Entre el 26 de octubre y el 5 de noviembre se realizará en Zapala un juicio por jurado contra la inal lonko de la comunidad Winkul Newen, Relmu Ñamku, por tentativa de homicidio agravado y a otros dos mapuche por daños en el marco de un proceso de defensa territorial ante el avance petrolero.

“Sabemos que vamos a un juicio desmesurado, que tiene todo un tinte racista detrás, donde la justicia neuquina pretende amedrentar al pueblo mapuche con este juicio como una causa ejemplar para aplacar las luchas que venimos sosteniendo”, dijo Relmu a FM De la Calle.

Los hechos sucedieron en diciembre de 2012 cuando la oficial de justicia Verónica Pelayes, policías y representantes de la petrolera Apache entraron al territorio de la comunidad para notificar su desalojo firmado por la jueza civil antimapuche Ivonne San Martín. Lxs originarixs paralizaban el yacimiento Portezuelo Norte mientras velaban a una beba nacida con serias afecciones de salud. La comunidad se defendió con piedras, la empleada judicial fue herida en el rostro y al día siguiente Relmu se enteró que la acusaban de tentativa de homicidio.

Las audiencias se realizarán en una gran carpa frente a los tribunales “como si fuera un circo”. Para la dirigente originaria se pretende mostrar “que se está llevando al banquillo de los acusados al pueblo mapuche, pero nosotros también con esto tenemos la posibilidad de mostrar y evidenciar cómo el sistema judicial, el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén, hoy trata el tema”.

“Por un lado, se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios en el país pero, por otro, no hay una aplicación de estos derechos, lo cual ha implicado diversos y múltiples conflictos en donde hoy se mantiene judicializados a un porcentaje importante de la población indígena que está resistiendo a la avanzada no solamente de la industria extractiva, sino también de los distintos emprendimientos que en manos privadas pretenden desarrollarse en territorio indígena”, explicó.

En el territorio de la comunidad Winkul Newen, “una de las luchas más importantes es contra la explotación petrolera, que no es nueva. Hace más de dos décadas que se viene resistiendo primero a la explotación convencional y ahora tenemos el nuevo método que se ha inventado, el fracking”. De la misma manera se enfrenta a la megaminería en otros puntos del país. “Por suerte podemos decir que más allá de todas estas causas judiciales y persecución, el pueblo mapuche está resistiendo al avance del modelo extractivista dentro del territorio indígena”.

Consultada acerca del acompañamiento social a la causa indígena, más allá del discurso racista de la dirigencia gubernamental y empresarial, Relmu aseguró que “hay que tener siempre en cuenta que hay una gran parte de la sociedad que está en simpatía con el pueblo mapuche y que eso también refleja quiénes son hoy los dueños, entre comillas, de las tierras. Hay numerosas extensiones de tierras que están en pocas manos, que son privados amigos del gobierno, de las empresas, que son una minoría, nada más que como manejan el poder económico terminan definiendo las políticas para la mayoría”.

“Tiene que ver con ese abuso de poder que tienen los gobiernos corruptos que se apropian de las tierras, que entregan concesiones sin consulta a los pueblos originarios”, dijo y agregó que el trabajo de las comunidades implica la “concientización de esta sociedad que muchas veces ve al pueblo mapuche como una cuestión folklórica y no como sujetos de derecho, (…) más si queremos construir una sociedad intercultural que es la que siempre levantamos como un derecho a ser diversos, a reconocernos en esta diversidad, ver la diversidad como algo que nos enriquece y nos potencia en vez de que sea algo que nos aleje”.

maxresdefaultLa inal lonko de Winkul Newen recordó que “cuando éramos chicos nos decían ‘indios de mierda’, ‘negros’, y nosotros, como cualquier niño en un contexto donde el mismo sistema educativo no está adaptado para poder contener la diversidad, claro que no queríamos ser lo que se nos acusaba. Y ahora de grandes, que estamos orgullosos de ser mapuche, de haber podido reconstruir nuestra identidad, tenemos una sociedad o un sector racista que niega y no quiere reconocerla, incluso acusándonos de que no somos mapuche. Es una locura ver cómo se va manipulando el discurso para no garantizar los derechos que tenemos”.

Ñanku comentó que su participación en el 30º Encuentro Nacional de Mujeres, recientemente realizado en Mar del Plata, “tiene que ver con seguir construyendo alianzas, como pueblo originario sabemos que enfrentar solos un monstruo como este sistema, como el modelo extractivista, es imposible. Cuando interpelamos a ese modelo estamos diciendo que las mujeres somos más vulnerables porque la contaminación, más allá de afectar nuestros pueblos, nuestros territorios, el aire, el agua, las primeras en ser afectadas somos las mujeres por perder la posibilidad de traer vida al mundo por los abortos espontáneos, por solo decir alguno de los casos que se generan a partir de la contaminación”.

En cuanto a las imputaciones, Relmu afirmó: “Seguimos sosteniendo nuestra inocencia, sostenemos que yo no tiré esa piedra de la cual se me acusa. Los hechos que ocurrieron ese día fueron en el marco de la defensa territorial en el patio de nuestra casa, como cualquier persona defendería su hogar o su territorio, en este caso para los pueblos originarios. Jamás tuvimos la intencionalidad de matar”.

“Salimos automáticamente, cuando nos enteramos de lo que había ocurrido, a pedir disculpas públicas para Verónica Pelayes que es la oficial de justicia. De ninguna manera la consideramos una enemiga sino que creemos que es una víctima tal cual nosotros ante un Estado que sigue sin reconocer nuestros derechos, un Estado que pretende avanzar como en la época de la Conquista del Desierto, como si en estos territorio nos existiese gente, no viviera nadie”, manifestó.

FOTO IndymediaÑamku advirtió que “este caso se va a utilizar para otras luchas sociales y esa es la preocupación que tenemos y que por suerte han podido entender muchas de las organizaciones que nos apoyan. Al ser un caso testigo va a ser parte también de poder escarmentar a otras organizaciones y movimientos sociales que están en lucha”.

Finalmente aseguró que la fiscala que realizó la investigación, Sandra González Taboada, es muy cuestionada en la provincia y tiene un pedido de jury por parte de familiares del joven Sergio Ávalos –desaparecido en 2003- y otras organizaciones “por mal desempeño, por mala praxis, por haber cajoneado pruebas fundamentales para poder resolver este caso tan impune”.

“Es una fiscal que además ha tenido la posibilidad de resolver otras denuncias que ha hecho nuestra comunidad Winkul Newen en hechos de violencia donde una patota petrolera (nos) ha violentado, ha golpeado salvajemente a nuestras mujeres embarazadas, a menores de edad con tiros en las piernas, una anciana con su cabeza golpeada, macheteada con cuchillo. Sandra González Taboada tuvo la posibilidad de investigar esta causa y, sin embargo, la dejó prescribir.

“Esta sí la caratuló como ‘lesiones’ y por eso creemos que es una fiscal que está de la mano con el gobierno, que es una fiscal que le abre todas las puertas para que las empresas petroleras saqueen el territorio, no solamente mapuche sino de toda la provincia de Neuquén”. Para Relmu, la funcionaria tiene “distinta vara judicial para medir las causas”: avanza en aquellas contra “pueblos originarios y pobres” y garantiza impunidad en aquellas en las que “esté en juego el poder económico como son las petroleras o la corporación judicial”.

Con el impulso de la Vía Campesina se celebra hoy el Día de la Soberanía Alimentaria de los pueblos. En Bahía Blanca el Espacio de Trabajo por la Soberanía Alimentaria -ETSA- realizará desde las 19 una charla en el Aula 9 del Departamento de Agronomía de la UNS (San Andrés 800). “Concepto e implicancias de la soberanía alimentaria en el modelo agropecuario y el sistema agroalimentario” será el punto de partida del lic. Matías Alamo.

