La dictadura de Agustín Lanusse puso la piedra fundacional, la de Jorge Rafael Videla declaró de interés nacional la finalización de la obra y la de Roberto Viola la inauguró.

La Petroquímica de Bahía Blanca era “un horizonte de los sectores más concentrados del capital” que tenían en La Nueva Provincia al vocero de “un mañana industrial”, dijo a FM De la Calle la historiadora Belén Zapata.

Luego de su declaración en el juicio a cuatro ex miembros de la Triple A, se refirió al fuerte disciplinamiento que padecieron los obreros y a una figura central de las persecuciones, amenazas y homicidios cometidos en nuestra ciudad: Rodolfo “Fito” Ponce.

El Caudillo N°73

¿Qué nos podés contar de la trayectoria de Rodolfo Ponce, de quien sabemos fue diputado nacional, secretario general de la CGT y jefe de la Triple A local?

Es importante precisar su trayectoria política, enmarcarlo en una línea dentro del peronismo en la época -más ortodoxo, más de derecha-, en su rol como legislador, él va a ocupar una banca además de su cargo dentro de la CGT en Bahía a partir del año ’73.

Marco esta doble espacialidad de su tarea política: está en Buenos Aires pero también en Bahía, va y viene constantemente, tiene esa doble agenda que tenía que ver con el proceso de “depuración ideológica dentro del peronismo” que comenzó a fines de 1973. Esto parte del propio Perón y del movimiento cundo se empiezan a exacerbar esas líneas internas, con más evidencia a partir del asesinato de Rucci.

Rucci fue un sindicalista y un político importante en la trayectoria de Ponce porque le permitió esa proyección por fuera de Bahía. Cuando lo asesinan a Rucci, Ponce hace una exposición vehemente sobre lo que representaba para él ese hecho. Cuando dentro del movimiento se empieza a desplazar a los sectores de la izquierda del peronismo Ponce es el gran promotor de esa depuración desde una agenda política específica a nivel nacional que él baja a Bahía Blanca.

(En el juicio) conté lo que fue la importancia del proyecto de conformación de una universidad sindical que luego deviene en lo que dice Ponce que le dice Perón que hay que hacer, que es recuperar para el movimiento obrero las UTN.

-Varios de los testimonios del juicio reflejan la toma de la UTN bahiense en agosto de 1974, ¿de qué se trataba ese proyecto que descarta Perón?

Ponce presenta el proyecto -que elaboró con Rucci- para la conformación de una universidad sindical sobre junio o julio del 73.  Ponce dice en una nota que cuando fueron con Rucci a ver a Perón para pedirle la venia, Perón les habría dicho para qué quieren otra universidad sindical si ya tenemos la universidad tecnológica, hay que recuperarlas. La denominación es lo que fue históricamente el producto de las universidades obreras de los años 50.

La perspectiva de Ponce era la idea de una universidad sindical que conforme cuadros políticos y que las UTN queden para la formación técnica. Ante el planteo de Perón sucede todo lo otro, hay un viraje, se desestima pero, a partir de ese momento, se puede ver que Ponce y la propia CGT hablan de recuperar las universidades tecnológicas de aquellos sectores vinculados al marxismo, a la izquierda.

En ese proyecto de la universidad sindical de Ponce, la idea era la conformación de un cuerpo colegiado de sindicatos que la gobierne bajo la presidencia del referente nacional de la CGT y que la sede esté en Bahía Blanca.

El tema constantemente es volver a fortalecer el papel y el rol de la CGT a nivel nacional y local. La CGT era él, eran las 62 Organizaciones, era el peronismo ortodoxo. Esto iba a empezar a desplazar no solo a sectores de la política estudiantil sino, en términos más amplios, a aquellos que habían crecido desde la primavera camporista.

 -Otro de los temas que trabajó desde la Cámara de Diputados fue la Ley de Asociaciones Profesionales la cual habilitó, por ejemplo, la intervención a la UOCRA. Varias de las víctimas del juicio son obreros de la construcción, ¿por qué? ¿Cuál era el contexto del sector?

Con la “depuración” hay que pensar la Ley de Asociaciones Profesionales y su modificación. Ponce fue un gran artífice. En el Diario de Sesiones uno lee la voz de Ponce, quien presidía la Comisión de Trabajo y se pone al hombro esta modificación que significó una discusión muy fuerte entre los sectores del peronismo.

En términos nacionales, la Juventud Trabajadora Peronista estuvo muy en contra y fue sumamente crítica con este proyecto que provenía de los sectores ortodoxos. Básicamente porque la modificación robustecía el poder de las centrales, de las cúpulas gremiales. De hecho, el cargo de Ponce se extiende de dos a cuatro años. La ley le da el marco normativo a la intervención, dice que las centrales pueden intervenir asociaciones profesionales de un grado menor.

Es muy claro, como lo menciona el propio representante de la UOCRA a nivel nacional, Rogelio Papagno. La intervención de la UOCRA de Bahía es una de las primeras que se hace en el marco de la ley. Tuvo que ver con un disciplinamiento temprano en estos sectores.

Se está ante la presencia de uno de los gremios más movilizados, no solo en términos políticos -es un gremio ligado a la organización de un frente de masas dentro de la Tendencia Revolucionaria-, sino también hay que pensar en la cantidad de obreros de la construcción ocupados. La ciudad estaba creciendo en términos de vivienda civil, se estaban construyendo los grandes barrios de monobloc y fue el momento de la construcción industrial más emblemática, se estaba construyendo la petroquímica.

Era un horizonte de los sectores más concentrados del capital en la ciudad y de los sectores militares de los gobiernos de facto. Era un proyecto que venía de finales de los 60, pone la piedra fundacional Lanusse, Videla señala lo importante que la obra se termine y se inaugura con Viola. 

Tenemos en el medio a La Nueva Provincia editando estos procesos en la línea de lo que entiende es el desarrollo productivo para generar “un mañana industrial”. Lo que aparecía en las notas era este temor orientado hacia el hecho de que esos trabajadores que tienen en sus manos la construcción de esa obra emblemática puedan llegar a ser influidos y organizados por sectores del sindicalismo más combativos o de las organizaciones políticas de la época. El temor que “la subversión” contamine a estos que tienen que terminar de construir la petroquímica.

 -Y eso lo logran, ¿no?

Exactamente, en los testimonios para mi tesis hay algo que estaba muy presente: esto se construyó casi a punta de bayoneta, con un  nivel de disciplinamiento muy importante. Pensemos que era lo considerado “subversivo”. Era que venga un pibe de 18 años como el Negrito García y panfletee la obra, que es llevar la palabra política a un territorio de trabajo, llevar la potencialidad de la organización, de luchar por reivindicaciones concretas que a los sectores patronales no les es muy conveniente.

-La Nueva Provincia hacía su propio juego en el señalamiento de los sectores indeseados, pero también expresaba intereses de otros. ¿Se puede identificar a los actores locales?

He seguido la agenda de los años 60 y 70 de la Corporación del Comercio y la Industria, un poco en esta línea, convergen bastante los sectores empresarios de la ciudad que tenía que ver con ese desarrollo industrial que había que consolidar.

Luego cada sector tenía su línea particular pero en este punto, en la construcción de la petroquímica y en pensar cuáles van a ser los capitales que van a jugar en la conformación del directorio de la empresa, hay una discusión emblemática que se construye desde dentro del Concejo Deliberante que tenían que ver con si iba a ser pública o de capitales mixtos. La Nueva Provincia con varios editoriales durante el ’73, ’74, el discurso era centralmente privatista, por estas nociones de que el capital público es bobo, ocioso, poco eficiente. Ahí se dieron discusiones con el sector del peronismo de izquierda en la figura de dos concejales que discutieron esto, que fueron Gerardo Carcedo y Marta Bustos, esa discusión es muy encendida, se estaba debatiendo, estaban pujando esos intereses. Finalmente la pulseada, si una la mira con perspectiva, vemos quien la gana.

-Los nombres que mencionas son de concejales que fueron víctimas de años de persecución y cautiverio en el caso de Bustos y de desaparición forzada en dictadura en el de Carcedo.

Eso es tremendo, cuando uno lee las fuentes, tiene la posibilidad de ver y leer las actas del Concejo y ve la voz de Carcedo en el año ’73 o ’74. Hay un momento que dice si a mí me pasara algo… había conciencia de que esa palabra política disidente o combativa dentro del Concejo Deliberante podía ser peligrosa para sus propias vidas.

-Por último, en tu declaración mencionaste la idea del proceso de conformación de la Triple A, no como algo determinado o estático.

Cuando pensamos en la paraestatalidad es muy distinto de lo que podemos imaginar cuando se intenta reconstruir, por ejemplo, las acciones del Ejército donde tenemos una línea de mando definida, eso nos da una estructura y organicidad que tenemos que ver cuándo empieza a aparecer en este grupo que tiene una dinámica, no se da espontáneamente. Hay que rastrear qué sucede en el año 74. Hitos concretos como la toma, lo que se ve con posterioridad al asesinato del Negrito.

Y es fundamental lo que empieza a suceder a principios del 75, concretamente con la llegada de Remus Tetu a la UNS, cómo se contrata  esta gente y eso le da organicidad. Les da armas, les da la posibilidad de manejarse por la ciudad con tranquilidad y teniendo zonas liberadas, les da sueldos. La UNS le pagaba sueldos por ser personal de vigilancia y seguridad, en clave de “la lucha antisubversiva”. Hay que ver el efecto de estos contratos en la escalada de violencia, de marzo a fines del ’75 es escalofriante el número de víctimas que encontramos día a día con estos casos de personas que aparecen tiradas en las afueras de la ciudad.

Esto es una reconstrucción histórica. Son interpretaciones que una hace a la luz de las fuentes y lo cierto es que reconstruir estas cuestiones para pensar el accionar de un grupo delictivo siempre imbricado entre la pata legal y la ilegal, “legal” por los recursos estatales, todo esto deja pocos rastros en términos documentales. Uno tiene que empezar a sacar agua de las piedras, por eso marcaba la importancia de que contemos con las resoluciones de la UNS en donde se muestra esta cosa orgánica.

Foto Belén Zapata: Jorge Cedrón.

“Como decimos las Garcías, venimos cuatro generaciones acá, mi madre, nosotras, mis hijas y mis nietos pidiendo justicia”, dijo Julia García a fines de octubre ante el tribunal oral que juzga a cuatro ex integrantes de la Triple A.

La hermana de Luis Jesús declaró después que su madre Marcela Egues, quien se preguntó por qué hubo tanto complicidad con el crimen de su hijo. “Tenía 18 años y lo masacraron, lo torturaron y lo tiraron en la ruta. Es una vergüenza lo que hicieron. Fue un gran militante, se organizaba para que todos tuvieran su buen sueldo y lo que necesitaban para trabajar”.

Julia destacó que el gran ausente en el juicio es el Poder Judicial. “Los jueces Hugo Cavallaro y José Montone son los que actuaron en la investigación del asesinato de mi hermano y le garantizaron la impunidad a los miembros de la Triple A. Sin su complicidad no estaríamos sentados acá, después de 46 años”.

Las audiencias continúan jueves y viernes desde las 9. Declararán la historiadora Belén Zapata, la directora del Archivo Provincial de la Memoria, Claudia Bellingeri, el presidente del Equipo Nizkor, Gregorio Díaz Dionis, y el ex legislador pampeano Eduardo Tindiglia.

Marcela recordó que el Negrito estudió hasta que comenzó a trabajar en la construcción de un barrio en Ing. White para la empresa Interamericana. Rápidamente “vio la necesidad de organizarse con los compañeros porque no tenían botines, guantes, iban como podían. Hacían asambleas y paraban la obra”. Con su moto repartía la prensa del partido y volanteaba “con mucha alegría”. Su militancia le valió varias amenazas y despidos.  

La familia García luchaba también contra el “abandono” del barrio. Organizaban reuniones de vecines de Noroeste y Villa Nocito porque “correspondía que viviera mejor la gente”.

La noche del secuestro del Negrito, Marcela había hecho empanadas. “Llegó de la militancia en el barrio con dolor de panza, le hice unas al horno.  Nos acostamos y, alrededor de las tres y algo, lo vinieron a buscar. Pensé que lo iban a tomar detenido”.

Afuera había dos autos y varios hombres armados. Dos de ellos entraron. “¿Qué pensaban que iban a encontrar en mi casa?”, se preguntó Egues. “No pasa nada mamá, enseguida vuelvo”, dijo Luis.

“Nunca pensé que iban a hacer la masacre que hicieron con mi hijo, lo torturaron bárbaramente, tenía todo el cuerpo con manchas negras de la tortura, tenía 18 años. Ojalá esos miserables se mueran de viejos, que sus nietos los recuerden como los asesinos que son”.

