María del Carmen Verdú, abogada y militante de la Coordinadora contra a Represión Policial e Institucional, se refirió a las demandas de la Red de Mujeres Policías con Perspectiva de Género para actualizar los protocolos contra la violencia machista dentro de la fuerza.

“Es fantástico que estas mujeres, como cualquier otra, intenten despatriarcalizar sus relaciones cotidianas, en lo personal y en los ámbitos colectivos. Tiene que ver con entender que vivimos en una sociedad patriarcal. Otra cosa es entender la función que han asumido las mujeres que se han incorporado a la fuerza”.

“No podemos suponer que su rol como miembros del aparato represivo del Estado va a cambiar porque se nieguen a reprimir mujeres. La semana pasada reprimieron el feriazo donde había hombres, mujeres, etc. Ahí no tuvieron problema”, dijo Verdú.

(Por Mauro Llaneza) El juez Agustín López Coppola se comprometió a dictar sentencia sobre la contaminación de la ría en julio. El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Nº1 aceptó, además, el pedido de las empresas del polo para sumar pericias sobre sus procesos productivos.

El miércoles 13 se realizó una nueva audiencia en la causa civil que investiga las responsabilidades sobre la presencia de metales pesados en el estuario y la destrucción de la pesca artesanal.

“Siguen contaminando, nos sacaron el trabajo, nos arruinaron a todos los pescadores. Queremos que esto se termine”, dijo a FM De la Calle Rubén Córdoba, whitense, 27 años dedicados a la pesca.

El abogado Lucas Beier afirmó que “hoy las empresas están más preocupadas en echarle la culpa al otro que en si el estuario está o no contaminado. Lo siguen negando pero la prueba lo acredita. Hoy su mayor preocupación es decir el culpable es el otro”.

Las demandadas son: Solvay Indupa, TGS, Petrobrás Argentina, Compañía Mega, ABSA, Profertil, Cargill, el Consorcio de Gestión del Puerto, PBB Polisur, Azurix Buenos Aires, la Municipalidad y la provincia.

Una pericia de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires probó científicamente la existencia de “altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.

Sin embargo, la Cátedra de Alimentación Química de la casa de estudios porteña había advertido que no respondería aspectos vinculados al proceso industrial que excedían su especialidad.

Toda la información sobre #ContaminaciónenlaRía

 

Beier, representante de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría, explicó que “la pericia principalmente hace el estudio del estado del estuario, del agua, sedimentos y especies. Las demandadas pedían una nueva pericia y eso fue lo central de la discusión”.

“El juez dejó en claro que quiere terminar el proceso lo más rápido posible, no quiere perder dos o tres años designando un perito. Entonces les dio un plazo a las empresas de diez días para que designen perito y antes de fin de julio quiere tener la sentencia dictada”, agregó.

Las empresas tendrán cuarenta días para ofrecer un perito que informe sobre el proceso interno de cada firma, los insumos que utilizan y los residuos que arrojan al estuario. Si no lo consiguen en ese lapso, perderán la prueba.

Las multinacionales pretenden calcular por qué porción de la torta de la contaminación tendrán que responder económicamente. Todas apuntan a que la mayor parte recaiga sobre ABSA. “Al colega de ABSA lo mataron”, comentó Beier: “En gran medida es cierto pero no quita que los otros también contribuyan”.

“La Ley General de Ambiente dice que cuando no se puede determinar en qué grado participa cada una de las demandadas la responsabilidad es solidaria, todos responden en el mismo grado. Como parte actora no estamos tan preocupados en poder determinar qué empresa contribuyó en mayor medida a que el estuario esté como está”, afirmó.

Luis Arellano, también abogado de los pescadores, dijo a FM De la Calle que “ya hay prueba suficiente, no solamente la pericia de la FAUBA sino todos los informes del CTE, información que está en el IADO, en estudios científicos y técnicos de la UNS, tesis doctorales y un montón de material acumulado por décadas que nos dice cuál es el estado de contaminación de la ría y quiénes son los responsables. Creemos que el expediente se puede clausurar para que nos den la posibilidad de hacer nuestro alegato y pasar a la sentencia”.

Integrantes de la CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego acompañaron la demanda de los pescadores artesanales y destacaron la importancia de la pericia que probó “lo que todo el mundo sospechaba”.

El secretario general, Enrique Gandolfo, destacó que “luego de conocerse el informe de la UBA los factores del poder económico, las empresas del polo, los factores políticos, la misma Municipalidad han salido a desprestigiar la evidencia científica de la Facultad de Agronomía”.

“Estamos respaldando el reclamo y llamando a la comunidad a conocer que este estado de contaminación, de seguir así, es incompatible con la vida del estuario y está afectando no solamente a los pescadores artesanales sino al conjunto de la comunidad de la ciudad y el puerto”.

(Por La Retaguardia) Un vecino de Berazategui fotografió a una persona que, asegura, es el represor Pedro Alberto Pila, que debería estar en su casa con prisión domiciliaria. El genocida fue condenado en 2015 a 18 años de prisión, pero cuenta con el beneficio de la domiciliaria desde 2014. Según sus vecinos, los paseos son casi diarios.

“Pila nació el 10 de octubre de 1938 en Reconquista, provincia de Santa Fe, hijo de Pablo Lázaro y Alcira Hortensia Almirón. Prefecto (retirado) de la Prefectura Naval Argentina y domiciliado en Berazategui, en la calle 150 N°28. Fue juzgado por 25 secuestros y 16 casos de torturas”, dice el dossier de FM De la Calle de Bahía Blanca sobre el genocida condenado por los crímenes de lesa humanidad que cometió durante la última dictadura, en la Base Naval Puerto Belgrano de la Armada Argentina. Durante un tramo del juicio, la testigo Diana Fernández describió al prefecto Pedro Pila como un “perverso”.

Según pudo saber La Retaguardia, Pila tiene el beneficio de la prisión domiciliaria, pero como lo recibió antes del 2016, no tiene dispositivo de control electrónico. La fiscalía de Bahía Blanca a cargo de Miguel Palazzani y José Nebbia pediría la revocatoria del beneficio tras constatar que la persona fotografiada por el vecino es efectivamente es Pedro Alberto Pila.

Más de la mitad de los genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad goza de prisión domiciliaria. Este proceso, que comenzó hace varios años, se incrementó durante el gobierno de Mauricio Macri. Ya son varios los condenados a quienes se ha detectado violando el beneficio. En casi todos los casos, son los propios vecinos y vecinas quienes dan cuenta de las situaciones. En este caso, el vecino, cuyo nombre no publicamos para preservarlo, tomó contacto con La Retaguardia hace algunos meses para denunciar la situación. Y finalmente, este domingo consiguió fotografiarlo en la Plaza San Martín de Berazategui.

Alerta Berazategui, genocida suelto: Ese anciano de gorra roja y vestir deportivo, de zapatillas blancas y prolijos zoquetes, que anda caminando por la plaza, es un prefecto condenado por crímenes de lesa humanidad.

“PILA ERA UN PERVERSO”: http://www.ivoox.com/diana-fernandez-6_md_3692914_wp_1.mp3″ Ir a descargar

El 24 de diciembre se fue uno de los grandes pensadores de nuestra época, Osvaldo Bayer. Su obra, vida y personalidad fue reflejada por el productor, director y guionista de TV, Federico Randazzo en Mundo Bayer.

“El vínculo con la obra de Osvaldo es como la de todo argentino que desea tener buena memoria. Y el vínculo como periodista fue el lujo de haber sido contemporáneo de semejante personaje (…) de haber escuchado sus charlas y de haber compartido el conocimiento, la pasión y el compromiso. Fue unánime el sentimiento de pérdida que tenemos todos a partir de la desaparición física de Osvaldo, pero con la sensación de que estará por siempre presente en todos nosotros ¿verdad? Era un hombre de otro siglo”, dijo a FM De la Calle.

Agregó además que “una cosa que me encanta pensar de Osvaldo es que él era lo que para muchos es un imposible. ¿Viste cuando vos decís ser anarquista hoy es imposible? Bueno, Osvaldo era anarquista. Hoy, poder ejercer el periodismo con esos valores que ejercía Osvaldo  muchas veces en las facultades de periodismo, en las clases, se ve como un imposible y sin embargo él lo hacía; estas cosas él demostró que eran posibles con su mero ejemplo, con su trayectoria y con la lucidez de siempre ir a dar batalla. (..) Fue único Osvaldo y nos deja este legado tan maravilloso”.

A los 91 años el escritor, periodista, historiador y autor de entre otros Rebeldía y Esperanza, Los Vengadores de la Patagonia trágica y Los Anarquistas Expropiadores, partió pero quedaron las enseñanzas de un luchador incansable.

“Para mí no hay nada más aburrido que el acuerdo, que está muy vinculado con las izquierdas. Esta cosa de discutir entre los que están de acuerdo y casi en un tono de masturbación intelectual. Osvaldo todo lo contrario, y en eso de ponerle el cuerpo buscó no caer nunca en el ataque, de querer tener razón, sino debatir argumentos. (…) Ese era Osvaldo Bayer, que iba con sus documentos a la escuela militar, al programa de Mariano Grondona a debatir a donde lo inviten y así fue que nos deja este legado que nos inquieta, que nos deja pensando que nos obliga a trabajar para refundar y rebautizar todas las calles de la Argentina. Ahora para sacar el nombre de Falcón y ponerle Bayer. No sé si podremos dormir tranquilos hasta que tengamos esa tarea hecha”.