Esta mañana el disertante comentó en FM De la Calle que se discutirá “cómo y cuándo un pueblo es soberano y cómo y cuándo puede aplicar sus políticas priorizando a la agricultura familiar, a los pequeños productores, a los campesinos y a las comunidades originarias”.

“Es decir, la soberanía alimentaria la pensamos como la manera diferente de producir a este agronegocios, a este agrobusiness, a esta agricultura industrial que aplasta con todo el modelo y todo el sistema y que es controlado por cinco o seis multinacionales en todo el mundo. Es pensar un objetivo social de los alimentos y no los alimentos como una mera mercancía”, sostuvo.

Alamo destacó que “el ETSA es un colectivo que lo formamos la mayoría profesionales graduados y estudiantes de la UNS con el ámbito de aplicación en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Estamos pensando en experiencias vinculadas con la feria, con la comercialización, con acercar a esos productores familiares a los potenciales consumidores que se encuentran en el espacio urbano”.

“Nuestra experiencia es incipiente porque venimos trabajando de 2013, pero la idea es nuclear a esos pequeños productores en ferias de la agricultura familiar, de las pequeñas producciones. Uno de los principios de la soberanía alimentaria es anclar a los sistemas agroalimentarios locales, revalorizar esas economías locales y regionales que van a permitir incrementar las producciones y además, que los consumidores accedan a alimentos mucho más sanos y más nutritivos”, agregó.

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Las ocho grandes refinerías del país se encuentran en zonas urbanas o próximas a ellas; y en no pocos casos, quienes viven en los alrededores aseguran que la cercanía deteriora gravemente su calidad de vida. La falta de información veraz y de acceso a la documentación oficial se convierte en un problema tan serio como los riesgos tóxicos a los que están expuestos. Como demuestran los trabajos reunidos en esta publicación, no existe una firme política de control, las instancias de fiscalización no son efectivas y no se han desarrollado programas permanentes de evaluación socio-sanitaria. Estas carencias impiden un conocimiento profundo de lo que sucede, dificultan la generación de demandas para revertir la situación, invisibilizan el problema, obturan los debates públicos -tanto sobre la necesidad de otra planificación territorial como de políticas de control industrial y también la búsqueda de alternativas a la matriz energética existente-, y restringen las discusiones, en el mejor de los casos, a las intervenciones de especialistas contratados por las plantas industriales.

El Colectivo Tinta Verde fue el responsable de analizar la situación de la refinería de YPF y el polo petroquímico ubicado en Ensenada y Berisso, en las afueras de la ciudad de La Plata, Buenos Aires. En segundo lugar, el Observatorio Petrolero Sur, desarrolla el caso del complejo industrial perteneciente a YPF en Plaza Huincul, Neuquén. El presidente de OIKOS Red Ambiental, Eduardo Sosa, tuvo a su cargo el tercer capítulo, en el que leyó minuciosamente los expedientes de los incidentes ambientales y sus remediaciones en la refinería de YPF en Luján de Cuyo, Mendoza. Seguido, Mariela Dobal, periodista de FM De la Calle, de Bahía Blanca, expone el caso del polo petroquímico ubicado en la localidad de Ingeniero White y la refinería de Petrobras de Loma Paraguaya. Por último, Cecilia Bianco, coordinadora del Área Tóxicos de Taller Ecologista, fue la encargada de analizar los impactos de la refinería y la planta fluvial del Grupo Indalo, ubicados en San Lorenzo, Santa Fe.

Polos: injusticias ambientales e industrialización petrolera en Argentina aspira a ser un aporte a ese movimiento de generación de información fidedigna, que pretende conmensurar la implicancia de estas instalaciones en la vida de su comunidad, barrio, ciudad. En ese sentido, busca ofrecer una mirada global de las problemáticas socioambientales vinculadas a la industrialización de los hidrocarburos en Argentina; lo hace desde el paradigma de justicia ambiental, en un intento de enunciar y explorar las preguntas que surgen de quienes viven en las cercanías de las plantas; las que son fruto de la lectura atenta de los informes de remediación ambiental, y, finalmente, las que resultan de la ausencia o vacíos de información.

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La organización mapuche Kumelen Newen Mapu junto a integrantes de los pueblos tonocoté, ranquel, kolla, comenchingones, guaraní y toba qom inauguró este viernes la 24º Feria Nacional de Artesanxs que se realiza hasta el lunes en Plaza Rivadavia.

Ante el escaso público presente a la hora en que se programa la intervención originaria que conmemora el último día de libertad de las naciones indígenas, manifestaron su alegría de compartir sus saberes y cosmovisión en una “carpa inmensa y blanca, símbolo de la interculturalidad” con actividades destinadas principalmente a alumnxs de primaria y secundaria (Ver agenda We Sumaj Che).

“Estamos compartiendo nuestros saberes, nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver el mundo, nuestra música. Entregándolo todo, como hemos hecho siempre. En esta plaza en donde en 1859 ardían los cuerpos de nuestros hermanos mapuches. Sin odios, pero sí recordando que aún hoy como ayer, como desde los tiempos de la colonia, como desde que llegó Colón, seguimos siendo encarcelados. Sigue nuestro territorio siendo robado. Siguen siendo corridos nuestros hermanos de sus lugares. Seguimos siendo menospreciados y no nos olvidamos que recién hace muy poquito tiempo el cacique Chaile de la comunidad diaguita salió en libertad por haber estado preso por defender su territorio, su comunidad, sus restos arqueológicos”, aseguró la vocera Wuaira González Romano.

Recordó los siete meses de acampe en Capital Federal de QOPIWINI -comunidades qom, pilagá, wichí y navaclé- en demanda territorial: “Los pueblos originarios no pueden vivir en un lugar pequeñito porque su sustento está en la tierra, allí está su medicina, allí está nuestra manera de vivir, nuestros ancestros enterrados. No nos olvidamos que Ginóbili, nuestro Ginóbili de acá, dice que compró sin saber pero no detiene la orden de desalojo para la comunidad Paichil Antriao que vive en la tierra que él compró. (…) Esta es la situación de nuestros pueblos originarios en toda Nuestramérica”.

“Los convidamos no solo a escuchar lo que tenemos para decir, creemos sin vanidad que los pueblos originarios tenemos mucho para compartir en cuanto a la manera de vida. Les compartimos para recordar, porque todos lo tenemos en nuestras células. Muchos hicieron por nosotros. Este es nuestro tiempo de lucha, de defensa de esta tierra que nos fue prestada por un rato, de defensa del aire, de defensa del agua, con nuestros hijos, porque parece que este sistema nos convida a decirnos que somos nosotros y se terminó”.

“Nuestro convite es a que se organicen, a que nos organicemos, a que armemos nuestras huertas, a que nos encontremos nuevamente en comunidad, que sepamos ser comunidad, que salgamos de detrás de una pantalla. Ese es el convite. Para ustedes, para nosotros, un solo pueblo de humanidad”, finalizó Wuaira.

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La Agencia Ambiental informó que el Comité Técnico Ejecutivo infraccionó a YPF S.A. por emisión de humos negros generados por el buque regasificador. La emisión tuvo una duración de veinte minutos con una opacidad del 60 % -según la Escala de Ringelmann- superando los límites legales de “tres minutos”. “Por un problema técnico en sus calderas tuvieron que dejar de quemar metano y pasaron a quemar fuel, lo cual provocó la emisión de humo a través de la chimenea de la caldera”, dijo César Pérez a FM De la Calle.

Agregó que “como impacto ambiental es la emisión de un material particulado fino asimilable a lo que normalmente se conoce como hollín. (…) La sanción la determina el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible de acuerdo a la historia y la gravedad. De acuerdo a lo que prevé la propia legislación esto se considera como una falta muy leve”.