Tras el secuestro, familiares y compañeros salieron a buscarlo. En las comisarías decían “algo habrá hecho” en un clima amenazante. Al amanecer, Marcela y Oscar “Pinky” Bertollini -quien luego sería desaparecido- fueron a tomar un café a la Galería Plaza donde se encontraron con cuatro de los matones armados.

Respecto al funeral del Negrito, Marcela recordó: “La prensa dice que 30 mil personas acompañaron a mi hijo. La CGT mandó coronas y las rompimos en la calle. Quedé totalmente muda, no pude despedir a mi hijo, lo hizo Pinky”.

Identificó a Chacho Pérez como uno de los asesinos, un hombre que solía participar en las reuniones de la CGT y que previamente había amenazado al joven.

Tras el homicidio, las intimidaciones continuaron sobre la familia García, cada hecho era denunciado en tribunales. “La última vez que me amenazaron decidí irme al norte con lo puesto”. El exilio interno las llevó a Buenos Aires y a Salta, donde fue secuestrada Julia. “Estuve condenada a no volver a mi barrio por muchísimos años”, afirmó Marcela.

“Estábamos convencidos que teníamos derecho”

“Vengo a contarles de una Julia que tenía 18 años y acá está sentada una Julia que tiene 66”, dijo la mayor de las Garcías ante el tribunal, ratificando “el compromiso de seguir luchando por la verdad y la justicia hasta la muerte”.

Al Negrito no lo puede recordar “fuera de la política”, desde la adolescencia compartieron la militancia en la Federación Juvenil Comunista. Son una familia inquieta, de obreros con necesidades, “convencidos que teníamos derecho”.

“Buscábamos respuesta a las desigualdades, a las carencias que sufríamos y encontramos la política como herramienta. Para mí la Fede, el socialismo, fue ese gran amor de nuestra vida. No puedo olvidar la felicidad con que trabajábamos, con la que recorríamos el barrio, hablando de la prensa con los vecinos. No puedo olvidar la sonrisa de Raúl Metz -que está desaparecido-, la de su hermano Néstor. Tratábamos de convencer al otro de que era posible otro país, que teníamos derecho a otra vida”.

Por eso el Negrito fue perseguido desde la secundaria. Los servicios de la Bonaerense archivaron “una redacción que se titulaba ‘El buque de Granaderos, una cárcel flotante”. Julia todavía se pregunta quién informó eso desde la escuela.

“Al tiempo, por diferencias sobre la coyuntura, Luis se incorporó al FAS y comenzó a militar en el PRT en la Corriente Clasista y Combativa que era el espacio de los trabajadores por fuera del peronismo”. Ella trabajaba en un puesto de flores frente al cementerio, el Negrito se incorporó a la Interamericana y se transformó en la voz de sus compañeros. 

Julia afirmó que la Triple A “era una organización criminal en la que (el diputado y secretario de la CGT, Rodolfo) Ponce sería el responsable de la zona pero que respondía a una política nacional”.

El Consejo Nacional del Partido Justicialista declaró la guerra contra el marxismo por los medios que sean necesarios. “La batalla que Perón impulsa es contra aquello que cuestione al sistema y hace alianza con la burocracia sindical. Necesitaban recuperar y disciplinar a los gremios”.

“Acá aparece Ponce impulsando en el Congreso la Ley de Asociaciones Profesionales. Se arma la disputa en Bahía Blanca con Roberto Bustos que había sido elegido por paliza en el 73 y le intervienen el sindicato. Esta represión tenía que ver con la lucha de la clase trabajadora”, detalló.

Pensó en su hermano y las empresas que cuestionaba: “Son todas multinacionales, la Interamericana, la Petroquímica, Techint, tenían fuerte vinculación con la burocracia sindical, su tarea era limpiar. Los primeros afectados fueron los propios peronistas”.

Según consta en los legajos de la Dipba, en 1974 los operativos “antisubversivos” tenían como blanco “exclusivos” espacios y militantes de organizaciones marxistas. Ella y su hermana de 16 años fueron detenidas. En la Fede sabía que eran “las reglas del juego” pero “nadie pensó que a mi hermano iban a secuestrarlo y matarlo de la forma en que lo mataron”.

La madrugada del 22 de septiembre de 1974 un grupo de civiles entró impunemente a la casa de Jujuy y Entre Ríos. “Nos arrinconan contra la pared y van directamente a la pieza de mi hermano. Estaba en la cama tranquilo, como entregado, lo llevan a la rastra con un calzoncillo y una camisa”.

Por una ventana Julia vio la GTX verde que solía estar en la puerta de la CGT. El cuerpo del Negrito apareció “destrozado” horas después.

Recordó la presencia de organizaciones, estudiantes, obreros y vecinos en el funeral de su hermano, largas horas de dolor y bronca cuidando al cajón y a la familia. Y los servicios registrando todo. “Tengo la certeza de que ese velorio marcó el destino de muchos compañeros, muchos están desaparecidos”.

Julia pudo identificar a Miguel Ángel Chisu y a Chacho Pérez en una rueda de reconocimiento. “Tiene que estar muy segura, puede tener una pena muy grande si acusa injustamente”, la apretó el juez Cavallaro. Al salir de la comisaría las amenazas vinieron de un auto en el cual estaba uno de los acusados.

Julia fue detenida y torturada en Salta y pasó más de dos mil días secuestrada. “Perdimos la casa, la felicidad de vivir ese momento, perdimos un hermano. (…) Tenemos el alma atravesada por todas las muertes que tuvimos que sufrir, las desapariciones, las encarcelaciones”.

“Mi hermano vive en este juicio, en cada uno de sus compañeros -en Bahía Blanca la gente lo recuerda-, en quienes están en la calle pidiendo por mejoras salariales, por un techo. En las luchas de los 30 mil desaparecidos y todos los asesinados por la Triple A. Mataron a mi hermano pero no la necesidad de justicia y la ilusión de un país justo”, afirmó.

Eugenio Navarrete era vecino de la familia García y militaba con el Negrito en el PRT. “Era un hermano para mí, un compañero muy querible. Tenía algo que en la sociología marxista se llama la conciencia posible y un potencial extraordinario. Un joven que estudiaba, honesto, lo quería mucho”.

En 1973 el testigo realizó el servicio militar en la Compañía de Telecomunicaciones 181 del V Cuerpo de Ejército que ya configuraba “el Estado asesino”. Recordó la capellanía de Aldo Vara y Dante Vega en tiempos del obispo Jorge Mayer.

Mencionó que los curas “ejercían una acción realmente intimidante apelando a demonios y al pecado”, hablaban “groseramente” de sexo para luego entrar “en un terreno donde mostraban el verdadero carácter de este ejercicio pastoral: nos preguntaban si éramos hinchas de River o de Boca y llegábamos a si éramos o no peronistas o de alguna línea política que andaba con los locos zurdos”.

En aquella época se creó la “compañía operacional”, dedicada a la “lucha antisubversiva”: “Se crea un clima de temor, se plantea un orden enteramente represivo, antisindical, se arman con fales, lanzacohetes, enfermeros, camilleros, balas trazadoras para disparo nocturno, cómo arrestar una persona en la calle, cómo hacer un allanamiento, un discurso macartista, persecutorio e intimidante”.

Consultado por la actuación de grupos paraestatales se remitió al caso del obrero Marzolini, ocurrido en febrero del 74. “Se afirmó de parte de prominentes políticos que había sido asesinado por la Triple A”. El crimen fue en contexto de la intervención de la UOCRA por parte de Rogelio Papagno y tras una huelga en la obra de la Escuela Técnica de White por el despido de dos trabajadores.

Marzolini “era gente de Bustos”, un comisario dijo que tenían orden de no investigar. El referente de Papagno en Bahía Blanca era Pedro Juárez. Lo acompañaba la Juventud Sindical Peronista cuyos miembros “actuaban a cara descubierta con armas largas en la entrada de la petroquímica”.

“Casi todos recibimos amenazas”, dijo Navarrete. En la pared de la sede gremial, su cara, la del Negrito García y la de Roberto Inostroza ilustraban un cartel que decía “muerte a los zurdos”.

De los imputados, el testigo mencionó a Juan Carlos Curzio y a Osvaldo Pallero. El primero era el deportista admirado por la juventud, aunque su madre “lloraba amargada por la transgresión permanente que hacía con su grupo de matones”. El segundo era “un vago” que vivía en las colonias ferroviarias del Maldonado.

Navarrete fue detenido el 17 de septiembre del 74 en la casa de Jorge Nicanor Fernández de Villa Nocito. “Estaba Roberto Inostroza y las mellizas de Jorge”.

Pasaron la noche en una comisaría y al día siguiente los encerraron en la UP4. Le abrieron una causa por asociación ilícita y por una supuesta participación en el copamiento de un puesto de Prefectura. Lo representó el abogado Carlos Massolo: “Estábamos declarando cuando pasa el cortejo fúnebre del Negrito”.

“En Villa Floresta el que me despide es Massolo que ya estaba preso junto a otros abogados. Me dijo: seguramente estás en alguna lista a disposición del PEN pero si te dan cinco minutos desaparecé porque esto está muy jodido”. Al otro día lo detuvieron nuevamente.

Declaró que varios de los presos comunes estaban vinculados a la JSP y a la Triple A. “Contaban historias muy terribles, (…) eran gente sin ingresos, salvo que tuvieran algún choreo exitoso”. Según contaban los suboficiales del Servicio Penitenciario, fue el diputado Ponce el que les organizó la fiesta de fin de año en un pabellón liberado.

Navarrete fue trasladado a Sierra Chica, Rawson, Caseros y La Plata. En 1982 salió con libertad vigilada.

El presidente Alberto Fernández envió esta tarde el proyecto de “regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto”.

“He enviado al Congreso de la Nación para su tratamiento, dos proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. El primero de ellos legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida”, afirmó el jefe de Estado.

Referencia: Regulación del Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto

ARTÍCULO 1º.- OBJETO: La presente ley tiene por objeto regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en
materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible.

ARTÍCULO 2º.- DERECHOS: Las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a:

a. Decidir la interrupción del embarazo de conformidad con lo establecido en la presente ley;
b. Requerir y acceder a la atención de la interrupción del embarazo en los servicios del sistema de salud, de conformidad con lo establecido en la presente ley;
c. Requerir y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud, sin perjuicio de que la decisión de abortar hubiera sido contraria a los casos legalmente habilitados de conformidad con la presente ley;
d. Prevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a información, educación sexual integral y a métodos anticonceptivos eficaces.

ARTÍCULO 3º.- MARCO NORMATIVO CONSTITUCIONAL: Las disposiciones de la presente ley se enmarcan en el artículo 75 inciso 22 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, los Tratados de Derechos Humanos ratificados por la REPÚBLICA ARGENTINA, en especial la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y su Protocolo Facultativo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer “Convención De Belem Do Para”, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos de Niño y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en virtud de la protección que otorgan a los derechos sexuales y reproductivos, a la dignidad, a la vida, a la autonomía, a la salud, a la educación, a la integridad, a la diversidad corporal, a la identidad de género, a la diversidad étnico-cultural, a la privacidad, a la libertad de creencias y pensamientos, a la información, a gozar de los beneficios de los avances científicos, a la igualdad real de oportunidades, a la no discriminación y a una vida libre de violencias.

ARTÍCULO 4º.- INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO: Las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana CATORCE (14) inclusive, del proceso gestacional.

Fuera del plazo dispuesto en el párrafo anterior, la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones:

a. Si el embarazo fuere resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante, ante el personal de salud interviniente.

En los casos de niñas menores de TRECE (13) años de edad, la declaración jurada no será requerida.

b. Si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.

ARTÍCULO 5º.- DERECHOS EN LA ATENCIÓN DE LA SALUD: Toda persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con su asistencia, en un plazo máximo de DIEZ (10) días corridos desde su requerimiento y en las condiciones que se establecen en la presente ley, y en las Leyes Nros. 26.485, 26.529 y concordantes.

El personal de salud debe garantizar las siguientes condiciones mínimas y derechos en la atención del aborto y postaborto:

a) Trato digno. El personal de salud debe observar un trato digno, respetando las convicciones personales y morales de la paciente, para erradicar prácticas que perpetúan el ejercicio de violencia contra las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar.

b) Privacidad. Toda actividad médico-asistencial tendiente a obtener y transmitir información y documentación clínica de la paciente debe garantizar la construcción y preservación de un ambiente de confianza entre el personal de salud y las personas que solicitan la atención, y observar el estricto respeto por su intimidad, dignidad humana y autonomía de la voluntad, así como el debido resguardo de la confidencialidad; solo se compartirá información o se incluirá a su familia o a su acompañante con su expresa autorización, conforme las previsiones del artículo 8º de la presente ley.

