(Notas.org) Desde las seis de la mañana y hasta las 20, en todo el país se elegirán las nuevas autoridades que conducirán la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) durante el período 2015-2019. Más de 250 mil afiliados están habilitados para votar y lo harán en 2880 urnas distribuidas a lo largo y ancho de la Argentina. Delegados internacionales, que representan a distintas centrales sindicales de América Latina, el Caribe y Europa, actuarán como observadores de todo el proceso.

Esta elección es crucial en muchos aspectos. Para empezar se trata de un sindicato histórico – fue fundado en 1925 y tiene la personería gremial número dos – y de una magnitud en términos de afiliación que vuelve al proceso electoral un hecho relevante en sí mismo, sea cual sea el desenlace. Por otra parte, el elemento distintivo en esta ocasión pasa por una ruptura al interior de ANUSATE, la agrupación que viene hegemonizando la vida de ATE desde la recuperación democrática en 1984.

Las diferencias públicas entre Pablo Micheli, secretario general de la CTA Autónoma, y Víctor De Gennaro, referente histórico del gremio y reciente pre-candidato presidencial por el Frente Popular (que no superó las PASO) son lo que más ha resaltado mediáticamente en este escenario que se ha configurado en el plano nacional.

A su vez, el cambio de etapa que se avecina en el país tras 12 años de kirchnerismo es un dato no menor para un sector de trabajadores y trabajadoras que ha crecido sustancialmente en esta larga década, pero que también ha estado expuesto a altos niveles de precarización laboral y a salarios que, en la foto actual, no recuperan lo perdido tras la gran crisis de principios de siglo.

En 1984, con el retorno de la democracia, los sindicatos retomaron su vida activa y ATE, que durante la dictadura se mantuvo en manos de Juan Horvath, un colaboracionista del régimen, no fue la excepción. ANUSATE (Agrupación Nacional de Unidad y Solidaridad de ATE), que se forjó en esos tiempos de oscuridad, se impuso en los comicios de ese año y lo siguió haciendo, siempre con la vinculación al color verde, hasta la fecha.

En aquella oportunidad Víctor De Gennaro fue electo secretario general del Consejo Directivo Nacional y Germán Abdala del Consejo Directivo Provincial. Tiempo después, serían dos de los principales impulsores (y ATE en su conjunto) de la fundación de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) en 1991. Esa fue una de las páginas más importantes en las que inscribió su sello ATE, un sindicato reconocido por su nivel de democracia y pluralidad y que sobre todo durante la década del 90 tuvo un rol destacado en las luchas contra la privatización en diferentes esferas del ámbito público.

Los datos de la última elección continuaron con la tendencia de los 25 años precedentes y marcaron un triunfo abrumador de la Lista Verde, que obtuvo el 90% en todo el país. El panorama de la elección de este miércoles dista mucho de esa contundencia.

Hugo “Cachorro” Godoy (Provincia de Buenos Aires) y Julio Fuentes (Neuquén) enrocan sus actuales cargos (adjunto y general) y se presentan por la lista Verde ANUSATE, con el aval de la figura de Víctor De Gennaro. Nando Acosta, secretario general de ATE-Jujuy y Miguel Pelandino, con el mismo cargo pero en Entre Ríos, se referencian en la Lista Verde y Blanca y expresan un armado que es afín al kirchnerismo, a pesar del buen vínculo entre Acosta y Pablo Micheli, y cuyo impulso está dado por el actual diputado nacional Edgardo Depetri, que se presenta como vocal.

Las otras tres listas que se presentan son La Bermellón, encabezada por Raquel Blas (secretaria general de Mendoza) y donde se nuclean diferentes expresiones de la izquierda tradicional e independiente; la Naranja-Lila y la Gris, también con identidades a la izquierda.

Hasta el momento el favoritismo parece estar del lado de Godoy, aunque se vislumbra una elección pareja y muy disputada en varias seccionales. Lo que ha cruzado la previa son variadas denuncias de irregularidades, principalmente vinculadas a la confección de los padrones, que han sido desestimadas por el juzgado laboral número 3.

Además de la disputa nacional, se renovarán los 23 Consejos Directivos Provinciales, el Consejo Directivo de la Capital, las 152 Seccionales, el Centro Nacional de Jubilados y Pensionados, los 22 Centros de Jubilados y Pensionados provinciales y los 41 Centros de Jubilados y Pensionados locales. Asimismo, cada provincia elegirá Congresales Nacionales y Provinciales de acuerdo a su número de afiliados.

De todo lo antedicho, que implica nada más ni nada menos que 6315 cargos electivos, resalta la disputa del Consejo Directivo de Capital, aún más feroz que la Nacional. Allí La Verde va dividida en tres listas.

Una de ellas la encabeza el actual secretario general José Luis Matassa y se presenta con boleta corta, sin anclaje nacional pero con el apoyo decidido de Pablo Micheli. En tanto Rubén Mosquera, actual paritario de ATE, y Rodolfo Arrechea (ex secretario adjunto de ATE Capital) van con el sello de La Verde, Celeste y Blanca, que va pegado a Godoy. Finalmente, Daniel Catalano y Juan Manuel Sueiro representan a La Verde y Blanca, el armado kirchnerista en Capital, lógicamente vinculado a Nando Acosta. El posible resultado es incierto y desde varios sectores incluso hablan de “triple empate”. La Bermellón también tendrá expresión porteña con la candidatura de Mariano Skliar, de Promoción Social, como secretario general.

Para los y las estatales nucleados en ATE será un día más que importante. Para la lista ganadora, sea quien sea, todavía más. Tendrá la tarea de reconstruir un sindicato tan importante como debilitado en los últimos años, entre las diversas disputas internas que lo han erosionado. La condición actual de los trabajadores y trabajadoras del Estado y el escenario que se avecina amerita una herramienta gremial fuerte, con capacidad de conquistar avances y profundizar organización en cada sector de trabajo.

Las Abuelas de Plaza de Mayo informaron con enorme alegría que encontraron a la hija de Walter Hernán Domínguez y de Gladys Cristina Castro, nacida durante el cautiverio de su madre en marzo de 1978. Walter y Gladys fueron secuestrados el 9 de diciembre de 1977 en Godoy Cruz, Mendoza. En ese momento, la joven cursaba el sexto mes de embarazo y desde entonces no se supo nada más de ellxs.

Las dos abuelas, María Assof de Domínguez y Angelina Catterino, y el tío paterno Osiris Rodolfo Domínguez, viajaron desde Guaymallén, Mendoza, para compartir la felicidad de este encuentro y la conferencia de prensa realizada en la casa de las Abuelas.

Gladys nació el 23 de noviembre de 1953 en la ciudad de Guaymallén. Walter nació el 30 de marzo de 1955 en la capital de esa provincia. La joven estudió Diseño y él Arquitectura, ambos militaban en el Partido Comunista Marxista Leninista.

En noviembre de 1976, cuando Walter terminó el servicio militar, se casaron. Gladys trabajaba en una panadería y el joven era chofer de una línea de micros. El 9 de diciembre de 1977, en un operativo a cargo de supuestos policías pero que, en realidad, fue montado por militares, el matrimonio fue secuestrado en su casa de la localidad de Godoy Cruz y nunca más se supo de ellos ni del hijo o hija que esperaban para marzo de 1978.

Desde el momento de la desaparición de los jóvenes, las familias Domínguez y Castro emprendieron la búsqueda. Fueron al arzobispado, al comando IV Brigada Aérea, a la SIDE, presentaron hábeas corpus, y en ningún lugar recibieron respuestas.

Al enterarse de otros casos como el suyo, la abuela María Assof viajó por primera vez en su vida a Buenos Aires y se contactó con las Abuelas de Plaza de Mayo, donde se radicó la denuncia sobre la desaparición del matrimonio y se emprendió la búsqueda colectiva del niño o niña. A partir de entonces, las dos familias viajaron regularmente a Buenos Aires a aportar datos o preguntar cómo venían las investigaciones, y siempre que desde la Asociación visitamos Mendoza nos reciben con los brazos abiertos.

En 1994 el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza envió a las Abuelas una denuncia anónima sobre una joven nacida en marzo de 1978 que apareció en el hogar de una pareja mayor, de un día para otro. La joven, a pesar de haber sido inscripta como hija propia, sabía que no era hija biológica de quienes la criaron, pero nunca pensó en acercarse a Abuelas. La dificultad para reconstruir las huellas que el terrorismo de Estado borró impiadosamente, hicieron que el hallazgo de la hija de Gladys y Walter se demorara 21 años más.

A mediados del año 2009, la denuncia -junto con información que las Abuelas compartimos con el Estado para la búsqueda de nuestros nietos apropiados- fue derivada a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) para que pudieran investigar, con el ímpetu impreso desde 2003 a resolver los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado. En este sentido, en abril de 2014, por decisión de la secretaría de Derechos Humanos se crea en CONADI un equipo de aproximación a posibles hijos de desaparecidos, como el que ya venía funcionando desde 2006 en Abuelas.

Este equipo de trabajo, inmediatamente se puso a investigar casos de jóvenes denunciados como posibles hijos de desaparecidos, que aún no han decidido acercarse voluntariamente a las Abuelas o CONADI. Fue así que en febrero de este año llamaron a la mujer -hoy flamante nieta restituida- para contarle que la CONADI contaba con información que arrojaba posibilidades de que podría tratarse de hija de desaparecidos y la invitaron a realizarse el estudio de ADN.

La nieta de María Assof de Domínguez y Angelina Catterino, accedió inmediatamente a realizarse el estudio que se concretó el 16 de julio. El jueves último, 27 de agosto, el Banco Nacional de Datos Genéticos informó a la CONADI que la joven es hija de Walter y Gladys. Desde nuestra Asociación se le comunicó la noticia a las dos abuelas, mientras que la CONADI informó a la nueva nieta que con beneplácito recibió la noticia.

El derecho a la identidad se recupera una vez más en este país, con la colaboración de un Estado empeñado en promover derechos y de gran parte de la sociedad que no quiere volver a sufrir los atropellos de dictaduras terroristas. Sólo resta que el abrazo esperado 37 años por las familias Domínguez y Castro se materialice en estos días. Bienvenida nieta 117 a la verdad.

nieta 117

Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo.

Las actas labradas por las autoridades de La Nueva Provincia para apretar a sus trabajadores durante el más duro conflicto sindical de su historia, fueron expuestas esta semana en el alegato de la Fiscalía sobre los casos de los secuestros y asesinatos de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola.

El tribunal oral de Bahía Blanca juzga a más de veinte represores que actuaron durante el terrorismo de Estado bajo control operacional de la Base Naval Puerto Belgrano de la Armada Argentina. El alegato de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani se extenderá por dos audiencias más, el martes y el miércoles próximos, en Colón 80.