Los humos negros fueron constatados ayer entre las 10:17 y 10:37 por lxs guardias del CTE Rosana Cappa y Luis Fuentes. No se recibieron llamados vecinales al 911. La Agencia Ambiental recordó que el “CTE tiene una Guardia que funciona las 24 horas, todos los días del año, la cual cuenta con cámaras domo, sensores on line, además de realizar recorridas por todo el sector industrial cada tres horas, a fin de realizar monitoreos y efectuar controles in situ”.

“Se hace el mismo tipo de controles que a las otras empresas del área petroquímica y tenemos visitas periódicas para verificar que hayan cumplimentado con todo lo que exige la ley, tanto el OPDS como la Secretaría de Energía. Con respecto a lo que es todo el movimiento del barco está a cargo el Consorcio del Puerto”, explicó Pérez.

El CTE labró un acta de infracción imputando falta al Artículo 2 de la ley 5965, Articulo 10 del Decreto Reglamentario 3395/96 conforme al anexo V, escala de Ringelmann. Luego el documento fue enviado junto a un informe para diluirse con el tiempo en el OPDS.

Más de 2000 docentes que trabajan desde 2010 en el programa Orquestas y Coros del Bicentenario hicieron pública su situación de precarización laboral.

“Desde el inicio somos monotributistas y firmamos contratos que empiezan y terminan cada año. Por suerte incluye las vacaciones pero implica retrasos en los cobros, en algunos casos hasta seis meses. Estamos trabajando para el Estado en una situación de precariedad y de trabajo en negro encubierto, además de los valores que están por debajo que lo que cobran otros docentes de igual tarea”, dijo a FM De la Calle Valeria Rozengardt, docente de Lenguaje Musical en la Orquesta Don Bosco de la localidad de Quilmes.

La remuneración depende de la cantidad de horas asignadas a cada docente. Muchas las horas de trabajo asignadas nominalmente no coinciden con la cantidad de horas trabajadas en términos reales, siempre en una relación desfavorable para lxs trabajadorxs.

La docente señaló que trabajan “en un programa de inclusión, que trata de romper alguna lógica en que los chicos se encuentran, de precariedad -las orquestas funcionan en barrios donde un montón de recursos no llegan, entre ellos la música que es un derecho, la posibilidad de educación-, y nosotros participando de esos espacios como el agente del Estado que va ahí a tratar de paliar ciertas situaciones de precariedad estamos precarizados”.

“Contamos con mucho apoyo de la comunidad. Hemos tenido reuniones con la Coordinación. Hemos tenido reuniones con el Director General de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación Alejandro Garay que nos ha recibido pero que básicamente lo que nos dice es: no está a nuestro alcance”.

En respuesta a los reclamos, desde la cartera educativa “hicieron todo un proceso de municipalización, cambió el área administrativa. Los recursos tanto pedagógicos como económicos para que el programa se sostenga dependen del Ministerio de Educación pero los municipios se encargan ahora de la parte administrativa. Y eso lo que hace es que nos deja en un limbo porque la administración del municipio lo que nos dice es ‘yo solamente les voy a pagar en función de la partida presupuestaria de Nación y si no me llega no me hago cargo’ y Nación dice ‘ustedes vayan a reclamarle al municipio si se retrasa en pagar’. Por eso quedamos en un limbo”.

“Más allá de un derecho laboral que nosotros merecemos y que es para cualquier trabajador un derecho estar en blanco, además pensamos que como derecho adquirido por la comunidad la existencia de las orquestas, la estabilidad laboral de sus docentes es una manera más de garantizar la continuidad del programa”, finalizó.

Según el sitio oficial de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas, “el Programa de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles para el Bicentenario está dirigido a niños, niñas y jóvenes que asisten a escuelas ubicadas en zonas de vulnerabilidad social de diversas jurisdicciones del país (…) Actualmente el Programa cuenta con 132 orquestas y 155 coros en todo el país, y  reúne cerca de 10.000 niños y jóvenes para quienes la música abrió una nueva dimensión social y pedagógica”.

Hoy existen orquestas y coros dependientes de este programa en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Mendoza, La Rioja, Catamarca, San Juan, Santa Fé, Entre Ríos, La pampa, Neuquén, Chubut, Santa cruz, Córdoba y Misiones.

Antonio Gustavo Gómez, Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, fue entrevistado por FM De la Calle para analizar las causas legales que pesan sobre la canadiense Barrick Gold. Entre el 13 y el 14 de septiembre pasados, en la mina Veladero, ubicada en el departamento Iglesia, la empresa provocó un derrame de 1 millón de litros de cianuro.

Hace más de diez años que La Barrick Gold practica la minería a cielo abierto en la provincia de San Juan y ya acumula tres denuncias penales por los daños que ocasiona en el ambienta natural y en la vida de lxs lugareñxs.

La empresa tiene tres causas penales en su contra. La primera la inició el fiscal de Estado de la Provincia en representación del gobernador ante al Juzgado Provincial del Jáchal por un artículo del Código Penal que es la contaminación dolosa del agua. La segunda, la inició un grupo de sanjuaninxs que se presentan como querellantes en el Juzgado Nacional de San Juan y pertenecen a una ONG que se llama ‘Ciudadanos independientes’ y la tercera, fue en Capital Federal, promovido por la Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina. Sin embargo, “las dos últimas se hicieron con la ley 24.051 que condenó al empresario Julián Rooney del caso Minera La Alumbrera. Pero la primera, la del Juez de Jáchal, es sospechosa. La investigación está dirigida a algún empleado o gerente de medio pelo, a algún perejil”, aclaró Gómez.

“Hay que aplicar la ley 24.051, en la cual el artículo 57 dice claramente que el responsable es el directorio de la empresa. También se aplica a funcionarios públicos de alto nivel”, agregó.

“Permite condenas por negligencia. La diferencia entre delito doloso y el delito por negligencia o culposo es que éste último implica el incumplimiento de un reglamento, la inoperancia, la falta de arte en el oficio, lo que no significa que el Directorio no sea responsable. Pueden ser imputado los funcionarios públicos”.

Si se efectiviza esta ley, además, se obligaría a la Barrick a pagar indemnizaciones a lxs vecinxs y trabajadorxs por los daños ocasionados, tanto por este último derrame como por casos anteriores. La Minera no podría seguir funcionando hasta que no se termine la investigación y la acción penal.

Esta empresa practica la minería a cielo abierto generando graves consecuencias ambientales y de salud en lxs habitantes del lugar porque, luego de las explosiones que activa, los metales quedan desparramados por el suelo, el aire y el agua.

En simultáneo, el juez Gómez sigue de cerca las investigaciones por los delitos ambientales de la minera La Alumbrera de Catamarca. Se reanudó la actividad en la mina porque “el Fiscal Federal tendría que haber solicitado la suspensión hasta la finalización de la causa y no lo hizo”, aseguró Gómez.

“Están avanzando las 4 causas penales de La Alumbrera, más otra causa penal de contrabando y evasión tributaria de contenido económico, que involucra a autoridades mineras, de la provincia de Catamarca y de la Universidad Nacional de Tucumán que se benefician económicamente con la explotación minera. Los propios jueces no las hacen avanzar. Se han presentado muchas quejas en la Corte Suprema y se han hecho muchas pericias que muestran elementos de contaminación, pero el poder político y económico también están haciendo su juego”.

Las organizaciones sociales denuncian daños irreversibles como estos y sostienen que ponen en cuestión las promesas de progreso que enuncia la megaminería y los beneficios reales de esta actividad extractiva en el suelo que produce, ya que prioriza su vinculación con los puertos de exportación.

Para mayor información sobre la labor de Gómez en el área del derecho ambiental, hacé click en este enlace: http://www.fiscalgomez.com.ar/

El CONICET y la Universidad Nacional del Sur aportarán tres millones de pesos para una convocatoria a proyectos de investigación dedicados a la evaluación integral de los recursos hídricos para consumo humano en la región.