Asimismo, deberá protegerse a la paciente de injerencias ilegítimas por parte de terceros.

c) Confidencialidad. El personal de salud debe crear las condiciones para el resguardo de la confidencialidad y el secreto médico durante todo el proceso de atención y también con posterioridad. Debe informar durante la
consulta que la confidencialidad está garantizada y resulta alcanzada por el secreto médico.

La paciente tiene derecho a que toda persona que participe en la elaboración o manejo de la documentación clínica, o bien tenga acceso al contenido de la misma, deba respetar el derecho a la confidencialidad, salvo expresa autorización escrita de la propia paciente.

d) Autonomía de la voluntad. El personal de salud debe respetar las decisiones de las pacientes respecto al ejercicio de sus derechos reproductivos, las alternativas de tratamiento y su futura salud sexual y reproductiva.

Las decisiones de la paciente no deben ser sometidas a juicios derivados de consideraciones personales, religiosas o axiológicas por parte del personal de salud, debiendo prevalecer su libre y autónoma voluntad.

e) Acceso a la Información. El personal de salud debe mantener una escucha activa y respetuosa de las pacientes para expresar libremente sus necesidades y preferencias. La paciente tiene derecho a recibir la información sobre su salud; el derecho a la información incluye el de no recibir información inadecuada en relación con la solicitada.

Se debe suministrar información sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo, los alcances y consecuencias de la práctica. Dicha información debe ser actualizada, comprensible, veraz y brindada en lenguaje y con formatos accesibles.

El personal de salud y las autoridades públicas tienen la obligación de suministrar la información disponible sobre los derechos protegidos por la presente ley de forma dinámica y a lo largo de todo el proceso de
atención, incluso si no hay una solicitud explícita.

f) Calidad. El personal de salud debe respetar y garantizar el tratamiento del aborto conforme los alcances y la definición de la Organización Mundial de la Salud. La atención será brindada siguiendo los estándares de calidad, accesibilidad, competencia técnica, rango de opciones disponibles e información científica actualizada.

ARTÍCULO 6º.- INFORMACIÓN Y TRATAMIENTO DEL ABORTO Y DE LA SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA: Realizada la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo de conformidad con el artículo 4º, el establecimiento de salud pondrá a disposición de las personas gestantes que así lo requieran, en el marco del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, Ley N° 25.673, lo siguiente:

a. Información sobre el procedimiento que se llevará a cabo y los cuidados posteriores necesarios, siguiendo los criterios del artículo anterior.

b. Atención integral de su salud a lo largo de todo el proceso.

c. Acompañamiento en el cuidado de la salud e información adecuada y accesible a las necesidades de cada persona, científica, actualizada sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles, así como la provisión de los métodos anticonceptivos previstos en el Programa Médico Obligatorio (PMO) y en la Ley N° 25.673 o la normativa que en el futuro la reemplace.

Estos servicios no son obligatorios para la paciente ni condición para la realización de la práctica.

ARTÍCULO 7º.- CONSENTIMIENTO INFORMADO: Previo a la realización de la interrupción voluntaria del embarazo se requiere el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 26.529 y concordantes y en el artículo 59 del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN. Nadie puede ser sustituido en el ejercicio personal de este derecho.

ARTÍCULO 8º.- PERSONAS MENORES DE EDAD: En el marco de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley N° 26.061, el artículo 7º del Anexo I del Decreto N° 415/06, el artículo 26 del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN y la Resolución N° 65/15 del MINISTERIO DE SALUD de la Nación, la solicitud de la interrupción voluntaria del embarazo deberá ser efectuada:

a) En los casos de personas menores de TRECE (13) años de edad, mediante su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno/a de sus progenitores/as o representante legal. En ausencia o falta de ellos/as, se solicitará la asistencia de las personas indicadas en el artículo 4° del Anexo I del Decreto reglamentario N°1282/03 de la Ley N° 25.673, en el artículo 7° del Anexo I del Decreto reglamentario N°415/06 de la Ley N°
26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y en el artículo 59 del Código Civil y Comercial de la Nación. No se deberá requerir autorización judicial alguna.

b) En los casos de adolescentes de entre TRECE (13) y DIECISÉIS (16) años de edad, se presume que cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento, a menos que deba
utilizarse un procedimiento que implique un riesgo grave para su salud o su vida. En dichos casos será necesario, además de su consentimiento, el asentimiento de al menos uno/a de sus representantes legales o, a
falta de ellos/as, se solicitará la asistencia de las personas indicadas en el artículo 4° del Anexo I del Decreto reglamentario N° 1282/03 de la Ley N° 25.673, en el artículo 7° del Anexo I del Decreto reglamentario N°
415/06 de la Ley N° 26.061 y en la Resolución N° 65/15 del Ministerio de Salud de la Nación.

Las personas mayores de DIECISÉIS (16) años de edad tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento, a fin de ejercer los derechos que otorga la presente ley.

ARTÍCULO 9º.- PERSONAS CON CAPACIDAD RESTRINGIDA: Si se tratare de una persona con capacidad restringida por sentencia judicial y la restricción no tuviere relación con el ejercicio de los derechos que otorga la
presente ley, podrá prestar su consentimiento informado sin ningún impedimento ni necesidad de autorización previa alguna y, si lo deseare, con la asistencia del sistema de apoyo previsto en el artículo 43 del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.

Las personas que actúan como sistema de apoyo no representan ni sustituyen a la persona con discapacidad en el ejercicio de sus derechos y, por tanto, es necesario que el diseño del sistema de apoyo incorpore salvaguardas adecuadas para que no existan abusos y las decisiones sean tomadas por la titular del derecho.

Si la sentencia judicial de restricción a la capacidad impide prestar el consentimiento para el ejercicio de los derechos previstos en la presente ley, o la persona ha sido declarada incapaz judicialmente, deberá prestar su consentimiento con la asistencia de su representante legal o, a falta o ausencia de este o esta, la de una persona allegada, en los términos del artículo 59 del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 10.- OBJECIÓN DE CONCIENCIA: El o la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. A los fines del ejercicio
de la misma, deberá:

a. Mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión.

b. Derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones.

c. Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica.

d. Cumplir con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas.

El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable.

No se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto.

El incumplimiento de los requisitos para ejercer el derecho de objeción de conciencia dará lugar a las sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda.

ARTÍCULO 11.- COBERTURA Y CALIDAD DE LAS PRESTACIONES: El sector público de la salud, las obras sociales enmarcadas en la Ley N° 23.660 y en la Ley N° 23.661, el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS creado por la Ley N° 19.032, las entidades y agentes de salud comprendidas en la Ley N° 26.682 de marco regulatorio de medicina prepaga, las entidades que brinden atención dentro de la reglamentación del Decreto N° 1993/11, las obras sociales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, las obras sociales del PODER LEGISLATIVO y JUDICIAL y las comprendidas en la Ley N° 24.741 de Obras Sociales Universitarias y todos aquellos agentes y organizaciones que brinden servicios médicoasistenciales a las personas afiliadas o beneficiarias, independientemente de la figura jurídica que posean, deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo prevista en la presente ley en
todas las formas que la Organización Mundial de la Salud recomienda. Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el PMO con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.

ARTÍCULO 12.- EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA: El Estado Nacional, las Provincias, la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y los Municipios tienen la responsabilidad de implementar la Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población.

Estas políticas deberán estar enmarcadas en los objetivos y alcances establecidos en las Leyes Nros. 23.798, 25.673, 26.061, 26.075, 26.130, 26.150, 26.206, 26.485, 26.743 y 27.499, además de las leyes ya citadas en la presente ley. Deberán, además, capacitar sobre perspectiva de género y diversidad sexual a los y las docentes y a los y las profesionales y demás trabajadores y trabajadoras de la salud, a fin de brindar atención, contención y seguimiento adecuados a quienes soliciten realizar una interrupción voluntaria del embarazo en los términos de la
presente ley, así como a los funcionarios públicos y las funcionarias públicas que actúen en dichos procesos.

ARTÍCULO 13.- MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL: Sustitúyese el artículo 85 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, por el siguiente:

“ARTÍCULO 85. – El o la que causare un aborto será reprimido:

1º) Con prisión de TRES (3) a DIEZ (10) años, si obrare sin consentimiento de la persona gestante. Esta pena podrá elevarse hasta QUINCE (15) años si el hecho fuere seguido de la muerte de la persona gestante.

2º) Con prisión de TRES (3) meses a UN (1) año, si obrare con consentimiento de la persona gestante, luego de la semana CATORCE (14) de gestación y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo
86.”

ARTÍCULO 14.- INCORPORACIÓN DEL ARTÍCULO 85 BIS DEL CÓDIGO PENAL: Incorpórase como artículo 85 bis del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, el siguiente:

“ARTÍCULO 85 bis. Será reprimido o reprimida con prisión de TRES (3) meses a UN (1) año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, el funcionario público o la funcionaria pública o la autoridad del establecimiento de salud, profesional, efector o personal de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare, en contravención de la normativa vigente, a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.”

ARTÍCULO 15.- SUSTITUCIÓN DEL ARTÍCULO 86 DEL CÓDIGO PENAL: Sustitúyese el artículo 86 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, por el siguiente:

“ARTÍCULO 86.- No es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana CATORCE (14) inclusive del proceso gestacional.

Fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, no será punible el aborto practicado con el consentimiento de la persona gestante:

1º) Si el embarazo fuere producto de una violación. En este caso, se debe garantizar la práctica con el requerimiento y la declaración jurada de la persona gestante ante el o la profesional o personal de salud interviniente.

En los casos de niñas menores de TRECE (13) años de edad, la declaración jurada no será requerida.

2º) Si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante.”

ARTÍCULO 16.- SUSTITUCIÓN DEL ARTÍCULO 87 DEL CÓDIGO PENAL: Sustitúyese el artículo 87 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, por el siguiente:

“ARTÍCULO 87.- Será reprimido o reprimida con prisión de SEIS (6) meses a TRES (3) años, el o la que con violencia causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado del embarazo de la persona
gestante fuere notorio o le constare.”

ARTÍCULO 17.- SUSTITUCIÓN DEL ARTÍCULO 88 DEL CÓDIGO PENAL: Sustitúyese el artículo 88 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, por el siguiente:

“ARTÍCULO 88.- Será reprimida con prisión de TRES (3) meses a UN (1) año, la persona gestante que, luego de la semana CATORCE (14) de gestación y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86,
causare su propio aborto o consintiera que otro se lo causare. Podrá eximirse la pena cuando las circunstancias hicieren excusable la conducta.
La tentativa de la persona gestante no es punible.”

ARTÍCULO 18.- CAPACITACIÓN: El personal de salud deberá capacitarse en los contenidos de esta ley y de la normativa complementaria y reglamentaria. A tal fin, el MINISTERIO DE SALUD de la Nación y los Ministerios Provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES implementarán los
correspondientes programas de capacitación.

ARTÍCULO 19.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN: La autoridad de aplicación de la presente ley será establecida por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

ARTÍCULO 20.- ORDEN PÚBLICO: Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA.

ARTÍCULO 21.- Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL.

La familia de Santiago Maldonado entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al estado argentino un informe realizado por un grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes de Chile, México y Colombia.

Las y los profesionales habían sido convocados en agosto para “despejar dudas” y “frente al intento del estado argentino dejar la desaparición forzada y muerte de Santiago en la impunidad” al cumplirse tres años de los hechos.

“Pedimos que el estado argentino tome en cuenta este informe para que se inicie una verdadera investigación de la causa de Santiago. Necesitamos saber la verdad, esa verdad que nos fue negada desde el 1° de agosto de 2017”, afirmó la familia en su web.

Compartimos las conclusiones del documento que puede leerse completo aquí:

De los elementos analizados por el GIEEI emergen serias y legítimas dudas acerca de la investigación. No hubo actuación investigativa que reuniera todas las características de independencia, imparcialidad, exhaustividad y efectividad en las que se incluyeran todas las hipótesis incluidas la desaparición forzada, tal como lo indican los estándares internacionales.

La desaparición forzada debía ser la primera posibilidad a considerar y no se procedió así. Por el contrario, en una actitud que riñe con el principio de imparcialidad, las autoridades desecharon esa primera hipótesis lo que desde el principio impidió desarrollar una debida diligencia y sembró desconfianza en la familia de las víctimas, en la comunidad involucrada y en amplios sectores de la sociedad.

Desde la ocurrencia de los hechos que fueron denunciados el mismo día como una posible desaparición forzada, las autoridades argentinas debieron aplicar los lineamientos establecidos en el Protocolo de Minnesota a fin de que se garantizara una investigación independiente, imparcial, exhaustiva y efectivo conforme a la debida diligencia.

Tales características no se observan en las diligencias examinadas por el GIEEI.

Los hechos ocurrieron en un contexto de conflicto socio territorial histórico caracterizado por la negación de derechos a pueblos indígenas en Argentina. En este caso el Pu Lof Cushamen del pueblo mapuche, reivindica la restitución de las tierras de ocupación tradicional de las cuales fueron desposeídos por privados con la anuencia del Estado argentino.

