Alerta por las aguas del Colorado

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Ante la posibilidad de que el gobierno de Mendoza y la minera Vale reactiven el proyecto “Potasio Río Colorado” el presidente de la fundación pampeana Chadileuvú, Héctor Gómez, dijo a FM De la Calle que “este emprendimiento, si bien no es una minera de esas que usan cianuro y ese tipo de sustancias, deja un pasivo ambiental muy importante”.

Días atrás la empresa evaluó el estado de sus bienes desplegados entre Malargüe y Bahía Blanca para intentar reactivar las obras con nuevos inversores o desprenderse de la concesión ante el vencimiento de los plazos de paralización permitidos.

Por su parte, las autoridades provinciales y nacionales ratificaron en los últimos meses que se avanzó en el financiamiento de la primera etapa del acueducto que pretende abastecer de agua a Bahía Blanca y localidades de Villarino. “En este momento el río está erogando 50m3 por segundo, por debajo de lo que debería hacer para esta época del año. Hoy en día tuvieron que dejar de regar porque el agua no alcanzaba. Realmente es un problema muy importante”, alertó Gómez.

El dirigente recordó en cuanto al emprendimiento minero  que “al principio el problema era muy grave porque se hacía a cinco kilómetros sobre una pendiente que daba al río. Esto en una zona que es sísmica, donde el viento es muy fuerte y las tormentas, si bien son escasas, son de mucha violencia. Se movilizó la ciudadanía en general por el tema de que no se hiciera el repositorio de cloruro de sodio en ese lugar y se logró que la compañía lo haga a 15 kilómetros”.

“El Río Colorado es un muy buen río pero no es el Río Negro ya que tiene un contenido salino importante. Más o menos casi un gramo por litro de sal. Cualquier cosa que pase que aumente el contenido salino plantea más dificultades para el agua. Sobre todo porque es la que consumen todas las localidades rivereñas. De ahí se extrae el agua para potabilizar”, explicó.

Por otra parte, “en el caso de La Pampa hay un acueducto muy importante que lleva agua a todas las poblaciones del sur de la provincia y a Santa Rosa y está en anuncio la obra de continuar el acueducto para el resto de la provincia. Cualquier cosa que pueda afectar el agua no solamente afecta los aspectos productivos sino humanos”.

Gómez también hizo referencia al “proyecto de sacar agua del Río Colorado para hacer otro acueducto para llevar agua hacia Bahía Blanca”. En ese caso “también puede llegar a tener problemas. Hay que estar muy atentos a todo lo que pase con respecto al río”.

Además, “hay un convenio que regula el Río Colorado y cómo se distribuyen los cupos en las cinco provincias. Como el río tiene asiento en Mendoza prevé que esta provincia pueda extraer 24m3 por segundo más 10. Es aproximadamente un cuarto de lo que es el río. Lo quieren trasvasar al Río Atuel. Entonces el río alguna vez puede tener un cuarto menos de agua”.

“Hay otro aspecto del convenio muy importante y es que, cuando se firmó, la provincia de Buenos Aires autorizó a hacer un trasvaso de las aguas propias del Río Negro al Río Colorado de hasta 50m3 por segundo para compensar la salinidad del río cuando entra a la provincia de Buenos Aires. Es muy significativo porque mejoraría la calidad del agua de Bahía Blanca. Está muy claro para muchos pero no tanto para la provincia de Buenos Aires”, sostuvo y agregó que “tenemos la dificultad de que la provincia de Río Negro prohibió por ley el trasvase. Es una ley que trata de pasar por arriba el convenio de los cinco estados provinciales”.

Respecto del uso del agua, el titular de Chadileuvú aseguró que “la empresa Potasio Río Colorado va a extraer 2m3 por segundo del río, sumado a los otros usos que mencioné. Su caudal medio está en 145m3 por segundo. Es una cifra importante. Estamos hablando de obras que hacen un uso importante del agua”.

“Tenemos que estar muy atentos con lo que pase con Potasio Río Colorado para que no contaminen el río. También a que la trocha de ferrocarril que va a Bahía Blanca se haga de tal manera que no produzca dificultades en las localidades donde pasa”, advirtió.

Finalmente, Gómez afirmó que las obras que se realicen “deben estar sometidas al COIRCO” y ser controladas por una ciudadanía movilizada. “Requiere de un estudio de impacto ambiental muy importante en todas las cuencas del río con respecto al tema del potasio. La salinidad tiene que ver con la cantidad de agua que traer. En este momento el rio está en un 50 por ciento de lo que tiene que llevar. Tenemos una crisis hídrica sumamente importante que es de todos los ríos cordilleranos”.

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“No estamos buscando la quinta pata al gato, hay una conexión real”

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Un falso robo en el estudio jurídico y un ataque con brea sobre el frente de la casa del abogado Lucas Beier. Un intento de incendio del auto de Ricardo Pasquali, el más activo de los pescadores denunciantes. Una amenaza de sujetos armados para que Eduardo Mena se deje “de joder con la denuncia por contaminación”. Otros dos pescadores -que no intervienen en la causa- fueron amenazados con frases similares en el interior del puerto de Ing. White, uno de ellos recibió un palazo y una fuerte golpiza por parte de varios hombres.

“Es muy difícil desvincular estos atentados con estas causas, con la que tienen Arellano y Beier patrocinando a la Asociación de Pescadores y también esta acción civil para el saneamiento de la ría que tramita la justicia provincial”, aseguró el fiscal Alejandro Cantaro en FM De la Calle. Los abogados mencionados querellan contra las empresas del polo petroquímico y ABSA por la pérdida de la fuente laboral de los pescadores artesanales y exigen la reparación ambiental del estuario bahiense.

