A las 13 sentada pacífica en la rotonda de PBB

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Ayer a las 14 10 una explosión sacudió Ingeniero White y barrios lindantes. Tres trabajadores fueron hospitalizados. Según informó la empresa DOW, donde se produjo el hecho, la situación estuvo fuera de peligro hacia las 15 30.

Sin embargo, el Comité Técnico Ejecutivo emitió un comunicado recién a las 20 30, es decir, seis horas después del siniestro.

Hoy a las 13 vecinxs de White llevarán a cabo una “sentada pacífica en la rotonda de PBB”. Una de las preocupaciones es cómo actuar en caso de emergencia. Durante la tarde de ayer fuimos a recorrer la vecina localidad. En general, lxs vecinxs manifestaron su preocupación por la falta de información y, en función de eso, la incertidumbre respecto de qué hacer ante una situación donde la desinformación y la incertidumbre van de la mano. “Si hay una situación de emergencia no tenemos vías de salida” de la localidad. Sostienen que “el proceso apell” no sirve.

“Ayer estaba tranquila en casa durmiendo a mi hijo. Más que la explosión sentí un temblor. Como estoy acostumbrada me quedé escuchando a ver si volvía a escuchar ruido. Automáticamente empezó a sonar la sirena de los bomberos. Ahí me empecé a preocupar y a averiguar. No salí, busqué en las redes sociales”, dijo Cintia, vecina de White, a FM De la Calle.

“Es la segunda vez que pasa en el mismo reactor. La primera vez pasó a mediados de octubre. El mismo reactor”, agregó.

“Lo que hice fue dirigirme al CTE. En ese momento (Cesar) Pérez (responsable del organismo) no estaba, obviamente. Me atendió uno de los chicos que está de controlador y me explicó más o menos la situación. Así me enteré. Pero realmente fue un caos porque después te vas enterando de todo. En ese momento no tenía a mi hijo en el jardín pero padres que tenían chicos en los jardines empezaron a llamar desesperados y tengo entendido que los propios maestros confinaron a los chicos después de escuchar el ruido. La onda expansiva se escuchó hasta Villa Nocito. Esto fue muy grave y no lo digo yo, me lo dijo gente del CTE”.

Preocupada por la participación vecinal en pos de la búsqueda de salidas a la problemática, Cintia remarcó que “esto sigue. No se sabe por qué explotó la primera vez ese reactor. Todavía están esperando las pericias. Por lo tanto, si pasó en octubre vamos a saber por qué pasó esto el año que viene”.

Escuchá la nota completa:

Por su parte, esta mañana la empresa DOW informó a través de REX Comunicaciones lo siguiente:

A menos de 9 horas de ocurrido el evento,  reportado el 3 de noviembre, en la planta de polietileno de baja densidad (LDPE), compartimos  información reunida, luego de un análisis aún preliminar del incidente, con la intención de aportar algunas aclaraciones, en la medida de nuestras posibilidades actuales:

–       A las 14.10 hs se produjo una pérdida de etileno seguida de incendio en la zona de reacción de la planta de Polietileno de Baja Densidad (LDPE) ubicada en la Av. 18 de julio.

–       Por el momento no estamos en condiciones de definir las causas, las que están siendo investigadas mediante un proceso que involucra a especialistas locales e internacionales.

–       A las 14.12 hs las autoridades del CTE recibieron el primer llamado de la empresa, reproduciendo la información que dentro de las plantas se estaba transmitiendo por radio a través del canal de emergencia.

–       La emergencia fue categorizada Nivel 1 dentro del marco del Proceso APELL. Esto significa que el evento estuvo confinado, acotado en todo momento dentro de los límites de la unidad operativa en cuestión y sin implicar riesgos para la comunidad cercana. Para este tipo de categorización, no está previsto que se active la sirena comunitaria, ubicada en Ing. White.

–       La situación fue controlada por la brigada de emergencia interna con apoyo de dos dotaciones de bomberos de Ing. White y una de Prefectura.

–       El final de la emergencia se declaró a las 15.30 hs. En total participaron unas 50 personas, utilizando equipos propios y de los cuerpos externos.

–       Los sistemas automáticos de parada de planta y de respuesta a emergencia se activaron inmediatamente y se conformó el equipo de crisis del complejo para dar soporte a la contención del evento.

–       Dentro del conjunto de empleados propios y contratistas, hubo 3 personas afectadas. Una de ellas, que se encontraba cerca del lugar del evento, fue atendida por aturdimiento y retirada en camilla para estudios más completos en el Hospital Privado del Sur. Las otras dos, que se encontraban en edificios linderos dentro del complejo, fueron asistidas por contusiones en sus manos. Los exámenes posteriores no revelaron lesión alguna. Los accidentes fueron catalogados como casos de primeros auxilios y ninguno de ellos se encuentra hospitalizado.

–       La planta se encuentra parada, en condición segura. El resto del complejo está en operación normal.

–       Se están evaluando los daños, comenzando las tareas de limpieza y remoción necesarias para proceder con la investigación del incidente.

–       Las autoridades de control fueron debidamente informadas y puestas en conocimiento de las acciones tomadas. Se hicieron presentes en la planta y realizaron las inspecciones visuales pertinentes.

–       Los medios de comunicación locales recibieron información a requerimiento.

–       En principio podemos reportar daños materiales localizados en la planta, laboratorio de control de calidad y sector de logística.

–       Queremos destacar y felicitar públicamente la capacidad de respuesta y  el profesionalismo del personal propio que participó en el control de la emergencia,  como así también a los grupos de Bomberos Voluntarios de Ing. White y de la Prefectura Naval Argentina.

–       Asimismo ponemos énfasis en que todas las barreras de protección y los sistemas de detección y respuesta se activaron de acuerdo con lo previsto con el objetivo de minimizar impactos a la seguridad de personas, instalaciones, medioambiente y comunidad cercana.

–       Entendemos que eventos de estas características generan preocupación en nuestra ciudad y seguimos a disposición para aportar y completar todas las aclaraciones que resulten necesarias.

–       Continuaremos compartiendo el estatus de la situación a medida que progresemos en la investigación y en las acciones necesarias hasta reanudar la operación normal de la planta.

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Incendio en planta de Dow

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Alrededor de las 14 se registró una explosión y posterior incendio en la planta DOW del Polo Petroquímico. Las instalaciones fueron evacuadas. Una persona fue hospitalizada por aturdimiento y otras dos sufrieron traumatismos en sus manos.

Vecinxs de la zona y trabajadorxs de plantas linderas salieron a la calle preocupadxs porque “temblaban los vidrios y volaban fierros por el aire”, según sostuvieron distintos testimonios a FM De la Calle. Mientras tanto, personal de la firma, Bomberos de White, Defensa Civil y Prefectura Naval se trabajan para apagar el incendio.

Cabe recordar que el 9 de octubre el CTE infraccionó a PBB POLISUR S.A (DOW Argentina) por falta de aviso inmediato de un evento de fuego ocurrido en la misma planta de producción de polietileno de baja intensidad.

Actualizaciones:

Para este miércoles a las 13 fue convocada una SENTADA VECINAL en la ROTONDA de PBB y el CORTE PACÍFICO de una de las ENTRADAS MÁS IMPORTANTES a la EMPRESA DOW.

La información brindada por el CTE a las 20:30

12212431_899071810170581_1471977689_nLa Agencia Ambiental de la Municipalidad de Bahía Blanca informa que el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) actuó inmediatamente ante la explosión e incendio ocurrido en la planta de Polietileno de Dow Argentina, hoy a las 14:10 hs.

A través de Defensa Civil se activó el Plan de Respuesta a Emergencia Tecnológica (PRET) categorizando a la emergencia de nivel 1. No fue necesario activar las sirenas comunitarias ni enviar los mensajes masivos de texto, debido a que no se preveían consecuencias que pudieran afectar a la población, tal como es indicado en el Proceso Apell. Cabe aclarar que tanto las sirenas comunitarias como los SMS alertan a los vecinos y los llaman a confinarse y a tomar distintas medidas de autoprotección.