En ese marco se evidencia una preocupante vulneración de derechos fundamentales entre los que se encuentran el derecho a la igualdad y la no discriminación por motivos de raza, color, etnicidad, así como el derecho a la vida, a la integridad física, y a la privacidad.

Se comprobó la presencia solidaria del señor Santiago Maldonado el 1 de agosto de 2017 en el lugar de los hechos como activista de los derechos de la comunidad reclamante. En esa condición, el señor Maldonado era defensor de los derechos humanos en favor de la comunidad del Pu Lof Cushamen del pueblo mapuche.

El análisis de este contexto es relevante en la integralidad de la investigación. No se observa que estos aspectos se hubieran tenido en cuenta.

Conforme a los estándares internacionales además la debida diligencia en la investigación era necesario garantizar el manejo comunicativo imparcial relacionado con ella. Estos aspectos no emergen en el análisis que el GIEEI hizo de la situación.

Se advierte la ausencia de legislación adecuada para prevenir, reconocer, registrar, investigar, sancionar y reparar las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales posteriores a 1983.

Así mismo, se evidencia la ausencia de legislación para el trámite idóneo de los conflictos territoriales indígenas y protocolos específicos relacionados con protección y garantía de derechos a defensoras y defensores. Estas ausencias tocan directamente con situaciones estrechamente relacionadas con los hechos que se investigan y que de existir tales instrumentos contribuirían a una adecuada respuesta institucional.

La información revisada del expediente no permite establecer hipótesis razonables que expliquen por qué a pesar de las labores de rastrillaje realizadas en el río Chubut y sus áreas circundantes, el cuerpo fue hallado río arriba 77 días después de la desaparición.

Esta situación genera un manto de duda sobre las demás acciones realizadas en el proceso de investigación, especialmente sobre las conclusiones reportadas por la Junta de Peritos en relación con el análisis postmortem del cuerpo.

La ausencia de información sobre lesiones en el cadáver no puede interpretarse como una inexistencia de hechos de violencia alrededor de la muerte. El hallazgo e identificación del Sr. Maldonado y el establecimiento de su causa de muerte sólo da cuenta parcial de lo acaecido con la víctima.

El análisis de medios y de redes en torno al caso de Santigo Maldonado, evidencia un interés e injerencia por diluir responsabilidades y explicaciones de los acontecimientos vinculados a la desaparición forzada y posterior hallazgo de su cuerpo sin vida.

En ese sentido a través de la estigmatización y desvalorización de la labor de acompañamiento que desarrollaba el señor Maldonado, se buscó diluir la hipótesis de intervención del Estado en su desaparición. El manejo de los datos, así como de la temporalidad, de los testimonios, buscó siempre fortalecer “el accidente” como explicación última de los acontecimientos.

La construcción narrativa dominante del caso de Santiago Maldonado, se orientó a contrarrestar la defensa de los Derechos Humanos y las reivindicaciones de los pueblos originarios. Aún a tres años de lo sucedido, la insistencia en la desacreditación de Santiago y su familia y de la comunidad a la que apoyaba, permiten afirmar que en el caso y su configuración mediática y digital, se da un escenario de disputa narrativa sobre los acontecimientos. La realidad y su trascendencia e implicaciones no pueden dejarse a merced del discurso oficial ni de las estrategias y operaciones de propaganda mediática.

Marcelo González, ex cuñado de Facundo Castro, reclamó ser incorporado al Programa de Protección de Testigos. Luego de denunciar los aprietes de la Bonaerense tuvo que dejar su casa y su trabajo en Buratovich e instalarse con custodia en Bahía Blanca.

“Es complicada mi situación porque me encuentro sin trabajo, las deudas empiezan a aparecer, estoy encerrado hace tres meses. Me gustaría que algún funcionario público me pueda ayudar”, dijo a FM De la Calle.

González comentó que la oferta para ingresar al Programa estuvo al principio de la investigación. Mientras vivía en Villarino “pedimos un tiempo para organizarnos con la casa que tuve que dejar, cuando me organizo y tengo todo resuelto y decido ingresar al programa me lo niegan y me dicen que no cumplo con los requisitos. ¿Tengo que perder algún integrante de mi familia o me tiene que pasar algo a mí para que se den cuenta?”.

“Salir a buscar trabajo es complicado porque como saben que soy testigo de la causa de Facundo prefieren no darme un empleo, se me complicó todo”, argumentó.

Contó que sus hijos “se adaptaron rápidamente, aunque están tomando conductas extrañas por el cambio, incluso yo no soy el que era antes, vivo nervioso, preocupado, asustado, mi denuncia es contra la Policía Bonaerense, estoy enfrentado directamente con una fuerza”.

Finalmente, destacó que continúa recibiendo amenazas: “Me abrieron el Facebook de lugares diferentes de Villarino, me aparecieron mensajes en el teléfono, he recibido mensajes en Facebook de amenazas directas: ‘Ya sabemos que estás en Bahía’. Más allá de que tenga custodia, ¿cómo puedo retomar mi vida de ante?”.

La Cámara Federal de Bahía Blanca aceptó el recurso de queja presentado por los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín –acompañado por las querellas particular e institucional– y ordenó a la jueza María Gabriela Marrón revisar su decisión de denegar medidas de pruebas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y las querellas.

Los camaristas sostuvieron que la decisión de la jueza podría acarrear un daño irreparable en la instrucción porque afectaría el avance de la línea de trabajo que investiga la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, principal hipótesis de la parte acusadora.

El allanamiento del puesto de vigilancia de Teniente Origone y el secuestro de unos 50 teléfonos celulares relacionados con los policías vinculados a la causa, entre las medidas de prueba en debate.

El pasado 15 de octubre, la titular del Juzgado Federal Nº 2 rechazó masivamente medidas de pruebas solicitadas por los fiscales de la Procuvin y de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia, la querella particular y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

La decisión fue cuestionada por la parte acusadora y casi diez días después, el 26 de octubre, la jueza declaró inadmisible el recurso de apelación. En ambos casos, Marrón desestimó los planteos del Ministerio Público Fiscal y las querellas, quienes advirtieron que el rechazo de las diligencias solicitadas ponía en serio riesgo el avance de la investigación de lo que, hasta el día de hoy, siguen considerando la hipótesis más robusta de la causa: la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.

Ante el rechazo de la apelación, los fiscales Heim y Azzolín presentaron un recurso de queja que fue aceptado por la Cámara Federal de Bahía Blanca. Con el voto de los dos magistrados, el fallo declaró que la apelación estuvo mal denegada y, por lo tanto, obliga a la jueza Marrón a volver a considerar lo pedido por fiscalía y querellas.

Al momento de rechazar la apelación, Gabriela Marrón había argumentado que, si bien las partes pueden proponer diligencias investigativas, el juez tiene la potestad de practicar sólo las que considere pertinentes y que su resolución es irrecurrible. Sin embargo, los dos jueces de Cámara le recordaron que la potestad de dirigir el proceso no es un principio irrestricto y cede cuando se ven afectado intereses superiores.

“La magistrada podrá compartir o no los pedidos que formulen las partes, pero en modo alguno puede definir e indicar qué hipótesis y qué elementos de la misma deben seguir y considerar los acusadores”, habían sostenido los fiscales en el recurso de queja.

Para los jueces Pablo Candisaro Mera y Pablo Larriera, la denegatoria de las medidas de prueba solicitadas podría afectar el avance de una de las vías de investigación que, por imperio de ley, se encuentra a cargo del Ministerio Público Fiscal. Y podría traducirse en un perjuicio de imposible reparación ulterior.

Entre las medidas de prueba que están en debate, se encuentra el pedido de allanamiento del puesto de vigilancia de Teniente Origone, donde ya se encontró un amuleto que pertenecía a Facundo Astudillo Castro, y el secuestro de unos 50 teléfonos celulares de policías vinculados con los agentes que tuvieron contacto con Facundo el día de su desaparición.

Sobre el puesto policial en Origone, cabe recordar que la jueza Marrón ya rechazó tres veces el allanamiento. A pesar de los reiterados pedidos de la querella para que se preserve el lugar, tampoco dispuso ninguna medida cautelar que ordene la inalterabilidad del edificio y sus adyacencias.

Tal como vienen sosteniendo los fiscales y las querellas, la demora de estas diligencias atenta contra la posibilidad de encontrar elementos de pruebas valiosos para la investigación. La misma situación ocurre con los teléfonos celulares; esto último, incluso, ya fue corroborado en la causa: los informes realizados por DATIP sobre los celulares secuestrados a las y los policías que tuvieron contacto con Facundo el 30 de abril dan sobrada cuenta de los intentos por eliminar información del día de la desaparición y los días posteriores.

El fallo de la Cámara abre una nueva posibilidad para que la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro se siga investigando. Coincida o no la jueza con la hipótesis de la parte acusadora.

Fuente: Andar.

Víctor Basterra, ex detenido durante la última dictadura cívico militar y testigo clave en los juicios a genocidas, murió este sábado. El obrero gráfico y militante peronista fue secuestrado en 1979 y permaneció en cautiverio en la ESMA hasta la llegada de la democracia.

En el mayor centro clandestino de detención de la Armada fue obligado a falsificar documentos para los represores. Durante años tomó una foto más de las que le pedían y las fue sacando del campo de exterminio para cumplir el mandato de uno de sus compañeros: “Si te salvás, que no se la lleven de arriba” .

Basterra había sido desistido el viernes como testigo en el juicio contra la Triple A en Bahía Blanca. “Hasta último momento, con tremendas complicaciones de salud, quería dar testimonio. No quería bajarse”, afirmó el fiscal Pablo Fermento.

“Víctor era muy simpático y amigable pero vivía en soledad el dolor y esas marcas a fuego que solo sobrevivientes conocen”, dijo a FM De la Calle el periodista Fernando Tebele, compañero de aire de Basterra en Oral y Público, programa radial sobre los juicios de lesa humanidad.

Comentó que “hace unas semanas desde la Fiscalía de Bahía se comunicaron conmigo. Sabiendo que había empeorado su estado de salud me adelanté y les dije que no iba a poder declarar y automáticamente me di cuenta que estaba metiendo la pata, pasé el teléfono de su compañera y dijo que sí. En esos preparativos estaban cuando su salud empeoró y falleció el sábado”.

En una emisión de Oral y Público Basterra contó: “Un suboficial de la Armada, Julio Fernández, me comentó que él había andado por Bahía, había hecho un comentario, y que había sido interventor en una facultad. No sé si vivirá, yo tendría 34 años y él me llevaba unos 7 años. Por otro lado, a Rodolfo Ponce yo le hice un carnet de portación de armas, una falsificación que se había hecho en la ESMA del Renar (Registro Nacional de Armas)”.

Tebele afirmó que “en los lugares de tortura y exterminio hubo enormes actos de resistencia de parte de sobrevivientes y de los que no sobrevivieron. Víctor hizo más que eso, no solo arriesgó su vida. Él contaba que empezó a registrar todo, sabiendo que tenía que sobrevivir y que contar después”.

El periodista recordó otra de las hazañas de Basterra: “Se robó una llave de un cuarto donde había documentos de inteligencia. Entraba a la madrugada, y sacaba fotos. Esos documentos daban cuenta de que habían pasado por Campo de Mayo los detenidos de la Contraofensiva”.

“Lo que deja Víctor es la sensación de que se puede sobrevivir dignamente en los peores lugares y que siempre hay posibilidades de resistir”, concluyó.

María del Rosario Fernández integra la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina y asesoró a las familias que llevaban adelante la toma en Guernica, que terminó en represión. “Estábamos por firmar un acuerdo, el miércoles (28 de octubre) dos y media de la tarde, sentados en los gazebos que había armado el Ministerio de Desarrollo, a unas cuadras de la municipalidad de presidente Perón. Estaban las organizaciones, los representantes, abogados, el ministerio de Desarrollo, el de Justicia, el subsecretario de Hábitat. Lo que nos dice el ministro Larroque es: yo tengo que sacar gente hoy, ya mañana no puedo garantizar, mañana a las cero horas cambia de ministerio, sale de Desarrollo y pasa a Seguridad. Obviamente que no pudimos firmar porque esto es un conjunto, no es que salvamos a unos y otros no”.

En este nota, la letrada explica a FM De la Calle, paso por paso, cómo una negociación en la que el conjunto estaba interesado en llegar a un acuerdo pacífico, terminó en el desalojo encabezado por Berni, reuniendo material para su spot de campaña.

Cuando se habla de la toma en Guernica, se trataba de “cien hectáreas que se habían divido en cuatro barrios: La Unión, La Lucha, 20 de Julio y San Martín”. El plan que estaban por implementar era “primero sacábamos La Unión  que era e lbarrio más chico y después nos teníamos que seguir reuniendo para ver cómo íbamos evacuando al resto de la gente. Pero si vos me decís yo hoy saco a la gente de La Unión y mañana entra Berni… Si no garantizás la seguridad de la gente que queda no podemos firmar nada. Si nos vamos bien, nos vamos todos”.