“Estas actas confeccionadas para entregárselas a la Inteligencia de la Prefectura y para perseguirlos de manera laboral y echarlos sin pagar la indemnización, paradójicamente hoy nos sirven como prueba en la reconstrucción precisa hasta del detalle horario de la historia”, afirmó Palazzani.

El representante del Ministerio Público aseguró que el contexto del caso de los obreros muestra los componentes militares del terrorismo de Estado y “atraviesa horizontalmente toda la traza de complicidad civil en Bahía Blanca. No solamente la complicidad empresarial sino también vamos a ver que los familiares peregrinaron por los tribunales provinciales, los federales y por altos estamentos de la Iglesia Católica”.

Aquellos secuestros, torturas y homicidios calificados tuvieron “su génesis en el conflicto gremial con la patronal del grupo empresario Massot-La Nueva Provincia”. Fueron precedidos “por un período de varios meses de persecución como correlato directo de la actividad gremial desarrollada y los conflictos laborales existentes desde 1973, entre los trabajadores sindicalizados y los propietarios y directivos de la empresa. Resulta acreditado por un sinnúmero de documentos la existencia del conflicto y las negociaciones entre los representantes sindicales y los miembros de la familia Massot”.

Entre la abundante documentación de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) se destacan dos fichas a nombre de Loyola y tres correspondientes a Heinrich, informes sobre su actividad en la comisión directiva del Sindicato de Artes Gráficas, pedidos de intervención al Ministerio de Trabajo, el señalamiento de los obreros desde el “núcleo duro” del clan Massot hacia las fuerzas armadas y los domicilios de los cuales luego iban a ser chupados.

La Fiscalía destacó que “los asesinatos no son producto de ningún espasmo de la fuerza de seguridad” y desarrolló la reconstrucción paralela entre la militancia gremial de los trabajadores, su registro en informes de inteligencia y el “hostigamiento permanente” de La Nueva Provincia desde sus editoriales.

Leé la nota completa en www.juiciobahiablanca.wordpress.com 

 

(Por Julio Gambina) Con preocupación se conoció en estas horas la suspensión de la producción de General Motors para el 28 y 31 de agosto, y 4 días en septiembre. La explicación se concentra en la menor demanda brasileña, agravado con que el 70% del armado local tiene destino en la exportación. Imposible cubrir en el mercado interno esa producción orientada al mercado externo, por límites en la capacidad de consumo local.

Al mismo tiempo, empezaron a llegar los telegramas de preaviso a los trabajadores de Paraná Metal, también asociado a la crisis automotriz. El comunicado oficial de la empresa señala que “teniendo en cuenta los cambios en el sector automotriz a nivel mundial, y en particular del Mercosur, la empresa toma el desafío de redefinir su plan estratégico al nuevo contexto. Paraná Metal trabaja en el sector de autopartes desde hace muchos años y buscará adaptarse a los cambios que el mundo y el mercado le van proponiendo. Se tomará el lapso de 60 días para evaluar el futuro de la compañía. Durante este plazo, se preavisará a los empleados de la posible finalización del vínculo laboral entre las partes”.

Los preocupados directos con la situación son 205 trabajadores y sus familias, especialmente los operarios, unos 150. La posibilidad del cierre está sugerida por la comunicación de la patronal para fines de octubre.

Son informaciones, ambas, en el mismo momento que las estadísticas oficiales sugieren datos de recuperación de la actividad industrial, que evidentemente no alcanza para estos casos. Hace casi dos años que se procesa una baja de la producción industrial, especialmente en el sector automotriz. La incidencia en la economía fue morigerada por la expansión del sector agrícola y en los servicios. El impacto directo se asocia en el deterioro del empleo y los salarios. Las estadísticas oficiales no reflejan cabalmente el fenómeno y la cruda realidad de estos casos hacen visible el ajuste de la economía y sus perjudicados directos.

Lo real es que la combinación de la situación de crisis mundial se asocia a la lógica empresarial, concentrada en la ganancia presente y escasa vocación inversora, asunto que denuncian los trabajadores para el caso de Paraná Metal. Tampoco se consideran para este caso procesos de reestructuración de una planta con tecnología obsoleta y un contexto recesivo en el ámbito local, regional y mundial. Eso requeriría voluntad empresaria e inversiones en tecnología y preparación de la fuerza de trabajo, tanto como búsqueda de nuevos mercados y disputa asociada a sus propios trabajadores por reorientar el modelo productivo hacia una industrialización no dependiente.

Es mucho pedir para una burguesía con el solo objetivo de ganar y acumular. En ambos casos y como siempre, los perjudicados son los trabajadores. Las empresas tuvieron su fuerte expansión en el ciclo de bonanza económica entre 2002 y 2007, incluso en 2010 y 2011 y no promedian años en alza con otros en baja. La preocupación es por el rédito actual y la resolución siempre pasa por el eslabón más débil.

La crisis la pagan los trabajadores

Por eso, resulta interesante en este marco leer a David Harvey, que en su libro “El enigma del capital y las crisis del capitalismo” publicado en 2010 y en alusión a la situación de crisis mundial vigente remite a que “Fábricas, altos hornos, panaderías y cervecerías, en otro tiempo rentables y llenos de vida, se ven obligados a cerrar. El capital fijo incorporado a ellas se ve así devaluado, y las crisis locales enturbian la vida de los habitantes de esos lugares caídos en desgracia. Durante la década de los ochenta las acerías de Sheffield perdieron alrededor de 60.000 puestos de trabajo en solo cuatro años. La enorme acería de Bethlehem en Pensilvania ahora no es más que una concha vacía y silenciosa en la ciudad que en otro tiempo dominaba, aparte del edificio que se ha convertido en un estridente casino de juego.”

Esa mención al casino de juego puede asociarse a la situación de la empresa situada en Villa Constitución y cuyo propietario está fuertemente vinculado al rubro del juego. Pero más allá de ello, la cita es importante, porque el geógrafo británico nos pone en situación de los antecedentes de la crisis capitalista contemporánea, visible desde el 2007 con epicentro en EEUU y que se generalizó a escala global. Son escritos del 2010, en pleno despliegue de la lucha de los trabajadores de Paraná Metal en crisis, ante el cambio de proveedor de la Ford Brasil.

En ese tiempo, entre 2008 y 2010, más de 900 trabajadores de la autopartista impulsaron un plan de lucha en demanda de la continuidad de la empresa y lograron la solidaridad de la comunidad. Por esos tiempos, el imaginario gubernamental ejercía un discurso que colocaba al país afuera del escenario de la crisis mundial, algo similar a la percepción del gobierno brasileño y otros en la región. Eran los tiempos en que Sudamérica crecía por encima de la media mundial, bastante distante del 0,4% previsto por CEPAL para este 2015 y con Brasil en un retroceso previsto del -1,5%.

Todo apuntaba a localizar la crisis en ciertos países o regiones, sin comprender que el propio crecimiento de la región era parte de la búsqueda de rentabilidad del gran capital y por ende, el fenómeno del crecimiento regional integraba a su modo la crisis mundial. Las automotrices acumularon grandes sumas de dinero y ante la menor dificultad, cargan contra los trabajadores.

Vale recordar que en el plan de lucha de hace un lustro, entre los trabajadores y la dirigencia de la UOM Villa Constitución se analizó la posibilidad, derivada de conversaciones con funcionarios y técnicos del INTI, de una reingeniería de la empresa ante la obsolescencia tecnológica y la pérdida del comprador monopólico. La condición de posibilidad era desde la autogestión, algo que vuelve a rondar en los debates asamblearios de estas horas.

La opción en aquellos años de crisis fue por la expectativa que generaba en los trabajadores la perspectiva de nuevos titulares de la empresa. Leandro del Greco, delegado de los trabajadores y de la CTA Autónoma relata que “luego de la lucha de 34 días continuos de corte de autopista sobreviene la extorsión de Cristóbal López para despedir a 500 trabajadores y bajar en promedio el 50% del sueldo sino no reabría la Planta. 18 meses después de haberla cerrado abrió cuando logró esas dos condiciones.”

Agrega del Greco que “no falta producción, todo viene de Brasil, entre el 75 y el 80% del “auto nacional” del relato viene de Brasil. El sector fundición de autopartes está en crisis, Paraná Metal es el más visible porque nosotros lo hicimos visible con la lucha”.

Si se recorre la realidad de otras metalúrgicas se encuentra una situación similar. La información señala un déficit comercial de más de 3.000 millones de dólares para las autopartistas, que se triplica para el conjunto del sector automotriz, con un déficit de 9.000 millones de dólares. La aspiración sería que la lucha visible sea asumida por el conjunto de los trabajadores, no solo del sector automotor, sino por el movimiento de trabajadores, algo que desafía al sindicalismo clasista, anticapitalista y antiimperialista.

La fuerte reducción de personal se asocia a despidos y chantaje de la patronal. Por eso ahora el conflicto se concentra en los 205 trabajadores actuales. El cambio de titular de la firma no se propuso la reingeniería. La apuesta fue al desgaste con futuro de cierre y sus consecuencias en cesantías. El empresario amigo del gobierno, Cristóbal López, conocido por sus acciones en el juego es responsable directo junto a una política económica de afirmación del ensamble y la dependencia en el sector industrial. Por eso no sorprenden los telegramas que empiezan a llegar y se frustran las expectativas esperanzadas de una salida laboral tradicional.

Crisis y propuestas más allá del capitalismo

No es nueva nuestra consideración sobre la crisis capitalista, que en estas horas se exacerba y especialmente cuando al comienzo de la semana se habló de lunes negro ante la caída de las bolsas en China y su generalización en el ámbito mundial.

La preocupación viene por los ajustes que tienden a generalizarse en países que hasta hace muy poco parecían afuera de la crisis mundial, caso de China y Brasil, principales socios comerciales de la Argentina.

Reiteremos que se trata de una crisis mundial, y la Argentina es parte del mundo, sin perjuicio de sus especificidades y problemas propios.

El debate actual entre los trabajadores de Paraná Metal apunta a pensar en soluciones más allá de la lógica de la empresa, situación a la que se enfrentaron los trabajadores en la crisis del 2001 y 2002 y que dieron lugar al proceso de ocupación y recuperación de empresas.

Quizá, el gran aporte teórico y práctico del fenómeno de ocupación y recuperación de empresas consistió en hacer evidente el carácter innecesario del organizador capitalista, el empresario. Además, la cuestión en sí misma, supone propuestas que intentan ir más allá de la lógica de la ganancia que sustenta el orden del capital.

El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca no se presentó hoy a la indagatoria convocada por el juez federal Alejo Ramos Padilla para defenderse de la imputación fiscal por sus supuestos vínculos con la Triple A y su complicidad con el terrorismo de Estado.