El funcionario recordó que los trabajadores presentaron otra denuncia el año pasado vinculando las causas ambientales y laborales con “la confusa reparación patrimonial que le dieron a los pescadores que tenían que dejar de pescar, en el marco de un convenio o acuerdo de reorganización pesquera donde se les ofrecía a los que querían seguir mejores lanchas para ir a pescar más lejos y a los que no, una indemnización. Los pescadores denuncian que esto fue turbio, que se pagó a quienes no correspondía, que se hicieron firmar recibos por más dinero del que percibían”.

La justicia federal entendió que se trataba de delitos ordinarios y derivó la investigación al fiscal provincial Rubén Álvarez. “Habría que ver también cómo es la cuestión tributaria, de dónde salió ese dinero, cómo se pagó, si es que el dinero recibido de la provincia a través del Consorcio fue a parar a quien tendría que haber ido a parar y en qué condiciones”, detalló Cantaro.

El aporte del gobierno provincial alcanzaba en principio los diez millones de pesos aunque “los pescadores dicen que podrían probar que fueron muchos más, en el orden de los sesenta millones”. El Consorcio de Gestión del Puerto se deslindó de la repartija y contrató a la empresa Estibadores S.R.L. de Amílcar Osores.

El fiscal calificó como “llamativo” que haya sido una empresa privada la que definió a quién y cuánto debía abonarse para la reconversión pesquera o la indemnización de quienes se apartaron de la actividad. “Es una empresa de estibadores, ni siquiera tiene que ver con la pesca. Le dieron el dinero y Estibadores S.R.L. tenía que rendirle cuentas. A los pescadores les llama la atención porque el socio gerente es de apellido Osores y en el directorio del Consorcio del Puerto hay otro Osores (Marcelo) que está en representación del SUPA”.

“El Consorcio pretendía hacer una extensión del dragado que después fue impedida pero que llegó a comenzar a hacerse. Con el refulado del estuario que se saca se van construyendo como islas que, cuando se asientan, deben ser base para construcción de empresas o para ampliación de lo que gestiona el puerto. Cuando ese refulado se saca, naturalmente todo ese material sedimentado con tóxicos peligrosos que están en el fondo y que fue lo que impidió que el dragado se extendiese, eso queda todo en la superficie y cuando se seca, vuela”, afirmó Cantaro y agregó: “No es paranoia, es una conexión que existe. Justamente es el Consorcio el que les da el dinero a los pescadores para que no pesquen pero a la vez, esta distribución se hace en una forma de asociación muy extraña para ver a quién le dan el dinero. Pensar que todo esto está conectado no es una locura, una fantasía, porque uno está buscando la quinta pata al gato. Hay una conexión real y vamos a insistir con eso”.

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“El capitalismo es el dios que nadie se anima a desobedecer”

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El papa Jorge Bergoglio pidió perdón “por los crímenes cometidos contra los pueblos originarios de América en nombre de la Iglesia” durante el cierre un encuentro de movimientos populares en Bolivia. “Nos parece alentador el mensaje porque en América o Argentina hay una mayoría católica y por eso tenemos la esperanza de que ese catolicismo no se demuestre yendo a misa cada domingo solamente sino actuando cada minuto en este momento tan crucial”, opinó el integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén, Jorge Nawel.

“Se han cometido muchos pecados contra los pueblos originarios de América Latina en nombre de la Iglesia y, tal como lo dijo Juan Pablo II, es tiempo que la Iglesia se postre ante Dios y pida perdón por los pecados pasados y presentes”, dijo Francisco y recordó a “millares de sacerdotes y obispos que se opusieron a la lógica de la espada con la fuerza de la cruz. Hubo pecado y abundante pero allí también sobreabundó la gracia frente a esos pueblos originarios, recuerden a todos”.

Consultado por FM De la Calle, el referente mapuche Jorge Nawel afirmó que “el perdón es un primer paso fundamental para luego generar políticas de reparación, ese es el valor que tiene, se reconoce un hecho, se reconoce el daño y en consecuencia se asume y se reconoce que es necesaria una reparación. No lo veo solamente como una cuestión simbólica o redentora, cristiana, sino que tiene una connotación política muy importante. Es un mensaje para los gobiernos, en este caso, para el Estado argentino que es lo que a nosotros nos involucra”.

“La presidenta o los gobernadores, acá tenemos a Jorge Sapag que es declarado militante católico y sin embargo a la hora de respetar o de adorar están primero las multinacionales, están las extractivas y a ellos sí les rinden pleitesía y honores como corresponde. Pero después, a los mensajes que les pueda dar su pastor los ignoran totalmente y estamos como si el Estado no hubiese estado aquí en 200 años de historia”, agregó.

Nawel comentó que son “bastante escépticos” respecto al impacto del mensaje papal porque “acá hay un dios fundamental que es el que impera en este país y en todo América lamentablemente, incluidos los gobiernos llamados progresistas o de izquierda, y es el sistema capitalista o neoliberal el dios que nadie se anima a desobedecer”.

“El papa lo dice claramente, no tenemos salida bajo ese modelo, sin embargo el gobierno actual proclama que fuera de ese modelo estamos perdidos. Nosotros creemos todo lo contrario, que en la medida en que se profundiza este modelo extractivista que solamente ve a la naturaleza como algo para explotar y reventar, estamos todos perdidos. Están perdidos los pueblos indígenas, está perdida la naturaleza, está perdida la sociedad en general porque no hay futuro bajo estas reglas de juego extractivista”.

Finalmente, destacó que la Iglesia Católica de Neuquén es “una excepción” y les permite enfrentar en forma conjunta algunas problemáticas: “Venimos de Las Coloradas, un pueblo que está hoy amenazado por una posible explotación de cobre que va a afectar a dos ríos que dan sustento no solo a ese pueblo sino a todo lo que hay agua abajo y uno de los sectores más movilizados en contra de la explotación minera es la iglesia a través del obispo Bressanelli”.