En diálogo con el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, la abogada le preguntó qué pasaba que ya no se podía esperar más. ¿Qué habría sucedido? “Me dijo: doctora saque a los buenos. Yo le dijo son todos buenos, no sé a qué a que te referís. Y no nos dio ninguna alternativa. Suponemos que algún tipo de presión de los propietarios o la señora intendenta de Presidente Perón han presionado para que esto se termine”.

Solución política o criminalización de la pobreza

“Cuando apelamos, en verdad, pensamos que la Cámara, con criterio, iba a cajonear la causa porque iba a decir esto es un problema político. No podemos solucionar el problema habitacional de la República Argentina, que tiene décadas, con el código Penal”.

Según el censo había mil cuatrocientas cuarenta familias que, de haberse ingresado al acuerdo, accedería a lotes y acompañamiento.

“La toma estuvo organizada con delegados del barrio que vivían en la toma y después muchas organizaciones políticas que tenían militantes dentro de la toma que asistieron con atención médica, llevando ropa, comida. Después quedaron al frente de la negociación y que son las que llaman a La Gremial. Cuando llega el tema jurídico y viene el desalojo nos llaman y ahí empezamos la negociación. Fue muy complejo por la cantidad de actores intervinientes. Todos querían lo mismo”.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires responsabilizó al Polo Obrero de no haber podido llegar a un acuerdo. Al respecto, Fernández pidió “que deje de darle entidad el gobierno a un solo partido que opinó distinto, se apartó, pero no molestó. Si no el fiscal no decía que no, el acuerdo iba a estar, haya estado de acuerdo el Partido Obrero o no”.

“Hemos escuchado tantas ridiculeces. Yo estuve en el medio del conflicto. Cuando entraron y me golpearon me llamaron del ministerio para decir que me retire. Yo tengo que estar acá con ellos”.

Desde la provincia también se dijo que las organizaciones de izquierda utilizaban máscaras y gases, y que el gobierno no lanzó “ni un solo gas”. Para la integrante de La Gramial, “escuchar un Berni que diga que la izquierda tiene gases lacrimógenos…. O se le escapan algunas cositas o está mintiendo. En un momento de la confrontación la gente de toma le devolvía a la policía los gases lacrimógenos y la policía les devolvía las piedras. En ese momento la policía tuvo que retroceder más de dos cuadras porque no tenían máscaras. Además hizo mucha seguridad en la toma así que no puede decir que no sabía lo que había en la toma. En la toma no había nada de eso y la izquierda no tiene esas cosas. Si no hubiera hecho la denuncia y le fiscal interviniente hubiera hecho detenciones. Es mentira, si no Berni ya lo hubiera hecho todo esto”.

“Yo creo que son sumamente desafortunadas las palabras del ministro Larroque y le quita brillo a todo lo que hizo su ministerio porque uno no puede dejar de reconocer que ellos han hecho mucho trabajo en Guernica. Han puesto mucho. Hasta el miércoles había interés de ministerio de acordar. La Justicia dijo: se terminó el crédito. Algo pasó”.

Respecto del rol de la intendenta de Presidente Perón, Fernández sostuvo que “nos dijo claramente que tenía que cuidar los intereses de los countrys y que había puesto los fiscales de su riñón. La Justicia en la provincia y la policía local están mandados por los intendentes que son sherrifs en los lugares”.

¿Se podría haber evitado?  

“Berni responde a Kicillof. Es muy corto. Me pasa lo mismo cuando necesitamos traslados en el servicio penitenciario y dicen que no tienen combustible, no llego a juntar la cantidad de hombres, no llego con los micros. Me lo dijo hace veinte días. Excusas, podrían haber puesto un montón. Y Kicillof podría haber dicho yo quiero una solución pacífica, lo llamo a Rizzo y le digo yo entiendo la independencia de poderes pero denos quince o veinte días más. Pero hay que ponerse los pantalones largos para eso”.

Por último, Fernández dijo que “lo que tienen que mirar los dirigentes es que la gente está peleando por un pedazo de tierra para vivir, no por un country. Nada más ni nada menos que por eso”.

A seis meses de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro, su familia, amigos, amigas y organizaciones se movilizaron este viernes en Pedro Luro y en Bahía Blanca.

“Cada vez somos menos pero hay dos veredas: la que está de lado de la verdad y la justicia y la que está del lado de los asesinos y delincuentes. Nosotros estamos del lado de la verdad y justicia. Mataron su cuerpo, jamás podrán matar su alma. Facundo era semilla, era canción, que se haga justicia”, exclamó Cristina Castro al cierre de la manifestación de Luro.

La marcha partió desde la plaza central hasta la globa del ferrocarril. Antes de comenzar, Cristina dijo a FM De la Calle que “hace seis meses que nos ha cambiado la vida, nos arrebataron al flaco, estamos peleando para que los que le hicieron daño paguen tras las rejas. Nos cuesta horrores pelear contra este sistema nefasto y corrupto, estoy peleando contra los tres poderes. Las cosas tienen que cambiar. Facu no va a volver pero queremos que no le pase más a ningún pibe”.

En Bahía Blanca, frente al Juzgado Federal, el abogado querellante Leandro Aparicio sostuvo que “tuvimos testimonios que nos permiten afirmar y ampliar la responsabilidad en civiles del Municipio de Villarino”.

“Hemos sufrido denuncias, (Luciano) Peretto, (Marcos) Herrero y yo por otra causa. Por distintas circunstancias que nos ponen para hacernos dudar del camino que transitamos y que, por supuesto, vamos a acompañar siempre a Cristina en su pedido hasta que caigan todos”, agregó. 

Finalmente, agradeció “a todas las organizaciones que vinieron, sin chicana digo, hubiera sido bueno ver a gente de Frente de Todos porque Facundo era un chico que militaba en ese movimiento. Me parece que siempre hay que estar con los de abajo, en este caso Facundo que era un chico que venía a Bahía y que fue desaparecido por la policía, por fiscales, por jueces, periodistas y políticos”.

Guernica no es la única localidad en la cual centenares de personas claman por una vivienda digna. En Bahía Blanca, más de 300 familias se organizaron en una toma pacífica detrás del supermercado Yaguar en Don Bosco al 2200.

“Habían recibido notificación de la Federal de que habría amenazas de desalojo. En realidad no hay cambios en la causa hasta este momento. Ulpiano Martínez parece que como antes mandaba a la Bonaerense para amedrentar ahora manda a la Federal, pero no hay orden ni plazo de desalojo”, señaló a FM De la Calle, Dante Patrignani, secretario de Derechos Humanos de la CTA.

Sobre los ataques a la militancia que acompaña a familias que reclaman su techo, el dirigente afirmó que “parece que la gente que tiene necesidad y se organiza es una asociación ilícita. La mejor forma (de reclamar) es de manera solidaria y no de forma individual. Seguramente ese discurso está apuntado a que cada cual resuelva individualmente, es parte del discurso de la derecha que usa cualquier argumento para sostener sus privilegios”.

Argumentó que intervendrá la abogada de la central para cambiar el fuero de la causa a la justicia ordinaria: “No hay delito de usurpación, en todo caso los interesados deberán hacer la denuncia en la justicia civil previendo el desalojo pero no en al penal”.

Las familias y la CTA tienen una reunión pendiente con el secretario de Gobierno, Adrian Jouglard, quién debió aislarse por Covid 19 el día en que estaba pautada. “Hace una semana que insisto pero nos están caminando y no nos dan respuesta. Vamos a insistir en eso y en la cuestión judicial a ver si podemos parar esto”, comentó Patrignani.

El gobernador Kiciloff afirmó que el desalojo en Guernica fue “cuidadoso”. Para Patrignani “es lamentable que alguien que se dice parte de lo nacional y popular tengan estos argumentos. Kiciloff sigue sosteniendo a Berni que es el que encabezó la represión y que también ha venido mintiendo en el caso de Facundo. Hay dentro del kirchnerismo sectores que están pataleando por este rumbo que esta tomando el gobierno”.

Agregó que “lo de Guernica, el caso Etchevehere, es típico, parece que tiene más poder el judicial que los políticos y la necesidad de la gente.
Por otro lado, me parece que el modelo está cediendo a la presión de los sectores de poder en todos los frentes, frentes a los avances de la derecha está concediendo cada vez más”.

(Por Mariela Dobal*) ¨El hecho hace a la palabra. La palabra hace al hecho. Como un juego de espejos, hecho y palabra, se crean uno al otro. No hay principio, solo un juego eterno donde se multiplicarán infinitamente¨. Así Malcolm Evans, fiel asistente de The Beatles, definía con simpleza la relación más poderosa para crear sentidos y poder: hechos y palabras.

La comunicación, además de ser un derecho universal, es una herramienta, un puente, una ventana abierta, un camino a transitar siempre. En ese amplio abordaje, la comunicación mediática y por diversas plataformas, es una oportunidad multiplicada para acceder a informaciones útiles, crear realidades, contar historias, aumentar voces y miradas de todos los mundos posibles que habitamos. Desde una perspectiva de derechos humanos, la comunicación es servicio y poder para transformar (a veces, al menos algo) aquello que nos duele o irrita. Es pensar y hacer acciones que busquen cambiar todo, para reinventar estrategias y guiños acordes a la cotidianeidad que se altera y sacude todo el tiempo.

Y… ¿Qué implica la comunicación con perspectiva de género? En principio nombrar a quienes están más silenciadas y ausentes: mujeres y disidencias sexuales, desde un enfoque de derechos en el cual trabajar dignamente, acceder al cuidado de  la salud, no sufrir violencias por la condición de género y progresar en cualquier escenario sociocultural sea una posibilidad latente y no una excepción milagrosa.

Reflexionar sobre la paridad de mujeres y diversidades en los medios de comunicación, acerca de las representaciones de los discursos hegemónicos de roles, oficios, habilidades, apariencia, etcétera y el refuerzo de estereotipos que se escupen a borbotones en las distintas pantallas, nos ayudará a comprender que, lejos de imponer manuales de estilo, la perspectiva de género nos acercará a narrativas más equitativas y justas para contar las realidades que protagonizamos.

El uso del lenguaje, es otra decisión política. Es optar por deconstruir los discursos que perpetúan las discriminaciones y violencias machistas que atraviesan etnias, edades, capacidades, territorios, discapacidades y cuerpos. Todos los cuerpos que no encajen con el sistema que estandariza y establece lo que se compra y vende, aún a pesar de un capitalismo que hace agua por todos lados.

En este contexto, en septiembre, el gobierno municipal presentó un proyecto de ordenanza que aspira incorporar perspectiva de género SOLO en los medios que reciben pauta oficial del Departamento Ejecutivo, Concejo Deliberante y Entes Descentralizados. Textualmente asegura que ¨será inexcusable para percibirla, el abordaje con perspectiva de género de los contenidos que generen y o reproduzcan¨.  ¿Todos los contenidos o con difundir las seis campañas anuales que proponen para visibilizar los derechos de las mujeres bastará? Y en todo caso… ¿Quiénes y cómo controlarán semejante vorágine de producciones? Porque de violencia simbólica y mediática las audiencias estamos inundadas.

Propone también que se difundan las vías de contacto y acompañamiento a mujeres violentadas -exigencia ya vigente por las leyes 26.485 (Protección Integral a las mujeres) y 26.522 (Servicios de Comunicación Audiovisual)- es lógico y necesario. Sin embargo, conocer con precisión cuáles son las respuestas operativas del gobierno local en la materia es también ineludible al momento de brindar esa información.

Consultamos sobre este proyecto de ordenanza a concejalas integrantes de la Comisión de Género, Equidad y Diversidad del Concejo Deliberante. Quien la preside, Analía López, expresó que si bien coincide en su espíritu general, difiere en cómo está planteado: ¨Es fundamental que los medios de comunicación tengan perspectiva de género a la hora de comunicar e informar porque son herramientas importantísimas para sensibilizar y formar opinión en la sociedad. Sin embargo, dicha perspectiva no se agota en esto, en el uso del lenguaje inclusivo, ni de incorporar temáticas específicas. Dicha perspectiva es transversal y debe reflejarse en la paridad laboral -que en los medios de comunicación, como en otras actividades, no existe-, en la igualdad de condiciones de trabajo -igual salario, oportunidades de capacitación acceso a cargos jerárquicos- y en las relaciones interpersonales que se dan en los lugares laborales¨.

Desde otro enfoque, la concejala del oficialismo Soledad Martínez resaltó ¨la importancia que tienen los medios de comunicación en la construcción de saberes y valores, como así también en la formación del ciudadano, por eso es necesario trabajar en el correcto abordaje de las temáticas con perspectiva de género, tanto sobre igualdad como violencia de género. Entendiendo la importancia que tienen estos proyectos tratamos de llegar a un acuerdo y luego hacer los aportes necesarios para enriquecerlo, antes de llevarlo al recinto para que sea votado¨.