“El dr. Montezanti presentó una recusación al juez y al Ministerio Público. Se contestó, el juzgado resolvió rechazarla y luego manifestamos que por las razones que dio para no venir, que fueron funcionales, tenía algún trámite en la Cámara, entendíamos que no había razones válidas o importantes como para postergar un acto de tal trascendencia procesal. Así que solicitamos que se fije inmediatamente nueva audiencia y que se comunique esa situación al Consejo de la Magistratura”, dijo a FM De la Calle el fiscal Miguel Ángel Palazzani.

La indagatoria estaba convocada para las 11 en el juzgado de Alsina 317 donde se manifestaban organizaciones políticas y estudiantiles y cuyo frente lucía afiches que denunciaban la pertenencia del magistrado al Personal Civil de Inteligencia del Destacamento 181 y pedían su expulsión de la Universidad del Sur.

“No me extraña, Montezanti es un cagón que se escondió durante cuatro años en la universidad, primero fue una cautelar, después una recusación a consejeros de Derecho, después del Consejo, etcétera, y es lo que está haciendo ahora. Con estas recusaciones lo único que pretende es prorrogar todos los plazos. Es muy importante hacer visible todo esto y que no queden estas cuestiones en los tribunales sino que trasciendan a la sociedad”, opinó Dante Patrignani al cierre de la transmisión especial de FM De la Calle.

Alberto Rodríguez se mostró sorprendido porque “un juez de la Cámara Federal no se haga a justicia, es un caso extraño donde tiene todas las posibilidades de demostrar su inocencia, donde podría refutar todas las acusaciones que contra él tenemos y los testigos que hay para probar su participación en la Triple A. Se ve que los tribunales le caben para juzgar a los demás pero no para defenderse, cosa que no pudieron hacer los compañeros asesinados”.

Consultado acerca de las particularidades del trámite penal para un imputado que a su vez es camarista federal, Palazzani explicó que “tienen un régimen diferente, cualquier imputado que no concurra a una convocatoria de este tipo si no tiene razones fundadas se lo puede hacer comparecer con la fuerza pública. En el caso de los magistrados esa situación no es posible por sus fueros, pero las razones que dio fueron funcionales, que tenía otra actividad en la Cámara, con lo cual permite que el juez fije otro horario para que concurra, puede ser hoy a la tarde”.

Si las ausencias de Montezanti se repiten con razones infundadas como las planteadas este mediodía, el representante del Ministerio Público aseguró que “claro que tiene que comenzar ese proceso (de desafuero)”.

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El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, rechazó ayer los cargos que le reprochan siete denuncias unificadas en un pedido de juicio político que analiza la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura.

Su vinculación con la Triple A, haber integrado los servicios de inteligencia del terrorismo de Estado como personal civil, la reivindicación de la pena de muerte y el maltrato a empleadxs judiciales son algunos de los motivos de las reiteradas quejas en su contra.

El primero de ellos le valió un llamado a indagatoria en la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad de la banda parapolicial que deberá concretarse mañana a las 11 ante el juez Alejo Ramos Padilla. El segundo, fundamentó su suspensión preventiva como docente de la UNS y la realización de un juicio académico.

El camarista evitó la exposición y volcó su descargo en un extenso escrito. Calificó como “calumniosas” las imputaciones de una supuesta “brigada acusadora” y aseguró que “se da una triple identidad de persona, objeto y causa entre las aquí planteadas, tanto respecto de la supuesta pertenencia del firmante a la Triple A, como de su breve desempeño, treinta y cuatro años atrás, como ‘asesor universitario’ en calidad de personal civil de inteligencia”.

Para comenzar el juicio político se necesitan dos tercios del plenario del Consejo de la Magistratura. Aunque antes, el trámite deberá obtener el respaldo de la mayoría absoluta de la Comisión de Acusación y Disciplina presidida por el académico Jorge Candis e integrada por los jueces Luis Cabral y Leónidas Moldes, el representante del Poder Ejecutivo Julián Álvarez, Adriana Donato por lxs abogadxs de la matrícula federal y los senadores Ruberto Godoy y Ángel Rozas.

“Se ha demostrado, con el fallo judicial pertinente, que la infame acusación de pertenencia a la Triple A, ya ventilada en esta sede, fue objeto de sentencia judicial luego de exhaustiva investigación, con total rechazo. También se destacaron las insalvables contradicciones del testigo (Juan Pedro) Tunessi respecto de  un supuesto diploma de la organización ilícita, entre lo declarado en sede judicial y ante este organismo”, sostiene Montezanti.

Por su presunta participación en la Alianza Anticomunista Argentina y su complicidad en el plan criminal que se implementó entre 1976 y 1983 los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani pidieron su indagatoria, ordenada por el juez Ramos Padilla para este jueves a las 11. Tiempo atrás, la justicia correccional identificó al camarista junto a los matones del ex diputado nacional Rodolfo “Fito” Ponce que tomaron la UTN en 1974. Fue en el fallo de una querella que el ex PCI entabló contra el militante Alberto Rodríguez, quien lo denunció durante una sesión del Consejo Superior de la Universidad del Sur.

La semana pasada, el mismo órgano universitario aprobó por unanimidad la suspensión preventiva del docente del Departamento de Derecho hasta que culmine un juicio académico solicitado casi cuatro años atrás. “Clon de la acusación obtenido por la brigada acusadora de siempre, se ha señalado que está en curso sin haberse establecido siquiera tribunal, en sede distinta, sin que puedan influirse ambas causas, y se ha pedido prueba al respecto de los descargos, para equilibrar la expuesta en el texto en conteste”, rezongó su señoría.

Las doctrinas que propiciaba el abogado en sus escritos solían destacar el “altísimo valor moral y preventivo” de la pena de muerte como “un instrumento más de los muchos de que la sociedad dispone para neutralizar a la delincuencia” y que “la derogación formal de la pena capital introduce un proceso regresivo en la sociedad, tornando cobardes y pusilánimes a los magistrados”.

En su descargo manifiesta su supuesta evolución ideológica, paradójicamente proponiendo la muerte de la pena de muerte e invita al consejero y autor del dictamen, Julián Álvarez, a leer su “producción en los últimos 35 años y otros textos que ponen en su lugar esta peregrina acusación”.

¿Fobia antisindical?, se pregunta más adelante el juez y se responde que es una “palmaria falsedad” considerada en su mayor parte en una causa anterior “usada, ajada y abusada como todas las propuestas” en el dictamen que propone su enjuiciamiento y que configura una “ofensa al decoro”.

“Se ha señalado el tono y estilo de Gran Inquisidor ideológico que prevalece en el texto en conteste, que acusa al firmante hasta de ‘procacidad’, como solía ocurrir con los impíos sometidos al processus inquisiotionis, inadmisible en esta sede”, mencionó antes de pedir el rechazo “de plano” del juicio político.

Para “derrumbar el tinglado acusatorio” ofreció como testigos a las secretarias Previsional de la Cámara Federal, Marianela Abrieu, y penal del Juzgado Federal Nº2 Rosana Noemí Peti; a la jefa de despacho de la Cámara Federal Julieta Mateos; a la empleada pública provincial Magdalena Cizler y al jubilado Francisco Gastañaga.

El fiscal federal Miguel Palazzani se refirió este sábado a la infiltración de la policía bonaerense en la comunidad de la Universidad Nacional del Sur para identificar a los autores de una pegatina en contra del docente de Derecho Néstor Luis Montezanti por su participación en la inteligencia del terrorismo de Estado.

“Tenemos que seguir manteniendo esa capacidad de asombro para poder reaccionar, porque que uno diga que es grave a esta altura no parece algo original. Debe haber una reacción de la comunidad universitaria no solamente bahiense sino nacional. La universidad pública no puede no decir nada respecto de nada menos que la infiltración de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y nada menos que en la Universidad Nacional del Sur y nada menos que a partir de una denuncia que hace un ex Personal Civil de Inteligencia que es presidente de una Cámara Federal”.

Para el funcionario, Montezanti “no pudo desconocer que esa denuncia, por todos sus componentes, tramitaba o debía tramitar en jurisdicción federal y no provincial” y solo con ese dato “hay un ruido que habrá que dilucidar”. “Es muy sugestivo que el denunciante, que es alguien que debe conocer perfectamente la ley o en todo caso el error es absolutamente inexcusable, concurra a la sede provincial a hacer este tipo de denuncia donde todo indicaba que era jurisdicción federal”, insistió.

Exigió explicaciones por parte de las máximas autoridades del Ministerio Público Fiscal y la policía bonaerenses. “Han vulnerado no solamente la Ley de Inteligencia sino la autonomía universitaria, en un hecho que realmente no tiene ninguna diferencia leer ese informe del policía con los que leemos a diario los que tenemos la oportunidad de ver los informes de la DIPPBA de la época de la dictadura”.

Palazzani compartió la “honda preocupación” expresada por el rectorado universitario en un comunicado de prensa pero sostuvo que “debe traducirse en actos que permitan investigar lo que pasó”. Por ejemplo, mediante la presentación de la UNS como querellante “porque si esta es la manera de conducirse de la policía de la provincia y de algunos integrantes del Ministerio Público Fiscal de la provincia, nadie puede asegurar que no haya ocurrido alguna vez o que esté ocurriendo”.

“Lo de Patrignani realmente es, no sé si la palabra es increíble pero llama mucho la atención porque tenemos informes de la DIPPBA del año 73 que ya era investigado. Verlo en el 2015 nuevamente con los mismos personajes de un lado de la inteligencia y del otro lado de los investigados y perseguidos es impactante”, afirmó.

*Entrevista realizada en el programa Enredados que se emite los sábados de 10 a 13 por Radio Altos.

El docente de la Universidad del Sur Néstor Luis Montezanti, fue suspendido preventivamente hasta tanto finalice el juicio académico aprobado ayer por el Consejo Superior. El cuerpo entendió que su actuación como personal civil de inteligencia durante la última dictadura implica “falta de ética en el ámbito universitario o profesional que se proyecte sobre aquél”.

Dante Patrignani, quien solicitó el juicio en 2011, compartió el mérito de “esta victoria” con “la militancia” y llamó a prestar atención a quienes sean sorteados para conformar el Tribunal Académico para que “se hagan cargo, pongan las pelotas y hagan lo que tienen que hacer (…). Seguiremos militando, hay que estar vigilante y haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, empujando, reclamando y viniendo a romper las pelotas las veces que haga falta para que esto termine con la expulsión definitiva”.

Montezanti es profesor titular de Ciencia Política, de Introducción al Derecho y de Derecho Administrativo. Además, preside la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, cargo que deberá defender el próximo 25 de agosto ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura que evalúa varios pedidos unificados de juicio político. Dos días después, será indagado por el juez Alejo Ramos Padilla como imputado en la causa que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A.

