nosotros estamos a la deriva, nos cerraron las puertas de todos lados. Hoy por hoy hacemos peripecias para darle de comer a nuestras familias”.

En cuanto al manejo de fondos públicos destinados a la reconversión pesquera o la indemnización de trabajadores resignados ante el avance industrial, Mena comentó que “podemos tener veinte mil deducciones pero pruebas no tenemos ninguna. Pero que hubo un mal manejo lo sabemos todos”.

“Eso lo dictamina la justicia y, bueno, ellos tienen el poder para investigar a quien tienen que investigar (…) Hay gente que se le dijo que se le iba a dar sesenta mil y le dieron veinte mil. Yo entiendo que en la pesca hay mucha gente que no sabe leer ni escribir pero me parece muy deshonesto que se hayan abusado de tal forma de haberles mostrado un montón de plata y que no sepan lo que era. Y bueno, los robaron, en cierta forma les robaron”, dijo.

Por otra parte, el pescador informó que tras las denuncias judiciales referidas a los atentados e intimidaciones sufridas por su grupo y su abogado “el tema se calmó muchísimo” aunque “desvió la causa”.

“Más de uno de nosotros tiene la vida jugada porque se sabe que nos estamos metiendo con gente que no se va a quedar tranquila. Esto ya del momento en que lo iniciamos teníamos de idea de que nos podía pasar algo, pero la lucha es que dejen de contaminar, la lucha es salvar nuestra ciudad, salvar nuestros hijos y poder tener una fuente laboral”, concluyó.