Yatel, el perro de Marcos Herrero, volvió a marcar rastros de Facundo Astudillo Castro en dos patrulleros de la Policía Bonaerense. De la pericia judicial participó personal de Gendarmería Nacional, testigos y el abogado Leandro Aparicio.

El relevamiento se realizó un predio de Vialidad donde se encuentran los patrulleros de Buratovich, Origone y el auto particular de la oficial Siomara Flores, quien aseguró haber acercado a Facundo hasta la entrada de Origone.

Los coches ya habían sido peritados por Herrero y su can en la sede de la Policía Federal con resultados positivos. “Había identificado un filamento o cabello con ADN de Facundo, a pesar del tiempo, nuevamente el perro volvió a reconocer, ahora en mejor medida porque el auto fue desarmado y periciado detalladamente, se pidió un barrido, que se analice la caja, los asientos, los paneles. Eso se puede hacer ahora con efectividad con personal de Gendarmería y el recurso canino”.

En diálogo con FM De la Calle, el adiestrador agregó que se secuestraron pequeños objetos y filamentos de cabellos que deberán ser analizados en el laboratorio. Este martes continuará la tarea personal de Gendarmería.

Los dos patrulleros señalados por Yatel son las camionetas Toyota Hilux N° 23360 -delante de la cual la oficial Jana Curruhinca fotografió a Mario Gabriel Sosa posando junto a Facundo- y la N°22788 que conducía el efectivo de Teniente Origone Alberto González, quien detuvo al jóven la tarde del 30 de abril en el km 750 de la Ruta 3.

“Gendarmería Nacional y el equipo de Criminalística y Estudios Forenses se trasladaron con el móvil pericial a la balanza que se encuentra sobre la parte de Vialidad. Todo estaba precintado y fajado”, explicó Herrero.

Agregó que “se trabajó con una toma de olor que estaba en la sede judicial, fue transportada y mostrada a los peritos de Gnedarmería. Se le dio una toma de olor a Yatel, se les explicó a los testigos el procedimiento y luego pasé con correa al perro por cada uno de los vehículos para que identifiquen uno de estos”.

“Al perro le llamó la atención el vehículo con el N° 22788, que es el de Teniente Origone, el perro fue muy determinante, hizo una marcación ladrando sobre la parte de atrás, en la compuerta de la caja y luego en la parte de lo que sería el dibujo de la parte de atrás de las cubiertas. Seguí con correa trabajando sobre el mismo vehículo de la foto de Facundo, ahí el perro si bien no ladró tuvo una alerta porque tuvo un cambio en el lenguaje corporal por lo tanto procedí a alejarme unos diez pasos y a soltar el perro sin correa. Recorrió cada uno de los vehículos y específicamente volvió a marcar el de Origone. Si bien le dio una alerta al vehículo de la foto de Facundo, giró alrededor, movió la cola, olfateó cada una de las puertas, pasó con tal insistencia que se subió al capot de un vehículo que estaba al lado y ladró sobre el de Origone”.

Al patrullero Toyota Etios de Buratovih y al Corsa blanco de Flores “no les dio atención, si bien el perro fue muy minucioso al buscar punto por punto, en las aberturas de las puertas, en la parte del baúl”.

“Era un medio ambiente abierto, si bien es un predio que está cerrado, el perro se concentró en esos dos patrulleros. El perro los reconoció mediante la impronta de olor de la ropa de Facundo Astudillo Castro, por eso es tan importante la pericia”, afirmó el perito.

El secretario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Eduardo Hidalgo, falleció este miércoles. Sus restos son velados hasta las 16 en Mitre 470.

“Hoy no nos sale ninguna palabra.. solo estamos rotxs de dolor…. HASTA LA VICTORIA SIEMPRE QUERIDO CHIQUITO EDUARDO HIDALGO!! Besá a los Viejos y a los 30Mil!!”, afirmó la agrupación H.I.J.O.S. Bahía Blanca.

Eduardo es un referente de la lucha por los derechos humanos y la búsqueda de memoria, verdad y justicia por las y los 30 mil companer@s detenid@s desaparecid@s.

Fue dos veces secuestrado durante el terrorismo de Estado y sobrevivió al cautiverio y las torturas del campo de exterminio La Escuelita. Su hermano Daniel y su cuñada Olga Silvia Souto Castillo -embarazada- fueron asesinados por el Ejército en un falso enfrentamiento montado en el edificio de Fitz Roy 137.

“Hoy me voy de este lugar satisfecho de lo que he hecho estos 35 años. Se ha ido la mitad de mi vida en esto, he dejado muchas cosas de mi vida sin hacer, esperaba este momento como nunca. Hubiera querido que esté al menos quien fuera el responsable de que llegáramos a este lugar, Ernesto Malisia, hubiera querido que mis viejos estuvieran aquí”, dijo en octubre de 2011 al finalizar su declaración en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad de nuestra ciudad.

“Armando Isasa hoy vive y tiene 95 años, era el ‘presidente’ del Partido Comunista de Dorrego. Le habían avisado que lo iban a matar y mi papá se lo trajo para Bahía. Vivió con nosotros muchísimo tiempo. En el año 74, 75”, mencionó Carlos Balbuena en defensa de Juan Carlos Curzio.

Fue el último testigo del juicio por 24 homicidios cometidos por la Alianza Anticomunista Argentina que se encuentra en etapa de alegatos. Consultado por la Fiscalía sobre quién perseguía a Isasa, Balbuena afirmó: “La Triple A”.

Según el mecánico, su familia convivió con el dirigente comunista “diez meses seguro”. “Juan Carlos Curzio iba a mi casa y lo tenía que ver”. La vivienda de Undiano 270 tenía su patio lindante con los fondos de la Comisaría Primera. Balbuena reconoció que Bahía Blanca no era un lugar seguro para un supuesto perseguido por la banda paraestatal pero “era más seguro que un pueblo como Dorrego”.

Balbuena tiene razón: Isasa vive y tiene 95 lúcidos años “recién cumplidos”. Lo que no es verdad es el resto de la historia.

En su casa del macrocentro bahiense, el ex militante se mostró “sorprendido” ante FM De la Calle por las declaraciones del amigo de Curzio.

“Yo vine a Bahía Blanca a buscar una casa con la perspectiva de trasladarme porque los dos hijos míos tenían necesidad de crecer en la universidad. Uno ya tenía el secundario y me obligaba a tener que venir porque no tenía condiciones económicas de costearlo desde Dorrego. Vine con un trabajo, una empresa que vendía fosfatizantes, a vivir a la casa de un compañero que no me acuerdo quién era, y un día fui a lo de Balbuena al taller y me dijo ‘vení a vivir ahí arriba si querés’”, contó.

Isasa sostuvo que fue por “un plazo no mayor a cuatro meses porque conseguí la casa en la que vivo en la actualidad y me vine con el hijo menor, mi señora se quedaba en Dorrego mientras yo hacía las refacciones”.

“En ese período de tiempo viví en lo de Balbuena (padre), nunca jamás lo vi a Curzio. En cuanto al Balbuenita chico tampoco lo conozco, no lo he visto nunca, al otro (su hermano) sí porque solía estar en el taller. Yo estaba muy poco, vivía en una pieza arriba, la casa estaba totalmente deshabitada”.

Isasa reafirmó que “de ninguna manera” llegó a la ciudad escapando de una persecución política. “Estando en Dorrego me llamaron a la comisaría a mí como a todos los jefes de partido o militantes destacados de cada una de las cosas, donde nos comunicaban, a mí me comunicó un muchacho con el que fui a la escuela, me dijo ‘mirá es para todos, no es para vos, no se puede hacer política, está suspendida por el gobierno la actividad política’. Le digo ‘yo casualmente ando con un despelote, no tuve más contacto con nadie, ni con la policía ni con nadie’”.

“He tenido problemas como tienen todos los militantes y los que se meten en lugarcitos que según el poder dominante no se deben de meter. Los inconvenientes y garrotazos que corresponden a la lucha de clases, no hay otra. Pero no en esa época”, aseguró.

Isasa comentó que “sabía que existía un Curzio como supe que había un italiano que no me acuerdo cómo se llamaba. El trabajo de la militancia no da tiempo para mucho deporte o distraer la atención de lo principal que es la lucha en la que uno invirtió muchos años de su vida”.