Otro de los artículos de la iniciativa establece que serán obligatorias las capacitaciones a los titulares de las empresas periodísticas y que ellos deberán decidir qué personal se formará en la materia. Analía López no comparte este punto: ¨El Ejecutivo tiene la responsabilidad inexcusable, por haber adherido a la Ley Micaela, de capacitar a todo el personal municipal de manera obligatoria y permanente, no es su función abordar la capacitación del personal de empresas privadas. Por otra parte, el proyecto hace mención a los medios de comunicación que reciben pauta, yo desconozco el criterio de otorgamiento y distribución de los fondos destinados a pauta (y me gustaría tener esa información), pero creo que si demandamos perspectiva de género debe ser para todos los medios de comunicación¨.

Ampliamos interrogantes… ¿Desde qué lugar funcionarias y funcionarios, sin perspectiva de género en sus políticas públicas, impondrán capacitaciones en ámbitos privados? ¿Quiénes diseñarán esas capacitaciones y cómo se garantizarán en cada espacio laboral?

Finalmente, se deja por escrito que en caso de incumplimiento de esta normativa, quienes otorgan publicidad oficial resolverán unilateralmente qué hacer. No hay mención alguna de instancias de mediación, reflexión, aprendizajes compartidos, en fin, situaciones que fortalecerían realmente una comunicación más democrática. Una vez más hacen uso y costumbre de la discrecionalidad en el (des)manejo de fondos públicos, en este caso la pauta oficial.

Celia Amorós, filósofa feminista recuerda que ¨contextualizar es politizar ¨. Contextualicemos, ya que estamos hablando de políticas públicas de comunicación.

Más allá de las perspectivas, las mujeres y disidencias sexuales faltamos en los medios. Para decidir contenidos, para opinar y no ser interpretades. Mujeres y disidencias como fuentes de consulta en cada ámbito donde nos desempeñamos con profesionalismo y empatía. Mujeres y disidencias dueñes de la palabra, de la tierra, de nuestros cuerpos y sueños. Con derechos conquistados y permanentemente vulnerados. Mujeres y disidencias políticas y profundamente necesarias en cada comunidad, como esta pandemia desnudó sin descaro. La primera semana de noviembre este proyecto será tratado en comisión en el deliberativo. Abundan las sugerencias, posibles modificaciones y mejoras para su tratamiento y reflexión. Ojalá se abra el debate para la participación activa de personas y colectivos con diversas experiencias y valiosos recorridos. Se trata de renombrar, para visibilizar derechos de todes. De escuchar todas las voces, para que el árbol no nos tape el bosque, otra vez.

*Docente y periodista. Integrante del Colectivo FM De la Calle.

Cristina Castro confirmó a FM De la Calle que, horas antes de que el cuerpo de Facundo fuera encontrado por un pescador en el cangrejal de Villarino Viejo, se activó una línea de celular con el DNI de su hijo.

“(La Policía) tiene el documento de Facu, lo siguen teniendo. Se habilitó una línea de teléfonos con la documentación de Facu, fue el mismo día que apareció el cuerpo en el cangrejal. Dos días antes una policía publicó que Facundo estaba conectado a través de otra línea y una barbaridad de cosas que dijo. Ellos siguen teniendo cosas de Facu, el documento nunca apareció, yo se que las tienen ellos”, declaró.

Mañana se realizarán movilizaciones en Pedro Luro y en Bahía Blanca para pedir justicia por Facundo a seis meses de la desaparición forzada seguida de muerte.

“Estamos pidiendo justicia por Facu y para que no vuela a pasar nunca más. Hasta no tener a los asesinos tras las rejas no voy a parar. Esta vez fue mi Facu pero que no le vuelva a pasar a ningún pibe, la impunidad y corrupción es tan grande que algo tiene que cambiar, no pueden seguir desapareciendo y asesinando a nuestros jóvenes”, afirmó Cristina.

En cuanto a los avances de la causa mencionó que “cada día estamos más seguros y tenemos más certezas de que a Facu lo mató la policía bonaerense. Seguimos sin entender a esta jueza que denunció a Marcos Herrero, un perito tan respetable. No sabemos si quiere que la recusemos. Sabía que había delegado toda la responsabilidad en Ulpiano Martínez, que no estaba haciendo nada y que iba a tratar de desviar la investigación. Al poner dos fiscales que trabajan a la par nuestro le molestó, por eso nos deniega las prueba. (…) Es una hija de la dictadura y así se comporta”.

Mañana, una movilización a pie y en autos partirá a las 17 desde la Plaza Pablo González de Pedro Luro. En Bahía Blanca, la CTA realizará una marcha y caravana con puntos de encuentro a las 17:30 en Alem 1253 y a las 18 en Plaza Rivadavia.

“Lamento muchísimo no poder estar allá, mi familia en este momento tan duro me necesitan en Luro, los acompaño con el corazón y salgamos todos a pedir justicia”, dijo Cristina y agradeció el apoyo de las y los bahienses.

Por último, en relación al desalojo de centenares de familias en Guernica, dijo que “un policía con más sueldo reprime con más ganas, que no nos pase por arriba, Argentina tiene que despertarse, no permitir que nos sigan maltratando y reprimiendo. Tenemos que salir a la calle”.

El pueblo chileno aprobó el fin de semana una reforma de la Constitución de 1980, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet para condicionar el sistema democrático. No es el caso de la Constitución Nacional de nuestro país, sin embargo, casi un millar de las leyes vigentes fueron aprobadas por regímenes no democráticos.

Más de 400 fueron creadas por la última dictadura genocida y entre ellas se destacan normas de gran relevancia como la Ley de Entidades Financieras, la Ley para el Personal de la Policía Federal y el Régimen Penal de Minoridad.

Las Leyes de la Dictadura y cómo afectan a la democracia es una investigación realizada por un grupo de periodistas que recopila la legislación aprobada en dichos regímenes y analiza, en particular, la tarea de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, órgano militar creado por Videla y compañía.

“Al mirar a Chile, cuando uno ve el terrorismo de Estado, lo primero que imagina son las víctimas, los desaparecidos, las violencias pero también querían modificar de cuajo el sistema de ese momento. Para algunas cosas usaron la violencia y para otras las leyes, todavía está la letra que escribieron los militares. Es interesante analizar esta semi legalidad que utilizaron para dejar su legado en las leyes”, dijo a FM De la Calle el periodista Gerardo Aranguren.

Afirmó que “es interesante ver cómo las distintas Cortes Supremas que asumieron después fueron blanqueando esos decretos para convertirlos finalmente en leyes”.

“La diferencia de la última dictadura es la creación de un organismo como la CAL . Funcionaba dentro del Congreso, prácticamente legislaba, el 24 de marzo echaron a todos los diputados y senadores, las oficinas las ocuparon los militares y siguieron creando leyes. La Ley de Entidades Financieras, por ejemplo, que sigue regulando el mercado. Algunas no siguen siendo iguales pero sí mantienen el espíritu”.

Aranguren comentó que el juez Eugenio Raúl Zaffaroni afirmó en una de las entrevistas de la investigación que “es una tarea del Congreso de analizar la legalidad de esas leyes, que en origen es legal porque las Cortes Supremas le fueron dando legalidad pero que son ilegítimas porque son de un gobierno de facto”. 

“Anular eso de un plumazo es complejo porque hay leyes que son muy del uso diario, no solo eran respecto a la represión y cuestiones financieras, sino el vínculo con la Iglesia, si un río es de una provincia o de otra, cosas que si borrás tenés que resolver de alguna manera. Cuando se discutió la nueva Constitución en 1994 se estableció que si asume un gobierno de facto sus decretos serían ilegítimos y no tendrían validez, pero para atrás no se resolvió nada”, agregó. 

Una de las normas que perdura hasta la actualidad es el Régimen Penal Juvenil. “Se discutió durante la última dictadura, se estableció en 14 años, después se subió a 16 la edad de imputabilidad. Videla la puso en 16 años y hace poco tiempo teníamos legisladores que estaban impulsando bajarla a 14”.

Otra normativa vigente es “la ley que rige a la Policía Federal, esto se ve en uso de armas de policías que están fuera de servicio. La ley de la policía lo que hace es mantener el estado policial de un agente por más que no esté en servicio, tiene la obligación de actuar o puede ser sancionado, lo que se ve en casos de gatillo fácil o muertes policiales son policías actuando cuando están fuera de servicio. Modificar esa ley no solucionaría pero sería una discusión interesante al resolver esos temas”. 

Respecto a la Ley de Entidades Financieras, el periodista dijo que “se puede ver quiénes aportaron al lobby y debate de esa ley. En su mayoría era el lobby privado de empresas, bancos. En ese momento se intentó prohibir los bancos cooperativos que eran muchos antes de la dictadura, sentían los privados que era competencia desleal porque tenían otros controles más laxos y buscaron prohibirlos directamente, el lobby del sector civil estaba muy presente”. 

La madrugada del 21 de marzo de 1975 una patota de la Triple A al mando de Pablo Argibay intentó secuestrar a Carlos Entraigas pero no lo encontró en su departamento. El viernes, el ex militante del FAS declaró desde España en el juicio contra cuatro miembros de la banda.

Recordó que “esa noche mataron a Fernando Alduvino, a Marisa Mendivil, que era la mujer de Ponte, y al padre Dorñak del Juan XXIII. El 20 de marzo habían matado al comisario (Héctor José) Ramos y era la demostración de fuerza de decir van a caer cinco por uno”.

Se trata  de quien fuera segundo jefe del Servicio de Informaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en Bahía Blanca y responsable de seguridad de La Nueva Provincia. Había sido calificado por Montoneros como “el más eficiente torturador que conociera nuestra ciudad”.

Las audiencias continuarán jueves y viernes desde las 9 y se podrán seguir en juiciobahiablanca.wordpress.com

En 1975 Carlos Entraigas estudiaba contador en la UNS y militaba en la agrupación Cristianos por el Socialismo, la cual integraba el Frente Antiimperialista por el Socialismo.

La madrugada del 21 de marzo una patota comandada por Pablo Argibay lo fue a buscar al departamento que compartía con Luis Hinderman y Julio César Scavo. “Scavo, trabajaba en el Juzgado Federal y lo conocía a Pablo Argibay, hijo de un señor que era escolta de Remus Tetu, rector de la universidad”.

Carlos aún no había regresado de Viedma. El único que estaba era Scavo, quien contó al tribunal que el timbre sonó insistentemente: “Me despierto, mi padre había tenido un ACV, pensé que me llamaban por eso, en calzoncillos y ojotas fui a atender”. “¿Usted es Carlos Entraigas? ¿Dónde está?”, preguntaba el hijo del “Moncho”.

Entró con las manos en los bolsillos seguido por “dos sujetos con medias en la cara y revólveres. Me levantan de cada brazo como un papel, me sacan a la calle y veo que había dos o tres coches y varias personas con armas largas”. “No, no, no, él no es”, les dijo Argibay.

La patota revisó las pertenencias de Entraigas y se fue. A primera hora de la mañana Scavo llamó a Viedma para advertir a Carlos que lo estaban buscando.

Entraigas recordó que “esa noche mataron a Fernando Alduvino, a Marisa Mendivil, que era la mujer de Ponte, y al padre Dorñak del Juan XXIII. El 20 de marzo habían matado al comisario Ramos y era la demostración de fuerza de decir van a caer cinco por uno”.

“Tengo cierto remordimiento porque alguien que murió se hubiese salvado si me encontraban a mí. Creo que tenían una lista con cinco titulares y cinco suplentes, yo desgraciadamente era titular pero me salve. En el caso de Dorñak aparentemente el titular era el padre Santecchia al que los grupos de derecha y La Nueva Provincia señalaban como principal ideólogo del Juan XXIII”, dijo.

En cuanto a los responsables, el testigo afirmó que se hablaba de “la patota de (Rodolfo) Ponce, estaba mezclado la UNS con Tetu y Argibay, que era su escolta, y acompañaba siempre alguno de ese grupo. Detrás de todos estos hechos siempre hay un motivo económico. Alguien los mandó, les dio una lista de nombres y les pagó por eso”.

La actuación de la Triple A era conocida. “Se decían que eran discusiones internas de la CGT”, aseguró Entraigas, “empecé a ver otra cosa cuando me salvé esa noche y no volví”.

“Después mataron a Watu y a José González que era un seminarista. También a Daniel Bombara. Bombara, Dorñak, Santecchia, González, los que en un primer momento sufrimos esa persecución y atentados estábamos de una manera u otra vinculados a la Iglesia Católica, aunque sea por ser practicantes o pertenecer a grupos cristianos que intentaban hacer algo siguiendo el Evangelio”.