“La impronta que dejó De Nevares aquí décadas después continúa pero no alcanza, porque mientras tanto tenemos un gobierno declarado ardientemente católico que nos da con un caño día y noche. La lucha es muy fuerte, hay un condicionamiento, una resignación enorme de la dirigencia política de que no hay otra forma de sobrevivir que no sea matando a la naturaleza y eso nos plantea un futuro sombrío. Los pueblos indígenas por supuesto no vamos a bajar los brazos porque está en juego nuestra vida, cultura y territorio, estamos en el centro de los planes de explotación y no podemos bajar los brazos de ninguna manera”, manifestó.

Foto: Nato Cantero.

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“Buscar soluciones sería mucho mejor que golpear a la gente”

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Un nuevo episodio intimidatorio se sumó al contexto de la investigación judicial por contaminación del estuario bahiense. Tras el falso robo en el estudio del dr. Lucas Beier, el ataque con brea contra el frente de su casa y el intento de incendio del auto de uno de los denunciantes, otros dos trabajadores de la pesca fueron amenazados y golpeados en el interior del puerto de Ing. White.

La noticia fue confirmada por el abogado Luis Arellano, quien representa junto a Beier a la Asociación de Pescadores de la Ría de Bahía Blanca en la causa contra las empresas del polo petroquímico y ABSA.

Ayer por la tarde aseguró durante la emisión de Tarde Piaste que “a uno de nuestros clientes lo amenazaron con una referencia bien directa a que se dejara de joder con el juicio, así fue más o menos la expresión, y ayer a la noche otras dos personas también pescadores que no son clientes, no integran el grupo del juicio, tuvieron un altercado y uno de ellos recibió una paliza con referencias directas a las acciones judiciales”.

Dentro del área portuaria “se bajó una (persona) y le partió un palo en el cuerpo a la víctima que se defendió y como la defensa fue más fuerte que el ataque, bajaron el resto que estaba en el auto, cuatro o cinco, y entre ellos le propinaron la paliza”. El letrado afirmó que la justicia intervino de oficio y opinó que “es un camino errado tratar de resolver conflictos del modo violento”.

“Se está dejando pasar la oportunidad de afrontar de una vez por todas la problemática de la contaminación de la ría de Bahía Blanca -explicó Arellano-. Ese es el origen de todas estas causas, o sea, que hoy los pescadores no tengan más posibilidad de ejercer su industria, que hicieron en forma pacífica durante un tiempo larguísimo, familias enteras que de generación en generación se dedicaban a esto hoy han perdido su tren de trabajo, su forma de vida. Y ellos han sido quienes tomaron la iniciativa de defender un recurso que es de todos, la acción que están llevando a cabo es para beneficio de la comunidad toda, que se deba dejar de contaminar y tratar de hacer algo para sanear el estuario”.

Para el abogado, si la fuerza que se encamina hacia hechos violentos fuera “la misma voluntad de afrontar este problema, se apuntaría sobre las autoridades públicas para generar las normas” que permitieran el saneamiento, que son “posibles, no muy difíciles y no muy caras, sería mejor que esto de intentar tapar el sol con las manos”.

“De hecho hay empresas privadas que controlarían, recibirían el barro residual de la cloaca de Bahía Blanca a ABSA para limpiarlo y poder vender por lo menos el 30 por ciento del agua potable que consume el polo petroquímico para su ciclo productivo”, concluyó Arellano.

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Breitenstein analiza explotación de cuenca Claromecó  

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El ministro de la Producción bonaerense confirmó que analiza un proyecto de explotación carbonífera en miles de hectáreas del sur provincial. Lo hizo ayer en una reunión con el legislador Ricardo Vago.

El diputado socialista dijo a FM De la Calle que durante el encuentro el funcionario de Scioli “confirmó la existencia del pedido de prospección y cateo para la cuenca de Claromecó por 600 mil hectáreas”.

Frente a esto, sostuvo que expresaron sus diferencias y entregaron firmas que avalan la “inconveniencia del método de prender fuego bajo tierra el carbón, ya que queda permanente encendido y va generando Syngas, que sirve, por ejemplo, para el Polo Petroquímico de Bahía Blanca. Los gases que genera se pueden diluir dentro de los acuíferos y el agua pasa a ser envenenada”.

A su vez, el dirigente del FAP también verificó que las firmas involucradas son Delmo Patricios,  Claromecó Energy y Delpo PTY, todas de origen australiano. El Código de Minería autoriza sólo 200 mil hectáreas por razón social y el área a explotar sería de 600 mil. Esto hace sospechar acerca del vínculo existente entre las distintas empresas. El Ministerio expresó que les pidieron que demuestren que no se trata de los mismos socios.

Para Vago, “antes de autorizarse el cateo tiene que informarse y debatirse en audiencias públicas con los distritos de las comunidades afectadas”.

Por otra parte, también preocupó al referente político que “afirmen que no hayan mirado las páginas donde las empresas dicen que ya tienen en explotación las hectáreas y que piensan instalar una usina”.

De esta forma, el ex intendente de Bahía Blanca, sin brindar mayores informaciones, confirmó que la explotación a través de métodos contaminantes de la Cuenca Claromecó es parte de las medidas que analiza en su planificación política.

A través del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo se hicieron estudios sobre la potencialidad de la cuenca en cuanto a la explotación del carbón.

Finalmente, el dirigente del PS aseguró que Cristian Breitenstein afirmó que “se evalúa la posibilidad de utilizar el carbón para generar energía o para realizar un gasoducto con destino al Polo Petroquímico de Bahía Blanca”.