Sobre Mundo Bayer, documental estrenado en 2012 por Canal Encuentro, Randazzo contó que fue un regalo de la vida. “Son esos momentos donde el trabajo se cruza con las pasiones y la suerte”.

“Le propusimos al canal hacer una serie donde homenajeáramos a Osvaldo como un agradecimiento con el compromiso que sólo podés asumir con un tipo como él y con mucho cuidado nos metimos a ver. La premisa nuestra fue ir con un enfoque distinto (…) entonces nos propusimos hacerlo desde un lugar más desacartonado, un poco más divertido, un poco más juvenil que era el espíritu que tenía Osvaldo y él se enganchó desde el primer día”.

“Era el primero en entrar y el último en irse; nos abrió generosamente su archivo, nos pusimos a buscar esos cassettes que se había traído de la gira del interior y que nunca nadie había visto. Y llevamos al set una bomba de réplica que tenía en la casa que le habían regalado los anarquistas. La  llevó y enseñó cómo se usaba esa bomba por televisión… a mí me pareció una locura eso de en un canal, andar contando cómo se aplica el derecho de matar al tirano. Me parecía una cosa surrealista. Y lo hicimos y quedó bien y esa era la magia de Osvaldo.

“Venceremos tarde o temprano, como él decía, siempre la ética triunfa en la Historia”, finalizó Randazzo.

Emotiva despedida colectiva

(Por La Retaguardia) Un adiós nunca puede ser grato. Es difícil decir “qué buena que estuvo la despedida a Bayer”, porque es claro que somos muchas las personas que comenzamos a extrañarlo; aunque no fuéramos parte de su cotidianeidad, él sí lo era de la nuestra. Compartimos nuestro reflejo de una jornada emotiva, que no estuvo buena, porque no estuvo Osvaldo Bayer. Participaron integrantes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), entre otros organismos, además de artistas como Rolando Goldman (con su charango tocó Hijos del Pueblo) y Ezequiel Jusid de Arbolito, además del Quinteto Negro La Boca, interpretando letras que el mismo Osvaldo escribió para la banda.

Foto portada: Marina Monasterios, Tinta Roja.

Más de un/a trabajador/a murió por día en su puesto entre octubre de 2017 y septiembre de 2018 según el primer informe sobre asesinatos laborales en Argentina. Quitando domingos y feriados la recurrencia se traduce en una trabajadora o trabajador cada 20 horas.

El estudio fue realizado por el espacio Basta de Asesinatos Laborales, compuesto por familiares y compañeros/as de las víctimas, y otra/os compañera/os de distintos sectores y lugares de trabajo cansados de ver morir trabajadores/as por la negligencia patronal.

La amplia mayoría de los/as trabajadores/as muertos/as eran personas jóvenes (entre 30 y 40 años). También se conocen casos de personas mucho más jóvenes que fueron enviadas por las jefaturas a realizar tareas muy peligrosas, sin la capacitación y los elementos necesarios. En ciertos casos, su primer día de trabajo en una empresa fue el día de su muerte.

Las formas y/o las causas de los accidentes no son registradas claramente, cuando no son directamente ocultadas o tergiversadas por las patronales y las ART, y en los medios sólo se describen en forma muy general o ambigua lo que dificulta un análisis claro de dichas causas.

La causa más numerosa es el choque de vehículos. Esto se da especialmente en transporte de cargas pero afecta también a otros/as trabajadores/as que desarrollan sus tareas en la vía pública. El no respeto al descanso semanal y entre jornadas, la falta de personal, el apremio por lo tiempos y la falta de mantenimiento de los vehículos son una combinatoria que lleva a la muerte a decenas de compañeras y compañeros.

También aparece una vez más la caída desde altura y/o a pozos, como otra de las causas frecuentes de muertes en el trabajo. A esto se suma el derrumbe de edificios o instalaciones.

Los golpes, atrapamientos, explosión de calderas, etcétera, en especial en la industria, son otras de las causas frecuentes de muertes. Esto se explica por la falta de medidas de seguridad, el no mantenimiento de maquinarias y equipos, y la ausencia de dispositivos de seguridad en el equipamiento.

“Este primer anuario tiene como objetivo visibilizar que en nuestro país muere más de un trabajador o trabajadora por día en su puesto de trabajo. Y que estas muertes que se presentan como ‘accidentes’, no lo son. El concepto de accidente implica la idea de un hecho que sucede eventualmente, de manera involuntaria o fortuita, repentinamente y sin que se pueda prever. Por eso, si estas muertes son evitables, no son accidentes: son asesinatos laborales. No sólo son completamente invisibilizados, sino que además quedan completamente impunes: nadie asume nunca la culpa o la responsabilidad por ellos”, afirmaron.

(Por Mauro Llaneza) La Facultad de Agronomía de la UBA respondió dudas e impugnaciones que las empresas y organismos denunciados presentaron contra la pericia conocida en septiembre en el marco de la causa que investiga la contaminación del estuario.

El informe ratifica que las especies no son aptas para consumo humano y la necesidad de revisar los controles sobre el vertido de metales pesados. Antes de dictar sentencia, el juez Agustín López Coppola convocó a las partes a una audiencia que se realizará el 13 de febrero.

Lucas Beier, abogado de los pescadores artesanales, dijo a FM De la Calle que “las empresas demandadas, siguiendo lo que hizo el IADO y la propia Municipalidad, desprestigiaron el informe. (…) La Facultad les contestó diciendo que es científico, que todas las opiniones tienen sus argumentos en documentos científicos y en estudios que hicieron ellos y ratifican todo repitiendo que los peces no son aptos para consumo humano, que el estuario está grave, contaminado, y que no es posible la preservación de la vida que habita hoy el estuario”.

“Tenemos la certeza científica que los peces, crustáceos y moluscos analizados por esta Facultad y recolectados en una zona habilitada para la pesca, en donde algunas lanchas de pesca artesanal desarrollan su actividad en la actualidad, arrojaron resultados altamente preocupantes”, concluye el documento.

Beier afirmó que “el Estado lamentablemente es parte demandada y ha tomado la postura de aliarse con las empresas cuando, en realidad, el Estado somos todos y el Estado tendría que buscar el beneficio para la sociedad y dentro de sus obligaciones está preservar el ambiente”.

“Los niveles de sulfuros, hidrocarburos, fenoles, hierro, cromo, zinc, plomo y mercurio registrados en la actualidad en el estuario de Bahía Blanca se pueden considerar peligrosos para los sistemas biológicos asociados, ya que muchos de los valores exceden los niveles permitidos por la normativa”, aseguran las dras. Alicia Fabrizio de Iorio y Alicia Rendina y el ing. agrónomo Gustavo Mozeris.

También destacan que “las especies de peces y moluscos que se tomaron en el muestreo, como por ejemplo el pez sapo, ostras y mejillones que no migran por fuera del estuario, son indicadores del nivel de bioacumulación de metales pesados directamente relacionados con el ambiente circundante y es por ello que se concluye que en la proximidades del puerto de Ing. White la fauna marina recolectada está expuesta a este tipo de elementos”.

Más adelante, subrayan que “existiendo un polo petroquímico que se encuentra habilitado a arrojar sustancias nocivas y lo realiza con una carga ‘declarada’ de 11.300m3 por día (según informa ABSA en la causa Meninato el polo petroquímico consume entre agua potable y cruda más de 36.000 m3 por día), más que evidente que las sustancias nocivas ingresan cuanto menos por los efluentes de las empresas“.

Ninguna duda

Sobre consultas por la “duda razonable” mencionada en la pericia, sus firmantes advirtieron que no refiere a sus conclusiones -fundamentadas científica y técnicamente- sino que está “centrada sobre los sistemas de tratamiento de efluentes y de control por parte de los organismos públicos provinciales, así como en los niveles guía planteados para el vuelco de efluentes a la ría”.

Dado los altos niveles de concentración de metales pesados en los peces recolectados en las proximidades del polo petroquímico, lleva a pensar que alguna de las dos cosas está fallando, o los controles no son los indicados o la reglamentación no es acorde para el ambiente estuarial. Los registros históricos del CTE indican que las empresas cumplen en la gran mayoría con los límites permitidos, pero atento los indicadores de bioacumulación en peces, moluscos y crustáceos para metales pesados podemos afirmar que al menos la zona interna del estuario se encuentra en un estado vulnerable”.

Por ende, el informe plantea tres hipótesis: “a) los controles no son los adecuados, o b) los parámetros establecidos por la resolución administrativa no deberían aplicarse al estuario bahiense, o c) están ingresando al estuario metales pesados por ductos o canales no declarados o no controlados por los organismos”.

Estudios complementarios

Ante supuestas contradicciones entre la pericia y los informes del IADO, la FAUBA dice que “no es tan así”.

Describe que coinciden en la presencia de metales pesados en agua y sedimentos del estuario y en que el sistema está claramente influenciado por la acción antrópica. “La única aparente contradicción es en relación a los tejidos musculares de peces analizados por el IADO y las muestras de peces, crustáceos y moluscos analizados en el marco de este informe”.