En cuanto a la relación entre Balbuena padre y Curzio, relató un comentario que recibió a partir del juicio. “El padre de Balbuena, que es un hombre de trabajo hoy tan viejo como yo, según me dijeron estos días, tuvo una discusión y Balbuena lo echó del taller cuando se enteró que Curzio andaba con una ametralladora en la Universidad del Sur”.

“Parece que ahora Curzio lo ha ido a visitar, el hombre está muy solito en un geriátrico y habrán reestablecido la relación. Yo al Negro hace mucho que no lo veo, éramos muy amigos. (…) El Balbuenita este dijo que (Curzio) es un buen muchacho, sí, pero los antecedentes los tiene”.

Isasa dijo que cuando era joven pensaba: “Ojalá dure muchos años porque a alguno de estos malandras sin vergüenza voy a ver presos, a algunos los vi finaos, pero pienso ver más”.

En ese sentido, destacó que “el pueblo ha hecho cambiar muchas cosas, ver un ex presidente y general de la Nación condenado a cadena perpetua hay que recorrer mucho mundo para encontrar otro caso igual, eso lo lograron las fuerzas democráticas argentinas”.

El fiscal auxiliar Pablo Fermento comenzó esta mañana el alegato en el juicio por crímenes de lesa humanidad contra cuatro ex integrantes de la Triple A. “Nos acostumbramos a vivir sin justicia porque a las muertes naturalizadas, lo natural, valga la redundancia, es que no se las investigue y no se las juzgue”, afirmó.

La apertura de la exposición incluyó un pedido de disculpas por la demora de más de cuatro décadas y una reivindicación a una de las “primeras instancias institucionales en la que muchos de quienes vivieron la violencia y las muertes pudieron superar el silencio y el miedo”.

Fermento aseguró que la sentencia del juicio “va a ayudar a abrir caminos en el proceso colectivo de Memoria, Verdad y Justicia y en la recuperación del sentido histórico tanto en el país como en la comunidad bahiense”.

Los imputados son Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno. Las audiencias continuarán mañana y pasado desde las 9 con transmisión en vivo por el canal de youtube Audiovisuales UNS.

Fermento recordó que el juicio analiza el accionar de “una organización criminal a la cual se le atribuyen 24 homicidios que fueron cometidos en los años 74 y 75”.

“Uno de los testigos, Fortunato Mallimaci, dijo en la audiencia que se empezó a naturalizar la muerte. Estamos hablando de 24 asesinatos alevosos y con ensañamiento cometidos entre septiembre de un año y diciembre del siguiente, es decir, poco menos de dos muertes por mes”.

El fiscal manifestó que “casi medio siglo nos llevó como sociedad estar concluyendo este debate del juicio, por estos motivos adherimos al pedido de disculpas que realizó el tribunal por tamaña demora”.

Comentó que esta falta de respuesta a tiempo ” no es inocua, se perdió muchísima prueba en el camino, pero por sobre todas las cosas perdimos a las personas, víctimas, familiares, amigos, muchísimos testigos y también personas que deberían ser sindicadas como responsables y que murieron en la impunidad”.

Durante el debate fallecieron al menos cinco testigos: Marta Beatriz Fabini, esposa de la víctima Rodolfo Gini; Miguel Ángel Pereyra, Eugenio Ángel Navarrete, Víctor Melchor Basterra y Jorge Alberto Bernardi.

“Pero además se perdió algo fundamental como es el debate como sociedad sobre lo que sucedió en un período histórico muy doloroso, muy sentido del país y de la sociedad donde la justicia, que cumple un rol necesario, estuvo ausente durante muchas décadas”.

“Lo que quedó es el silencio y el miedo. Miedo que vimos atravesar cada una de las audiencias testimoniales porque, a pesar del medio siglo que sucedió, sigue vigente y se actualiza”, dijo.

Sin embargo, el fiscal alegó que “la justicia aunque tardía sigue siendo justa porque se la sigue reclamando y necesitando y continúa siendo un logro encontrar los canales institucionales para su realización”.

“Esta parte de la historia de la ciudad de Bahía Blanca que fuimos recorriendo es una parte censurada, porque así como el brazo genocida clausuró espacios sociales también se clausuraron las representaciones de lo sucedido”.

Aseveró que “de todo lo que escuchamos en las audiencias se supo y se sabe mucho, se habló y se habla muy poco aun en la actualidad. Este proceso de verbalización de lo vivido tuvo que ser un proceso privado de cada sobreviviente, de cada familia, porque no se habilitaron las instancias colectivas”.

“En este juicio estamos asistiendo a una de las primeras instancias institucionales, tal vez la primera en Bahía Blanca, en la que muchos de quienes vivieron la violencia y las muertes pudieron superar el silencio y el miedo y lo hicieron para poder contar su verdad y reclamar justicia con gran valentía y coraje”, reconoció.

Tras la introducción, Fermento destacó que la de la Triple A es “una historia compleja que tiene numerosas tramas” e inició el desarrollo de la primera de ellas: la alianza entre el diputado nacional peronista y secretario de la CGT de Bahía Blanca, Rodolfo Ponce, y la familia Massot, propietaria de La Nueva Provincia.

Este lunes a las 9 comenzará el alegato de la fiscalía ante el Tribunal Oral en el juicio que tiene como imputados a Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno.

Se los acusa de haber pertenecido a la organización criminal Triple A y, en el caso de Aceituno, de ser uno de los autores del asesinato del estudiante y militante estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo. Se llega a esta instancia luego de haber escuchado la declaración de más de 90 testigos.

En representación del Ministerio Público Fiscal interviene la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, a través del fiscal general Miguel Ángel Palazzani, el fiscal ad hoc José Alberto Nebbia y el auxiliar fiscal Pablo Vicente Fermento.

Como partes querellantes actúan Hijos Bahía Blanca, la familia de la víctima Luis Jesús García y la Universidad Nacional del Sur (UNS).

Se estima que la exposición de la fiscalía requerirá al menos de las jornadas del lunes 15, el martes 16 y el miércoles 17 de este mes. Luego continuará en las que se establezcan con posterioridad.

El juicio oral y público por la actuación de la Triple A en Bahía Blanca se había iniciado en marzo del año pasado, pero fue postergado a raíz de la pandemia. Luego, en julio, se retomó con un sistema mixto: por un lado se llevaron a cabo las audiencias en el Aula Magna de la UNS a puertas cerradas -con el objetivo de cumplir el distanciamiento social entre las personas presentes-, y también hubo participación por conexión virtual remota para quienes integran grupos de riesgo.

Finalmente, se hicieron por un sistema totalmente virtual. En este marco, la fiscalía había señalado la necesidad de asegurar la transmisión pública de las audiencias, en vista de la importancia simbólica que estos procesos mantienen en función de los intereses generales y comunitarios comprometidos en su realización. Es por ello que las audiencias del debate oral se pueden seguir a través del canal de YouTube de la Universidad.

Durante el debate, la generalidad de los testimonios se refirieron a la existencia de la organización criminal que los acusados integraban, a la que aludieron como la Triple A o la patota del diputado nacional Rodolfo Ponce y, en el ámbito universitario, del rector interventor Remus Tetus. Se describieron distintos aspectos de su accionar, tales como el patrullaje en la “fiambrera” -un Fiat 125 azul- y otros vehículos, las prácticas de intimidación en los edificios universitarios, diferentes episodios de agresión e intimidación armada y los asesinatos cometidos.

Las declaraciones también graficaron distintas situaciones que dieron cuenta de los vínculos del grupo paraestatal con el Estado, y del marco de impunidad con el que operaba.

El homicidio de David “Watu” Cilleruelo

El 3 de abril de 1975, la víctima fue asesinada de un disparo en la cabeza en un pasillo del ala de Ingeniería de la Universidad Nacional de Sur, mientras se encontraba junto a otros compañeros convocando a alumnos para la asamblea de delegados de Centros de Estudiantes, con el fin de revalidar las autoridades de la Federación Universitaria que él mismo presidía.

Durante el debate, distintos testimonios refirieron que los responsables del homicidio se dirigieron en el vehículo del Rectorado hasta el lugar donde se encontraba Cilleruelo, lo ultimaron y se retiraron inmediatamente en el mismo automóvil. Diversos testigos señalaron que Jorge “Moncho” Argibay fue quien le disparó a la víctima, y que junto a él estaban su hijo Pablo -ambos fallecidos- y el propio Aceituno.

Fuente: fiscales.gob.ar

Siguiendo el camino abierto con Profertil, el fiscal Santiago Martínez avanzó en la firma de acuerdos unilaterales con los abogados de Dow (PBB Polisur), Mega y Oiltanking. Los convenios fueron homologados por la jueza federal Gabriela Marrón y recurridos por la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría.

