Se realizó este jueves la primera audiencia testimonial en la causa que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A en Bahía Blanca. Por falta de acceso al sistema del Centro de Información Judicial el encuentro no fue transmitido en vivo oficialmente.

Horas después, la Universidad Nacional del Sur puso a disposición del público la grabación de la audiencia en la cual declararon José Luis Santagada, Daniel Esquivel, Marta Bustos y Juan Díaz.

Dante Patrignani pidió la postergación de su testimonio para poder hacerlo con transmisión en directo. Será durante una próxima audiencia, cuya fecha dependerá -según informó el presidente del tribunal Roberto Amábile- de la solución del problema generado en el CIJ y el análisis para permitir el ingreso de público a la sala con las correspondientes medidas de prevención en el marco de la pandemia.

El Tribunal Oral Federal no garantizará la prometida transmisión en vivo de la audiencia que abrirá este jueves la etapa testimonial de la causa Triple A. Argumentó que el Centro de Información Judicial de la Corte Suprema vio afectadas sus funciones por el cambio a Fase 1 en el AMBA.

Cabe destacar que el reinicio del debate será con una modalidad mixta con presencia de las partes en Colón 80 y la posibilidad de testigos e imputados de participar por videoconferencia. El público no podrá ingresar a la sala, por ende, no habrá alternativas de publicidad en directo.

Algunos de los testigos convocados y la Comisión de Derechos Humanos de la CTA Bahía Blanca reclamaron la postergación de la audiencia. La Universidad del Sur está en condiciones de grabar la sesión aunque depende de permisos del Poder Judicial para transmitir en vivo, es por ello que ofreció subir el material a internet una vez concluida la jornada.

“Teniendo en cuenta que los responsables de la transmisión están en conocimiento de la convocatoria a la audiencia desde hace tiempo y que el cambio de fase en el AMBA fue anunciado el viernes pasado es vergonzoso que no se hayan previsto los inconvenientes técnicos ni la comunicación de los cambios a los testigos convocados”, manifestaron desde la CTA.

La Comisión que tiene como referente a Dante Patrignani, uno de los citados a declarar este jueves, agregó que “los juicios por crímenes de lesa humanidad no solo buscan condenar a los represores con todas las garantías que ellos violaron sistemáticamente durante el terrorismo de Estado sino además cumplen una función reparatoria para las víctimas y educativa para que la sociedad sepa lo que ocurrió en nuestra ciudad y no permita la continuidad y reiteración de las prácticas genocidas”.

Por su parte, desde H.I.J.O.S. Bahía Blanca afirmaron que “rapidamente debería solucionarse y buscar las herramientas adecuadas para ‘garantizar de manera plena el principio de publicidad del debate’ como planteó el mismo tribunal, cuya responsabilidad es la de realizar los juicios de manera oral y pública y con pleno acceso a la divulgación del mismo”.

El inicio de la audiencia está anunciado para las 10 en Colón 80. Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero son juzgados por el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, también por el homicidio del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

El Tribunal Oral rechazó un pedido de la defensa para suspender el debate oral en la causa que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A en Bahía Blanca y reanudará las audiencias el próximo jueves a las 10.

Será mediante un sistema mixto con presencia de jueces, querella y defensa en Colón 80 y permitirá que testigos e imputados elijan participar desde el Aula Magna o por videoconferencias. Deberán respetarse los protocolos de seguridad en el marco de la pandemia. 

Las jornadas testimoniales comenzarán priorizando la convocatoria a quienes no integran grupos de riesgo y residen en Bahía Blanca. Habrá transmisión pública.

Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero son juzgados por el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, también por el homicidio del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

El fiscal Pablo Fermento aseguró “que son diversas las jurisdicciones en las que se reanudaron los debates por crímenes contra la humanidad” y “afirmó que la utilización de vías de comunicación instantánea, virtual y remota, garantiza los principios de inmediación, publicidad y el pleno ejercicio de los derechos de defensa por parte del imputado (en sentido material y técnico), sin poner en riesgo la salud de las partes intervinientes en el debate”.

Por pedido de la querellante Mónica Fernández Avello y la Fiscalía, el tribunal no recurrirá a las fuerzas de seguridad para trasladar a testigos que no cuenten con los recursos suficientes. Deberán acercarse por su cuenta y reclamar el reintegro de los gastos. Los certificados de circulación se otorgarán cuando sea necesario.

Fermento propuso que “al momento de notificar a los testigos se les haga saber sus derechos, las medida de prevención, distanciamiento, higiene y seguridad adoptadas para su protección. Para cada testigo solicitó la confección de un formulario modelo (homologado por autoridad sanitaria) que sea remitido junto con su notificación, que será completado a modo de declaración jurada sobre su estado de salud, patologías previas y pertenencia a población de riesgo, y que manifieste su voluntad de declarar en forma virtual o presencial”.

Además, requirió que se fijen las declaraciones con intervalos de tiempo para evitar acumulación de testigos; se permita la presencia de un integrante del equipo de acompañamiento psicológico en la sala y que se informe a quienes declaren que la audiencia será transmitida de forma pública.

El abogado de la UNS, Francisco Fuster, pidió participar por videoconferencia por integrar el grupo de riesgo aunque el tribunal recordó que la querella deberá funcionar unificada y que, igualmente, podrá seguir la transmisión o designar un sustituto.

Para el defensor oficial Gustavo Rodríguez “el avance del juicio en las condiciones propuestas conlleva la afectación de posiciones defensivas” y constituiría “asumir un alto riesgo para su salud y su vida” de los represores. A su entender, “la única posibilidad sería que los imputados sigan las audiencias de debate por videoconferencia desde sus domicilios, pero al respecto realizó algunas observaciones”.

“Si se acepta que el desarrollo de una audiencia virtual imposibilita la contradicción de prueba relevante debido a la ausencia de una comunicación rápida y efectiva con los acusados, se llega a la conclusión de que cualquiera de las posibilidades que se han pensado para un desarrollo virtual impide la satisfacción de la defensa en juicio y esa es una garantía que no debe perjudicarse”, respondió el tribunal.

Los jueces Roberto Amábile, Pablo Diaz Lacava y Marcos Aguerrido afirmaron que “el defensor no logra demostrar de modo concreto y efectivo la vulneración de los derechos de sus asistidos”.

Recordaron que los acusados podrán concurrir teniendo en cuenta las condiciones sanitarias de la ciudad y que la sala garantiza ampliamente las condiciones suficientes de higiene. “La concurrencia desde su domicilio hasta la sala y el regreso, no genera un aumento de riesgo para su salud si se cumple con las medidas sanitarias fijadas por las autoridades”.

H.I.J.O.S. Bahía Blanca repudió que un represor que debe ser juzgado por crímenes de lesa humanidad cometidos en esta jurisdicción dicte cursos de formación al Servicio Penitenciario de Tucumán.

“Nos resulta intolerable que un acusado de los peores delitos que la humanidad puede registrar, sea convocado para ‘formar’ fuerzas democráticas”, manifestó el organismo.

Se trata de Enrique Stel, quien está acusado por “haber planificado y consumado los secuestros, seguidos de tortura, en perjuicio de 51 víctimas y en 2019 se amplió esa acusación, sumándole la de delitos sexuales”.

Con rango de subteniente integró el Batallón de Comunicaciones 181 y fue Jefe de Sección de la Compañía Combate “Mayor Keller”.

Según informó H.I.J.O.S. Bahía Blanca “al momento de ser detenido en 2014, Stel, estaba reciclado en el Ministerio de Seguridad Ciudadana de Tucumán desde marzo de 2007, y llamativamente advertirmos que lo han vuelto a convocar a ocupar un cargo en el mismo espacio institucional, el Ministerio de Seguridad Tucumano, para ‘dictar cursos de formación’ algo inadmisible y repudiable en plena democracia”.

El organismo exigió “se revierta de manera inmediata, la participación de Stel dentro de las fuerzas de seguridad y una vez más, pedimos la celeridad en los juicios de lesa humanidad, que entre todas las impunidades que acarrean más de 40 años de demora, esta también este inaceptable caso”.

El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca dispuso de las medidas necesarias para la reanudación del juicio postergado, a raíz de la pandemia, a cuatro integrantes de la organización paraestatal Triple A.

Los acusados se encuentran señalados por los delitos de homicidio y asociación ilícita, según cada caso, en el marco del terrorismo de Estado instrumentado a partir de 1974 por las fuerzas armadas junto a civiles.

Según la disposición del Tribunal, las audiencias de debate se realizarán en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur, a puertas cerradas, a fin de cumplir con el distanciamiento social entre los presentes, entre otras medidas, con el mismo fin. Previo a fijar la fecha de reanudación, se dio traslado a las partes para que expusieran las objeciones y solicitaran las medidas que consideraran pertinentes. Las audiencias seguirán una modalidad mixta, participando por conexión virtual remota todas las personas pertenecientes a población de riesgo o que opten por dicha alternativa.

A su vez, el Ministerio Público Fiscal -a través de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, representada por Miguel Palazzani, Pablo Fermento y José Nebbia- compartió las pautas fijadas por el tribunal. Además solicitaron medidas adicionales para reforzar la seguridad y tranquilidad de víctimas, familiares y testigos, y requirieron la fijación de fecha de debate. El juicio había comenzado el 9 de marzo y fue interrumpido por el aislamiento obligatorio.

Entre otras pautas, se pidió que se tenga en cuenta el carácter especial que, en estos procesos, reviste el acto de declaración presencial ante el tribunal, para muchas víctimas sobrevivientes y familiares convocados como testigos; al respecto, marcaron que debe tomarse en consideración su voluntad en cuando a la modalidad de participación en la audiencia. También se señaló la necesidad de asegurar la transmisión pública de las audiencias, en vista de la importancia simbólica que estos procesos mantienen en función de los intereses generales y comunitarios comprometidos en su realización.

Cabe recordar que, al requerir la elevación a juicio de la causa, la fiscalía había calificó los crímenes de los acusados como de lesa humanidad y genocidio. Se encuentran señalados por ellos Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. También había sido procesado Héctor Oscar Chisú que murió antes de llegar a juicio y fue declarada extinta la acción penal en su contra.

Aceituno es quien se encuentra acusado “de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas”, por el asesinato del militante estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo. La víctima fue asesinada el 3 de abril de 1975 de un disparo en la cabeza en un pasillo del ala de Ingeniería de la UNS (Universidad Nacional de Sur). Se encontraba en una convocatoria a alumnos para la asamblea de delegados de Centros de Estudiantes, que tenía como objetivo revalidar las autoridades de la Federación Universitaria que conducía.

Resolución del Tribunal

En su resolución, los jueces recordaron el pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal, en la que recomendaba a “los tribunales orales que tengan en trámite juicios cuyo objeto de investigación fueran hechos calificados como delitos de lesa humanidad, y cuya conclusión fuera posible por vía remota y/o sin gran desplazamiento de participantes, a que procedan en consecuencia, con observancia de las medidas emanadas de la autoridad sanitaria”. También se citó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la instrumentación del “protocolo para la tramitación de causas judiciales durante la feria extraordinaria, el referido a la convocatoria de funcionarios y empleados y lo más importante, el que establece las medidas de higiene y seguridad para el Poder Judicial de la Nación”.

De esta manera, el Tribunal tuvo en cuenta el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos y señaló “la obligación de extremar los recaudos y considerar las alternativas que permitan continuar con los procesos, siempre bajo la condición necesaria de garantizar los derechos de las partes”. Asimismo, el TOF hizo alusión al deber “impostergable e irrenunciable que tiene el Estado de investigar, identificar y sancionar a los autores de las violaciones a los derechos humanos”, en el marco del cumplimiento “de las medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional (…), garantizando el cuidado de la salud de todas las personas que se vean involucradas en el desarrollo del juicio”.

En este mismo sentido se había manifestado el Ministerio Público Fiscal, cuando consideró que “están dadas las condiciones para la reanudación del debate oral y público en la presente causa, siempre y cuando se adopten rigurosamente las medidas previstas en el Protocolo de medidas de prevención, higiene y seguridad para el Poder Judicial de la Nación por la pandemia de Covid-19”.

Fuente: fiscales.gob.ar