Las diferencias entre los estudios del IADO y la pericia de la FAUBA “pueden ser complementarias ya que analizan especies y lugares diferentes y esto puede, lejos de ser contradictorio, plantear una complementación en la generación de información”.

Entre las explicaciones agregadas, la Facultad relató que “la totalidad de los ejemplares fueron formas juveniles por lo que es poco probable la migración desde una zona por fuera del estuario. Por lo tanto, de acuerdo a su ciclo biológico, los juveniles de las especies estudiadas permanecen más tiempo en el área de estudio lo cual aumenta el tiempo de exposición a posibles contaminantes de alcance local”.

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Destacan, además, que “se les consultó a los pescadores que indiquen donde ejercían habitualmente su actividad para la toma de muestras y pudimos observar que sobre el veril norte del estuario, en cercanía a la zona portuaria, existen clubes náuticos y accesos al público en donde la gente concurre a pescar desde los muelles (Club Náutico Bahía Blanca, Club de Pesca Almirante Brown y Club de Pesca General Daniel Cerri) en donde las especies obtenidas por pesca deportiva por lo general son consumidas por los pescadores”.

Finalmente, el documento afirma que “el constante dragado de mantenimiento de la profundidad del canal de navegación provoca mayor turbidez en el agua, remoción de metales pesados ocluidos y alteración de lecho marino” y, ante esto, concluye que “el dragado por sí mismo genera un daño ambiental: destruir el lecho marino, que es donde nace toda la vida marina, evidentemente genera un daño”.

Thelma Fardin denunció al actor Juan Darthés por violación. El hecho ocurrió cuando ella tenía 16 años, en el marco de una gira de la tira “Patito Feo” en Nicaragua. La serie adolescente de la cual participaba se emitió por Canal 13 durante 2007 y 2008.

“Thelma se acercó a las asambleas, primero a nosotras como compañeras. Rápidamente acogimos la causa, ella misma planteó que es algo que no tiene que volver a ocurrir y que no es una cuestión de venganza o revancha sino de denunciar una situación concreta de una persona que ya tiene tres denuncias de abuso”, comentó Natalia Bagden, actriz y parte de la Colectiva de Actrices Argentinas.

“El tiempo de impunidad para los abusadores se terminó”, fue la frase que agrupó más de 70 actrices sobre el escenario del Multiteatro para acompañar la denuncia de Fardin.

“Suelen dudar de nosotras, plantear que es una pelea de cartel, como si fuera gratuito denunciar un abuso. Darthés estuvo trabajando los últimos diez años en infantojuveniles, en contacto con adolescentes, niñas y niños. Muestra que hay un encubrimiento y complicidad del medio, incluso de parte del sindicato”, comentó Bagden.

Darthés y Fardin son afiliados a la Asociación Argentina de Actores. “Institucionalmente hay pasos a seguir, por ende las decisiones van a tardar más”, comentó Lola Berthet, secretaria adjunta de Actores. “Me enorgullece una mujer entera como Thelma, me enorgullece cómo las mujeres nos estamos conteniendo entre nosotras y armando esta nueva historia”, agregó.

Acusaciones anteriores

En 2017 Calu Rivero denunció que Darthés la había acosado durante la filmación de la novela “Dulce amor”, por lo cual la actriz dejó la tira. Cinco años después pudo contarlo. Darthés le inició acciones legales por difamación: mañana tendrán una audiencia por este tema.

Luego se sumaron otras dos denuncias. Anita Coacci y Natalia Juncos dijeron que fueron acosadas por el actor en ámbitos laborales.

Muchos no le creyeron a Calu, ni a Natalia, ni a Ana. Fue la denuncia de Fardin la que obligó que actores, productores, directores, medios y hasta el propio Estado cambiaran sus posturas.

“Mira como me ponés”, dice Darthés a sus víctimas. #MiráCómoNosPonemos pretende revertir la culpa que se les carga a las mujeres y reforzar el grito colectivo frente a la violencia machista.

El ex sacerdote Miguel Sarmiento abrió la ronda de testigos en el segundo juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano de la Armada Argentina.

Desde Azul, dialogó con FM De la Calle y reconstruyó la historia del grupo de curas tercermundistas que trabajó pastoralmente en Bahía Blanca y Punta Alta desde fines de los 60 con la participación de jóvenes militantes junto a quienes, luego, fueron perseguidos por la Triple A y la dictadura genocida.

“Hubo una clara grieta entre una iglesia preconciliar, colaboracionista, y otra iglesia que era muy comprometida con los sectores más marginados, con los sectores más empobrecidos de la población que demandaban justicia y que buscaban salir de ese estado de opresión y de desprotección en que estaban sumergidos. La iglesia que se volvió hacia ese sector sufrió las consecuencias de la dictadura”, recordó.

La próxima audiencia del Juicio Armada II será el 20 de diciembre a las 14 en Colón 80.

-¿Cómo fue la experiencia del grupo de curas católicos que proponían una mirada distinta en la iglesia?

Podríamos decir que entre los años 60 y 70 coexistieron dos formas de iglesia. Una que podríamos considerar victimaria y otra que fue claramente víctima. Entre la mayoritaria, la preconciliar, la defensora del statu quo, empecinada en el país occidental y cristiano que pregonaban siguiendo un poco a Onganía y a Videla, estaba casi enfrentada con esa segunda iglesia, la víctima, la que aun siendo minoría era, sin embargo, la que mostraba una gran fidelidad al Evangelio, en base a los documentos del Concilio Ecuménico Vaticano II que terminó en el 65, la Encíclica Populorum Progressio de Pablo VI del 67, los documentos de Medellín del 68, el documento del Episcopado de San Miguel del 69 que empujaba a la proliferación en el país de curas obreros, curas villeros, los curas del Movimiento del Tercer Mundo.

En Bahía Blanca éramos un grupo bastante reducido en ese aspecto, partidarios de lo que se denominó “catolicismo liberacionista”, en base a la Teología de la Liberación del padre Gustavo Gutiérrez de Perú o la Teología del Pueblo que pregonaban grandes teólogos argentinos como Lucio Gera o Rafael Tello.

Nos fuimos juntando alrededor de diez, entre los cuales podría recordar a Pepe Zamorano y Emilio Flores de la Iglesia de La Loma; Coco Segovia, que era secretario canciller y a su vez actuaba en Punta Alta; Benito Santecchia, Benjamín Stochetti, Oscar Barreto, que eran salesianos; Néstor Navarro que estaba en el Seminario como profesor y mucho más adelante fue obispo en Río Negro; Heriberto Bodri que era párroco de Lourdes y luego fue párroco de la Catedral; algunas monjas como Gloria y Kotska de la Pequeña Obra o Norma Gorriarán en el caso de La Inmaculada. Todo eso conformaba el grupo que podemos denominar tercermundista. Si bien nunca llenamos una ficha de adhesión coincidíamos con los postulados de ese movimiento que reunía a aproximadamente a 600 sacerdotes de todo el país.

Trabajábamos cada uno en su lugar, pastoralmente en base a esos documentos que mencioné y al hecho de que nos reuníamos todas las semanas en base a la metodología de “ver, juzgar y actuar” para desarrollar cada uno en su lugar una pastoral más o menos similar.

-¿En su caso estaba trabajando en Punta Alta?

Yo trabajé primeramente en el Seminario de Bahía Blanca, en el año 68 y el 69, allí fue donde tuve como alumnos a Néstor Grill, a Daniel Carrá, a Juan Carlos Colona y tuve como compañero en la preceptoría a Carlos “el Negro” Rivera.

Después de eso dos años fui trasladado a Punta Alta. Dos años estuve en la parroquia del centro y luego me destinaron a la Capilla Cristo Rey del barrio Nueva Bahía Blanca, un barrio más apartado del centro.

Simultáneamente era asesor de un Grupo Misionero Bahiense cuya presidencia ejerció durante un tiempo Daniel Bombara y en el cual participaban también Diana Diez, Ricardo García, Norma Gorriarán, algunos seminaristas y hacíamos la misión en Puan.

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La etapa de mi vinculación con la iglesia del centro, donde el párroco era Alejandro Fan, trabajamos juntos con varios chicos que a su vez también conformaban el grupo que asesoraba Coco Segovia. Entre ellos estaban los hermanos Néstor y Hugo Giorno, Mónica Bonin y Stella Barraza que hoy integra el MoVeJuPa, Mabel Pérez, Rafael Rodríguez.

Ya cuando llegué a Cristo Rey realizamos una acción pastoral muy intensa y muy particular, muy especial, muy distinta a lo que era una parroquia dentro de la Arquidiócesis de Bahía Blanca que siempre se caracterizó por un conservadurismo bastante notorio.

Ahí rompimos un poco los moldes y organizamos la capilla como una especie de cooperativa donde la mantención de toda la acción se realizaba a través de socios que aportaban una cuota mensual, lo cual nos permitía no cobrar ninguno de los sacramentos, ni bautismo, ni casamiento, ninguna acción que habitualmente era cobrada en otras parroquias. Se hacía todo gratis porque nos manteníamos en base al aporte de socios y un consejo de administración que manejaba esos fondos, de modo que yo no manejaba absolutamente todo el tema económico sino que recibía un pago de honorarios por mi desempeño.