A las 16:10 luego de concluida la emergencia y previa recorrida por la zona afectada, Defensa Civil dio por finalizada la emergencia.

Se recibieron 80 llamados de vecinos de distintos puntos de la ciudad al teléfono de emergencias 911. Personal del CTE se comunicó con ellos a fin de informarles sobre lo ocurrido y lo actuado por el organismo.

Hubo una persona atendida y derivada al hospital por aturdimiento y dos personas con posible traumatismo de manos.

La planta se encuentra parada, se solicitó a la empresa un informe técnico completo de  las causas que originaron el incidente,  como así también informar previamente a la puesta en marcha para realizar una inspección.

La versión oficial de la empresa difundida a las 16:30

Dow cumple en informar que en el día de la fecha a las 14.15 hs, por causas que aún no se pueden determinar, se produjo una explosión con un incendio en la zona de reacción de la planta de Polietileno de Baja Densidad (LDPE) ubicada en la Av. 18 de julio.

La situación fue controlada por la brigada de emergencia interna con apoyo de los cuerpos de bomberos de Ing. White y de Prefectura, declarándose el final de la emergencia a las 15.30 hs. Los sistemas de parada de planta y de respuesta a emergencia se activaron inmediatamente y se conformó el equipo de crisis del complejo para dar soporte a la contención del evento.

Hubo una persona atendida y derivada al hospital por aturdimiento y dos personas con posible traumatismo de manos por pérdida de estabilidad. El resto del complejo está ajustando su operación debido a la posible afectación de áreas comunes. Las autoridades de control fueron debidamente informadas y en conocimiento de las acciones
tomadas.

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Antenas: triunfo vecinal

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El juez José Luis Ares ordenó desmantelar la antena de telefonía celular 4G instalada en Agustín Álvarez y Rizzo. Fue en el marco del amparo presentado por la Asociación Civil Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca contra Telefónica Móviles Argentina S.A., la Municipalidad y el Club de Equitación. Deberá ser en el plazo de tres meses bajo apercibimiento de una multa de cinco mil pesos por cada día de incumplimiento.

El magistrado remitió la causa a la Fiscalía para investigar al intendente Gustavo Bevilacqua y los titulares de la Agencia Urbana, Planificación y Desarrollo y la Agencia Ambiental por posibles delitos violación, omisión o retardo de los deberes de funcionario público.

“Hay certeza científica acerca de la peligrosidad que acarrea la antena en cuestión, por lo que el principio preventivo exige tomar las medidas necesarias para proteger el derecho a la salud de los potenciales afectados y el derecho a un ambiente sano. Pero a mayor abundamiento, destaco que incluso en caso que la apreciación o convicción respecto de ese peligro fuera dudosa, sería imprescindible tomar la misma decisión por aplicación del principio precautorio que rige en materia ambiental”, aseguró el juez correccional.

Ares dejó sin efecto el certificado de prefactibilidad y el permiso otorgado por la comuna para “instalar y hacer funcionar la antena en cuestión, y ordenar que se cumpla la Ordenanza Municipal 17130 y declarar la inhabilitación para la emisión de señal o radiación alguna a través de dicha antena en dicha ubicación, para lo cual se comunicará esta decisión al organismo controlador, OPDS”.

“Comenzamos con una fuerte convicción y mucha valentía. Se conformó la ONG Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca como una muestra de nuestra solidaridad, no queriendo que nuestro problema se traslade a otro barrio tal como nos propuso el intendente Bevilacqua, de sacarla de nuestro barrio e instalarla en otro. Quisimos en cambio trabajar para solucionar un problema que tiene solución, con compromiso político e inversión económica, colocando las antenas fuera del ejido urbano e instalando la tecnología adecuada para que la señal llegue a nuestros teléfonos en bajos niveles de emisión que no perjudiquen la salud y a los seres vivos”, dijeron lxs vecinxs denunciantes en Facebook.

La relocalización de la antena deberá realizarse tras una evaluación de impacto ambiental y el cumplimiento de la mencionada ordenanza en sector “fuera de la planta urbana y alejado de los centros de reunión”. El Club de Equitación deberá abstenerse “de colocar en su predio por sí o a través de terceros antenas de telefonía celular que emitan ondas electromagnéticas” en violación a la normativa local.

“La ordenanza fue sancionada por la presión de los organismos y de la gente, estuvo cajoneada en el Concejo Deliberante y no la quisieron aplicar. Cuando quisieron, le introdujeron modificaciones para tener ellos una parte del control y poder tener la cometa, lo único que les importa acá es el diezmo, el quince por ciento que manotean”, aseguró el abogado de la ONG Leandro Aparicio en relación a los funcionarios municipales.

Si bien el fallo es apelable, el letrado explicó que “la concesión del recurso es con efecto devolutivo” y no suspensivo, por lo tanto, la empresa deberá proceder a quitar la antena hasta tanto termine definitivamente la causa.

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Lo que se discute y oculta sobre la economía en víspera de elecciones.

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(Por Julio Gambina) En vísperas de las elecciones de renovación presidencial, se procesan problemas económicos que atraviesan fenómenos coyunturales y otros estructurales. Algunos se asumen en la discusión electoral, especialmente en la lógica de retomar la senda del crecimiento; y otros, especialmente los estructurales aparecen ocultos o escasamente tratados, aun cuando la sociedad demanda su atención.

Se destacan entre estos últimos los relativos al modelo productivo, con escasa visibilidad en el debate electoral, aun cuando tienen fuerte presencia en el conflicto social y en la discusión por otra sociedad.

Entre ellos, sobresale el episodio promovido por la Barrick Gold y el derrame de solución con cianuro en San Juan, que movilizó a buena parte de la población, especialmente en la ciudad de Jáchal, la zona directamente afectada. La novedad es la represión y detención a los protagonistas del bloqueo para el ingreso a la mina Veladero, la más importante en la producción de oro en la Argentina. Es un episodio que genera múltiples debates entre el activismo crítico a la mega-minería y la sociedad que asiste con asombro al cambio de clima respecto al consenso previo a la gestión política de estas inversiones externas y su efecto de saqueo. Aún está pendiente la opinión judicial y los estudios técnicos sobre el asunto y se habilitó un debate escamoteado hasta el momento, con escasa intervención y opinión de los principales aspirantes a ocupar la presidencia en el próximo periodo gubernamental, entre 2015 y 2019.

Algo similar remite al bloqueo, que ya acumula más de dos años, a la planta que Monsanto pretendió instalar en Malvinas Argentinas, Provincia de Córdoba. Los tres candidatos presidenciales al frente de las encuestas sostienen el modelo agrario de industrialización para la exportación fundado en el paquete tecnológico abastecido por transnacionales de la alimentación  y la biotecnología. Las opiniones críticas se sostienen desde el activismo social y político con relativo éxito en la discusión pública, aun cuando existen extendidas voces entre pobladores, campesinos, productores, comunidades, técnicos, profesionales y ámbitos académicos en la discusión sobre la soberanía alimentaria, más allá de la difundida seguridad alimentaria, que a diferencia de la anterior, no discute el modelo agrario.

Tanto la mega-minería como el modelo sojero y agrario, son aspectos trascendentes del modelo productivo y de desarrollo en la Argentina, ampliamente elogiados por sus mentores, los inversores externos y sus socios locales, como estratégicos para el crecimiento y el desarrollo de la economía. En rigor, para sus ganancias y lógica de acumulación de poder económico y político. Algo similar ocurre con la explotación de los hidrocarburos no convencionales, ámbito en el que se esperan ingresos de capitales externos para la explotación y superación de la crisis derivada del déficit energético de la Argentina. Adicionemos que se trata de un sector que acaba de recibir beneficios sustanciales en el precio de sus productos, muy por encima del precio internacional de los hidrocarburos, aun cuando lleva meses la caída del precio en el ámbito mundial.