“El convenio se firmará para realizar un estudio integral del problema. Nos comprometimos con especialistas del CONICET en realizar un documento, que llevará 2 años de realizado, para tener una vista más general de la problema”, explicó a FM De la Calle Sergio Vera, secretario de Ciencia y Tecnología de la UNS.

Por otra parte, el funcionario informó que se encuentran “trabajando en el estudio de la calidad del agua, en la cantidad y en la diferentes fuentes actuales y alternativas. Con respecto al reciclado, queremos planificar, entre otras cosas”.

“La idea es convocar a un grupo de investigadores  de diferentes áreas, que elaboren un informe con base científica para tener un documento final. Sabemos que hoy en día la información es muy escasa”, remarcó.

Con respecto al informe que toman como plataforma realizado por Obras Públicas sostuvo que si bien pasaron 30 años “es más que obvio pensar que las cosas cambiaran pero el sentido es el mismo”.

“El próximo paso es mostrar las propuestas de los especialistas. La idea es tener 5 proyectos. Luego, con la documentación, la decisión es política”, finalizó.

Foto: El rector universitario Ricardo Mario Sabbatini y el  presidente del CONICET Roberto Salvarezza firman el convvenio (UNS).

Lucas Vaca integra la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, la cual desde hace dos años impide con un acampe la construcción de la planta de granos de Monsanto más grande de Latinoamérica. “Hay tantas Malvinas Argentinas que no sabíamos bien a cuál iba a ir, en qué ciudad se instalarían. Empezamos a buscar información y encontramos cosas positivas, como la oportunidad de empleos. Cuando empezamos a profundizar, las cosas empeoraron. Comenzaron los aprietes, las presiones, luego la represión. Desde el Municipio no saben nada, no nos dan respuestas”, dijo Vaca a FM De la Calle.

“Queríamos saber con profundidad, solo eso.  Desde Monsanto siempre fueron negativas y con respecto al municipio y al Concejo Deliberante, las respuestas solo fueron que los permisos estaban. Nosotros sabemos más que ellos”, afirmó Vaca.

El asambleísta comentó que “los inicios fueron de vecinos auto-convocados, se sumaron más de 300, ahí las presiones aumentaron. Tuvimos ocho represiones, una compañera casi pierde la vida”, sumó, “por suerte otras agrupaciones nos están acompañando”.

A modo de reflexión, Lucas Vaca se lamentó la segmentación que esto ocasionó en el pueblo a razón de la tentación económica que puso sobre la mesa la empresa. “Han generado una división, están tratando de comprar al pueblo. Nos miramos entre nosotros como si fuéramos enemigos”.

“Queremos evitar que siga el deterioro de la salud del pueblo. Mi hermana perdió un hijo por esta problemática, somos un pueblo fumigado con agrotóxicos, por eso le decimos NO a Monsanto”. Vaca manifestó la postura de los vecinos y añadió, “independientemente del partido político que esté o del que suba, esto es una cuestión de la salud y de la vida”.

Amnistía Internacional Argentina presentó un relevamiento sobre los conflictos indígenas en el territorio nacional que muestra y da cuenta de la situación de violencia y exclusión que viven. Con ese propósito lanzó www.territorioindigena.com.ar una herramienta de consulta abierta, de actualización periódica y a disposición de todas las comunidades que lo requieran.

El mapeo muestra 183 conflictos presentes en Argentina en los que comunidades indígenas exigen el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos (municipales, provinciales, nacional), empresas (agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo, entre otras), y ante jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen las normativas vigentes.

El relevamiento de Amnistía Internacional no pretende ser concluyente, sino que es el comienzo de un documento que pretende ir construyéndose y actualizándose sistemáticamente, con los aportes de organizaciones referentes en el trabajo con pueblos originarios, abogados, académicos, y referentes indígenas.

Dentro del universo de casos, Amnistía decidió destacar seis realidades para demostrar la significativa distancia entre los derechos vigentes en leyes provinciales, nacionales y tratados internacionales de derechos humanos y su efectiva aplicación: un asesinato impune, petroleras que vulneran derechos, un sitio sagrado usurpado por empresarios, obras de infraestructura que inundan territorios, una mujer mapuche a juicio y con posible condena a prisión, y la larga lucha Qom que trasciende las fronteras del país.

Mientras que la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos reconocen la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas, y asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales, los pueblos originarios siguen reivindicando su derecho al territorio, mientras sufren de forma desproporcionada violencia, exclusión y pobreza.

Escuchá a la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, en diálogo con FM De la Calle:

Las agrupaciones Cultura Ciclística y Quiero Ciclovías en Bahía se quejaron de que a un mes de celebrada la audiencia pública sobre el Proyecto Red de Ciclovías “nada más se ha dicho al respecto”.

“Luego de la presentación de este proyecto serio y completo en el que participaron profesionales y funcionarios públicos, el cual asimismo recibió el aporte de ideas y alternativas por parte de vecinos interesados, nos preguntamos qué cuestiones están demorando la presentación de dicho Proyecto para que sea tratado por el órgano deliberativo de nuestra ciudad, atento la necesidad de pensar en su concreción a fin de que pueda ser incluído en el próximo presupuesto anual municipal”, dijeron en un comunicado y subrayaron que “si la condición del tránsito fuera más propicia a la seguridad de los ciclistas” se sumarían muchxs más a sus filas.

Para las agrupaciones “el cambio está al alcance de la mano” si se diagraman ciclovías “demarcadas con pintura llamativa (amarillo y verde claro por ejemplo) a lo largo y ancho de la ciudad (el total de las cuatro etapas de la red proyectada) tendría por efecto un masivo reconocimiento de la presencia de la bicicleta como medio de transporte, de la mano del ciclismo urbano como fenónemo social y cultural que viene siendo adoptado por quienes en primera persona experimentan la eficacia, practicidad y economicidad de tiempo y dinero que proporciona la bicicleta en la ciudad”.

“En el entendimiento de que los cambios significativos requieren el compromiso de quienes pueden generarlos, apelamos a la buena voluntad política de nuestros representantes locales, y solicitamos se expidan respecto al futuro próximo del Proyecto de Ciclovías”, concluyeron.

Historias de la bici

Las bicicletas fueron muy populares en las décadas de 1890, 1950 y 1970. Actualmente están experimentando un nuevo auge, creciendo notablemente su uso en Bahía Blanca y todo el mundo.

En este contexto, el historiador bahiense Francisco Daniel Panizoni presenta ‘Historias de la bicicleta’, una charla abierta sobre la bici, sus orígenes y presencia en la región. Será el próximo viernes 4 de septiembre a las 18 en la Sala Juvenil de la Biblioteca Rivadavia.

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Se creó la Multisectorial en Defensa del Río Colorado, conformada por la Federación Agraria Argentina, Asociación de Trabajadores del Estado, Corriente Clasista y Combativa, ONG Alihuen, Fundación Chadileuvu, Consejo provincial de Lonkos Ranquel, Asociación Civil el Agora, Central de Trabajadores Argentinos Autónoma la pampa, Sec. Pueblos originarios CTA Autónoma, Mujeres Autoconvocadas, Las Andreas, Secretaría de Cultura CTA A., PSA-PTP.

Leando Altolaguirre es dirigente de la ONG Alihuen y en diálogo con FM De la Calle explicó que “el responsable de la gestión de la supervisión del Río Colorado que es el COIRCO, está integrado” por las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro. “Es el primero o el único río que se maneja con un comité de cuencas de las provincias y que no ha habido inconvenientes hasta estos momentos. Los principales inconvenientes se han ido solucionando y han tenido que ver con la actividad petrolera. También por los lavaderos industriales”.