“Festejemos, la lucha da muchas amarguras, muchas, pero el triunfo es de los que siempre van con la verdad. Aquellos que luchan por una justicia verdadera. El campo popular solo necesita que los jóvenes de esta universidad, los jóvenes trabajadores, se hagan de estas banderas que por tantos años han sido ocultadas”, dijo Alberto Rodríguez, querellante en la causa contra la banda parapolicial.

Parafraseando al movimiento que pretende desmonumentar al genocida Roca, decimos que la expulsión de los y las colaboracionistas de la dictadura de las instituciones democráticas, viene. Lento, pero viene.

DSCN7416Al abrir la sesión, una representante del alumnado manifestó su “preocupación” por la infiltración de un policía bonaerense en la comunidad universitaria por orden del fiscal Rubén Álvarez, en el marco de una denuncia presentada por Montezanti y repudió “todo acto de inteligencia que tenga como víctimas a estudiantes”.

El secretario del Consejo, Diego Duprat, leyó el dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento y registró una propuesta de modificación de forma. Desde la bancada estudiantil de Generación UNS se afirmó que “escuchamos y percibimos una clara voluntad de la comunidad universitaria que exigía la toma de decisiones concretas respecto a un docente que ha reconocido que ha participado en el personal civil de inteligencia, por esta razón hoy hay que votar con conciencia para determinar cuál es el tipo de universidad que queremos para el futuro”.

Por su parte, la lista Unidad sostuvo que “educar en el tema de los derechos humanos debe ser un compromiso permanente y una responsabilidad ineludible de nuestra institución. Estos acontecimientos nos interpelan sobre la formación que queremos tener como estudiantes y futuros profesionales”. Y respecto a la infiltración por las pegatinas contra Montezanti opinaron que “implica un sombrío retroceso a los momentos más oscuros de la historia de nuestro país y por eso no podemos quedarnos inermes ante esta conducta”.

DSCN7470Llegó el turno de la votación y 27 manos se levantaron por unos segundos hasta que la confirmación de la aprobación por unanimidad dio paso al clásico colectivo “ole olé, ole olá, como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar” y los gritos de “presente” para Watu y lxs treinta mil compañerxs detenidxs desaparecidxs.

En sus considerandos la resolución afirma que “la comisión de delitos de lesa humanidad en el país fue organizada con la necesaria complicidad de una amplia red de ‘informantes’ -muchos de los cuales formaron parte del Personal Civil de Inteligencia (PCI)- que se encargaban de recolectar los datos que luego eran suministrados a los ‘grupos de tareas’”.

Además, considera que “el accionar descripto fue desplegado vigorosamente en el ámbito universitario donde los aludidos agentes se infiltraron obteniendo los nombres, domicilios, actividades y relaciones sociales de docentes, auxiliares y estudiantes que luego fueron víctimas de detenciones ilegales, secuestros, torturas, cesantías, exilios forzosos, crímenes aberrantes y desapariciones”.

DSCN7500Resuelto el punto 4 de la orden del día, el Consejo Superior continuó su sesión en el segundo piso del Rectorado mientras en las escalinatas de ingreso se realizaba un acto de festejo con la voz de Dante Patrignani y Alberto Rodríguez, pilares de la denuncia contra el camarista y la Triple A, y la lectura de un documento de la Coordinadora por el Juicio Académico a Montezanti.

“Festejemos, la lucha da muchas amarguras, muchas, pero el triunfo es de los que siempre van con la verdad. Aquellos que luchan por una justicia verdadera. El campo popular solo necesita que los jóvenes de esta universidad, los jóvenes trabajadores, se hagan de estas banderas que por tantos años han sido ocultadas. La bandera de la libertad, de ser estudiantes críticos, de poder llevar adelante el sacar a un fascista de los cuales todavía quedan unos cuantos por sacar”, dijo Rodríguez.

Carucha advirtió que “todavía dentro de esta universidad hay un gran porcentaje de docentes que no están de acuerdo con lo que se acaba de votar. Y, es más, en sus clases de economía persiste el neoliberalismo, en sus clases de justicia o de derecho persiste el derecho del opresor y nunca explican cómo debe ser defendido el oprimido”.

“Por eso compañeros, esta lucha no terminó hoy. Hoy es un día de festejos, para poder festejar una vez por lo menos. Pero no nos olvidemos, el opresor sigue enseñando en esta universidad, los oprimidos todavía no terminan de despertar. Es de ustedes, es de nosotros, no abandonar la lucha, continuarla hasta que no quede uno solo de los que fueron cómplices y de los que siguen siendo cómplices dentro de la Universidad del Sur”, culminó.

DSCN7546Patrignani recordó que “cuando empecé con esto en soledad hace cuatro años, no lo hice porque tenía espíritu de kamikaze sino porque no conseguí quién me acompañara. Los argumentos eran: no es suficiente acusación el hecho de haber sido PCI, que haber sido PCI no es un delito, que es un tipo muy poderoso, que es juez federal y si le cae una causa contra la universidad nos hace pelota, qué jurado académico se va a enfrentar con este tipo. Toda una serie de argumentos que la perseverancia y el acompañamiento de ese grupo de militantes, de jóvenes, de estudiantes que se pusieron la mochila al hombro y a ese primer paso formal le dieron contenido y fuerza y le pusieron garra a las pegatinas, a las volanteadas”.

“Toda esa tarea fue convenciendo a algunos que no estaban convencidos y, por otro lado, los hechos relevantes de estos últimos meses, la decisión del Consejo de la Magistratura de avanzar con el juicio político donde han juntado todas las denuncias, la mía, la de los fiscales, de los organismos de derechos humanos, las viejas denuncias archivadas del sindicato de empleados judiciales y este llamado a indagatoria por parte del juez Ramos Padilla, han hecho que la universidad no pudiera seguir mirando para otro lado y tuviera que tomar esta definición”, explicó.

El profesor compartió el mérito de “esta victoria” con “la militancia” y llamó a prestar atención a quienes sean sorteados para conformar el Tribunal Académico para que “se hagan cargo, pongan las pelotas y hagan lo que tienen que hacer porque tenemos el antecedente de Gloria Girotti que se han vencido los dos años de plazo y, sin embargo, el jurado todavía no ha tomado una decisión. Seguiremos militando, hay que estar vigilante sobre esto y haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, empujando, reclamando y viniendo a romper las pelotas las veces que haga falta para que esto termine con la expulsión definitiva”.

Las Madres Lolín Rigoni e Inés Ragni abrazaron desde Neuquén a Patrignani por “honrar la militancia con su actitud” y Federico Machado, integrante de la conducción de la Federación Universitaria de La Plata, destacó la “correlación de fuerzas construida por el campo popular que nos permite, no solamente estar juzgando a los militares genocidas, sino también poner en el banquillo a sus cómplices civiles y expulsarlos para siempre de nuestras universidades para ponerlas definitivamente al servicio del pueblo”.

En el marco de una causa iniciada en una fiscalía provincial, un policía bonaerense se infiltró en la comunidad universitaria para investigar una pegatina de afiches denunciada por el camarista. El fiscal Nebbia solicitó la apertura de una pesquisa por violación a la ley de Inteligencia Nacional.

El fiscal federal subrogante José Nebbia requirió la desestimación de la denuncia penal presentada por el presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti –citado para el jueves próximo a indagatoria por crímenes de lesa humanidad-, por los delitos de daño, perturbación del orden y desobediencia contra tres personas que habrían pegado varios afiches donde se mostraba un fotomontaje de una imagen suya luciendo una gorra militar. En la misma presentación, el representante del Ministerio Público requirió que se investigue la violación a la ley de Inteligencia Nacional, por tareas de espionaje a la comunidad de la Universidad Nacional del Sur (UNS), dado que un agente policial se infiltró entre los estudiantes para obtener información sobre la pegatina.

La causa en la que dictaminó Nebbia fue iniciada en el fuero ordinario en noviembre pasado -y pasó al fuero federal por incompetencia- por impulso del propio Montezanti. En esa denuncia, el magistrado imputó el delito de desobediencia al profesor universitario José Dante Patrignani,  a quien se le había ordenado en sede civil ordinaria “cesar en la instalación y difusión de afiches ridiculizantes”.

En el marco de esa denuncia interpuesta por Montezanti, el fiscal provincial Rubén Álvarez había ordenado “tareas de investigación” que se tradujeron en un informe brindado en una declaración testimonial por el oficial subinspector de la Policía bonaerense Miguel Vaca. “Expresa que llevó a cabo múltiples tareas de inteligencia, entre ellas trató de vincularse con grupos socializantes de la Universidad Nacional del Sur, cosa que resultó sumamente dificultosa dado la condición de policía, la cual si bien mantuvo bajo reserva en todo momento, las personas con las cuales se pretendía vincular tienen pensamientos, ideologías y criterios distintos a los del deponente” (sic), señaló el policía, y, entre otras cosas, añadió que “aún así logró relacionarse con un par de jóvenes que participan de estos movimientos con los que tuvo cierto acercamiento, a punto de poder profundizar con la presente labor, pudiendo saber que Dante Patrignani, tiene acercamiento, o bien buena relación con los partidos de izquierda, entre ellos PO, liderado por Altamira; CTA; MCT; PCTU; PTF; con mayor acercamiento al Partido Comunista y Aduns, con cuyos líderes mantiene una estrecha amistad” (sic).

Nebbia desestimó la denuncia de Montezanti por daño, perturbación del orden y desobediencia al no encontrar que la pegatina de afiches encuadrara en aquellos delitos y destacó que “las tareas de inteligencia” en la UNS son “una verdadera locura”, porque “lo realizado por las fuerzas de seguridad en este expediente es un tenebroso retroceso a los momentos más oscuros de nuestra historia como país, y por ello no podemos quedarnos inermes ante esta conducta”.

Por esa razón, el fiscal solicitó que “se extraigan testimonios de la presente causa para que se investigue -al menos- la violación de la ley de Inteligencia Nacional”, como la comisión del delito de abuso de autoridad por parte del oficial Vaca y sus superiores, “sin perjuicio de que la actividad pueda encuadrar también en otras figuras penales”.

Fuente: fiscales.gob.ar

Se creó la Multisectorial en Defensa del Río Colorado, conformada por la Federación Agraria Argentina, Asociación de Trabajadores del Estado, Corriente Clasista y Combativa, ONG Alihuen, Fundación Chadileuvu, Consejo provincial de Lonkos Ranquel, Asociación Civil el Agora, Central de Trabajadores Argentinos Autónoma la pampa, Sec. Pueblos originarios CTA Autónoma, Mujeres Autoconvocadas, Las Andreas, Secretaría de Cultura CTA A., PSA-PTP.