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La agronomía del futuro

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Este sábado Bahía Blanca será sede de la “Segunda jornada sobre el uso de agroquímicos: opinión, diálogo y reflexión”. La actividad se desarrollará desde las 8 en el Salón de Actos de la Universidad Nacional del Sur, Alem 1253 1º piso.

El Centro de Estudiantes de Agronomía de la UNS propone un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias de realidades urbanas y rurales que promueven a la agroecología como el modelo sustentable para una producción sana, redituable, identitaria y fortalecedora de vínculos políticos, socioambientales y culturales en defensa de la soberanía alimentaria de las comunidades.

La jornada, que ofrece distintas conferencias y materiales, tiene un valor de inscripción de 50 pesos para estudiantes y 100 para el público en general. Para más detalles e inscripciones escribir al correo: [email protected] o ingresar al sitio de comunicación del Espacio de Trabajo por la Soberanía Alimentaria en Bahía Blanca: http://www.etsa.org.ar

Parte del cronograma contempla la participación del ing. agónomo Gustavo Almassio, miembro de la Regional Aapresid Necochea, quien disertará sobre la “Experiencia en el manejo de la producción agropecuaria actual”; el dr. Daniel Gómez, jefe del Servicio de Toxicología del Hospital de Urgencias de Córdoba para explicar sobre la incidencia de los plaguicidas en la salud; y el ing. agrónomo Eduardo Cerdá, vicepresidente del Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Agrarias Y Forestales de la UNLP, quien abordará la “Agroecología como la agronomía de los próximos años. La Aurora, una experiencia con 15 años de producción sin agroquímicos, rendimientos estables y menores costos de producción”, entre otros destacados profesionales.

Adhieren a la actividad el Departamento de Agronomía de la UNS y el Ateneo Rural Bahía Blanca.

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Incendiaron auto de pescador denunciante en causa por contaminación

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Aproximadamente a la una y cuarto de la mañana “una especie de bomba molotov”  fue arrojada “abajo del vehículo de uno de los pescadores, prendiéndose fuego”, dijo a FM De la Calle el abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría de Bahía Blanca, Lucas Beier. “Justo atrás venía un patrullero así que se lo pudo apagar bastante rápido”, agregó.

En la madrugada del 21 de junio fue agredida con brea caliente la fachada del domicilio particular del letrado.

“Es muy negativo el mensaje que están dejando. Del otro lado hay instituciones públicas y hay empresas multinacionales de gran importancia y están actuando de esta forma. Ya no queda ninguna duda de dónde viene y cuál es el mensaje que quieren dar”, aseguró Beier apuntado a las firmas imputadas en la causa por contaminación ambiental en la ría.

“Quieren dejar el mensaje más claro. Al cliente que le hicieron esto, Ricardo Pasquali, es uno de los más activos en el juicio y es el que más contacto tiene conmigo. Es el nexo entre el resto de los pescadores y las causas” agregó.

Aún no se sabe si hay testigos del hecho. Sin embargo, “ya está hecha la denuncia. La Fiscalía Federal vuelve a tomar la causa porque también hace una conexión entre lo que está sucediendo vinculado a la causa principal, que es la causa por delito ambiental”.

Los pescadores se reunieron durante el día de hoy para definir los pasos a seguir en este contexto de intimidaciones.

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Serra y Saschrgorodsky denunciados por incumplimiento

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Esta mañana el ex titular de la Agencia Ambiental Sebastián Serra, el director de Medio Ambiente Gastón Lucatini y el gerente de Bahía Ambiental Sapem Adrián Saschrgorodsky fueron denunciados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y la posible malversación de fondos nacionales destinados a la erradicación de basurales, los cuales fueron levantados sin el previo control de vectores generando la invasión de roedores en varios establecimientos educativos.

El abogado Leandro Aparicio explicó en diálogo con FM De la Calle que el municipio identificó más de cincuenta basurales -entre minibasuarles medios y grandes (históricos)-, generó un programa de erradicación y asignó recursos para tal fin a Bahía Ambiental Sapem (BAS).

“En los documentos de proyecto, tanto del Programa de Erradicación de Minibasurales como también en un documento elevado a Nación por el cual se recibieron los recursos económicos para levantar los basurales, la Agencia Ambiental estableció como política levantar primero el basural y luego hacer el control de vectores”, planteó el letrado.

Un año después la comuna presentó un informe en el cual concluyó que “levantaron cerca de 14.000 toneladas de residuos procedentes de basurales, significando un 16% de todos los residuos recolectados por la BAS en el mismo período”.

Sin embargo, para Aparicio, “no hay constancia alguna de que se hayan realizado los tratamientos de vectores correspondientes en cada uno de los basurales, ni antes ni después de sanearlos, lo cual sería grave porque no solamente que no se ejecutaron los controles de vectores sino que tampoco en definitiva se gastaron los recursos que eventualmente pudieran estar asignados para esta tarea”.

“La negligencia y la imprudencia, sumado a la irresponsabilidad y la ausencia de una correcta práctica de saneamiento en la gestión de los basurales provocó una gran proliferación de roedores en toda la ciudad, afectando principalmente el normal dictado de clases en aproximadamente cuarenta establecimientos educativos”.

Finalmente, el denunciante afirmó que Serra y Lucatini “mintieron públicamente reconociendo que siempre se hicieron los tratamientos de vectores en cada basural” y que Saschrgorodsky dijo “que BAS realiza la limpieza de basurales y que previamente le avisan a Saneamiento, pero la verdad es que no hay constancia de ninguna comunicación de este estilo”.


