El abogado Leandro Aparicio dijo a FM De la Calle que “los desaparecedores por ahora son los dos que lo subieron (a Facundo) a la camioneta, la policía que viene de otro planeta y lo levanta y el otro policía. Esos cuatro, por ahora”.
Se refería así a la teniente Siomara Ayelén Flores, al teniente primero Alberto González y a otros dos que se encontraban en el patrullero y que podrían ser identificados con el resultado del seguimiento satelital del vehículo.
“Con lo que le pasó a Katherine Moscoso, que fueron 300 policías y plantaron un cuerpo, tengo todo el derecho de pensar que no sé qué es lo que está haciendo esta gente, no lo puedo controlar”, sostuvo en relación a los rastrillajes que realiza la Policía Federal.
Antes de ingresar a la sede de la Fiscalía: “Cristina quiere un perito que todavía no nos han otorgado. Venimos a ver qué hipótesis tienen porque nosotros tenemos una y queremos confirmarla con los medios de prueba que tiene la Fiscalía y no nos la dan en la medida en que queremos”.
La querella pretende que el rastreo con canes esté a cargo del adiestrador Marcos Herrero, de destacada intervención en otras búsquedas. “Herrero se quiere sumar ayer”, afirmó Aparicio. Minutos antes, Cristina Castro aseguró que confía “más en los perros que en las personas”.
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Fuerzas federales comienzan este martes rastrillajes en la zona de Teniente Origone hacia Bahía Blanca para buscar pruebas en el marco de la búsqueda de Facundo Castro Astudillo.
Participan canes del K9 y efectivos Gendarmería Nacional Argentina y Prefectura Naval Argentina. Las actividades tienen inicio en horas de la mañana y, en caso de no poderse concluir con ellas, continuarán el miércoles.
La fiscalización está a cargo del director de la Agencia Regional Federal Mar del Plata, secundado por el Jefe de Área II Mar del Plata, a cargo del oficial Jefe de la Delegación Bahía Blanca.
La Superintendencia de Agencias y Delegaciones Federales – Agencia Regional Federal Mar del Plata – Área II Mar del Plata, envió personal y medios de las delegaciones de Bahía Blanca, Mar del Plata, Azul, Dolores, Chascomús, Pinamar, Tandil, Olavarría y Necochea.
Profesionales de la Dirección general Fuerzas de Operaciones Especiales evaluaron “la cobertura necesaria para el correcto y efectivo cumplimiento del servicio”.
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La Fiscalía federal difundió anoche un comunicado con un listado de medidas tomadas en los últimos días en el marco de la causa por la desaparición de Facundo Castro Astudillo y en respuesta a la incompetencia declarada en sede provincial.
Santiago Martínez afirmó que “la declinatoria dispuesta por la jueza provincial resultaba prematura a criterio del Ministerio Público Fiscal -pues el objeto procesal de aquella causa difiere con la que tramita en el fuero federal-“, sin embargo, difirió “la resolución definitiva para su oportunidad”.
En ese sentido, detalló las nuevas medidas ordenadas, las cuales “se encuentran en plena ejecución”.
Respecto a la foto en la cual se ve al policía Mario Gabriel Sosa posando con un patrullero y un joven detenido de espaldas, la Prefectura Navala “efectuó un minucioso análisis, en el que concluyó que acorde a la calidad de las imágenes aportadas, resultaba posible establecer que la persona captada en la fotografía aportada para análisis presentaba una altura aproximada de 1,60 metros +/- 2 centímetro, coincidente con la atribuida a José Facundo Astudillo Castro y que resultaba posible establecer que la prenda que vestía la persona referenciada como ‘n.n masculino’ y las prendas que vestía en las fotografías aportadas presentaban similitud en cuanto a su coloración y conformación de diseño, por lo que se podría inferir que se trataría de la misma vestimenta”.
En cuanto a los vehículos: se secuestró “el rodado Chevrolet Corsa Classic, dominio FYK 677 y del móvil policial Toyota Hilux Orden 22.788, dominio PQH 491. En el vehículo Corsa, la Teniente Siomara Ayelén Flores habría trasladado a Facundo el 30 de abril pasado, en horas del mediodía, desde la localidad de Mayor Buratovich hasta Teniente Origone. La camioneta Toyota Hilux fue utilizada en la misma fecha por el Teniente Primero Alberto González, quien se desempeña como numerario del Puesto de Vigilancia de Teniente Origone. Según su relato, se habría entrevistado con Facundo poco después de haber recibido un llamado alrededor de las 15:00, indicando que un ciudadano se encontraba caminando a la vera de la Ruta N° 3, en dirección a Bahía Blanca”.
Se encomendó al Gabinete Científico de la Policía Federal Argentina que practicara una minuciosa inspección a los mismos fines a los oportunamente ordenados en relación al móvil policial incautado en primer término.
Se solicitó a la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) de la Procuración General de la Nación que prestara colaboración en la recepción y/o ampliación de las declaraciones testimoniales.
Habiéndose remitido vía mail a la Policía Federal Argentina los informes de localización vehicular automatizada (AVL) recibidos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, se solicitó a la prevención un informe preliminar de localización y movimiento de los móviles que se encontraban el día 30 de abril del corriente año entre las 15 y 15:30, a la altura de la entrada de Mayor Buratovich, e individualizara al personal policial que prestó tareas ese mismo día desde las 10.00 hs. en adelante en las localidades de Mayor Buratovich, Teniente Origone, Juan Costé Algarrobo, Médanos, Hilario Ascasubi y Pedro Luro.
Se encomendó a la fuerza de seguridad que verificara si Facundo percibía el IFE, y en caso afirmativo, constatara si la prestación ha sido cobrada desde el 30 de abril en adelante.
Por otro lado, “teniendo en cuenta que de la investigación efectuada por la UFIJ N° 20 de este Departamento Judicial surgen profusas declaraciones testimoniales que alegan haber visto a Facundo entre los días 1/07 al 06/07 del corriente año circulando en esta ciudad, a fin de intensificar su búsqueda, se requirió a las fuerzas de seguridad la elaboración de un croquis o mapeo de los lugares señalados por los declarantes y la realización de tareas de campo diarias y a toda hora por esas zonas, entrevistándose con los vecinos para que aporten con cualquier dato que permita avanzar con la averiguación”.