Durante años se sostuvo la importancia del fuerte ingreso de las inversiones para la realización de la mega minería a cielo abierto y solo ahora aparecen más visibles los efectos regresivos sobre la sociedad y la naturaleza. Es cierto que el asunto estuvo anticipado en Esquel en 2003, contra el intento de radicar una inversión cercana en la ciudad, y más recientemente en las denuncias contra la explotación del cerro Famatina en La Rioja, o las denuncias y resistencias por La Alumbrera en Catamarca. Pero el derrame en San Juan evidenció al país el riesgo del modelo productivo de saqueo sobre nuestros bienes comunes.

En el mismo sentido debe considerarse el cambio productivo en el agro, consolidado con la autorización al uso de transgénicos en la década del noventa, que permitió la expansión de la frontera agrícola sojera para la exportación. Ese fenómeno motivó la salutación a las autoridades argentinas de los directivos de Monsanto, principal proveedor del paquete tecnológico para el funcionamiento del modelo agrario en el complejo de la soja. Hoy es cuestionado por un amplio movimiento social que incluye a los pueblos fumigados y al sector productivo asociado a la agricultura familiar y comunitaria, y no solo por razones económicos, sino también sociales y culturales asociados al modo de desarrollo.

Con matices se afronta la cuestión industrial, ya que todo parece reducirse en el debate electoral a la necesidad del ingreso de capitales externos para la inversión, con escasa discusión del carácter dependiente de insumos estratégicos que supone el sector integrado en la economía mundial, el que definen las transnacionales y sus socios locales. Lo que no aparece es la necesidad de discutir un modelo industrial que resuelva insuficiencias históricas que promueven la dependencia y el atraso, asociado a lo cual se inserta el debate sobre los sujetos de la industrialización, algo en lo que pueden intervenir los protagonistas de las fábricas recuperadas, las cooperativas de producción y los emprendimientos autogestionarios. A ellos se puede sumar a un amplio abanico de pequeños empresarios subordinados productivamente a la lógica hegemónica del gran capital fabril, local y extranjero.

En el modelo productivo y de desarrollo está el corazón de los que se necesita discutir. Sin embargo, son aspectos alejados del debate electoral, que solo se concentra en la lógica de lo visible en materia de política económica: evolución de los precios, especialmente de las divisas; la confianza en las inversiones externas y la reinserción en el sistema financiero, con más deuda pública, todo para superar la desaceleración económica y la caída de la producción manufacturera.

No es menor discutir sobre la inflación, sus impactos y medidas correctivas sobre impuestos, especialmente de la 4ta categoría en ganancias, o el sentido y destino del gasto público; pero son todas medidas derivadas de las cuestiones estructurales, en general ausente en el debate electoral y presentes en la demanda de la sociedad que aspira a la organización de otro modelo de producción y de desarrollo. Será algo a definir en el proceso de la lucha y la disputa cotidiana por otra sociedad, una cuestión que trasciende la contienda electoral.

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Contaminación en la ría: pescadores se sienten ignorados

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Eduardo Mena, integrante de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría de Bahía Blanca y denunciante de la contaminación del estuario por parte de las empresas del polo petroquímico y ABSA, aseguró a FM De la Calle que no hay novedades en la causa y que el juez Agustín López Coppola “no tiene tiempo para atendernos”.

“Hace ya cinco años y no hay novedades, no hay movimientos. Las empresas siguen contaminando. Hemos hecho pruebas tan simples como agarrar un vaso de agua de lo que sale de las empresas, meter una lombriz adentro y se muere”, afirmó.

El pescador insistió en que junto al resto de los denunciantes quieren “ver un cambio, por lo menos que dejen de contaminar, más allá de la fuente de trabajo que me la arrebataron”. “Que una causa no avance por ahí es entendible con los términos judiciales, pero que sigan contaminando me parece un asesinato. Y no solo es el tema pescadores, se contamina toda Bahía Blanca, Villalonga, Punta Alta, porque esto es por agua y por aire”, declaró.

En cuanto a la actividad ictícola Mena explicó que “está muy pobre, ya casi no hay pesca, la mayoría -incluyéndome a mí- hemos salido a buscar otros trabajos como lo que es limpiar patios, cartonear y, algunos, trabajos ilícitos”. A la pérdida de la fuente laboral tradicional se suman las dificultades que les genera pelear judicialmente por sus derechos porque “ya no te toman en ningún lado”.

Mena sostuvo que tampoco encontraron respuestas en ámbitos políticos: “Promesas hemos tenido del Municipio, de todos lados, pero la única respuesta que hemos tenido es cuando hemos hecho disturbios, hemos quemado gomas, hemos hecho cortes. Lo cual yo lo he hecho pero no es de mi agrado, a mí se me enseñó a trabajar no a ir por la justicia, por lo legal. Yo entiendo que hay mucho poder por delante pero la contaminación sigue, nosotros estamos a la deriva, nos cerraron las puertas de todos lados. Hoy por hoy hacemos peripecias para darle de comer a nuestras familias”.

En cuanto al manejo de fondos públicos destinados a la reconversión pesquera o la indemnización de trabajadores resignados ante el avance industrial, Mena comentó que “podemos tener veinte mil deducciones pero pruebas no tenemos ninguna. Pero que hubo un mal manejo lo sabemos todos”.

“Eso lo dictamina la justicia y, bueno, ellos tienen el poder para investigar a quien tienen que investigar (…) Hay gente que se le dijo que se le iba a dar sesenta mil y le dieron veinte mil. Yo entiendo que en la pesca hay mucha gente que no sabe leer ni escribir pero me parece muy deshonesto que se hayan abusado de tal forma de haberles mostrado un montón de plata y que no sepan lo que era. Y bueno, los robaron, en cierta forma les robaron”, dijo.

Por otra parte, el pescador informó que tras las denuncias judiciales referidas a los atentados e intimidaciones sufridas por su grupo y su abogado “el tema se calmó muchísimo” aunque “desvió la causa”.

“Más de uno de nosotros tiene la vida jugada porque se sabe que nos estamos metiendo con gente que no se va a quedar tranquila. Esto ya del momento en que lo iniciamos teníamos de idea de que nos podía pasar algo, pero la lucha es que dejen de contaminar, la lucha es salvar nuestra ciudad, salvar nuestros hijos y poder tener una fuente laboral”, concluyó.

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Criminalización y circo

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Entre el 26 de octubre y el 5 de noviembre se realizará en Zapala un juicio por jurado contra la inal lonko de la comunidad Winkul Newen, Relmu Ñamku, por tentativa de homicidio agravado y a otros dos mapuche por daños en el marco de un proceso de defensa territorial ante el avance petrolero.

“Sabemos que vamos a un juicio desmesurado, que tiene todo un tinte racista detrás, donde la justicia neuquina pretende amedrentar al pueblo mapuche con este juicio como una causa ejemplar para aplacar las luchas que venimos sosteniendo”, dijo Relmu a FM De la Calle.

Los hechos sucedieron en diciembre de 2012 cuando la oficial de justicia Verónica Pelayes, policías y representantes de la petrolera Apache entraron al territorio de la comunidad para notificar su desalojo firmado por la jueza civil antimapuche Ivonne San Martín. Lxs originarixs paralizaban el yacimiento Portezuelo Norte mientras velaban a una beba nacida con serias afecciones de salud. La comunidad se defendió con piedras, la empleada judicial fue herida en el rostro y al día siguiente Relmu se enteró que la acusaban de tentativa de homicidio.

Las audiencias se realizarán en una gran carpa frente a los tribunales “como si fuera un circo”. Para la dirigente originaria se pretende mostrar “que se está llevando al banquillo de los acusados al pueblo mapuche, pero nosotros también con esto tenemos la posibilidad de mostrar y evidenciar cómo el sistema judicial, el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén, hoy trata el tema”.

“Por un lado, se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios en el país pero, por otro, no hay una aplicación de estos derechos, lo cual ha implicado diversos y múltiples conflictos en donde hoy se mantiene judicializados a un porcentaje importante de la población indígena que está resistiendo a la avanzada no solamente de la industria extractiva, sino también de los distintos emprendimientos que en manos privadas pretenden desarrollarse en territorio indígena”, explicó.