Leando Altolaguirre es dirigente de la ONG Alihuen y en diálogo con FM De la Calle explicó que “el responsable de la gestión de la supervisión del Río Colorado que es el COIRCO, está integrado” por las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro. “Es el primero o el único río que se maneja con un comité de cuencas de las provincias y que no ha habido inconvenientes hasta estos momentos. Los principales inconvenientes se han ido solucionando y han tenido que ver con la actividad petrolera. También por los lavaderos industriales”.

“Estos años han venido generando una gran preocupación la realización del Mega Proyecto Minero Potasio Río Colorado, que es una inversión que se estima superior a los 10 mil millones de dólares, en donde el yacimiento del cloruro de potasio abarca las provincias de Mendoza y de Neuquén, debajo del causa del Río Colorado. Este emprendimiento, que demanda engería eléctrica, gas y agua dulce para inyectarla a temperatura y a presión para disolver lo que sería la costra de sal que se encuentra a 1200 mts de profundidad y después la necesidad de la energía para poder extraer y separar esa salmuera, pone en serio riesgo de, por un lado, contaminar las aguas del Río Colorado por la pérdida de halo ductos que atraviesan la cuenca del río y, por otro lado, también con la fila de sal de cloruro de sodio que sería uno de los productos residuales que quedaría como consecuencia de la extracción de cloruro de potasio”.

Sumado a esto “hay un proyecto que es el del trasvaso de Río Grande al Río Atuel. Mendoza tiene derecho a trasvasar esa agua así como La Pampa tiene derecho a regar, como cada una de las provincias. El tema se da en la fa forma en que la quieren implementar, y en ese comité se había establecido que el agua que tiene derecho la provincia de Buenos Aires, que es la del Río Negro, debido a que en Carmen de Patagones no puede hacer uso porque la pendiente no da para regar, tiene derecho la provincia de Buenos Aires al trasvaso del Río Negro al Colorado para poder hacer uso de esa agua”.

En este sentido, “el Agua del Rio negro es un agua de mejor calidad que el del Colorado. Tiene bajo contenido salino y por el volumen del agua que lleva los agentes contamines que pueden tener vinculados a la actividad del hombre se ven diluidos. El Rio Negro tiene un caudal de 1100 metros cúbicos por segundos y el Colorado unos 100. En donde hoy por hoy llegamos a tener una erogación en el invierno aguas debajo de 15 metros cúbicos por segundo que es prácticamente nada y cuando llegaba a Buenos Aires veía realmente menguado ese caudal, por infiltración, por perdida y por los distintos usos, en donde la zona de producción bajo riego ha visto sensiblemente reducida su superficie por la escases del recurso hídrico”.

“Entonces la idea de empezar a trabajar en concurso con las diferentes instituciones de las demás provincias es para encontrar una solución regional, que se realicen las obras necesarias” sostuvo.


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Leé el documento completo

La crisis hídrica que atraviesan los ríos que escurren por nuestro territorio provincial, sumado a la apropiación indebida de caudales por parte de las provincias que se encuentran en la cuenca superior está provocando el desmembramiento de nuestro territorio. Observamos día a día como disminuye la diversidad biológica, se salinizan los suelos, se acelera de desertificación…

Observamos como los pocos pobladores ribereños que aún quedan, se resignas al ostracismo.

Nuestra tierra sangra de dolor! Donde debía hallarse un río lleno de vida, hoy tenemos sal, arena y desolación.

El Río Colorado es nuestra fuente de vida! Sus aguas son empleadas con diversos fines – Consumo Humano, producción frutihortícola y ganadera, generación de electricidad, uso industrial, minería, recreación…

Sus aguas llegan hasta la capital pampeana por medio de un acueducto y en un futuro próximo se extenderá hasta el norte pampeano. Su principal finalidad consumo humano para mejorar la calidad de agua y mejorar la SALUD de la Población Pampeana. La provincia de La Pampa ha realizado enormes inversiones en el Sistema de Aprovechamiento Múltiple en la región y continúa con un proceso que de concretarse modificaría sustancialmente la economía y la geopolítica pampeana.

Esta realidad que sufre nuestra provincia se ha gestado a consecuencia de un desentendimiento del Estado Nacional, el accionar deliberado de las provincias arribeñas y desidia e inoperancia de nuestros gobiernos.

Hemos visto con mucho pesar, la pasividad que durante décadas han tenido los gobiernos pampeanos en la defensa de los bienes comunes (alguna vez nos dijeron que habíamos perdido el juicio por el Atuel). El silencio o la inacción de los gobernadores que pasaron, profundizaron la crisis hídrica de La Pampa, permitiendo el uso abusivo de nuestras aguas. Sus vínculos con los gobiernos nacionales impidieron una firme postura para encarar la lucha por los derechos de nuestro pueblo. En esta última década, estos, quedándose inmunes mientras el gobierno de Mendoza y el gobierno Kirchnerista planifican y realizan mega obras “a costillas” de los ríos interprovinciales como si fueran propios.

La Asamblea por el río Atuel, con fervientes reclamos,  obligó al actual gobernador, Mario Jorge, a iniciar una demanda judicial al gobierno mendocino con la sola intención de aplacar la voz popular. Con el tiempo transcurrido y con una sentencia en el pasado a nuestro favor, entendemos que eso solo fue acción política. Necesitamos efervescencia en el reclamo y en las acciones  estatales.

La justeza de nuestro reclamo es indudable, nos avala la legislación vigente y el sufrimiento de nuestros pobladores osteños. Los Derechos Humanos de los pobladores avasallados desde 1.948 constituye el principal argumento en favor del clamor de justicia.

Hoy estamos ante una situación límite, nuestro río Colorado  (kelu Leufu) está en extremo peligro.

La represa Portezuelo del Viento disminuirá notablemente su caudal desviando su mayor afluente, el río grande, para regar tierras mendocinas. Esta es una obra prevista en el tratado del Colorado y por tanto aceptada por todas las provincias signatarias del mencionado acuerdo, pero Mendoza aspira a manejar de forma unilateral su llenado y posterior manejo. Si tal cosa sucediera implicaría un gran peligro para el Colorado, puesto que Mendoza es maestra en aprovechar los Recursos Hidricos unilateralmenente. Esta situación que no alimentará a nuestro Atuel. Además servirá para alimentar eléctricamente a la mayor amenaza ambiental sobre la cuenca del Colorado: la Mina Potasio Río Colorado.

Esta mina incrementará el riesgo de salinizar toda la cuenca, lo que sumado a la actividad petrolera transformaran al río en una fuente inerte, estéril y contaminada. Perderemos todo aprovechamiento de sus aguas, desde el consumo y será imposible planificar el desarrollo humano, el desarrollo productivo sustentable, en definitiva el futuro de Nuestra Provincia.

Es imperioso buscar soluciones consensuadas que favorezcan la integración de la región y el desarrollo de cada una de las provincias favoreciendo el bienestar general y preservando el recurso para las futuras generaciones, reivindicar los derechos interprovinciales de los recursos hídricos.

Las provincias condóminos del Rio Colorado –Mendoza, Neuquén, Rio Negro, La Pampa y Buenos Aires- deben avanzar en el Estudio del Trasvase del Rio Negro al Colorado. Debería realizarse en la cuenca superior del Colorado, donde el COIRCO tiene posibilidad de almacenar agua en diques y generar energía y exigimos la intervención y regulación del COIRCO, en la Represa Portezuelo del Viento.

No abandonamos la lucha por nuestro Atuel y Salado-Chadileuvu-Curaco y no nos permitimos perder el Colorado, lo defenderemos de todos los ataques de negociados económicos que poco les importan nuestros bienes comunes.”

En Bahía Blanca ocho precandidatos competirán en cuatro alianzas para definir quiénes las representarán en las elecciones generales en la disputa por la intendencia. Se trata de Cambiemos con Héctor Gay (PRO) y Roberto Ursino (UCR); el Frente de Izquierda y los Trabajadores con Emiliano Fabris (PO) y Mauro Vargas (PTS); en el Frente para la Victoria el sciolista Iván Budassi y el randazzista Marcelo Feliú; y por último los massistas Dámaso Larraburu y Hernán González Becares.

En tanto, deberán superar el 1.5% del padrón para participar en octubre Laura García Vázquez del Frente Popular; Raúl Woscoff de Progresistas y Héctor Zaris del MST Nueva Izquierda. También se define quiénes pugnarán por renovar bancas en el Concejo Deliberante, el Consejo Escolar, el Senado provincial y la gobernación.

Para saber dónde sufragar este domingo puede consultarse con solo cargar el número de DNI y el código de validación que aparecerá en la página www.padron.gob.ar  o www.electoral.gov.ar También se puede hacer enviando un SMS al 30777. Todos los documentos son válidos para votar: la libreta de enrolamiento/libreta cívica, el DNI libreta verde, el DNI libreta celeste, la tarjeta del DNI libreta celeste y el nuevo DNI tarjeta. No se permite votar a quien tenga un documento anterior al que figura en el padrón electoral. Hay que hacerlo con el que figura en padrón o una versión posterior.

Según datos de la justicia electoral, 11.867.979 de bonaerenses podrán votar hoy en las 34.590 mesas que se abrirán en las 5.004 escuelas que fueron habilitadas en los 135 municipios que componen la provincia de Buenos Aires.

Además están habilitados para votar cargos provinciales más de 575.000 electorxs extranjerxs y 274.245 jóvenes de entre 16 y 17 años que residen en la provincia podrán optar por votar en las PASO mientras que 206.570 ciudadanxs de 18 años sufragarán por primera vez.

La provincia de Buenos Aires elegirá como distrito único a los candidatos y las candidatas que representarán a cada fuerza política en las elecciones de octubre próximo en las que se renovarán 35 diputaciones nacionales por el territorio provincial.

A nivel nacional se pondrán en juego las candidaturas para la presidencia y la vicepresidencia, 24 bancas del Senado, 130 en la cámara baja y los 43 escaños de parlamentarixs del Mercosur, 19 por distrito nacional más uno por cada provincia.

Serán 15 precandidatxs presidenciales quienes buscarán llegar a las elecciones del 25 de octubre, en representación de 11 espacios de los cuales solamente tres presentarán más de una opción y tendrán que dirimir la interna este domingo.

El oficialismo nacional nucleado en el Frente para la Victoria presentará una fórmula presidencial única encabezada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y completada por el secretario de Legal y Técnica de la presidencia, Carlos Zannini.

La alianza Cambiemos tendrá tres aspirantes a suceder a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner: el jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri (PRO) acompañado por Gabriela Michetti; la diputada nacional Elisa Carrió con Héctor “Toty” Flores (Coalición Cívica) y el presidente del Comité Nacional de la UCR, Ernesto Sanz junto a Lucas Llach.