 

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“De todo lo que habíamos acordado no ha llegado nada“

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El último día de junio de 2014, el gobierno de Bahía Blanca anunció que a partir del primero de agosto de ese año quedaría prohibido el uso de tracción a sangre. La medida afectó a trabajadores y trabajadoras del cartón. Luego de arduas negociaciones al tiempo que móviles policiales ‘acompañaban’ el recorrido de muchxs cartonerxs, el municipio anunció una serie de medidas y se alcanzó un acuerdo con una gran parte de quienes vieron afectada su tarea.

Esta mañana el cartonero Juan Carlos Serrano dijo a FM De la Calle que están “en la misma situación desde hace un año. Con el mismo galpón, las mismas carretas, los mismos baños químicos, el agua que es una manguera sin canilla y la luz. Recibimos unas camperas hace quince días, después de un año de que las pedimos”.

Respecto de las promesas de los funcionarios de gobierno locales, el trabajador afirmó que “no hay guardería, no está el veterinario que iban a poner para los caballos, no tenemos seguro, no nos quieren blanquear, no tenemos nada de nada. De todo lo que habíamos acordado no ha llegado nada”.

Serrano afirmó que desde el gobierno “dicen que todavía no le estamos prestando un servicio a la Municipalidad y que no nos pueden blanquear hasta que no lo hagamos”.

Por las tareas realizadas a partir del mes que viene “vamos a cobrar 500 pesos más”, pasando a recibir $3500 mensuales por persona. En octubre cobrarían otro aumento de $500.

Actualmente trabajan unas 56 personas en el galpón donde se desempeña Serrano. Intentan gestionar una cooperativa para regularizar su situación y generar más oportunidades laborales.

Respecto de las tricicletas que las autoridades municipales ofrecieron como alternativa a la tracción a sangre, el cartonero afirmó que hace pocos días “fueron dos representantes a probarla y no les convenció porque son más chicas que las carretas que tenemos nosotros. Los compañeros no la quieren”.

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“Es un mensaje mafioso”

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El abogado de los pescadores artesanales en la causa por contaminación ambiental en la ría, Lucas Beier, recibió intimidaciones en los últimos días. Esta mañana dijo a FM De la Calle que “la sorpresa fue bastante desagradable. Uno siempre sospecha de que si estás luchando contra tantos intereses económicos y políticos, por supuesto que la respuesta de ellos no va a ser simplemente en una contestación de demanda”.

En primera instancia dos personas ingresaron armados a su estudio. Este “primer hecho, el asalto a mano armada, me generó ciertas dudas porque se fueron sin llevarse nada”. El abogado no se encontraba en el lugar. Sin embargo, su secretaria le dijo a Beier que preguntaron por él y le mostraron el arma. “A la policía le llamó la atención que entren dos personas armadas sin llevarse nada. Había computadoras y otras cosas. Además, estuvieron quince minutos parados en la ventana charlando. Es medio raro que alguien que entre a robar se quede quince minutos parado charlando afuera. Ingresaron a cara descubierta”.

Respecto del episodio sufrido el domingo, cuando desconocidos lesionaron la fachada de su domicilio particular, el letrado expresó que “no deja ningún margen de duda de que es un mensaje mafioso el hecho de tirar brea caliente en el frente de mi casa”.

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Solidaridad y audiencia pública

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La Asamblea Ambiental del Sur AUKAN repudió los hechos de violencia sufridos días atrás por el abogado Lucas Beier y su familia y adelantó su presencia en una audiencia pública referida a la causa por contaminación en la ría.

“En simultáneo a la reactivación de la causa judicial que el letrado impulsa contra ABSA y empresas del Polo Petroquímico por los altos niveles de contaminación de la ría local y en representación de un grupo de pescadores artesanales, Beier tuvo que soportar días atrás ataques a su intimidad y a su patrimonio, tanto en su estudio laboral como en su vivienda”, recordó la agrupación en un comunicado.

Agregó que “porque creemos en las causalidades y no en las casualidades, nos solidarizamos con Lucas Beier y su familia, y con quienes intentan ser amedrentados en su incansable búsqueda de verdad y justicia. Consideramos que estas intimidaciones no pueden ser invisibilizadas ni minimizadas y deben investigarse hasta identificar a los culpables materiales e intelectuales, a fin de enfrentar la impunidad y la violencia que no podrán imponerse ante una comunidad que no se calla y se moviliza en defensa de sus derechos”.

Por otra parte, AUKAN informó que este miércoles 24 de junio movimientos vecinales, organizaciones ambientales y vecinxs de nuestra ciudad participarán de la presentación de una apelación que realizará el fiscal Alejandro Cantaro ante la Cámara Federal en el marco de la discusión sobre la competencia de la juezga Gabriela Marrón para intervenir en la causa por contaminación del estuario bahiense. Será a las 10 en Mitre 62.

A principios de junio, la titular del Juzgado Federal Nº2 se declaró incompetente para tratar la denuncia presentada por Cantaro en la cual requería la “inmediata prohibición” del vertido en la Ría de Bahía Blanca de efluentes sólidos, gaseosos o líquidos, consecuencia del proceso industrial de las empresas del polo petroquímico y ABSA. La presentación agregaba documentación a la Causa 135623/2011 “MENINATO, Rolando (PBB Polisur S.A.) y otros s/ inf. Ley 24051” originada años atrás por pescadores artesanales de la localidad portuaria ante la disminución de peces en el estuario.

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Intimidan a abogado de pescadores

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Esta madrugada el doctor Lucas Beier, abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría de Bahía Blanca y querellante en la causa por contaminación del estuario, sufrió un atentado en su domicilio particular. El frente de su casa fue manchada con brea caliente. El ataque provocó daños en la mampostería y en aberturas. El profesional se encontraba dentro de la vivienda junto a su familia.

Días atrás, Beier fue víctima de otro episodio de violencia. Dos individuos con armas de fuego ingresaron a su estudio jurídico. Según pudo averiguar FM De la Calle, ingresaron expresando intención de robo, sin embargo, se retiraron sin llevarse nada.

Tal como publicamos ayer, la justicia ordenó a la provincia de Buenos Aires que presente en 180 días un Plan Director que contemple las obras necesarias para realizar el tratamiento adecuado de los líquidos cloacales que se vuelcan en el estuario de Bahía Blanca.

La medida cautelar fue dictada por el juez en lo Contencioso Administrativo, Agustín López Cóppola, tras una denuncia contra ABSA y las autoridades bonaerenses realizada por el abogado Lucas Beier en representación de un grupo de pescadores artesanales. También se tramita una causa contra las empresas del polo petroquímico y la prestataria del servicio cloacal que pretende la recomposición integral de los daños colectivos ambientales causados al estuario local y el cese de los vertidos contaminantes.

“Hay fuertes razones para pensar que estas causas están conectadas con lo que le pasó a Beier”

El fiscal general Alejandro Cantaro manifestó que el  abogado de los pescadores se comprometió en causas de contaminación donde “hay intereses muy fuertes, no solo los del polo petroquímico y ABSA también están involucrados otros sectores de pescadores que no son los que representa Beier”. La investigación por amenazas recayó sobre la Fiscalía Nº2  que desde hoy subroga José Nebbia, actual titular de la Unidad de Delitos de Lesa Humanidad.

 

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Amparo por el vertido cloacal en la ría

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La justicia ordenó a la provincia de Buenos Aires que presente en 180 días un Plan Director que contemple las obras necesarias para realizar el tratamiento adecuado de los líquidos cloacales que se vuelcan en el estuario de Bahía Blanca.

La medida cautelar fue dictada por el juez en lo Contencioso Administrativo, Agustín López Cóppola, tras una denuncia contra ABSA y las autoridades bonaerenses realizada por el abogado Lucas Beier en representación de un grupo de pescadores artesanales. También se tramita una causa contra las empresas del polo petroquímico y la prestataria del servicio cloacal que pretende la recomposición integral de los daños colectivos ambientales causados al estuario local y el cese de los vertidos contaminantes.

“La provincia de Buenos Aires, a través de ABSA, ha llevado adelante, por largo tiempo y sin solución de continuidad, conductas antijurídicas que afectan negativamente el ambiente mediante el prolongado e ininterrumpido vertido de desagües cloacales no tratados al medio marino, con alteración relevante del mismo. Asimismo viene omitiendo realizar los actos de gobierno y buena administración que permitan revertir la situación”, aseguraron los denunciantes.

A su turno, ABSA explicó que en la ría bahiense escurren tres cuencas que al momento de hacerse cargo de la concesión contaban con plantas depuradoras de líquidos cloacales muy deterioradas en Ingeniero White, Punta Alta y Bahía Blanca. En septiembre de 2010 fue deshabilitada la de White derivándose los líquidos hacia la primera cuenca donde reciben “un tratamiento primario”.

La provincia aseguró que controla la prestación del servicio de ABSA a través del OCABA y requirió “que se ajusten los valores de vuelco de efluentes a la normativa vigente”. Sin embargo, “sólo compareció el Director de Información Jurídica del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) que carece de incumbencia en el tema”.

Para el juez “ABSA S.A. se encuentra obligada a operar, mejorar y mantener las Plantas de tratamiento de desagües cloacales existentes a los fines de cumplir con los objetivos del servicio que debe prestar, pero no está obligada a invertir en nuevas plantas sin el correspondiente Plan Director que lo prevea, el que contemplará la pertinente tarifa de expansión”.

Como ese plan debe ser elaborado por el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos cada cinco años, López Cóppola dirigió su fallo contra la provincia.

Por otra parte, Beier destacó los beneficios que traería la instalación de una planta que permita reutilizar los líquidos cloacales con fines industriales que, a la vez que mejoraría la situación ambiental del estuario, aliviaría la demanda de agua potable que ingresa a Bahía Blanca y Punta Alta desde el Dique Paso Piedras al ahorrar el 25 o 30 por ciento que consume el polo. Para ello, solicitó un embargo preventivo a la provincia y a ABSA de cinco millones de dólares mensuales hasta alcanzar “un fondo de restauración” de 90 millones.

La propuesta no fue aceptaba por el juez dado que “no resulta ser la medida que mejor se ajusta al objeto cautelar pretendido, esto es, evitar el agravamiento de la situación ambiental imperante en el estuario y su recomposición”.

Foto: El Balneario Maldonado fue clausurado por la contaminación del agua. En la actualidad llena su pileta con agua de pozo.

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Intentarán probar afectación de la salud por plaguicidas

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Seis personas son acusadas de “haber dañado la salud de vecinos con pulverizaciones aéreas de plaguicidas” en un juicio que data de la causa inicial que data del 2003, en la que 70 vecinos y vecinas son querellantes. El caso se ubica en el barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba y, ya elevado a juicio oral aunque sin fecha aún, tendrá lugar en la Cámara Séptima del Crimen de Córdoba integrada por los vocales Víctor María Vélez, Ricardo Iriarte y Carlos Ruiz,y el Fiscal de Cámara Marcelo Altamirano.

Un comunicado emitido por la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) expresó que “por primera vez en Argentina se busca relacionar los daños a la salud sufridos por vecinos, tras quedar expuestos a los plaguicidas que habían sido pulverizados en un campo colindante al barrio”.

Durante una entrevista con FM De la Calle, el presidente de la FUNAM diferenció este proceso judicial de otro anterior que “era por violación a normas. Es decir, si se habían utilizado plaguicidas que estaban autorizados o no. No se analizó la relación entre plaguicidas y salud, que es lo que se va a revisar ahora. En este caso, en el caso de encontrar culpable a las personas, hay penas de 20 años de prisión”.