En el territorio de la comunidad Winkul Newen, “una de las luchas más importantes es contra la explotación petrolera, que no es nueva. Hace más de dos décadas que se viene resistiendo primero a la explotación convencional y ahora tenemos el nuevo método que se ha inventado, el fracking”. De la misma manera se enfrenta a la megaminería en otros puntos del país. “Por suerte podemos decir que más allá de todas estas causas judiciales y persecución, el pueblo mapuche está resistiendo al avance del modelo extractivista dentro del territorio indígena”.

Consultada acerca del acompañamiento social a la causa indígena, más allá del discurso racista de la dirigencia gubernamental y empresarial, Relmu aseguró que “hay que tener siempre en cuenta que hay una gran parte de la sociedad que está en simpatía con el pueblo mapuche y que eso también refleja quiénes son hoy los dueños, entre comillas, de las tierras. Hay numerosas extensiones de tierras que están en pocas manos, que son privados amigos del gobierno, de las empresas, que son una minoría, nada más que como manejan el poder económico terminan definiendo las políticas para la mayoría”.

“Tiene que ver con ese abuso de poder que tienen los gobiernos corruptos que se apropian de las tierras, que entregan concesiones sin consulta a los pueblos originarios”, dijo y agregó que el trabajo de las comunidades implica la “concientización de esta sociedad que muchas veces ve al pueblo mapuche como una cuestión folklórica y no como sujetos de derecho, (…) más si queremos construir una sociedad intercultural que es la que siempre levantamos como un derecho a ser diversos, a reconocernos en esta diversidad, ver la diversidad como algo que nos enriquece y nos potencia en vez de que sea algo que nos aleje”.

maxresdefaultLa inal lonko de Winkul Newen recordó que “cuando éramos chicos nos decían ‘indios de mierda’, ‘negros’, y nosotros, como cualquier niño en un contexto donde el mismo sistema educativo no está adaptado para poder contener la diversidad, claro que no queríamos ser lo que se nos acusaba. Y ahora de grandes, que estamos orgullosos de ser mapuche, de haber podido reconstruir nuestra identidad, tenemos una sociedad o un sector racista que niega y no quiere reconocerla, incluso acusándonos de que no somos mapuche. Es una locura ver cómo se va manipulando el discurso para no garantizar los derechos que tenemos”.

Ñanku comentó que su participación en el 30º Encuentro Nacional de Mujeres, recientemente realizado en Mar del Plata, “tiene que ver con seguir construyendo alianzas, como pueblo originario sabemos que enfrentar solos un monstruo como este sistema, como el modelo extractivista, es imposible. Cuando interpelamos a ese modelo estamos diciendo que las mujeres somos más vulnerables porque la contaminación, más allá de afectar nuestros pueblos, nuestros territorios, el aire, el agua, las primeras en ser afectadas somos las mujeres por perder la posibilidad de traer vida al mundo por los abortos espontáneos, por solo decir alguno de los casos que se generan a partir de la contaminación”.

En cuanto a las imputaciones, Relmu afirmó: “Seguimos sosteniendo nuestra inocencia, sostenemos que yo no tiré esa piedra de la cual se me acusa. Los hechos que ocurrieron ese día fueron en el marco de la defensa territorial en el patio de nuestra casa, como cualquier persona defendería su hogar o su territorio, en este caso para los pueblos originarios. Jamás tuvimos la intencionalidad de matar”.

“Salimos automáticamente, cuando nos enteramos de lo que había ocurrido, a pedir disculpas públicas para Verónica Pelayes que es la oficial de justicia. De ninguna manera la consideramos una enemiga sino que creemos que es una víctima tal cual nosotros ante un Estado que sigue sin reconocer nuestros derechos, un Estado que pretende avanzar como en la época de la Conquista del Desierto, como si en estos territorio nos existiese gente, no viviera nadie”, manifestó.

FOTO IndymediaÑamku advirtió que “este caso se va a utilizar para otras luchas sociales y esa es la preocupación que tenemos y que por suerte han podido entender muchas de las organizaciones que nos apoyan. Al ser un caso testigo va a ser parte también de poder escarmentar a otras organizaciones y movimientos sociales que están en lucha”.

Finalmente aseguró que la fiscala que realizó la investigación, Sandra González Taboada, es muy cuestionada en la provincia y tiene un pedido de jury por parte de familiares del joven Sergio Ávalos –desaparecido en 2003- y otras organizaciones “por mal desempeño, por mala praxis, por haber cajoneado pruebas fundamentales para poder resolver este caso tan impune”.

“Es una fiscal que además ha tenido la posibilidad de resolver otras denuncias que ha hecho nuestra comunidad Winkul Newen en hechos de violencia donde una patota petrolera (nos) ha violentado, ha golpeado salvajemente a nuestras mujeres embarazadas, a menores de edad con tiros en las piernas, una anciana con su cabeza golpeada, macheteada con cuchillo. Sandra González Taboada tuvo la posibilidad de investigar esta causa y, sin embargo, la dejó prescribir.

“Esta sí la caratuló como ‘lesiones’ y por eso creemos que es una fiscal que está de la mano con el gobierno, que es una fiscal que le abre todas las puertas para que las empresas petroleras saqueen el territorio, no solamente mapuche sino de toda la provincia de Neuquén”. Para Relmu, la funcionaria tiene “distinta vara judicial para medir las causas”: avanza en aquellas contra “pueblos originarios y pobres” y garantiza impunidad en aquellas en las que “esté en juego el poder económico como son las petroleras o la corporación judicial”.

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Charla sobre Soberanía Alimentaria en la UNS

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Con el impulso de la Vía Campesina se celebra hoy el Día de la Soberanía Alimentaria de los pueblos. En Bahía Blanca el Espacio de Trabajo por la Soberanía Alimentaria -ETSA- realizará desde las 19 una charla en el Aula 9 del Departamento de Agronomía de la UNS (San Andrés 800). “Concepto e implicancias de la soberanía alimentaria en el modelo agropecuario y el sistema agroalimentario” será el punto de partida del lic. Matías Alamo.

Esta mañana el disertante comentó en FM De la Calle que se discutirá “cómo y cuándo un pueblo es soberano y cómo y cuándo puede aplicar sus políticas priorizando a la agricultura familiar, a los pequeños productores, a los campesinos y a las comunidades originarias”.

“Es decir, la soberanía alimentaria la pensamos como la manera diferente de producir a este agronegocios, a este agrobusiness, a esta agricultura industrial que aplasta con todo el modelo y todo el sistema y que es controlado por cinco o seis multinacionales en todo el mundo. Es pensar un objetivo social de los alimentos y no los alimentos como una mera mercancía”, sostuvo.

Alamo destacó que “el ETSA es un colectivo que lo formamos la mayoría profesionales graduados y estudiantes de la UNS con el ámbito de aplicación en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Estamos pensando en experiencias vinculadas con la feria, con la comercialización, con acercar a esos productores familiares a los potenciales consumidores que se encuentran en el espacio urbano”.

“Nuestra experiencia es incipiente porque venimos trabajando de 2013, pero la idea es nuclear a esos pequeños productores en ferias de la agricultura familiar, de las pequeñas producciones. Uno de los principios de la soberanía alimentaria es anclar a los sistemas agroalimentarios locales, revalorizar esas economías locales y regionales que van a permitir incrementar las producciones y además, que los consumidores accedan a alimentos mucho más sanos y más nutritivos”, agregó.

gacetilla DMSA

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Polos: injusticias ambientales e industrialización petrolera en Argentina

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Las ocho grandes refinerías del país se encuentran en zonas urbanas o próximas a ellas; y en no pocos casos, quienes viven en los alrededores aseguran que la cercanía deteriora gravemente su calidad de vida. La falta de información veraz y de acceso a la documentación oficial se convierte en un problema tan serio como los riesgos tóxicos a los que están expuestos. Como demuestran los trabajos reunidos en esta publicación, no existe una firme política de control, las instancias de fiscalización no son efectivas y no se han desarrollado programas permanentes de evaluación socio-sanitaria. Estas carencias impiden un conocimiento profundo de lo que sucede, dificultan la generación de demandas para revertir la situación, invisibilizan el problema, obturan los debates públicos -tanto sobre la necesidad de otra planificación territorial como de políticas de control industrial y también la búsqueda de alternativas a la matriz energética existente-, y restringen las discusiones, en el mejor de los casos, a las intervenciones de especialistas contratados por las plantas industriales.