El querellante Luis Arellano dijo a FM De la Calle que las empresas accedieron a firmar los convenios porque está próxima la resolución de la causa que busca resarcir a los pescadores por la pérdida de su fuente laboral. “Las pruebas son abrumadoras, la sentencia civil ambiental va a salir condenatoria, están tratando de dar un barniz de mejora, para luego ir a decirle al juez contencioso administrativo: nosotros arreglamos la situación, archive la causa”.

“La ría está contaminada, todo el mundo lo sabe, y una parte es reparar las consecuencias del delito. Se violó la ley, hubo actitudes antijurídicas que ocasionaron que la ría esté contaminada. Eso tiene que ser reparado. Estamos hablando de cuestiones comunitarias más allá de indemnizaciones particulares”.

El representante de los pesadores destacó que “esta etapa de acuerdo ha transitado en la más absoluta soledad, nadie se enteró, aparecieron un día en el expediente los acuerdos, propuestas de cuatro o cinco páginas firmadas por un abogado sin aval técnico. No es viable y descalificaría el trabajo de hace once años en los fueros federal y provincial. Estaríamos tirando todo a la basura si los arreglos terminan de esta forma”.

“Un eventual acuerdo por el saneamiento, remediación y finalización de la contaminación merece un interés y participación más importante de los actores que ya están en ese proceso judicial para que opinen respecto a soluciones técnicas que advertimos en los acuerdos homologados son pobrísimas”.

Arellano subrayó que en el expediente hay pruebas relevantes como la aportada por la Facultad de Agronomía de la UBA o las realizadas por Delitos Ambientales de Policía Federal. “Han sido totalmente dejadas de lado y se le dio el 100% de veracidad y procedencia a las manifestaciones de las empresas sin haber consultado con nadie”.

“Es sorprendente que pase esto cuando hay mucho material para hacer algo mejor. El estuario es un ambiente complejo, no solo desde lo biológico y ambiental sino desde los aportes cloacales e industriales. No están todos los actores metidos en un acuerdo, no está la provincia, ¡ni siquiera siquiera está el OPDS!”.

Consultado respecto a las expectativas de la querella en cuanto a las medidas de reparación del estuario, Arellano sostuvo que “para que haya algo sustancioso primero tiene que estar ABSA porque el principal aporte es el cloacal y, luego, las empresas que aportan el material químico contaminante más peligroso. Han dicho durante once años que no arrojan nada, que no tienen que rendir cuentas”.

Fiscalía General: es “imposible” y “contradictorio” un acuerdo sin la querella

El fiscal general Horacio Azzolín dictaminó en contra del acuerdo firmado por el fiscal Santiago Martínez y un abogado de Profertil, el cual fuera homologado por la jueza Gabriela Marrón. La querella ya había solicitado su nulidad.

Azzolín dijo que no hay explicación a la falta de intercambio entre los sectores involucrados en la causa, “entre los que hay órganos estatales con funciones de control- y la Fiscalía Federal interviniente o la UFIMA”.

La jueza repitió en cada homologación que le resultaban razonables los dictamenes del fiscal Martínez “cuya actuación entiendo está avalada por la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA)”.

Sin embargo Azzolín advierte que “tampoco surge que haya intervenido nuestra UFIMA, no se establecen mecanismos de control del avance de los proyectos propuestos, reparaciones de ningún tipo, ni sanciones para un eventual incumplimiento”.

El fiscal general mencionó que los acuerdos no cuentan con “aval previo de organismo técnico alguno con conocimientos específicos en la materia” y que sería “fundamental” la participación de organismos de control “tanto para avanzar en modificaciones normativas, opinar sobre la pertinencia de las propuestas que se realicen y monitorear luego su cumplimiento en el ámbito de su competencia”.

“Reconociendo que la problemática de contaminación en el estuario de Bahía Blanca excede ampliamente a una firma, si de acuerdos individuales se trata, deberían realizarse acuerdos con cada una y someter ese conjunto a una eventual homologación”.

Por último, Azzolín dictaminó que “en cualquier caso, el intercambio con OPDS, ADA, CGPBB y Municipalidad de esta ciudad, además de la intervención de la querella, deberían garantizarse de algún modo”.

Con un nuevo paro se conmemora este 8 de marzo el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. A partir de las 17:30 habrá micrófono abierto, intervenciones artísticas y movilización desde la Plaza Rivadavia.

Este año las protestas tienen un fuerte cuestionamiento al Poder Judicial por la falta de respuestas al incremento de los femicidios.

“Este 8M la violencia machista y los femicidios nos obligan a estar en las calles. En una andanada que no cesa, tenemos el lamentable registro de un femicidio cada 24 horas, la mayoría, fueron víctimas de ex parejas, a quienes ya habían denunciado y murieron sin recibir la protección del Estado. Por esto decimos que ‘el Estado es responsable’. ¿Quién más si no? ¿A quién más que al Estado le exigiríamos que implemente políticas para prevenir la violencia machista y la protección de las víctimas?”, se preguntaron desde la Secretaría de Mujeres y Géneros de la CTA.

En el Departamento Judicial de Bahía Blanca en 2020 asesinaron a Susana Melo y se iniciaron 3.191 procesos penales por violencia familiar y/o de género: nueve denuncias por día. El 21 de marzo se cumple un año del crimen ocurrido en Ing. White y la familia de la víctima advierte que la causa no avanza.

Según el Ministerio Público Fiscal, en la provincia se registraron 94 femicidios. Se trata del 65% del total de asesinatos.

El Observatorio de la Defensoría del Pueblo de la Nación informó que con un femicidio cada 29 horas, el 2020 terminó con 253 femicidios directos, 29 vinculados, ocho personas trans asesinadas y cinco suicidios feminicidas. 212 niñas y niños quedaron sin sus madres víctimas de femicidio, algunes fueron testigos presenciales.

El apoyo de Cristina y Rosalía

“Soy mamá de Facundo Astudillo Castro, quien fuera desaparecido en democracia el 30 de abril del año pasado. Gracias por marchar, para mí el 8 de marzo es un día muy simbólico, es el día nuestro, de la mujer”, afirmó Cristina en su adhesión a la marcha que se realizará esta tarde en Bahía Blanca.

Agregó: “Dentro de cada mujer existe una guerrera y tenemos que despertarla para que así como gritaba mi flaco que el nunca más sea nunca más en serio, que nosotras podamos gritar el vivas nos queremos. Tenemos derecho a que nos respeten y tenemos que exigir el derecho a que nuestras hijas salgan y vuelvan sanas y salvas, que no las violen o tener que ir a buscarlas o reconocer cuerpos en bolsas. Vivas nos queremos chicas”.

Rosalía Reyes, condenada a ocho años de prisión por no poder atender a su bebé tras el parto, llamó a pedir “que no haya más femicidio, violencia, y para que seamos escuchadas y tengamos derechos. Pido por la solución de mi causa y desde mi casa las acompaño en esta marcha. Asimismo pido por todas las mujeres, que sigamos batallando juntas”.

La pandemia profundizó las desigualdades

La economista Agostina Costantino dijo en FM De la Calle que “hubo un impacto desproporcionado de la crisis del Covid en trabajadores informales, en mujeres particularmente, a causa de la sobrerrepresentación que tenemos en algunos de los sectores afectados y en la intensificación de la carga de cuidados no remunerados en los hogares debido al cierre de las escuelas, en una región que ya tenía un déficit importante en cuanto a la desigualdad de la distribución de esas tareas”.

Se espera un aumento de la desigualdad no solo en términos de género sino también en cuanto a cuestiones raciales y étnicas.

Antes de la pandemia “la tasa de actividad de las mujeres era mucho menor que en los varones porque destinamos mayor cantidad de nuestro tiempo a tareas de cuidado y nos queda menos para buscar o tener trabajo remunerado”.

“En el caso de Argentina nos insertábamos en sectores muy ligados al cuidado como educación, salud, trabajo en casas particulares y demás. En países centroamericanos o México también hay muchas mujeres en sectores industriales de muy baja productividad, malos salarios y muy malas condiciones como son las cuestiones de las maquilas, el ensamblado de partes industriales”.