Y simultáneamente organizábamos un montón de cosas muy vinculadas a colaborar sobre todo con la gente más necesitada del barrio. Organizamos una farmacia popular, una biblioteca pública, el servicio de Cáritas, una catequesis familiar distinta a la tradicional, grupos de reflexión, el grupo juvenil menor que eran chicos del secundario, ahí participaron en algunos momento Nancy Cereijo y Stella Iannarelli, que hoy están desaparecidas. Otro grupo juvenil mayor en el cual intervino en algún momento Norberto “Bocha” Eraldo y otros chicos que nombré antes que del centro se trasladaron a la Capilla Cristo Rey a seguir trabajando conmigo.

Y, sobre todo, organizamos un club infantil que reunió a más de 200 chicos y que fue un acontecimiento que hizo explosión en Punta Alta en muy poco tiempo y quizás haya sido lo que más perduró en el recuerdo y en el tiempo porque hoy todavía chicos que participaron en su momento se siguen reuniendo y recordando aquel acontecimiento que significó el Club Defensores de Cristo Rey que, además de organizar semanalmente partidos de baby futbol, también participaron como selección en los Campeonatos Evita.

Por otra parte, entre los que colaboraban en el club, que tenía su propia comisión dentro de la Capilla, había grandes ex jugadores como Víctor Rodríguez, Carlos Lorenzo, varios más que sin ser partícipes habituales en la liturgia religiosa, eran enormes colaboradores en lo que fue el desarrollo del club.

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También organizamos la campaña para llevar el gas natural al barrio, en fin, hubo una participación comunitaria muy importante y con mucho apoyo de la gente, que al mismo tiempo se diferenciaba bastante de lo que era lo habitual en otras parroquias de la zona.

-Muchos de los nombres que mencionó son de personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado -algunos sobrevivientes y otros asesinados y desaparecidos-, jóvenes que tenían su participación en instancias vinculadas al peronismo. Todo lo que cuenta molestaba a una parte de la iglesia y de la sociedad, ¿por qué y a quiénes?

Es un poco lo que llamamos la iglesia integrista, la iglesia preconciliar, la que no aceptó -pese a que los obispos habían suscrito los documentos- el Concilio Vaticano II, de Medellín y sobre todo de San Miguel. En la práctica hubo como un maquillaje donde lo que se llevaba adelante eran las reformas litúrgicas, por ejemplo, la misa frente a la gente, en castellano, cánticos más populares, etcétera, pero que en el trasfondo de todo ello seguían vinculados a un estilo de iglesia más occidental y cristiana como pregonaba Onganía y que repercutía en actividades como los Cursillos de Cristiandad y otro tipo de acciones.

Esa iglesia, frente a la aparición, sobre todo de los sectores más jóvenes, tanto del clero como de las chicas y chicos que participaban en esta pastoral se fue enfrentando. Se fue provocando lo que hoy está de moda decir, una especie de grieta y esos enfrentamientos terminaron luego siendo ideológicos y provocaron todo lo que ya sabemos que sucedió.

-El grupo de curas y de monjas religiosas, se fue desarticulando desde antes de la dictadura, la Triple A puso los ojos sobre ustedes…

Sí, bastante antes. Ciertos hechos concretos fueron sucediendo ya a partir del año 70. Fuimos víctimas no solamente de la dictadura del 76 sino también de la iniciada en el 66 y que tuvo sus momentos más dramáticos a partir del año 70 con cosas que fueron acrecentando la violencia en el país.

Toda esa arremetida este grupo la fue sufriendo en una escala ascendente que tuvo su momento más dramático en el 75. Sobre todo con el asesinato del padre Dorñak que no formaba parte del grupo, era un salesiano que formaba parte de la comunidad del Instituto Juan XXIII y que sin comerla ni beberla sufrió un atentado que terminó con su muerte violenta, creo que fue en marzo del 75, y a partir de ahí se aceleraron las situaciones.

Hubo algunos atentados contra la escuela Nuestra Señora de la Paz en Villa Nocito. Estaba sostenida por Cáritas y manejada por la gente del Colegio La Inmaculada. Luego hubo algunos atentados también -en este caso me refiero a balear los frentes de los edificios-, pasó lo mismo en el pensionado católico que reunía a chicos secundarios en calle Zapiola, que pertenecía a la curia de Bahía Blanca y donde convivían chicos de la región que no vivían en Bahía Blanca y actuaban en ese pensionado para cada uno desarrollar sus estudios universitario.

Y el más decisivo fue un ataque a la casa de Pepe Zamorano, ya Emilio Flores no estaba más con él, se había ido a Colombia. Zamorano era el párroco de Nuestra Señora del Carmen en La Loma y una bomba le quemó la casa, se quemaron muchos archivos y todo eso motivó que prácticamente el grupo a partir de ese momento se diluyera. Tanto los curas como también muchos chicos que vieron que la cosa venía muy seria, muy brava, hubo un alejamiento hacia distintos lugares por un tiempo, algunos volvieron, otros no, y ahí se va desarticulando toda esta pastoral novedosa, de alguna manera revolucionaria, dentro de la iglesia de aquellos tiempos en Bahía Blanca.

-Usted marcó una diferencia entre los obispados de Germiniano Esorto y el de Jorge Mayer.

Tal cual. Creo que eso también facilitó que las cosas se entorpecieran y entraran en un estado de alarma y luego de dispersión porque mientras el arzobispo fue Germiniano Esorto -que era un hombre, por ahí no partidario de las grandes renovaciones, pero era un hombre esencialmente bueno, comprensivo de su grey, de su rebaño-, en momentos en que hubo ataques en los años 60, 70, siempre salió a defender, a mantener su postura a través de declaraciones o de comunicados donde hacía ver que el jefe de la iglesia bahiense era él y no alguien que no tenía nada que ver.

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En cambio, Esorto presenta su renuncia por edad en el 72 y es reemplazado por Jorge Mayer que ya entra con otra disposición, con mucha falta de conocimiento de lo que era esa comunidad difícil que es Bahía Blanca. Bahía Blanca y toda la zona. Y ahí ya las cosas empeoraron porque no se tuvo una defensa rígida por parte del arzobispo sino más bien todo lo contrario. Eso colaboró mucho más en la dispersión posterior que sucedió.

-¿Qué fue de su vida?

Cuando nos retiramos en el 75 por esta estampida, después de que le quemaron la casa a Pepe Zamorano, cada uno siguió un camino relativamente distinto.

Pepe Zamorano se incardinó en la diócesis de Morón. Coco Segovia que se había quedado se tuvo que ir en marzo del 76 porque lo siguieron hostigando en forma muy dura y terminó incardinándose en la diócesis de Mar del Plata. Néstor Navarro se alejó un tiempo pero luego volvió e incluso fue reemplazante de Pepe Zamorano en la Iglesia del Carmen en La Loma. Benito Santechia y los salesianos, como pertenecen a una congregación, fueron derivados a otros lugares.

Y en el caso mío en particular, fui pidiendo licencia de actividad ministerial y en el año 77 pedí la reducción al estado laical al Vaticano. Inicié una vida distinta, familiar, y me alejé de la actividad ministerial y de Bahía Blanca.

-¿Y ahora volver a contar esta historia ante un tribunal qué le significó?

Lo hice en función de dos postulados bien claros que me había propuesto. Primero, honrar la memoria de chicos y de chicas que fueron víctimas y que en los años 60 o 70 habían trabajado conmigo en actividades pastorales y habían demostrado la excelencia de personas que eran. Por eso, un poco como un acto de volver a traer a la memoria la calidad que tenían esos chicos más allá de lo que pasó luego durante la dictadura.

Por otro lado, dejar bien en claro que en esos mismos años coexistieron prácticamente dos iglesias en Bahía Blanca: una que fue victimaria y otra que fue víctima. Un poco en defensa de esa iglesia víctima es que también me propuse testimoniar en el juicio.

Porque los hostigamientos venían de muchos lados, no solamente desde dentro de la iglesia sino de sectores vinculados a las dictaduras, primero de Onganía y luego de Videla. A veces se pierde de vista que así como por un lado existieron obispos como Caggiano, Tórtolo, Bonamín, Medina, Plaza y tantos otros que de alguna manera fueron parte más o menos intensiva de la represión sucedida en los años 70, enfrente había obispos que fueron víctimas y que postulaban lo contrario. El caso de Angelelli, De Nevares, Devoto, Ponce de León, Hessayne, Podestá o curas como Mujica que fueron parte de la iglesia pero de la de las víctimas, de una misma iglesia que componíamos todos.

Ahí es donde hubo una clara grieta entre una iglesia preconciliar, colaboracionista, y otra iglesia que era muy comprometida con los sectores más marginados, con los sectores más empobrecidos de la población que demandaban justicia y que buscaban salir de ese estado de opresión y de desprotección en que estaban sumergidos. La iglesia que se volvió hacia ese sector sufrió las consecuencias de la dictadura.

“Las resistencias al neoextractivismo son todavía marginales, en el sentido de que toca zonas de pequeñas y medianas localidades lejanas a los grandes centros industriales. Hay ahí un gran desafío que es el de lograr un cambio cultural, una nueva narrativa y un diálogo con sectores sindicales, territoriales urbanos, sectores políticos de las grandes ciudades, que hoy en día son muy indiferentes a la problemática ambiental o que la desconocen en absoluto”, dijo Maristella Svampa.

La socióloga conversó con FM De la Calle a partir de su libro “Chacra 51: regreso a la Patagonia en los tiempos del fracking”, un ensayo sobre el avance de la explotación de energías extremas entre las chacras productoras de peras y manzanas de Allen, Río Negro.

Svampa mezcla, a través de su historia familiar, la literatura, la sociología y la filosofía con la militancia socioambiental.

“Hay un grave problema en la Argentina donde a diferencia de otros países no se discute sobre la fractura hidráulica así como otras actividades extractivas altamente controversiales (…) de destrucción y sacrificio de los territorios”, manifestó la investigadora del CONICET y licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba.

Agregó que “en Argentina se sigue hablando de oportunidades, se sigue hablando de una visión eldoradista, como si la Argentina estuviera destinada a convertirse en una suerte de potencia energética a través de la explotación de estos yacimientos no convencionales. No se da una discusión completa o integral que incluiría precisamente diferentes aristas de los impactos socioterritoriales hasta, por ejemplo, el desplazamiento de otras actividades económicas, como es el caso de la actividad frutícola en el Alto Valle de Río Negro y en Neuquén. Hoy es Allen el que está más que amenazado y donde el avance de locaciones hidrocarburíferas es tal que hay un retroceso cada vez mayor de la actividad frutícola. Muy probablemente van a ser otras, también, las localidades impactadas por el fracking. Mientras tanto las autoridades hoy siguen negando que se haga fracking”, aseguró.

“Chacra 51” es también el reflejo de una vida dedicada al estudio de problemáticas socio-territoriales, tanto en clave nacional como latinoamericana, donde no sólo profundiza sobre las energías extremas y su impacto negativo sino también se evidencia que el proceso “es mucho más caro, tiene mucho menos rendimiento energético y produce más accidentes, no sólo de trabajadores sino también derrames. Y esto es lo que está sucediendo tanto en Vaca Muerta como en Allen”.

La socióloga desarrolla el concepto del páramo y del racismo ambiental para entender la complejidad de su enfoque.

“La imagen del páramo yo la traje a colación para dar cuenta precisamente de lo que estaba sucediendo con las chacras. El progresivo desmonte ante la crisis y la avanzada de las locaciones hidrocarburíferas. Es sabido de las transformaciones territoriales que genera la explotación petrolera ya que después la tierra no pueda utilizarse para nada y lo que deja es desierto de piedra o un páramo. Yo lo que señalo es que no hay capacidad de resiliencia alguna, no se puede recuperar, y esto es efectivamente el páramo: es una imagen muy asociada también a nuestros tiempos del antropoceno, esta nueva era geológica en la cual la crisis y la devastación ambiental amenaza la vida misma en nuestro planeta”.

Respecto al “racismo cultural” Svampa aseguró que “no hay conciencia ambiental y es muy complicado abrir esta discusión. Yo hablo de racismo ambiental también para el caso de Allen donde la indiferencia de la población e inclusive de muchos chacareros es muy flagrante. Tal es así que los impactos que están denunciando a través de distintas notas periodísticas es posible verlos ahora sobre la población rural, pobre e invisible. Por lo cual, creo que en la población hay una suerte de ‘racismo ambiental’ que hace que se minimicen los impactos porque esto todavía no ha tocado el corazón de la población más integrada y que sobre todo vive en los cascos urbanos”.

“Mientras esto perjudique a las poblaciones pobres y marginales, la gente no se va a preocupar en demasía y esto me parece tremendo, terrible y da cuenta de un cinismo o de mala fe porque la gente sabe en el fondo, le hace ruido esto del avance del fracking entre peras y manzanas. Por más que YPF sea el sponsor de la Fiesta de la Pera o que todas las pequeñas radios locales reciban la pauta publicitaria de los servicios petroleros, lo cual atenta contra la posibilidad de discutir”.

Svampa destacó que “hay que recordar que el kirchnerismo efectivamente no promovió el desarrollo de energías renovables, hizo una apuesta a fondo en los combustibles fósiles. Ahora este gobierno tiene un doble discurso, porque si bien tiene un presupuesto limitado para el desarrollo de las energías renovables, tiene un presupuesto ilimitado a favor de los combustibles fósiles, sobre todo de los no convencionales con Vaca Muerta. Así que no nos engañemos: la matriz económica argentina no va a cambiar gran cosa, porque el gobierno hace la apuesta sobre todo en Vaca Muerta y de eso son conscientes los funcionarios”.

Sobre los antecedentes de gobiernos progresistas en la región y su política socio-territorial, la escritora opinó que “implicaron una gran expectativa política en términos de nueva izquierda pero que, hacia el final del ciclo, derivaron hacia modelos de dominación más tradicional que conllevaron un fuerte proceso de concentración en los líderes o lideresas, como también en procesos que han derivado en algunos casos en gobiernos autoritarios como el caso de Venezuela. He sido muy crítica no solo de lo que tiene que ver con la matriz productiva, la economía, sino también con las dimensiones políticas de este proceso.  (…) Ha habido una suerte de solidaridad automática y acrítica en relación a estos gobiernos, diciendo que si uno le hace una crítica le está haciendo el juego a la derecha, al imperialismo, etcétera. Yo no soy de esta idea, creo que efectivamente hay que hacer ejercicio del pensamiento crítico”.

“Igualmente soy consciente de que las resistencias al neoextractivismo son todavía marginales, en el sentido de que toca esas zonas de pequeñas y medianas localidades lejanas a los grandes centros industriales, con lo cual hay ahí un gran desafío que es el de lograr un cambio cultural, una nueva narrativa y un diálogo con sectores sindicales, territoriales urbanos, sectores políticos de las grandes ciudades, que hoy en día son muy indiferentes a la problemática ambiental o que la desconocen en absoluto”, finalizó.

“A Lucía la mataron dos veces. Hay momentos en los que me puse a pensar si estaba equivocada. Yo llegué a dudar de mi misma, ¿qué estoy viendo? ¿qué me están contando? Si toda esta evidencia está y no ven la muerte de Lucía”, dijo a FM De la Calle Marta Montero, madre de Lucía Pérez.

El Tribunal Oral de Mar del Plata absolvió a los tres imputados por el femicidio de la adolescente ocurrido en 2016.

Los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas condenaron a Matías Farías y a Pablo Offidani a ocho años de prisión por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”. Alejandro Maciel fue absuelto.

El femicidio de Lucia motivó el primer Paro de Mujeres.

El fallo fue duramente criticado por sus fundamentos patriarcales. “La parte de la muerte no está presente, o sea, para ellos Lucía murió porque quería morir”, dijo Montero.

Señaló que “los peritos dicen que mi hija tenía escoriaciones en la parte vaginal porque algunas mujeres tenemos relaciones torpes y duras, entonces podemos estar lastimadas. Dicen que hay mujeres que después de tener relaciones quedan lastimadas. Esa fue la Junta Médica que puso la Fiscalía”.

“Te pasó esto y bueno, te lo buscaste. Esa es la mirada retrógrada y machista que tienen los jueces de Mar del Plata”, dijo Montero.

Luego de la sentencia, una multitud que esperaba la resolución del juicio en la puerta del Tribunal marchó por la ciudad balnearia para pedir Justicia.

“Eso hubiese querido Lucía, pidan justicia por mí”, afirmó su mamá.

La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular denunció este fin de semana que la Policía de Córdoba asesinó a uno de sus integrantes, Marcos Soria, en el barrio Angelelli II. El jueves pasado la Bonaerense fusiló a otro miembro de la CTEP, Rodolfo Orellana, cuando participaba de una toma de tierras en La Matanza.

“Venía a la madrugada a acostarse a su casa, en una cuadra lo para la policía para hacerle el control, él empezó a correr porque vio que era el policía que siempre le pegaba y lo verdugueaba”, dijo a FM De la Calle, Silvia, cuñada de Soria.

Agregó que “los policías lo corrieron, lo alcanzaron, lo mataron a golpes. Se subieron al móvil, de ahí vinieron de un costado al otro del barrio, lo vuelven a bajar, le vuelven a pegar, lo arrodillan a golpes, él intenta escapar de nuevo y ahí cuando corre cinco metros o más, tiran un tiro al aire y otro lo fusiló. Él no corría, se paró, no tenía ni un arma, nada”.

Marcos tenía 32 años, una compañera, un hijo de cuatro años y una hija de once meses. “Vivía con su sonrisa día a día, si podía te ayudaba, es un compañero de la organización, un cartonero o carrera y se ganaba la vida”.

CTEP destacó que su cuerpo fue retirado tres horas después del fusilamiento por parte de policía judicial: “tiempo suficiente como para modificar la escena del crimen”.

La organización exigió en su comunicado del fin de semana información sobre el paradero de Oscar Campos. Según informó Silvia “a ese compañero lo han detenido porque andaba por la calle y ha visto cómo lo mataban a Marcos”. Sin embargo, “está detenido por el homicidio de Marcos”.

El jueves por la madrugda fusilaron en el suelo con bala de plomo a Rodolfo Orellana, militante de OLP de Villa Celina, cuando se manifestaban en defensa de tierras en Puente 13 en La Matanza. Otres cuatro militantes fueron detenidxs.

Ya son ocho los jóvenes muertos tras el incendio de la Comisaría 3º de Esteban Echeverría ocurrido el jueves. Se trata de la mayor masacre en la historia de las comisarías argentinas. El edificio estaba clausurado como lugar de detención, sin embargo, había 27 personas.

La Comisión Provincial por la Memoria afirmó que “es el resultado directo del hacinamiento y la sobrepoblación, entre otros factores de violación de derechos en contexto de encierro, de una política criminal que persigue y encierra a los pobres”.

Sandra Raggio dijo a FM De la Calle que “en 2015 ya presentamos una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dio lugar, por la situación de las comisarías”.

“Lamentablemente, después de esa presentación, ocurrió la masacre de Pergamino y ahora ocurre la masacre de Esteban Echeverría. Y además, cada vez peor. La verdad que es bastante -no sé cuál sería la palabra- decepcionante es demasiado poco, desolador, pensar que frente a estos acontecimientos tan aberrantes no haya decisiones políticas que se correspondan con la gravedad de los hechos”.

-Ustedes hablaron con sobrevivientes y descartan cualquier versión referida a un motín o fuga. ¿Qué testimonios recogieron?

No, No, ni motín ni fuga ni nada. Había una situación de sobrepoblación en el lugar, eso está claro. Esa comisaría estaba clausurada como lugar de detención por una resolución del año 2012 del Ministerio de Seguridad que después hizo oídos sordos a su propia resolución y empezó a mandar detenidos ahí. En marzo de este año por un habeas corpus que presentó el Juzgado de Garantías de Esteban Echeverría, el juez de garantía ratificó la clausura y ordenó que de manera inmediata se desalojara la comisaría, se lo ordenó hasta a la gobernadora María Eugenia Vidal. Dio la orden el juez porque peligraba la vida de las personas. También elevó por desobediencia la causa a la fiscalía y tampoco hubo avances en ese tema.

Acá las responsabilidades funcionales son claras, más allá de lo que ocurrió. Porque la cuestión del fuego es una forma de protesta muchas veces de los propios reclusos. Pasó en Pergamino, pasó acá, pasó en Magdalena. El tema es cómo responde el Estado que tiene a esas personas en custodia. Era un lugar que realmente era una ratonera porque no tenía ningún tipo de ventilación, estaban hacinados y creemos que la justicia, que fue quien ordenó que desalojaran el lugar, ahora debería abocarse a la investigación de las responsabilidades funcionales que expliquen la muerte de estas ocho personas y dos que están en extrema gravedad.

Raggio manifestó que “hay testimonios de las personas detenidas de la celda 2, que sobrevivieron todos, que en un momento cuando empieza el incendio ellos se despiertan por el fuego y entonces van a intentar mojar las toallas, que es como una medida de protección por el tema del humo, y cuando van a abrir las canillas no salía agua. Hay que investigar por qué no sale agua. Según las personas que estaban allí siempre había agua, en ese momento no había agua”.

Por otra parte, destacó que “hay una política de persecución penal, de encarcelamiento, orientada a estos eslabones más débiles del delito y de delitos no graves que no hay distinción. La policía capta para el sistema penal, las fiscalías convalidan, los jueces terminan convalidando las privaciones de la libertad. Ahí tenemos un montón de gente procesada en comisarías, por delitos menores que serían excarcelables. Algunos también eran por tenencia simple de estupefacientes”.

“La única forma de resolverlo es repensando la política criminal. No vamos a resolver el problema del narcotráfico persiguiendo al consumo, no vamos a resolver el robo de autos y el mercado ilegal de autopartes persiguiendo solo a los que roban el auto. Si no nos avocamos a la investigación de delito complejo, de las redes delictivas, de los mercados ilegales y todavía estamos esperando que haya una política de seguridad”.

“Hay también una sensación de inseguridad ligada con lo que pasa en la calles, con el hurto que a la gente pareciera que le parece bien que todo eso que le puede causar un daño a uno de manera directa esté preso. Pero en un mapa de la inseguridad no es lo prioritario. Para que haya mayor seguridad lo que hay que tratar de resolver son las cadenas delictivas que organizan el delito”, dijo.

La integrante de la CPM comentó que el organismo aborda el debate de la seguridad “porque pareciera que a los que defendemos los derechos humanos no nos importan las políticas de seguridad”.

“Estas políticas de seguridad ligadas con la mano dura, con el aumento de la crisis de inflación, etcétera, no dan ningún resultado. Si se sigue invirtiendo y gastando plata en políticas de seguridad, se desatienden las otras áreas del Estado que deberían estar. Se desatiende la promoción y protección de niños, niñas y adolescentes que tiene 0,37% del presupuesto del año pasado del año pasado, 38% que tiene seguridad y capaz están subejecutados esos presupuestos”.

Raggio concluyó: “La justicia se lo advirtió a la gobernadora, al ministro Ritondo, no sólo nosotros como organismo de derechos humanos, la propia justicia, y desoyen las órdenes de las justicia. Entonces, cómo vamos a tener una ciudadanía responsable, una ciudadanía que esté ligada con la ley y respeto a las instituciones si el propio Poder Ejecutivo no respeta las órdenes de los jueces”.

(Por Facundo Muñoz) Silvia Piceda y Sebastián Cuattromo hablan con un lenguaje claro y simple. Se presentan contando sus historias y relatan con crudeza -pero sin morbo- cómo fueron abusadxs. Sus historias no son sólo la carta de presentación que utilizan en las charlas que dan a lo largo y ancho del país sino que también son una puerta para visibilizar una problemática latente en nuestra sociedad.

Ayer se conmemoró el Día Internacional para la Prevención del Abuso Sexual Infantil.

Cuando se les pregunta cómo deciden formar la ONG Adultxs por los derechos de la infancia y cómo trabajan, Silvia responde: “Los dos veníamos de nuestros caminos de lucha. Yo venía como madre protectora, Sebastián venía de su juicio y habiendo podido poner en la cárcel al que fue su agresor. Y los dos teníamos la visión de que este delito no tiene que ver con la vida privada de las personas, no tiene nada que ver con la intimidad, tiene que ver con un comportamiento social”.

“Había que hacer público esto, porque esto es un problema de toda la sociedad y es la sociedad adulta la que lo va a resolver. Entonces, por un lado tenemos el grupo de ayuda de pares, que era lo que yo venía haciendo con otro grupo de madres, que es, evidenciar el poder sanador de la palabra. Y por otro lado la visibilización que es esto, ir a todos los lados en los que nos llaman para contar esto, en base a nuestros testimonios, nosotros no hablamos como científicos sino desde nuestros testimonios”, asegura.

Paradigmas y retóricas

Una revolución se produce cuando se encuentran anomalías que no pueden ser expresadas por el paradigma universalmente establecido y aceptado. El paradigma no es simplemente la teoría vigente sino la cosmovisión dentro de la cual existe y sus implicancias. En todos hay anomalías que se descartan como niveles de error aceptables o simplemente se ignoran.

Vivimos bajo un paradigma sobre el cual Silvia sostiene que “desde la Convención de los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional, la Ley de ESI (Educación Sexual Integral) y demás, todo habla de que el niño es reconocido como sujeto de derecho. Eso antes no existía porque la infancia, en verdad, no era reconocida como una instancia particular de la vida del humano. En algún momento se empieza a reconocer a la niñez, ese es el paradigma. El tema es que cuesta muchísimo que ese paradigma pase del papel donde están puestos y acordados los derechos, que pasen a la vida cotidiana cuando tenés que defenderlos”.

Existen retóricas hipócritas de las cuales nos sostenemos para poder seguir avalando el paradigma de los derechos de lxs niñxs. Silvia comenta que tienen que ver con que “Occidente es el defensor de los derechos de infancia o es el defensor de los derechos humanos y eso es una retórica que no es real. Porque vemos que en Estados Unidos, Europa, acá y demás, la infancia no es defendida”.

“Esta sociedad además de patriarcal y machista es adultocéntrica. Todo gira alrededor de las necesidades, tranquilidades y objetivos de los adultos. No es real que el niño en la infancia sea tenido en cuenta, ni siquiera para generar políticas. Porque vos pensá cuando vas a votar a las múltiples personas que se presentan: ¿alguno de nosotros le preguntamos cuál es su programa de infancia? A nadie le importa”.

El Estado que siempre falla

El sistema de 0800 del programa “Las víctimas contra las violencias”, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en 2016 se registró que las niñas mayores de 5 años son las principales víctimas.

El 53% de los casos ocurre en los hogares de las víctimas y el 18% en el hogar del agresor. Este dato se condice con la estadística que demuestra que el 75% de los agresores son familiares: el 40% de ellos son padres de las víctimas.

La estadística se registró entre el 19 de noviembre de 2017 y el 19 de diciembre de 2016. Vale destacar que estas cifras existen porque hubo denuncias. ¿Qué pasa con aquellos casos que no son denunciados? ¿Y con aquellos que tienen como víctimas a niñxs institucionalizados? ¿Dónde está el Estado protector en ese momento?

Silvia Piceda comenta: “El Estado no es protector de la infancia. Una figura del Estado es el Poder Judicial. Y si vos tenés un Poder Judicial que en lugar de reconocer que el abuso existe, que es muy frecuente, que los abusadores en la mayoría de los casos son adultos y que en verdad tenés que buscar al responsable y lo que hacen es todo lo contrario, tratando de demostrar que todas las denuncias son falsas, en verdad el Estado esta faltando en la protección de los derechos de la infancia”.

A eso hay que sumarle que “falta capacitación en todos los niveles. En el Poder Judicial, en Salud, en trabajadores sociales, en psicólogos, a todos los que trabajamos en lo que tiene que ver con el trato con seres humanos, nos falta formación en temas específicos graves, por ejemplo, el abuso sexual contra la infancia”.

Cambiar la realidad de lxs niñxs y salvaguardar sus derechos debe ser un compromiso que la sociedad debe asumir para acabar con los abusos sexuales contra la infancia.

Pensar en nuevas formas de comunicarnos con lxs más chicxs y hacer de la igualdad una realidad. Entender que existen otras realidades posibles en las cuales primen los derechos de todos los sectores sociales debe ser nuestra forma de evolucionar hacia una sociedad que se haga cargo de sus problemas.

El sábado a las 19 se proyectará la película “Toda esta sangre en el monte” con presencia de su director Martín Céspedes. La actividad es organizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego   en el salón de la AJB (Ing. Luiggi 63).

La película relata la situación actual del movimiento campesino, específicamente la situación que ha atravesado el MOCASE de Santiago del Estero a lo largo de los últimos años, y repasa sus estrategias de organización política-social.

“Es también sobre la violencia. Una violencia económica de un capital que llega a los territorios campesinos con una lógica de acumulación y que lo que hace es destruir comunidad, territorios y cuerpos;  una violencia política de gobiernos que hacen la vista gorda permitiendo que ese capital entre e irrumpa y con una violencia institucional-judicial que lo legitima, lo avala a través de la impunidad”, contó Céspedes a FM De la Calle.

Parte del largometraje cuenta el asesinato de Cristian Ferreyra, hecho ocurrido en 2011 mientras defendía su territorio de sicarios que trabajaban para un empresario agropecuario de la zona. Se “toma de excusa el juicio de los asesinos de Cristian para dar puntapié a lo que es este conflicto y poder conocer un poco la realidad que se está viviendo en Santiago del Estero, tanto lo que es la organización política como a los modos de vida”.

“Porque al fin y al cabo la lucha por la tierra en realidad es una lucha por un modo de vida que quizás quienes habitamos las ciudades esos modos de repensar nuestras vidas están más relegados, quizás estamos más centrados en cuánto más de esa renta del capital podemos acaparar para poder vivir mejor”, afirmó.

Toda esta sangre en el Monte tardó varios años en poder terminarse y, según el director, es “una película que se explica así misma, esos modos de vida, esos conflictos, los vemos a través de la observación y me parece que es lo más interesante que tiene. Es como estar ahí viviendo las situaciones y me parece que la película en ese sentido se muestra bastante bien sola”.

“La construcción del documental es también una construcción colectiva con la organización campesina, yo no quería caer con la película del porteño que va a mostrar cómo viven los campesinos (…) y para eso no hubo un guión previo marcado al cual ir a filmar, sino que fue ir y devenir en el lugar lo que surgiera. Fue algo muy interesante, muy enriquecedor y que también termina de alguna forma aportando a toda esa riqueza y a lo multifacético que es la organización campesina. El MOCASE es realmente muy potente, imaginemos que están luchando contra un poder gigantesco que es el agronegocio y al día de hoy no han perdido ni un metro de tierra”, finalizó.

Este jueves se realizará la cuarta audiencia del Juicio Armada II. Por primera vez en el marco de las causas por crímenes de lesa humanidad, el Tribunal Oral sesionará en su sede de Chiclana y Lavalle.

Desde las 10:30 tendrán oportunidad de ampliar sus indagatorias algunos represores que no fueron convocados durante las audiencias de principios de mes y luego se escuchará a la primera testigo del debate.

Son juzgados 18 imputados por hechos cometidos contra 64 víctimas, casi un tercio de ellas desaparecidas. Las audiencias son orales y públicas, mayores de 18 años deben concurrir con DNI.

Durante la audiencia del 1 de noviembre, las defensas argumentaron contra el pedido de la Fiscalía para ampliar la acusación e incluir a los delitos sexuales de manera autónoma a las torturas. El reclamo fue finalmente descartado por los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu.

Como cuestión preliminar el defensor Guillermo Fanego se despachó contra un informe sobre “condiciones de exposición y vulnerabilidad de testigos”, al cual calificó como “una cuestión tendenciosa e ideológica para condicionar al tribunal”.

Además, mostró su “asombro” ante la participación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como querellante y a la vez representante de H.I.J.O.S. y solicitó que el tribunal se haga cargo de la citación de testigos y “no el Poder Ejecutivo a través de los esbirros que tiene en la Secretaría de Derechos Humanos”.

“El programa Verdad y Justicia se creó a partir de la desaparición del testigo (Jorge Julio) López, tiene en vista todos los estándares internacionales para la protección de los y las testigos y se ha dado traslado a todas las partes de qué manera se va a citar a los testigos y los índices de peligrosidad de cada juicio”, respondió Mónica Fernández Avello.

Agregó que “la participación de la Secretaría fue decidida por un decreto del Poder Ejecutivo donde el Estado pasó de ser en la dictadura opresor y asesino a un Estado en representación de las víctimas. Yo estoy acá en representación del Estado y de todas las víctimas”.

Las defensas particulares se refirieron a la “ilegalidad del proceso” por considerar que se encuentra afectada la independencia del tribunal, la “falta de constitución debida” y la “prescripción y afectación a la garantía de defensa en juicio”.

El fiscal Miguel Ángel Palazzani manifestó que fueron “refritos tediosos de lo que estamos escuchando hace bastante tiempo por algunas defensas y que ya están absolutamente definidos por la Corte Suprema”.

“A lo largo y ancho del país hay más de 180 sentencias dictadas por tribunales orales, confirmadas hasta un 30% por la Corte y obviamente pasadas por la Casación. Para Palazzani “son temas definidos” que componen “una conquista del pueblo argentino”.

Al día siguiente los jueces rechazaron los pedidos de los defensores y comenzaron a llamar a los imputados para que brinden sus datos personales y tengan oportunidad para ampliar sus indagatorias. La mayoría se negó a hacerlo o se acogió a su derecho de hacerlo en otra etapa del debate.

La Cámara de Diputados tratara el próximo miércoles una reforma a la Ley de Semillas la cual obligaría a agricultores a pagar regalías por las semillas y permitiría la persecución judicial en caso de no hacerlo.

Desde la Asociación por la Justicia Ambiental alertaron que la ley “Monsanto-Bayer” busca cercenar el derecho de uso propio. “Este derecho implica la posibilidad del agricultor de reservar semillas de su cosecha para resembrarlas en el siguiente ciclo, un derecho milenario de los agricultores que han desarrollado y perfeccionado sus técnicas que hoy pretende ser privatizadas por las corporaciones, quienes intentan adueñarse de nuestra semillas y por ende de nuestra alimentación”.


El dictamen firmado ayer fue impulsado por Atilio Benedetti, diputado de Cambiemos y presidente de la Comisión de Agricultura.

“La regulación sobre la propiedad intelectual de las semillas implica un debate directo sobre la posibilidad de apropiación y de mercantilización de nuestros bienes comunes y, siendo la semilla para el productor el primer eslabón del proceso productivo, deviene elemental su resguardo para garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos”, afirmaron.

A los fines de verificar la legalidad de la semilla que le dio origen, “el Instituto Nacional de Semillas tendrá acceso a cualquier cultivo o producto de la cosecha en cualquier lugar en que se encuentre y podrá disponer la toma de muestras en cualquier etapa de la cadena de producción para determinar analíticamente la variedad utilizada y cualquier otro parámetro que resulte de interés a los fines de esta ley”, estipula uno de los párrafos del dictamen.

La AJAM señaló que a través de esta normativa “el Poder Ejecutivo Nacional podría violar los derechos a la vida, a la salud y a la alimentación adecuada reconocidos en la Constitución Nacional, al restringir el derecho ancestral de los agricultores a reservar e intercambiar libremente las semillas, base de la reproducción de la vida misma y presupuesto esencial del ejercicio de dichos derechos”.

Desde la Confluencia Fuera G20/FMI denuncian que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) están realizando ciberespionaje sobre los movimientos sociales en el marco de despliegue armamentístico que está desplegando el gobierno para la semana de la cumbre.

“Es un nivel muy alto de la movilización de las fuerzas de seguridad y las fuerzas secretas. No tenemos idea qué implica, si es activar formatos de seguimiento de celulares, de seguimientos tecnológicos, eso nos deja en un nivel de vulnerabilidad muy grande. Es algo muy peligroso que hay que salir a denunciar fuerte”, comentó a FM De la Calle Luciana Ghiotto, economista e integrante de Attac y de la Confluencia.

La consigna de la contra-cumbre es “El G20 no nos representa”. Ghiotto afirmó que  “de ninguna manera están afrontando los problemas reales de un capitalismo en crisis y de un cambio climático tremendo. No está dando respuestas y no hay ni siquiera un interés de dar respuestas de manera cabal”.

Desde la asamblea en rechazo al G20 denuncian que el gasto en materia de defensa y seguridad  durante la cumbre es de 1100 millones de pesos. A pesar de que no se sabe la cantidad de efectivos militares o de las fuerzas de seguridad que participarán en el operativo del G20 y del equipamiento que se comprará para reforzar el operativo militar, el Decreto 125/2018 prevé una operación contractual secreta por razones de seguridad y defensa nacional para la adquisición de material bélico.

“Desde el Ministerio de Seguridad lo están planteando como si la consigna de los movimientos sociales fuera ir a tomar el poder. Nosotros estamos planteando que queremos una resistencia, una crítica. Y las propuestas alternativas que tienen las organizaciones sociales, sindicales, ambientalistas a nivel regional y global. No es que queremos ir a pegarnos con la policía”.

Los ministerios de Seguridad y de Defensa, la Cancillería, la Agencia Federal de Inteligencia y otros organismos del Estado, más el Comando Sur de Estados Unidos, especialistas en temas de seguridad de Gran Bretaña, Alemania, China y Rusia serán quienes queden a cargo de la seguridad de este Foro. Estados Unidos, Rusia y China participarán del encuentro con sus propios equipos de seguridad instalados en el país.

Ghiotto aseguró que “corremos de eje las provocaciones del gobierno, porque la compra de armamento es una provocación. Nosotros evitamos la confrontación barata, porque se tergiversa nuestros objetivos, nuestros métodos. Queremos que se entienda políticamente porqué rechazamos el G20 y la propuesta de Macri del FMI”.

El Consejo Local de Niñez y Adolescencia y el Consejo Cultural Consultivo junto a una treintena de organizaciones, esperan que el Concejo Deliberante convoque urgente una audiencia pública para discutir el ajuste social y la incorporación de las necesidades planteadas al Presupuesto 2019.

“La comunidad de Bahía Blanca enfrenta un contexto de emergencia social, caracterizada como el avasallamiento sistemático de la dignidad, las libertades y los derechos humanos fundamentales, como son el acceso universal a la salud, educación, cultura, entre otros y, en particular, la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes”, advirtieron.

Las sub-ejecuciones presupuestarias y los incumplimientos en materia social fueron diagnosticados en asambleas abiertas realizadas durante agosto y septiembre con “una amplia participación de sectores muy diversos de la comunidad afectados por el recorte en políticas públicas”.

La iniciativa es producto de “la falta de respuesta del Municipio para el relevamiento de los datos oficiales, que constituye una traba sistemática en el acceso a la información pública y que contradice explícitamente las intenciones declaradas de transparencia de la actual gestión. La información aportada por cada sector en las asambleas, permitió construir un diagnóstico alarmante y muy contundente” que puede leerse aquí.

El documento se nutrió de las realidades de organizaciones sociales, culturales, gremiales, profesionales, barriales, educativas, de mujeres y estudiantiles, las cuales identificaron como punto en común la sub-ejecución de partidas presupuestarias municipales destinadas a financiar o asistir sus actividades.

Destacaron que ningún/a funcionario/a asumió su “responsabilidad política a la hora de responder a la comunidad por los montos faltantes” que, en muchos casos, corresponden a “recursos afectados que deben financiar cuestiones específicas” para atender a un sector de la población con “necesidades básicas insatisfechas”.

Los Consejos denunciaron “un vasto desconocimiento de las ordenanzas” y de otras normas que “no se ponen en práctica ni se reglamentan”. Además, señalaron “prácticas autoritarias”, maltrato y violencia institucional de parte de funcionarios/as.

En cuanto a la precarización laboral, “se hace presente una violación sistemática de los convenios internacionales que garantizan la no discriminación, libertad sindical, derecho de sindicalización y negociación colectiva en el acceso al trabajo, como los de la OIT”.

Finalmente, repudiaron “el desconocimiento y subestimación de los espacios de participación ciudadana” como el Consejo Cultural Consultivo, el Consejo Local de Niñez y Adolescencia y la Red Local de Violencia de género.

“Evidencian que se busca mantener una gestión municipal unilateral que no quiere abrirse al diálogo con la comunidad ni conocer sus necesidades, mucho menos resolverlas. Basta con citar la conformación de una mesa de concertación social sin incluir al Consejo Local de Niñez y la ausencia del director del Instituto Cultural en las sesiones del Consejo Cultural Consultivo”, afirmaron.

¿Qué demandan?

Luego de detallar los números y problemáticas de cada sector, información que FM De la Calle difundirá en próximas publicaciones, las organizaciones plantean el siguiente listado de exigencias a las autoridades municipales:

  • Ampliación de los recursos públicos destinados a satisfacer las necesidades de los sectores más vulnerables de la comunidad.
  • Incorporación de la previsión inflacionaria en la determinación de las partidas presupuestarias municipales.
  • Plena ejecución de las partidas presupuestarias municipales, provinciales y nacionales (algunas sub-ejecutadas hasta en un 100%) en las áreas de la Niñez y Adolescencia, Cultura, Salud, Mujer, Adultes Mayores, Economía Popular y Deporte, transparentando la administración de recursos públicos y reconociendo la participación ciudadana.
  • Acatamiento de la utilización de los Recursos Afectados para evitar el uso discrecional de partidas y la sub-ejecución bajo la constante relativización del presupuesto como herramienta político-económica.
  • Inversión en la infraestructura de edificios municipales como Comedores, Jardines, Hogares de Abrigo, Teatro Municipal, Museos, Salas Médicas, Delegaciones barriales y Hospital Municipal y garantía de las condiciones para evitar la pérdida de accesibilidad o privatización de estos espacios.
  • Declarar la Emergencia en Niñez solicitada por el Consejo Local de la Niñez y destinar los recursos necesarios para cubrir las necesidades insatisfechas, y conformar una Mesa Técnica integrada por trabajadores/as del Servicio Local, sus Coordinadores/as y el Consejo Local de la Niñez y Adolescencia. Con el fin de lograr:
  1. Revisión y compromiso en la conformación de los Servicios Locales y reclamo por los EOE, asignación de los recursos necesarios para su funcionamiento.
  2. Sostenimiento en la calidad y cantidad necesarias de los productos alimenticios destinados al área de Niñez.
  3. Detener la sustitución de las tarjetas sociales por bolsones de alimentos y la individualización de les solicitantes y reactualización de los montos asignados.
  4. Cumplimiento de los programas previstos por la Ley 13.298.
  5. Por la efectivizarían de la Sede Local para el Sistema de Responsabilidad Juvenil en un centro de contención digno en la ciudad.
  • Cultura:
  1. Conformar una Mesa de Negociación Colectiva que reúna al Poder Ejecutivo (con presencia de la Secretaría de Economía y Hacienda y las áreas involucradas), a les trabajadores precarizades y sus representantes sindicales y ciudadanes, con el objetivo de corregir las situaciones de precarización laboral en todas sus formas (contratos basura, monotributarización para trabajadores no eventuales, remuneraciones desactualizadas, despidos encubiertos, recategorizaciones pendientes, recorte de horas extras).
  2. Reapertura de los talleres municipales desmantelados.
  3. Reapertura de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar.
  4. Reactivación del programa NIDO de los barrios Vista Alegre y Villa Nocito.
  5. Reactivación del programa ENVIÓN.
  6. Reactivación de los talleres de Gral. Cerri.
  7. Sostenimiento de los Talleres del Teatro Municipal durante todo el ciclo lectivo.
  8. Reincorporación de docentes y artistas despedides a sus espacios de trabajo.
  9. Cese de las persecuciones a trabajadores/as.
  10. Exención automática de la tasa de buhoneros para docentes, como está asentado en el artículo 144 inc. B) de la Ordenanza Fiscal 2018.
  11. Cumplimiento de las ordenanzas de Espacios Culturales Independientes y Eventos Permanentes y funcionamiento acorde a la reglamentación impulsada por la comunidad artística organizada.
  12. Garantía para la realización de los corsos céntricos y barriales.
  • Área de la mujer:
    • Inversión y asignación de recursos para la Red Local de Violencia de Género y el Consejo Local de la Mujer.
  • Compromiso y acción del Ejecutivo y el Legislativo municipales, para articular con políticas públicas provinciales y nacionales en la defensa de los derechos básicos afectados:
  1. Niñez y Adolescencia: Ejecución de las becas y programas provinciales en todas las áreas involucradas.
  2. Cultura: Inversión para los Organismos Artísticos del Sur (Orquesta, Coro y Ballet), presupuesto para programación, infraestructura, realización de concursos de estabilidad para la cobertura de cargos vacantes hasta alcanzar el orgánico correspondiente, designaciones y recategorizaciones pendientes, pago de sueldos adeudados, etc.
  3. Salud: Contratación de personal calificado necesario e inversión y mantenimiento en infraestructura e insumos en el Hospital Penna.
  4. Educación pública:

o Inversión en infraestructura de los establecimientos educativos públicos.

o Aplicación del boleto estudiantil gratuito para todos los niveles.

o Defensa de las fuentes y condiciones laborales de les docentes de Artística, Educación Física, Inglés y EOE, ante las autoridades provinciales.

o Acompañar el reclamo por la reapertura de los Bachilleratos de adultos.

o Transparencia en la ejecución del Fondo Educativo y restitución de la Comisión de Seguimiento.

o Acompañar el rechazo a la reforma de la educación técnica.

Fotos: UMSur.