“Estos años han venido generando una gran preocupación la realización del Mega Proyecto Minero Potasio Río Colorado, que es una inversión que se estima superior a los 10 mil millones de dólares, en donde el yacimiento del cloruro de potasio abarca las provincias de Mendoza y de Neuquén, debajo del causa del Río Colorado. Este emprendimiento, que demanda engería eléctrica, gas y agua dulce para inyectarla a temperatura y a presión para disolver lo que sería la costra de sal que se encuentra a 1200 mts de profundidad y después la necesidad de la energía para poder extraer y separar esa salmuera, pone en serio riesgo de, por un lado, contaminar las aguas del Río Colorado por la pérdida de halo ductos que atraviesan la cuenca del río y, por otro lado, también con la fila de sal de cloruro de sodio que sería uno de los productos residuales que quedaría como consecuencia de la extracción de cloruro de potasio”.

Sumado a esto “hay un proyecto que es el del trasvaso de Río Grande al Río Atuel. Mendoza tiene derecho a trasvasar esa agua así como La Pampa tiene derecho a regar, como cada una de las provincias. El tema se da en la fa forma en que la quieren implementar, y en ese comité se había establecido que el agua que tiene derecho la provincia de Buenos Aires, que es la del Río Negro, debido a que en Carmen de Patagones no puede hacer uso porque la pendiente no da para regar, tiene derecho la provincia de Buenos Aires al trasvaso del Río Negro al Colorado para poder hacer uso de esa agua”.

En este sentido, “el Agua del Rio negro es un agua de mejor calidad que el del Colorado. Tiene bajo contenido salino y por el volumen del agua que lleva los agentes contamines que pueden tener vinculados a la actividad del hombre se ven diluidos. El Rio Negro tiene un caudal de 1100 metros cúbicos por segundos y el Colorado unos 100. En donde hoy por hoy llegamos a tener una erogación en el invierno aguas debajo de 15 metros cúbicos por segundo que es prácticamente nada y cuando llegaba a Buenos Aires veía realmente menguado ese caudal, por infiltración, por perdida y por los distintos usos, en donde la zona de producción bajo riego ha visto sensiblemente reducida su superficie por la escases del recurso hídrico”.

“Entonces la idea de empezar a trabajar en concurso con las diferentes instituciones de las demás provincias es para encontrar una solución regional, que se realicen las obras necesarias” sostuvo.


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La crisis hídrica que atraviesan los ríos que escurren por nuestro territorio provincial, sumado a la apropiación indebida de caudales por parte de las provincias que se encuentran en la cuenca superior está provocando el desmembramiento de nuestro territorio. Observamos día a día como disminuye la diversidad biológica, se salinizan los suelos, se acelera de desertificación…

Observamos como los pocos pobladores ribereños que aún quedan, se resignas al ostracismo.

Nuestra tierra sangra de dolor! Donde debía hallarse un río lleno de vida, hoy tenemos sal, arena y desolación.

El Río Colorado es nuestra fuente de vida! Sus aguas son empleadas con diversos fines – Consumo Humano, producción frutihortícola y ganadera, generación de electricidad, uso industrial, minería, recreación…

Sus aguas llegan hasta la capital pampeana por medio de un acueducto y en un futuro próximo se extenderá hasta el norte pampeano. Su principal finalidad consumo humano para mejorar la calidad de agua y mejorar la SALUD de la Población Pampeana. La provincia de La Pampa ha realizado enormes inversiones en el Sistema de Aprovechamiento Múltiple en la región y continúa con un proceso que de concretarse modificaría sustancialmente la economía y la geopolítica pampeana.

Esta realidad que sufre nuestra provincia se ha gestado a consecuencia de un desentendimiento del Estado Nacional, el accionar deliberado de las provincias arribeñas y desidia e inoperancia de nuestros gobiernos.

Hemos visto con mucho pesar, la pasividad que durante décadas han tenido los gobiernos pampeanos en la defensa de los bienes comunes (alguna vez nos dijeron que habíamos perdido el juicio por el Atuel). El silencio o la inacción de los gobernadores que pasaron, profundizaron la crisis hídrica de La Pampa, permitiendo el uso abusivo de nuestras aguas. Sus vínculos con los gobiernos nacionales impidieron una firme postura para encarar la lucha por los derechos de nuestro pueblo. En esta última década, estos, quedándose inmunes mientras el gobierno de Mendoza y el gobierno Kirchnerista planifican y realizan mega obras “a costillas” de los ríos interprovinciales como si fueran propios.

La Asamblea por el río Atuel, con fervientes reclamos,  obligó al actual gobernador, Mario Jorge, a iniciar una demanda judicial al gobierno mendocino con la sola intención de aplacar la voz popular. Con el tiempo transcurrido y con una sentencia en el pasado a nuestro favor, entendemos que eso solo fue acción política. Necesitamos efervescencia en el reclamo y en las acciones  estatales.

La justeza de nuestro reclamo es indudable, nos avala la legislación vigente y el sufrimiento de nuestros pobladores osteños. Los Derechos Humanos de los pobladores avasallados desde 1.948 constituye el principal argumento en favor del clamor de justicia.

Hoy estamos ante una situación límite, nuestro río Colorado  (kelu Leufu) está en extremo peligro.

La represa Portezuelo del Viento disminuirá notablemente su caudal desviando su mayor afluente, el río grande, para regar tierras mendocinas. Esta es una obra prevista en el tratado del Colorado y por tanto aceptada por todas las provincias signatarias del mencionado acuerdo, pero Mendoza aspira a manejar de forma unilateral su llenado y posterior manejo. Si tal cosa sucediera implicaría un gran peligro para el Colorado, puesto que Mendoza es maestra en aprovechar los Recursos Hidricos unilateralmenente. Esta situación que no alimentará a nuestro Atuel. Además servirá para alimentar eléctricamente a la mayor amenaza ambiental sobre la cuenca del Colorado: la Mina Potasio Río Colorado.

Esta mina incrementará el riesgo de salinizar toda la cuenca, lo que sumado a la actividad petrolera transformaran al río en una fuente inerte, estéril y contaminada. Perderemos todo aprovechamiento de sus aguas, desde el consumo y será imposible planificar el desarrollo humano, el desarrollo productivo sustentable, en definitiva el futuro de Nuestra Provincia.

Es imperioso buscar soluciones consensuadas que favorezcan la integración de la región y el desarrollo de cada una de las provincias favoreciendo el bienestar general y preservando el recurso para las futuras generaciones, reivindicar los derechos interprovinciales de los recursos hídricos.

Las provincias condóminos del Rio Colorado –Mendoza, Neuquén, Rio Negro, La Pampa y Buenos Aires- deben avanzar en el Estudio del Trasvase del Rio Negro al Colorado. Debería realizarse en la cuenca superior del Colorado, donde el COIRCO tiene posibilidad de almacenar agua en diques y generar energía y exigimos la intervención y regulación del COIRCO, en la Represa Portezuelo del Viento.

No abandonamos la lucha por nuestro Atuel y Salado-Chadileuvu-Curaco y no nos permitimos perder el Colorado, lo defenderemos de todos los ataques de negociados económicos que poco les importan nuestros bienes comunes.”

La Cámara Federal rechazó la apelación de la Fiscalía y la querella sobre la declaración de incompetencia de la jueza Gabriela Marrón en la causa por contaminación del estuario bahiense. “Corresponde a la justicia local continuar con el trámite de las actuaciones, sin perjuicio de lo que surja de la investigación ulterior, por lo que propicio y voto rechazar los recursos de apelación”, dijo Pablo Candisano Mera con la adhesión posterior del ex espía Néstor Luis Montezanti.

“El tema de la competencia es una cuestión netamente formal que en algún momento se tiene que dilucidar, acá el gran problema que tenemos con las cuestiones ambientales y que ya ha pasado en otras causas en Bahía Blanca y a lo largo del país, es que hay una gran discusión entre provincia y Nación sobre quién tiene que tomar el caso”, dijo a FM De la Calle Lucas Beier, abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría.