Con las medidas de aislamiento se redujo el empleo regional en mayor proporción para las mujeres que para los hombres. “Las mujeres tienen presencia en sectores económicos más afectados por la crisis como el sector de hotelería y restaurantes y el servicio doméstico”, sostuvo Costantino y agregó que “las mujeres urbanas estuvieron más afectadas que las rurales”.

Detalló que “la pandemia tuvo un impacto diferenciado en trabajadores/as migrantes internacionales que suelen ser más vulnerables al tipo de inserción muy precarias en los países de destino, al menor acceso a sistemas de protección social, la carencia de redes de apoyo, la discriminación, la exclusión legal o el desconocimiento de procedimientos administrativos”.

¿Qué hicieron los gobiernos?

La economista explicó que “en general los gobiernos adoptaron medidas de protección social y apoyos direccionados principalmente a las personas y hogares en situación de pobreza. Se estima que las transferencias monetarias y en especie –alimentos, medicamentos u otros servicios básicos- llegaron aproximadamente a la mitad de la población”.

“Políticas como el IFE argentino tuvieron un impacto diferenciado sobre las mujeres porque están sobrerrepresentadas en el grupo de trabajadores informales y de personas pobres, por eso hablamos generalmente de feminización de la pobreza”.

Cuidados desiguales

Un informe del Centro de Economía Política evidencia que se exacerbó la desigualdad en la distribución de los cuidados por el cierre de escuelas y de los espacios de esparcimiento y de ocio.  

“Antes de las medidas de aislamiento, en promedio, las mujeres destinaban casi siete horas diarias al total de trabajo no remunerado mientras que los hombres dedicaban cinco. Durante el aislamiento, con la sobrecarga -sobre todo en materia educativa y de trabajo remoto- la cantidad de horas que dedicaron las mujeres aumentó un 70%, a casi doce horas diarias, prácticamente la mitad de la jornada de las mujeres se destinó a trabajo no remunerado. En el caso de los varones aumentó a 7,9 horas diarias”.

“Muchas de las mujeres tuvieron que dejar sus trabajo o vieron disminuidos los ingresos porque tuvieron que trabajar menos para hacer frente a las tareas de cuidado”. Por otra parte, “el decreto que obligaba a otorgar licencias por cuidado durante lo que durara el ASPO en la mayor parte del sector privado no se cumplió y en algunas del sector público tampoco”.

En sus últimas horas como titular del Juzgado Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla procesó y trabó un embargo de 20 millones de pesos al ex jefe de la base bahiense de la Agencia Federal de Inteligencia, Guillermo Coll. Es por su participación en el espionaje político del gobierno de Mauricio Macri.

Coll es un ingeniero jubilado, porteño, de 58 años, domiciliado en 9 de Julio 108, Piso 7°, depto. “A” de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. Revistó en la ex Side local entre el 1 de abril de 2004 y el mismo día de 2017.

“De la simple lectura de los documentos relevados se desprende que durante la jefatura de Coll, la delegación Bahía Blanca recopiló, produjo, analizó y elevó información personal de múltiples ciudadanos sobre la base de su pertenencia a organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos”, afirmó el juez.

Ramos Padilla destacó que “el carácter de la información producida por la Delegación Bahía Blanca es particularmente sensible”. Recordemos que, a diferencia de otras bases, el espionaje en nuestra ciudad incluyó a un medio de comunicación como FM De la Calle y a la comunidad universitaria.

“Los informes de inteligencia relevados no versan sobre situaciones de riesgo para la seguridad interior o la defensa nacional o la investigación de delitos federales complejos”, subrayó.

En su indagatoria, Coll dijo haber ingresado a la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado el 1 de julio de 1987 y que el primer día de junio de 2017 se reincorporó como delegado de la Base La Pampa dependiente de la Dirección de Reunión Interior.

Negó haber formado parte del plan de espionaje ilegal y aseguró que se desvinculó de la AFI el 1 de abril de 2017. Sin embargo, el juez destacó que la inteligencia ilegal comenzó “a mediados de 2016”.

El imputado sostuvo que los informes eran previos a la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional aunque el magistrado enfatizó que “se encontraban expresamente prohibidas desde la sanción de la Ley 25.520 en el año 2001″.

Ramos Padilla contrastó que uno de los documentos cuya autoría asumió es el titulado “informe abril”, el cual fue producido en 2015, elevado a la superioridad en 2016 y finalmente actualizado y vuelto a enviar a la superioridad en abril de 2017, “ocasión esta última, en la que el imputado no habría participado”.

Coll explicó que “se había borrado toda la información de los servidores de delegaciones provinciales” y “la sra. subdirectora (Silvia Majdalani) quería ver cómo habían trabajado las delegaciones y no tenía forma de evaluar nuestro trabajo”.

Según el magistrado, que muchos de los documentos secuestras estén fechados entre el 12 y el 27 de abril puede deberse a “la pretensión de Guillermo Coll de ser recontratado por el director Pablo Pinamonti”.

“De este modo pueden comprenderse, por ejemplo, las reseñas sobre la participación de muchas de las organizaciones relevadas en el documento ‘informe abril’ en la marcha del 24 de marzo de 2017, en la que se conmemoraba el 41° aniversario del inicio de la última dictadura militar, es decir, una actividad que fue cubierta aún durante la permanencia de Guillermo Coll al frente de la delegación”.

El espía comentó que las organizaciones perseguidas fueron seleccionadas “porque todas tuvieron participación en algún evento en el pasado”. Dijo: “Uno entraba a la página, por ejemplo, de HIJOS y usted me dice ¿por qué Hijos? Porque Hijos aparecía muchas veces en movilizaciones. O sea, era una de las agrupaciones que más movían, entonces dijimos ‘bueno, a ver, vamos al Facebook de Hijos, quiénes están ahí. Está fulano, fulano y fulano. Bueno, listo, mételos’. Nada más”.

Y nada menos.

Otro ejemplo es el del personal de la UNS: “Había actividades que se hacían todos los años, entonces, obviamente participaba la Universidad, participaba por ahí alguna agrupación pero solamente eso. Es decir, bueno, sí, la UNS participó, por ejemplo, o estuvo presente cuando se inició los juicios por lesa humanidad, estuvieron presentes sí, lógico, eso sí, pero de ahí a meternos, no, nunca, nunca. Solamente, quiénes participaron, en qué actos, listo”.

“De este modo, el imputado reconoció haber reunido información personal sobre integrantes de una universidad pública nacional por el solo hecho de haber asistido al inicio los juicios de lesa humanidad”, afirmó el juez.

Servicios prestados

En otro tramo de su indagatoria, Coll contó que entre los documentos que le remitió a la subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani, “se encontraban una serie de informes producidos por la Delegación Bahía Blanca en el marco de la investigación seguida contra Juan Ignacio Suris”.

Álvaro Coleffi, subrogando el mismo juzgado que Martínez, llegó a indagar al empresario y al arzobispo Guillermo Garlatti, en este caso por el encubrimiento del cura torturador Aldo Vara. Tiempo después, el secretario judicial fue perseguido en una causa por la filtración de escuchas del caso Suris y expulsado del Poder Judicial. Sin embargo, al llegar a juicio la Fiscalía desistió de la acusación por falta de pruebas. Así, las miradas se fijaron sobre el accionar de la Policía Bonaerense y los servicios de inteligencia.

Justamente por su actitud de defensa corporativa a las fuerzas policiales, Martínez –ahora fiscal federal designado por el macrismo- fue dos veces recusado en la causa por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, de la cual recientemente se inhibió por “violencia moral”.

*Foto: Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

El 15 de marzo será el turno del alegato del fiscal Pablo Fermento en el juicio contra cuatro ex integrantes de la Triple A de Bahía Blanca. También habrá audiencias los días 16 y 17.

Esta semana terminaron las testimoniales de la defensa de los imputados Raúl Roberto Aceituno, Osvaldo Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Juan Carlos Curzio.

El lunes declaró la tía política de Aceituno. La docente jubilada Élida Natol recién mencionó el parentezco ante la pregunta de la Fiscalía. Previamente había manifestado que lo conocía “de vista” de “la matiné de Ing. White” y del Club Comercial “por amigos comunes”.

Afirmó que en la década del 70 estudiaba ingeniería civil en la UNS y hacía trabajos esporádicos, uno de ellos como administrativa en la UOCRA.

Sostuvo que conoció a David “Watu” Cilleruelo “porque invitaba a reuniones” y que estaba en el edificio de Alem 1253 el día de su asesinato. Fue la única testigo que dijo que el tercero de los sicarios que acompañaban a Jorge Argibay y a su hijo Pablo era Roberto Sañudo y no su sobrino Aceituno.