Los otros dos espacios que presentarán más de un precandidato son Unidos por una Nueva Alternativa (UNA), donde se enfrentarán el diputado nacional Sergio Massa (Frente Renovador) acompañado por el intendente electo de Salta Gustavo Sáenz y el gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota juanto a Claudia Rucci, y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) donde competirá la fórmula Jorge Altamira (PO)-Juan Carlos Giordano con la de Nicolás del Caño (PTS)-Myriam Bregman.

La alianza Progresistas tendrá como precandidata a presidenta a la diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN) acompañada por Miguel Angel Olaviaga; el MST lleva la fórmula Alejandro Bodart-Vilma Ripoll; Compromiso Federal postulará a Adolfo Rodríguez Saá junto a Liliana Negre de Alonso y el Frente Popular al dirigente gremial Víctor de Gennaro acompañado por Evangelina Codoni.

El espacio Nuevo Más llevará como precandidata a presidenta a la dirigente Manuela Castañeira acompañada por Jorge Ayala; el Movimiento de Acción Vecinal propondrá como precandidato Raúl Humberto Albarracín junto a Gastón Dib y el Partido Popular impulsará a Mauricio Yattah con María Belén Moretta como candidata a vice.

Por otra parte, en coincidencia con las PASO nacionales, las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Catamarca, San Juan, San Luis y Catamarca, elegirán sus candidatos a gobernador y vice, además de otros cargos provinciales.

¿Qué no se puede hacer durante el período electoral?

-Están prohibidos los espectáculos populares al aire libre y toda clase de reunión que no esté referida al acto electoral. Tampoco pueden realizarse las fiestas teatrales y deportivas.

-Ocho días antes y hasta tres horas después de finalizado el acto electoral no se pueden publicar en medios de comunicación resultados de encuestas, sondeos de opinión, pronósticos electorales y boca de urnas.

-48 horas antes y hasta el cierre del acto electoral, la realización de actos públicos de -proselitismos. También está restringida la publicación de avisos publicitarios en medios con el fin de promover la captación del voto del elector.

-Doce horas antes y tres horas después de finalizado el acto electoral no se puede portar armas, banderas, divisas u otros distintivos. Además está prohibido el expendio de bebidas alcohólicas.

-A 80 metros de la mesa receptora de votos no se pueden abrir organismos partidarios, ni realizar reuniones electorales en los domicilios, ni usar viviendas como depósitos de urnas. Tampoco se puede repartir boletas de sufragios a los electores.

-Están prohibidos los espectáculos populares al aire libre y toda clase de reunión que no esté referida al acto electoral. Tampoco pueden realizarse las fiestas teatrales y deportivas.

-Ocho días antes y hasta tres horas después de finalizado el acto electoral no se pueden publicar en medios de comunicación resultados de encuestas, sondeos de opinión, pronósticos electorales y boca de urnas.

-48 horas antes y hasta el cierre del acto electoral, la realización de actos públicos de -proselitismos. También está restringida la publicación de avisos publicitarios en medios con el fin de promover la captación del voto del elector.

-Doce horas antes y tres horas después de finalizado el acto electoral no se puede portar armas, banderas, divisas u otros distintivos. Además está prohibido el expendio de bebidas alcohólicas.

-A 80 metros de la mesa receptora de votos no se pueden abrir organismos partidarios, ni realizar reuniones electorales en los domicilios, ni usar viviendas como depósitos de urnas. Tampoco se puede repartir boletas de sufragios a los electores.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Sur no trató la suspensión del docente y presidente de la Cámara Federal, Néstor Luis Montezanti, tras su citación a indagatoria por crímenes de lesa humanidad en la causa Triple A.

El abogado fue imputado por los fiscales José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani por su presunta participación en la banda paraestatal y su complicidad en el plan criminal que se implementó entre 1976 y 1983. Además, el juez Alejo Ramos Padilla consideró que los elementos presentes en la causa lo involucran en el secuestro, privación ilegítima de la libertad, amenazas y tormentos de Jorge Omar Riquelme Esparza.

Tras un breve debate, el Consejo Superior aprobó una resolución que considera los hechos enrostrados al ex Personal Civil de Inteligencia del Batallón 601 “de extrema gravedad” aunque se limitó a avalar el pedido de documentación efectuado por el rector al juez de la causa.

Durante el encuentro intervino Alberto Rodríguez, uno de los denunciantes del camarista, y afirmó que si “lo legal es lo legal (…) no es justo que Montezanti siga en esta universidad si no reincorporan también a los matones que están detenidos”.

“Eso es lo que deberían hacer. Porque dos años esperando que alguien me traiga un papelito para iniciar un juicio académico, es evidente que no hay intención de ningún tipo para que se haga por parte del Consejo. Porque podrían llamar la atención a esos señores que tienen parado el juicio”, agregó.

“Hace un tiempo atrás hubo un fuerte debate dentro de la comunidad universitaria acerca de un docente del Departamento de Derecho que era integrante de la Cámara de Casación, Sal Llargués, acerca de un fallo bastante polémico e inmediatamente el Departamento de Derecho lo descontrató porque estaba convocado para realizar una especialización. Hay antecedentes como el caso del rector Crapiste que suspendió preventivamente al ex docente Sierra. Yo creo que es de una gravedad que no podemos dejar pasar. Podemos hacer la del avestruz, acá no pasó nada, o tomamos algún tipo de resolución”, afirmó el consejero Roberto Cimatti de la Lista Azul No Docente.

“Te pediría Roberto que me digas en base a qué normas, a qué legislación vamos a tomar alguna medida”, exigió el profesor de la Lista blanca Guillermo Lucanera. Cimatti respondió: “Voy a apelar a normas de ética y convivencia. Pongamos un ejemplo, un integrante de la comunidad universitaria es citado a una indagatoria por una causa de narcotráfico o de delitos sexuales. Creo que eso generaría debate y estoy seguro que lo suspenderíamos. Estamos hablando de un docente que fue imputado por el Ministerio Público Fiscal como participante del terrorismo de Estado, la causa judicial es por delitos de lesa humanidad”.

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Rodríguez manifestó que “esta universidad es vergonzante, no tiene forma de escapar a que haya quienes participaron de la Triple A, quienes tomaron la UTN. El dr. Montezanti está en juicio acreditado por testigos, que junto a los matones de la Triple A tomaron la UTN en el 74. Señores, si quieren el juicio vayan y pídanlo en tribunales al dr. Ares. ¿Cuánto más necesitan para sacar de este medio en que los estudiantes tienen docentes democráticos? ¿Cuánto más? ¿Cuántos abogados más van a salir bajo la ínfula de quien aboga por la pena de muerte todavía como si estuviéramos en el siglo XIX?”.

“Es servicio de información de la dictadura, ¿qué más necesitan? Vayan y vean lo que en el Consejo de la Magistratura está como expediente para el día 25 esperándolo al dr. Montezanti. Ahí van a ver que no solo fue partícipe de la Triple A, integrante de la dictadura, sino que además, maltrata alumnos, a sus empleados. Es impresentable tener a este docente en esta universidad. Voten de una vez. Pónganse los pantalones o decidan y levanten la mano que ustedes están de acuerdo”, concluyó.

Por su parte, Marcelo García Diéguez de Línea Phi propuso tomar completa la “perspectiva de los tiempos”: “En esto empieza con la vuelta de la democracia, estamos hablando de alguien que formó parte de este cuerpo, muchos compartieron (con Montezanti), de golpe parece que nos damos cuenta de la urgencia de los meses y cuando compartimos años en cercanías de trabajo diario no teníamos la misma preocupación de hoy”.

Fuente: www.juiciobahiablanca.wordpress.com

Esta tarde el Consejo Superior Universitario analizará un proyecto para suspender en sus cargos al docente de derecho Néstor Luis Montezanti hasta se resuelva su situación procesal o se inicie el juicio académico que se tramita en su contra. La sesión será a las 18 en Colón 80

Recordamos que el también presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca fue citado a declaración indagatoria por el juez federal Alejo Ramos Padilla para el próximo 27 de agosto. El abogado fue imputado por los fiscales José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani por su posible y presunta participación en la banda paraestatal de la Alianza Anticomunista Argentina y su complicidad en el plan criminal que se implementó entre 1976 y 1983.

Según publicó fiscales.gob, al fundamentar la citación a indagatoria sobre Montezanti, Ramos Padilla consideró que los elementos presentes en la causa no sólo sustentan la sospecha respecto a su vinculación con la Triple A, sino también sobre su participación en el secuestro, privación ilegítima de la libertad, amenazas y tormentos de Jorge Omar Riquelme Esparza.

Ex militante de la Juventud Peronista con actividad social en el Barrio 17 de Agosto, Riquelme Esparza se desempeñaba como enfermero en el Hospital Municipal de Bahía Blanca. A mediados de 1977, fue secuestrado de ese lugar y trasladado al Comando del V Cuerpo del Ejército, donde fue víctima de torturas durante los reiterados interrogatorios a los cuales fue sometido. Su testimonio ubica a Montezanti, por entonces abogado apoderado de la UOM, entre los responsables de su secuestro y cautiverio.

El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca y docente de la Universidad Nacional del Sur, Néstor Luis Montezanti fue citado a declaración indagatoria por el juez federal Alejo Ramos Padilla para el próximo 27 de agosto. El abogado fue imputado por los fiscales José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani por su posible y presunta participación en la banda paraestatal de la Alianza Anticomunista Argentina y su complicidad en el plan criminal que se implementó entre 1976 y 1983.

En la misma causa, esta mañana fue detenido el dirigente de Empleados de Comercio Héctor ‘Cacarulo’ Forcelli ex “personal de seguridad” de la Universidad Nacional del Sur durante la intervención de Remus Tetu. Antes, habían corrido la misma suerte Héctor OScar Chisu y Raúl Roberto Aceituno.

Según publicó fiscales.gob, al fundamentar la citación a indagatoria sobre Montezanti, Ramos Padilla consideró que los elementos presentes en la causa no sólo sustentan la sospecha respecto a su vinculación con la Triple A, sino también sobre su participación en el secuestro, privación ilegítima de la libertad, amenazas y tormentos de Jorge Omar Riquelme Esparza.

Ex militante de la Juventud Peronista con actividad social en el Barrio 17 de Agosto, Riquelme Esparza se desempeñaba como enfermero en el Hospital Municipal de Bahía Blanca. A mediados de 1977, fue secuestrado de ese lugar y trasladado al Comando del V Cuerpo del Ejército, donde fue víctima de torturas durante los reiterados interrogatorios a los cuales fue sometido. Su testimonio ubica a Montezanti, por entonces abogado apoderado de la UOM, entre los responsables de su secuestro y cautiverio.