Se encomendó a las fuerzas intervinientes que realizaran un relevamiento de videocámaras, tanto públicas como privadas, que puedan encontrarse en los distintos lugares en los que, se presume, de acuerdo a los elementos relevados en la investigación, Facundo Astudillo Castro pudo haber transitado.
A la Prefectura Naval Argentina se le solicitó que constatara con los servicios de emergencia, hospitales y morgues del país, si existen registros de haber ingresado una persona que responda a las características de Facundo Astudillo Castro.
A la Comisión Nacional de Regulación de Transporte se le solicitó que informara si registra la compra de algún pasaje a nombre de Facundo Astudillo Castro y al Ministerio de Transporte de la Nación, que informara si el sindicado ha tramitado una tarjeta de viaje SUBE y, en tal caso, si se advirtieron movimientos o recargas desde el 30/04/2020 a la fecha.
Se ordenó girar los autos al Juzgado Federal de intervención, solicitando libre oficio a WhatsApp para que aporte los datos básicos de suscriptor de la cuenta asociada al teléfono de Facundo, que se encuentra preservada en el marco de la presente causa, nombre de usuario, foto asociada y última conexión de la que la compañía tenga registro, a Facebook para que aporte la información de suscriptor de la cuenta asociada a números de teléfono que a tal fin se aportaron, a la empresa MICROSOFT CORP., y a la compañía GOOGLE INC., solicitando la entrega voluntaria de los datos básicos de suscriptor de las cuentas de Astudillo Castro.
En virtud de las presentaciones efectuadas por las querellas, respecto a la solicitud de constitución “in situ” de fuerzas federales que puedan acudir prontamente a la zona de Pedro Luro, Mayor Buratovich y Teniente Origone y proveer a la seguridad de víctimas, personas que forman parte de la investigación y rastros, se requirió al Delegado de la Policía Federal Argentina que dispusiera lo necesario para implementar la medida requerida.
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La madre de Facundo Castro reclamó que la justicia federal convoque al instructor canino Marcos Herrero para colaborar en un nuevo rastrillaje con canes en la zona donde desapareció su hijo el 30 de abril.
Herrero y su perro Duke fueron quienes encontraron en mayo de 2016 el cuerpo de Micaela Ortega quien fuera víctima de grooming seguido de femicidio.
Entre otros casos, participó en el rastreo de Araceli Fulles, del oficial Lucas Muñoz en Bariloche y el de Santiago Maldonado, donde Duke encontró en las aguas del río Chubut un collar negro con un colmillo de jabalí que tenía el nombre de Santiago.
“¿Esperaran que la madre salga a buscarlo como lo tuve que hacer yo? Queremos a Facundo ya! No se olviden que Duke y su entrenador fueron quienes encontraron el cuerpo de Mica y pruebas que a la Científica se les pasó por alto. No puedo respirar de solo pensar lo que está sufriendo esa madre, por favor, repliquen esta publicación hasta que Marcos y sus canes estén trabajando en el lugar correcto”, afirmó Mónica Cid.
Cristina Castro requirió la nueva prueba la semana pasada a la jueza federal Gabriela Marrón aunque aun no tuvo respuesta. Herrero es master trainer canino, especialista en rastro criminal y búsqueda de personas, restos humanos y animales mediante rastrillaje con canes – trabajo y técnica propia que permite resultados positivos en búsqueda sin límites temporales desde la desaparición.
La medida reclamada por la querella implica un rastrillaje con canes que “deberá realizarse en el Partido de Villarino, especialmente en los accesos a Mayor Buratovich, Teniente Origone, las dependencias policiales de ambas localidades, sobre automotores, accesorios, equipos, vestimentas y demás objetos y lugares que la propia dinámica de la prueba imponga dada la gravedad e inmediatez del caso que nos ocupa”.
“Desde casa y casi sin voz les pido me ayuden con esto: necesito que en el rastrillaje esté presente Marcos Darío Herrero con sus perros. Yo lo pedí a la justicia y está dando vueltas y vueltas, quizás si todos pedimos a Marcos me escuchen. Yo confío en él y en sus perros, por favor me ayudan, llenemos las redes pidiendo a Marcos”, solicitó Cristina este mediodía desde su cuenta de Facebook.
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Uno de los abogados de la familia de Facundo Castro fue amenazado este sábado por efectivos de la Policía Bonaerense en el viejo basural de Mayor Buratovich. Si bien la fuerza provincial está apartada formalmentede la investigación, sus miembros no dudaron en intervenir ante la supuesta presencia de restos humanos en el lugar.
“Vos quédate tranquilo, que yo me estoy guardando todos los link de los medios en los que estás hablando y cuando todo pase yo sé bien lo que tengo que hacer”, dijo el subcomisario Pablo Reguilon al dr. Luciano Peretto durante una discusión por la presencia de la policía que depende del gobernador Axel Kicillof.
Cristina Castro reclamó a la jueza Gabriela Marrón la “imperiosa necesidad” de contar con fuerzas federales in situ “que puedan acudir prontamente al lugar, toda vez los 120 Km que nos separan de Bahía Blanca, son demasiado en materia de tiempo que implica el desplazamiento, debiendo poner el cuerpo, la seguridad personal y todo lo que ello implica en procura de preservar una posible escena del crimen, la seguridad de testigos y familiares y cualquier otro posible y probable hecho”.
Alrededor de las 17:20 de ayer el abogado Peretto recibió “un llamado e insistentes mensajes” de WhatsApp de Leonardo Poblete, vecino de Pedro Luro, a quien “le habían avisado desde Mayor Buratovich que unos jóvenes que se encontraban deambulando por el ‘basurero viejo’ de dicha localidad”, habían publicado en redes sociales el hallazgo de “restos óseos de lo que a simple vista podrían corresponder a un humano”.
Empezaba a anochecer cuando llegaron al lugar y vieron un patrullero de la Policía Bonaerense y una camioneta tipo Kangoo color gris o blanca. El dr. Peretto dijo a los efectivos “que debían retirarse de allí, que la policía bonaerense se encontraba apartada de la investigación, produciéndose una fuerte discusión que ameritó que descendieran de sus vehículos un total de cinco efectivos policiales”.
Según la denuncia, el operativo era encabezado por el subcomisario Pablo Reguilon y, además, se pudo identificar al agente Gonzalo Choque.
“Producto de la discusión allí producida, en un momento, Reguilon le refiere casi textualmente al dr. Peretto: ‘Vos quédate tranquilo, que yo me estoy guardando todos los link de los medios en los que estás hablando y cuando todo pase yo sé bien lo que tengo que hacer'”.
Se dio entonces aviso a la Fiscalía federal, “haciéndoles saber que arribaban de manera incesante, efectivos y móviles de la Policía Bonaerense que luego fuera retirado del lugar por instrucción” del fiscal Santiago Martínez.
Minutos después, Cristina Castro y dos amigos llegaron al lugar y se enteraron de lo sucedido por informes del abogado Peretto. Mientras, llegaban fuerzas de seguridad federales las cuales se hicieron cargo de la escena y descartaron “prima facie” la existencia de restos humanos, pudiéndose adjudicar a alguna especie animal.
Para Castro y sus abogados, lo ocurrido implica “una enorme gravedad institucional, de una enorme exposición personal de los allí implicados y que, sin lugar a duda alguna, nos coloca en la urgente tarea de minimizar las posibilidades de que vuelva a repetirse en el futuro, siendo ello probable porque frente a la hipótesis de que la desaparición forzada pudo haber operado en el Partido de Villarino, resulta a todas luces necesario disponga los medios y diligencias para preservar la seguridad en las cosas y las personas que forman parte de la investigación”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2020/07/reguilon.jpg?fit=954%2C364&ssl=1364954FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2020-07-12 16:38:292020-07-13 20:52:49La Bonaerense no se aparta y amenaza a un abogado de la familia
En junio la Bonaerense asesinó a una persona cada 40 horas. Fueron 18 muertes, la mayoría de varones, jóvenes y pobres. La cifra está en consonancia con un despliegue de la fuerza policial en el territorio que ha profundizado sus prácticas habituales y en tiempos de pandemia viene mostrando su cara más violenta, arbitraria y cruel.
En la madrugada del viernes, oficiales de la bonaerense persiguieron y fusilaron a Lucas Nahuel Verón (18) en Villa Scaso, La Matanza, el día de su cumpleaños. En la tarde de ayer falleció en Chascomús Raúl Dávila (22) víctima de un incendio en el calabozo de la comisaría local donde estaba detenido por resistencia a la autoridad.
Estos hechos que se conocieron en las últimas horas significan una alerta máxima sobre el accionar de la Policía Bonaerense, en un contexto en el que aún no hay noticias de la desaparición de Facundo Astudillo Castro en Mayor Buratovich y la misma fuerza policial acaba de ser apartada de la investigación por principal sospechosa.
La Comisión por la Memoria, querellante en la causa Astudillo Castro en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, interviene también en estos dos nuevos casos de violencia policial.
Lucás Verón
En la madrugada del viernes, Lucas Nahuel Verón, que estaba cumpliendo 18 años, fue con un amigo al maxikiosco del barrio en Villa Scaso, La Matanza a comprar gaseosas. Cuando regresaban en moto un patrullero comenzó a perseguirlos y dispararles. Una bala atravesó el pecho de Lucas y lo mató. Luego de protagonizar este caso de gatillo fácil, el móvil policial huyó del lugar.
La Comisión por la Memoria (CPM) tomó conocimiento del hecho ayer por la mañana a través de la agrupación HIJOS La Matanza, con quienes desde hace tiempo articula políticas de derechos humanos en el territorio y llevan a cabo tareas de monitoreo sobre la intervención policial.
Inmediatamente la CPM, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, realizó varias comunicaciones urgentes con la Fiscalía de Homicidios que interviene, la Fiscalía General de La Matanza y la Subsecretaría de Derechos Humanos, Política Penitenciaria y Denuncias de la Procuración General.
La rápida intervención de los militantes de HIJOS La Matanza que se constituyeron en el lugar, tomaron contacto con la familia y buscaron testigos, permitió la resolución inmediata del hecho: los policías de la bonaerense Ezequiel Benítez y Cintia Duarte fueron detenidos por requerimiento de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza a cargo del Dr. Juan Pablo Tahtagian.
Por su parte, la CPM reclamó la inmediata aplicación de la Resolución 1390 de la Procuración General, y evitó de este modo que la policía tomara declaración a los testigos en sede policial, adonde habían sido trasladados con ese fin. La fiscalía avaló este procedimiento policial con la excusa de carecer de personal.
También el menor de edad que acompañaba a Lucas en la moto recibió presiones y amenazas policiales para que declare que venían de robar. Luego del pedido de la CPM para que se aparte de manera urgente a la fuerza de la causa, se trasladó a los testigos y al joven a la fiscalía donde declararon sin la presencia de los efectivos. Allí describieron de manera precisa el asesinato policial. La autopsia será realizada por el Ministerio Público en Lomas de Zamora.
Por su parte, la Auditoria General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad decidió la desafectación preventiva de los agentes.
La detención de los agentes responsables del crimen y su desafectación, marca una diferencia sustantiva con el temperamento sostenido por el poder judicial y la Auditoria, en la mayoría de los casos, donde el personal policial no sólo no ha sido detenido sino que continúa en sus funciones.
Esto ocurrió en hechos graves producidos durante la cuarentena como el homicidio de dos jóvenes en San Nicolás, o las torturas de jóvenes en Punta Indio y Mar del Plata, entre otros. Preocupa que la falta de disposición de desafectaciones preventivas, en muchos casos, se expliquen desde la imposibilidad de tomar declaración a los policías afectados con motivo de la cuarentena.
Raúl Dávila
Mientras tanto, ayer por la tarde, se conoció una nueva muerte que apunta directamente a la responsabilidad de la policía bonaerense y la justicia provincial. Fue en la localidad de Chascomús. La víctima, Raúl Dávila de 22 años, había estado detenida en la comisaría desde el 27 de junio. En la noche del jueves, luego de un incendio en el calabozo donde se encontraba, Raúl fue trasladado al hospital municipal con el 50% de su cuerpo quemado. Falleció ayer por la tarde.
La policía bonaerense y la justicia deberán responder ante esta nueva muerte evitable. Raúl fue detenido luego de una discusión con el padre de su novia. El hombre llamó a la policía y cuando los agentes se hicieron presentes detuvieron al joven bajo la excusa de resistencia a la autoridad. Hasta el jueves permanecía detenido, por un hecho menor por el cual el fiscal pedía 3 meses de prisión en suspenso para un juicio abreviado. La justicia no sólo rechazó su excarcelación sino que además dictó la prisión preventiva. Según la versión policial, al enterarse de esta decisión Raúl incendió el colchón del calabozo donde estaba alojado en señal de protesta.
Hoy se realizará la autopsia que estará a cargo del Ministerio Público de Lomas de Zamora y la fiscalía tomará declaraciones al resto de los detenidos. En la causa interviene el Juzgado de garantía N 5 de Dolores (descentralizado Chascomús), a cargo del Dr. Christian Sebastián Gasquet y la UFID 10 a cargo del Dr. Jonatan Robert.
Este hecho alerta una vez más sobre la detención de personas en Comisarías por delitos leves y plazos extensos – en el caso de Raúl Dávila fueron más de 14 días cuando no se pueden superar las 48 hs. El Estado es responsable por continuar con una política que ha sido fuertemente cuestionada por los organismos internacionales de derechos humanos. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas cautelares de protección sobre diversas comisarías bonaerenses. No obstante esto la situación no sólo no se modifica sino que se agrava.
Las muertes de Lucas y Raúl se producen en un contexto marcado por la extrema gravedad que reviste la desaparición de Facundo Astudillo Castro en Mayor Buratovich hace poco más de 70 días, y donde otra vez la policía bonaerense aparece como la responsable principal.
Resulta imperioso que en estos y cada uno de los casos de asesinatos que involucren a agentes de la policía bonaerense, la justicia garantice una investigación transparente, independiente, eficaz y rápida, que permita esclarecer cada uno de los crímenes, apartando a la fuerza policial de todo el proceso.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Seguridad bonaerense debe asumir la responsabilidad de esta política que, exaltando la centralización del mando policial y la gestión violenta de los territorios, provoca graves violaciones de derechos humanos. Es imperioso revertirla con urgencia, apartar a aquellos agentes sospechados de estos crímenes y garantizar la no repetición de estos hechos. No hacerlo, solo garantiza la impunidad y habilita este accionar.
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Con la consigna “Aparición con Vida YA” se realizó este sábado una movilización en Pedro Luro a 73 días de la desaparición forzada de Facundo Castro Astudillo. Su familia y amistades encabezaron el recorrido que denunció inacción y encubrimiento por parte de autoridades políticas y policiales.
“Desde el Municipio es desde donde tuvieron que haber dado las primeras explicaciones y no lo hicieron. A setenta y pico de días recién se comunicaron conmigo, no es justo lo que está pasando, no es justo lo que hace la policía, no es justo que se encubra, que los estén trasladando. Los quiero presos, no los quiero fuera de Villarino. Lo que le hicieron a Facundo no tiene nombre, ya casi los tenemos identificados, esto no va a quedar así”, dijo Cristina Castro ante la Delegación que responde al intendente Carlos Bevilacqua.
Frente a la sede policial la mamá de Facundo afirmó: “En este lugar empezó todo. Acá es donde me presenté buscando a mi hijo, no son todo iguales, no metamos a todos en la bolsa, muchos de acá me atenideron muy bien. Muchas de las cosas no han pasado acá, han pasado en Mayor Buratovich”.
“¿Para qué nos filman?”, preguntaban algunos manifestantes antes de empezar a gritar “vivo lo llevaron, vivo lo queremos”.
Uno de los hermanos de Facundo agregó que “el oficial Rodríguez, el oficial González, Flores, todo ese tarro de mierda, Navarrete, Curruhinca -no es casualidad que sean familia- no tengo miedo de decírselos: ustedes desaparecieron a mi hermano, es todo el grito de un pueblo. Todos estos oficiales son los que hicieron desaparecer a mi hermano y vamos a seguir. ¿Qué más nos pueden sacar?”.
La marcha terminó en el punto de partida, la Plaza del Ferrocarril. Allí, Cristina Castro agradeció a quienes la acompañaron y dijo: “Hoy es por Facu. No tendrían que seguir desapareciendo chicos. Esta gente sigue mintiendo, sigue encubriéndose, recién en la comisaría vi pasar al señor Navarrete que tan bonito y tan prolijo está cubriendo a la madre de su hijo”.
“Vamos a seguir peleando y no vamos a bajar los brazos, como ellos ya saben, miedo no tenemos. Somos laburantes y los laburantes no tienen miedo. Me van a tener que entregar a Facundo esté donde esté, esté como esté”.
El próximo martes familiares de Facundo y sus abogados se reunirán con el fiscal Santiago Martínez para conocer detalles de la investigación de la desaparición forzada.
El mismo dia a las 10, la CTA Bahía Blanca realizará una conferencia de prensa frente a la Fiscalía Federal de Alsina 317 junto a Cristina Castro, Leandro Aparicio y Luciano Peretto.
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Familiares, amigas y amigos de Facundo Astudillo Castro se movilizan este sábado en Pedro Luro. Reclaman la aparición con vida del joven de 22 años desaparecido el 30 de abril.
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La madre de Facundo Astudillo reclamó a la justicia federal el urgente secuestro de la totalidad de las unidades policiales del partido de Villarino que presenten las características que, según los tres testigos “más congruentes” de la causa, tenía el vehículo al que vieron subir a su hijo el 30 de abril.
La querella desmiente que la imagen secuestrada en la Subestación de la Policía Comunal de Mayor Buratovich, la cual fue difundida ayer, corresponda al momento de la segunda detención de Facundo por parte del efectivo Alberto González sino al Patrullero Toyota Hilux RO 23360 que utilizaron Gabriel Mario Sosa y Jana Curruhinca cerca de las 10 de la mañana, el cual será peritado el lunes.
“Los testigos describen al patrullero involucrado como una camioneta Toyota Hilux, de color blanca y negra, siendo ello a todas luces respectivo a otro vehículo que el que ha sido secuestrado”, afirmó Cristina Castro.
“La estética de los patrulleros a secuestrar y preservar para su pericia deberán responder a la siguiente imagen ilustrativa”, agrega en relación a la foto que acompaña esta nota.
El pedido de secuestro abarca a todas las unidades el distrito dada la pluralidad de localidades con conexidad próxima entre las reparticiones policiales. Menciona particularmente a: Juan Costé (Algarrobo), Médanos, Teniente Origone, Mayor Buratovich, Hilario Ascasubi y Pedro Luro.
Reclaman más medidas de prueba
Ratificada la investigación en la justicia federal, la querella reclamó a la dra. Gabriela Marrón información sobre el estudio de geolocalización del teléfono de Facundo y el seguimiento satelital de los patrulleros asignados a las localidades mencionadas arriba.
Sobre este último punto, destacan que el ministro Sergio Berni declaró que según un estudio interno “el patrullero asignado a Mayor Buratovich nunca se habría apartado del lugar de control, revistiendo ello una situación de relevante gravedad toda vez se estaría anticipando la valoración de la prueba”.
Finalmente, la familia de Facundo sugirió medidas a tener en cuenta para el nuevo rastrillaje con canes que se realizará en la zona de la desaparición y se convoque a la misma con la mayor premura.
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Una comisión designada por la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina llegó a la ciudad para colaborar en la búsqueda de Facundo Astudillo.
Según informó la Fiscalía, “se encuentra analizando las actuaciones con el objeto de proponer medidas investigativas y llevar a cabo parte de las mismas, por sí o con el auxilio de las restantes fuerzas de seguridad federales”.
Ante el cierre de la causa en la justicia provincial relacionada con la averiguación de paradero del jóven desaparecido el 30 de abril, se ordenó a las fuerzas federales que , en forma conjunta y coordinada, profundicen las tareas de campo.
Por otra parte, el secretario de Protección Ciudadana de Villarino, Rafael Martín Pacheco, puso a disposición el teléfono de utilización diaria por parte de los efectivos que se encuentran afectados al Destacamento ubicado en Tte. Origone. Ayer se había solicitado la presentación y secuestro de dichos dispositivos.
La Fiscalía federal informó que se está analizando la localización vehicular automatizada, relacionada con la geolocalización de los móviles policiales el día del hecho, información se le requirió al Ministerio de Seguridad de la Provincia.
Recordamos que el móvil policial secuestrado será peritado mediante una inspección ocular del vehículo y el levantamiento de muestras físicas (rastros) y biológicas (ADN, manchas hemáticas, etc.), fotos y filmación. La medida fue notificada a las partes querellantes.
También por solicitud del Ministerio Público Fiscal, el Juzgado interviniente libró oficios a las compañías Facebook e Instagram requiriendo información.
“Teniendo en cuenta la naturaleza de las medidas de prueba adoptadas, se torna dificultoso arribar inmediatamente a una conclusión, por lo cual, se debe esperar al desarrollo de las mismas, rigiendo el secreto sumarial impuesto por el artículo 204 del Código Procesal Penal de la Nación”, sostuvo la unidad a cargo del fiscal Santiago Martínez.
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La jueza de Garantías Susana Calcinelli confirmó la declinación de competencia de la justicia ordinaria en la búsqueda de Facundo Astudillo Castro tal como lo habían solicitado la familia y el fiscal Rodolfo De Lucía.
A partir de ahora la investigación queda centralizada en el Juzgado Federal N°2 a cargo de la dra. Gabriela Marrón, quien delegó la pesquisa en el fiscal Santiago Martínez.
El próximo lunes se peritará el móvil policial al cual fue subido Facundo el 30 de abril. Imágenes secuestradas en el allanamiento a la Subestación de la Policía Comunal de Mayor Buratovich muestran a Facundo de espaldas a la cámara con un policía posando a su lado.
Calcinelli afirmó que de las declaraciones testimoniales “surge que previo a la desaparición de Facundo Astudillo Castro, al menos dos efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires habrían interceptado en la ruta a quien resultaría la víctima”.
Destacó lo dicho por “testigos que lo vieron acercándose al móvil policial, el que se encontraba con la puerta abierta, señalando uno de ellos que vio cuando se subía al móvil. A ello se agrega que si bien tal intervención fue admitida por un funcionario policial, es dable advertir contradicciones entre las versión de este último y la de los testigos”.
En ese sentido, la jueza subrayó que “el miembro de la fuerza de seguridad no mencionó que se encontraba acompañado por otro efectivo, circunstancia afirmada por tres testigos”.
“Si bien también han declarado testigos que afirman haber visto a Facundo en esta ciudad de Bahía Blanca, con posterioridad a las circunstancias narradas precedentemente, aquella intervención policial resulta suficiente, a mi juicio, para afirmar que corresponde sea investigada la hipótesis que permitiría el encuadre legal sostenido por las partes, al menos por el momento”, agregó.
Se refiere a la desaparición forzada de personas que reprime con pena de 10 a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona.
Pericia al patrullero
El próximo lunes a las 9:30 se realizará la pericia al móvil Toyota Hilux RO 23360 secuestrado tras el allanamiento a la Subestación de la Policía Comunal de Mayor Buratovich.
El análisis estará a cargo de la Policía Federal y constará del relevamiento ocular de la camioneta y el levantamiento de rastros y pruebas biológicas como ADN o manchas de sangre.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2020/07/Facundo-detenido.jpg?fit=1152%2C541&ssl=15411152FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2020-07-10 14:21:262020-07-13 20:55:28Facundo Astudillo: la causa queda en la justicia federal
“No me van a derribar, la fuerza sale del dolor del alma, de la necesidad de buscarlo”, dijo Cristina Castro, mamá de Facundo, durante una reunión con integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
En los últimos días, mientras reclaman intensamente la aparición con vida de Facundo, su mamá, sus amigos y amigas vienen sufriendo distintos actos de hostigamiento y provocación: un funcionario policial jerárquico le dijo a Cristina que “estaban perdiendo recursos al pedo por un pibe de mierda”.
“Las Madres y la Comisión estamos para apoyar y seguir paso a paso su búsqueda. Lo único que sabemos es que la policía está sospechada de cometer una desaparición forzada y los funcionarios tienen que asumir la responsabilidad que les toca, te abrazamos con el corazón”, remarcó Nora Cortiñas.
Por otra parte, el ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, llamó a Cristina y afirmó: “Su hijo está vivo y lo vamos a encontrar”. También le dijo que “la Policía Bonaerense estaba trabajando bien en la búsqueda”.
Este martes la CPM —en carácter de Mecanismo de Prevención de la Tortura—presentó una petición de acción urgente ante el Comité contra la desaparición forzada de Naciones Unidas.
En el escrito, el organismo señaló que “según las declaraciones testimoniales de testigos, como así también las contradicciones en los relatos de los agentes policiales de la Policía de la Provincia de Buenos, se presume que esta fuerza estatal podría estar involucrada en la desaparición de Facundo”.
También se pidió protección para los tres testigos claves de la causa.
De la reunión con Cristina Castro, además de Nora Cortiñas, participaron los integrantes de la CPM Víctor de Gennaro y Roberto Cipriano García, y la directora general Sandra Raggio.
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La madre de Facundo Astudillo solicitó ser particular damnificada ante la justicia provincial, a la vez que reclamo que esta decline su competencia en el fuero federal. Mientras se define la situación, exigen a la jueza de Garantías, Susana Calcinelli, que aparte a la Policía Bonaerense de la investigación.
Cristina Castro afirmó que no es su hijo el que aparece en cámaras de seguridad, ni está alojado en una pensión o fue visto vendiendo bolsas y medias en Bahía Blanca”.
La presentación contrapone las “contradicciones” y “relatos inverosímiles” de seis policías que detuvieron o dicen haber visto al joven entre Mayor Buratovich y Teniente Origone con lo dicho por tres testigos que presenciaron cómo lo subían a un patrullero en la zona de “la curva grande” cercana a Buratovich el 30 de abril aproximadamente a las 15:30.
“Principalmente echan por tierra los testimonios y actuaciones policiales que para dicho horario lo situaran a Facundo en un escenario distinto temporal y especialmente, lleno de contradicciones, relatos inverosímiles y relatados por agentes de la misma fuerza”, advierten los abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto.
Por ello, demandaron que independientemente de la resolución de la jueza respecto a su competencia, “se delegue en otras fuerzas (Policía Federal, Aeronáutica, Prefectura, Gendarmería) la investigación sobre la desaparición forzada de Facundo Castro”.
Cristina Castro Alaniz destacó en la presentación:
Que he expuesto hasta el cansancio que no es mi hijo el que se muestra en las cámaras de seguridad de la ciudad de Bahía Blanca que han sido expuestas.
Que se encuentra totalmente descartado que Facundo esté alojado en una pensión como le explique hasta el hartazgo al auxiliar letrado.
Que las personas que han ubicado a Facundo vendiendo bolsas y medias en la localidad de Bahía Blanca no han podido dar precisiones en su descripción.
Que todas las declaraciones recabadas carecen de sustento por no poder dar fe cierta de que se trate de Facundo.
Finalmente, el documento cuestiona los operativos “unilaterales” que desde hoy realizan efectivos de la Bonaerense en distintos barrios de la zona sur de Bahía Blanca y denuncia el incumplimiento de resoluciones de la Fiscalía General por parte del ayudante Fiscal de Médanos, Dimas García, por no haberse apartado ante “la posible participación del personal policial que cumple funciones en su jurisdicción”.
Comunicado de Fiscalía
Esta mañana la Fiscalía General informó que la causa está tramitando bajo la órbita de la UFIJ N° 20 a cargo de Rodolfo De Lucía.
Según el comunicado, “se documentó la salida del joven de la localidad de Pedro Luro el 30 de abril y parte de su trayecto hacia Bahía Blanca, mediante dos controles policiales donde se lo identificó, uno ellos cercanías de Mayor Buratovich y otro en inmediaciones de Teniente Origone”.
“Unos 20 días después fue visto en Bahía Blanca por una persona que lo conoce y que afirma haberlo saludado. Hasta el momento no se descarta ninguna hipótesis, se están tomando todas las medidas de prueba y testimonios para lograr dar con Facundo”.
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La jueza federal Gabriela Marrón aceptó como querellante en la causa que investiga la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro a la madre del joven desaparecido desde el 30 de abril cuando partió desde Pedro Luro hacia Bahía Blanca.
Cristina Castro Alaniz tuvo el último contacto telefónico con su hijo aquel mismo día, cuando Facundo fue aprehendido en Mayor Buratovich por personal de la Policía Bonaerense por violar la cuarentena.
La familia denunció “serias inconsistencias y contradicciones” en la investigación realizada por la justicia ordinaria en base a la investigación policial.
Para la jueza federal todo “hace sospechar que los agentes de la citada fuerza de seguridad podrían haber obrado abusivamente en relación a Astudillo Castro, lo que promovió que se lleve adelante una pesquisa en este fuero por un hecho de violencia institucional”.
La querella está acompañada por el Premio Nobel de la Paz y presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Adolfo Pérez Esquivel, e integrantes del equipo jurídico del organismo de derechos humanos.
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Facundo Astudillo Castro está desaparecido desde el 30 de abril cuando salió de su casa en Pedro Luro, con dirección a Bahía Blanca. Recientemente tres testigos declararon haber visto al joven ese mismo día, cuando era subido a un patrullero en la localidad de Mayor Buratovich.
Esa fue la última vez que alguien lo vio, Facundo nunca llegó a destino ni volvió a comunicarse. La familia denunció irregularidades en la investigación por “averiguación de paradero”, contradicciones en las declaraciones de los policías y realizó una denuncia penal ante la justicia federal por desaparición forzada.
En este caso de enorme gravedad institucional, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se presentará como querellante institucional y ya pidió que se aparte a la policía de la causa que tramita en la justicia provincial.
Facundo Astudillo Castro tiene 22 años y está desaparecido desde hace 65 días. En la mañana del pasado 30 de abril, el joven emprendió viaje “a dedo” de Pedro Luro hacia la casa de su ex pareja en Bahía Blanca. Nunca llegó. A pesar de los múltiples intentos por comunicarse con él, desde ese mismo día el teléfono de Facundo está apagado.
Tras la denuncia de la familia, se inició una causa por “averiguación de paradero” en la Ayudantía Fiscal de Villarino. La investigación está plagada de irregularidades, inconsistencias y declaraciones contradictorias de los policías que declararon haber visto a Facundo en la localidad de Mayor Buratovich y después en Teniente Origone.
El último de los testimonios policiales es el más contradictorio: primero declaró que una camioneta lo levantó y salió en dirección a Bahía Blanca; cuatro días después, cambió su testimonio y dijo que, en realidad, se fue caminando.
A pesar que la mamá de Facundo y su abogado estuvieron en todo momento siguiendo la causa, sólo conocían el testimonio de los policías que lo demoraron en Mayor Buratovich y le dictaron la infracción por violar la cuarentena. Esa actuación policial ya resulta irregular: a pesar de ser infraccionado por violar la cuarentena y de constatar telefónicamente con la madre el domicilio de Facundo, los policías -segun dicen- no disponen que retorne a su casa sino que lo dejan seguir camino.
Cabe mencionar que, en ese momento, había en la Provincia mayores restricciones a la circulación y un celo muy particular de las fuerzas de seguridad por velar por el cumplimiento de la medida.
Peor aún, ni la policía ni la justicia le notificaron a la familia de las declaraciones de los policías que, supuestamente, ubican a Facundo en Teniente Origone y en una camioneta en dirección a Bahía Blanca. Recién conocieron estos testimonios el 19 de junio, más de 50 días después de la desaparición, durante los rastrillajes en la zona. Ese mismo día, también notaron que la ubicación informada por los policías que lo demoraron no era la misma que figuraba en el acta.
Sin embargo, la última y mayor de las irregularidades se conoció la semana pasada. El 27 de junio, tres vecinos de Pedro Luro se comunicaron con la familia de Facundo y le contaron que el día de la desaparición, alrededor de las 3 de la tarde, después de pasar el ingreso de la localidad de Mayor Buratovich, vieron a Facundo cuando era detenido por dos policías e ingresado a la cabina trasera de un patrullero. Los tres vecinos se habían presentado en la comisaría de Pedro Luro para ofrecer su testimonio, pero nunca fueron llamados a declarar.
La declaración coincidente de los tres ciudadanos echa por tierra los testimonios y actuaciones policiales, identifica otro tiempo y lugar de su desaparición y aporta el principal dato: Facundo fue visto por última vez cuando era detenido por la policía de la localidad de Mayor Buratovich.
Ante las evidentes irregularidades en la investigación y la omisión de la detención de Facundo en la causa, la familia presentó ante la justicia federal una denuncia penal para que se investigue la desaparición forzada y se desplace de la investigación a la Policía Bonaerense.
En la denuncia también señalaron que Facundo era desde hace algunos años víctima de hostigamiento policial. La madre señaló que el joven, cuando era aún menor de edad, había sido golpeado por la policía y que, en otra oportunidad, le habían roto de manera intencional un ciclomotor. En los dos casos, la madre identificó a un agente que, incluso, lo vio participar de los rastrillajes en el lugar de la desaparición.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tomó conocimiento del caso por los organismos de derechos humanos de la región que vienen acompañando a la familia y reclamando la aparición con vida de Facundo. El organismo también estuvo en contacto también con la familia del joven y su abogado.
En carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, y tal como lo faculta la ley, la CPM se presentó como querellante institucional en la causa federal que investiga la desaparición forzada. Y realizará presentaciones ante organismos internacionales de derechos humanos.
Al mismo tiempo, la CPM envió una nota al Ministerio de Seguridad de Nación notificando el hecho y a la fiscalía para requerir el cumplimiento de la Resolución 1930 y ordenar el inmediato apartamiento de la Policía Bonaerense en las diligencias investigativas que se realizan en el marco de la causa por “averiguación de paradero”, en trámite ante la fiscalía de Villarino.
La desaparición forzada de persona es un delito de lesa humanidad. La sola posibilidad o sospecha de estar frente un hecho de esta extrema gravedad institucional obliga a actuar de manera rápida y eficaz. Facundo Astudillo Castro tiene que aparecer con vida, es un reclamo no sólo de la familia y de los organismos de derechos humanos, es un reclamo que tiene que atravesar a toda la sociedad.
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Sobrevivientes de la Triple A y familiares de víctimas de Río Negro no pudieron seguir la primera audiencia testimonial realizada ayer en Bahía Blanca por la falta de transmisión en vivo por parte del tribunal.
La intención era proyectar los testimonios en la Casona de la Memoria Eduardo “Bachi” Chironi ante la imposibilidad de viajar a nuestra ciudad e ingresar a la sala por la pandemia.
Entre otras familias, tampoco pudo participar desde Chile la de Víctor Oliva Troncoso, una de las víctimas de la causa, de cuyo secuestro y asesinato se cumplieron 45 años este jueves.
“Estamos viendo la nada, intentando ver cosas donde no se pueden ver, muy preocupados por esta situación de desinformación, de incertidumbre, porque no se sabía hasta hoy por la mañana si se iba a transmitir, si se iba a continuar o no el juicio y la situación de los testigos”, dijo a FM De la Calle Julia García.
La hermana del “Negrito” afirmó que “el juez dijo que dado el tiempo transcurrido iba a continuar con la audiencia. Es cierto, pasaron 46 años, vaya si pasó tiempo. Estamos de acuerdo con que se realice pero el coronavirus no puede ser excusa para desvirtuarlo. Es un juicio significativo para Bahía y el país, habla de una participación de civiles amparados en el Estado matando gente y secuestrando en Bahía Blanca”.
García y otras integrantes de su familia tendrán que declarar en el transcurso del debate aunque ya manifestaron que no aceptarán hacerlo por videoconferencia. “Tenemos el derecho a declarar en condiciones adecuadas, en el caso nuestro son 46 años esperando este momento, cuidando todo recuerdo y cada detalle para no olvidar. El juicio es una instancia reparadora, es la posibilidad que te escuchen y que los imputados se sientan señalados por nuestros dichos y por nuestro relato, no en sus casas tranquilos”.
A su lado, Verónica Alduvino -hermana de Fernando- agregó: “Tanto yo como mi familia esto lo estamos viviendo con un alto nivel de frustración. Los 46 años no estuvimos sentados esperando que se abriera el cielo y bajara la justicia, hicimos un montón de acciones. Mi papá y mi mamá se cansaron de hacer cosas, incluso en el gobierno militar poniendo en riesgo su vida como la de mi hermano más chico, es absolutamente injusto”.
“Estamos enjuiciando al Terrorismo de Estado que ocurrió en un gobierno democrático legítimamente elegido por el pueblo del ’73 al ’76, amparados por este gobierno mataban personas cuando, si alguien era señalado por algún delito, estaban los resortes del Estado para enjuiciarlo, pero no sacarlo de la casa y matarlo”.
“Esto ocurrió y fue metido debajo de una alfombra durante muchísimos años. Nosotros intentando levantarla y sistemáticamente lo volvían a ocultar. Una vez que pudimos por favor que se haga con la máxima seriedad que nosotros y nuestros hermanos se merecen. Se está buscando que este juicio sea entre cuatro paredes y que la gente no se entere. Lo que no se da a luz, mañana vuelva a pasar”, aseguró.
El secretario de Derechos Humanos, Duilio Minieri, dijo que “esta causa es importante porque hay familiares de víctimas en Río Negro, la seguimos de cerca, fuimos a la primera audiencia, íbamos a transmitir la audiencia en vivo en la casona ‘Bachi’ Chironi en Viedma. Esta precariedad técnica que impide la transmisión es difícil de comprender que en el siglo XXI, que se dependa de la situación de aislamiento de la ciudad de Buenos Aires”.
Finalmente subrayó la importancia “de la comunicación permanente con los familiares, tener en cuenta su opinión, mirar las audiencias en simultáneo, que no se pierda el carácter oral y público y que se mantengan la declaración presencial por el sentido reparatorio que tiene”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2020/03/IMG_7469.jpg?fit=4567%2C2965&ssl=129654567FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2020-07-03 13:30:412020-07-03 13:30:44Triple A: memoria en diferido
Se realizó este jueves la primera audiencia testimonial en la causa que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A en Bahía Blanca. Por falta de acceso al sistema del Centro de Información Judicial el encuentro no fue transmitido en vivo oficialmente.
Horas después, la Universidad Nacional del Sur puso a disposición del público la grabación de la audiencia en la cual declararon José Luis Santagada, Daniel Esquivel, Marta Bustos y Juan Díaz.
Dante Patrignani pidió la postergación de su testimonio para poder hacerlo con transmisión en directo. Será durante una próxima audiencia, cuya fecha dependerá -según informó el presidente del tribunal Roberto Amábile- de la solución del problema generado en el CIJ y el análisis para permitir el ingreso de público a la sala con las correspondientes medidas de prevención en el marco de la pandemia.
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El Tribunal Oral Federal no garantizará la prometida transmisión en vivo de la audiencia que abrirá este jueves la etapa testimonial de la causa Triple A. Argumentó que el Centro de Información Judicial de la Corte Suprema vio afectadas sus funciones por el cambio a Fase 1 en el AMBA.
Cabe destacar que el reinicio del debate será con una modalidad mixta con presencia de las partes en Colón 80 y la posibilidad de testigos e imputados de participar por videoconferencia. El público no podrá ingresar a la sala, por ende, no habrá alternativas de publicidad en directo.
Algunos de los testigos convocados y la Comisión de Derechos Humanos de la CTA Bahía Blanca reclamaron la postergación de la audiencia. La Universidad del Sur está en condiciones de grabar la sesión aunque depende de permisos del Poder Judicial para transmitir en vivo, es por ello que ofreció subir el material a internet una vez concluida la jornada.
“Teniendo en cuenta que los responsables de la transmisión están en conocimiento de la convocatoria a la audiencia desde hace tiempo y que el cambio de fase en el AMBA fue anunciado el viernes pasado es vergonzoso que no se hayan previsto los inconvenientes técnicos ni la comunicación de los cambios a los testigos convocados”, manifestaron desde la CTA.
La Comisión que tiene como referente a Dante Patrignani, uno de los citados a declarar este jueves, agregó que “los juicios por crímenes de lesa humanidad no solo buscan condenar a los represores con todas las garantías que ellos violaron sistemáticamente durante el terrorismo de Estado sino además cumplen una función reparatoria para las víctimas y educativa para que la sociedad sepa lo que ocurrió en nuestra ciudad y no permita la continuidad y reiteración de las prácticas genocidas”.
Por su parte, desde H.I.J.O.S. Bahía Blanca afirmaron que “rapidamente debería solucionarse y buscar las herramientas adecuadas para ‘garantizar de manera plena el principio de publicidad del debate’ como planteó el mismo tribunal, cuya responsabilidad es la de realizar los juicios de manera oral y pública y con pleno acceso a la divulgación del mismo”.
El inicio de la audiencia está anunciado para las 10 en Colón 80. Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero son juzgados por el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, también por el homicidio del estudiante David “Watu” Cilleruelo.
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