El Colectivo Tinta Verde fue el responsable de analizar la situación de la refinería de YPF y el polo petroquímico ubicado en Ensenada y Berisso, en las afueras de la ciudad de La Plata, Buenos Aires. En segundo lugar, el Observatorio Petrolero Sur, desarrolla el caso del complejo industrial perteneciente a YPF en Plaza Huincul, Neuquén. El presidente de OIKOS Red Ambiental, Eduardo Sosa, tuvo a su cargo el tercer capítulo, en el que leyó minuciosamente los expedientes de los incidentes ambientales y sus remediaciones en la refinería de YPF en Luján de Cuyo, Mendoza. Seguido, Mariela Dobal, periodista de FM De la Calle, de Bahía Blanca, expone el caso del polo petroquímico ubicado en la localidad de Ingeniero White y la refinería de Petrobras de Loma Paraguaya. Por último, Cecilia Bianco, coordinadora del Área Tóxicos de Taller Ecologista, fue la encargada de analizar los impactos de la refinería y la planta fluvial del Grupo Indalo, ubicados en San Lorenzo, Santa Fe.

Polos: injusticias ambientales e industrialización petrolera en Argentina aspira a ser un aporte a ese movimiento de generación de información fidedigna, que pretende conmensurar la implicancia de estas instalaciones en la vida de su comunidad, barrio, ciudad. En ese sentido, busca ofrecer una mirada global de las problemáticas socioambientales vinculadas a la industrialización de los hidrocarburos en Argentina; lo hace desde el paradigma de justicia ambiental, en un intento de enunciar y explorar las preguntas que surgen de quienes viven en las cercanías de las plantas; las que son fruto de la lectura atenta de los informes de remediación ambiental, y, finalmente, las que resultan de la ausencia o vacíos de información.

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polos

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“Estamos compartiendo nuestros saberes”

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La organización mapuche Kumelen Newen Mapu junto a integrantes de los pueblos tonocoté, ranquel, kolla, comenchingones, guaraní y toba qom inauguró este viernes la 24º Feria Nacional de Artesanxs que se realiza hasta el lunes en Plaza Rivadavia.

Ante el escaso público presente a la hora en que se programa la intervención originaria que conmemora el último día de libertad de las naciones indígenas, manifestaron su alegría de compartir sus saberes y cosmovisión en una “carpa inmensa y blanca, símbolo de la interculturalidad” con actividades destinadas principalmente a alumnxs de primaria y secundaria (Ver agenda We Sumaj Che).

“Estamos compartiendo nuestros saberes, nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver el mundo, nuestra música. Entregándolo todo, como hemos hecho siempre. En esta plaza en donde en 1859 ardían los cuerpos de nuestros hermanos mapuches. Sin odios, pero sí recordando que aún hoy como ayer, como desde los tiempos de la colonia, como desde que llegó Colón, seguimos siendo encarcelados. Sigue nuestro territorio siendo robado. Siguen siendo corridos nuestros hermanos de sus lugares. Seguimos siendo menospreciados y no nos olvidamos que recién hace muy poquito tiempo el cacique Chaile de la comunidad diaguita salió en libertad por haber estado preso por defender su territorio, su comunidad, sus restos arqueológicos”, aseguró la vocera Wuaira González Romano.

Recordó los siete meses de acampe en Capital Federal de QOPIWINI -comunidades qom, pilagá, wichí y navaclé- en demanda territorial: “Los pueblos originarios no pueden vivir en un lugar pequeñito porque su sustento está en la tierra, allí está su medicina, allí está nuestra manera de vivir, nuestros ancestros enterrados. No nos olvidamos que Ginóbili, nuestro Ginóbili de acá, dice que compró sin saber pero no detiene la orden de desalojo para la comunidad Paichil Antriao que vive en la tierra que él compró. (…) Esta es la situación de nuestros pueblos originarios en toda Nuestramérica”.

“Los convidamos no solo a escuchar lo que tenemos para decir, creemos sin vanidad que los pueblos originarios tenemos mucho para compartir en cuanto a la manera de vida. Les compartimos para recordar, porque todos lo tenemos en nuestras células. Muchos hicieron por nosotros. Este es nuestro tiempo de lucha, de defensa de esta tierra que nos fue prestada por un rato, de defensa del aire, de defensa del agua, con nuestros hijos, porque parece que este sistema nos convida a decirnos que somos nosotros y se terminó”.

“Nuestro convite es a que se organicen, a que nos organicemos, a que armemos nuestras huertas, a que nos encontremos nuevamente en comunidad, que sepamos ser comunidad, que salgamos de detrás de una pantalla. Ese es el convite. Para ustedes, para nosotros, un solo pueblo de humanidad”, finalizó Wuaira.

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Humo en el buque: “Es una falta muy leve”

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La Agencia Ambiental informó que el Comité Técnico Ejecutivo infraccionó a YPF S.A. por emisión de humos negros generados por el buque regasificador. La emisión tuvo una duración de veinte minutos con una opacidad del 60 % -según la Escala de Ringelmann- superando los límites legales de “tres minutos”. “Por un problema técnico en sus calderas tuvieron que dejar de quemar metano y pasaron a quemar fuel, lo cual provocó la emisión de humo a través de la chimenea de la caldera”, dijo César Pérez a FM De la Calle.

Agregó que “como impacto ambiental es la emisión de un material particulado fino asimilable a lo que normalmente se conoce como hollín. (…) La sanción la determina el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible de acuerdo a la historia y la gravedad. De acuerdo a lo que prevé la propia legislación esto se considera como una falta muy leve”.

Los humos negros fueron constatados ayer entre las 10:17 y 10:37 por lxs guardias del CTE Rosana Cappa y Luis Fuentes. No se recibieron llamados vecinales al 911. La Agencia Ambiental recordó que el “CTE tiene una Guardia que funciona las 24 horas, todos los días del año, la cual cuenta con cámaras domo, sensores on line, además de realizar recorridas por todo el sector industrial cada tres horas, a fin de realizar monitoreos y efectuar controles in situ”.

“Se hace el mismo tipo de controles que a las otras empresas del área petroquímica y tenemos visitas periódicas para verificar que hayan cumplimentado con todo lo que exige la ley, tanto el OPDS como la Secretaría de Energía. Con respecto a lo que es todo el movimiento del barco está a cargo el Consorcio del Puerto”, explicó Pérez.

El CTE labró un acta de infracción imputando falta al Artículo 2 de la ley 5965, Articulo 10 del Decreto Reglamentario 3395/96 conforme al anexo V, escala de Ringelmann. Luego el documento fue enviado junto a un informe para diluirse con el tiempo en el OPDS.

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Precarización en Orquestas y Coros Infanto Juveniles

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Más de 2000 docentes que trabajan desde 2010 en el programa Orquestas y Coros del Bicentenario hicieron pública su situación de precarización laboral.

“Desde el inicio somos monotributistas y firmamos contratos que empiezan y terminan cada año. Por suerte incluye las vacaciones pero implica retrasos en los cobros, en algunos casos hasta seis meses. Estamos trabajando para el Estado en una situación de precariedad y de trabajo en negro encubierto, además de los valores que están por debajo que lo que cobran otros docentes de igual tarea”, dijo a FM De la Calle Valeria Rozengardt, docente de Lenguaje Musical en la Orquesta Don Bosco de la localidad de Quilmes.

La remuneración depende de la cantidad de horas asignadas a cada docente. Muchas las horas de trabajo asignadas nominalmente no coinciden con la cantidad de horas trabajadas en términos reales, siempre en una relación desfavorable para lxs trabajadorxs.

La docente señaló que trabajan “en un programa de inclusión, que trata de romper alguna lógica en que los chicos se encuentran, de precariedad -las orquestas funcionan en barrios donde un montón de recursos no llegan, entre ellos la música que es un derecho, la posibilidad de educación-, y nosotros participando de esos espacios como el agente del Estado que va ahí a tratar de paliar ciertas situaciones de precariedad estamos precarizados”.