“Lo sacaron cuando estaba durmiendo y a las pocas horas lo mataron”

Entraigas recordó el asesinato de Luis Jesús García. “Me enteré, fui a su casa donde lo estaban velando y al regresar subieron al colectivo y nos detuvo la policía. Creo que por la ropa que llevábamos, el Negrito vivía en un barrio obrero y yo no tenía pinta de vivir ahí. Después de unas horas en la comisaría vino el abogado Facchini y nos soltaron a todos”.

En casa de la familia García vio llegar una corona “de la CGT o de Ponce y la madre la tiró al medio de la calle porque decía ‘ahora me mandan una corona y a la noche lo mandaron a matar’”.

“Fui porque fue una conmoción. Fue el primero y fueron a su casa, lo sacaron cuando estaba durmiendo y a las pocas horas lo mataron. Había gente que decía que lo habían torturado y gente que no. Fui a acompañar a la familia en ese momento de dolor sin saber quién era el Negrito García”.

Preso con un sicario de la Triple A

Entraigas fue secuestrado el 27 de marzo de 1976 por un grupo de hombres de civil que se identificaron como integrantes de la Policía Federal. Ingresaron a la casa de sus padres buscando armas. Las únicas que encontraron eran del padre y “perfectamente legales”.

En la sede de la Federal de Viedma lo esperaban el comisario Vicente Forchetti y personal del Ejército para golpearlo y torturarlo. Durmió en una celda en la cual estaban Costa, director de LU15, y el diputado provincial Roa.

Al día siguiente los trasladaron a Bahía Blanca. “Fuimos a La Escuelita pero al haber salido nuestros nombres publicados en la prensa salvamos nuestra vida”.

Continuaron su cautiverio en el V Cuerpo de Ejército hasta el 9 de abril cuando los llevaron al penal de Villa Floresta. “Me ponen en la celda con un señor Sañudo, era de la patota de Ponce, creo que lo tenían ahí para ver si yo decía u opinaba algo”.

Luego lo ubicaron en una celda con Costa y a Sañudo con Mansilla, “que era como su perro fiel, aparentemente era más joven y solo opinaba lo que decía Sañudo”.

En la cárcel había dos versiones sobre la permanencia allí de los integrantes de la Triple A: o era “para protegerlos de otros grupos rivales” o “una coartada para que dijeran yo no maté a Fulano porque estaba en la cárcel pero que los sacaran por la noche a hacer alguna tarea y luego los volvían a meter”.

“Sañudo era muy discreto pero su fama lo precedía. Cuando salíamos al patio había otros grupos de sindicalistas, por ejemplo los Bustos, cada uno se reunía con su gente”. El día que mataron al líder del PRT-ERP, Mario Santucho, Sañudo le gritó a Entraigas: “Carlitos mataron a tu jefe”.

Un tío sacerdote consultó al coronel Zorzano sobre la situación de Entraigas. “Aparentemente nos querían hacer una ley de fugas y matarnos a todos. Una noche en la cárcel estábamos durmiendo, nos sacan corriendo y nos ponen contra una pared en el patio. Me temblaba hasta el alma del susto que tenía, estaba al lado de (Jorge) Tassara, me hace seña que saque pecho, que no ponga cara de miedo. Aparece un fotógrafo, nos hace una foto a cada uno y nos vuelven a la celda. No lo esperábamos pero respiramos contentos”.

Días después las imágenes fueron publicadas por La Nueva Provincia y el diario Rio Negro, “decía más o menos que tremendos elementos subversivos que amenazan la paz están neutralizados y presos en la unidad 4 de Bahía Blanca”.

“Llega un momento que ya no soy de aquí ni de allí”

Entraigas estuvo detenido hasta septiembre de 1978 y luego se exilió en España. “De la noche a la mañana te encuentras en un país que no conoces, con gente que no conoces, con otras formas de actuar. Estuve preso en una celda pequeña y cuando llegué a España no sabía cruzar la calle”.                                                               

Afirmó que “fue una tabla de salvación que una familia española me adoptase como un hijo más” aunque con el correr de los años “aquí siguen diciéndome que se nota que soy argentino pero cuando voy a Argentina me dicen que soy gallego. Llega un momento que ya no soy de aquí ni de allí”.

Entraigas cerró su testimonio con un homenaje a las madres: a la que lo adoptó en su exilio, quien murió el 17 de octubre, a su madre biológica fallecida un 21 de octubre, a las de la Plaza de Mayo y a aquellas “que luchan contra la droga, contra la trata, contra todos los atropellos contra sus hijos”.

“No hemos mencionado a ninguna mujer integrante de estos grupos. Siempre hemos mencionado hombres. Es una característica que las ennoblece. En todo el mundo prácticamente no hay mujeres mercenarias”, afirmó.

A pocos días de cumplirse seis meses de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro, tres amigues y compañeres de la cervecería donde trabajaba el joven de Pedro Luro hablaron con FM De la Calle.

El próximo viernes 30 una movilización a pie y en autos partirá a las 17 desde la Plaza Pablo González de Pedro Luro. En Bahía Blanca, la CTA realizará una marcha y caravana con puntos de encuentro a las 17:30 en Alem 1253 y a las 18 en Plaza Rivadavia.

El termómetro marcaba 31 grados. El sábado más caluroso de septiembre, a la hora de la siesta, se abre bajo un sol que raja la tierra el local en pleno centro de Luro. Afuera, unas típicas mesas con banquetas de madera. Adentro, detrás de unas cortinas, un salón con barra, paredes rojas, varios vinilos colgados en las paredes, un disco de “El Gitano” inmóvil arriba de la puerta que va al baño.

Kufa trabajaba en la bacha. Detrás de la puerta vaivén que va hacia la cocina quedó su delantal, sucio, tal y como lo dejó antes de irse la última noche. Sus amigues piensan enmarcarlo y colgarlo en la pared.

“Era técnico en casi todo”, dice Mailén y Celeste agrega que “siempre estaba para todo, por más que no tenía que hacerlo lo hacía”.

También hay, en un espacio pequeño al lado del lavamanos, un rincón en el que se halla una manzana del tamaño de un nuez con una vaquita de San Antonio. Es un amuleto muy parecido al que encontraron en el puesto policial de Origone y que Facundo llevaba siempre consigo.

“Cuando me enteré de lo que estaba pasando fue algo doloroso, raro de él porque siempre estaba por todo el pueblo, lo veías a las cinco de la tarde en un barrio y a las ocho de la noche en otro, era raro que nadie lo viera. No era de irse de la nada, si bien salía a dedo para Bahía no iba a desaparecer sin comunicarse”, cuenta Sandro con quien se conocían de chicos y después de varios años volvieron a reencontrarse en “Turmalina”.

Entre todes tienen un grupo de WhatsApp en el cual organizaban la búsqueda de Kufa. Ahora lo usan para difundir novedades en torno a la causa, se avisan cuando salen, cuando vuelven, si ya llegaron, si ven algún movimiento raro.

“Siento miedo, mucho miedo. Si bien le tengo un cierto respeto a las autoridades, desde que pasó esto, cuando pasa un patrullero algo me pasa en el cuerpo, mucho miedo y bronca. De acá salimos tarde, dos, tres de la mañana. Primero estoy atenta a todo, si nos llega a pasar algo tener pruebas, vi unas lucecitas y no te explico el terror que me dio pensar que era la policía”, comenta Mailén.

Para Celeste “es una sensación rara. Dicen ‘bueno si te pasa algo lo primero que llamás es a la policía’. Si me pasa algo lo pienso, no se si llamaría”. 

“Queremos que se haga justicia y que paguen quienes tengan que pagar, que la gente no se quede dormida y no se calle”, pide Mailén.

“A mi hermano lo mataron el 2 de julio del 1975. Hoy hace 47 años cruzó la frontera hacia la Argentina tratando de salvar su vida”, dijo desde Chile Carlos Oliva Troncoso. Afirmó que tanto la Universidad Católica de Temuco como la Universidad del Sur tienen responsabilidades en el crimen.

Lo hizo el viernes pasado ante el tribunal oral que juzga a cuatro ex integrantes de la Triple A bahiense. Su hermano Víctor, estudiante de Filosofía y Letras, llegó a la ciudad con una convicción: “Va a ser lo mismo aquí o allá, mi camino está elegido”.

“Su vida era la militancia, su vida era el futuro. Me siento orgulloso de su decisión porque a pesar del riesgo y el peligro el no renunció, intentó hacer su vida completa”, destacó.

Las audiencias continuarán el jueves 29 y el viernes 30 desde las 9 con transmisión por el canal de youtube de Audiovisuales UNS.

Carlos Oliva declaró que su hermano, “a pesar de ser refugiado de ACNUR y tener la residencia argentina, no fue protegido por el Estado. En noviembre del 75, apenas unos meses después de su asesinato, la justicia argentina sobreseyó el caso, no hubo ninguna intención de averiguar qué pasó y por qué lo mataron, sabiendo que se utilizaron armas de guerra y que la motivación fue política”.

Lalo era buen hijo y buen estudiante. Le gustaban los deportes y el arte. Un pibe como cualquier otro, “la diferencia es que en mi casa se discutía mucho lo que sucedía en el mundo y eso lo llevó a militar desde joven”.

“Su presencia física en este mundo fue terminada cuando no cumplía los 24 años. Fue una existencia muy rica, muy potente, que dejó huella en todos los lugares donde pasó”.

A fines de la década del 60, Chile vivía un proceso de movilizaciones populares. Lalo empezó a militar en el secundario y continuó como dirigente estudiantil del Movimiento de Izquierda Revolucionaria en la universidad.

“En el gobierno de Allende su tiempo fue en gran parte absorbido por su compromiso político. Su entrega y su coraje probablemente lo llevaron a perder la vida”, dijo su hermano menor.

Juntos, fueron detenidos algunos días por la dictadura de Pinochet. Al tiempo, Víctor cayó nuevamente en manos de la policía civil. “Lo logramos sacar por gestiones de mi padre ese mismo día pero la orden era asesinarlo. La orden venía de la Universidad Católica de Temuco”.

“Lalo no se quería ir de Chile. Lo convencimos pensando que era la única manera que podía mantenerse con vida”. El 23 de octubre de 1973 los hermanos se abrazaron sin dramatismo. “Me dijo una frase que fue lo último que escuché de él: va a ser lo mismo aquí o allá, mi camino está elegido”.

Víctor vivió un tiempo entre Cipolletti y Buenos Aires hasta que supo de un grupo de profesores de Temuco que daban clases en la Universidad Nacional del Sur. Llegó a Bahía Blanca a principios de 1974 y se matriculó en Filosofía y Letras de la UNS.

“En un año y medio envió unas 15 cartas donde cuenta lo que podría contar. No menciona nombres, dice que está bien, estudiando, menciona que estaba de novio. Mi mamá estuvo en Bahía en el 75, unos meses antes de que lo asesinaran, y volvió preocupada. Nos dijo que el Lalo estaba nuevamente participando en política. No veo por qué allá iba a ser distinto. Yo me quería ir con él y me pidió que no, que mi deber era estar al lado de los viejos y que su intención era volver”, afirmó Carlos.

En 2014 la familia comenzó a viajar a la ciudad para reconstruir la historia de Víctor y buscar justicia. Conocieron detalles de su secuestro y asesinato, de su participación en asambleas, del recuerdo de la comunidad de Villa Nocito. “Siguió militando y eso para mí tiene un valor, a pesar de los riesgos eligió su camino de compromiso social y político y lo llevó hasta el final”.

“¿Don Lalo, vio el diario?”, preguntaron al padre de Víctor en el almacén de su barrio en Temuco. Un chileno fue encontrado muerto en las afueras de Bahía Blanca, 22 años, 35 impactos en el cuerpo, respondería al nombre de Víctor Oliva.

“Esto fue dos días después. A la noche llamamos por un teléfono con mensajero a mi tío Manuel en Cipolletti. Pasó mucho rato y no hubo respuesta. Al segundo llamado responden diciendo que Don Manuel estaba en Bahía Blanca por un accidente que sufrió un familiar. Ahí tuvimos certeza que la persona que habían matado era Lalo”.

Carlos relató que su madre nunca se recuperó: “Creo que hizo un pacto de no volver a sonreír para transitar por el resto de vida que le quedaba sufriendo la pérdida de su hijo. Entre ellos había una complicidad muy particular”.

“Estábamos en casa de unos familiares. Mi papá se agarró a cabezazos contra una chimenea, gritaba y decía por fin lo mataron estos asesinos, lograron lo que querían. Paradójicamente Lalo fue asesinado en el lugar que buscó para salvar su vida”.

El cuerpo de Lalo fue abandonado en ropa interior con dos ejemplares del diario del PRT ERP. Su tío lo sepultó en Cipolletti, a donde sus padres lo visitaron durante años. En 1986, en plena dictadura chilena, fueron trasladados a Temuco.