Dos días antes de la indagatoria, Montezanti deberá presentarse ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura para defenderse de la acusación por mal desempeño en sus funciones derivada de la unificación de reiteradas denuncias en su contra. Se le reprocha al ex Personal Civil de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los derechos humanos, y que evidencian la falta de idoneidad moral y de vocación democrática, ambas condiciones indispensables para el desempeño de su cargo de magistrado del Poder Judicial de la Nación”.

Además, le imputan “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes, e incluso respecto a los sres. consejeros de este cuerpo”. Su defensa de la pena de muerte, su “estrecho vínculo” con “los principales integrantes de la Triple A” bahiense y su confirmada pertenencia al Destacamento de Inteligencia 181, mediante una “directa relación” con el represor José Osvaldo “Balita” Riveiro, evidencian para los consejerxs que “Montezanti comulgó con el plan de exterminio sostenido por los genocidas y fue partícipe del accionar de la Triple A desde su rol de abogado y empleado de la Universidad Nacional del Sur, careciendo totalmente de la vocación democrática exigida para ser magistrado de la Nación”.

Cabe destacar que como informáramos en La profecía de Montezanti, el trayecto represivo de algunos integrantes de la patota de la Triple A, comandada en Bahía Blanca por el diputado nacional y jefe de la CGT Rodolfo Ponce y el interventor de la Universidad del Sur, Remus Tetu, ofrece una imagen de algunas de sus fuentes.

Héctor Oscar Chisu, recientemente detenido en Trelew, y su hermano Miguel Ángel, muerto impune, fueron señalados por varios testigos como miembros del grupo paraestatal responsable de decenas de homicidios de militantes políticos, gremiales y universitarios. El segundo, también conocido como “el Gordo” o el Oso” solía conducir el Dodge Polara verde que junto a un Fiat 125 azul eran identificados como “la fiambrera” que patrullaba la ciudad, intimidaba y concretaba secuestros y homicidios.

En 1974, ante el reemplazo del rector Emilio Garófoli en la UTN bahiense, afín a la CGT y la Juventud Sindical Peronista, Fito Ponce ordenó a sus hombres tomar el edificio. Alrededor de 300 estudiantes se enteraron de la noticia mientras discutían en asamblea y decidieron marchar hacia la sede universitaria. Allí se encontraron con un grupo armado de trabajadores de la Junta Nacional de Granos entre los que se destacaba “un hombre de traje y corbata” quien, según comprobó el juez José Luis Ares, era Néstor Luis Montezanti.

Meses después Miguel Ángel y Héctor Oscar Chisu serían contratados, al igual que el ahora detenido Forcelli, por el rumano Remus Tetu como “personal de vigilancia y seguridad” de la UNS. Así continuaron bajo las órdenes del ex suboficial del Ejército Jorge Argibay, quien distribuía la decena de Itakas que el segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 181, mayor Luis Alberto González, puso en manos del grupo paraestatal.

Tras el golpe de Estado y el comienzo formal de la dictadura cívico militar, en septiembre de 1976 el mismo González avalaría los “antecedentes morales” de los Chisu, rebautizados como “hermanos Chávez”, para reciclarse como Personal Civil de Inteligencia (PCI) en el marco de la “lucha contra la subversión”.

Cuatro años después, el actual presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca formalizaría su ingreso como PCI “asesor universitario” en el Destacamento 181 comandado por José Osvaldo “Balita” Riveiro. Este ex integrante de la Triple A condenado en Francia y prófugo de la justicia argentina aseguró conocerlo desde 1975, “en profundidad” y “con el tiempo y asiduidad de trato suficientes” para avalar las “condiciones morales, ideológicas y familiares” del entonces joven abogado. Los datos corresponden al “Legajo Personal de Montezanti N. L.”.

El Destacamento de Inteligencia reglamentariamente realizaba tareas de reunión de información, contrainteligencia, sabotaje, subversión, y actividades psicológicas secretas respondiendo órdenes del Departamento II Inteligencia del Comando del V Cuerpo de Ejército.

Alberto Brandán, ex dirigente de la Asociación Empleados de Comercio, dijo esta mañana a Mauro Llaneza durante el programa En Eso Estamos que se alegra de que “se vayan descubriendo cosas. Todos nos tenemos que alegrar de que la justicia avance sobre estos temas. En ese momento nos habían cerrado el sindicato. Ya hacía unos días que nosotros teníamos el bachillerato para adultos con el gremio. Fuimos a la universidad (del Sur) y estaba Remus Tetu de interventor. Nos encontramos en la puerta de la oficina de Remus Tetu con Forcelli. Estaba en ese momento cumpliendo el rol de guardaespaldas de Remus Tetu”.

Aníbal Faccendini es director de la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario y uno de los creadores del “derecho de jarras” con el cual pretenden concientizar y generar “una cultura del agua sana”. La iniciativa incluye proyectos legislativos que ya se discuten en la provincia de Santa Fe y la difusión de este concepto jurídico y sociológico para su reproducción a nivel nacional.

“Hay cerca de 1100 millones de personas que no acceden a agua sana, tenemos cuatro mil niños que mueren por día y en África cerca de 135 millones de personas que se enferman por no acceder a agua sana. Si le agregamos los dos millones de adultos que se mueren por año, la situación realmente es de un biocidio grave donde ha llegado el momento que en los mínimos actos cotidianos se empiece a generar cultura, conciencia aquí y ahora”, declaró a FM De la Calle.

El abogado se propone además “denunciar que la pobreza, como la esclavitud en su momento, no es normal, no es correcto, es pura patología social y lo genera un sistema determinado para permitir acumulación de unos pocos. Necesita ese sistema desposeer de los bienes comunes necesarios a muchísimos otros. El agua donde es escasa, donde no hay, hay pobreza. No es que no les llega a todos, no les llega a los pobres. La escasez social del agua denuncia la injusticia social y ambiental que padece ese ciudadano porque no accede al agua sana para vivir”.

“El derecho de Jarras es una creación sociológica, jurídica, de la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario como un concepto, un instrumento inédito para Argentina y América Latina, que consiste fundamentalmente en que la gente cuando va a un bar, este es uno de los aspectos, tenga la posibilidad de ejercer este derecho en forma operativa e inmediata. Apenas se sienta en un bar para consumir algo, el mozo le acerca una jarra de agua en forma automática como cuando le acercan los cubiertos”, explicó.

El docente detalló que “otro aspecto es que el ente de administración pública -tanto provincial, municipal o nacional- garantice a los empleados, como así también a nuestros legisladores en los tres niveles del Estado federal el acceso a esta jarra de agua. En los ámbitos laborales privados, muchos de los lugares de producción tanto a nivel comercial, industrial o de servicios, aunque parezca insólito, muchas veces en jornadas de ocho horas no están garantizados dos litros de agua por día por persona”.

La fundamentación no solo se basa en el carácter elemental del acceso al líquido sino a las pruebas científicas que advierten que es un alimento insustituible: “Yo puedo pasar un mes sin comer sólidos pero no puedo pasar más de 72 horas sin tomar agua, el agua es constitutiva, esencial de la vida y nuestro cuerpo, el 75 por ciento de su composición es agua y a medida que nos acercamos a la vejez se reduce del 75 al 50 por ciento”.

Contra la privatización

Faccendini explicó que el agua como el aire son bienes comunes, por lo tanto, “a diferencia de los dos elementos de propiedad que hemos conocido los humanos que son la propiedad privada y lo que se llamó el socialismo real, (…) el bien común es la propiedad de todos en forma colectiva pero individual y en forma simultánea, de manera que nadie se pueda adjudicar la propiedad del agua sana o que se tiene que tomar”. Además, aseguró que la privatización del agua “fue nefasta como Aguas Argentinas, Aguas de Córdoba, de Santa Fe, como en su momento Azurix en la provincia de Buenos Aires o Aguas de Aconquija en Tucumán”.

Para el especialista, brindar agua de calidad a la población sigue siendo un desafío de los estados provincial y nacional ya que, por ejemplo, cerca de cuatro millones de argetinxs están expuestxs al arsénico. Hacen falta inversiones “para acceder a agua de rio que es la mejor” o, si es agua de pozo, mejorarla “mediante la osmosis inversa con todos los gastos que eso implica”.

“Una cosa es agua corriente y otra sana o potable. Yo puedo tener agua corriente que sale del caño pero no ser agua sana. La única sana es la que se pude tomar, si no, no es consumible y eso significa que no es potable. Servirá para bañarse, hacer cuestiones domésticas, pero no sirve para tomar”, detalló.

Por otra parte, el abogado advirtió que el nuevo Código Civil quitó el artículo 241 que establecía que el acceso al agua es un derecho humano esencial. “Estamos hablando de una cultura estatal con un atraso de 50 años, es nuevo el planteo pero siempre fue un derecho humano esencial, es como si alguien puede decir si tenemos derecho al acceso al aire puro. El sistema tan mercantilizado hace que la gente asuma como normal algo que es absolutamente anormal y hasta loco, que es que bienes que son esenciales para la vida lo tomen como algo natural que estén con niveles de contaminación que puedan afectarle la salud”.

El capitalismo fabrica pobres

Con la misma lógica de desnaturalización de problemáticas provocadas por el ser humano, Faccendini integra un colectivo que pretende que la ONU declare ilegal la pobreza.

“En el reino animal no racional no hay pobres, no hay monos pobres y monos ricos, habrá otra disputa de supervivencia pero no hay disputa de la construcción social de las comunidades del hombre que se construyen pobres. El capitalismo de la modernidad ha constituido y producido continuamente pobres que no acceden a los bienes esenciales y lo más terrible es que se ha generado una pedagogía de la pobreza en el sentido de generar en el pobre una situación de cierto estándar”.

“Primero que la pobreza es normal y de normal no tiene absolutamente nada. Segundo, si es pobre es por culpa de él, por ineptitud, por debilidad, por falta de inteligencia, o sea, en ese caso estamos en un proceso de doble victimización. Es víctima social por la pobreza y después, culturalmente se los victimiza como culpables de esa propuesta”, agregó.

En tercer término remarcó que “el sistema de esta modernidad pone al descubierto que la pobreza marca no solamente un biocidio, no solamente una lesa ambientalidad, porque el hombre forma parte de la comunidad biológica junto con los otros animales no racionales y evidentemente si hay pobres, esa pobreza afectada a una de las especies vivas sobre el planeta está afectando y lesionando el ambiente. No es solamente un problema económico, social, psicológico, sociológico sino también es un problema ambiental”.

“El 6 de junio el ministro (de Defensa Agustín) Rossi firmó un acuerdo de colaboración militar con Israel. Rossi dice que es un fuerte impulso para la industria de la defensa argentina, 120 millones de dólares. Y habla de que el mecanismo permite transferencia de tecnología, con lo cual, no sabemos muy bien qué es lo que se ha acordado. Porque también informa Rossi que se mantuvieron negociaciones durante 6 años entre la cartera de Defensa y su par israelí. Uno de los ejércitos más crueles y perversos que actúan hoy en el mundo” dijo a FM De la Calle el titular de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman.