Por otra parte, a pesar de las numerosas testimoniales que destacaron la ostentación de armas y la actitud amenazante de la banda en los ámbitos estudiantiles y sindicales, Natol aseguró que “no había ninguna presencia intimidatoria en la universidad”.

Ayer se presentó Silvana Flores, ex tesorera de un jardín de infantes con el que colaboró Osvaldo Pallero hace 25 años. La mujer aclaró que no tiene referencias sobre la vida del imputado en la década del 70 y que lo considera un “gran amigo, buen compañero, solidario”.

Por otra parte, el rectificador mecánico Carlos Balbuena pidió declarar porque considera que Juan Carlos Curzio debería ser enjuiciado por “ñoqui”. La línea defensiva no es novedosa, pretende sostener que Curzio fue contratado por la UNS “simplemente para cobrar un sueldo” y financiar su actividad como corredor de speedway.

Según el testigo, Curzio era concuñado del secretario de la Junta Nacional de Granos, Alberto de la Fuente, “quien le consiguió ayuda económica, entre ellas, creo que era sereno en calle Rondeau la primera cuadra. El Departamento de Agronomía lo manejaba la JNG pero pertenecía a la UNS. Yo sé que cobraba un sueldo en ese lugar para ayudarlo deportivamente. Fue cuando Ponce pasa a ser secretario de la CGT y después diputado”.

Balbuena fue afiliado del PJ y dijo que pertenecía “siempre a la izquierda”. “En mi facebook pueden ver que pongo cosas de política, cómo me visto, traje cosas para que vean, si no van a decir este vino disfrazado del Che Guevara. Amo al Che Guevara, leo al Che Guevara”. Mencionó que quince días atrás firmó “una planilla” en solidaridad con un grupo de jubilados que se manifestaba en Córdoba.

La abogada Mónica Fernández Avello le marcó la contradicción entre el “ñoqui” que “levantaba quiniela” para vivir y el corredor exitoso que ganaba de a millones. “El deporte es caro y él viajaba a Europa, a Australia… Fue en 76, 77, antes tenía que juntar la plata, él vivía de eso”, respondió.

Contó que su padre militaba en el Partido Comunista y tenía un taller mecánico. Allí conoció en su infancia a Curzio. Dijo que la Triple A “perseguía a los comunistas” y que “no cree” que el corredor la haya integrado. “Nunca supe de una afiliación política de él. Por ahí me carga y me dice zurdito”.

Balbuena dijo que era un “infiltrado” en el SMATA: “A los de izquierda no nos querían pero uno estaba ahí” y cuando hacían huelgas “la patota nos patoteaba”. Consultado por los integrantes de la banda aseguró que “los más famosos que estaban con Ponce son los Argibay, padre e hijo, despues se nombraba, me acuerdo porque fui amigo de él, un Chisu”. Sostuvo que “la fiambrera la manejaba gente de los Bustos” y aseguró que una vez vio bajarse de un Torino en pleno centro al corredor Juan Carlos Belongini armado con una itaka.

Afirmó además que tuvo “un amigo montonero” al que identificó como Chiche Ruiz Vera y respondió que la línea interna de los Bustos en el peronismo “era opuesta a la de Ponce”. El secretario de la CGT estaba “muy a la derecha” y los hermanos Bustos “a la izquierda”.

Este sábado la edición en papel de La Nueva se imprimió y no se distribuyó. La empresa de Gustavo Elías no brindó explicaciones.

Así lo difundió el Sindicato de Prensa en un comunicado en el cual afirma que “la libertad de expresión y de información son derechos que todos tenemos como ciudadanos y que los trabajadores de prensa defendemos y promovemos con especial hincapié, a través del ejercicio de nuestra profesión”.

“No es por ello viable cuestionar la integridad profesional de los trabajadores de prensa, que por estas horas ven manchada su trayectoria, tan cara a la credibilidad de un comunicador social”.

El gremio agregó que “este tipo de hechos atentan contra la tan sana práctica del periodismo de investigación, necesaria para escrutar la transparencia de funcionarios, instituciones y del propio sistema democrático”.

“Vemos propicia la ocasión para recordar que preguntar, investigar e informar son parte intrínseca del periodismo, como así también el derecho de opinar y reclamar información. Derechos que, al mismo tiempo, conforman la piedra basal de la libertad de expresión”, sostuvo la entidad.

La Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría pidió la nulidad del “convenio ambiental” entre el fiscal Santiago Martínez y un abogado de Profertil en el marco de la causa que investiga la contaminación del estuario.

Los trabajadores denunciaron que “se ha dado a Profertil un trato privilegiado, discriminatorio del resto, casi secreto, otorgándole audiencias privadas sin noticia de nadie y en abierta contradicción con la letra y el espíritu de lo ordenado por la Cámara Federal”.

El escrito firmado por el abogado Lucas Beier sostiene que la empresa “ha anunciado que invertirá 150 millones de dólares en una ampliación al doble de su planta ubicada en la zona portuaria, por lo que tiene que comenzar sus procesos aprobatorios y necesita sus ‘salvoconductos ambientales’. Pero está involucrada en cinco juicios ambientales, cuatro del fuero provincial y éste. Por algún lado debe empezar”.

El “galimatías de cinco hojitas” presentado por la multinacional fue homologado por la jueza Gabriela Marrón. “Algo tan complejo como esto necesitaría dictamen de algún especialista. Ni el fiscal ni la jueza han pedido que sea revisado por algún organismo ni por los peritos designados en la causa. (…) La jueza dice que cumple los parámetros científicos, no sé cómo lo sabe, tal vez ella tenga conocimiento en materia de tratamiento de líquidos industriales, yo no los tengo y no consta ningún informe técnico”, dijo Beier a FM De la Calle.

La apelación afirma que “Profertil viene contaminando hace más de 25 años, existe prueba científica de esto, pero ahora dice que en los próximos 18 meses mejorará sus sistemas de tratamiento de residuos industriales y para el fiscal corresponde extinguir la acción penal, es decir, no sancionar la conducta delictiva cometida. Y TODO ESTO SIN PAGAR UN SOLO CENTAVO EN REPARACIÓN DEL DAÑO”.

“¿Acaso cualquier (ante un) ciudadano que cometió un delito, si se compromete a no cometerlo más, tanto la fiscalía como la jueza también entenderán que debe extinguirse la acción penal?”, se preguntó el abogado.

A pesar de desconocer la existencia de aluminio, cobre, cromo, plomo, mercurio, cadmio y otros contaminantes en sus procesos, la empresa promete volcar sus efluentes a la ría con parámetros “más rigurosos”. “Si ahora, en la urgencia de la aprobación estatal de la ampliación industrial, saldría corriendo Profertil a hacer cosas que no necesita hacer porque siempre hizo todo bien, corresponde afirmar que siempre mintió”.

El representante de los pescadores insistió en que previo al acuerdo cuestionado, a contramano del fallo de la Cámara, “no se coordinó ninguna reunión de trabajo, no se escuchó a ningún técnico, no se convocó a los peritos, nada; por el contrario, se trae a juicio a alguien ajeno al proceso, el Instituto Argentino de Oceanografía, cuando ya la FAUBA y la Policía Federal Argentina son peritos de éste juicio y ha estudiado en profundidad la problemática del caso.

Por último, en cuanto a la “precariedad” de la oferta de Profertil, advirtió que “no dice qué, dónde, cuánto, cómo arrojará en el futuro al estuario. Menos dice quién, cuándo y cómo ha evaluado en forma imparcial e independiente la calidad y eficacia de hipotéticas instalaciones y procesos futuros que no detalla ni identifica (más allá de una elemental enunciación en unos pobres párrafos)”.

En el marco de un cuarto intermedio en el desarrollo del allanamiento al puesto policial de Teniente Origone, la abogada de la Comisión Provincial por la Memoria, Margarita Jarque, confirmó a FM De la Calle que, entre otras evidencias, se encontró en el lugar otro fragmento de una turmalina similar a la del colgante de Facundo.

“Se realizó una prueba exhaustiva que debió hacerse tiempo atrás, llevó apelaciones y una demora de cuatro meses. Sin embargo se logró el secuestro de varias evidencias, de sedimentos del lugar que permitirán hacer un estudio respecto de dónde provienen y fundamentalmente una marcación de uno de los canes del perito de parte Marcos Herrero que reaccionó frente al colchón, el mismo que se encontraba desde tiempo atrás en el calabozo. Todo ha sido resguardado para su análisis y debemos esperar los resultados”, afirmó.

Destacó que “lo más significativo es un trozo pequeño de turmalina que era la piedra que Facundo tenía y cuyos restos también fueron hallados en el patrullero Etios de Bahía Blanca”.

El abogado Luciano Peretto comentó el trabajo realizado desde esta mañana por la crimonóloga Virginia Creimer: “Tiene a cargo la labor criminalística y de tratar de buscar dentro de los lugares que son parte de la pericia los elementos que sean útiles para la investigación. Eso se consensuó con el equipo que está llevando a cabo la diligencia”.

La primera parte de la medida ordenada por la Cámara Federal y ejecutada por resolución del juez federal Walter López da Silva fue el secuestro de los materiales mencionados y la segunda se concretará durante las primeras horas de la noche.

“Tiene que ver con el reactivo de luminol, con esparcir el químico para buscar evidencias de manchas hemáticas”, dijo Peretto.

Respecto a la turmalina el perito Marcos Herrero aseguró que “podría ser el fragmento faltante que ya había encontrado Yatel cuando hicimos el trabajo en el Etios. Si bien esto es importante hay que tener cuidado y cautela en cómo lo decimos. (…) Es un fragmento de turmalina color negro que habría que hacerle un peritaje y analizarlo”.

“Estoy realmente agotada, fue un día largo y todavía nos resta mucho pero estamos firmes presenciando cada una de las pericias”, dijo Cristina Castro.

Esta mañana comenzó el allanamiento al puesto policial de Teniente Origone en el marco de la investigación de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro. Un equipo de FM De la Calle informa desde el lugar.

La medida fue ordenada por la Cámara Federal al revocar parcialmente el fallo de la jueza María Gabriela Marrón referido a diversas medidas de prueba solicitas por la Fiscalía y la querella.

El operativo fue finalmente convocado ayer por el juez federal Walter da Silva, quien se encuentra interinamente a cargo del Juzgado Federal N° 2 ya que la titular goza de licencia.

Participan los fiscal Andrés Heim y Horacio Azzolin; la Gendarmería Nacional, Cristina Castro y su abogado Leandro Aparicio, la perita Virginia Creimer, Marcos Herrero con sus perros Yatel y Casay, la representante de la querella institucional de la Comisión Provincial por la Memoria, Margarita Jarque y dos testigos.

Cerca de las 14, peritos de Gendarmería retiran en cajas prendas de vestir y otros elementos probatorios.

Cristina Castro: “Estamos ansiosos de rescatar nuevas pruebas”

“Sabemos que ha pasado mucho tiempo pero estamos ansiosos de rescatar nuevas pruebas para ya por fin llevar tras las rejas a todos los asesinos de Facu”, dijo Cristina Castro a FM De la Calle.

“Es un calabozo viejo donde habían manchas, un colchón, donde no nos permitieron levantar muchas cosas. Todas las pericias que faltaban, hoy las vamos a hacer”, agregó.

Respecto de los policías involucrados en la desaparición del joven, Cristina sostuvo que “siguen yendo a trabajar todos los días, ninguno ha sido apartado ni siquiera suspendido hasta que se resuelva la causa”.

La Bonaerense nunca se aparta

Durante la mañana un móvil con efectivos de la Bonaerense se acercó al lugar con intenciones de presenciar el operativo.

Tomaron fotos de la orden de allanamiento y tuvieron que retirarse tras la intervención del abogado Aparicio. Pasado el mediodía continuaban mirando desde la vereda de enfrente.

Del fallo de la Cámara Federal

En Origone “se conjugan el hallazgo de un cabello que pertenecería a Facundo en el móvil que el 30/4/2020 era conducido por Alberto González (Toyota Hilux, número interno nro. 27.788, dominio PQH491); el amuleto ubicado en un montículo de basura en el sector trasero del destacamento, que según afirma la madre del joven, habría pertenecido a su hijo; sumado a que el último policía que tuvo contacto con él habría sido el nombrado González, quien en ese momento se encontraba a cargo de dicho Puesto de Vigilancia; y que según lo declarado por una testigo de identidad reservada (con posterioridad a la resolución de la jueza a quo) habría escuchado una conversación de funcionarios municipales de la zona indicando que en la comisaría de Origone se hallaron prendas de Facundo y que se ordenó que se las haga desaparecer, siendo una de esas prendas una gorra (de manera coincidente, una de las prendas encontradas en la mochila de Facundo, fue una gorra de Ford que él usaba, regalo de la testigo D.G., junto al resto de la ropa y los celulares)”.

“Por ello, se autoriza que se disponga un nuevo allanamiento e inspección sobre la totalidad de los ambientes y dependencias interiores, como así también, toda otra edificación y/o instalación del predio exterior que forme parte del establecimiento en el que se emplaza el Puesto de Vigilancia Policial de Teniente Origone, Villarino a efectos de que se proceda a la búsqueda y recolección de toda clase de rastros (biológicos o muestras de ADN, huellas, cabellos y fibras, incluidos aquellos correspondientes a fauna cadavérica, sedimentos, micro algas, entre otros); debiendo realizarse la búsqueda de sustancias hemáticas mediante el empleo del dispersado de luminol en la totalidad de los ambientes de las instalaciones antes referidas”.

Cristina Castro encabezó ayer una marcha con velas para recordar que Pedro Luro no olvida y exige verdad y justicia por su hijo Facundo. “Sabíamos que íbamos a pelear, no vamos a bajar los brazos nunca, hasta que todos los responsables estén tras las rejas”, dijo a FM De la Calle.

El viernes tres medidas judiciales reimpulsaron la investigación por la desaparición forzada seguida de muerte: la Cámara Federal ordenó nuevas medidas de prueba, los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín recusaron a la jueza Gabriela Marrón y el fiscal Santiago Martínez pidió apartarse de la causa.

El abogado Luciano Peretto afirmó que “el año de la desaparición nos tiene que encontrar con los primeros imputados”. “Veníamos haciendo un trabajo de hormiga, sabíamos que no iba a cerrar la causa, teníamos dos grandes pilares, Heim y Azzolin, cada cosa que iba a apareciendo era un golpe al alma”, sostuvo Cristina.

Se refirió al nuevo allanamiento que deberá realizarse en la estación policial de Origone y a los obstáculos de la jueza y de efectivos de la Bonaerense para desviar la atención. “Esperamos que sigan apareciendo cosas y poder gritar un día que lo logramos”.

En ese sentido, mencionó que una testigo de identidad reservada “estuvo mucho tiempo buscándonos e intentando declarar. Lo que nos dice es muy fuerte: (el intendente Carlos) Bevilaqua mandó a limpiar esa comisaría sabiendo que estaba la gorra de mi hijo que después apareció en el cangrejal”.

En cuanto al secuestro de los teléfonos de los policías Mario Gabriel Sosa, Jana Curruhinca, Siomara Flores y Alberto González dijo que le llama la atención que solo exista una foto de Facundo de espaldas: “Se encargaron de borrar la foto de frente, tenemos la esperanza de que aparezca algo más porque es muchísimo lo que borraron”.

En cuanto a las intimidaciones que recibe desde el comienzo de la búsqueda de su hijo, Cristina relató que recientemente tuvo que ir a La Salada a ver una persona que necesitaba asesoramiento legal y concurrió con Peretto: “Ingresamos y al rato estábamos rodeados de policía, nos filmaban, se escondían, yo estaba comprando aros para mi nieta. A mi trabajo desde que denuncié en noviembre el apriete que me habían hecho no fueron nunca más. Cada intimidación la voy a denunciar”.

“Creemos en la responsabilidad personal tanto del Ministerio Público Fiscal como de la jurisdicción de Bahía Blanca por haber denegado las medida de prueba, no haberlas producido, cuando por el principio de degradación uno va perdiendo material a medida que avanza el tiempo”, comentó el abogado a FM De la Calle.

Dijo que “la información que tuvimos por fuera de los informes de las empresas de telefonía nos daban indicaciones de comunicaciones sugestivas de altos funcionarios policiales a muy bajos funcionarios el 30 de abril cuando desaparece Facu”.

De la recusación de los fiscales contra la jueza destacó que le reprochan “filtrar información y haber mandado a hacer posiblemente un informe por encargue del IADO. (El organismo) se excede en sus funciones y la jueza obliga a agregarlo”. El abogado dijo que el escrito muestra “una fuerte motivación de querer cerrar la causa porque Facundo se ahogó”.

Explicó: “Los fiscales encargan un informe al IADO sobre mareas entre el día de la desaparición y el día se encuentra el cuerpo. Llegan dos, uno absolutamente irregular, sin firmar, solamente un estudio de mareas del 30 de abril. Fue devuelto para corregir. A su vez, envía el IADO un informe firmado por el presidente, que nadie había pedido, en absoluto y  flagrante exceso a sus facultades, es un informe más criminalístico que de mareas. A grandes rasgos dice que Facundo se ahogó porque se desvió y la marea sube cuatro metros y quedó empantanado”.

“Esto no resiste análisis, no fue incorporado y se devolvió. A este informe hace mención la jueza que no debió enterarse porque era parte de la investigación de los fiscales y les intima a que lo agreguen. ¿Cómo se enteró la jueza? ¿Hubo alguna suerte de diálogo con el IADO? ¿Ese es el informe que ella utiliza para llevar al archivo por accidente de una manera desajustada de la causa que se investiga que es la desaparición seguida de muerte?”.

La Suprema Corte de Justicia revocó la condena contra el profesor Dante Patrignani por la supuesta afectación de la “buen honra y dignidad” del ex camarista Néstor Luis Montezanti.

El fallo (que puede leerse aquí) refiere al debate que la comunidad de la Universidad del Sur dio respecto a la posibilidad de que el abogado siguiera a cargo de materias del Departamento de Derecho a pesar de su complicidad con el terrorismo de Estado.

En ese marco se difundió la emblemática imagen que mostraba a Montezanti con gorra militar y la mención a su pasado como espía del Destacamento de Inteligencia 181. Cabe recordar que el ex docente está procesado por su participación en la Triple A bahiense.

Patrignani mostró su alegría este mediodía en diálogo con FM De la Calle y recordó que “esta es la última que quedaba de las cuatro demandas que me hizo”. Más allá de la devolución del dinero embargado por la justicia subrayó “el éxito político para que este tipo deje de festejar lo que hizo conmigo”.

La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca había confirmado una condena en primera instancia y fijando el monto de la indemnización que fue apelada mediante el recurso extraordinario que hoy cierra la historia en favor de Patrignani.

“Con esto ganamos todas las causas que nos inició. Lo que queda es que la imagen que tenía hace cuatro o cinco años de tipo intocable que ganaba todos los juicios, que era imposible sacarlo de la universidad y de la justicia, se terminó de derrumbar. Más aun ahora que está imputado en la causa Triple A. Hay mucho para festejar”, afirmó.

Al momento de emitir su voto, el supremo Eduardo de Lázzari manifestó que “para afectar verdaderamente la dignidad de un hombre es preciso hacerlo (como decía Borges respecto de la injuria) de una manera memorable; el zafio uso de un panfleto con imágenes trucadas -me parece- hubiera caído prontamente en un justificado olvido, de no ser por este mismo juicio”.

Descartó, además, la violación del derecho a la intimidad: “La noticia que se divulga no refiere a la vida privada del actor sino a su paso por un organismo que, más allá de su naturaleza cuasi secreta, es (o fue) una repartición pública, donde Montezanti ha ejercido un empleo público, fue pagado con fondos públicos, etcétera; es decir, remite a aspectos de su vida que no son de su absoluta intimidad”.

Por otra parte, destacó como “fidedigno” y “relevante” el dato sobre la complicidad de Montezanti con la dictadura genocida, mediante su desempeño como PCI, “como para ser tenido en cuenta por aquellos que postulan a tal persona para un cargo, asisten a sus clases o pueden verse afectados por sus actos de gobierno”.

Por su parte, el juez Daniel Soria aseguró que Patrignani “se expresó públicamente en su condición de miembro de la Asamblea Universitaria de la UNS y en el alegado interés social de que la comunidad universitaria conociera la información así propalada”.

“Su divulgación (…) sin duda era de tono elevado, mas lo expuesto no era completamente inmotivado, ni portador de una finalidad claramente injuriante. Estuvo referida a extremos fácticos vinculados a aquel debate de interés general existente o promovido en el seno de esa comunidad universitaria, a propósito de la evaluación de las cualidades del actor para el desempeño de esas funciones”.

Soria agregó que “la manipulación de la imagen del actor plasmada en los aludidos ‘afiches’, con ser irritante lo cual resulta cierto no parece desbordar los límites de una razonable tolerancia en relación con la utilización de un recurso visual -satírico y mordaz como en el caso- tendiente a captar la atención por parte de sus destinatarios”.

Por “violencia moral”, el fiscal Santiago Ulpiano Martínez pidió dejar la investigación sobre la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro. El subrogante de la Fiscalía N°1 fue señalado desde el inicio de la causa como uno de los principales obstáculos para acceder a la verdad y al juzgamiento de los responsables.

Este viernes la Cámara Federal ordenó un nuevo allanamiento en el puesto policial de Teniente Origone y pidió que se secuestren teléfonos de los policías que tuvieron contacto con el joven de Pedro Luro. Además, los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin solicitaron la recusación de la jueza por entender que pretende cerrar la causa bajo la hipótesis de muerte por accidente.

Martínez fue recusado dos veces por la querella y sostenido por la jueza federal Gabriela Marrón. Sin embargo, luego de una reunión en la cual Cristina Castro presentó sus quejas ante el procurador general de la Nación, fueron sumados a la causa Heim y Azzolin.

Ambos funcionarios se abocaron rápidamente a profundizar la pesquisa sobre la desaparición forzada mientras que Martínez siempre abonó la teoría del supuesto accidente.

“Ante la ausencia de un mecanismo que permita resolver disidencias o regule mayorías, se dificulta la labor en caso de no compartirse criterios –por más respetables, claro está, que estos sean- colocando a quien difiere en una difícil posición”, aseguró en su pedido de inhibición.

Martínez destaca la “pérdida de confianza” de la familia respecto a su accionar y al de parte del personal a su cargo. “Asimismo, he sido destinatario de una serie de manifestaciones injuriantes tanto dentro como fuera del proceso –mediáticamente-, donde se me ha descalificado profesional y personalmente”, se lamenta.

Como ejemplo del “manto de sospechas” sobre su accionar aludió a la declaración de la Testigo H: una mujer a quien se presentó como la última persona que vio con vida a Facundo. Su testimonio fue tomado sin presencia de la querella y, si bien se afirmó que había sido aportado por la Policía Federal, luego quedó en evidencia que la colocaron en ese lugar dos policías bonaerenses involucrados directamente en la causa.

“Las contingencias y circunstancias descriptas me han colocado en una posición que violenta mi espíritu, pudiendo eventualmente afectar a futuro la objetividad que me es requerida, posibilidad que hace aconsejable, por prudente, mi apartamiento que, interpreto, no entorpecerá o perjudicará de modo alguno la representación del Ministerio Público Fiscal”, finalizó.

La Cámara Federal de Bahía Blanca ordenó que se realice un nuevo allanamiento en el puesto policial de Teniente Origone y pidió que se secuestren todos los teléfonos personales y oficiales de los policías que tuvieron contacto con Facundo Astudillo Castro el día de su desaparición.

Las medidas de prueba, solicitadas por los fiscales de la causa, los abogados de Cristina Castro y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) como querellante institucional, habían sido rechazadas en primera instancia por la jueza María Gabriela Marrón.

Los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin solicitaron la recusación de la jueza por entender que sus decisiones impiden avanzar con la investigación y pretenden cerrar la causa bajo su única hipótesis: la muerte por accidente.

Las querellas, que ya habían solicitado su apartamiento, acompañan el pedido del Ministerio Público Fiscal.

Esta tarde lo jueces de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Pablo Larriera y Leandro Picado, hicieron lugar al recurso de apelación presentado por el Ministerio Público Fiscal y revocaron parcialmente la decisión de la jueza María Gabriela Marrón, quien el pasado 15 de octubre había rechazado masivamente medidas de pruebas solicitadas por los fiscales y las querellas de la causa que investiga la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.

En ese momento, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) querellante institucional en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y los abogados de Cristina Castro habían señalado en que la resolución de la jueza causaba un profundo perjuicio a la investigación y apuntaban a una única dirección: desestimar la hipótesis de la desaparición forzada, aun cuando siga siendo la más fuerte y probada de todas las hipótesis, y cerrar la causa.