Lalo es mencionado en el Informe Rettig. “Se dice que fue una colaboración entre la DINA y la Triple A. No fue el único chileno asesinado allá, era una preparación para asesinatos anteriores como la Operación Colombo o la Operación Cóndor. Las dos universidades tienen responsabilidades de lo que le pasó”.

Para Carlos dar testimonio en el juicio “es trascendental, es el deber que uno tiene como ser humano, como militante y como hermano. Es lo que Lalo hubiera hecho por mí”.

Fotos Calos Oliva: capturas Memorial Universidad Católica de Temuco.

La jueza federal Gabriela Marrón mandó investigar al perito Marcos Herrero, quien acompaña la querella de la familia de Facundo en la causa por su desaparición forzada seguida de muerte. Lo ordenó a los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin en el fallo que denegó medidas vinculadas  al accionar de la Bonaerense.

Ante el fracaso de las intervenciones de los canes de la Policía Federal, recientemente apartada, Marrón reprochó los resultados positivos de Yatel. El perro marcó el patrullero en el cual se encontró un pelo cuyo ADN es compatible con Cristina Castro, encontró el amuleto en el Puesto Policial de Origone y la piedra turmalina en un patrullero bahiense.

¿En qué se basa Marrón para denunciar al adiestrador? ¿Después de cuánto tiempo pueden los perros detectar el olor humano? ¿Quiénes son los expertos traídos al expediente por el fiscal Ulpiano Martínez?

En la resolución, la jueza puso en duda que la sandía con la vaquita de San Antonio en su interior perteneciera a Facundo y se preguntó si la “trasladaba con él a todos lados como refiere la madre”. Tras ello, atacó directamente su “legalidad” y “validez”.

El amuleto fue encontrado por Yatel en el segundo allanamiento a la estación policial de Origone, a la cual ella misma autorizó el ingreso de Marcos Herrero como perito de parte. “Los canes de la fuerza de seguridad no marcaron la bolsa de basura donde se encontró el amuleto pero sí lo hizo el perro de Herrero”, plantea Marrón en referencia a los animales de la Policía Federal, institución que fue apartada del caso por su parcialidad.

Sin embargo, dijo, “la ciencia” y “la técnica –a través de profusa bibliografía-” dan cuenta que los canes entrenados pueden oler rastros humanos durante un cierto período de tiempo.

Para la jueza, de la combinación de “la fecha probable de muerte y el lapso que los perros pueden oler a una persona viva o a un cadáver” surge “que al momento del hallazgo del amuleto el perro del perito de parte no tenía aptitud para oler rastros de la víctima”.

Aplicó la misma lógica al hallazgo de la turmalina en el patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca: “Este caso es mucho más grave aún ya que la piedra fue encontrada con posterioridad al otro amuleto y cuando la víctima, según informe pericial, llevaba casi dos meses fallecido, como mínimo”.

Por ello, concluye que es “necesario y también forzoso” que la Fiscalía “investigue el accionar del perito”.

Rastro criminal

Lo extraño del caso es que la magistrada, que controla la investigación delegada en la Fiscalía, habiendo reconocido la aptitud y legalidad de Herrero para ser perito de parte, ahora lo cuestione sin reproches hacia las fuerzas federales y los testigos que firmaron las actas de los allanamientos en los que actuó.

Fuentes allegadas al adiestrador explicaron a FM De la Calle que la técnica utilizada en Origone se denomina “rastro criminal” e implica la búsqueda de material biológico humano en un determinado perímetro y no necesita un olor de referencia.

«Mi persona explicó que el perro identificó una esencia de rastros biológicos que podrían o no ser de Facundo. El hecho importante es cuando se abre la bolsa, (…) Cristina (…) reconoce un elemento que le había regalado la abuela a sus tres hijos», dijo Herrero en aquella oportunidad.

Diferente fue el trabajo sobre el Toyota Etios en Bahía Blanca, en el cual se aplicó la técnica de “rastro específico”, que sí requiere del olor humano.

Sin embargo, los antecedentes de Herrero destruyen las conclusiones de los peritos convocados por Santiago Ulpiano Martínez para desacreditar al rionegrino, quienes hoy son invocados como “la ciencia” y “la técnica” por la jueza Marrón.

Dichos “expertos” informaron que el olor humano no podría detectarse después de 72 horas. ¿Cómo hicieron entonces Herrero y sus perros para encontrar el cuerpo de Micaela Ortega y pertenencias de su femicida 35 días y once meses después del crimen, respectivamente?

Otro caso en el cual se destacó la labor del perito fue el de Araceli Fulles, otra víctima de femicidio cuyo cuerpo fue encontrado por uno de los canes de Herrero 25 días después de su desaparición, enterrado debajo de un contrapiso.

“La ciencia” y “la técnica” tienen nombre propio

Se trata de dos de los tres “especialistas” requeridos por el recusado Martínez para relativizar las pericias de Yatel y su guía. Uno es el Director de Defensa Civil de la Provincia de Chubut, José Mazzei, y el otro el veterinario y comisario correntino Mario Rosillo.

Cuando la jueza dice que “el perro del perito de parte no tenía aptitud para oler rastros de la víctima” lo hace sobre una de las conclusiones de Mazzei. Aunque lo informado sea que “en rastro por olor referenciado se sabe que el umbral de latencia se ubica alrededor de las 72 hs., si bien se han conseguido buenos resultados con un rastro de mayor edad'”.

Agrega el director de Defensa Civil: “Lo cierto es que a partir de las 72 hs. el rastro empieza a perderse, estando directamente relacionado con las condiciones ambientales, climáticas, meteorológicas, topográficas y tipo de superficie”. Condiciones que el propio Herrero reconoce como obstáculos a considerar, si bien en el caso de la sandía y la turmalina se trató del interior de un calabozo abandonado y el de un vehículo.

Por otro lado, Mazzei indica que la justicia debería convocar peritos “certificados por la Dirección Nacional de Cinotecnia dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación” aunque, tal como manifiesta, “está pendiente (estaba prácticamente a ponerse en marcha el año pasado) la certificación de canes y guías Detectores de Restos Humanos (de RH) y canes y guías de Rastro por Olor de Referencia”.

Más contradicciones

La predisposición de Rosillo hacia el pedido de Martínez es aún más generosa. En la causa manifestó que “se ha sugerido que el intervalo calificado para una búsqueda abierta es de 24 a 72 hs. como óptimo. El ideal para una búsqueda rápida son 12 hs.”.

Sin embargo, en su libro “La identificación humana forense con caninos” (2017) sostiene: “La resistencia del olor humano se ha demostrado en los objetos sometidos al calor, las explosiones, el envejecimiento y la contaminación por otros olores. De manera similar, el olor humano en el campo se ha demostrado viable a pesar de la influencia del medio ambiente y el envejecimiento. (…) También se cree que el olor no va a sobrevivir por largos períodos de tiempo fuera. Sin embargo, los últimos estudios conllevados con la experiencia indican que el olor humano es más resistente de lo que se creía anteriormente”.

Rosillo citó en la causa de Facundo un protocolo de odorología forense de Salta que menciona procesos para la recolección de olor “con más de tres meses de antigüedad” y comentó que en 2010 encontró a un puestero de estancia de Cipoletti desaparecido por “más de 5 meses”.

El comisario retirado mostró su entusiasmo con el expediente en una segunda presentación en la cual sugiere a Ulpiano Martínez hacer un peritaje con olor de referencia en laboratorio sobre la zapatilla encontrada intacta a metros del esqueleto del joven. Evidentemente creyó que, aun habiendo pasado tres meses y medio de la desaparición forzada, todavía podría dar resultados. Quien no tenía ningún apuro ni interés era el fiscal recusado: “toda vez que dicho elemento será sometido a un examen pericial, de momento no se producirá la medida propuesta”.

Rosillo también ha sostenido versiones contradictorias según el lugar que ocupe en las causas. Por ejemplo, como perito de la defensa en la causa por el abuso sexual y muerte de Marito Salto afirmó que el olor humano solo persiste 72 horas y, convocado por el Tribunal Oral correntino en el Caso Schaerer dijo que “el habitáculo de un automóvil es idóneo para preservar huellas olorosas por un tiempo de dos a dos años y medio”.

Un atentado contra la verdad

Los fiscales Heim y Azzolin y las querellas apelaron el fallo de Marrón. Desde la Comisión Provincial por la Memoria destacaron en un comunicado que “los argumentos para desacreditar los peritajes recaen en tantas irregularidades y contradicciones que resulta difícil de explicar y mucho más difícil de entender”.

Agregaron que “en el transcurso de la causa, la policía bonaerense cometió una serie de delitos e irregularidades que no se explican si no es para encubrir hechos y desviar la investigación” y “a pesar de reconocer la historia de hechos de violencia institucional, la jueza parece desconocer la verdadera complejidad de estos procesos en donde se sospecha la intervención de una fuerza de seguridad. La falta de voluntad de investigar y la demora en las medidas de pruebas sólo atenta contra la verdad, la justicia y la reparación”.

La Comisión Provincial por la Memoria y los abogados de Cristina Castro adhirieron a la apelación de la Fiscalía tras el rechazo a la realización de medidas de prueba solicitadas a la jueza Gabriela Marrón en la causa de Facundo Castro.

Margarita Jarque destacó en FM De la Calle “el peligro de la demora de toma de decisiones, se ve como un apresuramiento de parte de la jueza en ir clausurando determinados elementos de la causa”.

Para la integrante de la CPM, Marrón hace una utilización errónea del resultado de la autopsia. La pericia encabezada por el EAAF, “viene a traernos información sobre el cuerpo de Facundo pero que no puede quitarle valor a otras pruebas de la causa”.

“Concretamente hablamos de la actividad policial profusa el 30 de abril, falta de colaboración de parte de los policías del Partido de Villarino, la jueza valoró que entregaron ‘voluntariamente’ sus celulares, cuando la causa está plagada de informes de la DATIP y vemos el lado B, hay conversaciones con jefes, vemos mensajes borrados que se encuentran en esos celulares. Corresponde hacerlo por lo menos para que la prueba no se pierda”. 

Jarque señaló que insistirán en la recolección de otras medidas, faltan análisis “confirmando otros estudios de ADN, pruebas de celulares, estudios oceanográficos que pidieron los fiscales”.

Respecto del rechazo al allanamiento al destacamento policial de Origone, la abogada sostuvo que debería realizarse un nuevo pocedimiento “porque este puesto tiene sectores aledaños donde puede dar resultados, lo mismo que la prueba de luminol que no había sido resuelta en esa oportunidad”.

“Entendemos que la jueza debería habilitar los propios interrogantes: ¿por qué asumir que Facundo murió en ese lugar (la ría en Villarino Viejo) y descartar que pudo estar en otro lugar antes? ¿Podría haber estado en Origone? ¿No podría haberse producido la muerte en otro lugar de la misma zona de similares características al lugar del hallazgo”, se preguntó. 

Jarque afirmó que “hay beligerancia en el modo de dirigirse a los fiscales (…). Hay como una suerte de obstinación propolicial, es muy importante tener el contexto, tener en cuenta qué fuerza está investigando, hay mucho escrito sobre el espíritu de cuerpo que caracteriza a las fuerzas policiales, a la Policía Bonaerense” 

Destacó que según el Registro de Violencia Institucional de la Procuración “Bahía es el segundo departamento judicial con casos de violencia policial luego de La Matanza. Eso no necesariamente lleva a la responsabilidad  de la policía pero es un contexto que hay que analizar”. 

Jarque dijo que “obviamente” una de las variables que considera la querella es la recusación de Marrón: “Las cosas se dan de un modo que no nos queda otra manera porque lo que se pone en riesgo es la investigación y llegar a la verdad y, luego, a la justicia. Eso es lo que indican los pactos internacionales, es precisamente lo que se indica en estos procesos”. 

Desprotección de testigos

El testigo Marcelo González advirtió esta semana a FM De la Calle que la jueza Marrón levantó la custodia de Prefectura que le había otorgado tras denunciar a la policía de Buratovich por amenazarlo y hostigarlo para que asuma responsabilidades en la desaparición de su ex cuñado.

“Es preocupante porque fue un proceso rápido, se notificó y se quitó la custodia casi todo al mismo tiempo. No hubo posibilidad de preguntarle a Marcelo, no se usaron los programas de acompañamiento, se basó en informes de la Prefectura”, comentó Jarque.

Opinó que “son resoluciones que hablarían de momentos de clausura, cuando hace un mes planteamos situaciones (de hostigamiento) que no eran aisladas respecto de Cristina, abogados, amigos de Facundo lo hicimos pidiendo un habeas corpus, allí tuvimos que soportar ya un mes de trámite, está en Cámara de Apelaciones la negación a ese recurso que firmó Da Silva”.