Asimismo, el dirigente sostuvo que “por primera vez se va a tratar de demostrar la relación que hay entre el uso de plaguicidas y cómo eso afectó la salud”.

Por otra parte, Montenegro destacó que también “por primera vez se enjuicia a una ingeniera agrónoma”.

Se acusa a Francisco Parra (productor agropecuario), Edgardo Jorge Pancello y Gustavo Alejandro Peralta Amaya (aeroaplicadores); Javier Eduardo Amuchastegui y Fernando Ramón (propietarios de la empresa Tecnocampo que aplicó los plaguicidas) y  Alejandra del Carmen Mendizabal Pizarro (ingeniera agrónoma).

Foto: rightlivelihood.org

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Sartor rechaza modificaciones en la Tasa Ambiental

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La presentación judicial que realizó el fiscal general Alejandro Cantaro visibilizó estudios que prueban que la ría está contaminada. Consultada al respecto, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Deliberante, Aloma Sartor, dijo a FM De la Calle que “en Bahía Blanca no tenemos un estudio general de la biomasa del estuario”.

“Nosotros tenemos estudios importantes históricos del estuario que tienen que ver con su condición físico química y mucho más débiles con las características biológicas del estuario. Recién estos últimos años se han empezado a mirar algunas cuestiones microbiológicas. Me parece muy bien que la justicia empiece a involucrarse en cuestiones del medio ambiente. Esto no se ve mucho en la Argentina. La justicia por si sola si no tiene información completa, la verdad que está renga”.

Sobre los estudios existentes, la concejala afirmó que “como novedad creo que hay un trabajo que es muy interesante que se ha hecho de toda esa información que viene realizando el CTE desde que empezó el programa en 2002. Se hizo un relevamiento de cada una de las fuentes de emisión de las industrias. Eso terminó en una publicación muy interesante. Está identificado por empresa. Lo han hecho desde la UTN. La información estaba muy dispersa”.

Por otra parte, la dirigente manifestó su preocupación en torno a la posibilidad de que el oficialismo desvirtúe el funcionamiento de la Tasa Ambiental. Según el texto de la ley provincial 12530 en su artículo 13, el destino de los fondos de este gravamen es financiar “los servicios de control y monitoreo de la calidad del ambiente”.

Según explicó la edila, “el funcionamiento del CTE se ha ido debilitando. Ahora se intenta sacar dinero de la tasa ambiental para obras y contratos. Yo en este ámbito voy a patalear todo lo que pueda, porque si esa puerta se abre es el final de un sistema de control. Si eso se convierte en un lugar donde buscar plata fácil para tapar agujeros la verdad que es muy complicado. En este momento estamos en esa discusión política. Sería muy lamentable que esto ocurriera”.

Por último, Sartor afirmó que “hace dos años que el CTE no presenta el informe de la auditoria del 2012”.

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Asamblea ambiental en Ingeniero White

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Ayer por la tarde se llevó a cabo una asamblea para tratar temas relacionados con el ambiente en el salón “El Coqueto” del Club Comercial en Ingeniero White. A la reunión asistieron vecinos y vecinas de esa localidad, Gerenal Cerri y Bahía Blanca.

Este es el informe que hizo la periodista Mariela Dobal durante el programa En Eso Estamos de FM De la Calle.

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Adiós a Norma Giarracca

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(Notas.org.ar) “Triste noticia”. Así resumía el asunto del correo electrónico enviado por la Carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires la información que desde la tarde del domingo ya circulaba por redes sociales. Norma Giarracca, docente e investigadora de la carrera, había fallecido.

Con la juventud de 70 años y un extenso currículum (académico, pero también de activismo y mucho más) Giarracca se despidió de un mundo que pensó, analizó y transformó con su aguda mirada y compromiso.

De 1969 a 1976 trabajó en el Ministerio de Agricultura, en la Dirección de Economía y Sociología Rural. Estaba entonces vinculada al Peronismo de Base. Cuando la Junta Militar tomó el poder por la fuerza en 1976, se exilió en España, Inglaterra y se radicó luego en México.

Con la vuelta de la democracia en nuestro país, se sumó a coordinar las áreas de Ciencias Sociales, Educación y Filosofía del CONICET. Con el conocimiento y experiencia acumuladas creó la cátedra de Sociología Rural y el Grupo de Estudios Rurales (GER). Más adelante fundaría también el Grupo de Estudios de los Movimientos Sociales en América Latina (GEMSAL).

Fue también en su intensa vida investigadora principal del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, coordinadora del Grupo de Trabajo de Desarrollo Rural de CLACSO y directora de la Maestría de Investigación Social de la UBA, además de ser representante por el claustro de profesores en la Junta de Carrera de Sociología.

Su preocupación principal y objeto de estudio fue el modelo agropecuario. Su enfoque, vinculado a la revalorización de los sujetos del campo, los campesinos y pequeños productores principalmente, y la crítica al modelo de agronegocios, la ubicaron como una referencia intelectual no sólo para la academia, sino también para los movimientos sociales y organizaciones del sector.

Desde la docencia, incentivó a generaciones y generaciones de futuros sociólogos. En la página web del GER – GEMSAL Giarracca escribía sobre los estudiantes: “Todos ellos nos desafiaron a que fuéramos mejores docentes, que relacionáramos la rigurosidad con un espacio placentero que incite a reflexionar, leer, trabajar, sin perder la alegría”.

La despedida de sus colegas

En Facebook, varios docentes e investigadores con los que compartió los pasillos del Instituto Gino Germani y la ex sede de Marcelo T. de Alvear de la Facultad de Ciencias Sociales, la recordaron con emoción y cariño.

Marcelo Langieri, ex coordinador técnico de Sociología, uno de los primeros en dar a conocer la triste noticia dijo: “Su muerte es una pérdida enorme para la sociología y para el movimiento popular. Especialmente el movimiento campesino que tuvo en ella una de las voces más lúcidas y comprometida”. “Su mirada aguda nos informó, entretuvo y emocionó permanentemente. Se fue una luchadora y una maestra”, agregó.

Por su parte, la directora de la carrera de Sociología, Alejandra Oberti, comunicó por correo electrónico el fallecimiento de Giarracca: “Es una gran pérdida para nuestra Facultad. Su vocación docente nos acompañó durante décadas formando y transmitiendo no solo saberes sino también un fuerte compromiso con la Universidad pública”.

Maristella Svampa, con quien compartió reflexiones y preocupaciones, recordó: “Hace unos diez días hablamos por última vez por teléfono. Fue por lo de Ayotzinapa, para avisarme que estaban los familiares de las victimas acá en Buenos Aires. Norma, una vez más, infaltable en su compromiso”. Además, expresó: “Hemos perdido a una gran compañera de luchas, de afectos, de pensamiento”.

“Uno se da cuenta cuando alguien es respetado”, reflexionó Ernesto Meccia, autor de La cuestión gay. Un enfoque sociológico y Los últimos homosexuales. Sociología de la homosexualidad y la gaycidad. “Una vez”, recordó, “subió una foto con sus nietos jugando y ella sentada en el piso, lo más pancha”. “Norma a la altura de las circunstancias”, comentó Meccia a esa imagen.

Norma Giarraca escribió e incomodó. Discutió a fondo los problemas y las debilidades del actual modelo de agronegocios y las comunidades rurales. Pensó el país desde un ángulo novedoso y profundo. Y marcó, en su paso, a centenares de personas que tuvieron el gusto de compartir sus reflexiones y enseñanzas.

Usuaria incansable de las redes sociales, su último tuit fue sobre la movilización del pasado 3 de junio por #NiUnaMenos: “No fue una marcha más -decía- fue una práctica decolonial”.

Allí también la despidieron innumerables personas. Desde estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, hasta colegas investigadores y activistas ambientales de distintos lugares del país y el continente, la conmoción sacudió unos cuantos hogares y círculos sociales del país.

Su muerte no será tapa de diarios, pero desde Notas la recordamos como una intelectual que comprometida con su tiempo.

Compartimos a modo de homenaje, su intervención en la Audiencia Publica por la Soberanía Alimentaria, en el anexo de la Cámara de diputados del 26 de Octubre de 2010.

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“La justicia permite que se siga delinquiendo”

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La Asociación de Pescadores Artesanales apeló la resolución de la jueza Gabriela Marrón que derivó a la justicia provincial el pedido de la Fiscalía de prohibir la contaminación del estuario por parte de las empresas del polo y ABSA.

“No hacer lugar a la medida, pese a tener certeza científica que las sustancias que arrojan están cuanto menos generando un peligro a la salud pública, si no es que ya se ha generado un daño concreto, es permitir que las empresas o sus directores continúen cometiendo un delito, fracasando el derecho penal, no solamente porque no se ha podido disuadir que se cometa el delito, sino además porque pese a todo el esfuerzo realizado por esta parte querellante, fiscalía, y científicos que han aportado con sus estudios y declaraciones testimoniales, la justicia permite que se siga delinquiendo”, aseguró el abogado Lucas Beier en la apelación que puede leerse aquí.

La jueza se basó en el fallo “Scröeder” de la Corte Suprema que remitió a la justicia ordinaria el análisis de una acción colectiva por daño ambiental. Sin embargo, desde la querella se asegura que esto no obstaculiza la competencia penal federal “pues en aquel proceso se pretende el cese de la contaminación y la reparación integral del daño ambiental y esta causa procura la represión del delito de envenenamiento, adulteración o contaminación de modo peligro para la salud mediante la utilización de residuos peligrosos”.

El punto de discusión es si existe o no interjurisdiccionalidad. En el caso “Scröeder” se pide el saneamiento del estuario limitando efectivamente el debate al ámbito portuario provincial. Por otra parte, “la conducta típica penada por la ley de residuos peligrosos y que es objeto de investigación en la presente causa, es contaminar el ambiente poniendo en riesgo la salud pública, y la interjurisdiccionalidad exigida por la CSJN para estos casos, no es que el ambiente dañado se encuentre en más de una jurisdicción, sino que el peligro para la salud pública se extienda a más de una”.

Especialistas de la UNS declararon que existen cinco especies de peces de importancia económica que son capturadas para consumo humano dentro y fuera del estuario, migran entre mar abierto y el estuario durante sus épocas reproductivas y “los vertidos de residuos peligrosos que se imputan a las denunciadas contaminan, adulteran y envenenan su hábitat”.

Es decir, una pescadilla, un lenguado, una corvina, un pejerrey o un gatuso capturados fuera de las 12 millas de la zona costera de la provincia o en la costa del sur de Brasil o de Rawson, “posiblemente haya nacido y se haya alimentado los primeros meses de su vida en la zona interna del estuario. Y si ese pez se alimentó con crustáceos, cangrejos, o sardas contaminados por mercurio, plomo, cromo y cadmio (todas sustancias tóxicas presentes en el ambiente del estuario), por efecto de la bioacumulación, al momento de ser capturado en la provincia de Río Negro tendrá en sus músculos e hígado esas sustancias tóxicas, poniendo en peligro la población de otras provincias y hasta de otros países”.

Esta mañana, en diálogo con el programa En Eso Estamos de FM De la Calle, el abogado Lucas Beier explicó los alcances de la apelación y los próximos pasos de la causa.

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