“Contamos con mucho apoyo de la comunidad. Hemos tenido reuniones con la Coordinación. Hemos tenido reuniones con el Director General de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación Alejandro Garay que nos ha recibido pero que básicamente lo que nos dice es: no está a nuestro alcance”.

En respuesta a los reclamos, desde la cartera educativa “hicieron todo un proceso de municipalización, cambió el área administrativa. Los recursos tanto pedagógicos como económicos para que el programa se sostenga dependen del Ministerio de Educación pero los municipios se encargan ahora de la parte administrativa. Y eso lo que hace es que nos deja en un limbo porque la administración del municipio lo que nos dice es ‘yo solamente les voy a pagar en función de la partida presupuestaria de Nación y si no me llega no me hago cargo’ y Nación dice ‘ustedes vayan a reclamarle al municipio si se retrasa en pagar’. Por eso quedamos en un limbo”.

“Más allá de un derecho laboral que nosotros merecemos y que es para cualquier trabajador un derecho estar en blanco, además pensamos que como derecho adquirido por la comunidad la existencia de las orquestas, la estabilidad laboral de sus docentes es una manera más de garantizar la continuidad del programa”, finalizó.

Según el sitio oficial de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas, “el Programa de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles para el Bicentenario está dirigido a niños, niñas y jóvenes que asisten a escuelas ubicadas en zonas de vulnerabilidad social de diversas jurisdicciones del país (…) Actualmente el Programa cuenta con 132 orquestas y 155 coros en todo el país, y  reúne cerca de 10.000 niños y jóvenes para quienes la música abrió una nueva dimensión social y pedagógica”.

Hoy existen orquestas y coros dependientes de este programa en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Mendoza, La Rioja, Catamarca, San Juan, Santa Fé, Entre Ríos, La pampa, Neuquén, Chubut, Santa cruz, Córdoba y Misiones.

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“El derrame de la Barrick Gold cuenta como delito ambiental”

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Antonio Gustavo Gómez, Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, fue entrevistado por FM De la Calle para analizar las causas legales que pesan sobre la canadiense Barrick Gold. Entre el 13 y el 14 de septiembre pasados, en la mina Veladero, ubicada en el departamento Iglesia, la empresa provocó un derrame de 1 millón de litros de cianuro.

Hace más de diez años que La Barrick Gold practica la minería a cielo abierto en la provincia de San Juan y ya acumula tres denuncias penales por los daños que ocasiona en el ambienta natural y en la vida de lxs lugareñxs.

La empresa tiene tres causas penales en su contra. La primera la inició el fiscal de Estado de la Provincia en representación del gobernador ante al Juzgado Provincial del Jáchal por un artículo del Código Penal que es la contaminación dolosa del agua. La segunda, la inició un grupo de sanjuaninxs que se presentan como querellantes en el Juzgado Nacional de San Juan y pertenecen a una ONG que se llama ‘Ciudadanos independientes’ y la tercera, fue en Capital Federal, promovido por la Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina. Sin embargo, “las dos últimas se hicieron con la ley 24.051 que condenó al empresario Julián Rooney del caso Minera La Alumbrera. Pero la primera, la del Juez de Jáchal, es sospechosa. La investigación está dirigida a algún empleado o gerente de medio pelo, a algún perejil”, aclaró Gómez.

“Hay que aplicar la ley 24.051, en la cual el artículo 57 dice claramente que el responsable es el directorio de la empresa. También se aplica a funcionarios públicos de alto nivel”, agregó.

“Permite condenas por negligencia. La diferencia entre delito doloso y el delito por negligencia o culposo es que éste último implica el incumplimiento de un reglamento, la inoperancia, la falta de arte en el oficio, lo que no significa que el Directorio no sea responsable. Pueden ser imputado los funcionarios públicos”.

Si se efectiviza esta ley, además, se obligaría a la Barrick a pagar indemnizaciones a lxs vecinxs y trabajadorxs por los daños ocasionados, tanto por este último derrame como por casos anteriores. La Minera no podría seguir funcionando hasta que no se termine la investigación y la acción penal.

Esta empresa practica la minería a cielo abierto generando graves consecuencias ambientales y de salud en lxs habitantes del lugar porque, luego de las explosiones que activa, los metales quedan desparramados por el suelo, el aire y el agua.

En simultáneo, el juez Gómez sigue de cerca las investigaciones por los delitos ambientales de la minera La Alumbrera de Catamarca. Se reanudó la actividad en la mina porque “el Fiscal Federal tendría que haber solicitado la suspensión hasta la finalización de la causa y no lo hizo”, aseguró Gómez.

“Están avanzando las 4 causas penales de La Alumbrera, más otra causa penal de contrabando y evasión tributaria de contenido económico, que involucra a autoridades mineras, de la provincia de Catamarca y de la Universidad Nacional de Tucumán que se benefician económicamente con la explotación minera. Los propios jueces no las hacen avanzar. Se han presentado muchas quejas en la Corte Suprema y se han hecho muchas pericias que muestran elementos de contaminación, pero el poder político y económico también están haciendo su juego”.

Las organizaciones sociales denuncian daños irreversibles como estos y sostienen que ponen en cuestión las promesas de progreso que enuncia la megaminería y los beneficios reales de esta actividad extractiva en el suelo que produce, ya que prioriza su vinculación con los puertos de exportación.

Para mayor información sobre la labor de Gómez en el área del derecho ambiental, hacé click en este enlace: http://www.fiscalgomez.com.ar/

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Nuevo convenio para solucionar la problemática hídrica

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El CONICET y la Universidad Nacional del Sur aportarán tres millones de pesos para una convocatoria a proyectos de investigación dedicados a la evaluación integral de los recursos hídricos para consumo humano en la región.

“El convenio se firmará para realizar un estudio integral del problema. Nos comprometimos con especialistas del CONICET en realizar un documento, que llevará 2 años de realizado, para tener una vista más general de la problema”, explicó a FM De la Calle Sergio Vera, secretario de Ciencia y Tecnología de la UNS.

Por otra parte, el funcionario informó que se encuentran “trabajando en el estudio de la calidad del agua, en la cantidad y en la diferentes fuentes actuales y alternativas. Con respecto al reciclado, queremos planificar, entre otras cosas”.

“La idea es convocar a un grupo de investigadores  de diferentes áreas, que elaboren un informe con base científica para tener un documento final. Sabemos que hoy en día la información es muy escasa”, remarcó.

Con respecto al informe que toman como plataforma realizado por Obras Públicas sostuvo que si bien pasaron 30 años “es más que obvio pensar que las cosas cambiaran pero el sentido es el mismo”.

“El próximo paso es mostrar las propuestas de los especialistas. La idea es tener 5 proyectos. Luego, con la documentación, la decisión es política”, finalizó.

Foto: El rector universitario Ricardo Mario Sabbatini y el  presidente del CONICET Roberto Salvarezza firman el convvenio (UNS).

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Malvinas Argentinas: un pueblo que resiste a Monsanto

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Lucas Vaca integra la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, la cual desde hace dos años impide con un acampe la construcción de la planta de granos de Monsanto más grande de Latinoamérica. “Hay tantas Malvinas Argentinas que no sabíamos bien a cuál iba a ir, en qué ciudad se instalarían. Empezamos a buscar información y encontramos cosas positivas, como la oportunidad de empleos. Cuando empezamos a profundizar, las cosas empeoraron. Comenzaron los aprietes, las presiones, luego la represión. Desde el Municipio no saben nada, no nos dan respuestas”, dijo Vaca a FM De la Calle.

“Queríamos saber con profundidad, solo eso.  Desde Monsanto siempre fueron negativas y con respecto al municipio y al Concejo Deliberante, las respuestas solo fueron que los permisos estaban. Nosotros sabemos más que ellos”, afirmó Vaca.