“Ya no sólo que hay contradicción entre las palabras y los hechos sino que se trata de doble discurso, triple discurso, cuatriple discurso. Un día estamos recontra peleados contra Israel por el caso Nisman pero resulta que estaban negociando un acuerdo de cooperación militar en que se habla de transferencia de tecnología. Bueno, yo no creo que Argentina pueda transferir ninguna tecnología a Israel porque no la tiene”.

Por otra parte, “nos preocupa mucho que Israel transfiera su principal tecnología militar que es la de espionaje, como muchos saben. Se me cruzan por la cabeza otras tecnologías que otros gobiernos compraron. Por ejemplo la Triple A manejaba una ametralladora israelí muy liviana, muy rápida, muy famosa en los 70 que era la Uzi”.

Preocupado por la falta de repercusión del convenio en los medios de prensa de nuestro país, el dirigente señaló que “nada bueno puede venir de este convenio y realmente es increíble que ningún diario” haya publicado nada “hasta el domingo, cuando Walter Goobar escribe la nota, te diría sintomáticamente igual a la mía -no soy de los que reclaman derechos de autor porque no creo en la propiedad intelectual, pero hay párrafos enteros que coinciden con lo que escribí yo-, pero lo importante es que haya salido en Miradas del sur, con lo cual, mucha gente dirá que el convenio existe porque si lo denuncio yo a pesar de que está en la página oficial no tiene el mismo efecto”.

Doctrinas de Seguridad

“Hubo un momento, en el mejor de la integración latinoamericana, donde el gobierno argentino convoca a sus pares a hacer un debate para construir una nueva doctrina de seguridad que reemplace la de Seguridad Nacional. Llegó a haber una reunión en Buenos Aires –al menos una conozco yo-. A mí me la contó el general Bareiro, quien fue ministro de Defensa de Lugo. Su expulsión del gobierno fue exigida por la embajada norteamericana. Lugo la aceptó y con ello selló su suerte, porque a partir de ahí no tenía ninguna fuerza”, sostuvo Schulman.

Según el dirigente, “Bareiro es un militar de carrera, un estudioso. Fue convocado a ese encuentro para abrir ese debate y en realidad era muy prometedor poder gestar una nueva doctrina para las fuerzas armadas de América latina. Ese debate no se concretó nunca”.

“Al poco tiempo fue sacada Garré del ministerio. Fue reemplazada por (Arturo) Puricelli, un hombre que no tenía mucha idea del tema que inmediatamente congeló el debate. Cuando fue reemplazado por Rossi, el ministerio nos convocó a conversar. Nosotros fuimos porque siempre estamos dispuestos a conversar. Todavía no se había la denuncia sobre Milani. Nosotros le dijimos que lo que nos interesaba era que ese debate se reanimara y que si era así estábamos dispuestos a ser parte de esa discusión. De hecho a los pocos días que mantuvimos esa reunión aparecieron las primeras denuncias contra Milani y todo cambió: Rossi se concentró en defenderlo a Milani”, explicó.

El actual titular de Defensa “está todo el tiempo con un discurso progresista pero termina haciendo todo lo contrario. Se propone como un defensor de la integración de América latina y le pone la firma a un convenio militar con Israel. Bueno, la verdad que no habla muy bien de su coherencia”.

“El TLC que el MERCOSUR firmó con Israel y con este convenio militar la expectativa de que la Argentina juegue un papel para vigilar el TLC al menos desde el punto de vista oficial no se puede esperar mucho”.

Colonias: aquí o allí

Schulman se mostró preocupado por el impacto que este acuerdo pueda tener en la credibilidad y la acción concreta de la política exterior sobre la recuperación de Malvinas. “La situación es muy grave. La Argentina ha hecho, y el gobierno en los últimos años, de la recuperación de las Malvinas una causa importante. Podría ser una de las mejores políticas exteriores que han tenido el gobierno de Néstor y de Cristina. Pero esa política anticolonialista requiere de un gesto mínimo de coherencia que es oponerse a toda colonia. Y si alguien tiene colonia en este mundo es Israel en territorio palestino que usurpa el territorio de los habitantes desplazados militarmente por el ejército de Israel y establece colonias de religiosos ultra ortodoxos, ultra conservadores, terriblemente reaccionarios, xenófobos, racistas, que proclaman la teoría del destino manifiesto del pueblo de Israel, barbaridades que rondan con el fascismo, y la Argentina no dice una palabra de las colonias israelíes”.

“Los que defienden al gobierno deberían entender que el discurso anticolonialista con Malvinas se reciente, se debilita. Si no quieren ser antiimperialistas -y nadie está obligado a serlo-, si no quieren ser solidarios con el pueblo palestino -y nadie está obligado a ser-, que mantengan la mínima coherencia en aras de Malvinas. Esto es una especie de golpe mortal a la causa de Malvinas porque aliarse con el gobierno de Israel pone a la Argentina al lado de lo más reaccionario, retrógrado, usurpador de territorios extranjeros que hay en el mundo, y hace muy difícil que la causa por Malvinas avance”.

“El espíritu provinciano, la mirada chiquitita, pragmática, el oportunismo de vuelo corto realmente está haciendo estragos en la política argentina y no sólo liquida la coherencia, la ética, la trayectoria de tantas personas, sino que atenta al genuino interés nacional. Porque es genuino interés nacional la causa de Malvinas como es un genuino interés humanitario terminar con la ocupación israelí de los territorio palestinos” finalizó.

Adolfo “Fito” Aguirre, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires del Frente Popular y su precandidato a diputado nacional, Claudio Giorno visitaron FM De la Calle en los últimos días de la campaña electoral.

“Uno de los primeros puntos es plantear que el ambiente es para todos, tomamos la decisión con todos los candidatos en desarrollar un tour socioambiental que en las distintas recorridas marque el nivel de contaminación, quiénes son los que producen esto y los que facilitan la cuestión. Sabemos que todo está conectado”, aseguró Aguirre.

El dirigente de ATE manifestó que se propusieron”colocarlo en la agenda política y además cuestionar el modelo de desarrollo urbanístico, porque se discrimina situando un suelo rico y un suelo pobre favoreciendo una burbuja inmobiliaria”.

“Las anomalías del sálvese quien pueda están haciendo generar inundaciones por la falta de desagües, no tener noción del cambio climático y modificar cuestiones naturales como retocar los arroyos para hacer country es peligroso. Estos temas no están en el show político”, afirmaron los precandidatos.

Claudio Giorno declaró que “el Congreso Nacional debería plantear las condiciones de vida que necesite el pueblo. Las consecuencias de las relaciones con el modelo extractivitas, de saqueo, está desde hace varias décadas, contradiciendo al relato nacional y popular. Hay que plantear modelos como el agropecuario de cultivaciones variadas”.

Al ser consultado sobre la calidad del servicio de la empresa ABSA, Aguirre dijo que “no hay planeamiento, lo último fue con Perón. Desde los ’90 que al Estado lo transfirieron al mercado libre competencia, todo se mueve con presupuestos, por eso en el tema del agua hay que pensar en un gran proyecto de estructura”.

Texto: Diego García. 

“¿Sabés cuánto estuvimos peleando por eso?”, preguntó Enrique Garaggiola, presidente de la cooperativa del Frigorífico INCOB, al ser consultado sobre el anuncio del gobernador Daniel Scioli sobre la creación del Ministerio de Economía Popular si llega a la presidencia.

El trabajador aseguró a FM De la Calle que “planificamos todo lo que podíamos hacer y estar fuera del Ministerio de Trabajo que maneja plata de las Naciones Unidas. ¡Nosotros queremos plata del presupuesto nacional para hacernos cargo de la producción! Para pedir plata a las Naciones Unidas les tenés que presentar las manos de Perón y las manos de Perón no las van a encontrar, no las tenemos nosotros ni las tiene nadie”.

“Hace seis años de estas reuniones que hemos tenido con (el secretario de Agricultura Familiar y dirigente del Movimiento Evita, Emilio) Pérsico para que se genere un Ministerio de Economía Popular pero que intervengan los laburantes, no los vivos de siempre. Como fue en su momento el MNER, Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas que se generó por necesidad pero se dividió tanto porque después empieza el ego, todos tenemos alma de líder. Se desarmó el MNER, algunos hicieron federaciones, otros confederaciones, otros están en el gobierno nacional, ¿quién quedo? Murúa”, dijo.

Garagiola afirmó que el referente de IMPA, Eduardo “Vasco” Murúa, dejó tiempo atrás la conducción del MNER y ahora reapareció junto a Scioli. “Cuando se va a generar algo, otra vez vienen como para ver”, afirmó el titular de INCOB y concluyó que “en ese ministerio tienen que participar los laburantes, que sea regional, que lo hagan como lo hagan, pero que no comentan el error de que sea otro ministerio privatizado”.

Jóvenes en conflicto con la ley penal en el frigorífico

Quince jóvenes en conflicto con la ley penal tutelados por el Centro de Referencia de Bahía Blanca son capacitados por trabajadores del Frigorífico INCOB. La actividad inició con una recorrida por la planta del ex Paloni y el acompañamiento de algunos de los fundadores de la cooperativa.

Durante el paseo, los chicos recorrieron las instalaciones del establecimiento y se interiorizaron sobre la cadena de producción del frigorífico. Además, compartieron con los trabajadores sus experiencias sobre el proceso de recuperación de la fábrica y el funcionamiento de las cooperativas de trabajo.

“El único camino que es viable es el del trabajo, ser buena persona, buen hijo, buen padre, buen hermano. Entonces, le dimos oportunidad al chico de que pueda venir a trabajar acá. (…) Nos pusimos a disposición, algunos chicos está bárbaro que les haya pasado esto porque empezaron con la disciplina del horario de entrada, hay uno que sale cinco menos cuarto de la mañana para llegar seis menos cuarto acá, a pie se viene desde Spurr. Ese chico quiere cambiar, ese chico vio que hay alguien que le puede dar una mano y es la salida que necesita”, manifestó Garaggiola.

La iniciativa surgió por la necesidad de encontrar espacios de inclusión laboral para los chicos que se encuentran cumpliendo medidas alternativas a la privación de la libertad. Los jóvenes asisten una vez por semana en grupos reducidos para conocer y aprender el oficio. El espacio de formación está coordinado por los trabajadores de la planta y los pibes asisten al establecimiento acompañados por operadores socio-comunitarios.

Además, Garaggiola se refirió durante la entrevista a la situación del frigorífico INCOB y las gestiones para reabrir el ex Villa Olga bajo control de sus trabajadores y con la denominación “Fortín Cuatreros”. Escuchá la nota completa: