Derechos Humanos – Página 33

Trata: revocaron absoluciones en la causa Iglesias

Argentina, Bahia Blanca, Derechos Humanos, Géneros, Judiciales, Noticias, Política

La Cámara de Casación Penal ordenó dictar un nuevo fallo en el juicio por facilitación de la prostitución y trata de mujeres que se realizó contra el ex presidente del Club Huracán, Víctor Hugo Iglesias, el prefecto Eduardo Horacio Gutt y el administrador del bar Broadway Alfredo García.

En octubre de 2018 el Tribunal Oral había absuelto a Iglesias y a Gutt y condenado a cuatro años y seis meses de prisión a García. También se revocó el rechazo al decomiso de los bares “Broadway” y “Kaos” y su restitución a Iglesias.

Ayer, la Sala IV de Casación afirmó que la sentencia de los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu fue “arbitraria” por haber valorado la prueba de manera “fragmentada y aislada”.

El fiscal Santiago Roldán había apelado el fallo por no haberse incorporado por lectura las declaraciones de seis mujeres rescatadas en diversos operativos, quienes no pudieron ser ubicadas para presentarlas en el debate oral.

El juez Gustavo Hornos sostuvo que el tribunal “restringió arbitrariamente la producción de prueba” y que ante el compromiso del Estado de proteger a las víctimas bastaría con una sola declaración.

Además, cuestionó que no hayan sido tenidas en cuenta escuchas telefónicas que probaban los vínculos entre los imputados y la participación de Iglesias y Gutt en los delitos del condenado García. Las defensas plantearon que las grabaciones demostraban que eran “clientes” del proxeneta.

Hornos advirtió que el tribunal no explicó “por qué la omisión de Gutt de denunciar la actividad de facilitación de la prostitución de la cual asertivamente tuvo conocimiento o, incluso, la conducta de comunicarse con el autor del delito para brindarle información sobre procedimientos que lo involucraran, no son acciones que objetivamente aporten al delito de García”.

En cuanto a Iglesias, el juez de Casación mencionó que el tribunal probó que en el Bar Broadway no había “comercio sexual” aunque estaba ubicado en una zona donde sí lo había.

El fiscal aportó “copiosa prueba de cargo que no fue ponderada por el Tribunal” para demostrar que en el local “funcionaría como un espacio de encuentro entre las presuntas víctimas de la promoción de la prostitución que García coordinaba”, tal como confirmó la sentencia revisada.

De la prueba descartada por los jueces en Bahía Blanca, Hornos rescató: la que ubica a Iglesias como responsable del local alquilado a García y conversaciones entre los imputados en las cuales “surge sin duda que hablan de mujeres para hacer ‘shows’ aparentemente en el bar Broadway y del monto que requerían para tal actividad”; “refieren a clientes y a hacer ‘pases'”; “se refieren a presuntos clientes y que necesitan mujeres para ofrecerles”.

Para el magistrado, tampoco se tuvo en cuenta una escucha entre Iglesias y un tal Toto en la cual le ofrecía el local “La playa” para poner un prostíbulo, el cual finalmente fue utilizado por García para montar el Broadway. “Yo ando con ganas de abrir algo acá porque tengo muchas mujeres desparramadas viste”, decía Toto.

A su vez, destaca Casación que el tribunal probó que Iglesias administraba sociedades de su familia y varios prostíbulos y tenía contactos policiales como el comisario Marcelo De la Rosa. Además, no valoró el testimonio de la asistente social de la Fiscalía que entrevistó a las víctimas y dio cuenta de su situación de vulnerabilidad.

Hornos concluyó que Salas, Aguerrido y Albrieu absolvieron “con una visión fragmentada del acervo probatorio y con argumentos que no se correspondían con las premisas acreditadas ni con las constancias recopiladas durante el debate oral”.

Por otra parte, respecto a la absolución de Iglesias por el delito de trata, la defensa sostuvo -y el tribunal aceptó- que el imputado no había sido indagado ni procesado por el caso de la víctima L.R.P..

Sin embargo, el juez de Casación demuestra que “este hecho le fue imputado a Iglesias en todas las ocasiones y que incluso esta cuestión fue motivo particular de tratamiento por la Cámara Federal”. Repite: “No hay una mirada global de toda la prueba sino una ponderación fragmentada y aislada”.

El voto de Hornos contó con la adhesión de los otros dos integrantes de la Sala IV, Mariano Borinsky y Javier Carbajo.

5 septiembre, 2019/por FM De la Calle

Gloria Girotti: 40 años de impunidad

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“Se tapaba la nariz del olor que teníamos”. Era 1976, Rubén Bustos estaba secuestrado junto a muchos de sus compañeros en un centro clandestino del Comando V Cuerpo de Ejército. Lo habían puesto frente al juez federal Guillermo Federico Madueño. La que no registraba en actas las torturas era la secretaria, Gloria Girotti.

El Colegio de Abogados de Bahía Blanca acaba de entregarle a la doctora un diploma de “Reconocimiento al Ejercicio Profesional”. En la foto, posan a su lado el vicepresidente 1º Gabriel Enrique Peri y la vicepresidenta 2º Nerina Santarelli.

Bustos fue uno de los testigos que mencionó a la abogada ante el tribunal oral que juzga crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca.

Los genocidas de uniforme también la recordaron. Leonardo “Mono” Núñez fue detenido el 23 de junio de 2008 y murió procesado como partícipe necesario de secuestros y torturas. Era el enlace entre los campos de exterminio y la Unidad Penal Nº 4.

Asumió haber trasladado personas detenidas ilegalmente por el Ejército desde La Escuelita o el Batallón de Comunicaciones hacia la cárcel. Le dijo al juez: “No era mi función presentarme en los estrados judiciales para denunciar estos hechos, pero tengo conocimiento que jueces federales tenían conocimiento pleno de lo que pasaba en la Unidad 4 de Bahía Blanca porque en oportunidad de tener detenidos art. 189 bis, la secretaria del Juzgado N° 1 del dr. Madueño, la dra. Gloria Girotti, visitaba el pabellón de mujeres de la Unidad, porque tenían presas del juzgado ahí y las iba a ver”.

La defensa del represor consideró que las inspecciones que realizaban autoridades judiciales “lejos de justificar” la conducta de Nuñez “implicarían la responsabilidad penal de los funcionarios que, teniendo la obligación de denunciar las irregularidades en que incurría el Servicio Penitenciario en esta ciudad, no lo hicieron”.

Los jueces que condenaron a los primeros 17 genocidas que actuaron en la región, ordenaron en su sentencia abrir la investigación sobre el accionar de los secretarios judiciales durante el terrorismo de Estado.

La Cámara Federal de Apelaciones revocó semanas atrás el sobreseimiento en primera instancia de Girotti y el de su colega Hugo Mario Sierra.

Girotti asistió al juez Guillermo Madueño entre junio de 1972 y septiembre de 1979 y tramitó con sistemáticas respuestas negativas numerosos habeas corpus presentados a favor de personas secuestradas. Los familiares que se acercaban en busca de justicia, no sólo arriesgaban sus vidas sino que eran perseguidos para que paguen las costas correspondientes.

Solo algunos ejemplos de dicha acusación se reconocen en los habeas corpus presentados a favor de Daniel Carrá, Cora Pioli y Darío Rossi, secuestrados a fines de 1976. Carrá y Pioli siguen desaparecidos y Rossi fue fusilado en 1977.

La firma de Girotti acompaña también a la de Madueño en el cierre y archivo de las actuaciones judiciales de la puesta en escena que hizo el Ejército en la Masacre de Calle Catriel.

El 4 de septiembre de 1976 el V Cuerpo informó que “por la población” había tomado conocimiento de una “reunión de delincuentes subversivos” y que cuando fueron a detenerlos “se generó un tiroteo durante el cual fueron abatidos”. La justicia probó que los cuerpos de los militantes peronistas Pablo Fornasari, Juan Carlos Castillo, Zulma Matzkin y Manuel Tarchitzky fueron plantados en el lugar. Habían sido fusilados luego de varias semanas de cautiverio en La Escuelita.

Girotti se jubiló como docente del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur. Durante años se impulsó un juicio académico que el tribunal terminó diluyendo, al igual que sucedió con los que se iniciaron contra Hugo Sierra y Néstor Luis Montezanti.

Durante la primera etapa de la investigación judicial sobre su participación en el terrorismo de Estado se mostró deprimida y con problemas de salud. Hoy, la cuenta del Facebook del Colegio de Abogados bahiense la muestra festejando su trayectoria junto a sus pares.

¿Será justicia? Ya van 40 años de impunidad.

4 septiembre, 2019/por FM De la Calle

“Hay una mirada sesgada y fragmentada de los aportes al plan criminal”

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El fiscal Pablo Fermento diálogo con FM De la Calle luego de que el tribunal oral de Bahía Blanca absolviera a seis represores y condenara a otros once en el Juicio Armada II.

En la entrevista destacó la regresividad del fallo en la jurisprudencia de las causas por crímenes de lesa humanidad y las desproporcionalidad entre los delitos por los cuales se condenó y las penas que se aplicó.

En algunos casos “fue menos que lo que le dan a un pibe que encuentran con marihuana o rompe un vidrio en la calle. Esa asimetría demuestra un desenfoque central”.

El segundo tramo de la causa que investiga los delitos ordenados desde la Base Naval Puerto Belgrano abordó 68 casos de víctimas, un tercio de las cuales continúan desaparecidas. En cuarenta días se conocerán los fundamentos.

-¿Qué destacan del fallo?

Lo primero es la cantidad de absoluciones, son 6 sobre 17 imputaciones. Es un dato enorme. Eso no se puede analizar sin ver los fundamentos, el tribunal habrá tenido dudas, habrá hecho alguna interpretación, pero el número es sorpresivo, más en contraste con lo que veníamos viendo en procesos anteriores. Tuvimos una sola absolución en cinco procesos.

Lo que se puede apreciar en el veredicto, es la cuantificación de la pena en función de los hechos reconocidos. El punto más grave -al ser personas que les imputaron numerosos secuestros- es que la relación entre la pena y los secuestros y torturas no guardan ninguna proporción.

La otra cuestión que nos parece muy grave es la fragmentación de la responsabilidad en torno a los homicidios. Hay personas cuya participación en hechos de víctimas desaparecidas reconoció el tribunal y no le atribuyeron el homicidio. Esto es novedoso, no lo habíamos visto en fallos anteriores. Implica que una pena perpetua se traduzca en una pena de 5 o 6 años. Consideramos que ahí se corre el eje y se desvirtúa el análisis efectuado.

-Más allá de los fallos locales, ¿esto se discutía en otros tribunales del país?

Hay que ver cada caso pero, por ejemplo, el caso del conscripto Aguilar que fue desaparecido, secuestrado, al momento de salir baja de una unidad de Puerto Belgrano. Es separado de los compañeros que lo ven irse detenido. La imagen que relatan ellos es como se lo llevaban a Maradona en el mundial ’94. Vieron a un conscripto sobre el cual los oficiales de la unidad estaban preguntando sobre su ideología, ya le habían allanado la casa en Córdoba. Y la situación del imputado en relación al caso y lo que reconoce el propio fallo al condenarlo por la privación ilegítima de la libertad, consideramos que cualquier otro tribunal lo hubiera condenado a perpetua. Son cosas que se discuten, hay planteos de la defensa, pero fue un fallo unánime, no hubo ninguna disidencia, eso nos llama la atención.

Da para una explicación más extensa, por ahí lo más significativo es que una persona que es condenada por un secuestro en las condiciones que sucedieron, desde el Estado, en total clandestinidad, con una impunidad enorme, con la violencia y métodos de tortura, rebasa el molde de cualquier hecho que podemos considerar en el presente y, sin embargo, la pena fue menos que lo que le dan a un pibe que lo encuentran con marihuana o rompe un vidrio en la calle. Esa asimetría demuestra un desenfoque central.

Lo que sostuvimos es que la persona que interviene en alguna de las etapas del crimen, con conocimiento de toda la secuencia criminal, es responsable por el todo, la distribución de roles tenía por fin esto de decir nos animamos a hacerlo. Es un gesto de cobardía pero un oficial de personal de la unidad donde estaban investigando al conscripto que desapareció y que fue el que se lo llevó de la mano, claramente conoce cuál era uno de los destinos que le iba a tocar y claramente conoce que iba a ser torturado e interrogado, esto sucedía siempre y a esa altura del 76 lo sabía la ciudadanía.

-¿Es muy diferente el tratamiento de los casos entre el juicio Armada I y este de Armada II?

Es abismal y, de hecho, ha producido algunas disonancias entre lo que se falló respecto a los imputados que ya habían pasado por el anterior juicio. Hay dos imputados que vuelven a ser condenados, Martínez Loydi –que era un jefe de inteligencia de la Prefectura Naval- había sido condenado por los homicidios de Heinrich y Loyola, por ejemplo, y en esta oportunidad se lo absolvió por los homicidios y se lo condenó únicamente por privaciones de la libertad. Se lo absolvió por el caso de Zampini que fue secuestrado por Prefectura.

Hubo un fraccionamiento de los hechos y una mirada sesgada y fragmentada acerca de los aportes dentro del plan.

-¿Qué pasó con los delitos sexuales? ¿Qué plantearon ustedes y que resolvió el tribunal?

Al inicio del juicio solicitamos que se los incluyera en la acusación, en realidad, que era parte de la acusación. Nosotros en la requisitoria de elevación a juicio no lo habíamos incluido al momento de calificar. Una cosa es describir los hechos, el conjunto de circunstancias que se le atribuye a una persona y otra es decir que encuadre jurídico tiene ese cuadro fáctico. Ese encuadre fáctico no se puede tocar a lo largo del proceso pero el encuadre jurídico sí. A veces por los mismos hechos imputás por un hecho y cuando elevas a juicio corregís esa calificación.

Habíamos pedido la elevación a juicio sin incluir delitos sexuales y lo que dijimos al momento de acusar fue que la Fiscalía iba a calificar los hechos descriptos como constitutivo de abuso sexual a los efectos de que la defensa pudiera ejercer mejor su derecho, que supieran que iba a ser así, eso nos pareció una cuestión más técnica, hay un límite a veces no muy claro entre variación del hecho y variación de la calificación. No me quedo con eso, lo más grave tiene que ver con el modo en que valoraron los hechos, las absoluciones lo vamos a ver cuando estén los fundamentos.

-Fueron varios los que recuperaron la libertad.

Los 6 absueltos salieron en libertad pero en general las penas bajas, los que condenaron a pena temporal, es decir todos menos uno, salvo dos de 18 años, algunos condenados del juicio anterior, el resto de los que tiene 5 o 6 años si no salen ahora salen en muy poco tiempo.

Todas las penas se colocaron por debajo de la mitad de lo que pedimos.

-¿Queda alguno en cárcel común?

No, ninguno. Esa fue otra de las cuestiones. Aráoz de Lamadrid, la única perpetua, fue reincorporado al proceso porque estaba con el juicio suspendido por incapacidad sobreviniente, en una de las evaluaciones que se hacen se concluye que está en condiciones de presentarse al juicio pero sin reestablecerle la prisión preventiva. Lo condenaron a perpetua y no dijeron que se le fuera a reestablecer la preventiva, ordenaron un estudio de salud. Consideramos que lo mínimo era decretar la prisión preventiva y sujetar la modalidad a las condiciones de salud. Hay un cambio sustancial entre el estar en el juicio libre a que te condenen a prisión perpetua más allá de que no esté firme, hay un cambio en la valoración sobre los riesgos y demás.

1 septiembre, 2019/1 Comentario/por FM De la Calle

Lesa humanidad en Bahía Blanca: del ejemplo a la vergüenza

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La sorpresa fue compartida con emoción y alegría por buena parte de la sociedad bahiense el 12 de septiembre de 2012, cuando se conoció la primera sentencia contra crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestra ciudad y la región.

No solo por las contundentes penas para los represores, sino también porque se enmarcaron los delitos “en el genocidio sufrido en nuestro país” y se abrió el camino a la investigación de las participaciones civiles: La Nueva Provincia, el cura católico Aldo Vara e integrantes del Poder Judicial. Bahía fue ejemplo internacional.

Hoy se impuso nuevamente la sorpresa. Pero esta vez fue para cubrir de vergüenza el accionar del Poder Judicial que garantizó la impunidad de un puñado de terroristas de Estado.

“Estamos muy sorprendidos, shockeados. Es una decisión totalmente inesperada, que contrasta totalmente con el pedido de la Fiscalía”, dijo a FM De la Calle el fiscal Pablo Fermento.

Pidieron trece prisiones perpetuas y se aplicó una. Se absolvió a seis imputados para quienes se había demandado la pena máxima. Los condenados tuvieron castigos de muchos años menos que los exigidos.

“Por ejemplo a Lacoste, Schaller, Martínez Loydi. Les aplicaron penas de tres años o cinco, incluso tomando como argumento para eso una fragmentación de los homicidios. Se consideró que el hecho de participar en la privación ilegítima de libertad de una víctima desaparecida no implica responsabilidades en esa consecuencia”, explicó Fermento.

El fiscal afirmó que el fallo “es totalmente regresivo, no solo con los criterios que estuvieron contenidos en sentencias anteriores de esta jurisdicción sino en la jurisprudencia de lesa humanidad del país”.

“Nos preguntamos cuáles son los factores determinantes de esta decisión. No lo sabemos. Haremos un análisis más frío cuando tengamos los fundamentos, trabajaremos el recurso de Casación. Muy sorprendidos, esa es la palabra”.

Repudio en la calle

El tribunal oral de Bahía Blanca condenó este mediodía a once represores y absolvió a otros seis acusados. Los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu rechazaron los pedidos de la Fiscalía y la querella para que 13 marinos fueran condenados por delitos sexuales. Entre absueltos y penados, once genocidas fueron liberados.

“Es vergonzoso, es una porquería. Acá no llora nadie, no se rinde nadie”, afirmó Alejandra Santucho, integrante de H.I.J.O.S. Bahía Blanca desde las escalinatas de Colón 80. “Justicia cómplice, jueces cómplices”, gritó una mujer.

Marcela, la madre-compañera del “Negrito” Jesús García, sostuvo que “es vergonzoso lo que pasó, son jueces traidores, para lo único que sirven es para recibir el sobre abultado de plata que les pagan todos los meses”.

“Me voy con bronca y pena por los compañeros que han caído y no están. Mi hijo tenía 17 años, estos valientes lo secuestraron y lo mataron, lo torturaron hasta el cansancio, eso son la basura que tenemos ahí adentro. Son asesinos”.

“Quiero recordar a los mellizos Metz, a uno de ellos y a su esposa los secuestraron y los mataron. Están desaparecidos, están muertos. Ellos luchaban acá como nosotros. (Ndr: el hijo de Raúl Metz y Graciela Romero nació en el CCDTyE La Escuelita y aún no conoce su identidad). Nos tuvimos que ir porque día y noche nos perseguían después de que se llevaron y mataron a mi hijo. Nos fuimos con lo puesto, yo era una mujer sola con tres hijas mujeres, me fui con lo puesto porque me iban a matar a mí y a mis hijas. Esos son los valientes que defendieron los jueces hoy”, recordó Marcela.

El secretario de la APDH, Eduardo Hidalgo, manifestó que “hace siete años que venimos en esta picada, desde las primeras detenciones domiciliarias hasta llegar a esta desvergüenza que llaman fallo” y agregó que “la condena es secundaria, la cuestión central es el Poder Judicial”.

La legisladora porteña y nieta restituida, Victoria Montenegro, advirtió que “no vamos a llorar, vamos a convertir todo esto en lucha”.

“Da impotencia cuando vemos a este Partido Judicial cómplice de esos delitos tan tremendos, de lesa humanidad, que nos siguen doliendo a todos y a toda la sociedad argentina. Por supuesto que es injusto, por supuesto que vamos a pelear, pero acá veo muchos adolescentes que nos acompañaron, que abrazan esta causa y esa es nuestra principal victoria”, concluyó.

28 agosto, 2019/por FM De la Calle

Políticas de seguridad bonaerense: la era de las masacres

Derechos Humanos, Judiciales, Política

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó el Informe anual 2019. El sistema de la crueldad XIII. Es el décimo tercer informe que año a año describe la crueldad que descarga el sistema penal sobre sus víctimas, los sectores más vulnerables de la sociedad, en su mayoría jóvenes y pobres acusados por delitos menores.

Durante estos 13 informes, pasaron gobiernos provinciales de distinto signo político: todos insistieron en el punitivismo como única política de seguridad. El resultado fue el agravamiento paulatino de las condiciones de detención y el incremento de la violencia policial en los territorios.

Como ocurre cada año, la publicación del trabajo de monitoreo y control de lugares de encierro y políticas de seguridad, salud mental y niñez es un acto político para llamar la atención de todos los poderes del Estado: el sistema penal está en crisis, las violaciones extremas a los derechos humanos se naturalizaron y las víctimas de este sistema no son escuchadas ni reparadas.

Las masacres de Pergamino, Esteban Echeverría y San Miguel de Monte son la muestra acabada de la peor cara del sistema penal.

“Ya presentamos 13 informes a funcionarios y jueces que no tomaron ninguna medida para revertir esta situación, las cárceles son depósitos humanos”, dijo Adolfo Pérez Esquivel.

El del año pasado fue el informe de los récords. Este año todos los índices empeoraron: cantidad de detenidos, tasa de prisionización, crecimiento interanual de personas detenidas, sobrepoblación.

Hay 50.500 personas detenidas, la sobrepoblación en cárceles es del 113%, en comisarías del 310%. “Este gobierno, que asumió reconociendo la crisis del sistema de encierro, fue la gestión que mayores violaciones a los derechos humanos provocó”, resumió el secretario de la CPM Roberto Cipriano García.

Durante 2018, se denunciaron más de 12 mil hechos de torturas; 339 personas murieron bajo custodia del Estado y otras 120 por uso letal de la fuerza.

“Los hechos que denunciamos son consecuencia de las políticas de mano dura. No son casualidades o hechos aislados. Las masacres de Pergamino, Echeverría y Monte son una prueba: todos sabían de la situación crítica y no hicieron nada. Peor aún: una vez que sucedieron, ni la gobernadora ni las autoridades judiciales se pronunciaron, fue como si no hubiese pasado. Un silencio que no respeta ni siquiera el dolor de las familias”, agregó Cipriano García.

Familiares de las víctimas de las tres masacres ocurridas durante la actual gestión de la Provincia formaron parte de la mesa de presentación. “El pasado 20 de mayo, a Cami, Gonzalo, Danilo y Aníbal los mató la policía mientras paseaban por la laguna de nuestro pueblo. A Rocío la hirieron gravemente. Pero no es un caso aislado, esto pasa a diario, es una política de Estado que los prepara, forma e instruye para actuar así. Una política de Estado, incluso, celebrada por las máximas autoridades”, señaló Yanina Zarzoso, mamá de Camila López.

“Pasaron tres meses de la masacre y cada día es difícil. Con el alma hecha pedazos estamos en las marchas, somos cinco familias que la estamos peleando. Queremos justicia por nuestros hijos, y también para todas las madres que pasaron por lo mismo. Pero no es sólo un pedido de justicia: reclamamos un porvenir para nuestros niños, para que cada vez que salgan de sus casas puedan volver sanos y salvos”, remarcó Gladys Ruiz Díaz, mamá de Danilo Sansone.

La CPM también patrocina a cinco de las siete familias de la masacre de la comisaría 1ª de Pergamino. El próximo 2 de septiembre, al cumplirse dos años y medio del hecho, comienza el juicio oral y público contra seis policías: “Ellos estaban esa noche ahí y no hicieron nada para salvar a nuestros hijos, dificultaron las tareas de rescate de los bomberos, los dejaron morir”, dijo Cristina Gramajo, mamá de Sergio Filiberto.

“Ya había pasado en Pergamino y se dijo nunca más, y después nos volvió a pasar a nosotros”, declaró Matilde, mamá de Elías Soto, una de las diez víctimas fatales de la masacre de Esteban Echeverría.

La CPM también patrocina a familias en esta causa. “Llevamos 9 meses de lucha y seguimos en el camino de justicia, pero este tiempo también nos hemos sentido burlados; la Gobernadora sacó una nota diciendo que nos había recibido, nunca fue así”.

27 agosto, 2019/por FM De la Calle

Las caras de los represores en la previa a la sentencia

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El debate oral del juicio Armada II cerró con las “palabras finales” de 14 de los 17 represores que esta semana escucharán la lectura del veredicto.

La mañana transcurrió entre excusas, declaraciones de inocencia, homenajes familiares, enumeración de enfermedades, agradecimientos por el buen trato de los jueces y hasta lamentos por “la grieta insoportable”.

El próximo miércoles a las 11 -en Colón 80- se conocerá el veredicto por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 68 víctimas del terrorismo de Estado en Bahía Blanca y la región.

La de hoy fue la primera vez que el tribunal y el público local tuvo cara a cara a la mayor parte de los genocidas que siguieron el juicio por videoconferencia.

Heberto José RUBATTINO: revistó con el grado de Teniente de Navío, como Jefe de la Compañía PITÓN dentro de la Base Naval Puerto Belgrano, 22 de marzo y el 14 de abril de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron 25 años de prisión.

Ricardo César ARAUJO: se desempeñó con el grado de Capitán de Corbeta, como Comandante del Batallón de Comunicaciones N° 1 (BIC1), desde el 29 de diciembre de 1975 al 6 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Rómulo Augusto ILLA: se desempeñó con el grado de Capitán de Corbeta, como comandante del BIC1, desde el 3 de enero de 1977 al 6 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Arturo María QUINTANA: se desempeñó con el grado de Teniente de Navío, como 2do. Comandante del BIC1 desde el 2 de febrero de 1976 al 6 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Aristóbulo Nicanor MOREIRA: desde el 6 de diciembre de 1976 hasta el 5 de mayo de 1977, se desempeñó con el grado de Teniente de Navío como jefe de operaciones, personal y logística del Batallón de Comunicaciones N° 1. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Francisco Manuel MARTÍNEZ LOYDI: se desempeñó, con el grado de Subprefecto, como jefe de la Sección Informaciones de la PZAN desde el 15 de febrero de 1975 hasta el 2 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Alejandro Carlos LORENZINI: se desempeñó, con el grado de Teniente de Navío, como Ayudante Jefe Sección Operaciones (21 meses) y Ayudante Jefe de Sección Inteligencia (6 meses) de la Brigada de Infantería de Marina N°1 desde el 2 de diciembre de 1975 al 31 de diciembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Emilio José SCHALLER: se desempeñó, con el grado de Teniente de Navío, como 2do. Comandante desde el 6 de febrero de 1976 al 16 de noviembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Carlos Enrique LACOSTE: se desempeñó, con el grado de Capitán de Corbeta, como Jefe de Personal, Ayudante del Cte, Jefe Detalle General, Jefe Cargo Publicaciones del EMGN, Ayudante Cargo Bienestar y R.R.P.P. del Batallón de Infantería de Marina N°1, desde el 22 de diciembre de 1975 hasta el 14 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

José Abdala FIGUEROA: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe de la División Cuartel Base, del Dpto. General de la Base Naval de Infantería de Marina Baterías (BNIM), desde el 28 de noviembre de 1975 al 28 de noviembre de 1978. Desde el 26 de noviembre de 1976 al 28 de noviembre de 1978, se desempeñó simultáneamente como Ayudante Secretario del Jefe de la BNIM. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Carlos Alberto LOUGE: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe del Dpto. de Inteligencia del COAN desde el 23 de julio de 1976 al 2 de febrero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Miguel Ángel TORRÁ: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Subjefe de la Base Aeronaval Comandante Espora y Jefe Cargo Contrainteligencia, desde el primero de enero de 1976 al 26 de noviembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Mario José BILESIO:, revistó con el grado de Teniente de Fragata, como máxima autoridad de la Compañía PITÓN dentro de la Base Naval Puerto Belgrano, desde el 01 de enero al 26 de noviembre de 1976, con excepción del período comprendido entre el 22 de marzo y el 14 de abril, en que lo hizo como Segundo Jefe. La Fiscalía y la querella solicitaron 25 años de prisión.

Sergio Leonardo ARÁOZ de LAMADRID: se desempeñó con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe del Centro de Instrucción y Adiestramiento contra la Subversión (C.I.A.C.S.) y Jefe de la División de Inteligencia Operativa del Comando de Operaciones Navales desde el 21 de enero de 1976 al 31 de enero de 1977. Desde el 1 de septiembre al 26 de noviembre de 1976, se desempeñó simultáneamente como Jefe de la División Contrainteligencia. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

No estuvieron por cuestiones de salud:

Luis Oscar CONTI, revistó con el grado de Suboficial Mayor, como Suboficial del Cargo Electricidad del Centro de Instrucción y Adiestramiento en Máquinas y Electricidad de la Base Naval Puerto Belgrano entre el 12 de febrero de 1975 y el 10 de octubre de 1984. La Fiscalía y la querella solicitaron 12 años de prisión.

Enrique DE LEÓN: se desempeñó con el grado de Teniente de Navío, como Jefe del Departamento Operaciones de la BNIM, desde el 9 de febrero de 1976 al 18 de julio de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron 16 años de prisión.

Álvaro Hernán HERMELO: se desempeñó, con el grado de Capitán de Corbeta, como jefe de Inteligencia y Contrainteligencia en la Brigada de Infantería de Marina N1, desde el 21 de enero 1977 hasta el 21 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

26 agosto, 2019/por FM De la Calle

Armada II: termina el sexto juicio de lesa humanidad

Argentina, Bahia Blanca, Derechos Humanos, Judiciales, Noticias, Política

El próximo miércoles 28 de agosto se conocerá el veredicto del Juicio Armada II, en el cual son juzgados 17 represores por delitos de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca y la región bajo jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano.

El Tribunal Oral Criminal Federal subrogante convocó a la audiencia para las 11 en la sede del rectorado de la Universidad Nacional del Sur de Colón 80.

El lunes desde las 9 será el momento de las últimas palabras de los acusados. Por primera vez deberán presentarse todos los genocidas en el aula magna bahiense.

Es el sexto juicio por los crímenes del terrorismo de Estado que se realiza en nuestra ciudad. Comenzó en octubre de 2018 y comprende 68 casos en los que se investigan los secuestros, torturas y, en algunos supuestos, el asesinato de las víctimas. 65 de ellos resultaron acreditados en el debate oral finalizado en 2015, tras el cual fueron condenados a prisión perpetua 18 militares y otros cuatro tuvieron penas de entre 8 y 18 años.

¿Quiénes son los imputados y qué penas pidieron la Fiscalía y la querella?