El asambleísta comentó que “los inicios fueron de vecinos auto-convocados, se sumaron más de 300, ahí las presiones aumentaron. Tuvimos ocho represiones, una compañera casi pierde la vida”, sumó, “por suerte otras agrupaciones nos están acompañando”.

A modo de reflexión, Lucas Vaca se lamentó la segmentación que esto ocasionó en el pueblo a razón de la tentación económica que puso sobre la mesa la empresa. “Han generado una división, están tratando de comprar al pueblo. Nos miramos entre nosotros como si fuéramos enemigos”.

“Queremos evitar que siga el deterioro de la salud del pueblo. Mi hermana perdió un hijo por esta problemática, somos un pueblo fumigado con agrotóxicos, por eso le decimos NO a Monsanto”. Vaca manifestó la postura de los vecinos y añadió, “independientemente del partido político que esté o del que suba, esto es una cuestión de la salud y de la vida”.

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Amnistía presentó mapa de conflictos indígenas

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Amnistía Internacional Argentina presentó un relevamiento sobre los conflictos indígenas en el territorio nacional que muestra y da cuenta de la situación de violencia y exclusión que viven. Con ese propósito lanzó www.territorioindigena.com.ar una herramienta de consulta abierta, de actualización periódica y a disposición de todas las comunidades que lo requieran.

El mapeo muestra 183 conflictos presentes en Argentina en los que comunidades indígenas exigen el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos (municipales, provinciales, nacional), empresas (agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo, entre otras), y ante jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen las normativas vigentes.

El relevamiento de Amnistía Internacional no pretende ser concluyente, sino que es el comienzo de un documento que pretende ir construyéndose y actualizándose sistemáticamente, con los aportes de organizaciones referentes en el trabajo con pueblos originarios, abogados, académicos, y referentes indígenas.

Dentro del universo de casos, Amnistía decidió destacar seis realidades para demostrar la significativa distancia entre los derechos vigentes en leyes provinciales, nacionales y tratados internacionales de derechos humanos y su efectiva aplicación: un asesinato impune, petroleras que vulneran derechos, un sitio sagrado usurpado por empresarios, obras de infraestructura que inundan territorios, una mujer mapuche a juicio y con posible condena a prisión, y la larga lucha Qom que trasciende las fronteras del país.

Mientras que la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos reconocen la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas, y asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales, los pueblos originarios siguen reivindicando su derecho al territorio, mientras sufren de forma desproporcionada violencia, exclusión y pobreza.

Escuchá a la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, en diálogo con FM De la Calle:

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Sin novedades sobre las ciclovías

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Las agrupaciones Cultura Ciclística y Quiero Ciclovías en Bahía se quejaron de que a un mes de celebrada la audiencia pública sobre el Proyecto Red de Ciclovías “nada más se ha dicho al respecto”.

“Luego de la presentación de este proyecto serio y completo en el que participaron profesionales y funcionarios públicos, el cual asimismo recibió el aporte de ideas y alternativas por parte de vecinos interesados, nos preguntamos qué cuestiones están demorando la presentación de dicho Proyecto para que sea tratado por el órgano deliberativo de nuestra ciudad, atento la necesidad de pensar en su concreción a fin de que pueda ser incluído en el próximo presupuesto anual municipal”, dijeron en un comunicado y subrayaron que “si la condición del tránsito fuera más propicia a la seguridad de los ciclistas” se sumarían muchxs más a sus filas.

Para las agrupaciones “el cambio está al alcance de la mano” si se diagraman ciclovías “demarcadas con pintura llamativa (amarillo y verde claro por ejemplo) a lo largo y ancho de la ciudad (el total de las cuatro etapas de la red proyectada) tendría por efecto un masivo reconocimiento de la presencia de la bicicleta como medio de transporte, de la mano del ciclismo urbano como fenónemo social y cultural que viene siendo adoptado por quienes en primera persona experimentan la eficacia, practicidad y economicidad de tiempo y dinero que proporciona la bicicleta en la ciudad”.

“En el entendimiento de que los cambios significativos requieren el compromiso de quienes pueden generarlos, apelamos a la buena voluntad política de nuestros representantes locales, y solicitamos se expidan respecto al futuro próximo del Proyecto de Ciclovías”, concluyeron.

Historias de la bici

Las bicicletas fueron muy populares en las décadas de 1890, 1950 y 1970. Actualmente están experimentando un nuevo auge, creciendo notablemente su uso en Bahía Blanca y todo el mundo.

En este contexto, el historiador bahiense Francisco Daniel Panizoni presenta ‘Historias de la bicicleta’, una charla abierta sobre la bici, sus orígenes y presencia en la región. Será el próximo viernes 4 de septiembre a las 18 en la Sala Juvenil de la Biblioteca Rivadavia.

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Multisectorial por el Colorado

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Se creó la Multisectorial en Defensa del Río Colorado, conformada por la Federación Agraria Argentina, Asociación de Trabajadores del Estado, Corriente Clasista y Combativa, ONG Alihuen, Fundación Chadileuvu, Consejo provincial de Lonkos Ranquel, Asociación Civil el Agora, Central de Trabajadores Argentinos Autónoma la pampa, Sec. Pueblos originarios CTA Autónoma, Mujeres Autoconvocadas, Las Andreas, Secretaría de Cultura CTA A., PSA-PTP.

Leando Altolaguirre es dirigente de la ONG Alihuen y en diálogo con FM De la Calle explicó que “el responsable de la gestión de la supervisión del Río Colorado que es el COIRCO, está integrado” por las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro. “Es el primero o el único río que se maneja con un comité de cuencas de las provincias y que no ha habido inconvenientes hasta estos momentos. Los principales inconvenientes se han ido solucionando y han tenido que ver con la actividad petrolera. También por los lavaderos industriales”.

“Estos años han venido generando una gran preocupación la realización del Mega Proyecto Minero Potasio Río Colorado, que es una inversión que se estima superior a los 10 mil millones de dólares, en donde el yacimiento del cloruro de potasio abarca las provincias de Mendoza y de Neuquén, debajo del causa del Río Colorado. Este emprendimiento, que demanda engería eléctrica, gas y agua dulce para inyectarla a temperatura y a presión para disolver lo que sería la costra de sal que se encuentra a 1200 mts de profundidad y después la necesidad de la energía para poder extraer y separar esa salmuera, pone en serio riesgo de, por un lado, contaminar las aguas del Río Colorado por la pérdida de halo ductos que atraviesan la cuenca del río y, por otro lado, también con la fila de sal de cloruro de sodio que sería uno de los productos residuales que quedaría como consecuencia de la extracción de cloruro de potasio”.

Sumado a esto “hay un proyecto que es el del trasvaso de Río Grande al Río Atuel. Mendoza tiene derecho a trasvasar esa agua así como La Pampa tiene derecho a regar, como cada una de las provincias. El tema se da en la fa forma en que la quieren implementar, y en ese comité se había establecido que el agua que tiene derecho la provincia de Buenos Aires, que es la del Río Negro, debido a que en Carmen de Patagones no puede hacer uso porque la pendiente no da para regar, tiene derecho la provincia de Buenos Aires al trasvaso del Río Negro al Colorado para poder hacer uso de esa agua”.

En este sentido, “el Agua del Rio negro es un agua de mejor calidad que el del Colorado. Tiene bajo contenido salino y por el volumen del agua que lleva los agentes contamines que pueden tener vinculados a la actividad del hombre se ven diluidos. El Rio Negro tiene un caudal de 1100 metros cúbicos por segundos y el Colorado unos 100. En donde hoy por hoy llegamos a tener una erogación en el invierno aguas debajo de 15 metros cúbicos por segundo que es prácticamente nada y cuando llegaba a Buenos Aires veía realmente menguado ese caudal, por infiltración, por perdida y por los distintos usos, en donde la zona de producción bajo riego ha visto sensiblemente reducida su superficie por la escases del recurso hídrico”.

“Entonces la idea de empezar a trabajar en concurso con las diferentes instituciones de las demás provincias es para encontrar una solución regional, que se realicen las obras necesarias” sostuvo.