La Cámara se remonta a un fallo de la Corte Suprema en el cual resolvió que “la persecución penal de los delitos reglados por la ley de residuos peligrosos es de competencia provincial y sólo excepcionalmente corresponde la intervención de los tribunales federales en supuestos de conflictos con efectos más allá de una sola jurisdicción”.

“Se confunden porque tanto la jueza Marrón como los jueces de Cámara toman como argumento de su declaración de incompetencia una causa civil que también estoy tramitando yo, que está en el juzgado provincial -donde la Corte ha dicho que tiene que ir- pero los argumentos son totalmente distintos, el objeto de la investigación y las leyes por las cuales se rige la competencia también son distintas”, explicó Beier.

Los magistrados agregan que “el argumento que pretenden hacer valer, respecto a que el daño excede las fronteras locales, no está probado” dado que “la presencia de contaminación en especies migrantes no es suficiente para sostener que el daño se propague más allá del ámbito provincial”.

“El delito penal lo que tipifica es el peligro a la salud generada por la contaminación, no es la contaminación en sí lo que está tipificando. Entonces lo que tiene que ser interjurisdiccional no es la contaminación sino el peligro en la salud. Por eso puse que un pez que nace y vive los primeros meses de su vida en el estuario de Bahía Blanca se alimenta con camarones, con todo el plancton que existe que ya está demostrado que está contaminado. Existe una bioacumulación en ese pez y en la etapa de adultez migra a otras provincias como Río Negro o Chubut. Y en esas provincias ese pez es consumido. O sea que el peligro para la salud no es solamente para el habitante de Bahía Blanca que va con su caña al muelle y pesca, sino que ese pez puede ser pescado en Río Negro”, afirmó.

Beier comentó que en este tipo de causas la aceptación de la competencia suele ser negativa: “Ninguno de los dos las quiere tomar, entonces genera una demora, pero es relativa porque ya la Corte ha dicho que mientras tanto exista esta contienda -que puede terminar en la Corte- el expediente tiene que seguir tramitando”.

“Estamos en una especie de ping pong donde uno se la pasa a otro y nunca se resuelve”, graficó el querellante y agregó que “los perjudicados somos nosotros que en estas idas y vueltas en las causas cada fiscal tiene una interpretación, una forma de trabajar, no es productivo que esto pase de mano en mano, de un juez a otro, de un fiscal a otro”.

Foto: Pablo Petracci.

Ese fue el lema de la actividad que se realizó este domingo en Villa Nocito para impulsar la erradicación de los basurales del sector. El encuentro organizado por vecinas y vecinos del barrio junto al Merendero Popular Ernesto Che Guevara y el Colectivo Pueblo en Lucha, contó con una charla sobre la salud y los basurales a cargo de la dra. Selva Lamtzev, la pintada de un mural y merienda.

Un par de días antes, Claudia Meza dialogó con el programa En Eso Estamos de FM De la Calle y adelantó detalles de los reclamos contra el basural: “Es increíble lo que hay, hicieron una pista de salud arriba, ahí los chicos no pueden ir a jugar. La verdad, no se puede. Volvieron las ratas, la Escuela 36 tiene comedor y en las vacaciones de invierno lo tuvieron que suspender por el problema de las ratas otra vez. Todo por el basural”.

“Prometieron mucho, hicimos unas reuniones y todo, que van a hacer esto, que iban a sacar la basura. La basura la dan vuelta, venían las palas y la revolvían. Eso con el viento y el agua vuelve a salir. (…) Habíamos quedado de acuerdo que incluso íbamos a hacer reuniones, nos iban a dar una mano para conocer todas las enfermedades, ayudarnos, nos iban a dar hasta el cebo para las ratas, nos iban a enseñar cómo usar todo, pero eso quedó en la nada. Nunca. Nada”, agregó sobre la atención del municipio.

Por otra parte, apuntó a personas que no son del barrio pero se acercan a usarlo de vertedero. “Gente de afuera que viene, saca la basura del auto, de la camioneta, y te tiran toda la basura ahí. ¿Por qué hacen esa clase de cosas? Que vos me digas ‘bueno es el vecino, todo el barrio’… pero no. Todo es de afuera, esa basura se juntó de afuera y de los camiones que venían de la Municipalidad y tiraban. Del mismo municipio venían”.

“Eso se paró un poco cuando nosotros empezamos a reclamar, pero la gente de afuera viene por la avda. Buenos Aires que es la costa del canal y el frigorífico. Yo te puedo decir que están las cuadrillas del municipio que dejan todo limpito, pero pasaste a las dos horas que la gente se fue y viene un auto y te tira la basura. No sé cómo hay que enseñarle a la gente que no tire basura”, insistió.

Finalmente, advirtió que aunque a sus vecinxs “les cuesta salir de la casa, con el asunto de las ratas tenemos todos el mismo problema”.

Foto: Pueblo en Lucha.

Aníbal Faccendini es director de la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario y uno de los creadores del “derecho de jarras” con el cual pretenden concientizar y generar “una cultura del agua sana”. La iniciativa incluye proyectos legislativos que ya se discuten en la provincia de Santa Fe y la difusión de este concepto jurídico y sociológico para su reproducción a nivel nacional.

“Hay cerca de 1100 millones de personas que no acceden a agua sana, tenemos cuatro mil niños que mueren por día y en África cerca de 135 millones de personas que se enferman por no acceder a agua sana. Si le agregamos los dos millones de adultos que se mueren por año, la situación realmente es de un biocidio grave donde ha llegado el momento que en los mínimos actos cotidianos se empiece a generar cultura, conciencia aquí y ahora”, declaró a FM De la Calle.

El abogado se propone además “denunciar que la pobreza, como la esclavitud en su momento, no es normal, no es correcto, es pura patología social y lo genera un sistema determinado para permitir acumulación de unos pocos. Necesita ese sistema desposeer de los bienes comunes necesarios a muchísimos otros. El agua donde es escasa, donde no hay, hay pobreza. No es que no les llega a todos, no les llega a los pobres. La escasez social del agua denuncia la injusticia social y ambiental que padece ese ciudadano porque no accede al agua sana para vivir”.

“El derecho de Jarras es una creación sociológica, jurídica, de la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario como un concepto, un instrumento inédito para Argentina y América Latina, que consiste fundamentalmente en que la gente cuando va a un bar, este es uno de los aspectos, tenga la posibilidad de ejercer este derecho en forma operativa e inmediata. Apenas se sienta en un bar para consumir algo, el mozo le acerca una jarra de agua en forma automática como cuando le acercan los cubiertos”, explicó.

El docente detalló que “otro aspecto es que el ente de administración pública -tanto provincial, municipal o nacional- garantice a los empleados, como así también a nuestros legisladores en los tres niveles del Estado federal el acceso a esta jarra de agua. En los ámbitos laborales privados, muchos de los lugares de producción tanto a nivel comercial, industrial o de servicios, aunque parezca insólito, muchas veces en jornadas de ocho horas no están garantizados dos litros de agua por día por persona”.

La fundamentación no solo se basa en el carácter elemental del acceso al líquido sino a las pruebas científicas que advierten que es un alimento insustituible: “Yo puedo pasar un mes sin comer sólidos pero no puedo pasar más de 72 horas sin tomar agua, el agua es constitutiva, esencial de la vida y nuestro cuerpo, el 75 por ciento de su composición es agua y a medida que nos acercamos a la vejez se reduce del 75 al 50 por ciento”.