La resolución de la Cámara de esta tarde permite subsanar en parte aquel grave error. Los jueces ordenaron que se realicen dos de las más importantes medidas de prueba que habían solicitado: un nuevo allanamiento del puesto policial de Teniente Origone y el secuestro de teléfonos personales y oficiales de los policías que tuvieron contacto con Facundo Astudillo Castro el día de su desaparición.

Sobre el primero de los puntos, el escrito de la Cámara detalla que el nuevo allanamiento e inspección se debe realizar sobre la totalidad de los ambientes y dependencias interiores, edificación y/o instalación del predio exterior que forme parte del Puesto de Vigilancia Policial de Teniente Origone, para la búsqueda y recolección de toda clase de rastros (biológicos o muestras de ADN, huellas, cabellos y fibras, incluidos aquellos correspondientes a fauna cadavérica, sedimentos, micro algas, entre otros); debiendo realizarse la búsqueda de sustancias hemáticas mediante el empleo del dispersado de luminol en la totalidad de los ambientes de las instalaciones.

En sus fundamentos, la Cámara sostuvo que ya existían en el expediente judicial pruebas que justifiquen este allanamiento: el hallazgo de un cabello que pertenecería a Facundo en el patrullero que el 30 de abril conducía Alberto González, en ese momento a cargo del puesto policial de Teniente Origone; el amuleto de Facundo encontrado en un viejo calabozos del destacamento y la declaración de una testigo de identidad reservada que dijo haber escuchado a funcionarios municipales comentar que en la comisaría de Origone se hallaron prendas de Facundo y que se ordenó que se las haga desaparecer.

A la luz de esta decisión, tanto la CPM como la querella familiar reclamaron que se autorice la pronta participación del perito Marcos Herrero para impedir que nuevas demoras impliquen la pérdida de evidencias que pudieran recabarse en el lugar.

Sobre el segundo de los puntos, la Cámara sólo autorizó el secuestro de los teléfonos personales y oficiales que, durante el tiempo de la investigación, tuvieron o fueron asignados a los policías Alberto González, Jana Curuhinca, Siomara Flores y Gabriel Sosa; los cuatro efectivos que, de acuerdo a las pruebas del expediente judicial, se puede confirmar que estuvieron en contacto con Facundo Astudillo Castro el día de la desaparición. Cabe recordar que el pedido de fiscales y querellantes incluía el secuestro de los celulares de más de 40 funcionarios policiales, entre ellos los superiores de los policías directamente involucrados en la investigación.

Asimismo, los jueces autorizaron a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) a extraer, mediante software forense, la información que contengan los dispositivos que se secuestren y luego realice un análisis sistemático con las demás pruebas de la causa.

A la par de esta resolución de la Cámara, también se conoció el pedido de recusación de la jueza María Gabriela Marrón realizado por los fiscales Andrés Heim de la Procuvin y Horacio Azzolín de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia.

En la apelación presentada ante la Cámara, los integrantes del Ministerio Público Fiscal ya habían sostenido que las decisiones de la jueza implican una clara intromisión en las facultades que le competen a la fiscalía y que, en su conjunto, expresan una única idea: seguir como única hipótesis de la causa la muerte por accidente.

Con argumentos similares, la parcialidad manifiesta de la jueza Marrón y el poco interés por conceder medidas de prueba que investiguen la desaparición forzada seguida de muerte, la CPM y Cristina Castro ya habían pedido que la magistrada sea apartada de la causa. En ese momento, la Cámara rechazó el pedido de las querellas, que ahora acompañarán la presentación realizada por los fiscales Heim y Azzolín.

En el marco de la investigación por las causas de la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, los fiscales Horacio Azzolin y Andrés Heim recusaron a la jueza María Gabriela Marrón, titular del Juzgado Federal N° 2 de Bahía Blanca por considerar que había perdido la imparcialidad que debe tener como jueza del caso.

Los fiscales solicitaron, además, se declare la nulidad de la decisión de la jueza de ordenar de oficio una medida de prueba por considerarla una intromisión en las facultades privativas de los fiscales, con un fundamento aparente y a pesar de otras diligencias de prueba que se están realizando en un sentido similar.

En el marco de la instrucción delegada que tienen los fiscales se han dispuesto una serie de medidas de prueba que buscan despejar interrogantes relacionados con diversas circunstancias de la causa entre las que se encuentran las razones por las cuales el cuerpo de Facundo Astudillo Castro fue hallado en el estuario de Bahía Blanca.

Entre esas diligencias, el 23 de octubre pasado se ordenó realizar un estudio de mareas sobre el estuario durante el período comprendido entre el 30 de abril y el 12 de septiembre, con el objetivo de determinar, entre otras cosas, la altura que tuvo la marea en los lugares donde fue hallado el cuerpo de la víctima, en donde fue hallada su mochila y donde, según el GPS, reportó un móvil policial. El estudio se encomendó al el Instituto Argentino de Oceanografía (IADO-CONICET) y al Servicio de Hidrografía Naval (SHN).

El 2 de febrero de pasado el IADO-CONICET, el SHN y el Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida – CERZOS (CONICET/UNS), acompañaron un informe titulado “Análisis de los niveles de inundación por marea en la zona interna del Canal Principal de Bahía Blanca”. Los fiscales consideraron que el estudio no se correspondía a la totalidad de los puntos del peritaje y que presentaba irregularidades formales, razón por la cual el 5 de febrero decidieron solicitar a los peritos que subsanen estas cuestiones y presenten un nuevo informe.

El mismo día en que se presentara el informe referido, en nombre del IADO se presentó también otro documento titulado “Análisis de la situación en el campo con relación al caso Coirón N° 46030/2020 – FBB 8640/2020”. A criterio de los fiscales el documento era inusual: un integrante de una de las instituciones que debían hacer el peritaje había decido presentar un informe en el que se reflejaba un estudio de campo realizado sin autorización de los investigadores ni control de las partes. El trabajo, además, sostenía hipótesis y arribaba a conclusiones que no se le habían solicitado sin contar con todos los elementos del caso.

Los fiscales resolvieron devolver el informe, recordándole al firmante que su actuación se debe ajustar a las directivas encomendadas expresamente. En ese mismo contexto, la jueza María Gabriela Marrón intimó a los fiscales a subir al sistema de gestión Lex100 el informe del IADO ordenado por esta parte, cosa que se hizo. Se excluyó, desde luego, el informe no ordenado y devuelto.

Sorpresivamente para los fiscales, el 10 de febrero la jueza Marrón dispuso ordenar al IADO un estudio de campo sobre el estuario de Bahía Blanca, argumentando que era complementario de la autopsia que ella había ordenado. Invocó como cita legal el instituto de las “medidas para mejor proveer” y consideró que eso no implicaba reasumir la instrucción del caso, cuya instrucción se encuentra delegada en el Ministerio Público Fiscal en función de lo previsto en el artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación.

Azzolin y Heim consideraron que esta última decisión era nula y así lo solicitaron. En su presentación indicaron que en el marco de la instrucción delegada le está vedado a los jueces adoptar medidas de oficio, ya que las mismas afectan la independencia del Ministerio Público, conforme el artículo 120 de la Constitución Nacional, y violan el debido proceso. Valoraron además que la fundamentación era aparente, ya que el instituto de “medidas para mejor proveer” está previsto para otro proceso (el civil y comercial), para otra etapa del proceso (el plenario) y para otros presupuestos (hechos contradictorios) y, por eso, inaplicable al proceso penal. Consideraron además equivocada la mención a que la decisión no implicaba reasumir la instrucción del sumario; por el contrario, entendieron que cuando un juez actúa de esa forma esta, en los hechos, tomando a su cargo la investigación del caso.

Además de nula, los fiscales consideraron que la decisión de la jueza de forzar la realización de ese estudio, que no había sido ordenada inmediatamente después de la devolución del informe, implicaba cristalizar su postura sobre el caso, que había insinuado previamente, y que se traduce en que Facundo Astudillo Castro falleció ahogado accidentalmente en el estuario de Bahía Blanca el cual habría pretendido cruzar a pie. Los fiscales indicaron que esto implica perder la imparcialidad debida a todos los jueces y por eso solicitaron su apartamiento.

Azzolin y Heim, titulares de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), respectivamente, firmantes del pedido de recusación, fueron designados el pasado 28 de agosto de 2020 -mediante la Resolución PGN 197/20– para intervenir en la investigación  en forma conjunta o alternada con el fiscal de la causa, Santiago Ulpiano Martínez.