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Leé el documento completo

La crisis hídrica que atraviesan los ríos que escurren por nuestro territorio provincial, sumado a la apropiación indebida de caudales por parte de las provincias que se encuentran en la cuenca superior está provocando el desmembramiento de nuestro territorio. Observamos día a día como disminuye la diversidad biológica, se salinizan los suelos, se acelera de desertificación…

Observamos como los pocos pobladores ribereños que aún quedan, se resignas al ostracismo.

Nuestra tierra sangra de dolor! Donde debía hallarse un río lleno de vida, hoy tenemos sal, arena y desolación.

El Río Colorado es nuestra fuente de vida! Sus aguas son empleadas con diversos fines – Consumo Humano, producción frutihortícola y ganadera, generación de electricidad, uso industrial, minería, recreación…

Sus aguas llegan hasta la capital pampeana por medio de un acueducto y en un futuro próximo se extenderá hasta el norte pampeano. Su principal finalidad consumo humano para mejorar la calidad de agua y mejorar la SALUD de la Población Pampeana. La provincia de La Pampa ha realizado enormes inversiones en el Sistema de Aprovechamiento Múltiple en la región y continúa con un proceso que de concretarse modificaría sustancialmente la economía y la geopolítica pampeana.

Esta realidad que sufre nuestra provincia se ha gestado a consecuencia de un desentendimiento del Estado Nacional, el accionar deliberado de las provincias arribeñas y desidia e inoperancia de nuestros gobiernos.

Hemos visto con mucho pesar, la pasividad que durante décadas han tenido los gobiernos pampeanos en la defensa de los bienes comunes (alguna vez nos dijeron que habíamos perdido el juicio por el Atuel). El silencio o la inacción de los gobernadores que pasaron, profundizaron la crisis hídrica de La Pampa, permitiendo el uso abusivo de nuestras aguas. Sus vínculos con los gobiernos nacionales impidieron una firme postura para encarar la lucha por los derechos de nuestro pueblo. En esta última década, estos, quedándose inmunes mientras el gobierno de Mendoza y el gobierno Kirchnerista planifican y realizan mega obras “a costillas” de los ríos interprovinciales como si fueran propios.

La Asamblea por el río Atuel, con fervientes reclamos,  obligó al actual gobernador, Mario Jorge, a iniciar una demanda judicial al gobierno mendocino con la sola intención de aplacar la voz popular. Con el tiempo transcurrido y con una sentencia en el pasado a nuestro favor, entendemos que eso solo fue acción política. Necesitamos efervescencia en el reclamo y en las acciones  estatales.

La justeza de nuestro reclamo es indudable, nos avala la legislación vigente y el sufrimiento de nuestros pobladores osteños. Los Derechos Humanos de los pobladores avasallados desde 1.948 constituye el principal argumento en favor del clamor de justicia.

Hoy estamos ante una situación límite, nuestro río Colorado  (kelu Leufu) está en extremo peligro.

La represa Portezuelo del Viento disminuirá notablemente su caudal desviando su mayor afluente, el río grande, para regar tierras mendocinas. Esta es una obra prevista en el tratado del Colorado y por tanto aceptada por todas las provincias signatarias del mencionado acuerdo, pero Mendoza aspira a manejar de forma unilateral su llenado y posterior manejo. Si tal cosa sucediera implicaría un gran peligro para el Colorado, puesto que Mendoza es maestra en aprovechar los Recursos Hidricos unilateralmenente. Esta situación que no alimentará a nuestro Atuel. Además servirá para alimentar eléctricamente a la mayor amenaza ambiental sobre la cuenca del Colorado: la Mina Potasio Río Colorado.

Esta mina incrementará el riesgo de salinizar toda la cuenca, lo que sumado a la actividad petrolera transformaran al río en una fuente inerte, estéril y contaminada. Perderemos todo aprovechamiento de sus aguas, desde el consumo y será imposible planificar el desarrollo humano, el desarrollo productivo sustentable, en definitiva el futuro de Nuestra Provincia.

Es imperioso buscar soluciones consensuadas que favorezcan la integración de la región y el desarrollo de cada una de las provincias favoreciendo el bienestar general y preservando el recurso para las futuras generaciones, reivindicar los derechos interprovinciales de los recursos hídricos.

Las provincias condóminos del Rio Colorado –Mendoza, Neuquén, Rio Negro, La Pampa y Buenos Aires- deben avanzar en el Estudio del Trasvase del Rio Negro al Colorado. Debería realizarse en la cuenca superior del Colorado, donde el COIRCO tiene posibilidad de almacenar agua en diques y generar energía y exigimos la intervención y regulación del COIRCO, en la Represa Portezuelo del Viento.

No abandonamos la lucha por nuestro Atuel y Salado-Chadileuvu-Curaco y no nos permitimos perder el Colorado, lo defenderemos de todos los ataques de negociados económicos que poco les importan nuestros bienes comunes.”

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Contaminación en la ría: ping pong de competencias

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La Cámara Federal rechazó la apelación de la Fiscalía y la querella sobre la declaración de incompetencia de la jueza Gabriela Marrón en la causa por contaminación del estuario bahiense. “Corresponde a la justicia local continuar con el trámite de las actuaciones, sin perjuicio de lo que surja de la investigación ulterior, por lo que propicio y voto rechazar los recursos de apelación”, dijo Pablo Candisano Mera con la adhesión posterior del ex espía Néstor Luis Montezanti.

“El tema de la competencia es una cuestión netamente formal que en algún momento se tiene que dilucidar, acá el gran problema que tenemos con las cuestiones ambientales y que ya ha pasado en otras causas en Bahía Blanca y a lo largo del país, es que hay una gran discusión entre provincia y Nación sobre quién tiene que tomar el caso”, dijo a FM De la Calle Lucas Beier, abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría.

La Cámara se remonta a un fallo de la Corte Suprema en el cual resolvió que “la persecución penal de los delitos reglados por la ley de residuos peligrosos es de competencia provincial y sólo excepcionalmente corresponde la intervención de los tribunales federales en supuestos de conflictos con efectos más allá de una sola jurisdicción”.

“Se confunden porque tanto la jueza Marrón como los jueces de Cámara toman como argumento de su declaración de incompetencia una causa civil que también estoy tramitando yo, que está en el juzgado provincial -donde la Corte ha dicho que tiene que ir- pero los argumentos son totalmente distintos, el objeto de la investigación y las leyes por las cuales se rige la competencia también son distintas”, explicó Beier.

Los magistrados agregan que “el argumento que pretenden hacer valer, respecto a que el daño excede las fronteras locales, no está probado” dado que “la presencia de contaminación en especies migrantes no es suficiente para sostener que el daño se propague más allá del ámbito provincial”.

“El delito penal lo que tipifica es el peligro a la salud generada por la contaminación, no es la contaminación en sí lo que está tipificando. Entonces lo que tiene que ser interjurisdiccional no es la contaminación sino el peligro en la salud. Por eso puse que un pez que nace y vive los primeros meses de su vida en el estuario de Bahía Blanca se alimenta con camarones, con todo el plancton que existe que ya está demostrado que está contaminado. Existe una bioacumulación en ese pez y en la etapa de adultez migra a otras provincias como Río Negro o Chubut. Y en esas provincias ese pez es consumido. O sea que el peligro para la salud no es solamente para el habitante de Bahía Blanca que va con su caña al muelle y pesca, sino que ese pez puede ser pescado en Río Negro”, afirmó.

Beier comentó que en este tipo de causas la aceptación de la competencia suele ser negativa: “Ninguno de los dos las quiere tomar, entonces genera una demora, pero es relativa porque ya la Corte ha dicho que mientras tanto exista esta contienda -que puede terminar en la Corte- el expediente tiene que seguir tramitando”.

“Estamos en una especie de ping pong donde uno se la pasa a otro y nunca se resuelve”, graficó el querellante y agregó que “los perjudicados somos nosotros que en estas idas y vueltas en las causas cada fiscal tiene una interpretación, una forma de trabajar, no es productivo que esto pase de mano en mano, de un juez a otro, de un fiscal a otro”.

Foto: Pablo Petracci.

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