Contra la privatización

Faccendini explicó que el agua como el aire son bienes comunes, por lo tanto, “a diferencia de los dos elementos de propiedad que hemos conocido los humanos que son la propiedad privada y lo que se llamó el socialismo real, (…) el bien común es la propiedad de todos en forma colectiva pero individual y en forma simultánea, de manera que nadie se pueda adjudicar la propiedad del agua sana o que se tiene que tomar”. Además, aseguró que la privatización del agua “fue nefasta como Aguas Argentinas, Aguas de Córdoba, de Santa Fe, como en su momento Azurix en la provincia de Buenos Aires o Aguas de Aconquija en Tucumán”.

Para el especialista, brindar agua de calidad a la población sigue siendo un desafío de los estados provincial y nacional ya que, por ejemplo, cerca de cuatro millones de argetinxs están expuestxs al arsénico. Hacen falta inversiones “para acceder a agua de rio que es la mejor” o, si es agua de pozo, mejorarla “mediante la osmosis inversa con todos los gastos que eso implica”.

“Una cosa es agua corriente y otra sana o potable. Yo puedo tener agua corriente que sale del caño pero no ser agua sana. La única sana es la que se pude tomar, si no, no es consumible y eso significa que no es potable. Servirá para bañarse, hacer cuestiones domésticas, pero no sirve para tomar”, detalló.

Por otra parte, el abogado advirtió que el nuevo Código Civil quitó el artículo 241 que establecía que el acceso al agua es un derecho humano esencial. “Estamos hablando de una cultura estatal con un atraso de 50 años, es nuevo el planteo pero siempre fue un derecho humano esencial, es como si alguien puede decir si tenemos derecho al acceso al aire puro. El sistema tan mercantilizado hace que la gente asuma como normal algo que es absolutamente anormal y hasta loco, que es que bienes que son esenciales para la vida lo tomen como algo natural que estén con niveles de contaminación que puedan afectarle la salud”.

El capitalismo fabrica pobres

Con la misma lógica de desnaturalización de problemáticas provocadas por el ser humano, Faccendini integra un colectivo que pretende que la ONU declare ilegal la pobreza.

“En el reino animal no racional no hay pobres, no hay monos pobres y monos ricos, habrá otra disputa de supervivencia pero no hay disputa de la construcción social de las comunidades del hombre que se construyen pobres. El capitalismo de la modernidad ha constituido y producido continuamente pobres que no acceden a los bienes esenciales y lo más terrible es que se ha generado una pedagogía de la pobreza en el sentido de generar en el pobre una situación de cierto estándar”.

“Primero que la pobreza es normal y de normal no tiene absolutamente nada. Segundo, si es pobre es por culpa de él, por ineptitud, por debilidad, por falta de inteligencia, o sea, en ese caso estamos en un proceso de doble victimización. Es víctima social por la pobreza y después, culturalmente se los victimiza como culpables de esa propuesta”, agregó.

En tercer término remarcó que “el sistema de esta modernidad pone al descubierto que la pobreza marca no solamente un biocidio, no solamente una lesa ambientalidad, porque el hombre forma parte de la comunidad biológica junto con los otros animales no racionales y evidentemente si hay pobres, esa pobreza afectada a una de las especies vivas sobre el planeta está afectando y lesionando el ambiente. No es solamente un problema económico, social, psicológico, sociológico sino también es un problema ambiental”.

Adolfo “Fito” Aguirre, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires del Frente Popular y su precandidato a diputado nacional, Claudio Giorno visitaron FM De la Calle en los últimos días de la campaña electoral.

“Uno de los primeros puntos es plantear que el ambiente es para todos, tomamos la decisión con todos los candidatos en desarrollar un tour socioambiental que en las distintas recorridas marque el nivel de contaminación, quiénes son los que producen esto y los que facilitan la cuestión. Sabemos que todo está conectado”, aseguró Aguirre.

El dirigente de ATE manifestó que se propusieron”colocarlo en la agenda política y además cuestionar el modelo de desarrollo urbanístico, porque se discrimina situando un suelo rico y un suelo pobre favoreciendo una burbuja inmobiliaria”.

“Las anomalías del sálvese quien pueda están haciendo generar inundaciones por la falta de desagües, no tener noción del cambio climático y modificar cuestiones naturales como retocar los arroyos para hacer country es peligroso. Estos temas no están en el show político”, afirmaron los precandidatos.

Claudio Giorno declaró que “el Congreso Nacional debería plantear las condiciones de vida que necesite el pueblo. Las consecuencias de las relaciones con el modelo extractivitas, de saqueo, está desde hace varias décadas, contradiciendo al relato nacional y popular. Hay que plantear modelos como el agropecuario de cultivaciones variadas”.

Al ser consultado sobre la calidad del servicio de la empresa ABSA, Aguirre dijo que “no hay planeamiento, lo último fue con Perón. Desde los ’90 que al Estado lo transfirieron al mercado libre competencia, todo se mueve con presupuestos, por eso en el tema del agua hay que pensar en un gran proyecto de estructura”.

Texto: Diego García. 

La Fiscalía General Federal lanzó ayer un área de delitos complejos que pretende recibir denuncias e informaciones que permitan avanzar en investigaciones contra la narcocriminalidad, la trata de personas, afectaciones ambientales y violencia institucional, entre otros delitos.

“Tiene como misión iniciar investigaciones que tengan que ver con estos delitos y prestar apoyo a las fiscalías federales en estas materias de delitos complejos. Se nos ocurrió que este área además tenía que tener un modo de comunicación rápido, garantizado y anónimo para la gente que se encuentra involucrada en estos temas de crímenes complejos”, aseguró el fiscal Alejandro Cantaro.

El funcionario está a cargo de la coordinación de la oficina que cuenta con la colaboración de María Tiesser y Justo Sebastián y tiene a disposición -a cualquier hora y día- el celular 291 154 234 426 y el correo electrónico [email protected]

Cantaro comentó que vienen “caminando los barrios, interiorizándonos y conectando con los sectores sociales más vinculados con los niños, los jóvenes, los sectores más vulnerables de la sociedad, los excluidos. La gente sabe quiénes somos y nos conoce”.

“La gente puede estar tranquila que esto no se va a transformar en la persecución en el barrio. Nuestra idea es generar un cambio también en esto, no solamente ahora no van a investigar los jueces sino los fiscales, además queremos cambiar el marco de la investigación, tratar de llegar a los sectores que se enriquecen y crecen sus fuerzas de poder gracias a esos delitos y no al pibe en el barrio que muchas veces está vendiendo para pagarse el consumo”.

(Por Darío Aranda – ComAmbiental) Diputados kirchneristas impulsan un proyecto de ley para crear la “YPF del litio”. Intenta regular la extracción de un mineral pretendido por empresas mineras y automotrices en el noroeste del país, mayoritariamente en territorio indígena. La iniciativa se presenta como progresista porque promueve que el Estado controle este “recurso estratégico”. Sin embargo, la propuesta legislativa no contempla los derechos básicos de los pueblos originarios. Tampoco hace hincapié en la leyes ambientales.

“El oro del futuro”, publicitan empresas y gobiernos al referirse al litio, un mineral utilizado en las baterías de teléfonos celulares, computadoras y autos eléctricos. En el norte argentino ya se explota minería de litio, hermana menor de la megaminería metalífera (de oro, plata y cobre). Desde el kirchnerismo acaban de presentar un proyecto de ley para crear la “YPF del litio”, que lo intenta declarar “bien estratégico” y propone –con discurso progresista– procesarlo y que el Estado se apropie de esa renta. El proyecto no contempla ninguno de los derechos de los pueblos originarios (donde está buena parte de las reservas de litio) y no menciona ningún aspecto del derecho ambiental. “¿Qué dirían esos diputados si vamos a su casa, no respetamos sus derechos y le hacemos desastres? Eso están queriendo hacer ellos en nuestra casa”, reprochó Clemente Flores, kolla de las Salinas Grandes de Jujuy.

Presentado por los diputados Carlos Heller y Juan Carlos Junio (Partido Solidario), el proyecto tiene 74 artículos, declara las reservas de litio como un “recurso natural de carácter estratégico” y establece de “interés público” la exploración, explotación, concesión de explotación e industrialización. También propone la creación de la “YPF del litio” (llamada formalmente Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado).

“Nosotros no decimos ‘no a la minería’, decimos ‘sí a la minería racional’, dentro de determinadas reglas de explotación y sobre todo cuidando que los intereses de nuestro país estén debidamente protegidos”, afirmó Heller en el lanzamiento de la propuesta, la semana pasada. El diputado Junio fue en el mismo sentido: “En Argentina debe haber un cambio drástico en la explotación del litio, entre el sistema imperante de concesiones a las grandes empresas mineras del mundo, cambiando a un gran protagonismo del Estado”.

Heller es también presidente del Banco Credicoop. Y Junio es titular del Centro Cultural de la Cooperación (vinculado al mismo banco), espacio de referencia para un sector del progresismo y la izquierda porteña. Y, desde la última década, ámbito alineado con el kirchnerismo. El escrito es acompañado con la firma de los legisladores Carlos Raimundi, Juan Mario Pais, Luis Basterra, Jorge Rivas, y Lautaro Gervasoni, todos del oficialismo.

El articulo 20 crea la Comisión Nacional de Explotación del Litio (CNEL), que dependerá del Ministerio de Planificación, tendrá como objeto regular y fiscalizar la exploración, explotación, industrialización y comercialización. La Comisión tendrá un directorio constituido por un presidente y siete miembros: uno a las provincias que tengan yacimientos de litio, uno a las universidades nacionales con sede en las provincias con litio, uno del Ministerio de Ciencia, uno al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), uno a la Secretaría de Ambiente de Nación, uno a la Secretaría de Minería y uno a las “comunidades originarias”.

En los fundamentos llama al litio como el “oro blanco” y “mineral del siglo XXI”, afirma que se ha duplicado su demanda a nivel mundial en menos de una década (desde comienzos de 2000) y señala que “las proyecciones coinciden en que el incremento en la demanda será sostenido y crecerá en forma exponencial”.

También detalla que el “80 por ciento del litio del planeta” está en el sur de Bolivia, y el norte de Chile y Argentina, área denominada como “el triángulo del litio” y asegura que “en el mundo minero y de las finanzas asociadas a los recursos extractivos se habla informalmente de la ‘Arabia Saudita del litio'”. El proyecto remarca de manera reiterada la importancia de que el Estado maneje el recurso, menciona la posibilidad de una “asociación estratégica” con Bolivia y Chile, y celebra que (los tres países) podrían “controlar en forma cuasi-monopólica la oferta mundial del litio”.

Por un minería nacional (sin indígenas)

Las salinas (o salares) son las extensas planicies blancas del norte del país que suelen ser la foto buscada de los turistas y, al mismo tiempo, espacio de vida, trabajo y cultura de los pueblos originarios. El litio está contenido en esos territorios y ya es motivo de conflicto de corporaciones y comunidades indígenas.

Las Salinas Grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya, de Jujuy, y La Poma y Cobres, de Salta. Integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc, que a su vez forma parte de la cuenca de la Puna. Las empresas mineras de litio comenzaron a llegar en 2010.

Las 33 comunidades kolla y atakama del lugar se organizaron en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y comenzaron con acciones directas (campaña informativa, marchas a las capitales provinciales, corte de ruta) y acciones legales para que se respeten los derechos vigentes. Según leyes nacionales (entre ellas, la Constitución Nacional), el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios.

El proyecto de ley de Heller y Junio tiene 15 páginas y 4843 palabras. Y menciona sólo dos veces a los pueblos indígenas. El artículo 24 señala que habrá un representante de “las comunidades originarias” en el directorio de la Comisión Nacional del Litio y, en el artículo 30, explica que en el proceso de evaluación ambiental se deberá contar con la participación de las comunidades indígenas “a fin de considerar y aplicar su opinión al momento de desarrollar la actividad de explotación del litio”.

Según la propuesta de ley, la opinión indígena no es vinculante y está muy lejos de ser “consentimiento” (como establece la legislación vigente).

“Le pone una pátina indígena pero por supuesto que muy alejado de respetar el derecho a la consulta. La presencia de un indígena en la Comisión de explotación es sólo para legitimar, aparte que es ex post, nunca antes de la explotación. Y el artículo 30 es de sólo participación y no consulta, y sólo en la evaluación de impacto ambiental y tampoco es vinculante. En fin, con una ley de ese tipo se está en graves problemas, no se cumplen los derechos indígenas”, afirmó Silvina Ramírez, integrante de la Asociación de Abogados de Derechos Indígenas (AADI) y del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (Gajat).

El proyecto de ley mantiene una gran coincidencia con el avance del modelo sojero, la legislación de hidrocarburos (incluido el fracking en Vaca Muerta) y de las leyes de megaminería: ignora toda la legislación indígena vigente.

La acción judicial de las 33 comunidades reclama que se respeten sus derechos. Llegó hasta la Corte Suprema pero fue remitida a tribunales provinciales. En la actualidad tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Dilemas del progresismo extractivo

La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales. A diferencia de la minería metalífera a gran escala, no realiza voladura de montañas ni utiliza explosivos y cianuro. Pero sí compromete las fuentes de agua, en una región de extrema sequía.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertó ya en 2002 sobre el riesgo minero en la región de a Puna: “Sus principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.

En diciembre de 2010, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos (…) La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (…) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (…) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad”.

Rodrigo Solá, uno de los abogados de las comunidades, explicó que (durante la exploración) “perforaron el acuífero” y realizaron un doble mal: contaminaron el acuífero de donde obtienen agua para consumo humano, animales y cultivos. Y, al mismo tiempo, el agua dulce que ascendió hasta la superficie arruinó la sal de ese sector de la salina.

Tras cinco años de resistencia, en Salinas Grandes no hay minería de litio. Sí comenzó la explotación a 90 kilómetros, en Susques, donde el accionar conjunto del gobierno provincial y las empresas Orocobre (australia-estadounidense), Posco-Exar (consorcio coreano-canadiense) y Sales de Jujuy dividió a las comunidades indígenas.

El proyecto de ley de Heller y Junio señala que en la explotación de litio “sus impactos a la salud y a la integridad territorial-ambiental son mucho menores que cualquier otra alternativa energética” y destaca que “la preocupación por el impacto ambiental y a la población de la extracción del litio está ampliamente incluida en los artículos 18, 29 y 41”.

De la lectura de los artículos se desprenden generalidades:

“Deberán adoptar las medidas necesarias para proteger el ambiente, los recursos naturales y culturales”.
“El Fondo Nacional para la Valorización del Litio se destinará a la implementación de instrumentos para la prevención de los impactos ambientales”.
Se incorpora “la inclusión de los organismos nacionales y provinciales que velan por la integridad ambiental”.
No menciona la Ley General del Ambiente (norma básica en la materia) ni el “principio precautorio” (cuando no haya certeza científica, deben tomarse medidas para proteger a la población y el ambiente), derecho reclamado por organizaciones sociales, asambleas socioambientales y pueblos indígenas.

Clemente Flores, kolla de la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes (que reúne a las 33 comunidades afectadas) no cree en espejitos de colores: “Dicen que no van a contaminar pero ya afectaron el acuífero y las salinas. No nos contó nadie, lo vimos nosotros mismos en el territorio”. Y deja un mensaje para los legisladores: “Antes de escribir leyes debieran leer la Constitución Nacional y los convenios internacionales. Ahí verán que tenemos derechos y que ellos también deben respetarlos”.

Fuente: http://www.comambiental.com.ar/2015/07/ypf-del-litio-la-mineria-progresista.html